La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que el impuesto a las transacciones financieras, también conocido como ‘tasa Tobin’, servirá para “reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis” y que también “busca una justa contribución del sistema financiero que compense el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a 4,6 billones en el contexto europeo”.
Así lo indicó durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de PP, Vox y Ciudadanos para rechazar y detener la tramitación del proyecto de ley del impuesto a las transacciones financieras, con el que el Ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
Durante su intervención para defender la tramitación del nuevo tributo, Montero apuntó que actualmente las operaciones que se pretenden gravar “no se sujetan a impuesto alguno”, ya que “existe un vacío legal en este tipo de figuras porque la fiscalidad tradicional no está adaptada a este volumen de operaciones”. Así, advirtió de que existe “un privilegio inaceptable y un agravio para el conjunto de los contribuyentes”.
Además, la ministra defendió que este impuesto “no es un invento del Gobierno español, ni una excentricidad” ya que “son años trabajando en el entorno europeo para encontrar unanimidad sobre un tributo de este tipo, común y homogéneo, y que tiene como referencia la propuesta de directiva que lanzó la Comisión Europea en 2011”.
En este sentido, Montero recordó que la idea de dicha directiva era que este impuesto entrara en vigor a nivel comunitario en 2014, con una estimación de ingresos de en torno a 57.000 millones de euros para los 27 países miembro de la UE, pero que, ante el retraso en alcanzar un acuerdo al respecto, diez países -Bélgica, Chipre, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía, Grecia, Irlanda, Polonia, Reino Unido- “ya lo aplican de alguna forma». Además, explicó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo contempla adaptar el tributo cuando se acuerde una figura común para la UE.
Por todo ello, Montero criticó que PP, Vox y Ciudadanos utilicen en sus enmiendas a este tributo los mismos argumentos utilizados en las debatidas la semana pasada sobre la ‘tasa Google’ y que, en su opinión, demuestran que “más que enmiendas a la totalidad de este decreto”, lo que hacen es “enmendar el sistema tributario” con un “peligroso intento de deslegitimación del sistema tributario”.
ENMIENDAS
En defensa de las enmiendas de totalidad, por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Castellón pidió al Gobierno que, ante la situación “especialmente convulsa” generada por el Covid-19, se replantee su política fiscal y elabore un plan de recuperación para reactivar la economía, y abogó por una bajada de impuestos y un paquete de incentivos fiscales.
En nombre de Vox, Rubén Silvano Manso, afirmó que “cuesta mucho creer” que el impuesto no vaya a afectar a las familias, ya que asumirán el coste del impuesto, y argumentó que “no es eficiente” porque “recauda poco”, supondrá la “deslocalización” de las operaciones hacia otros países, pudiendo afectar al empleo en el sector financiero, y elevará los costes de financiación empresarial.
Por parte de Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez se mostró en contra del impuesto, argumentando que “no ha funcionado” en aquellos países que lo han implementado, que supondrá que los intermediarios financieros “vuelquen” el coste del tributo en los clientes mediante comisiones, y que, debido al actual contexto de crisis generada por el Covid-19, “no es el momento” para su creación.
RESTO DE GRUPOS
En el turno de fijación de posición, la diputada Laura López, de Unidas Podemos, tildó de “inaceptables” las enmiendas de totalidad, al considerar que son “clasistas”, basadas en “mentiras” y que “no hacen caso a la ciencia ni a las necesidades de la gente”, y acusó a PP, Vox y Ciudadanos de defender los intereses de “sus amiguitos” y ser “los abusones del patio”.
En representación de ERC, Joan Margall se posicionó a favor del impuesto y enfatizó que cuando se debate un impuesto “a la riqueza, al capital, a los que especulan y a los que más tienen, la derecha y la extrema derecha salen en su defensa”. En concreto, aunque consideró que la iniciativa del Ejecutivo es limitada y que su recaudación será menor de la esperada, destacó la necesidad de “gravar operaciones especulativas e incentivar inversiones hacia las actividades productivas”.
Por Junts per Catalunya, Ferran Bel se mostró en contra de las enmiendas de totalidad y a favor del impuesto, al considerarlo “razonable”, pero instó al Ejecutivo a trabajar para su instauración en Europa para hacerlo más eficiente.
En nombre de Compromís, Joan Baldoví inició su intervención preguntando “quién realiza cada semana una transacción financiera”, para a continuación criticar que “la derechita cobarde y la derechona machona”, en referencia a PP y Vox, se opusieran “durante semanas” al ingreso mínimo vital pero que, “cuando se habla de esos que mueven ingentes cantidades de dinero buscando altas rentabilidades”, esos partidos “se rasgan las vestiduras y sacan su verdadera cara: los defensores de los grandes y los poderosos”. Así, defendió la necesidad de crear el tributo y lo consideró “modesto”, poniendo como ejemplo que en una transacción de 1.000 euros se pagarán dos.
En cuanto a Néstor Rego, del BNG, apoyó la creación del impuesto y afirmó que va “en el camino adecuado”, aunque consideró que la propuesta del Ejecutivo es demasiado limitada y “renuncia a regular el mercado financiero y reducir los intereses especulativos”.
La diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, también se posicionó a favor del impuesto, al argumentar que en aquellos países en los que ya se aplica “no ha habido ningún hundimiento de las bolsas ni una fuga de sus entidades financieras”. Asimismo, resaltó que el proyecto del Gobierno español plantea un tributo “muy similar” al que se pretende implantar a nivel europeo y que es necesario para frenar operaciones especulativas “que no generan empleo ni dinamizan la economía”.
Por parte de Bildu, Oskar Matute destacó “el carácter positivo” del proyecto de ley, pero consideró que es “insuficiente” por “la dimensión del problema al que se enfrenta” y que “se aleja” de la propuesta inicial de la sociedad civil de la que nació la idea de este impuesto.
Por la CUP, el diputado Albert Botran apoyó la creación del impuesto para que “la banca devuelva el dinero con el que fue rescatada” y porque se dirige a “movimientos de dinero puramente especulativos” y “que no están aportando nada de riqueza material a las sociedades”, aunque advirtió sobre sus “limitaciones” y abogó por aplicar condiciones “más exigentes” con las que se podrían recaudar 5.000 millones de euros.
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