La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, hizo un llamamiento este miércoles para que los gobiernos de los Estados, junto a las entidades de la discapacidad, “pongan todos sus esfuerzos en repensar cómo vamos a brindar los apoyos a las personas con discapacidad fuera de los centros institucionalizados”, algo que, a su juicio, es “más necesario que nunca” ante las consecuencias de la pandemia en esta parte de la ciudadanía.

En estos términos se expresó Catalina Devandas durante el encuentro online ‘La institucionalización de mujeres con discapacidad en tiempo de confinamiento’, el séptimo webinario del ciclo ‘No estás sola’, una iniciativa de la Fundación Cermi Mujeres (FCM) que cada semana, durante la pandemia, trata un tema diferente y favorece la participación y el acompañamiento de las mujeres con discapacidad y de las madres y cuidadoras.

A juicio de la relatora de la ONU, “no se trata de embellecer modelos anteriores, que se ha demostrado que nos fallan, sino que tenemos que buscar soluciones que sean más acordes con los derechos humanos”. Así, Devandas lamentó la cantidad de personas que han perdido la vida en centros residenciales de personas con discapacidad, “que se han convertido, en muchos casos, en focos de infección, en verdaderas trampas” durante los peores momentos de la pandemia.

Por ello, apeló a contar con todas las partes, incluidos los recursos actuales, para impulsar acciones como el refuerzo de la asistencia personal y la provisión de apoyos para que cada persona pueda elegir si quiere vivir en comunidad, “cerca, por ejemplo, de sus familias”. Igualmente, alertó de la discriminación interseccional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que se debe tener en cuenta el enfoque de género en todo momento.

En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, pidió “desterrar la idea de que la institucionalización es lo mismo para hombres que para mujeres”, ya que, de entrada, la población femenina con discapacidad es un porcentaje mayor que el de hombres con discapacidad, una diferencia que se agudiza a edades avanzadas. Por ello, pidió tratar este tema desde la “doble perspectiva de género y discapacidad”.

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA

Durante el encuentro, se escucharon testimonios como los de Angelina, Amelia, María Rosa, Dolores o Isabel, entre otras, que viven en pisos residenciales, quienes relataron que pasaron mucho tiempo solas en su habitación durante el confinamiento y que echaron en falta ver a sus familias o poder salir a la calle. Esperanzadas, aseguraron que desean que la ‘nueva normalidad’ se base en poder ver más tiempo a sus seres queridos y poder disfrutar de experiencias como los viajes de su organización.

Montse, una residente de un centro de salud mental, rememoró su “dura” historia de vida, que le llevó a ingresar en diferentes centros aunque ahora está mejorando. Mientras, Montaña, mujer con esclerosis múltiple, advirtió de que “vivir en una residencia nunca es la primera opción para nadie”.

Por su parte, Wafa, una residente de un centro de personas con lesión medular, lamentó que “hayamos tenido tantas bajas” y agradeció el “gran trabajo” de la plantilla de su centro pese a “los momentos tan difíciles” que se han vivido durante la pandemia.

También se pudo conocer la experiencia de Amaia, una joven que vivió en un centro residencial de 2014 a 2019, un período durante el que “teníamos horarios para todo” al ser un centro de estudiantes con discapacidad. En cambio, en 2019 le ofrecieron la posibilidad de vivir en un piso para personas con gran discapacidad con apoyos, ejemplificando así que se pueden ofrecer servicios sin necesidad de vivir en entornos institucionalizados. “Ganas en intimidad, en flexibilidad de horarios y en calidad de vida”, compartió.

El webinario abordó también los casos de abuso que se dan en ocasiones contra mujeres con discapacidad. En este punto, Lili, una mujer con discapacidad psicosocial de Perú, denunció su “dramática” trayectoria, marcada por los abusos de su propio padre cuando era niña y por los de un profesional cuando estaba en un centro para ser atendida por su discapacidad.

Además, criticó los tratamientos a los que ha sido sometida, con contenciones mecánica y química y denunció el estigma que socialmente siguen sufriendo las mujeres con discapacidad psicosocial, “pues todavía se nos tacha de locas” o “se espera que vayamos despeinadas o haciendo cosas llamativas”.

EL CONFINAMIENTO DESDE EL HOSPITAL

Por otro lado, Linda Doblas, madre de una hija que ha vivido el confinamiento en un hospital, cargó contra la falta de respuesta de un centro hospitalario cuando se tuvo que aplazar una intervención quirúrgica de su hija. “Yo me sentí abandonada y eso de que se tiene que cuidar al cuidador no se hizo”, apuntó esta mujer, que explicó que “su marido estuvo confinado en su casa” y que al salir del hospital se encontró con que “el mundo había cambiado”. En su opinión, en lugares como Barcelona y Madrid ha imperado el “sálvese quien pueda”, aunque sí reconoció el esfuerzo de administraciones y organizaciones sociales para paliar la situación.

Avisó de que “hay muchos menores con discapacidad que viven atrapados” de forma “permanente” y criticó que no se haya atendido suficientemente esta realidad. Para revertir esta situación, presentó la iniciativa ’16 familias’, un proyecto destinado a mejorar la visibilidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Por último, se escuchó también el testimonio de Manuel Gómez, hermano de Ángela, una mujer con discapacidad de 59 años que, según denunció, falleció sin que pudiera tener acceso a la atención sanitaria que necesitaba tras contagiarse de Covid-19. Completamente desolado, dijo que su hermana fue derivada desde el centro de discapacidad en que residía al Hospital Clínico, pero que como tenía síndrome de Down le dijeron que “no era apta para nada”.

En esta línea, tanto la vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres como la relatora de la ONU alertaron de las vulneraciones del derecho a la salud y pidieron que no se dé “menor valor” a las vidas de determinadas personas en situaciones de crisis como la que se ha vivido.

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El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles la convalidación del real decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se tramitará como proyecto de ley. La ratificación de la norma contó con el respaldo de todos los grupos -obtuvo 297 votos a favor- y sólo los 52 diputados de Vox decidieron abstenerse.

Asimismo, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia obtuvo 341 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

En la defensa de la norma participaron el vicepresidente segundo y ministro de Derechos sociales, Pablo Iglesias, y el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En su intervención, Iglesias declaró que se trata de «pura justicia social» y calificó de «indignante» tener que «oír a algunos hablar de paguita». «Lo es para los miles de compatriotas que, a pesar de su esfuerzo, no consiguen llevar a su casa las condiciones mínimas para lograr una dignidad de vida», afirmó. A su juicio, «no hay libertad si no se puede llegar a fin de mes».

Además, el ministro Escrivá reiteró que las personas inmigrantes en situación irregular «no podrán acceder a la nueva prestación», por lo que rechazó que pueda fomentar la inmigración o producir un ‘efecto llamada’.

Por su parte, Iglesias se refirió al «durísimo» informe que el exrelator de la ONU sobre la Pobreza Extrema, Philip Alston, emitió en enero sobre la desigualdad y la pobreza en España y afirmó sentirse «orgulloso de que su sucesor nos ponga ahora como ejemplo».

También destacó que el IMV «será extremadamente útil» para combatir la pobreza infantil, un campo en el que «España tiene el triste honor de ser medalla de plata europea».

Asimismo, Iglesias destacó que ayudará a la recuperación económica porque «los 462 euros que vamos a garantizar no se irán a paraísos fiscales, sino directamente al consumo. Irán a las manos de autónomos y de pequeños negocios de barrio», pues estas familias no los van a ahorrar, explicó, lo que «contribuirá a «relanzar la economía.

Por otro lado, el vicepresidente quiso dar las gracias «en nombre del Gobierno» a las redes solidarias, parroquias, ONG y al Tercer Sector que «durante años han sido el único apoyo» de las personas más vulnerables. «Se han encargado de un trabajo que le correspondía a los poderes públicos», que «no debemos delegar».

CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Iglesias mantuvo que aprobar el IMV «supone además tomarse en serio la Constitución española, que en esta Cámara se manosea, muchas veces para lanzársela a la cara» unos partidos a otros. Sin embargo, «sus artículos se leen poco, sobre todo, sus artículos sociales», dijo en referencia al número 51.

Por eso, a su juicio, aprobar el IMV es una manera «de creernos la Constitución», porque «ser patriota no es envolverse en una bandera, sino defender la carta Magna y sus derechos».

A su vez, el ministro Escrivá admitió que «el brusco parón de actividades económicas» por el coronavirus ha hecho «aún más visibles» las dificultades económicas que afrontan los hogares vulnerables en España.

«La pandemia nos ha obligado a acelerar los plazos para poner en marcha la nueva política», pero defendió que su diseño fue «riguroso, complejo y meticuloso». «Siempre hemos creído que no había otra alternativa» a diseñar un IMV «muy focalizado y preciso».

ADAPTARSE A LA SOCIEDAD

Según explicó, «a diferencia de lo que existe en otros países de nuestro entorno, España no ofrece una red sólida de rentas de último recurso» y el hecho de que esta haya recaído en las comunidades autónomas «ha provocado que incluso las diferencias entre ciudadanos hayan aumentado en el tiempo». Esto es algo que había que corregir, prosiguió, además de «adaptarnos a las nuevas realidades» económicas y sociales.

Hoy en día, las trayectorias laborales son muy volátiles» y existe lo que se conoce como «pobreza laboral» debido a los salarios precarios, apuntó. Defendió que la situación del mercado de trabajo ha variado mucho, por lo que «no se puede vincular toda la protección social al empleo» como ocurría antes.

Además, hay que tener en cuenta las especiales características de los hogares más vulnerables, como aquellos con niños o monoparentales de bajos ingresos, destacó. Según Escrivá, «la sociedad del siglo XXI necesita políticas del siglo XXI» como el IMV.

Afirmó que la nueva prestación actuará a la vez como política redistrivutiva y «palanca de inclusión social». También sostuvo que «reforzará la capacidad de las CCAA de ofrecer una mejor protección» a sus residentes.

ENMIENDAS

En su intervención, la diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz, justificó la abstención de su grupo con el argumento de que «los compatriotas necesitan la ayuda, por lo que no votaremos en contra». Sin embargo, criticó que no sea temporal y consideró que «pone en riesgo el sistema de la Seguridad Social» y producirá un ‘efecto llamada’. A su juicio, es el «precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez» para ser investido.

Parecidos argumentos utilizó la portavoz adjunta del grupo Popular, Pilar Marcos, quien criticó que el IMV no fomenta la creación de empleo, que «es el mejor escudo social». Además, lamentó que «las víctimas económicas del Covid-19 no sean sus principales destinatarios». Marcos acusó al ministro Escrivá de «ser incoherente» consigo mismo y evitó dirigirse al vicepresidente Pablo Iglesias, por considerar que la medida no era suya.

En la misma línea se manifestó la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas quien habló de «hormigas y cigarras, como en el cuento». En su opinión, Escrivá y su equipo han sido «las hormigas» de esta historia. Oramas destacó el «diálogo serio y constructivo» mantenido con el departamento de Escrivá, idea en la que coincidieron Íñigo Errejón (Más País), Jinés Boadella (Izquierda Plural) e Íñigo Barandiaran (PNV).

En general, los grupos de la Izquierda coincidieron en que se trata de «un buen punto de partida», que puede ser mejorado como proyecto de ley.

Entre otros aspectos, criticaron que haya modificado las prestaciones por hijo a cargo; que «deje fuera a los inmigrantes en situación irregular» y que excluya a las personas incapacitadas judicialmente.

Además, Gabriel Rufián lamentó el «enésimo intento recentralizador» del Gobierno y exigió el traspaso de esa competencia a las comunidades autónomas. Con todo, comparó la ley del IMV «con la ley del Divorcio». Tras un debate cultural, estamos ante una auténtica victoria de la izquierda».

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Jiménez reclamó que el IMV incluya itinerarios de inserción laboral más claros y propuso el establecimiento de cláusulas sociales en la compra pública para fomentar la contratación de sus beneficiarios.

Iglesias cerró su intervención inicial recordando que cuando hace seis años nació su partido, esta prestación estaba ya en su ADN «y nos dijeron de todo». «Este no es ni un éxito mío, ni del ministro Escrivá ni del Gobierno de coalición, sino de la sociedad civil organizada, que lleva años luchando por esta medida contra viento y marea», reconoció. Les dio las gracias y concluyó con el lema de su formación: «Sí, se puede».

Escrivá también subrayó la «estrecha colaboración» mantenida con CAAA, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y grupos parlamentarios en la elaboración de la norma, y alabó la «buena disposición» mostrada durante el debate. Agradeció en especial el trabajo conjunto con las consejerías responsables de asuntos sociales.

En su opinión, este decreto ley «corrige un déficit histórico en España y nos dignifica como país». Además, aseguró haber tomado nota de las aportaciones sugeridas por los grupos durante la sesión, y avanzó que «las analizaremos con la máxima atención» durante la tramitación del proyecto de ley». «Algunas tienen incluso encaje ya, en su desarrollo reglamentario», comentó.

Según el ministro, se trata de una ayuda «muy eficaz» con un coste fiscal razonable, que este mismo mes ya cobrarán más de 76.000 familias.

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El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dijo este miércoles en el juzgado que no prohibió la manifestación del 8-M en la capital porque cuando tomó la decisión no había “ningún elemento” que le obligara a suspender esta convocatoria, cuya celebración se produjo cuando empezaba a desatarse en España la pandemia del Covid-19.

Franco hizo esta afirmación en declaraciones a los periodistas después de comparecer durante algo más de hora y media ante la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, quien investiga si la marcha del 8-M en la capital contribuyó a propagar el coronavirus.

El delegado del Gobierno, que estaba citado a las 15.30 horas y respondió a todas las partes en su declaración, dijo a los periodistas al salir que decidió no prohibir la marcha del 8-M en Madrid con los datos que tenía en ese momento y siguiendo el consejo de los sanitarios. Además, aseguró que siempre se comportó “con arreglo a la ley y con arreglo a las noticias que iban teniendo los expertos sobre la evolución del coronavirus”.

Añadió que en su decisión influyó que suspender esta marcha suponía no tener en cuenta el derecho de reunión, máxime cuando el mismo fin de semana del Día de la Mujer se celebraron en Madrid otros actos públicos y en los que no estaba en juego un derecho fundamental de este tipo.

DERECHO FUNDAMENTAL

“No había ningún elemento”, señaló, “que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían nada que ver con un derecho fundamental y, por tanto, no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8-M”.

Respecto a que al día siguiente a la marcha aumentaran de forma sustancial los contagios por coronavirus en Madrid, Franco dijo que “no está acreditado en ningún momento que el incremento de casos del día 9 de marzo tuviese que ver con la manifestación del 8-M, porque los expertos sanitarios saben que cuando se produce el contagio tarda en manifestarse más o menos, 14 días”.

Sobre el informe de la Guardia Civil que sugiere que se actuó de forma incorrecta al no prohibir la marcha del 8-M, Franco indicó que respeta a la Benemérita, pero que no estaba de acuerdo con sus conclusiones. “Tengo gran respeto a la Guardia Civil como institución, como lo tengo a la Justicia en un Estado de derecho, pero desde el respeto a la instituciones no puedo estar de acuerdo con el informe que han hecho”, afirmó.

SER “CAUTO”

Al mismo tiempo, el delegado rechazó pronunciarse, aunque tenga su opinión al respecto, sobre si la juez de esta causa está tratando de hacer una “causa general” contra la gestión del coronavirus por parte del Gobierno, algo que aseguró la Abogacía del Estado en el recurso en el que pidió archivar este procedimiento. “No quiero ser tan duro, me gustaría ser cauto, como estamos en un proceso judicial me reservo mi opinión”, señaló.

No obstante, Franco se lamentó “profundamente” de que este miércoles se esté hablando de esta causa judicial y no “de la crisis, de los Expedientes de Regulación Temporal de Emplo (ERTE) y del Ingreso Mínimo Vital para ayudar a salir de la crisis a los más desfavorecidos”.

Tras Franco, está previsto que la juez Rodríguez Medel tome también declaración a varios trabajadores de la Delegación del Gobierno que tuvieron algún papel en examinar tanto la convocatoria del 8-M en la capital como otras que se celebraron esos días.

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El Ministerio de Sanidad notificó este miércoles cero muertes de coronavirus por tercer día consecutivo, lo que mantiene el total oficial de fallecidos como consecuencia de la pandemia de Covid-19 en 27.136 decesos. Sin embargo, el Gobierno contabiliza 167 nuevos contagios, casi el doble de los 84 sumados ayer y más del triple que los 48 del lunes.

Así lo recoge el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), que también indica que en la última semana han muerto 40 personas en España por Covid-19.

Del total de fallecidos en los últimos siete días, 14 corresponden a la Comunidad de Madrid; 6, a las regiones de Castilla y León y Asturias; 4, a Castilla-La Mancha; 3, a Cataluña y La Rioja; 2, a País Vasco y 1 a Extremadura y Murcia, respectivamente.

Durante los últimos siete días, los nuevos contagios ascienden a 2.104, por lo que son ya 242.280 los casos positivos desde el inicio de la pandemia.

Por regiones, las comunidades que más casos han reportado en la última semana son Cataluña (690), Madrid (628), y Castilla y León (198).

En relación a la incidencia o tasa de transmisión, que se calcula atendiendo al número de diagnosticados por cada 100.000 habitantes, Madrid registra una tasa de 21,82, mientras que la de Cataluña es de 21,28, superada por la de Castilla-La Mancha, con una tasa de 21,45.

Por lo que respecta a las hospitalizaciones, en la última semana han tenido que ser derivados a un centro sanitario un total de 139 pacientes infectados, la mayoría de ellos en hospitales de Madrid (33) y Castilla y León (22), además de Cataluña y Castilla-La Mancha, ambas con 17.

Por regiones, Madrid continúa siendo la más afectada y lidera el ranking de contagios acumulando ya 69.895 positivos, 62 en las últimas 24 horas. Además, también se mantiene en primera posición en cuanto a número de fallecidos como consecuencia de la pandemia, con 8.691 y 14 de ellos en la última semana.

Cataluña es la siguiente comunidad más golpeada por la pandemia, con 5.587 fallecidos, tres en los últimos siete días mientras que contabiliza 59.298 positivos, 36 en la última jornada.

Por número de contagios, Castilla y León permanece en tercera posición con 19.222 casos diagnosticados, tres de ellos en el último día. En cuanto a víctimas mortales por Covid-19, en esta autonomía ascienden ya a 1.928, con seis fallecidos en los últimos siete días.

No obstante, por número de fallecidos esta última región es superada por Castilla-La Mancha, que ocupa el tercer puesto con 2.945 defunciones desde el inicio de la crisis sanitaria y cuatro de ellas en la última semana. La región acumula 17.640 contagios, siete en la última jornada.

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La Comunidad de Madrid aprobó este miércoles un gasto de 1.874.099,43 euros para garantizar la atención en dos centros de día a personas con discapacidad física, para el cuidado de personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia con grandes necesidades de apoyo.

Así lo indicó el portavoz del Consejo de Gobierno, Ignacio Aguado, detallando que el primer contrato autorizado hoy está destinado al centro de día Gregorio Sánchez, del municipio de Villaconejos, por un importe de 980.564,83 euros correspondiente a los servicios que se desarrollen durante un periodo de tres años, desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023. De esa forma, se podrá atender a 20 personas con discapacidad física en centro diurno y siete personas con discapacidad física y necesidad de tratamientos especializados en régimen ambulatorio.

Los profesionales de este centro se ocupan de personas de ambos sexos, mayores de 18 años y menores de 65, con discapacidad física y con alto nivel de dependencia, con o sin déficit cognitivo. Para los tratamientos especializados en intervención ambulatoria, serán asistidas personas de ambos sexos, con el mismo tipo de discapacidad y rango de edad.

La segunda y última prórroga de este contrato finaliza el 30 de junio de 2020, por lo que se establece uno nuevo que garantice la continuidad de este servicio. Se tramita por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios que incluyen, entre los de calidad, la existencia de programas de cuidados personales a los familiares encargados de la atención directa, la aplicación de sistema de evaluación de las necesidades de las personas atendidas y la organización de actividades de ocio y tiempo libre.

El segundo contrato aprobado también en el Consejo de Gobierno permitirá atender a 28 personas adultas entre los 18 y 65 años, con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos de conducta asociados, en el centro residencial de San Sebastián de los Reyes. Esta residencia está gestionada por la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad (Apadis).

El contrato, por un importe de 893.534,60 euros, es objeto de su 9ª prórroga y se extenderá desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.

Los servicios prestados lo han sido a plena satisfacción y con estricto cumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que se prorroga para mantener la calidad en la prestación del servicio público que han estado recibiendo las personas atendidas.

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La Universidad de Murcia (UMU) y Banco Santander, a través de Santander Universidades, han renovado el convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace más de 20 años y que contempla el respaldo a las actividades del Centro de Innovación Digital Universitaria (CIDU) y la participación de la Universidad de Murcia en los programas globales que impulsa Banco Santander.

Con ello, según recalcaron las entidades en una nota, Santander continuará respaldando programas de movilidad internacional, investigación, emprendimiento y empleabilidad; así como acciones que potencian la innovación en el ámbito digital.

El apoyo del Santander se traducirá anualmente en diversos programas que giran en torno a tres ejes clave: educación, con 39 ayudas a la Investigación Santander-UMU, 62 Becas de Movilidad Internacional ILA Santander-UMU y las Becas al Estudio Santander; empleabilidad, a través del programa de Prácticas Santander-UMU para facilitar la incorporación de los estudiantes al mundo labora, y emprendimiento, a través de las iniciativas ‘Inicia el vuelo’, ‘Emprende tu TFG-TGM’ y ‘Emprendedores académicos’, de apoyo a los investigadores en su desarrollo de iniciativas empresariales, ‘Capacidades emprendedoras’ y el programa de Emprendimiento social–Yunus Center.

El acuerdo entre ambas instituciones también contempla el respaldo a las actividades como son las Becas Santander Iberoamérica de movilidad internacional, las Becas Santander Erasmus, las Becas Santander Progreso y la participación en el programa de emprendimiento universitario Explorer, en el marco de Santander X.

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El confinamiento obligado por el estado de alarma para frenar la expansión del Covid-19 ha provocado que cerca de cinco millones de vehículos estén pendientes de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España.

Todas las entidades que prestan este servicio en España ya están a pleno rendimiento gracias al avance de la desescalada del confinamiento. La AECA-ITV agrupa a la mayoría de ellas (79 entidades asociadas que gestionan 392 centros con 1.000 líneas de inspección) y apuntó este miércoles, en un comunicado conjunto con Fesvial, que este sector vuelve a situar la seguridad vial en la agenda de administraciones y ciudadanos.

«Después de este tiempo tan trágico y duro que hemos vivido, debemos rescatar y poner de nuevo la seguridad vial en nuestras agendas. Un reto que nos corresponde a todos, a las administraciones, pero también a los ciudadanos», afirmó Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, quien añadió: «La respuesta de los ciudadanos ha sido ejemplar durante el confinamiento y también ahora en este proceso de desescalada, y suman a sus prioridades tener su vehículo en las mejores condiciones y con su ITV favorable correspondiente».

MUERTES EVITADAS

Según un estudio del Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles ‘Duque de Santomauro’ (ISVA), de la Universidad Carlos III de Madrid, las ITV salvan 539 víctimas mortales de tráfico al año y cerca de 12.000 heridos de distinta consideración, y evitan al menos 17.700 accidentes anuales de tráfico en España.

Además, ese estudio señala que podrían evitarse al menos 8.800 accidentes, más de 7.000 heridos y 81 muertes adicionales al año si todos los vehículos que no acuden a las inspecciones técnicas obligatorias lo hubieran hecho.

El beneficio social de las ITV se cifra en unos 815 millones de euros anuales, que podrían ser 290 millones más si se eliminase el absentismo de conductores que no pasan por una estación, según la patronal del sector.

Por su parte, el director general de Fesvial, Javier Llamazares, apuntó que las ITV realizan una labor «fundamental» en la seguridad vial. «No debemos quedarnos en la apariencia de ser un impuesto más. Es la certificación y garantía real de que nuestro vehículo cumple con todas las medidas necesarias para no poner en riesgo al resto de usuarios con los que compartimos la vía a diario. Y, por supuesto, por nosotros mismos y nuestros acompañantes», apostilló.

Las estaciones de ITV llevaron a cabo 20.714.602 inspecciones de vehículos en España en 2018, de las cuales 4.331.123 fueron a vehículos que no superaron la prueba a la primera (un 20,9% del total).

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles un gasto de 50 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región durante este año.

Así lo explicó su portavoz, Ignacio Aguado, quien además dijo que el objetivo de este programa es posibilitar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

Los beneficiarios de estas ayudas son los 219 Centros Especiales de Empleo que desarrollan su actividad en la región y en los que trabajan más de 16.700 personas con discapacidad.

Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado ordinario. Para tener esta consideración, al menos el 70% de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%.

Estas ayudas de la Comunidad permiten subvencionar los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes, con una cuantía máxima equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional.

El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y las pagas de verano y Navidad, y se podrán solicitar durante un plazo de 15 días hábiles tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), prevista para la segunda quincena de este mes.

Además de esta partida orientada al mercado protegido, el Gobierno regional ya ha destinado este año dos millones de euros en ayudas para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de trabajo.

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Un equipo de 45 voluntarios de BBVA ha colaborado y ayudado a 130 alumnos de Formación Profesional (FP) de Miranda de Ebro, Burgos, y de la Comunidad de Madrid en el seguimiento y evaluación de 32 proyectos académicos.

En un comunicado presentado este miércoles, BBVA explicó que, entre los meses de marzo y junio, “los profesionales de la entidad han ayudado a estos jóvenes a canalizar sus ideas y creaciones, y los han guiado para potenciar y hacer realidad sus proyectos”.

El formato ‘online’ del programa “ha permitido su correcto desarrollo y continuidad en estos meses, permitiendo durante esta mentoría que los estudiantes trabajaran estrechamente con herramientas reales del mercado laboral”, señalaron desde la entidad.

La iniciativa está dirigida a jóvenes estudiantes de FP -en grado medio y superior- y Formación Profesional Dual y concluirá el próximo 17 de junio en la Fundación Ramón Areces, en Madrid, con la gran final de los Premios e-FP

En la ceremonia, se presentarán un total de cinco proyectos finalistas y se elegirá a un ganador en cada categoría: FP Grado Medio y FP Grado Superior/Dual.

Los ganadores serán entrevistados y se les obsequiará con un escáner ‘ScanSnap’ de Fujitsu y dispositivos de Huawei. El acto podrá seguirse en directo y en ‘streaming’ el 17 de junio a las 18:00 horas en la web www.e-FP.es

Los dos proyectos finalistas en la categoría de Grado Medio son de alumnos del Instituto Técnico Industrial de Miranda de Ebro. En relación a la categoría FP Superior/Dual, los finalistas, todos de la Comunidad de Madrid, son jóvenes del Centro FP Nelson, del IES Moratalaz y del IES Federica Montseny.

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La ONCE emite una serie especial de 46,5 millones de cupones para reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y dar las gracias a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el Covid-19.

En total se emitirán 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano residente en España, bajo el lema #LaIlusiónPuedeConTodo. Estarán dedicados especialmente a los trabajadores sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos, los comerciantes y los voluntarios.

El delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial, María Teresa Rodríguez, presentaron este miércoles estos cupones en la sede de la Delegación Territorial de la Organización en Madrid. En el acto, se entregó una lámina de cada cupón de la serie a Florentino Pérez y Pilar Fernández, presidente y vicepresidenta del Consejo General de Enfermería; Juan Esteban Rodas, teniente coronel jefe del primer Batallón de Intervención (zona centro) de la Unidad Militar de Emergencias (UME); Luis Miguel Martínez, director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid; Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio; Jorge Hermida, presidente de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid Fevocam, y a un representante del Servicio de Seguridad y Servicio de Limpieza del Grupo Social ONCE.

La serie, compuesta por siete cupones, marca la vuelta de los sorteos de la ONCE y de sus 19.000 vendedores y vendedoras a las calles de todo el país.

Los cupones presentados pertenecen a los sorteos de los días 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio. Los cuatro primeros son de Diario; el quinto, un Cuponazo, y los dos últimos, de Sueldazo del Fin de Semana.

El primer cupón, perteneciente al lunes 15 de junio, está dedicado a la vuelta de los vendedores y vendedoras de la ONCE a las calles de pueblos y ciudades para continuar llevando la ilusión a todos los rincones. Se titula «Volvemos… los iguales», en referencia a la denominación histórica de los cupones de la organización y a la aspiración de una sociedad de iguales, sobre todo en derechos y oportunidades.

El cupón del martes, 16 de junio, da las gracias a aquellas personas que, desde los hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sanitarios han luchado contra el virus en primera línea. «Gracias por cuidarnos», dice el cupón, dirigido al personal sanitario, de limpieza, ambulancias y farmacias, además de a otros profesionales que han velado por la salud de los afectados y sus familias desde cualquier centro de salud.

Las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, los distintos Cuerpos Policiales, Bomberos y Protección Civil protagonizan el cupón del miércoles 17 de junio, que da las ‘»Gracias por protegernos».

Al transporte, un sector clave en esta pandemia, se le da las «Gracias por no parar» en el cupón del jueves, 18 de junio. El Cuponazo del viernes, 19 de junio, quiere dar las «Gracias por estar abiertos» a quienes, desde los supermercados a los mercados y tiendas de barrio o estancos, han trabajado para atender las necesidades primarias de toda la población.

La ONCE tampoco se olvida del personal voluntario, al que el cupón del sábado, 20 de junio, da las «Gracias por estar pendientes». La serie se cierra el domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE la labor desarrollada durante la pandemia. Se dirige al personal educativo y de servicios sociales de la ONCE; a los profesionales de empleo de Fundación ONCE; a los trabajadores de las lavanderías de ILUNION, que lavan y desinfectan la ropa de hospitales, y a los empleados de los hoteles medicalizados de ILUNION en varias ciudades, que atendían a sanitarios y afectados por Covid-19.

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Las asociaciones Gentinosina Social y Escuela Sansana han impulsado un reto de crodwfunding para conseguir 2.800 euros que permitan instalar 27 lavamanos y donar 2.100 pastillas de jabón de karité a cada de las 27 aulas de las escuelas rurales de Burkina Faso con las que colaboran.

Ambas entidades explicaron que Burkina Faso está saliendo del confinamiento y se ha reanudado el curso escolar, «por lo que es de vital importancia garantizar la higiene de manos de sus alumnos para frenar la propagación del coronavirus y otras enfermedades potencialmente mortales entre la población burkinabé».

Con la dotación de lavamanos y jabón en todas las aulas esperan conseguir frenar la curva y prevenir muchas muertes y las graves secuelas provocadas por el coronavirus.

El país africano tiene una de las tasas más altas de infección por coronavirus en África subsahariana, en un país donde ni el acceso al agua ni al jabón está garantizado.

Por ello, las asociaciones Gentinosina Social y Escuela Sansana esperan contribuir a la contención del virus con la instalación de lavamanos, denominados ‘canaris’ por la población local, en las instalaciones y alrededores de las ocho escuelas rurales construidas por Escuela Sansana en diversos pueblos de la región de Poni.

Gracias al reto de ‘migranodearena.org’ han conseguido ya más de 2.500 euros con lo que iniciarán la compra local de los lavamanos, a través de la contraparte burkinabé, y las 2.100 pastillas de jabón de karité que han encargado a la cooperativa de mujeres emprendedoras de la aldea de Sansana, en el suroeste del país africano.

Con este proyecto se beneficiará directamente a más de 1.200 niños y niñas que acuden diariamente a alguna de las ocho escuelas beneficiadas. Asimismo, beneficiará a profesores, familiares y personal educativo, así como a otras cerca de 2.000 personas de las comunidades donde están situados estos centros educativos.

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La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif) y la Oficina Nacional Alemana de Turismo organizan cinco seminarios web para la promoción de cinco destinos alemanes entre viajeros españoles con necesidades de accesibilidad .

Berlín, Brandemburgo, la ruta del vino del Palatinado, la Selva Negra y Frankfurt serán los destinos que participarán en la iniciativa. En los webinarios intervendrán los gestores de dichos destinos y de establecimientos emblemáticos de la oferta turística del territorio en cuestión. También se presentará un breve vídeo de estos lugares, con experiencias accesibles por parte del responsable de accesibilidad. Además, viajeros con discapacidad que hayan visitado el destino contarán su experiencia en primera persona.

Con esta iniciativa, se busca ofrecer consejos e información útil para facilitar la planificación del viaje, respondiendo de forma práctica a preguntas sobre cómo llegar, qué visitar o cómo buscar alojamientos accesibles, entre otras.

Los seminarios se desarrollarán a través de Zoom durante cinco miércoles consecutivos (el primero tendrá lugar el día 17 de junio y se centrará en Berlín) y se emitirán simultáneamente a través de la página de Facebook de TUR4all y el canal de YouTube de Predif.

Las inscripciones para los seminarios, que serán totalmente accesibles con intérprete de lengua de signos española, subtitulado y traducción simultánea alemán-castellano, se realizarán a través de la página de TUR4all.

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles destinar 300.000 euros a la convocatoria de ayudas para alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores de la región, según explicó su portavoz, Ignacio Aguado, quien señaló que está dirigida a estudiantes que acrediten tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 30%.

Indicó que estas ayudas también contribuyen a que las personas con discapacidad, que son especialmente vulnerables a los efectos de la crisis derivada de la pandemia provocada por el Covid-19, puedan continuar con sus estudios, reduciendo el riesgo de que esta situación les impida seguir con su formación. La finalidad de esta convocatoria es facilitar la integración de estos estudiantes en el ámbito de la Educación Superior.

En cuanto a las solicitudes, la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación priorizará en función del grado de discapacidad, de tal manera que a los estudiantes con el grado menor les corresponderían 330 euros, y a los que tienen reconocido un grado mayor, 1.500 euros.

En la última convocatoria se concedieron ayudas a 404 alumnos (399 universitarios y cinco de enseñanzas artísticas superiores). Como la nueva convocatoria tiene el mismo presupuesto que la anterior, el Gobierno regional prevé que se beneficien 410 estudiantes aproximadamente.

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La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) denunció este miércoles que tres consistorios de la región -Brunete, Chinchón y Morata de Tajuña–no han ejecutado las subvenciones concedidas para realizar obras de mejora de la accesibilidad en sus municipios.

Por ello, la federación pedirá a la Comisión de Políticas Integrales Sobre Discapacidad que solicite la comparecencia de los alcaldes de estos municipios, para que «expliquen su vergonzosa actuación».

El pasado 12 de noviembre, el Gobierno regional autorizó la concesión directa de subvenciones por importe de 3,1 millones de euros a 110 Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con población igual o inferior a 20.000 habitantes, para la ejecución de obras de mejora de la accesibilidad en paradas de autobús.

Según señaló Famma, los ayuntamientos de Brunete, Chinchón y Morata de Tajuña «no se han tomado en serio la eliminación de barreras y no han sido capaces de ejecutar la subvención concedida en beneficio de sus vecinos, perdiendo el derecho de cobro por su inacción».

En un comunicado, la federación reclamó a la Consejería de Vivienda y Administración Local que exima a estos municipios de otras ayudas «si no cumplen con las más esenciales, como lo es la mejora de la accesibilidad en los entornos para personas vulnerables»

Según apuntó Famma, «la accesibilidad es un factor transversal que posibilita el alcance de otros derechos», y el mero hecho de que algún municipio no se sume a la eliminación de barreras conlleva «un parón importante en la integración social de cualquier persona con discapacidad».

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Los ministerios de Sanidad y Educación y FP han elaborado un documento que servirá de base a los centros educativos para el curso 2020-2021, en el que proponen crear clases de entre 15 y 20 alumnos en los que se dé una convivencia a modo de “familias”, por lo que no tendrán que respetar la distancia de seguridad por el Covid-19 ni usar mascarillas.

Estas medidas serán para los alumnos menores de 10 años (hasta cuarto curso de Primaria) y responden al criterio de que la población infantil, pese a la idea general establecida en la sociedad, no tiene tanto riesgo de contagio. Para ello, los citados ministerios remarcan que según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sólo un 1,37% del total de casos confirmados de Covid-19 corresponde a población entre 0 y 19 años.

Así lo aseguraron en una nota difundida este miércoles, en la que se adelantan algunas cuestiones del documento que el Gobierno expondrá este jueves a las comunidades autónomas y que la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, avanzó en varias entrevistas. El objetivo, según el Gobierno es «ofrecer un marco común que pueda ser adaptado en cada comunidad autónoma y ser implementado según la realidad de cada centro”.

Por lo tanto, el próximo curso buscará la máxima presencialidad, aunque pedirá a los centros que elaboren planes para prevenir y afrontar posibles casos de contagio del Covid-19.

Así, hasta cuarto de Primaria los alumnos “pueden socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta, ya que es un grupo de convivencia estable. Esto posibilitará además el rastreo de contactos rápido y sencillo en el supuesto de que se diera algún caso”, aseguran los ministerios en su nota.

Por su parte, en 5 º y 6 º de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre las mesas.

Se priorizará asimismo, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio, en lugar de los cerrados.

MASCARILLA

“Respecto a la mascarilla en Educación Infantil no es obligatoria y en Primaria, de 1.º a 4.º, tampoco será necesario su uso si se está con el grupo estable de convivencia. Si se sale del mismo se deberá llevar puesta cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros”, explican Sanidad y Educación, para actividades como podrían ser los recreos.

Para los alumnos que cursen a partir de 5.º de Primaria, el uso de mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros pero no cuando se esté sentado en el pupitre. “El cumplimiento de estas medidas se impulsará con estrategias de educación para la salud así como con cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten su comprensión”, añaden.

Un protocolo de limpieza y desinfección y ventilar instalaciones de forma diaria son otras de las recomendaciones que el Gobierno planteará a las Comunidades Autónomas que, en última instancia, tienen las competencias sobre las políticas educativas a implantar.

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La presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez; el consejero delegado, Víctor del Pozo; el secretario del Consejo, José Ramón de Hoces, y el director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa, José Luis González Besada, mantuvieron este miércoles una videoconferencia con los Reyes en la que explicaron su respuesta empresarial ante el Covid-19.

Mayores y mejores medidas de protección para clientes y empleados e impulso al comercio digital para la venta online son las claves de futuro en la adaptación del consumo, de forma acelerada tras la pandemia, resaltaron los representantes de El Corte Inglés en su diálogo con los Reyes, segun explicaron fuentes de La Zarzuela.

Durante el confinamiento, y en cumplimiento de las normas establecidas por el Gobierno, este grupo empresarial sólo ha tenido abiertas las áreas de alimentación y productos de primera necesidad: alrededor de 300 establecimientos en toda España, que incluyen los supermercados Supercor, los hipermercados Hipercor, y las áreas de alimentación y gran consumo de El Corte Inglés.

Como respuesta a la situación sanitaria, el grupo intensificó los servicios online con recogida de mercancía en el aparcamiento de los centros comerciales, y envío del pedido a domicilio. La venta online se multiplicó por cinco y el envío a domicilio por seis. Lo más demandado ha sido la alimentación, pero también se han servido artículos de informática, telefonía, parafarmacia, hogar, pequeño electrodoméstico, ocio infantil, etc., fundamentales en aquel momento.

El ERTE presentado por El Corte Inglés por causa de fuerza mayor afectó a 22.000 personas. También se adoptó esta medida en Sfera (2.000 empleados) y Viajes El Corte Inglés (1.900 personas). En el conjunto del grupo, se ha mantenido a un 73,3% de la plantilla operativa a pesar de que la actividad de alimentación y gran consumo sólo suponía el 16% del negocio total, explicaron los responsables de este grupo a los Reyes.

También se activaron medidas especiales para clientes y empleados, con el fin de convertir las tiendas en un lugar seguro para comprar y trabajar. Se ha dado prioridad a los mayores y a las personas más vulnerables, con franjas horarias preferentes y líneas de caja especiales; además se habilitó un teléfono especial de código rojo para atender a personas mayores en situación de aislamiento, que llevó a cabo más de 6.000 intervenciones.

El Corte Inglés también ha puesto a disposición del Gobierno sus oficinas de Asia para la gestión de pedidos de material sanitario, y sus talleres de costura en Madrid para la fabricación de mascarillas sanitarias. En los primeros momentos de la crisis se entregaron 500.000 mascarillas al Ministerio de Sanidad para el personal sanitario y 150.000 mascarillas a la Generalitat de Cataluña, estas últimas procedentes de donaciones de proveedores.

En 48 horas se proporcionó toda la ropa de cama, mantas y toallas para el hospital de Ifema, en colaboración con la Fundación Areces, y también material diverso para las unidades medicalizadas que Médicos sin Fronteras organizó junto a los hospitales de Alcalá de Henares, Leganés y Vallecas en la Comunidad de Madrid.

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El Santander España se ha adherido al programa ‘Target Gender Equality’ (TGE) que ha lanzado en diecinueve países el Pacto Mundial de Naciones Unidas, con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas y en los puestos de dirección ejecutiva.

El banco, que ya se ha comprometido a incrementar el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección hasta un 30% frente al 22% actual y conseguir la equidad salarial para 2025, detalló hoy que el programa nace “de la necesidad de acelerar el avance en los aspectos urgentes de la igualdad de género a nivel empresarial” al ser su avance aún lento.

El 79% de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial, entre ellas el Santander, indicaron el año pasado que la igualdad de género se aborda en sus políticas de empresa, pero avanza a un ritmo que, de no acelerarse, necesitarán más de 250 años en lograr la igualdad plena entre mujeres y hombres.

En el Santander el foco lo fija en la alta dirección toda vez que el 40% de su Consejo de Administración y el 55% de la plantilla se encuentra ya ocupada por mujeres, y cuenta con principios definidos de diversidad e inclusión para fomentar la igualdad.

El programa ‘Target Gender Equality’ de Naciones Unidas tendrá duración hasta el 2021 e implica un doble compromiso. Por un lado ayudará a las empresas adheridas a establecer y lograr objetivos ambiciosos en términos de representación y liderazgo de las mujeres a todos los niveles previo análisis de desempeño y con talleres para el desarrollo de capacidades. También buscará una involucración directa a través del diálogo con múltiples grupos de interés a escala nacional e internacional.

Por otra parte, las propias empresas participantes se comprometen a evaluar su desempeño en materia de igualdad de género, establecer objetivos empresariales “ambiciosos” y adoptar medidas para abordar las barreras a la igualdad de género, tanto en su organización como en su esfera de influencia más amplia.

Entre los programas del Santander para impulsar la igualdad de género figuran iniciativas para su fomento entre las empresas e, incluso, fondos para ayudar a las pymes dirigidas por mujeres, oportunidades de formación y de networking. Con el programa “Reencuentra”, por ejemplo, quiere ayudar a la reincorporación profesional a mujeres que dejaron su carrera profesional por motivos familiares.

El Santander recordó, por otro lado, que su compromiso con la igualdad y avance de la mujer en el mercado laboral ha sido reconocido con su inclusión en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2020 entre las 325 empresas incorporadas al índice tras evaluar a 6.000 compañías.

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El Grupo El Corte Inglés donará 910.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) gracias a la ‘Operación Kilo’ iniciada a finales de mayo.

Según informó la compañía este miércoles en un comunicado, esta iniciativa, realizada de forma “virtual” mediante la aportación económica de los clientes y trabajadores, recaudó 800.000 euros a los que se suma la aportación de la compañía, que indicó que añadiría el 10% de lo recaudado, por lo que el total alcanza los 880.000 euros.

Por otro lado, El Corte Inglés puso en marcha la iniciativa ‘Unidos Ayudamos Más’ , en colaboración con Fesbal y varias ONG, con la finalidad de recaudar fondos que se destinaran a mitigar los efectos del coronavirus y ayudar a las personas más afectadas por la situación, y con la que la compañía ha podido entregar a Fesbal otros 30.000 euros.

Estos 910.000 euros en total equivalen a 517.045 kilos de alimentos, que permitirán a más de 17.200 personas, unas 5.560 familias medias, realizar sus comidas diarias durante un mes.

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El 85,82% de la programación en la televisión digital terrestre ha contado con subtítulos en el mes de mayo, un 1,41% más respecto al mes anterior. Destaca el aumento del 10% en TEN y de casi el 20% en Teledeporte, de acuerdo con los últimos datos del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA).

La audiodescripción también ha aumentado este mes, pasando de un total de 798 horas a aproximadamente 940 horas. Este servicio de accesibilidad se da, sobre todo, en horas de madrugada y despertador, añadiendo algo de contenido en la franja de sobremesa.

Del mismo modo, los géneros en los que más se incluye contenido audiodescrito son los de ficción y entretenimiento. Algunos de los cambios que destacan en este mes son el aumento de quince horas en la cadena FDF, la reducción de siete horas en La 1 y el aumento de cuatro horas en La 2, según el informe de CESyA.

Respecto a la interpretación en lengua de signos, este mes se ha signado el 4,43% de los programas de la TDT, es decir, un total de 713 horas signadas, 14 horas más que en el mes anterior y 162 horas más que en mayo de 2019.

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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) reclamó este miércoles un compromiso político y social con las personas sordas y la presencia de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en las políticas públicas.

Así lo señala la entidad en un manifiesto, con motivo del Día Nacional de las Lengua de Signos Españolas, que se conmemora el 14 de junio, en el que reclama que estas lenguas sean tenidas en cuenta para llevar a cabo la reconstrucción social y económica del país.

De esta manera, Concha Díaz, presidenta de la CNSE, exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sordas, y su pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, “para que nadie se quede atrás”.

Díaz destaca que pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan las lenguas de signos en España, “sigue habiendo quienes intentan menospreciarlas y relegarlas a un injusto segundo lugar”, y alude a la exclusión y el aislamiento a las que en los últimos meses se ha sometido a las personas sordas y sordociegas para quienes la lengua de signos es su lengua natural, al negarles su derecho a contar con interpretación en lengua de signos o videointerpretación.

En este sentido, urge a que las administraciones públicas se apliquen, «de una vez por todas», en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que «vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo». “El uso de la lengua de signos española y catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”, asegura Díaz.

En lo que respecta a la educación, la entidad reclama una Estrategia Nacional sobre enseñanza, uso, protección y promoción de las lenguas de signos españolas que asegure su aprendizaje y aplicación en el ámbito de la atención temprana y en el sistema educativo, y que reconozca el derecho del alumnado sordo y sus familias a elegir una educación bilingüe de calidad en la que las lenguas de signos sean también vehiculares y curriculares.

Por último, la CNSE insiste en la necesidad de garantizar su protección y preservación incorporándolas en la Constitución Española al mismo nivel que el resto de las lenguas, e incluyéndolas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. “Las lenguas de signos nos necesitan tanto como nosotras, las personas sordas, las necesitamos a ellas”, advierte su presidenta.

14 DE JUNIO

El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros, y desde entonces se conmemora cada 14 de junio porque ese mismo día de 1936 se constituyó la CNSE, entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos española y la catalana, “sean valoradas en la sociedad”.

Como cada año, edificios representativos de toda España se sumarán el próximo domingo 14 de junio a la celebración de este día, iluminando sus fachadas de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda.

Por su parte, la CNSE y su red asociativa trasladarán la celebración a las redes sociales con el lema ‘La lengua de signos no deja a nadie atrás’, a través de talleres, coloquios y actividades en directo, y diversas iniciativas dirigidas a compartir la lengua de signos con la ciudadanía, promover su difusión, y normalizar su uso. Entre ellas, varias entrevistas a personas sordas afectadas por la Covid-19, que explicarán qué papel ha jugado la lengua de signos durante este tiempo de pandemia. Todas estas actividades se acompañarán con el hashtag #YoconlaLS.

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La recaudación de la casilla de Fines Sociales, conocida como ‘X Solidaria’, de la declaración de la Renta 2018 permitió desarrollar en 2019 cuatro proyectos de Down Madrid destinados a personas con discapacidad intelectual y sus familias gracias a la solidaridad de los contribuyentes.

Así lo detalla Down Madrid en un comunicado donde declara que “este es el resultado también del esfuerzo de la entidad por mantener y seguir proporcionando los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ya que cada año se presenta la candidatura de las iniciativas para optar a la subvención, que posteriormente se justifica con evidencias del trabajo realizado”.

El pasado año, más de 11 millones de personas marcaron la casilla 106 de Actividades de Interés Social, 277 mil más que en la declaración de la renta anterior. Sin embargo, tal y como indica la entidad, en muchas ocasiones la ciudadanía no sabe a qué se destina el dinero vinculado a esta recaudación y los programas sociales que las ONG promueven. “El compromiso de la ciudadanía tiene un enorme impacto positivo en millones de personas y, desde Down Madrid, queremos que se conozca qué actividades desarrollamos a partir de esta aportación social”, asegura la entidad.

En concreto, la Fundación, como promotora del desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad intelectual, lleva a cabo con parte de la recaudación de la ‘X Solidaria’ los talleres de ‘Vida Autónoma’, entre los servicios ofrecidos en Intervención; la ‘Escuela de Familias’ desde el Servicio de Información y Orientación; el programa de ‘Mantenimiento de empleo en mayores con discapacidad intelectual’ dentro del área de Vida adulta y Envejecimiento activo y el proyecto de ‘Voluntariado’, tanto de particulares como a nivel corporativo.

Según Down Madrid, estos proyectos repercuten en el bienestar de centenares de personas con discapacidad y sus familias y giran en torno a los ejes de “calidad de vida”, “inclusión social” y “capacitación y desarrollo personal” que defiende la entidad. Además, tal y como señala, continúan formando parte de oferta de servicios de Down Madrid en el curso 2020, aunque puntualiza que, debido a la pandemia, algunos “se han cancelado o adaptado al entorno online, como el espacio de apoyo mutuo para familiares ‘Escuela de Familias’, hasta la vuelta a la “nueva normalidad”.

“Marcar la ‘X Solidaria’ en la declaración de la renta cada año es un gesto de compromiso con la sociedad, pero en la actual crisis sanitaria y social se convierte en mucho más que eso, significa no dejar a nadie atrás”, valora la entidad. El próximo 30 de junio finalizará el plazo de presentación de la declaración de la Renta 2019, donde los contribuyentes podrán “materializar su solidaridad”. Asimismo, la entidad recuerda que las empresas, desde el pasado año, también pueden hacerlo a través de la declaración del Impuesto de Sociedades, que normalmente se presenta entre los días 1 y 25 de julio.

IMPACTO SOCIAL ‘X SOLIDARIA’

La promoción de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual es uno de los pilares fundamentales de la entidad, se promueve de forma transversal en toda su actividad con el objetivo de aumentar la independencia en el día a día de este colectivo. Con el confinamiento, la entidad ha detectado que esta necesidad se ha incrementado, como ha podido verse en diferentes situaciones personales de personas con discapacidad intelectual cuyos familiares habían enfermado a causa del Covid-19. “Fomentar el ‘Por ti mismo’ es dar herramientas y recursos que se traducen en una mayor calidad de vida para estas personas”, concreta la entidad.

Uno de los proyectos que permite desarrollar la ‘X Solidaria’ son los talleres de ‘Vida autónoma’, destinados a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años y que en último año ha conseguido beneficiar a 54 personas.

A partir de diferentes grupos de aprendizaje, se desempeñan habilidades domésticas y corresponsabilidad en el hogar, autonomía en el transporte público, finanzas personales, autoprotección en redes sociales y autogestión. A su vez, también grupos de compra y cocina, al que pertenece Marta Amigo, quien explica que “ha aprendido a hacer diferentes platos” y que “gracias a estos talleres ya no tiene miedo a cocinar”.

Por otro lado, el proyecto ‘Escuela de Familias’ acumula más de 60 sesiones presenciales, en las que padres, hermanos y abuelos comparten inquietudes similares. Asimismo, este apoyo también se realiza durante el confinamiento de forma telemática para continuar al lado de las familias, especialmente, ahora que necesitan una mayor atención por parte de la Fundación. En concreto, este mes tendrá lugar una serie de encuentros online en los que se hablará de claves y consejos para una buena vejez, conocer la labor de los autogestores de Down Madrid o proporcionar información sobre la jubilación contributiva de personas con discapacidad intelectual.

Otra de las iniciativas de especial importancia es el ‘Mantenimiento de empleo en mayores con discapacidad intelectual’. El proyecto se dirige a cubrir las necesidades específicas de personas con discapacidad intelectual mayores de 35 años que tienen un empleo ordinario y garantizar su continuidad “el mayor tiempo posible”. Sobre el programa, la Fundación indica que “es el único en dar respuesta a esta realidad, ya que no existe un modelo similar en el ámbito público ni privado”.

Al respecto, Down Madrid desarrolla diferentes acciones con el objetivo de “retrasar la aparición y el incremento de síntomas relacionados con el declive funcional, causados por el envejecimiento prematuro. Asimismo, se interviene en aquellos casos en los que ya han comenzado los primeros síntomas de deterioro funcional”.

Por último, el programa de ‘Voluntariado’ también se impulsa con la aportación social. En el último año, más de 400 voluntarios de la Fundación han ayudado en actividades de ocio, deporte y otros servicios, así como en unidades de gestión como comunicación o administración. A su vez, también empresas facilitan a sus trabajadores involucrarse en actividades de voluntariado corporativo en diferentes ámbitos. “Sin ellos, Down Madrid no sería lo mismo”, sostienen desde la entidad.

Sobre ello, el responsable de Comunicación y Relaciones Externas en Coca Cola, Eugenio García, quien ha trabajado y realizado acciones de forma conjunta con personas con discapacidad intelectual de Down Madrid, admite que es una “gran responsabilidad”, aunque “una de las mejores cosas que le han pasado en la vida”. “Son personas entrañables, muy especiales, cariñosas, agradecidas y convivir con ellos en jornadas de voluntariado corporativo o deportivo nos ayuda a crecer internamente”, considera.

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El Comité Asesor Técnico del Ibex-35 se reúne mañana, 11 de junio, para examinar posibles cambios en la composición del grupo de empresas que determinan el selectivo de la Bolsa y entre las compañías que cuentas con posibilidades de incorporarse figura Almirall y Fluidra, según fuentes financieras consultadas.

Respecto a las compañías que abandonarían el Ibex-35, las estimaciones del mercado se mantienen fijas en ENCE, Mediaset y Meliá, caracterizadas por su baja capitalización.

Las dos aspirantes señaladas por expertos consultados cumplirían con los criterios técnicos exigidos para su incorporación al selectivo. Almirall tiene una capitalización superior a los 2.200 millones de euros y Fluidra también está por encima de los 2.200 millones. Las dos superan el mínimo exigido de superar el 0,3% de capitalización media de las 35 empresas del índice.

Ambas cotizan de forma continuada e ininterrumpida durante los últimos seis meses, periodo que controla el Comité y cumplirían con los ratios de liquidez.

Precisamente Almirall colocó el año pasado un 6,3% de su capital en el mercado a través de una sociedad patrimonial de su accionista de referencia, Grupo Corporativo Landon, y lo mismo hizo -en porcentaje similar- Rhone Capital, principal accionista de Fuidra para dotarles de mayor liquidez.

Según los expertos, las compañías podrían tener a su favor para acceder al selectivo el interés inversor hacia las compañías farmacéuticas en el momento actual.

En el Ibex-35 sólo está Grifols y otros posibles aspirantes en este sector como Pharmamar o Rovi no alcanzarían los niveles mínimos de capitalización bursátil exigidos por el Comité.

Almiral y Fluidra cuentan además con la incorporación de modelos de gestión internacionales de la mano de directivos con experiencia en mercados globales, como son sus consejeros delegados Peter Guenter y Bruce Brooks, respectivamente.

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El tratamiento con fisioterapia ayuda a reducir la incontinencia urinaria en pacientes que han sufrido cáncer de próstata, el más común en hombres; según explicó este miércoles el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm).

Se trata de una de las consideraciones que hace la institución colegial en un comunicado difundido con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora cada año el 11 de junio para concienciar, entre otras cosas, de la importancia de la prevención y de su detección precoz, pues es el tumor de mayor incidencia en hombres.

Así, los fisioterapeutas madrileños inciden en la importancia del tratamiento con fisioterapia para reducir el dolor y las secuelas que puede dejar la operación. En concreto, tal y como explicaron desde la Comisión de Oncología y Cuidados Paliativos del Cpfcm, “contamos con un gran número de técnicas que van desde la terapia manual para reducir el dolor y las restricciones del tejido cicatricial, al entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, entre otros”.

En este sentido, recuerdan que la fisioterapia, además de actuar de forma posterior al tratamiento para reducir las posibles secuelas de una intervención quirúrgica, también puede actuar de forma previa entrenando y mejorando la propiocepción de la musculatura del suelo pélvico, la calidad tisular y la función miccional. “Con el trabajo previo al tratamiento quirúrgico o radioterápico podremos reducir las posibilidades de secuelas posteriores”, indican desde la comisión.

Además, explican cómo el tratamiento prequirúrgico cobra cada vez más importancia, pues “los estudios muestran que refleja una mejora sustancial en la continencia temprana y que consigue acelerar la recuperación de la incontinencia urinaria a corto plazo”, al tiempo que proponen el inicio del tratamiento con fisioterapia entre dos y cuatro semanas antes de la intervención quirúrgica.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

A pesar de los avances alcanzados y de la contribución de la fisioterapia en este ámbito, los fisioterapeutas piden mayor información dentro del ámbito sanitario para dar a conocer su labor dentro de los equipos multidisciplinares que tratan a estos pacientes pues, “en muchos casos es dentro del propio sector sanitario donde no está suficientemente reconocido nuestro papel en este espacio de tratamiento”.

Sin embargo, desde la comisión coinciden en destacar la “cada vez mayor” acogida que tiene el tratamiento con fisioterapia en este tipo de pacientes ya que, “cuando reciben toda la información y conocen el funcionamiento del tratamiento, suelen mostrarse muy implicados en la rehabilitación puesto que la pérdida de orina en los hombres aún es un tema tabú en la sociedad actual y en muchos casos lo viven con gran afectación emocional”.

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