La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que auque la Comunidad foral sigue con "un alto nivel" de contagios "ya no es la comunidad con la incidencia más alta del país" y ha remarcado que "llevamos tres días en los que se ha detenido el crecimiento".

No obstante, la consejera ha señalado que el conjunto de medidas adoptadas para frenar los contagios de Covid-19 "necesitan un tiempo para ser eficaces" y ha destacado que "hay que seguir insistiendo en estas y otras medidas para lograr no sólo ralentizar el nivel de contagios, como ya se está haciendo, sino reducirlos". Así, ha señalado que se necesita "inflexionar y frenar porque nos jugamos todos mucho"

Induráin ha valorado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno de la Cámara, que "se ha desplegado un importante esfuerzo de recursos materiales y humanos, no sólo en este mes, sino desde el verano para mantener un complicado pulso con un virus que se encuentra en plena segunda ola, muy agresiva tanto en Navarra como en el resto de Europa.

Por ello, según ha remarcado, "hay que seguir insistiendo en estas y otras medida para lograr no sólo ralentizar el nivel de contagios, como ya se está haciendo, sino reducirlos". "Nos jugamos mucho y no sólo a nivel sanitario, sino como modelo social y de desarrollo", ha enfatizado.

Según ha indicado, "es pronto para valoraciones profundas y detalladas" sobre la efectividad de las últimas restricciones puestas en marcha, unas valoraciones que "llegarán". Y ha asegurado que "diariamente monitorizamos la evolución para corregir errores y aprender de los demás".

En cuanto a la situación de Navarra, la consejera ha manifestado que "aunque seguimos con un alto nivel de contagios, Navarra ya no es la comunidad con la incidencia más alta". Así, ha comentado, "llevamos tres días en los que se ha detenido el crecimiento y otros han acelerado la subida de sus tasas".

"En las dos últimas semanas los contagios han crecido un 26% frente a un 66% de la media estatal", ha expuesto Induráin, para detallar además que en la última semana el número de positivos, unos 3.900, ha sido similar a los casos de la semana anterior.

Igualmente, ha destacado que "nuestro positividad ha bajado y estamos en torno a un 10%", si bien ha incidido en que "es prudente esperar más tiempo para ver la tendencia porque en el Covid todo es frágil".

Se ha referido, además, a la "sobrecarga" en los servicios asistenciales por la "altísima incidencia" de los días previos, tanto en centros de salud, como plantas y UCI y ha considerado que a la vista de esta situación los profesionales y la sociedad "no entenderían que entráramos en cruce de cifras y visiones cortoplacistas".

"LA SITUACIÓN ES DELICADA"

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha remarcado que la Comunidad foral "ha permanecido 17 semanas consecutivas con una de las mayores incidencias de Europa" y ha confiado en que la "ralentización" de los últimos días sea "un punto de inflexión y mejora". "Pero lo valoramos con muchísima prudencia, ya que a nivel asistencial es la situación es delicada", ha advertido.

En este sentido, ha considerado que Salud "no ha sido proactivo, no se ha adelantado" y "han empezado a correr cuando tenían la ola del tsunami encima" y ha pedido, además, a la consejera "transparencia y honestidad en la información". En este sentido, también le ha preguntado "cuál es la capacidad de camas UCI y cuál es el porcentaje de ocupación". "No han sido honestos, no han dicho la verdad en esto, han dado hasta siete cifras distintas", ha afirmado.

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, ha tachado de "tremendamente injusta" la "batería de leyes" que se está presentando ahora en España, en referencia a leyes como la del aborto o la de la eutanasia, y ha dicho que "España necesita políticos católicos".

"La batería de leyes que ahora mismo se están presentando son tremendamente injustas porque no se hacen cargo de desvelar el misterio de nuestra identidad ni se hacen cargo de la vocación del hombre a vivir en plenitud", ha subrayado Reig Plá este jueves 5 de noviembre, durante la presentación del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre.

En la "mayoría" de leyes que se están presentando en estos momentos en España, según ha añadido el obispo de Alcalá de Henares, se promulga "la autonomía radical del individuo", un "dogma laicista" que, a su juicio, es "una falsedad".

"Desprivaticemos el tema, ya está bien de resolver el tema de la vida humana como si se tratara el aborto de un derecho a decidir de una persona individual, no, que no, que es el origen mismo de la sociedad, y esta tiene que custodiar el don de la vida humana, eso es una sociedad justa. Cuando la vida se hace precaria, enferma, todos estamos pensando en remediar no en eliminar al que está sufriendo porque, si no, la sociedad no es de derecho", ha exclamado.

CERRAR EL CIELO, "MUCHO MÁS INJUSTO" QUE EL HAMBRE O EL TERRORISMO

Para Reig Plá "no hay peor injusticia que cerrar el cielo, el horizonte trascendente, mucho más que el hambre, mucho más que los problemas que vienen con la migración, mucho más que el terrorismo".

También ha denunciado una "ingeniería social" por parte de "quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles" y ha lamentado el "drama" de la "secularización en la sociedad y en el interior de la Iglesia".

"Por ejemplo -ha indicado-, cuando se ha ido arrinconando el carácter sagrado de la vida, la opinión de quien defiende 'no matarás' pasa a ser una opinión humana en contraste con otras que van siendo cambiadas por la ingeniería social de quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles".

En este contexto, Reig Plá ha subrayado que "hoy España necesita políticos católicos, hoy los sindicatos necesitan personas católicas, hoy todas las instituciones de los medios de comunicación necesitan católicos, porque lo cristiano es la verdad de lo humano".

Además, ha pedido no desvincular el tema de la vida humana del origen de la sociedad y la "familia". "Dios pensó en el acto conyugal de donación en el cuerpo para que conjugando él y ella unidos matrimonialmente se dé origen a la vida humana. La sociedad decae si decae la concepción de la vida y si decae el matrimonio y familia", ha aseverado.

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Unidas Podemos, por medio del diputado Antón Gómez-Rino, solicitará en el Congreso que se inicie el proceso judicial contra la familia Franco para recuperar la Casa Cornide, en A Coruña, al patrimonio público.

Para ello desplegará una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara Baja para que la Abogacía del Estado plantee una demanda en colaboración con la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña de cara a revertir que siga vinculada a la familia Franco, unido a una pregunta parlamentaria al Ejecutivo para conocer si se piensa actuar en este sentido.

La idea del representante de En Común Galicia, según explican desde la formación, es aprovechar la línea ya abierta con el Pazo de Meirás para tratar que vuelva al dominio público por su valor patrimonial.

respecto, la familia Franco aceptó entregar "provisionalmente" esta propiedad al Estado mientras no se resuelva el recurso que han presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que les condenó a su devolución.

ACABAR CON "DÉCADAS DE IMPUNIDAD"

"La recuperación del Pazo de Meirás abrió el camino para acabar con décadas de impunidad. Es el momento de que otros bienes expoliados, como la Casa Cornide, vuelvan a ser del pueblo gallego", ha manifestado Gómez-Reino.

Además, ha subrayado que diversos estudios que indican que la Casa Cornide "pasó a manos de Franco tras una compleja operación administrativa que tenía como único objetivo que pudiera hacerse con la propiedad del inmueble sin acudir a su adjudicación directa".

"IMPRESCINDIBLE" QUE SE DECLARE BIC

También ha asegurado que "resulta imprescindible que la Xunta de Galicia declare cuanto antes la Casa Cornide como Bien de Interés Cultural (BIC) para que la futura acción judicial, que espera que se produzca, venga acompañada de una acción en el seno de la administración pública".

La Casa Cornide se ubica en el centro de A Coruña y fue sede del ayuntamiento durante el siglo XIX, transfiriéndose su propiedad en 1957 al Ministerio de Educación, hasta que en la década de los sesenta se permutó por una parcela propiedad del ayuntamiento, con el objetivo de que fuera sede de un Conservatorio de Música.

Actualmente son los herederos del dictador Francisco Franco quienes tienen la posesión del inmueble y que además han puesto a la venta, justo después de que el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña haya obligado a la familia a devolver el Pazo de Meirás.

Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha presentado a la Dirección Xeral de Patrimonio el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco, por, entre otros descubrimientos, ser "patrimonio pétreo" de otros edificios, según el estudio histórico-artístico realizado por varios expertos.

La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos educativos de la concertada, se ha concentrado este jueves frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'ley Celaá'.

"Nos hemos concentrado para denunciar la tramitación de la LOMLOE, que se está haciendo de una forma express y sin contar con la comunidad educativa", asegura en declaraciones a Europa Press la presidenta de COFAPA y portavoz de la Plataforma en la concentración, Begoña Ladrón de Guevara.

Según ha manifestado, se trata de un proyecto que "ataca a la libertad de las familias para educar a sus hijos y dentro de esa libertad la de elección de centro", ambos reconocidos en la Constitución.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, advierte de que el proyecto y las enmiendas son "un gran recorte de derechos" y, a su juicio, parece que con esta reforma el Gobierno "ha entregado la educación" a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, "a cambio de apoyos en presupuestos".

Asimismo, se trata, según Aguiló, de "una quiebra del consenso constitucional de hace 40 años y de la capacidad de elección de las familias, que queda enormemente recortada". Y es que, según recalca, "esta ley no es como las anteriores". "Las otras leyes de educación eran moderadas y esta está radicalizada; no tiene el estilo de anteriores leyes socialistas, es una ley más radical", se queja.

"Estamos en contra del fondo del contenido de la propuesta, porque entendemos que coarta todas las libertades", asegura por su parte el secretario general de FSIE, Francisco Javier Muñoyerro, como por ejemplo, según dice, la libertad de elección de centro educativo de las familias o el de libertad de expresión, al no permitir a la comunidad educativa su participación en la tramitación de la reforma.

Según indica, "la concertada se siente agredida", pero también, en general, "todo el sistema educativo". "Las enmiendas que se están aprobando en la Comisión empeoran el proyecto inicial", advierte.

La idea, según Muñoyerro, es que España tuviese un sistema educativo en el que existiese la "pluralidad de oferta", es decir, que conviviesen la educación pública, con la concertada, la privada y la diferenciada, donde los padres puedan elegir.

Durante la concentración, los convocantes han procedido a la lectura de un manifiesto, en el que se recoge el deseo de las organizaciones de la "protección y la continuidad de la pluralidad" del sistema educativo actual en España.

REUNIÓN CON EL PP

Paralelamente, a las 11.00 horas, representantes de los sindicatos USO y FSIE, de las asociaciones de padres y madres CONCAPA y COFAPA y de asociaciones de colegios privados y concertados FERE y CECE (que además todos forman parte de la Plataforma Más Plurales), se han reunido con el presidente del PP, Pablo Casado, para mostrarle sus reivindicaciones, dado que se vetó en el Congreso la participación de la comunidad educativa en la tramitación de la ley.

"Con el sector educativo defendemos la calidad de la enseñanza pública, la libertad de elección de la concertada, especial y diferenciada y el castellano vehicular. Recurriremos al Constitucional la Ley Celaá, pues ningún derecho fundamental puede ser moneda de cambio para los PGE", ha afirmado Casado en su cuenta de Twitter.

Junto al presidente de la formación, ha asistido a la reunión la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Cuca Gamarra, y la portavoz adjunta y portavoz de la Comisión de Educación del Congreso, Sandra Moneo, quienes han dado su apoyo a la Plataforma durante la concentración frente a la Cámara Baja.

"En nombre del PP trasladamos el apoyo a la Plataforma que hoy promueve esta concentración en defensa del derecho de todos los españoles a elegir libremente la educación en nuestro país, a que no exista una educación única sino plural; no hablamos de pública o concertada, hablamos de educación plural para que cada uno pueda decidir desde esa pluralidad el proyecto educativo que considera mejor para sus hijos", ha defendido Cuca Gamarra.

Según ha destacado, para que España se convierta en un "país competitivo", es necesario que haya una educación plural que permita a la ciudadanía ser plural, "no una única educación impuesta por un Gobierno ideologizado".

Así pues, el PP denuncia, tal y como recuerda Gamarra, la "ideologización que está detrás de esta reforma express que corre tanta prisa para llegar a un acuerdo presupuestario". "Se está entregando la educación a cambio de votos para afianzar un presupuesto, y los españoles no merecen pagar ese precio para que Sánchez siga en La Moncloa", añade.

En este sentido, recuerda también que, en caso de que se apruebe la reforma educativa con la enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en toda España, el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional el proyecto.

El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha reconocido este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 no prevén que el Estado financie al 50% el sistema de Dependencia, como exige la ley, y ha indicado que en 2021 se aportará un porcentaje del 26%, con intención de alcanzar el 34% al final de la legislatura.

Durante su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, para explicar las partidas de los PGE que corresponden a su departamento, Álvarez ha destacado entre sus prioridades la mejora y refuerzo del sistema, especialmente en lo que tiene que ver con los dependientes de larga duración, especialmente mayores y personas con discapacidad.

Entre sus objetivos, ha indicado, está la reducción de la lista de espera de personas dependientes que tienen el derecho a acceder al sistema y no son atendidos. Para ello, ha indicado, quieren elevar el porcentaje de participación del Estado en la Dependencia, que en la actualidad "está por debajo del 20%".

Es por ello, que el "plan de choque" que prepara su departamento en esta materia busca elevar esta financiación hasta "el 26%" durante el próximo año, "alcanzando el 34% al final de la legislatura". "Es un cambio de tendencia significativo", ha declarado.

REVERTIR LA "EROSIÓN" DEL PP

Los portavoces de Ciudadanos y Junts en este órgano, Sara Giménez y Genis Boadella, respectivamente, han recordado al secretario de Estado que la obligación del Ejecutivo es compartir a medias la financiación con las comunidades autónomas, una reclamación que Álvarez, ha señalado, está en los horizontes del Gobierno.

Sin embargo, ha indicado, "no se puede cambiar en un año, en una convocatoria, los recortes que se han hecho desde 2012 y que se acumularon en esta década". A su juicio, la labor de su departamento, ahora, es "consolidar" las cuantías y "revertir" la "erosión" del PP en esta materia, y ha llamado a los partidos a colaborar para lograr mejorar en esta partida.

Estas declaraciones han generado las críticas de la formación que preside Pablo Casado. Su portavoz de Derechos Sociales, Alicia Garcia, ha sido muy crítica con la comparecencia de Álvarez, a quien ha acusado de "anteponer el ladrillo" frente a la "atención a las personas" con sus políticas de transformación del sistema residencial "construyendo nuevos edificios".

A estas declaraciones, el secretario de Estado ha respondido que la transformación es "algo más" que lo que plantea el PP y su intención es "mejorar y reformar las residencias" ya existentes, así como mejorar los servicios que se dan "en viviendas y centros de día". "Esto no es ladrillo", ha indicado, para criticar a García su "lejanía" con la opinión de los expertos en esta materia sobre "los cómo remodelar" el modelo residencial. Este cambio, ha apuntado, también tiene que ver con "la incorporación de nuevas tecnologías o la teleasistencia avanzada".

CRÍTICAS DE VOX A UNOS PGE "IDEOLÓGICOS"

El PP también ha criticado otros aspectos de los presupuestos, que considera "un trampantojo para ocultar las miserias del Gobierno" en la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, ha denunciado que "uno de cada cuatro euros" que anuncian viene de los Fondos Europeos y, por tanto, "no están garantizados".

Este mismo argumento ha usado la portavoz de Vox, María de los Reyes Romero, para tachar las partidas de "irreales". Además, considera que el Gobierno ha realizado unas cuentas "ideológicas", "antisociales" y "un disparate".

En su intervención, la diputada también ha mostrado su interés por reforzar "la primera línea" de las organizaciones que han ayudado en la pandemia, "muchas pertenecientes a la Iglesia católica" y que, según ha indicado, espera que no sufren "hostigamiento y acoso anticlerical" por parte del Ejecutivo.

Del mismo modo, ha lamentado que 4,5 millones se dediquen a los animales y que se aumente la partida para menores extranjeros no acompañados cuando ya se dan ayudas al desarrollo a los países de los que provienen. Romero ha señalado que hay que "vigilar" que este "llegue al destino para el que fue previsto".

Álvarez, ha señalado que el objetivo de su departamento con estos presupuestos es lograr una "transformacion económica" que se aleje de la "devaluación salarial" y la "pérdida de derechos laborales" que, a su juicio, generó las políticas llevadas a cabo en la crisis de 2008, "reformando las políticas sociales y mejorando los mecanismos del sistema de cuidados.

En su comparecencia ha detallado algunas de las partidas más importantes, como los 2.500 que se transfieren al IMSERSO, los 10 millones para entidades del Tercer Sector, los 25 millones para el plan de accesibilidad universal; o los 177 millones en servicios sociales. También ha destacado el aumento de 28 millones en la partida para la mejora de atención en los centros que atienden a Menores Extranjeros No Acompañados.

La ministra de Hacienda y portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su "satisfacción" por el resultado de la ronda de contactos que ha mantenido esta mañana con varios grupos parlamentarios, entre ellos Cs, Compromís y ERC, para recabar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

En declaraciones a la prensa durante su visita a la sede de la CEOE para explicar a la patronal las líneas maestras de los PGE, Montero ha celebrado que los grupos con los que se ha reunido hoy hayan expresado su voluntad de no presentar enmienda de totalidad a las cuentas públicas.

"Hemos quedado convocados para que en el proceso de enmiendas podamos profundizar en la mejora del proyecto de Presupuestos. Estoy satisfecha con el contenido de las reuniones", ha señalado la ministra, que confía en que en el proyecto pueda iniciar su andadura a partir de la próxima semana y enriquecerse con las aportaciones tanto de los grupos políticos como de los agentes sociales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este jueves la declaración de la Sima de la Higuera, en el término municipal de Pliego, como monumento natural, con lo que pasa a ser el tercer espacio en la Región de Murcia con esta clasificación, junto con el Monte Arabí de Yecla y las Gredas de Bolnuevo, en Mazarrón.

Esta declaración, que supone el reconocimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la importancia geológica de esta cavidad y de sus formaciones, implicará su protección y la de su entorno de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

La finalización de este proceso, iniciado por el Ayuntamiento de Pliego en 2014 con el apoyo de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, implica, asimismo, la puesta en valor de este importante recurso geológico regional mediante el fomento de actividades científicas y espeleológicas que den a conocer las singularidades de esta sima única en el mundo.

La Sima de la Higuera se encuentra al norte de Sierra Espuña, en el término municipal de Pliego. Su entrada, localizada en el monte número 26 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, denominado 'Cabezo y Cuesta de Aledo', se sitúa a una altitud de 485 metros sobre el nivel del mar y bajo una gran higuera, que da nombre a la cueva.

La cavidad presenta originales y extrañas morfologías y formaciones no relacionadas con los procesos de espeleogénesis tradicionalmente aceptados, derivados de la infiltración de agua de lluvia a través de grietas y fisuras de las rocas.

Por este motivo, esta sima se ha convertido durante los últimos años en referente internacional en el colectivo espeleológico para el estudio e interpretación de cavidades de origen hipogénico, formadas por procesos hidrotermales ligados al ascenso desde las profundidades de flujos de agua caliente con alto contenido en dióxido de carbono.

La excepcionalidad de la Sima de la Higuera pasa, además, por albergar una formación no observada hasta el momento en ninguna otra cavidad conocida, denominada dobles conos, localizados a 98 metros de profundidad con respecto a la boca de la sima y creados por la deposición de calcita flotante sobre el suelo de la Sala del Paraíso, lugar más conocido de la cavidad.

La Sima de la Higuera es el mayor complejo subterráneo descubierto en la Región, con un recorrido conocido superior a 5.500 metros. La dificultad técnica, que requiere el descenso de más de 70 metros a través de varios pozos verticales encadenados, y su riqueza geológica, implica la solicitud de un permiso para su visita y la demostración del conocimiento de las Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología.

VISITAS DE MÁS DE 500 ESPECIALISTAS AL AÑO

La Sima cuenta a lo largo de su recorrido con siete salas principales que presentan formas y espeleotemas muy distintos entre sí: desde frágiles formaciones de calcita y aragonito o calcita flotante a extraños dobles conos o imponentes nubes de roca de hasta dos metros de diámetro.

Su reconocimiento internacional, que atrae cada año a más de 500 espeleólogos y científicos procedentes de todo el mundo, hace de esta sima un importante recurso natural para el municipio de Pliego.

El balizado de la sima marca el final del recorrido autorizado a visitas deportivas al final de la Sala del Paraíso. A partir de este punto, el acceso está sólo permitido con una autorización específica para el desarrollo de investigaciones espeleológicas y estudios científicos.

Desde ese punto y atravesando el paso Cuatro Picos, la cavidad continúa su desarrollo horizontal descendente hasta el punto de mayor profundidad, situado a 156 metros, en la conocida como Sala Pedro.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha rechazado este jueves que se aplique el confinamiento domiciliario y ha pedido al Gobierno autonómico que permita la apertura del pequeño comercio.

En unas declaraciones a los medios durante la presentación en Trascorrales del cartel de la película 'Tristesse', Canteli ha roto una lanza en favor de los ovetenses y los empresarios de hostelería y comercio, asegurando que "se comportaron bien" durante la pandemia aunque haya habido "excepciones". "Nada es por casualidad, puedes tener más o menos suerte, pero algo se hizo bien", ha dicho, para afirmar después que no apoya "en absoluto" el confinamiento. "Hay que ser responsables pero hay que salir a la calle y pasear", ha subrayado.

El alcalde ha reconocido haberlo "pasado mal" en las reuniones que mantuvo este miércoles y hoy con hosteleros y empresarios locales. Ver a la gente llorando es duro", ha explicado, agregando que lo que más preocupa al sector del pequeño comercio afectado por las nuevas restricciones de Salud no son estos quince días de cierre, sino que vaya a más y se prolongue en el tiempo.

Es por ello que ha pedido al consejero de Industria, Enrique Fernández, que pueda abrirse el pequeño comercio para que "puedan vender". "Me preocupa mucho, mucho, la sanidad, pero también la economía y el empleo", ha subrayado.

En este punto ha destacado que Oviedo está "mucho mejor" que otras grandes ciudades de Asturias como Gijón. "La situación es distinta y el tratamiento tiene que serlo", ha aseverado, al punto que se ha preguntado si la situación de Gijón fuese la de Oviedo y la capital estuviese registrando los datos de Gijón se hubiera cerrado Gijón. "Ahí lo dejo", ha dicho.

Por otro lado, y después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijera que es suficiente la aportación de 100.000 euros para la ronda norte de la ciudad, Canteli ha asegurado que le molesta "mucho" esa aportación, pero "mucho más" que "se rían" de Oviedo. "Se rieron de nosotros antes y se siguen riendo ahora", ha aseverado.

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha detallado este jueves en una comparecencia parlamentaria que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) relativo a este Ministerio prevé destinar más de 110 millones de euros, lo que supone un incremento del 2 por ciento, a la transformación digital de la administración de justicia, que ha definido como una "enorme palanca" hacia su modernización definitiva.

Zapatero ha explicado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que, de los 2.048 millones de euros que el borrador de los PGE destina al Ministerio -un 7,6 por ciento más respecto al último plan presupuestario-, 110,49 millones irán a parar a la transformación digital, una misión que recaerá en una Dirección General de Transformación Digital de nueva creación, que hasta ahora solo estaba presente en el Ministerio de Hacienda.

"Este es uno de lo grandes retos del programa Justicia 2030 y se basa en cuatro principios: la transformación digital no es un fin sino un medio para la eficiencia; debe crear un proyecto país gestionado desde la cogobernanza; debe integrarse en el resto de administraciones públicas; y debe orientarse a la prestación de servicios de calidad para profesionales y ciudadanos", ha expuesto.

El 'número dos' de Juan Carlos Campo ha precisado que la transformación tecnológica de la administración de justicia se llevará 102 millones de euros, la mayoría de los cuales (72,4 millones de euros) se invertirán en la digitalización de los órganos judiciales con la aspiración de pasar de un modelo de gestión de documentos a uno de gestión de datos.

De todo ello, ha resaltado la creación de un expediente judicial electrónico, si bien ha reconocido -a preguntas planteadas por el diputado Mikel Legarda (PNV)- que aún está por decidir si se apuesta por un modelo de "interoperabilidad o integración" respecto a los actuales expedientes.

En esta partida presupuestaria, 1,2 millones de euros están pensados para implementar la "justicia digital" en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A este respecto, ha señalado que ya es una realidad en el "99 por ciento" de los órganos judiciales, pero que quedan pendientes los órganos centrales.

Además, hay cuatro millones de euros para llevar a cabo "una actualización integral" de las salas de vistas, lo cual incluye nuevos sistemas de videograbación y textualización con sistemas de transcripción automática. La idea, ha apuntado el secretario de Estado, es continuar con la celebración de juicios telemáticos y con la retransmisión en directo de los mismos.

En el plano de las comunicaciones -tanto internas como externas-, Zapatero ha comentado que, si bien la Policía Nacional y la Guardia Civil ya las realizan telemáticamente, ahora se busca que algunas unidades que por la especialidad de su trabajo siguen haciéndolo en papel, como Asuntos Internos, pasen al modo telemático, así como en lo que refiere a todas las comunicaciones con terceros países.

FONDOS EUROPEOS

Zapatero ha puesto el acento en el Programa 110.A, dotado con 410 millones de euros procedentes del mecanismo europeo para la recuperación tras la crisis del coronavirus y cuyo horizonte de gasto comprende tres anualidades, correspondiendo 27,74 millones de euros a 2021.

Esta primera partida del dinero comunitario se empleará en "implantar infraestructuras digitales homogéneas en todo el territorio", de modo que todos los órganos judiciales dispongan de sistemas de información preparados para la "nueva arquitectura" de la administración de justicia.

Uno de los objetivos de esta partida es permitir que "una buena parte de las tareas administrativas pueda llevarse a cabo de forma deslocalizada, mediante el teletrabajo o desde ubicaciones físicas de las propias administraciones pero en lugares distintos a las sedes físicas de los propios tribunales.

Zapatero ha incidido en que esto supone ahondar en los cambios que se han empezado a aplicar en la administración de justicia a causa de la pandemia con "tres medidas tecnológicas para la seguridad frente a la COVID-19" -la cita previa, la inmediación digital y el puesto de trabajo deslocalizado-, que "necesitan un último impulso".

Una vez materializada esta renovación de infraestructuras, ha avanzado que los 383 millones de euros restantes se utilizarán entre 2022 y 2023 para terminar de ejecutar el proyecto de transformación digital "de forma realista y plenamente coordinada y consensuada" con las comunidades autónomas.

El secretario de Estado ha comentado que todo ello requerirá también un andamiaje legal que formarán los anteproyectos de ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que ha comenzado a tramitarse este mes, y los de eficiencia organizativa y eficiencia digital del mismo, que se espera que empiecen su andadura en 2021.

Asimismo, ha anunciado que el Ministerio de Justicia implementará una "contabilidad analítica" para velar por la correcta aplicación de este dinero, ya que "una ejecución ineficiente resultaría en una pérdida de estas partidas, así como en una rendición de cuentas negativa ante Europa".

En su opinión, "son unos presupuestos de transformación de la administración de justicia" que plantean reformas estructurales con un "esquema de gobernanza". "Se abre algo más que una ventana de oportunidad, con el decisivo impulso de Europa, para la calidad del servicio público de justicia", ha dicho, instando a no desaprovecharla.

"DOBLEGAR" EL PODER JUDICIAL

Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han centrado su turno de preguntas en lo que han considerado "ataques" del Gobierno a la independencia de los jueces para intentar "doblegar" el Poder Judicial.

Así, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha exigido la retirada de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reducir las mayorías parlamentarias con las que se designa a doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha afeado a socialistas y 'populares' "el espectáculo de la lucha partidista por controlar el Poder Judicial". "¿Las partidas del CGPJ son para perpetrar el ataque a la Constitución que constituye la proposición de ley o ya la han retirado?", ha apostillado el diputado del PP Luis Santamaría.

Los portavoces han coincidido igualmente en reprochar al Gobierno que la Justicia sigue siendo la "gran olvidada" en los PGE, a pesar del aumento del 7,6 por ciento. Desde el Grupo Plural, Mariona Illamola ha calificado de "miseria" los 72 millones de euros para la digitalización de los órganos judiciales. "Son pequeñas acciones pero no suficientes", ha lamentado.

En la misma línea, Javier Ortega Smith, diputado de Vox, ha sostenido que "sin una justicia independiente y sin medios suficientes no se puede hablar de que exista justicia ni democracia", y ha criticado en particular la carga de trabajo de los jueces, recordando que la ratio española es de entre 11 y 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad que la europea.

En cambio, Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, ha valorado que "son unos buenos presupuestos" que suponen "un esfuerzo muy grande en un contexto extraordinario", destacando la transformación digital, aunque ha añadido que la administración de justicia aún adolece de "obstáculos", mencionando los pocos jueces y la tardanza en sus resoluciones. "Necesitamos eficacia y eficiencia con modos de funcionamiento del siglo XXI", ha reclamado.

Muñoz también ha aprovechado para refutar las críticas del PP en torno al Poder Judicial. "A pesar de sus aspavientos (...), la Justicia le importa bien poco", ha afirmado la representante 'morada', en alusión al bloqueo para la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años.

Un 28% de los operadores de espacios de trabajo flexible considera que la demanda de este tipo de oficinas está incrementándose en toda Europa, según datos de una encuesta sobre la evolución de 'flex space' realizada por Workthere, la plataforma de la consultora Savills Aguirre Newman centrada en el negocio de oficinas flexibles y coworking.

Workthere explica que disponer de espacio de trabajo fuera de los centros urbanos permite dar a los empleados la oportunidad de trabajar más cerca de casa para mantener un equilibrio entre trabajo y vida privada sin que la empresa tenga que asumir contratos de alquiler a largo plazo.

Los países con mayor demanda de empresas en búsqueda de espacio de oficina flexible suburbano son Irlanda (56%) y Alemania (33%). El incremento, no obstante, es percibido por el 33% de los encuestados, y es en Estados Unidos donde la tendencia se percibe con más claridad al manifestar un 40% de los encuestados que la demanda crece en los suburbios.

Respecto a España, el dato queda aún lejos, principalmente porque es un producto escaso, sobre el que solo el 10% de los operadores reportan incremento de demanda. Aún así, la evolución general en la demanda de 'flex space' para el próximo año ha ido mejorando en las diferentes olas de la encuesta a operadores en España.

"Estamos viendo que, cada vez más, las empresas buscan soluciones híbridas para sus trabajadores. Los espacios flexibles permiten soluciones muy rápidas con condiciones de trabajo que aseguran el bienestar y recursos para que las personas trabajen con comodidad y flexibilidad, y así, poder decidir según las necesidades y objetivos de las compañías", señala la directora de Workthere en España, Ana Zavala.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a definir los criterios del reparto de los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea (UE) y ha pedido al PSOE-A que apoye la demanda de los 23.000 millones de esos montantes para la comunidad autónoma.

Así se ha pronunciado el presidente andaluz en el Pleno del Parlamento tras la pregunta formulada por el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, en la sesión de control al Gobierno de la Junta, donde ha pedido al PSOE-A que "piense en su tierra" y "reconsidere su posición".

Moreno ha reclamado que los fondos de la UE 'Next Generation', de los que España va a recibir 140.000 millones, se inviertan en las comunidades autónomas "con los primeros criterios establecidos por la UE", es decir, "criterios de población, PIB y tasa de desempleo".

Según el presidente, aplicando el citado criterio a Andalucía "le corresponderían 23.000 millones de euros". "Estamos defendiendo los intereses de los ayuntamientos andaluces, de diputaciones y de proyectos de iniciativa privada", ha argumentado Moreno.

Por ello, ha defendido que "alza la voz" para que "Andalucía en su conjunto pueda estirar al máximo los recursos que nos corresponden". En este sentido, ha señalado que la semana pasada se celebró una Conferencia de Presidentes para abordar los fondos europeos en la que "la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció el destacado papel de las regiones".

"La presidenta de la Comisión pidió que se repartieran los fondos con criterios justos", asegura Moreno, argumentando que es "exactamente lo que pide Andalucía", y lamentando que el Gobierno de España "no ha fijado los criterios de reparto, después de pedir con mucha prisa los fondos".

Moreno ha explicado que "el Gobierno prometió una conferencia sectorial", hecho que el presidente andaluz valora, pero lamenta que no se ha llevado a cabo.

Asimismo, Moreno cree que "se puede llegar a un acuerdo en Andalucía si se anteponen los intereses de los andaluces", y ha afeado al PSOE-A que en la resolución sobre los fondos europeos que se aprobó en el reciente debate del Estado de la Comunidad "no supiera ponerse en la situación de los andaluces que solicitan esos recursos". Por ello, ha pedido a los socialistas que "reconsideren su posición" y "piensen en su tierra".

"UNA DE LAS REGIONES MÁS IMPORTANTES DE EUROPA"

Moreno ha resaltado que Andalucía es "una de las regiones más importantes de Europa" y ha reconocido que la comunidad "tiene muchas esperanzas en estos fondos" porque del impacto del Covid-19 "no vamos a poder salir solos, al igual que España no puede salir sin la ayuda de Europa".

"Nosotros lo único que queremos es claridad y transparencia y, por ello, ya se dispone de un banco de proyectos sobre procesos de digitalización y de lucha contra el cambio climático", ha detallado el presidente de la Junta.

Igualmente, ha subrayado "la estrategia de cogobernanza y la oficina gestora" de Andalucía, con el objetivo de que estas iniciativas "estén interconectadas con la sociedad". "Andalucía se merece esos fondos, los necesita y los andaluces no estamos dispuestos a que nos quiten ni un céntimo de euro de lo que nos corresponde", ha argumentado.

DIÁLOGO CON PLANAS

Según el presidente, en la comunidad andaluza los fondos europeos "no han sido del todo bien gestionados", por lo que "se han perdido grandes oportunidades". A pesar de ello, considera que han resultado "fundamentales para garantizar la agricultura" y, en este sentido, ha valorado su reciente reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien le reconoce "una actitud sumamente interesante para poder dialogar". "Me reuniré cuantas veces haga falta con el ministro, a quien le agradezco su diálogo", ha valorado Moreno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alabado este jueves la "vía valenciana" como ejemplo de gestión de la pandemia y de unidad para salir de la crisis frente a la "confrontación" de otros gobiernos autonómicos, una postura que ha pedido abandonar. "Lo digo con satisfacción, orgullo y algo de envidia", ha aseverado.

Sánchez ha presentado el 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española' en el Museo de les Ciencias, en un acto junto a empresarios y representantes institucionales como el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

La unidad, ha reivindicado, es "la única alternativa" que se puede permitir España y "la única que se merece", con el objetivo de asentar un crecimiento robusto tanto de la economía valenciana como la de todo el país.

La Comunidad tiene un capital humano y unas posibilidades inmejorables", ha destacado en relación a su potencial innovador, su tradición de colaboración público-privada, su situación geográfica privilegiada, la riqueza de su tierra y el "tesoro" de su cultura. Son fortalezas con las que, a su juicio, merece desarrollar su capital humano en todo su potencial.

El jefe del ejecutivo ha empezado su discurso recordando cuando se estrenó 'Bienvenido Mister Marshall' a mediados del XX --en 2021 se celebra el Año Berlanga--, mientras "hoy el coche de Berlanga no podría atravesar la plaza del Ayuntamiento de Valencia porque es la segunda ciudad más peatonalizada de España".

Con este ejemplo ha llamado a aprovechar la oportunidad histórica que supondrán los fondos europeos de reconstrucción para regiones como la Comunitat, "situada en primera línea de salida para ese futuro", además de preguntarse "qué seremos capaces de hacer en 2030 o 2050". "Estamos ante un cambio de época para un crecimiento robusto", ha reafirmado.

Echando la vista atrás, Sánchez ha recordado que la última vez que estuvo en Valencia fue el 25 de enero por los daños de la borrasca 'Gloria', "aunque hoy parezca que fue en la prehistoria". Pero ha pedido que las prioridades de futuro son hoy las mismas que entonces, más allá del coronavirus, como el sector de los cuidados o la transformación energética, con el Mediterráneo como "zona cero" del cambio climático.

Ha defendido así "una Comunitat Valenciana 'verde', digital, feminista y cohesionada" y ha garantizado que algunos de sus sectores clave, como el turismo o la automoción, saldrán "aun más fuertes" de la crisis, así como que tendrá un papel relevante en la estrategia del Gobierno para salir de la crisis.

Pero, para conseguirlo, ha vuelto a urgir a que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) salga adelante en el Congreso antes de fin de año, asegurando que se verán beneficiados todos los valencianos al atender algunas "demandas históricas" en infraestructuras. Son unas cuentas "trascendentales" para la Comunitat con casi 1.200 millones, un 57% más, y el 9,6% del total de España.

INVERSIONES CRUCIALES

Inversiones "cruciales" para el también líder del PSOE como los 38 millones para el transporte metropolitano de Valencia, los fondos para el acondicionamiento de la costa ante la "amenaza de muerte" del cambio climático, la mejora de los trenes de cercanías, la asunción de la deuda de La Marina de Valencia o los beneficios fiscales para la Valencia Capital Mundial del Diseño 2022.

A largo plazo, ha confiado en que estas actuaciones servirán para abrir camino al plan de resiliencia y a los proyectos beneficiados de fondos europeos, con la meta de modernizar el turismo o la agricultura, descarbonizar la industria valenciana o "dar el empuje definitivo a una infraestructura clave como el Corredor Mediterráneo, una de las principales demandas para mejorar la competitividad". También ha llamado a "devolver a la Comunitat la posición de excelencia internacional en I+D+i.

El presidente ha puesto como ejemplo algunas compañías valencianas "pioneras" como Sapiens Energía o las de videojuegos elite3d, Spherical Pixel o Codigames. "Las empresas de Valencia también llegan a Silicon Valley", ha celebrado en relación a Cuatroochenta, con lo que "la Comunitat puede ser la vanguardia del tejido digital que necesita España".

En la misma línea, ha resaltado el compromiso con la igualdad gracias a iniciativas como el Espacio Lidera de Valencia, así como el alineamiento del proyecto educativo de la Generalitat y del Gobierno, los proyectos sociales de la cooperativa Consum o la empresa Timpers de zapatillas diseñadas por ciegos.

"En la Comunitat Valenciana existe una gran sensibilidad por la recuperación de la cohesión social y territorial y por un crecimiento inclusivo", ha manifestado, llamando a seguir esta dirección en toda España.

Y ha remachado: "Tenemos que elegir entre ambición o resignación, capacidad o debilidad, unidad o enfrentamiento. Seamos conscientes del momento histórico y demos ejemplo al mundo; este es un país admirable".

Podemos ha subrayado que "no han elegido los tiempos" en la expulsión de la líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, y sus afines de Adelante Andalucía, pues los movimientos" e "incumplimientos" de esta formación dentro del grupo parlamentario, coincidiendo con su baja maternal, les "obligaron" a actuar.

También ha recalcado que se trata de un conflicto "netamente andaluz", del que no quieren que se monte un "circo", y que el vicepresidente y líder del partido morado, Pablo Iglesias, "no tiene nada que ver en esta historia".

Así lo ha manifestado la diputada nacional y coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde en rueda de prensa en el Congreso para explicar una iniciativa de Unidas Podemos para que el Gobierno aporte información sobre el destino de los fondos de recuperación ante la crisis del Covid-19 en la región, en relación a la polémica salida del sector anticapitalista de Adelante Andalucía.

"Nosotros en Andalucía no hemos elegido los tiempos en los que se toma esta decisión, nos han obligado anticapitalistas porque este movimiento se hace durante la baja de Teresa", ha recalcado respecto a la polémica de hace unos días entre Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

NO VAMOS A ENTRAR EN UN "CIRCO"

La coordinadora general de Podemos en Andalucía ha subrayado que no quieren agrandar esta polémica porque la población de la región está preocupada "en otras cosas", como la incidencia del Covid-19 en la segunda ola y los efectos de la crisis en sus puestos de trabajo.

Y es que ha opinado que "la gente no va a perdonar" que se discuta sobre "temas internos", para recalcar que en Podemos no quieren formar parte "de un circo y un show" que fomente la "desafección política".

Dicho esto, Velarde ha insistido en que Podemos Andalucía se ha visto "obligada a tomar una serie de decisiones", ratificada por los órganos de dirección regionales, ante los "incumplimientos" de Anticapitalistas de los acuerdos que sustentan el grupo Adelante Andalucía.

SITUACIÓN "COMPLICADA"

En esta línea, la dirigente de la formación morada ha relatado que no les ha quedado otra opción que defenderse de esos "incumplimientos sistemáticos" en el seno del grupo parlamentario andaluz, que les llevaba a una situación jurídica "complicada", donde eran "sujetos pasivos" por parte de unas personas que "militaban en otro partido".

"Podemos Andalucía han tenido que actuar", ha remachado Velarde para insistir en que han padecido un incumplimiento manifiesto de las normas de Adelante Andalucía por parte de Anticapitalistas. En consecuencia, no van a entrar más en "algo que abochorna a la gente".

Cuestionada sobre el pacto previo con el líder del partido, Pablo Iglesias, que alega Rodríguez para criticar su expulsión, Velarde ha subrayado que en todo caso es previo a esos incumplimientos y después de "muchas circunstancias", como abandonar Podemos y "crear un nuevo partido".

"Pablo Iglesias no tiene nada que ver con esta historia, que es meramente andaluza", ha enfatizado para agregar que el dirigente de Podemos "está a lo que tiene que estar", a su labor como vicepresidente y en "cambiar la vida de la gente de este país".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado este jueves el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid destinado a ayudas de comedor para alumnos de colegios públicos y de la Red Municipal de Escuelas Infantiles en 2020. Además, ha autorizado el gasto de 5 millones de euros que corresponde a la aportación que el Consistorio hace al convenio, según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa.

Con este acuerdo, se persigue garantizar la cobertura de la alimentación de los menores en situación de vulnerabilidad socio-económica y matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos. La aportación del Ayuntamiento permite complementar el sistema de precios reducidos de comedor para las familias que no puedan pagarlos.

Como explicó en el último Pleno municipal el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar, Pepe Aniorte, el sistema fija el precio del comedor en 96 euros al mes y establece unas cuotas reducidas de 68, 24 y cero euros para familias que reúnan determinados requisitos.

Gracias a este convenio, estas familias no tendrán que pagar cantidad alguna por la comida que se proporciona a sus hijos en los centros escolares. Entre los criterios para el acceso a los precios reducidos están ser perceptor de la Renta Mínima de Inserción, víctima de violencia de género, víctima de terrorismo o estar en acogimiento familiar.

Los cinco millones de euros que aporta el Ayuntamiento al convenio se han calculado para poder atender el 100 por ciento de la demanda a partir de una estimación de los menores beneficiarios de acuerdo con los criterios establecidos en las órdenes reguladoras del precio reducido del menú escolar.

Recientemente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que los precios reducidos se harían extensivos a las familias que perciban el Ingreso Mínimo Vital.

Agentes de la Policía Nacional han localizado a una mujer, de 47 años, que llevaba recluida 18 años en su vivienda en Málaga y cuya desaparición había denunciado recientemente un tío suyo después de no saber nada de ella en mucho tiempo.

En todo este periodo no existen registros públicos que acrediten movimientos de la desaparecida. De hecho su última renovación del DNI data del año 2001 y tampoco constan asistencias médicas en las bases de datos del Servicio Andaluz de Salud, según han informado desde la Comisaría provincial en un comunicado.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga han dado con el paradero de la desaparecida, localizada sin musculatura en las piernas, ante la falta de actividad física, que le impedía caminar con normalidad.

Según la investigación, esta mujer convivía en el domicilio junto a su madre septuagenaria y una hermana de edad similar a ella, quienes sí salían a la calle en rara ocasión y tenían un comportamiento huidizo en el vecindario, han precisado las fuentes policiales.

Los hechos fueron denunciados por un tío de la desaparecida después de que acudiera a Comisaría a entrevistarse con los agentes y expusiera que llevaba casi dos décadas sin ver a su sobrina.

Los investigadores comenzaron a realizar gestiones para localizar a la mujer. Los vecinos aseguraban que sólo veían salir del inmueble, esporádicamente, a la madre y a una hija, y que estas recibían la compra a domicilio.

Paralelamente, a través de una funcionaria pública, conocieron la especial situación del núcleo familiar de la desaparecida, al haber gestionado diversos trámites para que la madre pudiese seguir cobrando la pensión de viudedad, al estar un año sin percibirla por falta de renovación de documentación, e incluso tramitarle la instalación de un contador tras un corte en el suministro del agua.

Todos los intentos de la Policía para lograr que la madre de la desaparecida accediera a que los agentes comprobaran el estado de salud de su hija fueron infructuosos, por lo que, ante la posibilidad de que aquella se encontrara en una situación de grave riesgo para su integridad física y/o moral, solicitaron a la Autoridad Judicial mandamiento de entrada en el domicilio.

Así, los agentes accedieron al domicilio la mañana del jueves 29 de octubre, en compañía de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga, teniendo que utilizar la fuerza, ante la negativa de sus moradoras a facilitar el acceso. Allí, localizaron a la desaparecida, "que manifestó espontáneamente estar confinada en la vivienda por propia voluntad"; así como a su madre y a su hermana, todas en un estado emocional alterado.

Finalmente, los tres miembros de la familia accedieron voluntariamente a su traslado a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han solicitado al Gobierno que reactive las medidas que destinó a pymes (vigentes hasta septiembre), como la bajada de potencia eléctrica y de caudal de gas sin penalización, ante el anuncio del nuevo estado de alarma y el consiguiente cierre de establecimientos en el sector alojativo.

Tras la declaración en marzo del primer estado de alarma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico determinó destinar medidas para pymes relacionadas con el abono de servicios básicos como la electricidad y el gas durante el estado de alarma y los tres meses posteriores.

Entre ellas se contemplaba la suspensión de pago de las facturas tanto de gas como de electricidad a pequeñas y medianas empresas y las modificaciones sin penalización de potencias en electricidad y de caudal en gas.

Los hoteleros aseguran que estas medidas ayudaron a aliviar "en cierta medida" la situación del sector alojativo puesto que, con la llegada de la pandemia, muchos establecimientos se vieron abocados al cierre y a una solicitud del cambio de potencia energética.

En el caso de la electricidad, la normativa general permite tan solo un cambio al año. Así, con la llegada de la desescalada y la reapertura de algunos establecimientos hoteleros, los alojamientos que abrieron pudieron solicitar de nuevo un cambio de potencia gracias a las medidas contempladas por el Ejecutivo. Estas disposiciones dejaron de estar en vigor en septiembre de este año.

Sin embargo, los hoteleros alertan de que con la declaración del nuevo estado de alarma (que podría durar hasta mayo de 2021), muchos establecimientos se están viendo en la obligación de volver a cerrar y, con la actual normativa, no pueden solicitar un nuevo cambio de potencia energética.

Por ello, los hoteleros demandan que se mantengan o prorroguen las dos medidas especiales aprobadas durante el anterior estado de alarma o que se consideren otras similares y que "el marco legislativo aporte medidas concretas para que cada establecimiento pueda implementar soluciones particulares de forma flexible".

"Esto permitiría proteger la viabilidad de las empresas y la competitividad del sector también desde el punto de vista energético", aseguran los hoteleros.

"Necesitamos soluciones concretas que permitan la supervivencia del sector hasta que se garantice la reactivación de la actividad turística y la consiguiente reapertura de los establecimientos hoteleros", afirmó el presidente de Cehat, Jorge Marichal.

El coste de la pandemia en el sector hotelero se estima en unos 50.000 euros por hotel al mes de los que el sobrecoste energético supone entre 2.000 y 3.000 euros mensuales por alojamiento.

"Este tipo de medidas para pymes son esenciales para poder adaptar las necesidades de los establecimientos alojativos a las nuevas medidas tomadas desde el Gobierno para combatir la pandemia", concluye el director general del ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz.

El Consejo de Seguridad Nacional considera que la crisis provocada por la pandemia de coronavirus "se ha visto exacerbada por el uso perverso de la desinformación por parte de actores tanto estatales como no estatales" que pretenden "minar" las instituciones y "alentar la polarización social".

Por eso, sostiene que hacen falta "mecanismos de lucha contra esta amenaza", según señala en un acuerdo que adoptó el pasado 6 de octubre y que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), el mismo día en que también se ha publicado el procedimiento de lucha contra la desinformación aprobado por el mismo órgano.

El acuerdo fija el procedimiento para elaborar la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, cuyo borrador será "sometido a consideración de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional" en la que se sientan las comunidades y las ciudades autónomas.

La Estrategia sustituirá a la elaborada en 2017, teniendo en cuenta que "la crisis del coronavirus ha supuesto un antes y un después en el contexto estratégico internacional y una emergencia nacional sanitaria, económica y social sin precedentes", que obliga a revisarla y a "dar respuesta a las vulnerabilidades expuestas.

Ante las amenazas globales y la rapidez de los cambios, el Consejo de Seguridad Nacional quiere evaluar los ámbitos definidos en la Seguridad Nacional y las relaciones entre ellos para establecer líneas de acción transversales para poder planificar ante una eventual crisis.

También quiere establecer un sistema de alerta temprana para cada ámbito de la Seguridad Nacional, basado en indicadores y aprovechando la tecnología disponible, que "permita la detección de crisis potenciales y la activación temprana del sistema de gestión de crisis" para usar los recursos de forma óptima.

En tercer lugar, se propone utilizar la tecnología, aprovechando la inteligencia artificial y la mecanización de procesos, para lograr una mayor velocidad de reacción.

Como en 2017, Estrategia la elaborará el Consejo de Seguridad a través de una Comisión de Alto Nivel que presidirá el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, asistido en calidad devicepresidente por el director del Departamento de Seguridad Nacional.

Los vocales serán secretarios de Estado o subsecretarios de las cuatro vicepresidencias y los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Educación y FormaciónProfesional, Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación, Política Territorial y Función Pública, Sanidad,Ciencia e Innovación y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social yMigraciones.

Serán vocales de la Comisión de Alto Nivel el Secretario de Estado de Comunicación y la Secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia.

En apoyo de la Comisión de Alto Nivel habrá un Comité Asesor con representantes de los sectores público y privado y de la sociedad civil para recibir sus observaciones y aportaciones al borrador.

Una vez elaborado, el borrador será sometido a la consideración de la Conferencia Sectorial; posteriormente, será aprobado como propuesta de Estrategia y necesitará el informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente.

Vox ha criticado este jueves el plan contra las 'fake news' aprobado por el Gobierno, que ha bautizado como "Ministerio de la Verdad" y cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves un procedimiento de actuación contra la desinformación mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

"El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden", ha alertado después Vox en su cuenta oficial de Twitter.

El partido liderado por Santiago Abascal denuncia que el Gobierno "antepone su poder al bienestar" y a la "libertad de los ciudadanos". "La dictadura de Sánchez crea el Ministerio de la Verdad", denuncia por su parte la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "arrogarse la potestad de decidir" qué es 'fake news', algo que ha calificado de "auténtico escándalo". Por eso, le ha emplazado a retirar su orden ministerial.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno haya aprobado un procedimiento de actuación contra las 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

La citada orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.

Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

"ES UN AUTÉNTICO ESCÁNDALO"

Montesinos ha asegurado que con esta orden el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera". A su entender, se trata de un "un auténtico escándalo".

"¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá en frente al PP en defensa de la libertad de información", ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Dicho esto, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha solicitado al Ejecutivo de coalición que retire esa orden ministerial y se siente con las asociaciones de periodistas y los profesionales de los medios.

"El Gobierno tiene que retirar la orden ministerial que ha aprobado por la puerta de atrás y escuchar a las asociaciones de periodistas y a los profesionales de los medios de comunicación", ha exigido.

El Ministerio del Interior celebró ayer una reunión al máximo nivel con la participación de mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los consejeros de las Comunidades Autónomas que tienen policías propias con el objetivo de "volcarse" en la prevención de los posibles disturbios que puedan seguir protagonizando en los próximos días algunos "criminales" que protestan con "consignas vacías" contra el estado de alarma para prevenir el contagio de coronavirus.

De la reunión ha dado cuenta el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en su comparecencia en la Comisión de Interior en el Senado para hablar de las líneas generales del departamento. En concreto, ha dicho que se celebró ayer una "reunión de coordinación" y que contó con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como con "altos representantes de las policías autonómicas".

Según detallan otras fuentes conocedoras de la reunión, la cita se celebró por videoconferencia y en la misma participaron los consejeros de Cataluña, País Vasco y Navarra, así como altos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

GRUPOS MUY LIMITADOS Y CONSIGNAS VACÍAS

Como ya hiciera el martes el ministro Grande-Marlaska, el secretario de Estado ha desligado de momento estas protestas con partidos políticos. "Algunos quieren hacer referencia a si son de una determinada ideología u otra", ha comentado Rafael Pérez, pidiendo dejar trabajar a los servicios de inteligencia, que tienen como objetivo detectar a estas personas que ha definido como "criminales que siguen consignas vacías y con la única intención de alterar el orden público y causar daño".

El 'número dos' de Interior ha señalado en el Senado que no se puede "restar gravedad" a los últimos incidentes en las calles de varias ciudades, sobre todo el pasado Puente de Todos los Santos. Dicho esto, ha pedido ser consciente del "alcance concreto" de estos altercados que ha ligado con "grupos muy limitados de personas".

Ante las críticas de falta de previsión durante el Puente de Todos los Santos, Rafael Pérez ha comentado que no fue así. "Existió coordinación con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y comunicación continua con las policías autonómicas".

En este sentido, ha reconocido que es complicado detectar a estos grupos violentos porque muchas veces se hacen notar aprovechando protestas contra el estado de alarma debidamente convocadas.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha avisado este jueves de que el presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Defensa, pese a la subida del 4,6% por ciento prevista para 2021, sigue siendo insuficiente para atender a todas sus necesidades, como el necesario adiestramiento de sus efectivos o el mantenimiento del material disponible.

El JEMAD ha lanzado esta advertencia durante su comparecencia en el Congreso con motivo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado por el Gobierno; y siguiendo la línea de sus antecesores en anteriores ejercicios, que llegaron a advertir de que estaba en juego la "operatividad" de las Fuerzas Armadas.

Ante la Comisión de Defensa, el JEMAD ha valorado el "esfuerzo" que supone el incremento de 417 millones del presupuesto de Defensa en un contexto "tan delicado" como el actual. Sin embargo, ha ahondado en los déficits que mantiene y que dificultan la labor de las Fuerzas Armadas.

Ha señalado por ejemplo el adiestramiento de las unidades militares, que ha explicado que ha tenido que adaptarse al presupuesto disponible reduciendo la preparación de los efectivos que no vayan a integrarse próximamente y, por tanto, reduciendo el número de equipos y tripulaciones preparados para sus cometidos.

Eso sí, ha garantizado que todas aquellas unidades que adquieren una determinada certificación están preparadas para acometer sus labores "con plena garantía de seguridad".

También ha abordado las partidas para mantenimiento y sostenimiento de los sistemas disponibles, que ha asegurado que son un 35 por ciento inferiores a las del año 2008 y han obligado a "priorizar de forma dramática" entre las necesidades más urgentes.

Según ha detallado, durante el año 2020 solo han podido ser atendidas un 51 por ciento de las operaciones de mantenimiento necesarias, lejos del 70 por ciento que se había establecido como mínimo para atender las emergencias. Esto ha supuesto que las Fuerzas Armadas dispongan de un "alto porcentaje" de materiales inmovilizados "por falta recursos".

Por ello, el general Villarroya ha hecho un llamamiento a estudiar las nuevas adquisiciones de material de armamento. "Nuevos sistemas sí, pero siempre que no vaya en detrimento del material en servicio", ha pedido sobre la oportunidad de conjugar ambas necesidades para que "un esfuerzo no hipoteque a otro".

FINANCIACIÓN DE LAS MISIONES INTERNACIONALES

El JEMAD también ha puesto el foco en el sistema de financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz, ya que solo una pequeña parte de su coste está integrado en el presupuesto ordinario de Defensa y el resto se financia con cargo a los fondos de contingencia.

Por ejemplo, de los 1.176 millones previstos para las misiones internacionales en 2020, solo 314 millones estaban contemplados en los Presupuestos. "El resto se financiaba con fondos de contingencia, no habiéndose recibido ni mucho menos la cifra inicialmente prevista", ha revelado.

El JEMAD ha dicho ser consciente de la "dificultad" que supone este cambio, pero cree que debe emprenderse porque "no es conveniente dejar la mayoría" de la cuantía de las operaciones "sujeta a un recurso financiero tan incierto".

INVERTIR EN DEFENSA, SALVAR VIDAS

En este contexto, ha defendido que invertir en capacidades militares supone "invertir en la defensa de los españoles y salvar vidas", además de un "motor" para la industria española. Y por ello considera necesarias "coherencia y estabilidad" para las políticas de defensa.

Y ha insistido en este planteamiento ante las críticas de diputados como Joan Josep Nuet, de ERC, quien ha planteado la tradicional disyuntiva entre "cañones o mantequilla". "Tiene usted un concepto desfasado de la defensa nacional", ha respondido el general Villarroya.

Según ha defendido, la pandemia de Covid-19 ha demostrado que las Fuerzas Armadas no solo actúan en la defensa militar, sino que también cumplen otras funciones como la atención a la sociedad en situaciones de emergencia.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que presuntamente inducía a la prostitución a niñas fugadas de un centro de protección en Alicante. Las menores acudían a un domicilio cuyo propietario presuntamente les ofrecía sustancias estupefacientes y en el que las jóvenes transformaban su apariencia física para parecer mayores y pasar desapercibidas, según ha informado la Policía en un comunicado. También eran llevadas a diferentes lugares de la provincia en coches de alta gama para ejercer la prostitución.

En la operación los agentes han detenido a nueve personas de diferentes nacionalidades, cuatro de ellas menores, acusadas de pertenencia a grupo criminal, corrupción de menores, inducción al abandono del domicilio familiar, tráfico de drogas y delito contra la seguridad del tráfico. Además, han localizado a dos víctimas, de 15 y 16 años, una de ellas también arrestada. La investigación continúa abierta para tratar de detener al presunto cabecilla de la red, un hombre de nacionalidad rumana que presuntamente llegó a abusar de las menores y que salió del país días antes del operativo.

Las personas arrestadas presuntamente formaban parte de un grupo criminal que incitaba a menores vulnerables a abandonar el centro donde se encontraban ofreciéndoles sustancias estupefacientes y facilitándoles que ejercieran la prostitución. Dos de las menores detenidas supuestamente trataban de convencer a otras jóvenes para que se fugaran del centro y se iniciaran en el mundo de la prostitución.

DENUNCIA DE LA DIRECCIÓN

La denuncia fue interpuesta por la dirección del centro de protección donde se encontraban las menores, en el que observaron su "anómalo comportamiento". Según el relato de la denuncia, las menores podrían estar siendo inducidas y ayudadas por otra joven del mismo centro a abandonarlo para dedicarse a esa actividad.

Con esa información, los agentes comenzaron la investigación, y pudieron determinar, en un primer momento, que las menores acudían a un domicilio próximo al centro de protección, cuyo propietario les ofrecía sustancias estupefacientes y donde supuestamente transformaban su apariencia física para parecer mayores y pasar desapercibidas, llegando incluso a teñirse el pelo.

Posteriormente, eran trasladas a otro domicilio situado en una céntrica calle de Alicante, propiedad del considerado cabecilla de la banda, de nacionalidad rumana y que, según los investigadores policiales, estaba encargado de gestionar los clientes y las citas de las menores.

En este domicilio, a las menores supuestamente se les ofrecía sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas con el fin de alterar su comportamiento, llegando este investigado a abusar sexualmente de las jóvenes. En este piso también se grababa a las jóvenes en "actitudes sensuales", unos vídeos que se compartían en redes sociales y, presuntamente, eran utilizados para ofrecer sus servicios sexuales.

La organización tenía repartida las tareas de cada integrante. Así, uno de los detenidos era el encargado de trasladarlas en un vehículo de alta gama a diferentes lugares de toda la provincia donde presuntamente se prostituían, también les facilitaba sustancias estupefacientes y llegando él mismo a mantener relaciones sexuales con las menores a cambio de una contraprestación económica.

Asimismo, una de las menores detenidas supuestamente se encargaba de dar las indicaciones de lo que debían con las jóvenes: dónde llevarlas, cómo cambiar su aspecto físico, cómo facilitarles drogas y alcohol.

Conseguida toda esta información, y una vez que los agentes lograron identificar a los miembros del grupo, se estableció un dispositivo policial especial que localizó y detuvo a los investigados, a excepción del considerado cabecilla de la banda, que unos días antes del operativo había salido del país.

Igualmente, se realizaron tres registros en los diferentes inmuebles utilizados para dar cobijo a las jóvenes. En estos registros los agentes intervinieron varios teléfonos móviles, material informático, documentación, ropa pertenecientes a las víctimas, una placa falsa de la Guardia Civil, varias armas simuladas y 400 euros en efectivo.

Tres de los detenidos mayores de edad, con edades comprendidas entre los 24 y 59 años y de nacionalidad española, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Las cuatro menores detenidas, de 15 y 16 años y de nacionalidades española, rumana y venezolana, fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante, que decretó el internamiento de dos de ellas en centros de régimen cerrado. El resto de arrestados fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración en la Comisaría de Alicante.

La investigación continúa abierta con el fin de localizar al presunto cabecilla de la organización, así como para determinar la posible existencia de alguna víctima más.

El tribunal de Gante ha dado luz verde a la extradición de la etarra Natividad Jauregui, reclamada por las autoridades españolas por varias causas relativas a atentados terroristas en la década de los 80, aunque la decisión no es definitiva.

Fuentes judiciales confirman que el proceso de entrega a España se ha reactivado, pero la defensa de Jauregui ya ha presentado un recurso, por lo que la última palabra la tendrá el Tribunal de Casación en el mes de agosto.

Jauregui fue miembro del 'comando Vizcaya' de ETA y lleva fugada de España más de 30 años.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha afirmado este jueves que España se está enfrentando a "dificultades especiales" en la gestión de la pandemia de coronavirus y su impacto económico y ha atribuido la mayor caída de PIB español en 2020 tanto a su "estructura economíca", en especial al peso del turismo, como al hecho de que la segunda ola de contagios llegó antes que a otros Estados miembros.

"Efectivamente España se ha enfrentado a dificultades especiales, no solo relacionadas con la estructura de su economía (...), también en España especificamente los brotes de la llamada segunda ola desafortunadamente han golpeado antes que a otros (países) y eso por supuesto influye en nuestras previsiones", ha explicado en una rueda de prensa.

El italiano ha mencionado especialmente la dependencia del turismo, uno de los sectores más afectados en esta crisis por las restricciones de movilidad. En el informe, ha dicho, se puede ver "lo importante que es para España" este campo de actividad económica.

En cualquier caso, Gentiloni ha recordado que las nuevas previsiones de Bruselas, que recogen una caída del PIB del 12,4% en 2020, también estiman un "rebote" de la economía española en 2021 y 2022 del 5,4% y 4,8%, respectivamente, que están "por encima de la media" europea.

Así las cosas, el comisario de Economía ha enfatizado que estas proyecciones no juzgan las políticas y decisiones adoptadas por el Gobierno español, con el que mantiene un "espíritu de cooperación".

"Solo hacemos balance basándonos principalmente en dos cosas. La estructura de la economía, afectada particularmente por sectores especialmente golpeados, y la evolución de la pandemia", ha insistido.

ANIMA A SOLICITAR TAMBIÉN LOS PRÉSTAMOS EUROPEOS

Por otro lado, preguntado de nuevo por el hecho de que España no considera todavía la posibilidad de pedir los créditos del fondo de recuperación, Gentiloni ha insistido en que Bruselas alienta a todos los Estados miembros a hacer uso tanto de las transferencias no reembolsables como de los préstamos.

También, de hecho, los de la línea especial del fondo de rescates, pensados para reforzar los sistemas sanitarios nacionales. "No tenemos préstamos sólo en el fondo de recuperación si no que hay subvenciones y créditos en toda la caja de herramientas. Alentamos un uso completo de esta caja de herramientas", ha dicho el comisario.

Sin embargo, ha añadido que estas decisiones "no se toman en Bruselas" y que la Comisión Europea respetará las preferencias de los Estados miembros en este sentido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que la campaña de vacunación contra el coronavirus "podría estar lista" dentro de seis meses, en mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma que implementó el Ejecutivo central hace dos semanas y cuya prórroga ratificó el Congreso de los Diputados.

"Las nuevas vacunas podrían estar listas para ese momento, acompañando con el cambio de estación, y eso nos ayudará a recuperar progresivamente esa nueva normalidad", ha subrayado el jefe del Ejecutivo en una comparecencia conjunta con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, adelantó hace unos días que España tendrá una primera tanda de vacunas a principios del año que viene o a finales de este "si las cosas van muy bien", aunque coincidió con el presidente del Gobierno en que habrá que seguir "conviviendo" con el Covid-19 hasta el mes de mayo.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar la duración por seis meses, hasta mayo, de este estado de alarma a nivel nacional porque, según ha defendido, es el tiempo "que marcan los científicos" para pasar la "etapa más crítica" de la segunda ola del Covid-19.

"ESTRATEGIA NACIONAL"

Eso sí, hasta que llegue la vacuna, Sánchez ha reafirmado la "estrategia nacional" que, a su juicio, existe en la lucha contra el coronavirus por parte de las distintas administraciones. A este respecto, ha defendido el Consejo Interterritorial de Salud como el marco para tomar medidas consensuadas para controlar la pandemia.

Así, ha defendido los tres pilares en materia de coordinación para tomar medidas: los indicadores comunes para llevar a cabo ciertas restricciones, el estado de alarma para tener seguridad jurídica a la hora de establecer ciertas normas y la evaluación de estas medidas.

En este sentido, ha repetido las palabras del titular de Sanidad, Salvador Illa, que pedía un plazo de "dos o tres semanas" para evaluar las medidas que se están tomando antes de aplicar restricciones más severas como el confinamiento domiciliario como piden algunas Comunidades Autónomas.

Por último, Sánchez se ha mostrado convencido de que "estos momentos amargos pasarán" y de que "en medio de la zozobra y la fatiga de la pandemia es cuando debemos sobreponernos", lo que ve como el mayor reto social de la historia de España. También ha abogado por ir hacia un sistema de cuidados "mucho más cercano" porque "los mayores no quieren ir a una residencia".

La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha aceptado la renuncia como Comisionado del Gobierno para la Atención de las Víctimas del Terrorismo de Ignacio García de Vinuesa, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La renuncia se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya incluido a García Vinuesa entre los investigados en el caso Púnica por presuntamente pagar con dinero público sus campañas de imagen.

El Ejecutivo regional ha agradecido la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional.

El exalcalde de Alcobendas, que contaba con un sueldo de 75.085 euros anuales, sustituyó en el cargo a la expresidenta de la Asociación Víctimas del Terorismo (AVT) Ángeles Pedraza tras ser nombrada gerente del organismo autónomo Madrid 112.

Como posible sustituta de Pedraza sonó el nombre de la exdiputada nacional del PP y hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, Marimar Blanco. Su nombre estaba entre las papeletas pero finalmente se alejó de esta opción al decantarse por seguir siendo entonces diputada del PP.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha solicitado de nuevo este jueves una auditoría de todos los contratos que ha realizado el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, ya que, según ha dicho, al no publicarlos no se sabe "ni a quién se los hace, ni el importe" de los mismos. En este punto, ha asegurado que va a haber "sorpresas mayúsculas" en esos contratos firmados durante el estado de alarma.

"Hemos pedido una auditoría de todos los contratos que hace el Ministerio porque sorprendentemente el descubrimiento que se ha hecho es que Pablo Iglesias está haciendo contratos en los que no se sabe a quién se los hace, no se sabe el importe y no hay control ninguno porque no publican los contratos", ha afirmado Maroto.

En una entrevista en TVE, Maroto ha señalado que su partido está "analizando cada uno de esos contratos para identificar a quién se está contratando, por qué importe y por qué".

"Si le puedo asegurar que va a haber sorpresas mayúsculas en los contratos que ha firmado el señor Iglesias durante la pandemia, mejor dicho, durante el estado de alarma", ha manifestado el portavoz del PP en la Cámara Alta.

El dirigente del PP ha insistido en que se van a encontrar con "sorpresas mayúsculas" al ver el contenido. Naturalmente, una vez que eso se haga público, siempre cabe la vía del recurso y de la denuncia para que los tribunales puedan, en su caso, tomar posición", ha añadido.

IGLESIAS NIEGA HABER OCULTADO INFORMACIÓN

El pasado martes, en el Pleno del Senado, Pablo Iglesias negó que su departamento haya ocultado información sobre 26 contratos tramitados durante la primera fase de la pandemia y acusó al PP de "normalizar la mentira" para tratar de "montar un titular escandaloso" con vistas a generar "cierto ruido parlamentario".

Por su parte, el Grupo Popular le retó entonces a que someta a auditoría toda la contratación lanzada durante el estado de alarma, para verificar que toda la contratación del Ministerio de Derechos Sociales se ha publicado de acuerdo a la normativa y se han adjudicado correctamente.

La senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero llevó este asunto a la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta después de que el diario 'El Mundo' publicase ese día que no había información pública sobre un total de 26 contratos tramitados durante el estado de alarma, en base a los datos de una repuesta parlamentaria del Ejecutivo.