Desde las 00.00 horas de este viernes hasta las 00.00 horas del martes 10 de noviembre volverá a limitarse la entrada y salida de la región, con el fin de contener los contagios que podrían incrementarse con motivo de la movilidad que podría producirse por la festividad de La Almudena, que se celebra el día 9 de noviembre.

Las limitaciones entrarán en vigor conforme al decreto aprobado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 29 de octubre, para evitar la "excesiva movilidad" asociada al puente de Todos los Santos (del 31 de octubre al 2 de noviembre), y al de La Almudena, que abarca los próximos 7, 8 y 9 de noviembre.

De esta forma, la región estará cerrada perimetralmente salvo para los desplazamientos, "adecuadamente justificados", que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; por cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. También se contempla el retorno al lugar de residencia habitual o familiar, el cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Asimismo, se podrá salir o entrar en la región si se trata de desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; o por causa de fuerza mayor. Por otro lado, los trayectos en tránsito a través de la región quedan permitidos.

Según el Gobierno regional, con el cierre de la región durante el puente de Todos los Santos se evitó el millón de desplazamientos que se registró el año pasado por esas fechas.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido a la Comunidad de Madrid que si bien el Gobierno central ha aceptado el confinamiento perimetral para los dos puentes, "a partir de ahora tienen que tener una duración mínima de siete días.

El ministro ha insistido en que siete días es un plazo mínimo necesario para estudiar los efectos de las medidas y ha señalado que, de solicitar una restricción de menos días como en el caso madrileño, deberá acordarse bilateralmente con el Ministerio de Sanidad.

Ayuso sostiene que la duración total de la medida es de ocho días, "con lo que se da cumplimiento" al Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, de 25 de octubre, que establece que la eficacia de la medida no podrá ser inferior a 7 días naturales.

A este respecto, el texto del decreto aprobado por Ayuso argumenta que "el carácter discontinuo de dicho período se ampara en la facultad concedida a las autoridades competentes delegadas por el artículo 10" del Real Decreto, que permite "modular, flexibilizar y suspender la aplicación" de estas medidas a nivel territorial.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido que "por ahora no está demostrado" que el confinamiento perimetral "tenga una relación directa sobre los contagios".

RESTRICCIONES POR ZBS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la Consejería de Sanidad aprobará este viernes una nueva orden con nuevas medidas para "hacer de noviembre un mes todavía más seguro".

Por otro lado, el Decreto 29/2020 de 26 de octubre continúa en vigor y, con él, todas las medidas recogidas, como la prohibición de permanecer en la vía pública entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, o el mantenimiento de zonas básicas de salud con restricciones de movilidad, horarios y aforos.

Asimismo, sigue limitada a un máximo de seis personas la participación en reuniones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social.

La 3ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), organizada por la OMS, ha instado a los países a garantizar que todos los países estén mejor equipados para detectar y responder a los casos de Covid-19 y otras enfermedades infecciosas peligrosas.

Hasta ahora, se han notificado a la OMS más de 47 millones de casos de Covid-19 y más de 1,2 millones de personas han perdido la vida. "Aunque se trata de una crisis mundial, muchos países y ciudades han logrado prevenir o controlar la transmisión con un enfoque integral basado en pruebas", ha dicho la organización.

Y es que, por primera vez, el mundo se ha unido a un plan para acelerar el desarrollo de las vacunas, los diagnósticos y la terapéutica que se necesita, así como para garantizar que estén disponibles para todos los países sobre la base de la equidad.

"La pandemia de Covid-19 es un recordatorio aleccionador de que la salud es la base de la estabilidad social, económica y política. Nos recuerda por qué las metas de los '3.000 millones' de la OMS son tan importantes y por qué los países deben perseguirlas con aún más determinación, colaboración e innovación", ha dicho el organismo.

Además, ha recordado que desde mayo, los estados miembros han adoptado una serie de decisiones como, por ejemplo, la Agenda de Inmunización 2030, la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, así como iniciativas para abordar el cáncer de cuello uterino, la tuberculosis, la atención ocular, la seguridad alimentaria, la propiedad intelectual y la preparación para la influenza.

Precisamente, en la reunión se va a discutir también un plan decenal para abordar las enfermedades tropicales desatendidas, así como los esfuerzos para abordar la meningitis, la epilepsia y otros trastornos neurológicos, la nutrición maternoinfantil y del niño pequeño, la salud digital y el Código de prácticas mundial de la OMS sobre Contratación internacional de personal de salud, adoptado en 2010.

Ocho reconocidas feministas españolas, entre ellas una exdiputada socialista, han registrado este jueves en el Congreso una carta abierta al Gobierno para denunciar las propuestas incluidas en la Ley trans y que, a su juicio, "vulneran los derechos de las mujeres" al "reconocer el género como identidad".

Esta misiva llega días después de que el Ministerio de Igualdad, que lidera la 'morada' Irene Montero, abriera el trámite de consulta pública de esta norma, previa a la realización del proyecto normativo.

Estas expertas en feminismo consideran que la Ley trans del Ejecutivo necesita un "debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos" que debe contener para "preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género".

Según explican, para el feminismo, el género ha sido siempre esa construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que ha fundamentado la desigualdad y la opresión de las mujeres.

Es por eso que, expresiones como 'género sentido' o 'sexo sentido', que aparecen en el texto de Montero, "aluden a algo esencializado y subjetivo, inverificable en sus consecuencias jurídicas, más allá del sentimiento interno".

LIBERTAD DE SENTIMIENTO Y EXPRESIÓN

En el documento, recogido por Europa Press, explican que "el respeto a la diversidad es condición necesaria para una justa convivencia" y creen que esto "solo será posible aboliendo el género, no con su perpetuación o diversificación.

"No puede hablarse de 'autodeterminación del sexo' como ejercicio de la libre voluntad. Abogamos por la libertad de sentimiento, de expresión, de elección sexual, estética o de comportamiento, y por la garantía del derecho a la no discriminación a causa de ello", recogen.

"Pero pretender que el ser mujer u hombre es una mera elección desdibuja la realidad material del sexo, justo aquello que determina el género en que se nos socializa", critican.

OTRAS CRÍTICAS

Del mismo modo, apuntan que "minimizar los condicionantes que el sexo comporta, sobre todo de opresión para las mujeres, secularmente utilizadas como objetos sexuales y reproductivos, (prostitución y vientres de alquiler), es hacerle el juego a la visión patriarcal ymisógina, así como perpetuar dicha opresión".

No es la única crítica que tienen hacia esta norma que prepara el Ejecutivo. Este grupo de feministas también llama a incluir el acompañamiento psicológico a los menores disidentes de la normativa de género; o a mejorar el lenguaje inclusivo que, a su juicio, invisibiliza a las mujeres llamándolas "cuerpos feminizados" o "cuerpos menstruantes", entre otros términos. Tambiém critica su uso de conceptos "ambiguos y jurídicamente inseguros".

"Todo lo que venimos señalando constituye un debate trascendental, ético y político, que no se puede hurtar a la opinión pública porque tiene graves consecuencias prácticas", reclaman las expertas, que piden no dar "pasos en falso" que "ponen en peligro la garantía de los derechos LGTBI". En este sentido, pide a Igualdad que se reúna con losa actores implicados en esta ley.

Las firmantes son activistas, escritoras, ensayistas y filósofas como Laura Freixas, Marina Gilabert, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón de León, Juana Serna, Amelia Valcárcel y Ángeles Álvarez, esta última, exportavoz de Igualdad del PSOE en la XII legislatura.

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno que convoque la comisión mixta de seguimiento del protocolo firmado por ambas administraciones en 2011 para actuar conjuntamente en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), y le ha instado a "ayudar" a "arreglar el desaguisado" medioambiental que supone el hotel de Azata del Sol.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Crespo, ha indicado en el pleno de este jueves en el Parlamento andaluz que "ya ha remitido" la carta al ministerio que dirige Teresa Ribera solicitando la convocatoria de un órgano que no se reúne desde septiembre de 2018.

"El presidente, Juanma Moreno, y el gobierno andaluz actual tienen muy claro que el objetivo es la recuperación integral de la playa a su estado original y esperamos, estamos seguros de que sí, que el Gobierno de España ayude con el mismo objetivo común de cerrar el tema de una vez por todas y acabar con esta aberración medioambiental en Andalucía", ha dicho.

Crespo ha remarcado que la Junta está actuando "para tener certezas y garantías" a la hora de cumplir el protocolo de actuación suscrito con el Gobierno frente al "ecopostureo" de anteriores gobiernos "que decían una cosa, y hacían todo lo contrario".

"Vamos a hacer que se cumpla ese protocolo porque, además de voluntad, hay hechos", ha afirmado para señalar la partida de 1,1 millones de euros consignada en el proyecto de ley de presupuestos para 2021 y que se destina a la "redacción del proyecto" y las "gestión de los residuos" generados por el desescombro tras la demolición que, según el citado acuerdo, corresponde al ministerio.

La consejera andaluza ha lamentado a pregunta de su grupo parlamentario que "no se pueda poner fecha al derribo, porque no depende de nosotros", pero ha destacado que la Junta "está trabajando para estar preparados cuando concluyan los trámites judiciales" aún activos en torno al hotel de Azata del Sol.

"Podemos dar más pasos y por eso tenemos tres líneas de actuación; hemos pedido la convocatoria de la comisión mixta, hemos incluido el Algarrobico en los presupuestos del año que viene y vamos a ejercitar las acciones judiciales pertinentes para hacer valer el derecho de retracto y recuperar el suelo", ha resumido.

Crespo ha asegurado que el Gobierno andaluz está "actuando con coherencia en este asunto" y ha subrayado que "la revolución verde es incompatible" con lo que ha repetido es una "aberración" al tiempo que ha concluido trasladando que mantienen "abiertas las línea de diálogo pleno" con la promotora del establecimiento.

DEMANDA CIVIL

Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.

Los servicios jurídicos de la consejería han determinado la "conveniencia" de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil. Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y "solicitar la anotación preventiva de dicha demanda" de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.

Desde el Gobierno andaluz han hecho referencia, asimismo, que ha habido "varios intentos infructuosos desde 2016" para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una "autorización de entrada" para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la "actitud" de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían "impedido la entrega voluntaria" de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.

"La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta", concluía el Alto Tribunal.

El derecho de retracto se avaló también judicialmente en firme "dado el notorio interés ambiental" de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha defendido este jueves la ejecución provisional de la sentencia de los 111 bienes de las parroquias de Barbastro-Monzón que se encuentran retenidos en el Museo de Lérida.

Así lo ha manifestado Guerrero (PAR) tras conocer que la Generalitat de Cataluña ha recurrido la sentencia que ordena la devolución de las obras de arte a las parroquias aragonesas.

Guerrero ha señalado que las "maniobras dilatorias" de la Generalitat "tienen los días contados" y ha recordado que el Tribunal de Conflictos rechazó, el pasado 24 de septiembre, la competencia de la Generalitat para dirimir sobre las obras de arte retenidas en Lérida dando la razón al Juzgado de Barbastro que ordenó su devolución.

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ya adelantó el 25 de septiembre su intención de solicitar la ejecución provisional de la sentencia.

Cataluña, "quiera o no quiera" tendrá que proceder a la entrega de los bienes a Aragón", ha declarado Guerrero. El portavoz parlamentario ha reiterado que confía en que los bienes "puedan volver a casa cuanto antes". "Tengo esperanza en la pronta resolución del conflicto", ha dicho.

Jesús Guerrero ha lamentado que durante décadas la Generalitat ha venido utilizando "maniobra dilatorias" para frenar la ejecución de la sentencia que ordena la "inmediata devolución" a las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón.

Ha vuelto a reclamar con fuerza el "retorno de todos los bienes de Aragón pendientes de devolución" y ha manifestado que la recuperación de todo el patrimonio aragonés expoliado "es una prioridad para el Partido Aragonés".

"Todas las obras pendientes de entrega tienen que ser devueltas a Aragón. Además de su inmenso valor artístico suponen "una cuestión de dignidad para todos los aragoneses y aragonesas", ha finalizado diciendo.

Los televisores y altavoces inteligentes, o los asistentes virtuales han dejado de estar fuera de la norma en lo que respecta a equipamientos tecnológicos de un edificio. 'PHOENIX', un proyecto financiado por la Comisión Europea, liderado por la Universidad de Murcia (UMU) y con un presupuesto de más de 5 millones de euros, va a investigar sobre los cambios que están haciendo a los edificios inteligentes.

El proyecto estudiará las diferentes formas en las que se puede acelerar la transición de no-inteligente o casi-inteligente a totalmente inteligente e integrado, pero asegurándose de que esa transformación se haga hacia edificios que creen un ambiente confortable y seguro para las personas.

El proyecto está liderado por el grupo de investigación de la UMU Sistemas inteligentes y telemática, con el profesor Antonio Skarmeta como investigador principal, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El proyecto introduce el concepto de 'Adapt&Play', que se ha concebido como la posibilidad de adaptar los aparatos que existen en los edificios para hacerlos 'conectables' a internet, y que así formen parte del entorno del Internet de las Cosas (IoT) que comunican a una plataforma integral de control y actuación (esto es el 'Adapt'). Esto permite entonces que se pueda controlar su uso para reducir la energía y optimizar su operación (esto es el 'Play').

Con más dispositivos conectados a internet, el edificio gana en inteligencia, pero esto podría llevar a hacerlo más vulnerable a ciberataques. Dentro del equipo de trabajo de PHOENIX hay expertos internacionales en ciberseguridad que asegurarán que las modificaciones que se hagan al edificio contribuirán siempre a una mayor ciberseguridad y no lo contrario, lo que pasaría si esta 'smartización' se hiciera de manera no controlada.

'PHOENIX' tiene una visión global sobre el nuevo paradigma en el que viviendas inteligentes ('smart homes') serán la norma en un futuro cercano. Una entidad inteligente (lo que serán los edificios según este enfoque) puede establecer un dialogo con sus semejantes. Para esto, parte del proyecto, se dedicará a estudiar cómo los edificios pueden comunicarse con los proveedores de energía y con los ocupantes.

La comunicación entregará recomendaciones en una y otra dirección para que los ocupantes tengan espacios interiores llevados a los máximos estándares y por otra parte los proveedores de energía puedan crear una infraestructura más optimizada.

El proyecto ha sido definido como puramente centrado en las personas, y además está perfectamente alineado con el 'Smart Readiness Indicator', un indicador de inteligencia en edificios diseñado dentro de la normativa de la Unión Europea y que pronto será integrado por los países miembros.

Ser 'smart ready' significa que los edificios puedan integrar servicios para vivir mejor en ellos. Varios ensayos pilotos en cinco países diferentes de Europa probarán las tecnologías del proyecto. Todos ellos involucrarán ocupantes, usuarios y encargados técnicos, para asegurar que los desarrollos que se hagan vayan dirigidos a hacer los edificios espacios mejores para los humanos, y mejores negociadores con el sistema energético, para hacer así en conjunto una comunidad, sana, segura y eficiente energéticamente.

El proyecto PHOENIX está financiado por la Unión Europea y los socios que participan en este proyecto son la UMU, Odin Solutions S.L. (España); My Energia Oner S.L. (España); Kataskevastiki Makedonias (Grecia); Elin Verd Anonymi Etairia Aeiforonproionton Kai Ypiresion (Grecia); Gioumpitek Meleti Schediasmos Ylopoiisi Kai Polisi Ergon Pliroforikis Etaireia Periorismenis Efthynis (Grecia) Suite5 Data Intelligence Solutions Limited (Chipre).

También participan Arden Energy Limited (Irlanda); Siemens Aktiengesellschaft Oesterreich (Austria); Merit Consulting House - Integrated Business Consulting Services Private Company (Grecia); SKEBIT AB (Suecia); y Lule university och technology (Suecia).

La Audiencia de Málaga ha condenado a 15 años de prisión al hombre acusado de matar a golpes en septiembre de 2018 a un vecino de la localidad malagueña de Algarrobo, con el que se había enfrentado un año antes a causa del arreglo de un TDT. Además, deberá indemnizar a la familia con 90.000 euros.

Esta sentencia, se dicta después de que un jurado declarara la pasada semana al hombre culpable de un delito de asesinato, tras haber reconocido el procesado los hechos ante el Tribunal popular.

Según la resolución se declara probado que el acusado mantenía malas relaciones con la víctima y, de hecho, un año antes de los hechos, en septiembre de 2017, ambos y la pareja del fallecido tuvieron un enfrentamiento por motivos económicos.

Aproximadamente un año después de dicho enfrentamiento, "tras una vigilancia previa para planificar los hechos y asegurar su propósito, anulando o reduciendo la posibilidad de defensa y huida de la víctima", dice la sentencia, el acusado fue a buscarla a la carpa en la que se celebraban actos festivos por 'La quema de Algarrobo' y donde la víctima hacía labores de vigilancia.

Una vez allí se entabló una discusión entre ambos en la cual se produjo un forcejeo, cayendo al suelo, y cuando el procesado tuvo al otro hombre "a su merced en esa posición de inferioridad", decidió "acabar con la vida de su oponente sin dejarle ninguna posibilidad de incorporarse o defenderse".

Para ello "le pateó con una violencia extrema, totalmente desproporcionada con el enfrentamiento inicial, golpeándole de forma reiterada con gran brutalidad, llegando incluso a saltar varias veces sobre la cabeza de la víctima". El hombre sufrió 17 heridas que le provocaron la muerte.

El jurado tuvo en cuenta para su veredicto de culpabilidad las declaraciones de testigos y peritos y para la magistrada-presidenta del Tribunal popular en este caso "la intención de matar resulta clara tanto en número de golpes propinado a la víctima como por la intensidad de los mismos y la zona del cuerpo en que se inflige".

Al menos 1.000 personas se han concentrado este jueves en la plaza de las Cortes de Castilla y León ante la decisión del Gobierno regional de decretar el cierre de la hostelería a partir de las 00.00 horas de este viernes y han reclamado ayudas directas y el pago del 100% de los ERTE, ya que el sector considera que "no es el problema, sino la solución".

Los asistentes, con representación de las asociaciones provinciales y locales de muchas provincias y municipios de la Comunidad, han estado respaldados por el presidente estatal de Hostelería España, José Luis Yzuel, y los presidentes regional y local de la patronal, Santiago Aparicio y Ángela de Miguel. Ellos han estado al frente de la concentración junto al presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Ángel Blasco, y la presidenta de la Asociación Provincial de Valladolid, María José Hernández.

Junto a ellos, al menos 1.000 hosteleros procedentes de Valladolid y de distintos puntos de Castilla y León, que han mantenido su concentración durante una hora ante la sede del Parlamento regional, acompañados de pancartas y con el ruido que producían sus bocinas, bombos, cacerolas y silbatos.

Asimismo, varias decenas de vehículos de distribuidores que trabajan con la hostelería han dado vueltas por las calles aledañas de las Cortes para hacer sonar sus cláxones en señal de apoyo al sector.

La concentración ha transcurrido durante cerca de una hora sin que se produjeran incidentes hasta que un grupo de asistentes ha tratado de iniciar un recorrido en manifestación por la avenida de Salamanca, algo que no se había solicitado en la convocatoria tramitada en la Subdelegación del Gobierno que solo hacía referencia a una "concentración".

Por ello, la Policía Nacional ha tenido que intervenir para reconducir, con algún forcejeo, a estos manifestantes y se ha tenido que cortar durante unos minutos el carril de la avenida de Salamanca más próximo al Parlamento regional.

Todos ellos han levantado la voz al grito de 'queremos trabajar' y han proclamado que 'no somos el problema, somos la solución', mientras los dirigentes sectoriales se dirigían a ellos para mostrar un emocionado agradecimiento y mensaje de ánimo, además de recordar las principales reivindicaciones, que pasan principalmente por que el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León aporten "ayudas directas", que se establezcan moratorias para el pago de alquileres e hipotecas y que la Administración pague el 100% de los ERTE que han declarado y que tendrán que declarar los empresarios hosteleros.

"Ayudas sí o sí, queremos ser franceses o alemanes, no ser la hostelería arruinada en la que nos quieren convertir", ha aseverado Yzuel en unos discursos en los que ha estado muy presente que en otros países europeos ya se han anunciado aportaciones de ayudas a los negocios de hostelería.

Yzuel, que ha enfatizado que el sector se encuentra en "el peor momento" de la historia ha cifrado la cantidad que necesitaría la hostelería española en unos 8.500 millones de euros en todo el país.

Así, ha recalcado que aunque "algún ministro y algún sector del Gobierno de España ningunee" a la hostelería, el sector es "la envidia del mundo", pues es "clave" para la gastronomía y el turismo y, en definitiva, para "la felicidad" que ofrecen hoteles y playas en España.

"NOS HAN FALTADO AL RESPETO"

El representante estatal había comenzado su discurso, con el que se ha cerrado la concentración, con un agradecimiento a los asistentes y con una petición de disculpas ya que ha apuntado que él es responsable de que se respete al sector, pero considera que se les está "faltando al respeto con decisiones arbitrarias" que han causado la "ruina" a muchos negocios.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid (Apehva), además de sumarse a la reclamación de "soluciones inmediatas" al pago de los ERTE y a las "ayudas directas", ha querido lanzar un mensaje de esperanza.

Vamos a salir de ésta, vamos a volver a abrir todos, nadie se quedará atrás. Que no caiga nadie en el desánimo", ha enfatizado Hernández.

Por su parte, el representante regional ha incidido también en ese mensaje de ánimo al sector y ha reclamado que se alce la voz "todos los días" para reclamar la solución al problema.

De hecho, se ha apuntado que, desde que se produjeron las primeras movilizaciones de la hostelería con las medidas restrictivas que se adoptaron en ciudades como Valladolid y Salamanca el pasado mes de septiembre ya ha tenido que cerrar sus puertas "un 10%" de los negocios de la ciudad vallisoletana.

Y, mientras tanto, han defendido que se han producido "muchos más contagios" de coronavirus en los "botellones" y en fiestas celebradas en casa que en los bares y terrazas. Así, han destacado nuevamente un documento del Ministerio de Sanidad que señala que "solo" el 3,5% de los contagios se han producido en la hostelería.

En la concentración se han visto pancartas de diferentes asociaciones del sector y próximas, como los hosteleros de Ávila, Segovia y Palencia, entre otras provincias, o de localidades como Laguna de Duero (Valladolid) o Saldaña (Palencia).

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha avisado de que los Mossos d'Esquadra desplegarán controles ante la convocatoria de manifestación la tarde de este jueves, como ya hicieron el sábado, para evitar altercados tras lo ocurrido la noche del viernes, cuando se saquearon dos tiendas del centro de Barcelona y hubo "violencia gratuita", según lo ha definido.

En rueda de prensa telemática ha afirmado que "esto no pasó el sábado y no pasará hoy" porque habrá controles policiales en la zona, y ha explicado que está convocado un Cecor con grado de riesgo 3 para las 18 horas, cuando se prevé que empiece la protesta.

Ha detallado que la manifestación está convocada por sectores contrarios a las medidas adoptadas para contener el coronavirus, como el toque de queda y el cierre de algunos establecimientos, y cree que "el riesgo es que se añadan otros grupos, como el viernes, de entornos de extrema derecha, del independentismo radical, del anarquismo, radicales del fútbol".

Sàmper ha comentado la reunión que mantuvo el miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mandos de Policía Nacional y de Guardia Civil, y los consejeros de Interior del País Vasco y Navarro para prevenir posibles disturbios en las próximas protestas contra las restricciones.

"Llegamos a la conclusión de que el modus operandi es prácticamente el mismo, la confluencia de grupos no violentos con grupos violentos tan incompatibles como la extrema derecha y la extrema izquierda", ha valorado, y ha advertido de que ese mismo riesgo estará en todas las protestas que se convoquen de ahora en adelante contra las medidas para contener el coronavirus.

Ha criticado que los que causaron los altercados "se aprovechaban de conseguir una masa importante de personas" concentrándose en un lugar donde ya había una manifestación pacífica convocada, y al haber muchas más personas resultó más complicada la actuación policial.

El juez Dennis Bailey, que presidió el último juicio contra Pablo Ibar, de nacionalidad española y ascendencia vasca, en el que fue condenado a cadena perpetua por un triple asesinato cometido en Florida el 27 de junio de 1994, ha dejado de ser magistrado después de haber perdido las elecciones en las que se enfrentaba a George Odom, que ha obtenido su plaza en el Condado de Broward County.

En mayo de 2019, tras repetirse por irregularidades el juicio contra Ibar --sobrino del histórico boxeador guipuzcoano José Manuel Ibar 'Urtain'-- en el que había sido condenado a pena de muerte, se le impuso la cadena perpétua. El tribunal del jurado encontró, de nuevo, culpable al procesado de los asesinatos del empresario de un establecimiento norturno, Casimir Sucharski, y de dos bailarinas, Sharon Anderson y Marie Rogers, en la localidad de Miramar, al norte de Miami.

Pablo Ibar estuvo condenado a la pena capital durante 16 años, entre 2000 y 2016, que cumplió en el Corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida, en Raiford, hasta que en 2016 el Tribunal Supremo anuló la pena y ordenó repetir el juicio, al considerar que había tenido una defensa "ineficaz" y que las pruebas contra él eran "escasas y débiles".

Durante la repetición de la vista oral, presidida por Dennis Bailey, los miembros del jurado no se pusieron de acuerdo sobre su condena a muerte, que requería de unanimidad, y seemtiór un veredicto de cadena perpetua.

En este juicio, el propio Ibar perdió los nervios, se levantó del banquillo de los acusados para acusar al juez de ir contra él y de favorecer "constantemente"a la Fiscalía, que pedía para él la pena de muerte.

En las elecciones de jueces en el Condado de Broward County, en Florida, el Juez Dennis (Daniel) Bailey, juez que presidió el último juicio de Pablo Ibar en el que fue injustamente hallado culpable y condenado a la cadena perpetua, ha perdido las elecciones por escaso margen.

En septiembre se produjo la primera vuelta de dichas elecciones y Bailey y el Juez George Odom fueron los dos candidatos que obtuvieron más votos. Ahora, en la votación final, coincidente con las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Odom ha ganado la plaza de juez que ocupaba Bailey y este deja de ser juez.

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha calificado este jueves la 'ley Celaá' como un "ataque frontal" a la escuela concertada así como a la libertad de los padres a escoger el centro escolar para sus hijos.

Company se ha reunido este jueves con representantes de la plataforma Schola Libera en defensa de la educación concertada y privada para escuchar sus reivindicaciones y su preocupación ante la tramitación de la nueva Ley de Educación del Gobierno central.

El líder del PP ha criticado, además, que la ley pretende eliminar el número máximo de suspensos para poder pasar de curso, trasladando así un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, la meritocracia y la superación.

Además, Company ha lamentado que se pretenda eliminar el castellano como lengua vehicular en las comunidades bilingües, en una concesión a los partidos nacionalistas y que supone una vulneración de la Constitución.

"Frente a una mala ley en un momento excepcional" -ha apuntado el dirigente popular- "desde el PP defendemos una educación en la que convivan escuela pública, concertada y privada.

Company ha trasladado su apuesta por una educación garantista y el derecho a elegir el modelo educativo que quieren los padres para sus hijos, una educación que premie el esfuerzo y la superación del alumno y una educación bilingüe, sin inmersiones.

INTERPELACIÓN SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

En este sentido, según han recordado, el PP defenderá el próximo martes en el Parlament una interpelación en relación a la modificación de la ley educativa que pretende realizar el Gobierno central, al considerar que la 'ley Celaá' es un ejemplo de "sectarismo e imposición".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Tándem' ha rechazado la petición de la defensa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo y de la defensa de uno de los investigados en la pieza de Iberdrola, que interesaban que se investigara si la Fiscalía filtró información al partido político Podemos en las piezas relativas al BBVA y a la eléctrica cuando aun estaban secretas.

En la providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, se fundamenta esta negativa explicando que "el objeto de ambos escritos es valorar la actuación del Ministerio Fiscal". Añade el juez que él "carece de facultades para interferir en la actuación y defensa de las partes".

Así, el magistrado da respuesta en primer lugar al escrito del abogado Antonio José García Cabrera, de la firma Lemat Abogados, que solicitaba en el marco de la pieza 17 (Iberdrola) de la macrocausa librar un exhorto al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para recabar los mensajes aportados por el que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, y de los que infiere que hubo filtraciones entre el Ministerio Fiscal y los abogados del partido 'morado.

En ese Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, su titular Rosa María Freire abrió diligencias tras la interposición de una querella por parte de la abogada de Podemos Marta Flor contra José Manuel Calvente por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. La juez acordó el archivo de las mismas en julio de 2020.

En el escrito del abogado de Villarejo, aporta además un artículo publicado por El Confidencial bajo el titular de 'Los fiscales filtraron a Podemos las causas secretas de BBVA e Iberdrola meses antes', y recuerda que diversas informaciones "podrían evidenciar la revelación de datos de una causa que estaba declarada secreta para preordenar y dirigir interesadamente la causa, coordinando una estrategia conjunta de acusación en perjuicio de determinados investigados.

DICE NO A UNA PIEZA SEPARADA

Asimismo, la defensa de Villarejo pedía unir a la pieza de Iberdrola la declaración de Calvente prestada el pasado día 10 de septiembre en calidad de testigo en el marco de la pieza 'Dina' "en tanto que fue preguntado por los mencionados mensajes y se ratificó directamente en el contenido de algunos de ellos".

Pero el magistrado rechaza todas estas peticiones, y responde también a la defensa de Antonio Asenjo, quien fuera jefe de Seguridad de Iberdrola, que tampoco acuerda ni "la apertura de una pieza separada para el esclarecimiento de los hechos", ni la declaración del abogado de la representación de Podemos, ni el requerimiento al periódico digital El Confidencial.

Por otro lado, en un auto del magistrado con fecha de 3 de noviembre, también rechaza la solicitud de la defensa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, de revocar a Podemos la condición de Acusación Popular en todas las piezas de 'Tándem' en las que estuviera personado.

García-Castellón desestima esta solicitud "al no constatar motivo alguno que lo justifique, más allá de las genéricas alegaciones del solicitante".

Y recuerda que la posibilidad de personarse en el proceso como acusación popular trae causa del artículo 125 de la Constitución Española que establece que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Unidas Podemos ha solicitado en el Congreso datos de la ejecución de los fondos Covid del Gobierno transferidos a la Junta de Andalucía, al sospechar que no se han ejecutado 400 millones de los más de 1.000 que se les ha aportado ya.

Así lo han explicado en rueda de prensa la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional por Córdoba, Martina Velarde, y su compañera de grupo Isabel Franco tras registrar una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para conocer si la Junta de Andalucía ha remitido los informes relativos a la ejecución presupuestaria de los Fondos Covid-19, creados al amparo del Real Decreto-ley 22/2020.

Ante los efectos de la pandemia en los servicios públicos, junto a la caída de ingresos de las administraciones, el Ejecutivo creó un fondo especial dotado con 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas.

Así, las parlamentarias han subrayado que, de esa cantidad global, unos 2.000 millones corresponden a Andalucía, el mayor importe de todas las autonomías, repartidos en cuatro tramos.

Las diputadas de Unidas Podemos sostiene que el Gobierno andaluz ha recibido ya los tramos 1 y 3 de dichos fondos, destinados a paliar el impacto que la pandemia, con 597 millones para la sanidad pública y otros 384 de cara al sistema educativo.

JUAMNA MORENO ES EL "AYUSO ANDALUZ"

Con este contexto, Franco ha denunciado la "falta de transparencia" de la Junta de Andalucía sobre el destino y ejecución de estas partidas económicas y, por ello, solicitan al Ejecutivo si la administración presidida por Juanma Moreno ha aportado datos del destino de las cuantías.

De este modo consideran que, "con los pocos datos de los que se disponen, parece que el Gobierno andaluz sólo habría ejecutado el 60% de la cuantía total", unos 600 millones de euros, quedando sin ejecutar 400 millones.

Franco ha señalado que la "disparatada gestión" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha "ensombrecido" la también "disparatada" labor de Moreno, al que ha calificado del "Ayuso andaluz" y le ha reprochado falta de responsabilidad. Además, sospecha que 11 millones de euros han podido ir a parar a sufragar gastos de Canal Sur.

Mientras, Velarde ha asegurado que Andalucía cuenta con el menor número de PCR y rastreadores por número de habitantes" y "se han recortado camas en verano y en plena pandemia", por lo que le preocupa "dónde han ido" los Fondos Covid.

"Nos gustaría saber dónde está yendo el dinero transferido por el Gobierno porque en Andalucía la sanidad está colapsada y los contagios están tomando niveles muy preocupantes", ha subrayado la líder andaluza de Podemos.

La adopción urgente de cloud y un plan digital integral para pymes y familias son claves para la reconstrucción, según han expresado en la decimoquinta sesión de #LíderesResponsables de Fundación SERES el presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, Domingo Mirón, y el presidente de Vodafone España, António Coimbra.

Estos diálogos entre la alta dirección sobre los retos de la reconstrucción postCOVID están enmarcadas en la iniciativa #SERESResponsables, punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos en plena emergencia sanitaria y que implica a diferentes agentes (empresas, emprendedores sociales, ONG, líderes, etc).

El presidente de la Fundación SERES, Francisco Román, ha dado la bienvenida en este último encuentro, en el que ha abierto la sesión afirmando que "estos diálogos son un foro muy enriquecedor para reflexionar de la mano de los líderes empresariales sobre la importancia de la reconstrucción de un futuro alrededor de un propósito y las condiciones de liderazgo necesarias para tras la COVID-19".

A continuación, se han abordado los nuevos modelos de empresas tras la pandemia. En este sentido, Mirón ha afirmado que "todas las empresas estamos intentado equilibrar el corto y el largo plazo". "Desde mi punto de vista seguimos aprendiendo y cambiando. El primer cambio ha sido pasar al modelo virtual, nos hemos encontrado con una transformación de la forma en la que trabajamos y también cómo vivimos. Los frenos que teníamos para adoptar la tecnología han desaparecido y éste es uno de los cambios que ha llegado para quedarse y que modificarán la relación empresa-sociedadpersona", ha indicado.

"Es reconocido que se ha generado una corriente de creatividad, innovación acelerada, preocupación por la sostenibilidad que nos ha hecho más abiertos y receptivos a la opinión del otro. Es una nueva forma de hacer empresa y seguramente modifica el contrato social. Algunos datos muestran esta transformación. Según el estudio The Green behind the cloud se puede lograr una reducción del 5,9 % del total de emisiones en TIC, por una adopción acelerada del cloud en los próximos años. El 59% de los CEO cree que desplegando energías renovables en la actividad del día a día, reducirán el impacto en el planeta", explica.

Según Coimbra, "un plan digital es más necesario que nunca. España está dando los primeros pasos en el plan digital, que está organizando el gobierno. La pandemia ha dejado claro, que si no somos capaces de acelerar la transformación digital del país, tendremos un gran problema para ser competitivos en el futuro. Las redes, las infraestructuras que tenemos en España son excelentes. Ha habido una gran inversión detrás y ha ayudado a que sea posible una conectividad total en estos momentos.

"También la COVID-19 ha evidenciado que hay mucha gente que se ha quedado atrás, si pensamos en las habilidades digitales de las personas, a pesar de poder estar conectados. Por eso desde Vodafone hemos favorecido tanto la transformación de la educación. Un plan de educación digital que revise cómo educamos a las nuevas generaciones y actuales es crítico y debe formar parte del plan digital", ha subrayado.

Por otro lado, Domingo Mirón ha explicado "que el futuro del plan de digitalización y el impacto en las personas puede suponer una España más verde y una economía más sostenible para las próximas generaciones. Esto conducirá a empleo de calidad y una digitalización del talento, que será diferencial. Creo que debemos aspirar a ser líderes y la IA y la industria 4.0 pueden ayudar a ello". "También hay que aspirar a una España más cohesionada e inclusiva y que no deje a nadie atrás. Esto es un requisito indispensable para estos planes de la UE. En último lugar, es necesaria una España sin brecha de género con igualdad de oportunidades. Todo ello generará un círculo virtuoso", ha afirmado.

Coimbra ha argumentado cómo el 5G es un factor de desarrollo de la economía y del impacto social "puesto que abre casos de uso que van a transformar la sociedad". "Estamos pilotando más de 50 casos de uso, desde los coches autónomos hasta la IA. España debe liderar la revolución del 5G, porque tiene un impacto en la eficiencia energética transcendentales para el país. Es crucial digitalizar las pymes y dotarlas de capacidades digitales para afrontar la 4ª revolución industrial", ha señalado.

El encuentro también ha abordado el liderazgo con propósito. En este sentido, Mirón ha argumentado que el liderazgo responsable tiene mucho que ver con "generar emoción, compromiso, creatividad, empatía y humildad. Debe obedecer a un propósito, no solo dentro de la organización, sino en todos los grupos de interés. Sin lugar a duda, debe utilizar la tecnología emergente. Un líder responsable debe asumir que el éxito es un ejercicio continuo, en un entorno amplio con cada vez más jugadores".

"Según nuestra CEO mundial, las tres características fundamentales de un líder responsable son: humildad, porque necesitas socios y colaboradores, poner a las personas en el centro, los beneficios económicos y sociales son simbióticos y no excluyentes; y la, valentía, muy necesaria en situaciones como la que estamos viviendo".

En palabras de Coimbra "el objetivo para vencer como empresas no ha cambiado: ser una empresa admirada. Lo que ha cambiado es cómo ser una empresa admirada. Hoy en día el rol social de las empresas es esencial. Nuestra responsabilidad con el contrato social: conectividad, ayudar a relanzar la economía, generar empleo y digitalizar las pymes y las familias".

Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad. Hoy ya son unas 150 empresas, que representan alrededor del 70% de las compañías del el IBEX-35, y aproximadamente el 30% del PIB.

La secretaria general de financiación autonómica y local, Inés Olóndriz de Moragas, ha reconocido que habrá un retraso en la reforma de los sistemas de financiación de las Comunidades y las entidades locales por la pandemia del coronavirus, si bien ha garantizado que esta reforma "sigue encima de la mesa" de su departamento.

Durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, Olóndriz de Moragas ha explicado a los grupos parlamentarios que esta reforma sigue estando presente para el Ejecutivo central pero ha pedido entender que, dada la situación pandemica que hay en España, se haya tenido que demorar.

"No podemos acometer todos los temas a la vez", le ha dicho la secretaria general al diputado del PdeCat Ferran Bel después de que éste le preguntara por la situación en la que se encuentra esta reforma que el Gobierno se comprometió a acometer.

Asimismo, Olóndriz de Moragas ha confirmado que el Gobierno también sigue teniendo encima de la mesa una reforma del sistema tributario, aunque aún no hay nada decidido y se avanzará, según ha dicho, "en la medida que se pueda".

Eso sí, la secretaria general se ha mostrado partidaria de que esta reforma tributaria vaya "en paralelo" con la reforma del sistema de financiación anteriormente citada porque gran parte de los ingresos de las Comunidades Autónomas "quedan afectados por la reforma tributaria".

DEFIENDE LOS RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS

Los grupos parlamentarios han coincidido en abordar la financiación de las entidades locales, después de que el Gobierno central decidiera suspender las reglas fiscales y permitir así que los municipios pudieran liberar sus remanentes.

De este modo, los partidos han preguntado a la secretaria general en qué punto está el fondo que estaba negociando el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hacer frente a los gastos de la pandemia.

En este sentido, Olóndriz de Moragas no ha contestado explícitamente a esta cuestión y sí que ha reivindicado los recursos que irán destinados a las entidades locales en el proyecto de Presupuestos Generales para 2021.

"Tanto las Comunidades como las entidades locales van a contar con más recursos en 2021 que en 2020, con la ayuda de esos fondos europeos, pero el Gobierno es optimista en el sentido de que esos recursos adicionales servirán para activar la economía", ha sentenciado la secretaria general.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido una "cierta contención" en la expansión del virus Covid-19 en la Comunidad desde la puesta en marcha del toque de queda el pasado 24 de octubre pese a lo que la incidencia "sigue siendo alta" por lo que la Junta baraja mantenerlo a partir de día 9 de noviembre, fecha en la que concluye la norma actual, y hasta que haya un "descenso sostenido".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad ha insistido en que, pese a que la curva se ha aplanado en la última semana, la situación de la Comunidad es de transmisión comunitaria, por lo que ha reclamado a la ciudadanía que se limiten al máximo los contactos, tanto en el medio rural como en el urbano.

Así, ha detallado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de más de 500 por cada 100.000 habitantes en todas la capitales de provincia de la Comunidad, por lo que, a cinco días de renovarse medidas como el toque de queda lo "más probable" es que se mantenga hasta que se registre una caída generalizada de casos.

Tanto Igea como Casado han confiado en que la introducción desde mañana de nuevas medidas como el cierre de la hostelería o los gimnasios puedan ayudar también a reducir el número de contagios con el fin de no tener que llegar al punto de decretar un confinamiento domiciliario o perimetral por zonas, algo que, por el momento, no se baraja.

No obstante, Casado ha señalado que en la Conferencia Interterritorial celebrada este miércoles ha reiterado la necesidad de que se ponga en marcha un instrumento jurídico que permita a las comunidades autónomas poder decretar ese confinamiento domiciliario si fuera necesario, algo que, a su juicio, debería ponerse sobre la mesa desde el próximo 9 de noviembre.

Del mismo modo, Casado exigió también medidas homogéneas y unidad de criterio. "Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte probablemente tendría que tener un gran libro de instrucciones, a mi me parece que es absolutamente necesaria la homogeneidad", ha defendido.

Ante la situación actual, tanto Igea como Casado han llamado al "confinamiento inteligente". "Tenemos que ser conscientes de la gravedad y quedarnos en casa durante el mayor tiempo posible", han defendido, tras lo que Casado ha aclarado que pese a cierto aplanamiento de la curva de contagios no se "fía nada" del coronavirus.

No obstante, Casado ha aprovechado para mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. "La situación es muy compleja, vivimos una pandemia terrible y nunca conocida pero quiero mandar mensaje de esperanza, esto va a acabar".

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el Consejo General de al Abogacía Española han advertido este jueves en contra de suspender la actividad judicial como parte de las medidas para contener la segunda ola de la pandemia de coronavirus, subrayando el "daño" que esto causó en la primera ola, con lo que se suman así al llamamiento realizado en los últimos días por las asociaciones de jueces para no parar la justicia.

"A nuestro juicio, no puede justificarse en modo alguno ninguna limitación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, porque no está contemplada en el Real Decreto 926/2020" por el que se decreta el nuevo estado de alarma, ha afirmado la APIF en un comunicado.

La asociación de fiscales ve necesario "aprender del camino recorrido" para "evitar por todos los medios que un Poder del Estado, el Judicial, sea desactivado", recordando que se configura "no solo como garante de los derechos de todos los ciudadanos sino como control de la actuación de los otros dos poderes del Estado".

En su opinión, "existen medios adecuados para que la Justicia funcione con normalidad y con garantías tanto para los usuarios de este servicio público esencial como para los que trabajan en ella", gracias a la inversión en nuevas tecnologías y a las medidas preventivas. Así, ha apuntado al uso de medios telemáticos y de mascarillas y a la distancia social.

La APIF ha instado tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como a la Fiscalía General del Estado a "remover todos los obstáculos que aún existen para conseguir que el ciudadano cuente con una justicia que no esté desconectada, que no esté paralizada". "Es preciso garantizar, más que nunca, el acceso a la Justicia", ha planteado.

Además, ha recordado que los tres meses de suspensión de plazos procesales que se aplicaron el pasado 14 de marzo causaron un "grave daño" tanto a los trabajadores de la administración de justicia como a los justiciables.

En este sentido, ha advertido de que "el funcionamiento de la justicia es manifiestamente mejorable", de modo que "si a su situación endémica se suma una paralización el panorama sería desolador".

Es preciso conjugar funcionamiento de la justicia, en esta situación de pandemia, con seguridad en el trabajo, con prevención efectiva de riesgos laborales para los que trabajamos en los juzgados y tribunales, así como asegurando unas condiciones seguras para cualquier ciudadano que acude a la justicia esperando una respuesta de ella", ha exigido.

UN SERVICIO ESENCIAL

En la misma línea se ha expresado el Consejo General de la Abogacía Española ante el posible aumento en las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos, incluido un eventual confinamiento domiciliario.

Ante el "riesgo" de que "se puedan tomar nuevas decisiones limitativas de los derechos y de la prestación de los servicios públicos", ha reivindicado que "la justicia es un servicio esencial para la ciudadanía, así recogido en la Constitución, y como tal debe ser considerado a efectos de su prestación al conjunto de la ciudadanía".

"A la luz de las graves consecuencias que el cierre de juzgados y tribunales tuvo la pasada primavera, el conjunto de la abogacía considera que la justicia no puede cerrar sus puertas de nuevo reproduciendo la situación vivida durante el primer periodo del estado de alarma", ha dicho.

A este respecto, ha esgrimido que "el conocimiento sobre la transmisión del virus y de las medidas necesarias para evitar su contagio ha avanzado sustancialmente con relación a la situación de hace seis meses, así como la preparación de los juzgados y tribunales para garantizar todas las medidas de prevención".

Por ello, la Abogacía Española entiende que "son el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas quienes deben garantizar las condiciones necesarias para que la justicia pueda seguir prestándose como servicio esencial que es, ofreciendo plenas garantías de seguridad".

"LA JUSTICIA NO PUEDE PARAR"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FIJ) ya emitieron el miércoles un comunicado conjunto en el que exhortaban al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a adoptar las medidas necesarias para permitir que la administración de justicia siga funcionando en la segunda ola.

"La justicia no puede parar", defendieron, argumentando que "el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma". "Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás", aclararon.

Para las asociaciones judiciales, "lo anterior no es incompatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales. Así, abogaron por fomentar el uso de medios telemáticos y el teletrabajo y pidieron habilitar "espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado" por si fueran necesarios.

"Desde estas premisas, las asociaciones firmantes ofrecemos nuestra colaboración para diseñar los planes de actuación que se consideren necesarios a fin de afrontar esta situación de la manera menos perjudicial posible", concluyeron.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, al Decreto por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, una de las medidas contempladas en la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia.

El Observatorio de Igualdad LGTBI tiene por objeto configurar un órgano con participación social e institucional en el que queden representadas las entidades de los colectivos LGTBI de la Región, que sirva como foro de estudio, consulta y diálogo permanente para detectar las necesidades emergentes y elaborar propuestas que sirvan para trabajar en defensa de la igualdad y los derechos de estas personas.

Trata asimismo de mejorar la atención y el acompañamiento en diferentes procesos relacionados con temas que afectan a este colectivo, así como de conseguir que la sociedad murciana sea más abierta y tolerante y no deje paso a ningún tipo de discriminación por cuestión de identidad de género u orientación sexual.

Entre sus funciones iniciales estará la promoción de la realización de informes, publicaciones o jornadas que muestren la realidad del colectivo en la Región de Murcia para garantizar sus derechos en materia de políticas públicas; presentar propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los derechos de estas personas; evaluar la aplicación del principio de igualdad entre las administraciones públicas; proponer y organizar actividades de sensibilización para la erradicación de la violencia que padecen algunas personas, en el ámbito educativo; además de promover la formación del personal de distintas áreas sociales y la elaboración de un informe anual que refleje el grado de cumplimiento de la Ley 8/2016 que ampara a la Región.

El Pleno y la Comisión Permanente del Observatorio, que se reunirán una vez al semestre y en dos sesiones ordinarias al año respectivamente, serán los encargados de estas evaluaciones. Su composición contará con una amplia representación, entre otros, de las consejerías de la administración regional; entidades de discapacidad, familia, educación, juventud; agentes sociales como la Federación de Municipios, sindicatos, empresarios, Tribunal Superior de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación.

Esta diversidad constituye un aspecto fundamental para la comprensión e identificación de políticas orientadas a la mejora de la inclusión de este grupo social y, sobre todo, un papel transformador que corresponde a todos los agentes involucrados.

El plazo de presentación de candidaturas de entidades ciudadanas y LGTBI para formar parte del Observatorio será de 20 días desde la entrada en vigor del decreto, y será la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género quien examine las solicitudes.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido una "cierta contención" en la expansión del virus Covid-19 en la Comunidad desde la puesta en marcha del toque de queda el pasado 24 de octubre pese a lo que la incidencia "sigue siendo alta" por lo que la Junta baraja mantenerlo a partir de día 9 de noviembre, fecha en la que concluye la norma actual, y hasta que haya un "descenso sostenido".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad ha insistido en que, pese a que la curva se ha aplanado en la última semana, la situación de la Comunidad es de transmisión comunitaria, por lo que ha reclamado a la ciudadanía que se limiten al máximo los contactos, tanto en el medio rural como en el urbano.

Así, ha detallado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de más de 500 por cada 100.000 habitantes en todas la capitales de provincia de la Comunidad, por lo que, a cinco días de renovarse medidas como el toque de queda lo "más probable" es que se mantenga hasta que se registre una caída generalizada de casos.

Tanto Igea como Casado han confiado en que la introducción desde mañana de nuevas medidas como el cierre de la hostelería o los gimnasios puedan ayudar también a reducir el número de contagios con el fin de no tener que llegar al punto de decretar un confinamiento domiciliario o perimetral por zonas, algo que, por el momento, no se baraja.

No obstante, Casado ha señalado que en la Conferencia Interterritorial celebrada este miércoles ha reiterado la necesidad de que se ponga en marcha un instrumento jurídico que permita a las comunidades autónomas poder decretar ese confinamiento domiciliario si fuera necesario, algo que, a su juicio, debería ponerse sobre la mesa desde el próximo 9 de noviembre.

Del mismo modo, Casado exigió también medidas homogéneas y unidad de criterio. "Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte probablemente tendría que tener un gran libro de instrucciones, a mi me parece que es absolutamente necesaria la homogeneidad", ha defendido.

Ante la situación actual, tanto Igea como Casado han llamado al "confinamiento inteligente". "Tenemos que ser conscientes de la gravedad y quedarnos en casa durante el mayor tiempo posible", han defendido, tras lo que Casado ha aclarado que pese a cierto aplanamiento de la curva de contagios no se "fía nada" del coronavirus.

No obstante, Casado ha aprovechado para mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. "La situación es muy compleja, vivimos una pandemia terrible y nunca conocida pero quiero mandar mensaje de esperanza, esto va a acabar".

Dos módulos de la cárcel de Albocàsser (Castellón) han sido aislados de manera preventiva tras informar este miércoles una profesora que había impartido un curso de cerámica de que había dado positivo en coronavirus, según han informado fuentes de Instituciones Penitenciarias.

ACAIP Albocàsser ha informado en un comunicado que donde se produjo el contacto más estrecho de la monitora con los internos fue en la realización de una paella el día 28 de octubre como despedida del curso, en la que se juntaron 43 internos y diversos profesionales del centro, la cual, según el sindicato, fue autorizada por la Dirección del centro "a pesar de las restricciones que rigen en la comunidad autónoma, que no permite reunirse más de 6 personas".

Según ACAIP, este hecho "no es aislado", ya que en otro módulo también se celebró una comida de las mismas característcias el día anterior. Para el sindicato, este tipo de celebraciones, en el contexto actual, "es una grave irresponsabilidad por parte de la Dirección del centro, donde se pone en peligro la salud de los trabajadores y los internos del centro penitenciario.

Desde ACAIP se ha solicitado el cese de la Dirección del centro y que se investigue lo sucedido, "para intentar aclarar si se han producido irregularidades que hayan puesto en peligro la salud tanto de los trabajadores penitenciarios como de los internos".

Instituciones Penitenciarias que la paella se permitió porque los reclusos que participaron en la misma vivían en el mismo módulo, por lo que se consideran "convivientes". Tras la celebración de la comida, hubo algunos reclusos de ese módulo que fueron trasladados a otro distinto, por lo que, una vez se tuvo conocimiento del positivo de la profesora, se decidió aislar ambos módulos.

Al respecto, han señalado que es están realizando test de antígenos a todos lo palpitantes en la paella, aunque de momento no se ha registrado ningún positivo.

Por otra parte, Instituciones Penitenciarias ha informado que, actualmente, en la prisión de Albocàsser hay un interno que ha dado positivo tras mantener un contacto familiar, así como 4 funcionarios contagiados por parte de una compañera.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que el Gobierno Vasco ha convertido el Día de la Memoria, que se celebrará el próximo martes "en un ejercicio de blanqueamiento de ETA" y ha considerado que "la naturaleza y el objetivo" de esa jornada, que "debería ser recordar a las víctimas del terrorismo", se ha "pervertido" para "transformarlo en una pantomima a medida de los intereses de quienes justifican el terrorismo".

Covite, de este modo, ha criticado la campaña puesta en marcha por el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco, Gogora, en la que en una serie de vídeos protagonizados por jóvenes se hace hincapié en que "todas las víctimas deben ser tratadas por igual, porque todas han sufrido, sin mencionar si quiera por qué han sufrido, puesto que no se pronuncian las palabras terrorismo y ETA". A su juicio, esto supone "un burdo intento de negar que ha habido terrorismo en el País Vasco".

En ese sentido, ha incidido en que "reconocer el sufrimiento de las víctimas debe ir acompañado de una condena tajante de las razones por las que ese sufrimiento ha sido infligido". "El significado de las víctimas no es otro que la intencionalidad con la que los asesinos nos constituyeron en víctimas: un proyecto político nacionalista y excluyente. Por eso el significado de las víctimas de ETA es político, porque ETA no mató por barbarie ni por venganza, ni para robar la cartera de sus víctimas. Asesinó por un proyecto político", ha remarcado.

Para la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, "obviar esa especificidad del terrorismo de ETA es exactamente lo que buscan quienes no han condenado a ETA y la justifican: un manto de silencio que diluya sus responsabilidades criminales, que no les inste a condenar el terrorismo". "Negar el significado político de las víctimas de ETA no contribuye a la construcción de la Memoria digna que merecen", ha añadido.

"MANIPULACIÓN"

En este sentido, ha señalado que la "manipulación" de la campaña puesta en marcha por Gogora obedece a "una estrategia muy evidente de asentar un relato amable sobre lo que ha sido el terrorismo de ETA". "El nacionalismo busca privatizarnos y hacer hincapié exclusivamente en nuestro sufrimiento, omitiendo las razones por las cuales somos víctimas", ha lamentado Ordóñez.

Tras asegurar que las políticas públicas de Memoria del Gobierno vasco "omiten quiénes causaron la mayor vulneración de derechos humanos que hemos vivido en el País Vasco en los últimos cincuenta años", Covite ha insistido en que "tampoco se habla de la falta de libertad que ha padecido -y todavía padece- una parte de la sociedad vasca, consecuencia, precisamente, del terrorismo de ETA".

"Pero en esta campaña incluso se ha ido más allá y no se mencionan siquiera las palabras ETA y terrorismo. Somos víctimas de no se sabe qué violencia", ha denunciado el colectivo, al tiempo que ha censurado que "para ocultar que el terrorismo ha sido el mayor problema para la paz y la convivencia en Euskadi" se iguala a las víctimas en su "condición doliente, de sufrimiento" con las de otras violencias que "nada tienen que ver con el terrorismo".

Desde Covite cuestionan si "el Gobierno Vasco abordaría la violencia machista o racista sin ni siquiera mencionar las palabras machismo o racismo". "Evidentemente, no lo haría", sentencian. "Todas las violencias deben ser condenadas y desligimitadas por los poderes públicos, tratadas cada una de ellas de forma individual, con la importancia y la gravedad que merecen", defienden desde el colectivo.

Asimismo, ha asegurado que la "estrategia de ocultación del terrorismo de ETA coincide con el deseo mayoritario de la sociedad vasca de pasar página del terrorismo sin cuestionarse nada, sin renunciar a los objetivos políticos máximos de quienes justifican a ETA y sin censurar que el brazo político de ETA se haya integrado en la vida democrática bajo una falsa normalidad sin haber condenado el terrorismo".

Finalmente, Covite ha considerado que el formato y el enfoque del Día de la Memoria es "una cesión de los partidos políticos al nacionalismo, que vuelven a dejar la construcción de la Memoria pública en manos de los herederos políticos de los terroristas". En su opinión, esto supone "un retroceso en la batalla de un relato honesto y digno para las víctimas".

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, ha asegurado este jueves que el departamento está ultimando unas orientaciones para las cabalgatas de Reyes, que deberá validar el Procicat, pero ha señalado que "no habrán actos que acumulen mucha gente".

En rueda de prensa para presentar ayudas al sector cultural, ha dicho que en cada municipio los Reyes llegan de una forma diferente y que dispondrán de unos criterios como marco condicionados a la situación por el coronavirus: "Es necesario tener unas indicaciones de lo que no se puede hacer", ha subrayado.

En esa misma línea, el subdirector general de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Degaldo, ha expresado en la rueda de prensa de seguimiento de Covid-19 que "el formato clásico de la cabalgata es una línea roja", por el riesgo de contagio que implican las aglomeraciones que suele haber en este acto.

"Hay una serie de líneas rojas que es evidente que nos tenemos que marcar. Una de estas son las aglomeraciones, comportan riesgos desde el punto de sanitario, de contagio", ha dicho al preguntársele en rueda de prensa sobre cómo se celebrarán estos actos y si podrán hacerse en todos los municipios de Catalunya.

Delgado ha advertido de que "todo el mundo debe entender y asimilar, de la misma forma, que si se mantienen las medidas actuales no podrá haber la comida o cena más o menos amplia con familiares y amigos" durante la celebración de Navidad.

Ha señalado que la Cabalgata de Reyes ya supone "un sobreesfuerzo" para mantener la seguridad, que este año se suma a las medidas de contención del coronavirus.

Ha aseverado que el formato habitual de las cabalgatas no será viable, si bien ha afirmado que están "trabajando en formatos alternativos que puedan permitir que las criaturas y las familias vean a los Reyes".

TIPO DE CABALGATAS

La consellera Ponsa ha dicho que en algunos municipios de tamaño pequeño se podrá plantear hacer el cortejo itinerante y que los niños lo puedan ver "desde la ventana o la puerta" de casa, u otros que, en lugar de hacer la cabalgata a la tarde, pueden comenzar a mediodía.

Lo que ha querido dejar claro es que "no habrán actos que acumulen mucha gente", así como posiblemente tampoco lanzamiento de caramelos durante el itinerario.

Àngels Ponsa ha afirmado que una vez se disponga de los parámetros y pase por el Procicat se trasladará a los ayuntamientos, y cada consistorio hará su propuesta para la celebración de la cabalgata.

En una entrevista en TV3, ha asegurado que habrá cabalgatas pero condicionadas a la situación epidemiológica, por lo que podrá haber algunas "más estáticas" y otras que sean más itinerantes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a un hombre de 51 como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras al parecer golpear a una mujer con varias botellas en la cabeza, apuñalarla con los cristales rotos y golpearle la cabeza contra un escalón.

La víctima precisó de 70 grapas y además puntos de sutura por cuello, cabeza, brazos y piernas, por lo que fue ingresada en el Hospital de la Ribera, según ha informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.15 horas de la noche del miércoles, cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigieran a un establecimiento de la localidad de Alzira (Valencia), donde, al parecer, se escuchaban gritos y botellas rompiéndose.

Inmediatamente, los policías se dirigieron al lugar, donde encontraron la persiana bajada y, tras dar varios golpes en ella, oyeron cómo una persona pedía auxilio. Los agentes tiraron de la persiana, ya que se encontraba abierta, y accedieron al interior del local.

Allí descubrieron un reguero de sangre y cristales rotos que les llevó hasta el final del local, donde localizaron a dos personas, una mujer en el suelo ensangrentada llena de heridas y un hombre junto a ella con la camiseta llena de sangre. Los agentes auxiliaron rápidamente a la mujer y solicitaron un indicativo sanitario ya que las heridas que presentaba revestían gravedad.

Las primeras investigaciones apuntan a que, momentos antes, el sospechoso al parecer había agredido a la mujer golpeándola varias veces con botellas y llegando a reventarle más de una en la cabeza. Además, la habría apuñalado con los cristales rotos para después agarrarla fuertemente y estamparle la cabeza contra el vértice de un escalón. La víctima al parecer intentó escapar varias veces peor no lo consiguió.

Finalmente, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La mujer fue trasladada al Hospital de la Ribera donde requirió 70 grapas y una cantidad indeterminada de puntos de sutura por cuello, cabeza, brazos y piernas.

Agentes de la Policía Nacional en Écija (Sevilla) han detenido a un varón, de 41 años de edad, por su presunta participación en un delito continuado de incendios forestales.

La Policía llevó a cabo un dispositivo creado especialmente para resolver la autoría de los fuegos intencionados que se sucedían en la zona conocida como Corta del río Genil, en la citada localidad, según informa en un comunicado.

La investigación policial comenzó el pasado mes de septiembre cuando se produjeron los primeros incendios que evidenciaban que estos pudieran tratarse de fuegos intencionados. Por este motivo se creó un grupo 'ad-hoc' con un despliegue policial en la rivera del río Genil, a su paso por dicho término municipal.

Los agentes que patrullaban la zona el pasado día 24 de octubre observaron a una persona en compañía de un perro de raza, que ante la presencia policial "se escondió entre la maleza intentado evitar a los agentes y en ese preciso instante en el lugar comenzó a salir una columna de humo.

El incendio se propagó rápidamente por la linde de un camino peatonal y cercano a una parcela habitada en la que se encontraban varias familias y sus vehículos, por lo que tuvieron que ser avisados de emergencia los Servicios de Extinción de Incendios.

Los agentes especialistas pertenecientes a la Unidad de Policía Científica realizaron la inspección técnico policial en la zona afectada, detectando "dos focos de ignición del fuego que acababa de ser extinguido". Paralelamente, la persona localizada por la Policía entre los arbustos, reconoció espontáneamente ser el autor del fuego, llevando a los agentes hasta el lugar donde había arrojado el mechero encendedor que utilizó para provocar el incendio.

Ello unido a otros indicios obtenidos por los agentes, así como el estudio exhaustivo de anteriores fuegos intencionados ocurridos en la zona y que ascendían a otros cinco, permitieron proceder a la detención de un hombre de 41 años de edad al que se le imputa un delito continuado de incendios forestales y que ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha admitido que el Gobierno "ha llegado a entender" que la opción de la Comunidad de Madrid de plantearse cierres perimetrales sólo en los puentes de noviembre era una medida "adecuada", a la vez que ha dicho percibir un "giro" del PP a la "moderación" y a la "institucionalidad" a la vista de que Pablo Casado abra la puerta a un eventual confinamiento domiciliario en caso de que el coronavirus esté "absolutamente descontrolado" en un área.

"Siempre va a ser bien recibido cualquier giro del PP a la moderación y a la institucionalidad de las que ellos solos se apartaron durante tanto tiempo, incomprensiblemente", ha manifestado Calvo en declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares (Madrid).

En todo caso, ha destacado que el lugar donde tiene que producirse los debates en torno a la evolución de la segunda ola del coronavirus es el Consejo Interterritorial de Salud, donde ha recordado que este miércoles el Ejecutivo y todas las comunidades autónomas acordaron por unanimidad mantener los plazos establecidos en el decreto del segundo estado de alarma y aplazar las nuevas medidas a adoptar.

La 'número dos' del Ejecutivo sostiene que "todos" deben ser "muy prudentes" sobre los contenidos técnicos, médicos y científicos para trasladar a la población "la mayor tranquilidad y seguridad posibles".

Y, por eso, ha aplaudido que el PP haya abandonado la "radicalidad" y la "irresponsabilidad" que ejerció la semana pasada, cuando "incomprensiblemente" decidió abstenerse en el decreto del estado de alarma decidido por el Gobierno cuando se trata de un instrumento jurídico que da capacidad a las comunidades autónomas para proteger a la población de la crisis de salud que una pandemia trae consigo.

TAL VEZ ESTÁN EN EL CAMINO DE LA REFLEXIÓN

"La semana pasada el PP perdió a oportunidad de estar con el Gobierno pero tal vez esté en el camino de la reflexión", ha apuntado Calvo, no sin destacar que las decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud se adoptan con "mucho más consenso y equilibrio" de lo que a veces el partido de Pablo Casado traslada al debate político.

Preguntada, en concreto, sobre si seguía pensando que la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de cerrar Madrid los dos puentes de noviembre era una "ocurrencia", Calvo ha respondido que el Gobierno ha llegado a entender que esa opción puede ser "adecuada".

La vicepresidenta ha defendido que el Gobierno intenta hacer dos cosas "lo mejor posible", que es cumplir con el decreto del estado de alarma y "cogobernar" con las comunidades, que son las que tienen la competencia de Sanidad.

"Y fíjense hasta que punto somos corresponsables y comprensivos de las situaciones diferentes que se viven en diferentes puntos del país que hemos llegado a entender que la opción de cerrar los dos puentes puede ser adecuada para los objetivos que, desde el punto de vista sanitario, se trazara la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Calvo ha abundado que el Gobierno tiene la capacidad de entender y de buscar "lo único que importa, que es parar los contagios, evitar la crisis de salud, que los hospitales puedan dar respuesta y que nadie muera". Y eso, según ha concluido, está "por encima de todo".

ESPERA QUE TODOS CEDAN "UN POCO" CON LOS PGE

En su comparecencia ante los medios, a Calvo también se le ha preguntado por la ronda de contactos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han iniciado este jueves con los grupos parlamentarios dispuestos a apoyar los Presupuestos de 2021.

Contactos que la vicepresidenta ha enmarcado en la normalidad -"es lo que toca", ha dicho-, teniendo en cuenta que este viernes concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad de unas cuentas públicas que son, ha dicho, las que España necesita ahora.

"Son unos Presupuestos de país", ha enfatizado la vicepresidenta, quien espera que los apoye "todo el mundo" que lo entienda así y quien ha apuntado que la intención del Gobierno es sentarse con "todos" para sacar adelante "los Presupuestos que España necesita más que nunca en 41 años". "A ver si todos somos capaces de entenderlo y capaces de ceder un poco para que salga ganando España", ha apostillado.

AZAÑA, "LA MEJOR MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA"

Calvo ha hecho estas declaraciones antes de participar del homenaje que el Ayuntamiento de esa localidad madrileña ha rendido al que fuera presidente de la II República Manuel Azaña en el 80 aniversario de su fallecimiento.

La vicepresidenta ha dicho que defender a Azaña es "defender la mejor memoria democrática de España" porque se trata de "uno de los grandes personajes patriotas" de este país que ahora "afortunadamente" vive como él quiso que viviera.

"Fue un auténtico ejemplo de todos los registros posibles de un gran ser humano, un gran intelectual, un gran político y alguien que estuvo a la altura de la exigencia de su país defendiendo la democracia hasta el final", ha resumido.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha manifestado su "respaldo" a las nuevas restricciones anunciadas por la Xunta para Galicia y ha destacado que se encuentran en "concordancia con la estrategia nacional" para frenar el avance de la pandemia.

Preguntado tras una visita al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el ministro ha apuntado que, aunque la situación de Galicia es "mejor" que la de otras comunidades, "la prudencia es siempre buena consejera".

En concreto, Galicia ampliará las restricciones a 60 ayuntamientos gallegos y establecerá su confinamiento perimetral y el cierre de la hostelería y la limitación del deporte a la práctica individual en los mismos desde este sábado.

Así las cosas, el titular de la cartera de Sanidad ha considerado "muy acertado actuar con prevención" y "precaución" ante el avance de la segunda 'ola' de la pandemia y ha llamado a la ciudadanía a "cumplir" las medidas establecidas.

De cara al futuro, ha rechazado concretar si se estudiar decretar un nuevo confinamiento domiciliario durante las Navidades, aunque ha asegurado que estas "no serán como las del año pasado".

En este sentido, ha remarcado que se trabaja para doblar la curva de la 'ola', pero ha insistido en que España "no está bien" en relación a la pandemia. De este modo, ha recordado que la incidencia a nivel nacional se sitúa en torno a los 500 casos por 100.000 habitantes y ha insistido en la importancia de lograr que se coloque por debajo de los 100.

En todo caso, Salvador Illa ha vuelto a reiterar la importancia de esperar "dos o tres semanas" tras la aplicación de restricciones para evaluar su resultado y decidir si se extienden. Así, ha señalado que, si se adopta una medida "un domingo", no se pueden observar sus consecuencias "el martes" y ha recalcado la importancia de respetar las restricciones que se establezcan. "Es tan importante tomar medidas como cumplirlas", ha zanjado.

RESTRICCIONES EN GALICIA

Por su parte, el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, ha defendido la ampliación de la vigencia de las restricciones impuestas el pasado viernes con motivo de evitar desplazamientos desde zonas urbanas, que acumulan una mayor incidencia de casos, a municipios rurales con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Sin embargo, ha recalcado que, cuando se adoptaron esas medidas, se señaló que se reevaluarían este martes, cuando se decidió ampliarlas al no observarse una tendencia de mejora de la situación.

En esta línea, Julio García ha justificado la adopción de las nuevas restricciones y la extensión de las mismas a más municipios dado el funcionamiento de esta estrategia en O Carballiño, donde ha recordado que la incidencia acumulada de casos se ha logrado reducir "más de un 50%".