La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha decretado el cierre de 43 aulas de un total de 37 centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado viernes, 16 de octubre, y este jueves, día 21, lo que supone un 0,5% de las clases existentes en la región.

En la ciudad de Zaragoza, se ha cerrado un aula de Infantil en los colegios Marcos Frechín, Pilar Bayona, Catalina de Aragón, Santa María Reina, Santo Domingo de Silos, Bajo Aragón Marianistas, Teresiano del Pilar, El Salvador, Sagrada Familia y Romareda.

Además, se ha cerrado un aula de Primaria en los colegios Valdespartera, Domingo Jiménez Beltrán, El Espartidero y Calasancio, dos aulas de Primaria en el colegio María Inmaculada y una de Secundaria en el Instituto El Picarral.

En la provincia de Zaragoza, se ha cerrado un aula de Infantil en el Centro Rural Agrupado (CRA) Ebro de Gelsa y una de Primaria en los colegios Joaquín Costa, de Tarazona; Alejo Lorén, de Caspe; Pintor Pradilla, de Villanueva de Gállego, y una de Secundaria en el CPI Galo Ponte, de San Mateo de Gállego.

En la provincia de Huesca, en la capital se han cerrado un aula de Infantil y otra de Primaria en el colegio Pedro J. Rubio y una de Primaria en el colegio Juan XXIII. Además, en Jaca, en el colegio San Juan de la Peña se han cerrado dos de Primaria, en Monzón, en el Joaquín Costa, una de Infantil y otra de Primaria, igual que en el CRA de Altorricón y dos de Infantil en el Alto Gállego de Sallent de Gállego.

De Infantil, además, se ha clausurado un aula temporalmente por la COVID-19 en los centros Katia Acín, de Binéfar, CRA Alta Ribagorza, de Benasque, colegio Alto Aragón, de Barbastro, y Montecorona, de Sabiñánigo. También se ha cerrado una de Primaria en el San José de Calasanz de Barbastro y una de Secundaria en el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo.

EN TERUEL

En Teruel, se ha cerrado un aula de Infantil el colegio Miguel Vallés de la capital y otra en el CPEE Arboleda. En el resto de la provincia, se ha visto afectada un aula en el CRA de Gea de Albarracín y otra de Secundaria en el IES Sierra Palomera de Cella.

El total de las clases cerradas por coronavirus desde el inicio de curso en Aragón es de 413, aunque hasta este viernes, 23 de octubre, se han reabierto 380, por lo que el porcentaje de clausuras se encuentra en el 0,3 por ciento.

Cuando se cierra un aula, los casos positivos no pueden volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres. Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena desde el último contacto con el positivo.

Las autoridades sanitarias han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) completa del IES Los Moriscos, de Hornachos, al detectarse seis casos activos de Covid-19 entre su alumnado, de distintos cursos de ESO.

Por eso, preventivamente, los 250 estudiantes de esta etapa van a guardar cuarentena y seguirán el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa, al igual que los niños, niñas y jóvenes de 14 aulas, de 11 centros educativos más.

Se trata de una clase del Colegio María Assumpta y de un aula del CEIP Guadiana, ambos de Badajoz; un grupo del IES Jaranda, de Jarandilla de la Vera; una clase del CEIP Suárez Somonte, de Llerena; una clase del IES Dr. Fernández Santana, de Los Santos de Maimona; tres aulas del CEIP Trajano (por un caso positivo en cada una de ellas) y de un aula del CEIP Juan XXIII, ambos de Mérida.

Además de un grupo del IES San Martín, de Talayuela; dos clases del IES Virgen de Guadalupe, de Cáceres; un aula del CEIP Francisco Montero de Espinosa, de Almendralejo; y de una clase del IES Gregorio Marañón, de Caminomorisco.

Además, a partir del lunes, 26 de octubre, reabrirá ya el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) El Pilar, de Villafranca de los Barros, así como 30 aulas más, de 19 centros educativos de Extremadura.

El centro educativo que aporta más aulas es el IES Alba Plata, de Fuente de Cantos y las nueve aulas que fueron puestas en cuarentena por los profesionales sanitarios retoman ya el lunes la enseñanza presencial, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, retoma la actividad in situ una clase del CEIP Francisco Rodríguez Perera, de Villanueva del Fresno; un aula del CEIP Santa Ana, de Villanueva de la Vera; un grupo del CEIP Conquistadores, de Villanueva de la Serena; y una clase del CEIP Antonio Jiménez Llerena, de Villafranco del Guadiana.

Así como un grupo del CEIP Adolfo Díaz-Ambrona, de Valdelacalzada; dos clases del CEIP Antonio Chavero, de Usagre; dos aulas del CEIP Lucio García, de Peraleda de la Mata; un grupo del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de Navalmoral de la Mata; un aula del CEIP Conquistador Loaysa, de Jarandilla de la Vera; una clase del IES Benazaire, de Herrera del Duque; y un grupo del CEIP Francisco Valdés, de Don Benito.

También, un aula de la Escuela Infantil La Cometa, una clase del CEIP Castra Caecilia; un grupo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y una clase del CEIP Donoso Cortés, los cuatro de Cáceres.

También vuelven ya a sus centros una clase del CEIP Juventud, un grupo del IES San Fernando y dos grupos del Colegio Santo Ángel de la Guarda, los tres últimos, de Badajoz.

Así, teniendo en cuenta las aulas que retoman la enseñanza presencial y las que la abandonan, a partir del lunes, habrá 60 clases en el modelo 3, de enseñanza a distancia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a 24 años de prisión al acusado de intentar matar a sus dos hermanas con un hacha en la localidad de Bienservida (Albacete) en 2018, tras reclamarles una cantidad de dinero que según él le adeudaban.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que el acusado es culpable de cometer dos delitos de asesinato intentados por los que le piden la pena de 12 años de prisión por cada uno, así como la inhabilitación absoluta durante dicho tiempo, con prohibición de acercarse a 300 metros y comunicarse de cualquier forma con sus hermanas E.M.M y M.I.M.M. durante 15 años.

Asimismo, se le condena a una medida de libertad vigilada durante 10 años una vez concluya la pena de prisión, y a indemnizar a E.M.M. en 84.117,11 euros, y a M.I.M.M. en 50.130,50 euros por la asistencia médica que tuvieron que recibir como consecuencia de los hechos, mientras que al Sescam deberá indemnizar en 13.202 euros.

La sala ha considerado probado que el suceso tuvo lugar el 17 de noviembre de 2018, sobre las 8.30 horas cuando el acusado, P.M.M., mayor de edad y sin antecedentes penales, coincidió en una panadería de la localidad de Bienservida con las hermanas, donde comenzó a reprocharles el impago de una deuda, aseverando que le habían robado, llamándolas "hijas de puta" y marchándose posteriormente a su casa.

Al saber que sus hermanas pasarían por allí de regreso, lo que tuvo lugar hacia las 10.00 horas, las esperó hasta que en el momento en el que llegaron salió en su encuentro y tras reproches y contestar E.M.M que no tenía nada que hablar con él, anduvo varios pasos para volverse con un hacha en la mano de hoja y filo metálico que tenía oculto o simulado y que sacó rápidamente sin que fuese advertido por sus hermanas.

El acusado acometió a ambas con intención de provocarles la muerte, golpeando a E.M.M. en la cabeza y al intentar M.I.M.M. defenderla, la tiró al suelo golpeándola hasta en tres ocasiones que le alcanzaron dos en la cabeza y otra en el cuello. Seguidamente, continuó golpeando a E.M.M. hasta que el marido de ésta le gritó, logrando que el acusado se apartase de las víctimas.

HERIDAS CAUSADAS POR LOS GOLPES

Como consecuencia de los hechos, y según se señala en la sentencia, E.M.M. sufrió traumatismo facial y craneal con herida compleja facial de unos 12 centímetros y medio de longitud, además de provocar herida de diez centímetros en región occipital y otra de seis centímetros en región temporal.

Asimismo, sufrió una fractura de arco cigomático y maxilar superior izquierdo, una fractura en la parte izquierda del hueso occipital con discreto desplazamiento, contusión en falange del segundo dedo de la mano izquierda, así como paresia en miembros izquierdos.

También tuvo afectación del nervio facial izquierdo, precisando para su cura de intervención quirúrgica, medicación y rehabilitación, restableciéndose 365 días después, siendo 355 de perjuicio personal por pérdida de calidad de vida moderado, 7 de pérdida de calidad de vida grave y 3 de pérdida de calidad de vida muy grave.

Como secuelas, a E.M.M. le quedó monoparesia del miembro superior no dominante, paresia inferior izquierda, parestesias de partes acras, pérdida de un diente canino, material de osteosíntesis y perjuicio estético. Todo ello supuso la incapacidad permanente para la continuación de su trabajo habitual.

Por su parte, M.I.M.M. sufrió traumatismo craneoencefálico con fractura ósea en región temporal parietal izquierda con desplazamiento de fragmento, herida inciso contusa malar izquierda y en el lateral del cuello.

Además, sufrió una fractura distal en peroné derecho y maléolo de la tibia derecha que precisó tratamiento quirúrgico en tres ocasiones, transfusión sanguínea e inmovilización con férula del miembro indicado, restableciéndose 261 días después, siendo 255 de perjuicio personal por pérdida de calidad de vida moderado, 5 graves y uno muy grave.

Como secuela, le ha quedado parestesias de partes acras, pérdida de sustancia ósea y tobillo doloroso, además de un perjuicio estético. Así, se señala que con las secuelas se ha dificultado el ejercicio laboral de M.I.M.M.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cinco años de prisión y a otros cinco años de libertad vigilada a un entrenador de un equipo de fútbol sala de 60 años por abusar sexualmente y de forma continuada de una de las jugadoras, de 15 años.

Además, le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima durante seis años, así como la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores durante cinco años.

El tribunal considera acreditado que el acusado inició un acercamiento sexual hacia la menor, que se encontraba bajo la tutela de la Xunta y al cuidado de su abuela materna, en julio de 2015, cuando ella contaba con 15 años, y que la mantuvo hasta 2017.

Para ello, afirma el tribunal, se prevalió de "su superioridad" como entrenador de la joven y "como referente masculino", dado que la víctima había "crecido sin la figura de una padre". De hecho, apunta, inicialmente la menor creía que "vivía dentro de una relación que no percibía como abusiva" y solo tras acudir a terapia se percató de la realidad.

Para la Audiencia, tanto los testigos como las pruebas --como los mensajes intercambiados entre ambos-- acreditan lo sucedido. "No existe duda alguna de que se besaban, se acariciaban y se masturbaban, conductas que, necesariamente, el acusado, con más de 60 años, habría de conocer que no podía mantener con una niña de 15 años en una situación de clara vulnerabilidad", dice la sentencia.

El Gobierno central ha puesto a disposición de Canarias tres centros con el fin de facilitar a las familias de migrantes que llegan a las costas del archipiélago con menores poder esperar unidas mientras se conocen los resultados de ADN pertinentes.

En concreto, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha puestos a disposición del archipiélago estos tres centros en la isla de Gran Canaria, según han avanzado fuentes de la Secretaría de Estado.

Estos centros, que estarán disponibles este sábado, contarán con personal formado y especializado. Esta acción se enmarca, matizan, en el ejercicio de colaboración entre administraciones.

Actualmente, en el Muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), se encuentran 1.289 migrantes que están a la espera de ser trasladados a otro lugar.

MÁS DE 2.340 MIGRANTES LLEGADOS EN UNA SEMANA

Canarias ha recibido entre los días 16 y 22 de octubre unas 92 embarcaciones irregulares con 2.349 inmigrantes a bordo, siendo el martes, 20 de octubre, cuando se interceptaron el mayor número de pateras, en concreto, 25.

Así, el pasado fin de semana --entre viernes y domingo-- llegaron al archipiélago 30 pateras con 887 inmigrantes, mientras que el lunes 18 embarcaciones irregulares desembarcarían en las islas con 375 personas, según apuntan a Europa Press fuentes oficiales.

En cuanto al martes, 20 de octubre, fue el día en el que Canarias recibió más pateras, 25, en las que venían a bordo 524 personas irregulares; mientras que el miércoles alcanzaron las costas canarias 13 embarcaciones con 375 migrantes; y el jueves arribaron seis pateras con 188 inmigrantes.

La Gerencia de Servicios Sociales ha dado traslado a la Fiscalía del acta de la inspección realizada a la residencia 'Río Pisuerga', ubicada en la localidad palentina de Salinas de Pisuerga, para su conocimiento y la adopción de medidas que, en su caso, pudieran proceder.

En la residencia, titularidad del Ayuntamiento de Saelices y cuyo alcalde solicitó la intervención de la Junta, el día 10 de octubre se declaró un brote por COVID-19 y a fecha 19 de octubre 78 residentes y 13 trabajadores arrojaron resultado positivo en las pruebas.

Así, la Gerencia ha trasladado a Fiscalía el acta de la inspección realizada y las actuaciones de apoyo que se están llevando a cabo en la misma a través de la propia Gerencia, del ECyL y de Sacyl para garantizar el bienestar de los residentes.

Estas acciones se concretan en las atenciones sanitarias facilitadas desde Sacyl, en el llamamiento de profesionales para cubrir las bajas laborales desde ECyL y en las actuaciones de la Gerencia de Servicios Sociales que ha permitido el inmediato traslado de los ocho residentes no contagiados a otro centro de la zona, así como la intermediación con todas las entidades colaboradoras en materia de promoción laboral en el ámbito de los servicios sociales, lo que ha facilitado la incorporación de varios efectivos.

En la contestación remitida por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de Palencia al Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga se recuerda que la Orden del Ministerio de Sanidad SND/275/2020 y posteriores modificaciones perdieron su vigencia con la finalización del estado de alarma.

Además, en dicha respuesta se hace alusión a una comunicación de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 10 de septiembre dirigido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el que se reitera en la misma línea: "...al menos para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las medidas promulgadas durante el estado de alarma decayeron el día que finalizó la última prórroga de este estado excepcional, es decir, el día 21 de junio de 2020.

Un total de 2.638 aspirantes se examinarán durante este fin de semana en Baeza (Jaén) para poder formar parte de la 126 promoción de la Academia de la Guardia Civil. La academia baezana es una de las sedes designadas para la realización de la primera prueba de los opositores con domicilio en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Albacete y Jaén.

Según se ha informado desde la Guardia Civil, el número de aspirantes en esta sede es de 2.638, repartidos entre los dos días previstos, ascendiendo el número total de opositores a nivel nacional en torno a los 26.793 --19.795 hombres y 6.998 mujeres--.

Al objeto de minimizar los riesgos para la salud, se han ampliado el número de sedes que han pasado de 16, el pasado año, a 20 este año --la de Madrid se divide en dos subsedes--, ubicadas en 13 comunidades autónomas.

Asimismo, los aspirantes están convocados en dos horarios distintos para evitar aglomeraciones, debiendo a su llegada las pruebas presentar una declaración responsable, conforme al modelo facilitado, en relación al COVID-19. El primer turno está previsto que comience a las 7,30 horas.

El proceso de acceso es mediante un concurso-oposición. En la fase de concurso se puntúan una serie de méritos tanto profesionales como académicos. Estos puntos se suman a los obtenidos en la fase de oposición, que se compone de una prueba de conocimientos teórico-prácticos --ortografía, conocimientos generales e inglés--; una prueba psicotécnica; y otra prueba de aptitud psicofísica --pruebas físicas, entrevista personal y reconocimiento médico--.

Las pruebas correspondientes a los conocimientos teórico prácticos y la de aptitudes intelectuales son las que se van a realizar este fin de semana. A partir de mediados del mes de noviembre se realizarán el resto de pruebas por tandas hasta final de mes.

El inicio del nuevo curso estará condicionado por la COVID-19, como ya lo estuvo el final del anterior. La Academia de Baeza cerró sus puertas el 13 de marzo, cuando se decidió enviar a casa a los alumnos, que acabaron su formación académica de forma telemática y la han completado después con prácticas en diferentes destinos de la geografía española. Igualmente, en marzo se optó por adelantar el destino en prácticas a los 200 suboficiales que también estaban realizando el curso de ascenso en las instalaciones baezanas.

La 126 promoción en Baeza estará conformada por 1.979, de modo que será ligeramente inferior a la anterior, cuando hubo 2.038 alumnos --1.707 hombres y 331 mujeres--.

Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han fijado esta semana sus líneas rojas y ya están preparados para negociar las reglas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, con los ecoesquemas y la definición de agricultor genuino o activo como potenciales puntos de choque entre ambas partes.

Los ministros de Agricultora de los Veintisiete lograron pactar su posición negociadora la madrugada del miércoles tras 42 horas ininterrumpidas de debates, fruto de una importante división con respecto a los nuevos ecoesquemas que se introducirán para conseguir que la PAC sea más 'verde'.

De su lado, la Eurocámara ha pasado la semana votando casi 2.000 enmiendas a los tres reglamentos que compondrán la futura PAC: el de planes estratégicos, el de la organización común de mercados y el 'horizontal'.

Los informes han salido adelante en el Hemiciclo europeo gracias a los votos a favor de los grupos popular, socialdemócrata y liberal y han contado con la fuerte oposición de los ecologistas bajo el pretexto de que la reforma no incumple con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

En la misma línea, las organizaciones ecologistas WWF y SEO/BirdLife consideran que tanto la posición de los eurodiputados como la de los gobiernos "imposibilitan una futura PAC verde y justa y torpedean el cumplimiento de los compromisos ambientales" de la UE.

Por el contrario, la organización agraria europea Copa-Cogeca ha negado que la posición de la Eurocámara sea un "blanqueo ecológico" y ha defendido que los eurodiputados "han asumido una postura responsable"

En cualquier caso, una vez adoptada, la PAC contará con un presupuesto da casi 390.000 millones de euros, de los cuales 291.100 millones están previstos para los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 millones para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). España recibirá unos 47.700 millones de euros

ECOESQUEMAS Y VERDADEROS AGRICULTORES

Las posiciones negociadoras del Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo anticipan algunas de las dificultades con las que se encontrarán los negociadores de ambas instituciones una vez empiecen las conversaciones en las próximas semanas.

Así, el principal punto de desencuentro entre ambas será, previsiblemente, el umbral mínimo que tendrá que destinarse a los regímenes en favor del clima y el medio ambiente (los ecoesquemas). Se trata de una ayuda adicional que los Estados miembros tendrán que pagar a los agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos 'verdes' obligatorios.

Los ministros de Agricultura acordaron, aunque no sin problemas por las diferentes de partida, que estos programas tuvieran reservado un 20% del presupuesto de pagos directos. Para sacar adelante este umbral, muchas capitales exigieron introducir cierta flexibilidad para no perder ese dinero en caso de que los agricultores y ganaderos no puedan o quieran acogerse a ellos.

Sin embargo, los eurodiputados son partidarios de que estos ecoesquemas cuenten con una dotación mínima del 30% de los pagos directos de la PAC. También han pedido que se pueda transferir un 5% de la dotación de desarrollo rural (pilar 2) al sobre de ayudas directas (hasta un 12% en los países con unos pagos por hectárea inferior a la media europea), pero este dinero debe dedicarse a financiar ecoesquemas.

Otro elemento que puede general fricciones en las negociaciones será la definición de los productores verdaderos que podrán tener acceso a las ayudas agrícolas europeas. Los Estados miembros quieren que el concepto de 'agricultor genuino' sea establecido a nivel nacional, con el único requisito europeo de que siga criterios "objetivos y no discriminatorios".

Pero la Eurocámara quiere blindar el presupuesto de la PAC y garantizar que sus pagos llegan únicamente a aquellos profesionales que desarrollen "al menos un nivel mínimo de actividad agraria". Para ello, defienden recuperar el concepto de agricultor 'activo' --en lugar de 'genuino'-- y piden que queden excluidos de las ayudas los gestores de aeropuertos, servicios ferroviarios o instalaciones deportivas y recreativas.

Un último aspecto importante de la futura PAC divide a Eurocámara y Consejo de la UE. La primera institución quiere que con carácter general sea obligatorio limitar a 100.000 euros los pagos directos, mientras que los Estados miembros quieren que cada país decida si imponer o no este umbral máximo de ayuda por explotación.

La Vniversitas Senioribus CEU Andalucía ha comenzado esta semana sus clases presenciales, atendiendo a todas las medidas de seguridad sanitaria para garantizar a sus alumnos y profesores "un espacio educativo protegido".

Un nuevo curso se inicia, "fiel al espíritu de este centro de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y a su apuesta por acercar la cultura y el interés por seguir formándose", según valoran en un comunicado desde CEU Andalucía, precisando que el único requisito para los alumnos es "tener ilusión por seguir aprendiendo".

Una propuesta formativa de calidad que "busca mantener viva las inquietudes culturales y sociales de las personas mayores de 40 años, dándoles la oportunidad de abrir nuevos horizontes, relacionarse y mejorar su calidad de vida".

La bienvenida a los alumnos ha estado a cargo de la directora del centro, María Luisa Ríos Camacho, que ha subrayado "el valor del aprendizaje de la cultura por encima de las circunstancias que vivimos derivadas de la crisis sanitaria.

Se ha referido especialmente "al perfil entusiasta de los alumnos senior, muchos ya veteranos que año a año apuestan por esta formación que desarrollan personalidades de la cultura sevillana, a los que se acomodan nuevos perfiles de profesionales jubilados con alta motivación por el arte y el saber".

Una de las principales novedades de este curso 2020/2021 es el acuerdo de colaboración suscrito con el Ateneo de Sevilla para impulsar actividades culturales académicas de forma conjunta y que permitirá desarrollar alguno de los talleres en sus instalaciones del centro de Sevilla.

Las primeras sesiones han estado a cargo del historiador y escritor Manuel Jesús Roldán (La Biblia y la Historia del Arte), el doctor en Historia Moderna e investigador de la Universidad de Sevilla, Juan Cartaya (España en la Teoría y en la Historia) y el doctor en Historia, Derecho y experto en Patrimonio Fernando Gabardón de la Banda (La Sevilla de la Baja Edad Media).

El inicio de curso ha permitido a sus alumnos volver a encontrarse, retomando lo aprendido en años anteriores para quienes ya han sido alumnos de este centro, y "abriendo nuevas maneras de aprender para los nuevos, despertando en todos ellos el interés, la ilusión y la pasión por el conocimiento".

Este año, y debido a las circunstancias sanitarias actuales, se aplicarán una serie de medidas, como un máximo de 19 alumnos por taller, creándose grupos de convivencia.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 441 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR y siete personas fallecidas, que eleva la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia a 686.

En concreto, el Área de Salud de Badajoz ha registrado el fallecimiento de dos mujeres de 89 y 79 años, naturales de Corte de Peleas y Santa Marta de los Barros, mientras que el Área de Salud de Cáceres ha notificado un fallecido, un varón de 78 años, de Arroyo de la Luz.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida ha registrado un fallecido, un varón de 93 años, de Guareña; el Área de Salud de Plasencia ha notificado un fallecido, un varón de 79 años de Hervás; y el de Coria ha notificado el fallecimiento de dos mujeres de 88 años de Zarza la Mayor.

Asimismo, en los hospitales extremeños hay ingresadas 227 personas, 18 de ellas en UCI y en la última jornada se han dado 287 altas, lo que equivale a un acumulado de 11.941 altas

Desde este viernes, ha apuntado la Junta, no se notifican sospechosos y descartados por la nueva recogida de datos adaptada a las necesidades del nuevo protocolo de seguimiento de los indicadores para la estratificación del riesgo, que recoge el documento aprobado este pasado jueves por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En el día de hoy no hay brotes nuevos ni cerrados, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

DATOS POR ÁREAS

El Área de Salud de Badajoz ha registrado 92 casos confirmados, tiene 52 pacientes hospitalizados, de los que tres están en la UCI, y acumula 51 fallecidos y 2.520 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha confirmado 83 casos positivos, tiene 29 pacientes ingresados, de los que dos están en UCI, y ha registrado 311 personas fallecidas y 2.830 altas.

El Área de Salud de Mérida ha comunicado 114 casos confirmados, tiene 63 pacientes hospitalizados, de los que seis se encuentran en la UCI, ha registrado un total de 50 víctimas mortales y ha dado 1.572 altas.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 54 casos confirmados, tiene 21 pacientes hospitalizados, cinco de ellos en UCI, y registra 87 fallecidos y ha dado 1.155 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha registrado 38 casos positivos, tiene 24 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y acumula 67 fallecidos y un total de 1.765 altas.

El Área de Salud de Navalmoral ha notificado 13 casos positivos, tiene 10 pacientes hospitalizados y acumula 61 fallecidos y 911 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha comunicado 38 casos positivos, tiene 16 pacientes hospitalizados y han fallecido desde el inicio de la pandemia 29 personas y se han dado 708 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha notificado nueve casos positivos, tiene 12 pacientes hospitalizados y han fallecido un total de 30 personas y se han dado un total de 480 altas.

La Comunitat Valenciana ha registrado 11 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, uno de ellos un residente, y ha superado por tercera vez esta semana la barrera de mil casos, en concreto, 1.202 nuevos positivos, según los datos facilitados por la Conselleria de sanidad.

Con estos 11 decesos el total de defunciones asciende a 1.764 personas: 257 en la provincia de Castellón, 607 en la de Alicante y 900 en la de Valencia. El peor día de esta semana fue el miércoles cuando que hubo que lamentar otros 12 fallecidos, que se suman a los 10 de ayer y a los 5 del martes y 3 del lunes.

Asimismo, esta semana se han superado en tres jornadas la barrera de mil nuevos positivos y se alcanzó un pico este martes con 1.318 nuevos casos, la cifra más alta registrada en un solo día desde el inicio de la pandemia, 1.060 de ayer y los 1.202 de hoy confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, lo que sitúan la cifra total de positivos en 53.878 personas.

Por provincias, 136 de los nuevos contagios se localizan en Castellón (5.757 en total); 470 en Alicante (18.409 en total), y 596 en la provincia de Valencia (29.705 en total). Además, el número total de pacientes sin asignar se mantiene en 7.

Por su parte, desde la última actualización se han registrado 418 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 54.089: 6.166 en Castellón, 18.124 en Alicante y 29.753 en Valencia. Además, el total de altas sin asignación asciende a 46. De esta forma, en estos momentos hay activos 7.907 casos, lo que supone un 12,40% del total de positivos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 808 personas ingresadas: 77 en la provincia de Castellón, con 11 pacientes en UCI; 279 en la provincia de Alicante, 56 de ellos en la UCI; y 452 en la provincia de Valencia, 58 de ellos en UCI.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.302.870, de las que 1.147.473 han sido a través de PCR y 155.397 mediante test rápido.

SITUACIÓN RESIDENCIAS

Además, a día de hoy, hay algún caso positivo en 36 residencias de mayores (4 en la provincia de Castellón, 10 en la provincia de Alicante y 22 en la provincia de Valencia) y 6 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón y 4 en la provincia de Valencia.

Asimismo, se han notificado 24 residentes positivos, ningún trabajador, y un residente fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 7 residencias en la Comunitat Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, va a solicitar al Gobierno central la aplicación del estado de alarma en Asturias para restringir la movilidad nocturna en la comunidad autónoma.

Asturias alcanzó este viernes 323 nuevos casos de coronavirus detectados en las 24 horas de este jueves, llegando a un nuevo máximo y superando por primera vez los 300 positivos por PCR en la región. Con estos datos, la tasa de positividad se sitúa en el 6,8%, tras haberse realizado ayer 4.739 pruebas PCR.

Este mismo viernes, el Ejército ha instalado de un puesto avanzado de triaje rente al Hospital de Cabueñes, en Gijón, para reducir la saturación del servicio de Urgencias, al hacer allí la evaluación de posibles pacientes COVID y la gravedad de su situación.

La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, ha justificado este viernes la instalación como un refuerzo para el Hospital de Cabueñes, dado que Gijón ha tenido un aumento "importante" de la incidencia de la COVID-19 y es la ciudad más poblada de Asturias.

La incidencia de la enfermedad COVID-19 también se está notando en los centros de referencia del área sanitaria IV, correspondiente a Oviedo, de tal forma que los gestores sanitarios han decidido ampliar el número de plazas para acoger a los ingresados.

Así, a lo largo del fin de semana se activará una unidad en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con capacidad para 42 pacientes. En el Hospital Monte Naranco, por su parte, se abrirá una nueva planta COVID que puede albergar hasta 22 pacientes más.

Los datos han sido aportados por el gerente del área sanitaria IV, Luis Hevia, que ha dicho que actualmente hay ingresados 87 casos COVID, 17 preCOVID y 22 pacientes en cuidados intensivos (UCI). La ocupación, ha dicho, asciende al 78%.

El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha citado a declarar como testigo el domingo al productor de televisión y exmiembro de La Trinca Josep Maria Mainat, y también revisará si mantiene en libertad o acuerda la prisión provisional para su esposa, Angela Dobrowolski, investigada por presuntamente intentar asesinarlo en junio.

Mainat comparecerá a las 10 horas acompañado de la letrada Olga Tubau, y después lo hará Dobrowolski, asistida por su abogado, Jorge Albertini, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

La causa está abierta por el presunto intento de asesinato a Mainat la noche del 22 al 23 de junio, por el que Dobrowolski fue detenida y puesta en libertad provisional más tarde, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional sin fianza para ella, según fuentes fiscales.

Este viernes, Mainat y Dobrowolski han acudido a la Ciutat de la Justicia acompañados de sus letrados, y el abogado de ella ha explicado que iban con relación a la orden de desalojo de la mujer, que todavía vive en la casa que compartía con el productor, y Albertini ha explicado que ha logrado aplazar el desahucio.

El juez que instruye la causa penal investiga si Dobrowolski, que estaba en el último curso de Medicina, intentó asesinar a Mainat administrándole insulina mientras dormía aún sabiendo que es diabético, supuestamente para impedir que tirara adelante con los trámites de divorcio y evitar así perder su parte de la herencia.

Esa noche, el fundador de la productora Gestmusic y que actualmente lidera Reset TV entró en un cuadro de hipoglucemia, una bajada de azúcar y luego en coma, por lo que pasó dos días ingresado en el hospital.

Según la investigación de los Mossos, la mujer supuestamente usó durante la noche un glucómetro para medir repetidamente el nivel de azúcar de Mainat y, aunque llegó a niveles en los que había riesgo de muerte, no hizo nada.

La esposa llamó a una ambulancia tras 20 minutos de una importante bajada de la glucosa en sangre, y cuando el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le dijo que le diera azúcar, supuestamente mintió al decir que no tenía.

CHEQUES FALSOS

Dobrowolski también fue detenida el 21 de septiembre por presuntamente sustraer cheques en blanco con la firma de su marido para robarle dinero, días más tarde de supuestamente intentar matarle, después de que el exmiembro de La Trinca denunció a su mujer --de la que se estaba divorciando-- por estos hechos.

La investigación de los Mossos confirmó el presunto robo de dos cheques en blanco que ya se habían cobrado, cuya beneficiaria era la hermana de Dobrowolski, y también comprobaron que el día en que se retiró el dinero la hermana estaba ingresada en el hospital, por lo que no pudo hacerlo, y sospechan que fue la propia esposa de Mainat.

DENUNCIAS CRUZADAS

Después del presunto intento de asesinato, la mujer ha presentado dos denuncias contra Mainat, por presuntas coacciones y lesiones, y ambas causas están en fase de investigación y en un juzgado de Barcelona especializado en violencia sobre la mujer.

Dobrowolski presentó la primera denuncia a mediados de julio --unas tres semanas después del intento de asesinato-- por un presunto delito de coacciones: en esta causa, la denunciante solicitó una orden de protección, que el Juzgado desestimó.

La segunda denuncia es de mediados de septiembre por un presunto delito leve de lesiones, por el que Dobrowolski no solicitó ninguna orden de protección.

Tubos Reunidos ha presentado un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de ocho meses de duración, con una afectación de un 66% de la plantilla, según ha informado el sindicato LAB, que ha exigido la retirada del ERTE.

LAB ha calificado de "sinsentido" la decisión de plantear un ERTE de ocho meses cuando, según se recoge en la memoria explicativa del expediente, la dirección tiene previsto presentar un plan de viabilidad antes que acabe este año.

Dicho plan, según ha indicado el sindicato en un comunicado, abarcaría hasta 2021 y, entre otras opciones, contempla la posibilidad de reestructuraciones y nuevas medidas organizativas, además de la ejecución de un plan estratégico para 2022 y 2024.

La organización sindical ha afirmado que no se puede "entender" la presentación de un ERTE "con una afectación tan alta y una duración tan elevada", cuando se desconoce "por completo" cuál es el proyecto de futuro que se va a presentar a la plantilla.

El sindicato ha mostrado su "hartazgo" con la utilización de los ERTE como "herramienta de flexibilización" por parte de la dirección de la empresa.

LAB también ha denunciado la "destrucción" de empleo y la pérdida de poder adquisitivo derivadas de la utilización "abusiva" de los ERTE, así como de la "negativa" a negociar mejoras de las condiciones de trabajo.

"CAOS Y DESASTRE"

El sindicato ha censurado que mientras los trabajadores viven esta situación, los miembros del comité directivo del Grupo Tubos Reunidos, a los que ha responsabilizado del "caos y el desastre" organizativo de la empresa, "han sido capaz de doblarse el sueldo en estos últimos años".

Por todo ello, LAB ha reclamado la retirada de este ERTE y un plan de viabilidad que permita salir a la empresas de la "deriva" a la que están llevando sus responsables.

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves que la futura estrategia forestal europea garantice la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los bosques, así como que esté dotada de nuevas herramientas y mayores recursos para hacer frente a desastres naturales como incendios, inundaciones o plagas.

En una resolución, aprobada con 462 votos a favor, 176 en contra y 59 abstenciones, los eurodiputados han pedido que esta hoja de ruta, que la Comisión Europea quiere presentar a comienzos de 2021, sea "independiente y autónoma", esté "alineada" con el Pacto Verde" y asegure que los bosques "siguen desempeñando un papel multifuncional".

La sostenibilidad forestal, prosigue el texto, significa facilitar la adaptación de los bosques a las condiciones climáticas cambiantes y poner el acento también en los aspectos sociales y económicos del sector.

Así, la Eurocámara defiende que los propietarios forestales que desarrollen una gestión sostenible de sus bosques deben recibir "más apoyo financiero", como por ejemplo ayudas específicas para las áreas Natura 2000, y obtener compensaciones por las pérdidas derivadas de aplicar medidas de protección.

Además, la nueva estrategia debe reforzar la resistencia europea ante desastres y las herramientas de alerta temprana con el objetivo de mejorar la prevención y la preparación ante desastres como incendios, inundaciones y plagas.

En esta línea, la resolución aboga por mitigar "de manera efectiva" el efecto del cambio climático, al tiempo que reclama una financiación adecuada para investigación e innovación en este ámbito. De la misma forma, los eurodiputados han alentado a fomentar el uso de la madera como material de construcción sostenible y renovable y han llamado a intensificar el debate contra la tala ilegal.

Según los datos del Parlamento Europeo, los bosques y otras masas forestales ocupan unos 182 millones de hectáreas en la UE, que representa aproximadamente un 43% del territorio. Además, los bosques absorben más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque.

Cerca del 60% de los bosques están en manos privadas y en su mayoría tienen una superficie inferior a tres hectáreas. Por encima del 60% de los bosques productivos del bloque cumple con los estándares voluntarios de sostenibilidad y el sector genera unos 500.000 empleos de forma directa y otros 2,6 indirectos.

El Ayuntamiento facilitará a la Universidad de Granada (UGR) la identidad de participantes en botellones en espacios del campus universitario de Cartuja, tras pedirle la institución académica su asistencia por si procedía algún tipo de sanción por esta "actividad no permitida" en su recinto en un momento de crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Fuentes de la UGR han informado a los medios de que solicitó puntualmente a la Policía Local su asistencia en la identificación de personas que estaban haciendo botellón en los espacios universitarios de Cartuja. "No se ha solicitado ni se solicitará información sobre lo que ocurra fuera de los espacios bajo la competencia" de la institución académica, han agregado.

Después de que el edil de Protección Ciudadana y portavoz del equipo de gobierno local de Granada, César Díaz, informara en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, en la mañana de este viernes, que el Ayuntamiento facilitaría a la UGR la identidad de los participantes en botellones, desde la institución académica han precisado que solo ha pedido a la Policía que identificara "a un grupo de personas que realizaban una actividad no permitida en un espacio universitario, por si procedía algún tipo de actuación o sanción por su parte".

Desde el Ayuntamiento, han remarcado que la Policía Local va a colaborar con la UGR "brindando información para la identificación de jóvenes que realicen actividades no permitidas en los espacios universitarios como puede ser el campus de Cartuja o en cualquier otro espacio de su competencia del que quieran tener información".

"Nuestra disposición es, ante todo, colaborar con el resto de administraciones e instituciones para evitar los contagios y poner coto a la Covid-19", han indicado estas fuentes municipales.

En rueda de prensa, César Díaz daba información sobre el protocolo de seguridad preparado para este fin de semana, si bien ha dicho que esperaba que "en las próximas horas" pueda entrar en vigor la restricción de movilidad de 23,00 a 6,00 horas planteada este pasado jueves a la espera de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En este contexto, Díaz destacó la importancia de la colaboración institucional en un momento como el actual, en referencia en concreto a la Subdelegación del Gobierno y la Junta.

Con ambas, y junto con la Policía Local, la capital granadina dispondrá de alrededor de 50 agentes policiales, en un operativo que se refuerza en fines de semana y puentes para vigilar más de 32 puntos que, como el de la plaza de Carvajales, en el Albaicín, son frecuentados por jóvenes para hacer botellón. Se trata de "juntos" poder "poner fin a la propagación de este virus", indicó Díaz, en presencia del también portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Manuel Olivares.

Díaz llamó en este sentido a la "responsabilidad individual" de todos, especialmente a los jóvenes que, con su "comportamiento aislado", ha dicho que no van a poner "en jaque" a la ciudad ni a la Universidad, cuyo "prestigio" internacional reseñó.

El Consistorio ya había puesto medidas anteriormente para avanzar en la identificación de los participantes en botellones y fiestas en la ciudad. Así, a principios de octubre, activó un protocolo para localizar a los propietarios de viviendas con estudiantes que los organicen en sus casas y hacerles saber los problemas de convivencia que generan sus inquilinos para que tomen medidas al respecto.

Tres vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresan en un voto particular que el órgano de gobierno de los jueces debió condenar "enérgicamente" la campaña de desprestigio denunciada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a raíz de solicitar al Tribunal Supremo que abra causa al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Añaden que se debió dar traslado a la Fiscalía del escrito en el que el magistrado pone en conocimiento de este órgano lo ocurrido "por si hubiera indicios de delito".

El documento, firmado por los vocales designados a propuesta del PP Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, defiende que el CGPJ debió de ir más allá de una mera toma de conocimiento del escrito del juez, al entender que lo ocurrido "constituye un ataque a la independencia judicial y cuestiona su autoridad".

No obstante, y pese a su petición, las consecuencias de esta toma de conocimiento de las amenazas se limitará por el momento a solicitar a la Policía, ante la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha presentado denuncia, que le informe del resultado de las investigaciones sobre la campaña en redes sociales contra el magistrado.

DECLARACIONES DE DIRIGENTES POLÍTICOS

Los vocales firmantes del documento consideran que, lejos de estar ante unas críticas a una actuación judicial en los medios de comunicación, que podrían considerarse amparadas por la libertad de expresión, lo denunciado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 tienen por objeto "intimidar al magistrado y desprestigiar al Poder Judicial en su conjunto, habiendo contribuido a su propagación las declaraciones de destacados dirigentes políticos.

A los dirigentes políticos, recuerdan, siendo libres de expresar sus opiniones críticas sobre las resoluciones judiciales o sobre el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, "incumbe un deber de respeto hacia el Poder Judicial, por lo que no deben promover su deslegitimación y desprestigio, socavando la confianza de los ciudadanos en sus jueces".

Ante lo que consideran una situación "grave", los vocales consideran que la Comisión Permanente debería recordar que "la creación de una atmósfera negativa en torno al ejercicio de acciones legales" constituye un intento directo de interferencia en un procedimiento judicial según señala la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que es "inaceptable en un sistema basado en el Estado de Derecho".

DEBER DE DISCRECIÓN

Los jueces y tribunales, como garantes de la justicia, cuyo papel es fundamental en el Estado de Derecho, deben gozar de la confianza pública, y por tanto deben ser protegidos de los ataques destructivos, ajenos por completo al ámbito de ejercicio de los derechos de crítica y libertad de expresión", continúa el voto. A ello se añaden, según recuerdan, que los jueces están sometidos a "un deber de discreción" que les impide replicar a dichas críticas.

Fuentes del CGPJ precisaron que no se ha procedido al inicio de ningún mecanismo de amparo al magistrado --regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)-- porque dicho amparo no ha sido solicitado por el juez, que se limitó a informar al CGPJ de lo ocurrido sin hacer ninguna petición expresa al respecto. Añaden además que una petición de amparo podría suponer problemas para la investigación, ya que el juez podría verse obligado a apartarse de la causa mientras dicho amparo se tramita.

Según el juez, dirigentes políticos vinculados al propio Gobierno de coalición, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, le señalan de forma directa en las redes sociales "sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

Las amenazas, según señaló García-Castellón en su escrito al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, comenzaron a raíz de conocerse el contenido de su exposición razonada al Supremo, en el que somete a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, --ambos aforados--, así como de otras cuatro personas. Pide concretamente que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

En esta pieza se indaga sobre robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--.

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.640 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.360 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 34 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

Así, con respecto al informe del jueves se han reportado 1.056 casos nuevos menos, y los notificados en las últimas 24 horas han descendido en 146, con nueve fallecidos menos en hospitales.

El número de pacientes ingresados sube ligeramente hasta 2.551 (26 más), mientras que el de pacientes en UCI desciende levemente (7 menos), con 225 altas hospitalarias en el día de ayer. Por su parte, el número de pacientes bajo atención domiciliaria por atención primaria ha aumentado hasta 5.924 (292 más).

En el acumulado, la Comunidad de Madrid registra un total de 299.982 casos positivos y 17.596 fallecidos por Covid, según datos de Sanidad Mortuoria (4.902 en centros sociosanitarios, 11.580 en hospitales, 1.080 en domicilios y 30 en otros lugares).

Además, un total de 64.869 pacientes han requerido hospitalización, 5.740 han requerido UCI y 59.113 han recibido el alta hospitalaria, mientras que 480.676 han recibido atención domiciliaria por atención primaria.

La Real Academia Española ha presentado este viernes su nueva página web (www.rae.es), en el marco de la campaña 'Una imagen que lleva a más de mil palabras' que supone la nueva apuesta de esta institución por la transformación digital. Entre sus novedades, un buscador rápido de dudas, un 'observatorio de la palabra' o el acceso virtual a la sede.

Tal y como han explicado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y su directora de comunicación, Olivia Piquero, la nueva página de la academia tiene una nueva interfaz más amable y visual para el usuario y pone la imagen al servicio de la palabra.

El objetivo, según han destacado, es renovar la "identidad virtual" de la RAE y ofrecer un "espacio mucho más cercano y accesible".

Tal y como ha informado la RAE, una de las principales novedades de la web es el portal lingüístico. En él los hispanohablantes podrán encontrar un buscador de dudas rápidas que amplía la oferta de asesoramiento lingüístico de la Academia ante el gran éxito de su servicio de consultas en Twitter.

En este mismo portal, también se pone en marcha el observatorio de palabras, donde se ofrecerá información sobre términos y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas a los hablantes: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos o regionalismos, entre otros.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El portal lingüístico también ofrece juegos y retos con los que los usuarios podrán poner a prueba sus conocimientos, y se convierte en el campo de pruebas del ambicioso proyecto LEIA, siglas de Lengua Española e Inteligencia Artificial, con el que la Academia se sitúa al frente del compromiso por el uso de un correcto español en las máquinas.

Tal y como ha explicado la RAE, esta iniciativa sigue los planes oficiales impulsados por el Gobierno de España y los organismos internacionales en materia de transformación digital, con el propósito de convertir la tecnología en la base y condición necesaria de todos los proyectos de la institución.

La Academia indica que, en un momento en el que las conexiones se han demostrado más necesarias y presentes que nunca, la academia española renueva y refuerza su presencia digital para llegar a todos los lugares de un mundo en el que más de 585 millones de personas hablan en español.

En esta nueva web, quien lo desee, también podrá acceder a los rincones de la RAE a través de sus visitas virtuales o podrá conocer a todos y cada uno de los 476 académicos que en los más de 300 años de vida de la institución han trabajado o continúan haciéndolo para fijar, limpiar y dar esplendor a la lengua española.

ACCESO AL ARCHIVO

Del mismo modo, los usuarios podrán conocer las piezas históricas que alberga el Archivo de la RAE, aproximarse a los tesoros que reposan sobre las baldas de sus bibliotecas o acercarse a los clásicos de la mano de las publicaciones que la institución lleva realizando en sus tres siglos de historia.

Con una fácil y rápida navegación, los hispanohablantes podrán redescubrir a los maestros de la literatura española con la Biblioteca Clásica de la RAE (BCRAE), que cuenta con el apoyo de la Fundación 'la Caixa'; indagar en la vida de las palabras con el Nuevo diccionario histórico del español, o aclarar las dudas del lenguaje especializado a través del Diccionario panhispánico del español jurídico y la plataforma Enclave de Ciencia.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar doce nuevas aulas en la Comunidad, medida que afecta en esta ocasión a un grupo de Ávila, un aula en Burgos, tres de León, una en Segovia, cinco de Valladolid y una en Zamora.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos.

Así, la medida afecta en Ávila a un aula del CEIP Moreno Espinosa, de Cebreros; en León, a un grupo en el IES Virgen de la Encina y a otro del CEIP Jesús Maestro, de Ponferrada; y a un aula del Colegio La Asunción, de la capital; en Burgos, a un grupo en el CEIP 'Los Vadillos' de la capital, y en Segovia, a un grupo del CEO La Sierra, en Prádena.

En Valladolid la medida afecta a una unidad del CEIP San Fernando, de la capital; un aula del CEIP Miguel Delibes, de Nava del Rey; otra en el Virgen de Sacedón, de Pedrajas de San Esteban; otra más en El Prado, de Valdestillas, y una en el CRA Padre Hoyos, de Torrecilla de la Abadesa; mientras que en Zamora, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de la capital zamorana.

En estos momentos, hay un total de 110 aulas en cuarentena en Castilla y León, según los datos facilitados por la Administración autonómica recogidos por Europa Press.

En concreto, hay cuarentenadas cinco aulas en Ávila; 21 en Burgos; doce en León; ocho en Palencia; 23 en Salamanca; siete en Segovia; cinco en Soria; 23 en Valladolid y seis en Zamora.

Asimismo, ya se conocen los primeros resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 155 casos de alumnos y 23 de trabajadores con PCR positiva. Tres de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este viernes que las hamburguesas, los escalopes, el embutido o los filetes vegetarianos puedan seguir utilizando estos nombres a pesar de que no contengan carne, pero también ha aprobado otra enmienda que niega que los alimentos que se comercien como 'leche de soja' puedan etiquetarse como 'leche'.

En el primer caso, los eurodiputados han rechazado dos enmiendas incluidas en uno de los tres reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC) que buscaban introducir definiciones relacionadas con los términos 'carne', 'preparaciones a base de carne' y 'productos cárnicos'.

La primera de ellas pedía que los nombres relacionados con la carne y los términos y denominaciones de venta para designar la carne, los trozos de carne y los productos cárnicos "se reservaran exclusivamente para las partes comestibles de animales y los productos que contengan carne".

Además, establecía que estas denominaciones de venta "no se utilizarán ni se indicarán en el etiquetado para describir, comercializar o promover productos alimenticios que contengan más de un 3 % de proteínas vegetales".

Por su parte, la segunda enmienda defendía que aquellos nombres "que se usan actualmente para la carne y las preparaciones a base de carne se reservarán en exclusiva para los productos que contengan carne". A modo de ejemplo de estos sustantivos, el texto citaba las hamburguesas, los filetes, el embutido, los escalopes o los filetes rusos.

Ambas han sido rechazadas por la Eurocámara: la primera con 243 votos a favor, 399 en contra y 49 abstenciones, y la segunda con 284 votos a favor, 379 votos en contra y 27 abstenciones.

LA LECHE DE SOJA NO ES LECHE

Pero por otro lado, en una votación paralela, el pleno de la Eurocámara ha aprobado otra enmienda para que las reglas europeas sólo permitan etiquetar como leche o queso aquellos productos lácteos de origen animal y no sucedáneos puramente vegetales, como pueden ser la leche de soja o alimentos a base de tofu.

Este texto aprobado por los eurodiputados introduce una serie de precisiones en dicho reglamento sobre los conceptos de 'leche' y 'productos lácteos' y cumple así con una sentencia del Tribunal Justicia de la UE (TUE), que en 2017 vio ilegal que alimentos derivados de la soja o el tufo fueran etiquetados como leche o queso.

Así, la enmienda establece que las denominaciones recogidas en la normativa "no podrán utilizarse para ningún otro producto" y además "estarán protegidas frente a todo uso comercial directo o indirecto de la denominación" con respecto a "productos comparables o presentados como sustitutos que no respeten la definición correspondiente" y "en la medida en que este uso se aproveche la reputación de dicha denominación".

A eso añade que los productos lácteos deben quedar protegidos de "toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique la composición o verdadera naturaleza del producto o servicio o vaya acompañada de los términos 'estilo', 'tipo', 'método', 'producido como', 'imitación', 'sabor', 'sustituto', 'parecido' u otros análogos".

Por último, productos como la leche, el queso o los yogures quedan protegidos en este texto contra "cualquier otra indicación o práctica comercial que pueda llamar a engaño al consumidor en cuanto a la verdadera naturaleza o composición del producto".

En cualquier caso, los tres reglamentos de la futura PAC deben ser negociados ahora entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por lo que la formulación final de todas estas reglas depende del resultado final de los debates entre ambas instituciones que tendrán lugar durante los próximos meses.

Cantabria ha acogido este viernes por primera vez la celebración del Día de las Bibliotecas, que este año se ha centrado en destacar el "buen funcionamiento" de estas instalaciones durante la pandemia del coronavirus, especialmente en el periodo en el que, a pesar de estar cerradas, han seguido prestando sus fondos a los usuarios de manera virtual.

La Biblioteca Central de Cantabria, en Santander, ha acogido el acto de celebración, bajo el lema 'Bibliotecas, siempre a tu lado', en el que han participado el secretario general y la directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, Javier García Fernández y María José Gálvez, respectivamente, y el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, entre otros.

Estaba previsto que asistiera al acto el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, pero finalmente no ha sido posible dado que tenía que defender hoy en la Comisión Delegada del Gobierno el decreto ley de ayudas sector que prepara el Ejecutivo.

En representación del ministro, el secretario general ha destacado que en el contexto actual marcado por la pandemia es motivo de celebración que las bibliotecas estén funcionando "muy bien" y que "todos debemos estar contentos y satisfechos" del trabajo que se está haciendo.

Así, ha dicho que el Día de las Bibliotecas sirve para reivindicar un servicio "fundamentalísimo" que ha seguido funcionando y ofreciendo fondos bibliográficos gracias a la digitalización que "ya tienen todas las bibliotecas españolas".

Aunque eso, a su juicio, "no quiere decir que haya que darse por satisfechos" porque "todavía hay que hacer un esfuerzo muy grande". Así, ha instado a "estar orgullosos" y a la vez "tener perspectiva de mejora".

García Fernández ha hecho un recorrido por la historia desde la creación en el siglo XVIII de la Real Biblioteca, que de algún modo fue "la primera biblioteca pública", pasando después a ser la Biblioteca de las Cortes y la Biblioteca Nacional. "Todo ello eran pasos hacia lo público" gracias a los que ahora "podemos disfrutar de un servicio que todos los ciudadanos necesitan para su cultivo personal y profesional", ha dicho.

En la misma línea, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura ha añadido que el objetivo de este día, que se viene celebrando desde las instituciones desde el año pasado, es visibilizar la labor de las bibliotecas públicas y recordar que la cultura es "segura".

Además, ha destacado que durante la pandemia "se ha leído más" y que el Ministerio ha trabajado en coordinación con las autoridades autonómicas y municipales para garantizar el servicio y la salud. Lo que durante mucho tiempo se ha visto como un gasto en bibliotecas es una inversión que, cuando ha hecho falta para que todos pudiéramos leer desde nuestras casas, ahí ha estado", ha sentenciado.

PARTIDA PARA BIBLIOTECAS

Por último, el vicepresidente cántabro y consejero de Cultura ha anunciado que los Presupuestos autonómicos de 2021 incluirán una partida específica para que las bibliotecas se adapten a las necesidades surgidas por el Covid-19.

También ha agradecido al Ministerio la cooperación y la relación "estrechísima" con Cantabria ya que "las grandes noticias" surgidas en el ámbito de la cultura "surgen de la colaboración" entre ambos.

Por otro lado, ha destacado que la comunidad autónoma fue la primera en recuperar la actividad cultural tras el estado de alarma gracias al programa La Cultura Contraataca.

Ciudadanos ha pedido en el Congreso de los Diputados que no se tramite la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos relativa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la que buscan reducir la mayoría parlamentaria necesaria para designar a parte de los vocales del este órgano, y que se asuma la reforma que defiende Cs para que esos vocales sean elegidos por los jueces, no por los políticos.

Así lo plantean la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, y el portavoz adjunto en la Cámara Baja, Edmundo Bal, en una proposición no de ley de "defensa de la Justicia frente a los ataques autoritarios del Gobierno de España", que han registrado para su debate ante el Pleno.

A través de esta iniciativa, reclaman que el Congreso se comprometa a "no tramitar" la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los partidos del Gobierno de coalición presentaron el pasado 13 de octubre.

Esta reforma plantea que doce de los veinte vocales del CGPJ --los de procedencia judicial-- puedan ser designados por mayoría absoluta en el Congreso y el Senado si en una primera votación no se alcanzan los tres quintos de la Cámara que exige la ley vigente. Esto permitiría hacer estos nombramientos contando únicamente con los votos del PSOE, Unidas Podemos y los partidos socios del Ejecutivo y prescindir del PP, que hasta ahora se ha negado a un pacto.

UNA MAYORÍA POLÍTICA CONTROLARÍA LOS TRES PODERES

Según Ciudadanos, el "objetivo deleznable" del PSOE y Unidas Podemos con esta reforma es "el propio de un gobierno autoritario que aspira a demoler la democracia y los cimientos del Estado de Derecho", pues garantiza que "la agrupación de votos en torno una mayoría absoluta permita abarcar ampliamente los tres poderes del Estado".

Controlaría así "el poder legislativo, mediante la mayoría en las Cortes Generales; el ejecutivo, mediante la investidura del presidente de Gobierno; y el judicial, mediante la selección de la cúpula del órgano de gobierno de los jueces y magistrados", argumenta.

Asimismo, la formación naranja advierte de que la tramitación de la iniciativa parlamentaria, "en realidad procedente del Gobierno, se ha realizado en fraude". Según indica, la han impulsado dos grupos parlamentarios y no el Ejecutivo porque éste "no se presta siquiera a respetar los procedimientos legislativos que le resultan exigibles para la aprobación de proyectos de ley".

En Cs sostienen que la modificación legislativa por la que apuestan los socialistas y el partido morado recuerda a "los intentos de controlar a los jueces por medios inconstitucionales por parte del Gobierno de Polonia", una reforma a la que la Unión Europea "se ha opuesto de manera indubitada" por considerarla contraria a sus principios democráticos.

DESTROZAR LA CONVIVENCIA POR SEGUIR EN EL PODER

Por estos motivos, Ciudadanos cree que "ni puede ni debe admitirse" que la iniciativa de los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el CGPJ sea aprobada por las Cortes.

Además, afirma que "todos los que decidan que los políticos deben seguir eligiendo a los jueces serán culpables de la deslegitimación de la Justicia en el futuro y de que siga existiendo una sombra de sospecha sobre la imparcialidad de los jueces".

"Serán cómplices del debilitamiento de la democracia española en manos de una coalición de gobierno que, con un descaro desconcertante y un desprecio absoluto por la Constitución, el pluralismo político, la democracia y el Estado de Derecho, está decidida a destrozar cuarenta años de convivencia pacífica al fin único de mantenerse en el poder", afirma.

Por todo ello, Arrimadas y Bal plantean que el Congreso inste al Gobierno a "respetar la democracia, el Estado de Derecho y los principios fundamentales de la Unión Europea", así como "los procedimientos democráticos exigidos por el ordenamiento jurídico respecto de la tramitación de proyectos de ley".

UNA REFORMA PENDIENTE DESDE HACE 35 AÑOS

A continuación solicitan que, "a fin de garantizar la independencia efectiva de la Justicia", la Cámara Baja modifique la ley para que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo "sean elegidos directamente por todos los jueces y magistrados, mediante un sistema de elección que asegure la representatividad de toda la carrera judicial", como ya propuso Ciudadanos.

El Consejo General del Poder Judicial está formado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales: doce elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

La Constitución estipula que, de los ocho juristas, cuatro deben ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, pero no dice nada sobre el sistema de nombramiento de los doce jueces vocales.

Aunque la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1980, estableció que esos vocales serían elegidos por todos los jueces y magistrados en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto --como pide Cs--, tras la entrada en vigor de una nueva ley en 1985 se optó por una forma de elección que es la que se usa actualmente: seis son nombrados por el Congreso y seis por el Senado.

Ciudadanos lamenta que, 35 años después, este sistema continúe vigente pese a que "socava gravemente el principio de la división de poderes del Estado" --al ser nombrados por las Cámaras los veinte vocales del CGPJ-- y obvia la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que avisaba del riesgo de que los partidos se repartieran a los jueces y aconsejaba reformar el sistema de nombramiento.

La delegada de Salud y Familias de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha informado este viernes al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, sobre las actuaciones que la Administración autonómica ha tomado en la Residencia Domusvi de la localidad, afectada por un brote de Covid-19, con motivo de su medicalización.

Así, según ha informado la Junta, Botella ha explicado al alcalde todas las medidas y actuaciones que la Junta ha llevado a cabo en la residencia de mayores de Puente Genil y ha indicado que comparte "la preocupación de la Alcaldía por la situación", teniendo en cuenta que el número de casos confirmados es de 74, de los que 60 son residentes y 14 trabajadores, mientras que los fallecimientos se mantienen en cinco en total, según los datos difundidos este viernes por la Consejería de Salud y Familias.

Además, Botella ha agradecido al Ayuntamiento "toda la colaboración que, en el ámbito de sus competencias municipales, pueda prestar para contribuir al restablecimiento de la normalidad sanitaria, el estado de ánimo y la colaboración constructiva de la población pontanesa, de la opinión pública y de todas las personas que viven y trabajan en esa residencia".

En esta misma línea, María Jesús Botella "ha lamentado el fallecimiento de varios de sus residentes" y ha animado al personal, que "está dedicando todo su esfuerzo para dar cobertura a las personas residentes en este centro a seguir trabajando como lo están haciendo en beneficio de los que más lo necesitan".

MEDICALIZACIÓN

La medicalización de la residencia se ha llevado a cabo y permanecerá "siempre que haya necesidad de nuevos medios profesionales o técnicos de los que la residencia no pueda disponer para garantizar la prestación de la asistencia sanitaria necesaria, hasta que el brote quede definitivamente controlado y la situación clínica de los residentes estabilizada".

Entre las medidas que se han adoptado con la medicalización, la delegada ha explicado al alcalde que el Sistema Sanitario Público, a través del equipo de atención primaria de Puente Genil, del Hospital de Alta Resolución y del equipo técnico del Área Sanitaria Sur de Córdoba, "viene prestando el apoyo necesario a los servicios sanitarios propios de la residencia, para garantizar la asistencia sanitaria que necesiten los residentes que presentan afectación clínica".

Además, se ha cubierto la asistencia médica con un médico del Centro de Salud de Puente Genil I, dedicado todos los días en jornada completa para el control, seguimiento clínico y tratamiento de los residentes, a lo que se suma el apoyo de la unidad de Medicina Interna del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, donde se han remitido todos aquellos residentes cuya situación clínica requería asistencia hospitalaria, que en la actualidad son ocho.

Por otra parte, la enfermera gestora de casos de la zona de Puente Genil ha venido colaborando estrecha y diariamente con el personal de enfermería de la Residencia para revisar las medidas de prevención, aislamiento de los residentes, realización de las pruebas diagnósticas y asesoramiento para el cuidado de los residentes; mientras que el Área Sanitaria va a garantizar la atención de enfermería durante todos los turnos.

Igualmente, se está proporcionando toda la medicación y tratamientos que se necesitan para la asistencia sanitaria de los residentes, incluida la dotación de aparatos para oxigenoterapia.

De esta manera, Botella ha informado a Morales que "ese esfuerzo profesional se viene dando desde el primer momento, ya que desde la detección y notificación del brote el pasado 6 de octubre se llevaron a cabo las pruebas diagnósticas pertinentes, conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y los procedimientos de control epidemiológico implantados por la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la delegada, desde ese momento "se organizó la realización de pruebas diagnósticas de infección activa a todas las personas ingresadas en la residencia y a todo el personal que trabaja en ella".

La delegada ha informado igualmente al alcalde que "tras detectar el brote se activaron todas las medidas de prevención y control previstas en la normativa, como la suspensión de visitas y salidas de la residencia, el aislamiento de los casos positivos, identificación y aislamiento preventivo de los contactos estrechos, quedando el resto de residentes confinados en sus habitaciones, y los trabajadores positivos pasaron a aislamiento en su domicilio".

CONTROLES DIAGNÓSTICOS CONTINUOS

Por otro lado, la delegada ha hecho hincapié en que los controles diagnósticos se han realizado desde entonces de manera continúa, lo que ha permitido "ir identificando con la mayor celeridad posible todas las personas residentes y trabajadores que han sido infectados, procediendo a su correspondiente aislamiento", y le ha indicado al alcalde que "la mayor parte de los residentes y la totalidad del personal presentan sintomatología clínica leve o están asintomáticos".

En este sentido, la delegada ha destacado la actuación, no solo de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios, sino del Sistema Sanitario Público en el control del brote en Puente Genil, "a través del equipo de Atención Primaria de Puente Genil, del Hospital de Alta Resolución y del equipo técnico del Área Sanitaria Sur de Córdoba".

Todos ellos, según ha señalado, "vienen prestando el apoyo necesario a los servicios sanitarios propios de la residencia, para garantizar la asistencia sanitaria que necesitan los residentes que presentan afectación clínica y para asegurar una adecuada implantación de las medidas preventivas establecidas en la normativa que la Junta de Andalucía ha promulgado con carácter general y de forma específica para los centros sociosanitarios".

Esta labor de coordinación conjunta, según ha concluido Botella, "nos ha permitido una detección temprana y una respuesta rápida y coordinada a un brote infeccioso, de manera que diariamente seguimos trabajando en la mejora de las medidas y el procedimiento".

Canarias ha registrado un total de 16.531 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 151, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más a causa del coronavirus en la isla de Gran Canaria y que eleva a 268 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 6.101 se encuentran activos en las islas, lo que suponen un descenso de 32 en el último día.

En este sentido, se desprende que de los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 45 personas están en una Unidad de Cuidados Intensivo (-2), 227 permanecen en planta hospitalaria (-5) y los 5.829 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 10.162, lo que implica 182 personas más en las últimas 24 horas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.473 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (26 más que hace un día), de los que 2.818 están activos (-140), mientras que 5.547 han superado la enfermedad y 108 han fallecido.

Le sigue en número de casos Tenerife con 5.769 (+121), de los que 3.135 están activos (+103), 2.493 han recibido el alta médica y 141 perecieron.

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.209 casos (+5), de los que 71 son positivos activos (+1), 1.129 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura con 740 casos desde el inicio de la pandemia (-2), de los que 49 están activos (+3), mientras que 688 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma, por su parte, registra 191 casos, cinco de ellos positivos activos, 180 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 88 casos (+3), de los que 14 están activos (+3) y 74 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro registra 60 casos (-1), de los que ocho están activos y 51 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que existe una "alta probabilidad" de que en las próximas semanas sea necesario recurrir a medidas más "restrictivas" para combatir la pandemia de coronavirus, entre las que ha citado la limitación de la actividad nocturna, los cierres perimetrales de zonas o municipios, o confinamientos "más estrictos" que podrían afectar a áreas específicas o incluso a toda Euskadi.

Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar los motivos que le han llevado a solicitar al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, la declaración del estado de alarma para toda España, delegando la capacidad de gestionar dicha figura jurídica a los presidentes de las comunidades autónomas.

La petición del estado de alarma está motivada, según ha dicho, por el hecho de que la negativa evolución de la pandemia en Euskadi hace que exista una "alta probabilidad" de que en las próximas semanas sea necesario recurrir a medidas "más restrictivas" que las aplicadas hasta ahora para combatir el coronavirus.

Urkullu, que ha explicado que la vigencia del estado de alarma que solicita sea declarado es de 15 días, ha indicado que entre las medidas que el Gobierno Vasco considera que podrían tener que aplicarse se encuentra la prohibición de las agrupaciones de más de seis personas ajenas a la unidad de convivencia, una limitación que en la actualidad tiene carácter de 'recomendación'.

Otras opciones que baraja el Ejecutivo, y cuya aplicación estaría condicionada a la evolución de la pandemia, y a la propia declaración del estado de alarma, son la limitación de la actividad nocturna --Urkullu ha rechazado el uso del término 'toque de queda'--, los cierres perimetrales de zonas o municipios, o confinamientos "más estrictos" que podrían afectar a áreas específicas o incluso a toda Euskadi.

Una historia basada en hechos reales sobre un joven soldado portugués destinado a las colonias africanas durante la Primera Guerra Mundial. Así se define 'Mosquito', la película que representa a Portugal en la sección oficial de la 35 Mostra de València - Cinema del Mediterrani y que ha presentado su director João Nuno Pinto este viernes.

'Mosquito' ha abierto las proyecciones de la sección oficial, y además de participar en la Mostra, es la candidata de Portugal a la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 35 edición de los Premios Goya.

El film se inspira en hechos reales y está ambientado en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. La crítica la ha calificado como una mezcla entre 'Apocalypse Now', 'Aguirre, la cólera de Dios' y 'Senderos de gloria', ya que narra el viaje al corazón de las tinieblas de un joven que se alista en el ejército en busca de gloria y se encuentra con el infierno de las colonias portuguesas en África.

Durante la rueda de prensa de presentación de la película, el director ha señalado que se inspiró en la historia de su abuelo en África. "Sin embargo, poco se sabe de lo que sucedió durante su largo y solitario viaje. Aquí es donde entra la ficción, la fabulación y el significado que pretendo darle a la narración", ha explicado Pinto.

Es una película bélica que "se centra más en la experiencia individual que en la recreación histórica": "Quería entender mi pasado y los orígenes de mis raíces africanas".

A lo largo de su historia, "nos enfrentamos al horror de la guerra y al sometimiento de los pueblos africanos por parte de los europeos a través del dominio colonial", ha explicado el director. "Lo que pasó en África fue otro Holocausto, llevado a cabo por los imperios europeos en ese momento".

Este episodio histórico "se ha borrado de los libros de Historia en Portugal". "Mosquito nos permite conocer un poco mejor un fragmento olvidado de la historia portuguesa: la colonización durante la Primera Guerra Mundial en África. Lo que nos obliga a reflexionar sobre un período mucho más largo que fue nuestro derecho para subyugar y 'civilizar' a otros pueblos que convenientemente considerábamos inferior ", ha agregado.

La pandemia ha cambiado la dinámica de trabajo, la forma de comunicar y la responsabilidad que tiene cada medio de comunicación y cada periodista. El sector de los medios de comunicación se ha enfrentado a la situación generada por la pandemia "en condiciones muy difíciles" y los ingresos han sufrido grandes caídas.

Ante esta situación, Las Naves plantea una jornada pensada para reivindicar y dar a conocer el papel de los medios de comunicación durante la pandemia, bajo el título 'Medios de comunicación y COVID', el próximo 28 de octubre en Las Naves y que será retransmitida por streaming en el canal de Youtube, según ha informado la organización en un comunicado.

A lo largo de la jornada se abordarán temas de contenido, veracidad (fake news), innovación y financiación. Todas ellas permiten hablar de un sector, los medios de comunicación, que necesita "re-pensar" estas áreas para seguir siendo competitivo, apuntan desde Las Naves.

Además, los lectores han pedido información veraz, análisis y expertos independientes. Estas exigencias han llevado a los medios de comunicación a "innovar con el refuerzo de los departamentos científicos, el periodismo de datos y la lucha contra las fake-news".

Los objetivos de esta jornada pasan por analizar el papel de los medios de comunicación en la sociedad durante la crisis de la Covid-19 y conocer innovaciones y fórmulas para que los contenidos de los medios de comunicación sigan captando el interés de los lectores, cada vez más influenciados por otros agentes como redes sociales o influencers.

Asimismo, el encuentro busca "avanzar nuevos modelos de negocio" tras la situación del sector de los medios de comunicación (ERTE, caída de los ingresos por publicidad, nuevos lectores).

A lo largo de la jornada participarán en diferentes mesas redondas temáticas profesionales de medios de comunicación tanto autonómicos como nacionales. Junto a ellas habrá una conferencia de Javier Ruiz, actualmente jefe de economía de la Cadena SER y anteriormente director y Presentador de 'Las Mañanas de Cuatro' y 'Noticias Cuatro 2.

PARTICIPANTES EN LA JORNADA

En la primera mesa redonda se tratará 'el papel de los medios de comunicación durante la pandemia'. En ella estarán Javier Alfonso, director de Valencia Plaza; Adolf Beltrán, delegado de elDiario.es CV; Alberto Caparrós, delegado de ABC Valencia; y Carlos Córdoba, redactor jefe de Vídeo de El País.

Posteriormente, se dará a conocer 'cómo combatir las fake-news' gracias a Joaquín Ortega, director de contenidos de Newtral; Xavi Borrás, director de El Mundo CV; y Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE CV.

Las 'nuevas formas de captación de audiencias' será el tema que trate la mesa redonda conformada por Eduard Ureña, jefe de informativos de Onda Cero CV; Víctor Romero, delegado de elconfidencial.com CV; Mikel Labastida, editor jefe Web Las Provincias; y Pere Valenciano, director de El Periódico de Aquí.

Para conocer los 'nuevos modelos de negocio y vías de financiación', contará con la participación de Julio Monreal, director general Relaciones Institucionales Levante-EMV; Iñaki Zaragüeta, delegado de La Razón CV; Elvira Graullera, delegada de Europa Press CV; y Dani Valero, delegado de El Español CV.

Para responder al futuro del periodismo y si están preparados los y las profesionales para esta nueva realidad, el evento contará con la opinión de Jordi Pérez-Llavador, director del Dpto. de Comunicación e Información Periodística de Cardenal Herrera-CEU; Andreu Casero, Decano y Catedrático Periodismo UJI; y Francesc Martínez, Catedrático Periodismo UV.

También se darán a conocer formatos audiovisuales innovadores por parte de Rafa Lupión, director de contenidos de Plaza Radio; Alfred Costa, director general de À Punt; Ginés Llorca, delegado de Antena 3 TV; y Julián Giménez, director regional de contenidos de la Cadena SER.

Por último, se hablará de cómo la profesión ha cambiado y los profesionales han pasado de ser élites a ser mileuristas. En esta mesa redonda contaremos con la participación de Noa de la Torre, presidenta de la Unió de Periodistes; Manuel Furió, presidente de la Associació de Mitjans Digitals de la CV; Héctor González, presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos; y Toni Balanzà, presidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia.

El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido este viernes al Gobierno de la Nación que aplique el artículo 155 de la Constitución Española (CE) a la Ciudad Autónoma de Melilla para su intervención o en su caso ordenar su disolución como hizo con la Marbella gobernada por el GIL, por la "nefasta gestión" de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a Melilla ser la segunda autonomía con la tasa más alta de contagios, por detrás únicamente de Navarra.

En rueda de prensa, Imbroda ha señalado su formación también se plantea emprender acciones judiciales contra aquellos miembros del Gobierno de coalición PSOE, Cs y CPM "que han llevado a Melilla a este drama" tras "no atender todas las alertas sanitarias que les fueron comunicadas" y alcanzar en las últimas 24 horas 1.120 casos activos para una población de 85.000 habitantes, 42 ingresados en un Hospital Comarcal de 170 camas, 8 personas en UCI de las 12 que forman la unidad de cuidados intensivos y diez fallecidos.

Imbroda ha asegurado que la decisión del Ejecutivo local de solicitar oficialmente al Gobierno de la Nación el estado de alarma para poder aplicar un toque de queda que llaman "confinamiento nocturno" desde las 22.00 hasta 06.00 horas "llega tarde porque ya estamos en el desastre: el sálvese quien pueda".

El que fuera presidente de Melilla durante 19 años, desde 2000 a 2019, ha criticado que a medianoche su sucesor publicara un tuit avanzado la petición del estado de alarma "sin que los supieran los consejeros" y se preguntó "¿qué gobierno es este? ¿Qué cachondeo es este?". Para Juan José Imbroda, "hasta el ejército de Pancho Villa era más organizado que esta gente.

Durante su comparecencia, para denunciar "la irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad por llevarnos a este drama sanitario y económico", el también senador del PP tuvo duros calificativos para el actual presidente Eduardo de Castro, al que llamó "inútil, soberbio e incompetente" por su gestión de una pandemia que en Melilla cuadriplica los casos activos en comparación "con una ciudad de similares características como Ceuta", en concreto 1.038 contagiados en Melilla en estos momentos frente a los 280 de Ceuta.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha anunciado este viernes que ha solicitado por escrito al Gobierno de la Nación la aplicación del estado de alarma para posibilitar el confinamiento nocturno "porque la ciudad está a punto de entrar en el colapso" sanitario.

En rueda de prensa, Eduardo de Castro ha informado de que ha pedido para Melilla el confinamiento nocturno desde las 22,00 horas hasta las 06,00 horas, en aplicación del artículo 11 de la ley que regula el estado de alarma, "para impedir botellones, fiestas privadas en domicilios, garajes, etc".

El jefe del Ejecutivo que integran PSOE, Cs y CPM ha subrayado que ha demandado esta medida excepcional "por una cuestión de salud: enemos que contener Covid-19", un anuncio que ha hecho el día que se ha alcanzado una cifra récord de contagios, en la actualidad 1.120 casos activos para una población de 85.000 habitantes, 42 ingresados en un Hospital Comarcal de 170 camas y 8 personas en UCI de las 12 que forman la unidad de cuidados intensivos.

"La grave situación sanitaria es francamente preocupante" ha señalado el diputado "naranja", para añadir que "es crucial tomar medidas más restrictivas antes del colapso sanitario en Melilla".

Este anuncio se realiza después de que el jueves avanzara que pediría el confinamiento nocturno, aunque prefiere no llamarlo "toque de queda"; una medida que vendría a sumarse a otras que se aplican desde la pasada semana, como el cierre total de la hostelería, el cierre del comercio a las 20.00 horas salvo los de alimentos (hasta las 22.00 horas), la prohibición de bodas, bautizos y comuniones y la limitación de reuniones a un máximo de seis personas, por un periodo de 15 días prorrogables.

De Castro ha indicado que la petición del estado de alarma se ha realizado oficialmente porque "es necesario sumar a las medidas de Salud Pública, coordinadas con otras más estrictas, para controlar la pandemia, salvaguardar la salud y amortiguar el impacto social y económico del Covid-19".

España ha desarrollado una herramienta para facilitar el intercambio de información sobre antecedentes penales con otros países de la Unión Europa que pretende trasladar ahora al contexto iberoamericano.

En estos momentos, España es el único país de la UE que puede mantener comunicación electrónica con los otros estados miembro a través del Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS), según ha destacado el Ministerio Justicia, con motivo del Día Europeo de la Justicia, que se celebra el 25 de octubre.

ECRIS permite que las condenas dictadas contra un ciudadano comunitario en cualquiera de los Veintisiete sean notificadas al Estado de su nacionalidad para que las pueda anotar en su registro de antecedentes penales.

Desde que se lanzó en 2012, España ha desarrollado distintas líneas de investigación para disponer de una herramienta propia plenamente integrada en el Registro Central de Penados.

"Este trabajo ha posibilitado la automatización de los procesos y la gestión ágil y eficiente de un gran volumen de comunicaciones sobre antecedentes penales remitidas y recibidas de la UE, a través de la Dirección General de Transformación Digital de la Justicia del Ministerio de Justicia", ha informado la cartera en un comunicado.

"CONTINÚA AVANZANDO"

Además, ECRIS faculta a cualquier órgano judicial, al Ministerio Fiscal y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a recabar los antecedentes penales que cualquier ciudadano de la UE pudiera tener en su país de nacionalidad, "lo que contribuye de manera decisiva a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia internacional.

Justicia ha resaltado que "ECRIS continúa avanzando". Así, el Parlamento y Consejo europeos decidieron el año pasado mediante un reglamento ampliar este sistema de intercambio de antecedentes penales a los ciudadanos extracomunitarios condenados en cualquier Estado miembro.

El Ministerio ha confiando en que "la experiencia adquirida durante estos años permitirá que España pueda colaborar en la implementación de un proyecto similar que facilite el intercambio de antecedentes penales con los países iberoamericanos".

Asimismo, el departamento que dirige Juan Carlos Campo ha subrayado que, de cara al Día Europeo de la Justicia, "este proyecto cumple con los objetivos marcados por el Consejo de Europa.

Andalucía registra siete centros educativos cerrados de forma total, bien sean de la escuela pública, concertada o privada, uno más que el martes, y 324 aulas con sus alumnos en cuarentena por contagios de coronavirus (Covid-19), 101 más que el martes y 48 más que hace una semana, mientras que se han registrado 107 reaperturas desde el 20 de octubre.

Según precisan los datos publicados este viernes --y que hacen referencia a los cierres a fecha del jueves-- por la Consejería de Salud y Familias, los siete centros cerrados suponen un 0,09% del total de 7.099 que hay en la región, ya sean de Educación Infantil, Primaria o Secundaria (ESO). Respecto a las aulas, las afectadas suponen un 0,41% sobre el total de 78.024. El 95,3% de los centros educativos andaluces están libres de coronavirus.

Por provincias, Sevilla se sitúa como la provincia con más centros clausurados, con tres de 1.624 (0,16%), seguida de Granada, con dos cierres totales de 856 centros (0,23%) --un cierre menos que el martes-- y Málaga, con un cierre en sus 1.209 centros escolares (0,08%). El martes Cádiz contaba con un centro escolar cerrado pero actualmente ya ha abierto.

Respecto a las aulas, Granada lidera el número de aulas afectadas en Andalucía con 80 clases con suspensión parcial del total de 8.700 (0,92%) --41 más que el martes--, seguida de Sevilla con 56 clases afectadas del total de 18.439 aulas (0,3%) --once más que el martes--,Jaén con 53 de 5.770 (0,91%) --23 más que el martes-- y Cádiz con cierres parciales en 47 clases de 11.123 (0,42%).

El resto de provincia presentan menos de 40 clases afectadas: Almería tiene 34 aulas cerradas de forma parcial de 7.133 (0,47%) --16 más que el martes--, Málaga con 27 aulas cerradas de 14.270 (0,18%) --cinco más--; Almería, 34 de 7.133 (0,47%) --16 más--; Córdoba, 17 de 7.390 (0,23%) --sin cambios--; y Huelva con doce aulas aisladas de un total de 5.170 (0,23%) --siete más--.

Desde que empezase el curso escolar el 1 de septiembre, el Almería ha habido 163 reaperturas; en Cádiz, 90; en Córdoba, 160; en Granada, 79; en Huelva, 56; en Jaén, 142; en Málaga, 118; y en Sevilla, 273.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se ha felicitado por que el documento de actuaciones de respuesta coordinada frente a la pandemia cordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas "no contempla el cierre de centros educativos".

"No contempla ese documento, afortunadamente, el cierre de los centros educativos", ha celebrado Ossorio en declaraciones a los medios durante una visita al IES Luis Vives de Leganés, al tiempo que ha destacado que "la educación es importantísima".

"No podemos permitirnos tener una generación afectada por el coronavirus, no se nos oculta la importancia que tiene también para las familias, para la conciliación del trabajo y de la vida familiar, y por tanto yo creo que tenemos que luchar para que los centros educativos estén abiertos", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que no se ha comprobado que haya brotes de infección en los centros educativos "sino que más bien los alumnos o los docentes se infectan en otras actividades sociales" y "no se contagian en los centros", por lo que "hay que intentar como sea no cerrar los centros educativos".

Ossorio ha destacado que en Irlanda se ha impuesto un confinamiento como el que se impuso en España en marzo y "han dejado fuera de ese confinamiento a los centros educativos".

Asimismo, el consejero ha manifestado su satisfacción por que no haya ningún centro educativo cerrado en la Comunidad de Madrid, donde solo han tenido que cerrar tres escuelas infantiles que ya están abiertas de nuevo.

A su juicio, eso quiere decir que las medidas higiénico-sanitarias que se pusieron en marcha por parte de las administraciones, con el "enorme esfuerzo" de los directores y de los docentes, junto al "compromiso" de los alumnos, "han conseguido que las aulas sean seguras".

Ossorio ha señalado que "las primeras semanas las aulas y los alumnos confinados crecían exponencialmente pero como hace 12 días eso se paró totalmente y empezó a bajar". "Y seguimos bajando, yo creo que eso es positivo", ha agregado.

"No debemos bajar la guardia nadie, desde luego, porque tenemos que luchar contra el coronavirus, pero nosotros estamos satisfechos", ha señalado, para reconocer que no se han producido "incidentes relevantes y la educación está funcionando".