Cientos de docentes de la concertada se concentran cada semana frente al Ministerio de Educación. La movilización responde a la exclusión de la enseñanza concertada en el proyecto de ley que reduce la carga lectiva para el profesorado. El sindicato FSIE ha llevado la queja al Defensor del Pueblo al considerar que existe una discriminación injustificada.
El texto legislativo, que está en en tramitación parlamentaria, establece un máximo de 23 horas lectivas semanales para los maestros de Primaria y 18 para los de Secundaria, pero solo en el sector público. La concertada, que representa a unos dos millones de alumnos, el 25 % del total, queda al margen de esa mejora.
El debate se ha reavivado tras el discurso del Papa León XIV en el Congreso, donde defendió “el derecho primario e inalienable de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Una llamada que, según organizaciones como Escuelas Católicas, choca con la evolución de la Lomloe y con la política educativa de los últimos gobiernos.
El Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad un dictamen en el que pedía que la reducción de la carga horaria se extendiera a la concertada. Sin embargo, según el sindicato, el ministerio ha negociado solo con las organizaciones de la enseñanza pública y se ha negado reiteradamente a reunirse con los representantes del sector concertado. Por eso, FSIE ha formalizado su reclamación ante el Defensor del Pueblo.
¿Por qué protestan los docentes de la concertada?
La enseñanza concertada forma parte del servicio público educativo, como reconoce la propia ley. Los profesores de este modelo sostienen que no existe ninguna razón objetiva para dejarlos fuera de unas medidas que el proyecto califica de “esenciales” para mejorar la calidad educativa y la atención al alumnado.
Las protestas, que arrancaron a finales de mayo bajo el lema “mismo servicio público, mismas condiciones”, continuarán hasta el próximo 19 de junio frente a la sede del ministerio. Los convocantes insisten en que la concertada arrastra un “problema histórico” de desventaja laboral y salarial.
Los docentes de la concertada asumen más carga horaria y salarios más bajos, a pesar de que ambos sistemas están sostenidos con fondos públicos.
“Nosotros, al no tener oposición, no tenemos sexenios. Cobramos mucho menos que en la pública, pero hacemos más horas”, explica Carlos García, maestro de Primaria en el colegio Menesiano de Madrid. Su compañera Gema Aragón añade: “Lo único que queremos es dignidad. Sin la labor que hace la concertada, la pública estaría desbordada”.
Así afecta el agravio al día a día de las aulas
Eso es justo lo que viven a diario Carlos y Gema. En aulas sin climatización adecuada y con un calor que dificulta la concentración, ambos reclaman igualdad de trato. El concierto educativo, la subvención pública que reciben estos centros, apenas cubre en torno al 50 % de los costes reales, según las organizaciones del sector.
“En este colegio hay una aportación voluntaria de 70 euros al mes. Es voluntaria, pero sin ella no sobreviviríamos”, relata García. La insuficiencia de la financiación pública se traduce en plantillas ajustadas y en la imposibilidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado.
La paradoja es que la reforma legislativa que excluye a la concertada de la rebaja de horas sí les aplica otra medida: la bajada de las ratios de alumnos por aula. Para los centros concertados, esa reducción de la ratio supone un riesgo económico, porque perder una línea de clase puede amenazar su viabilidad. “Nos asusta mucho perder una línea”, coinciden ambos maestros.
El impacto en las familias y el futuro del modelo
La exclusión de la rebaja horaria no solo afecta a los profesores. Las organizaciones del sector advierten de que la desigualdad de condiciones puede desembocar en una pérdida de calidad educativa y en una reducción de la oferta de plazas, lo que limitaría la capacidad de elección de las familias. Alfonso Aguiló, presidente de CECE, recuerda que “en muchas comunidades sigue sin financiarse dignamente el primer ciclo de Infantil, el Bachillerato o la FP”.
Además, desde Escuelas Católicas ponen el foco en la necesidad de aumentar la dotación de especialistas para atender a los alumnos con necesidades de aprendizaje, autismo o TDAH. El debate de fondo, insisten, no es solo laboral: es un pulso sobre el papel que debe jugar la enseñanza concertada dentro del sistema educativo público.
La queja ante el Defensor del Pueblo añade un nuevo capítulo a una reivindicación que viene de lejos y que, en plena tramitación de la ley, promete intensificarse. Mientras, los docentes de la concertada mantienen sus protestas hasta el 19 de junio con una reclamación clara: “Igual trabajo, igual salario, iguales condiciones”.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El sindicato FSIE denuncia discriminación al excluir a la concertada de la rebaja de horas lectivas y lleva el caso al Defensor del Pueblo.
- 👥 Quiénes son los afectados: Los docentes de colegios concertados, cerca de dos millones de alumnos y sus familias, que ven mermadas sus condiciones laborales y el servicio.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Desigualdad entre profesionales del mismo servicio, posible reducción de la oferta de plazas y un golpe a la libertad de elección educativa.
