Si no estás empadronado en Madrid, desde este lunes no puedes solicitar la Tarjeta Transporte Público. La Comunidad aplica una ley de 2011 que dormía desde hace quince años y que restringe el acceso a los residentes registrados. La decisión afecta de lleno a migrantes, estudiantes y trabajadores que se desplazan a diario desde otras regiones.
La norma en cuestión es el artículo 16.4 de la Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas. El texto dice que el Consorcio Regional de Transportes (requisitos oficiales) solo financiará abonos para usuarios empadronados en la Comunidad de Madrid o en territorios con convenio. Hasta ahora, la falta de interoperabilidad de los sistemas de empadronamiento había impedido aplicarla, según ha explicado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo Domínguez. A ese motivo se suman “situaciones específicas surgidas, por ejemplo, en la pandemia”, ha añadido.
La medida cierra la puerta a nuevas expediciones y duplicados de la tarjeta bonificada. El Gobierno regional sostiene que los descuentos están financiados en un 94% por la propia Comunidad y que, por tanto, “resulta lógico que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen con sus impuestos”, ha defendido el consejero.
¿A quién excluye la restricción?
Los colectivos más perjudicados se dividen en tres. En primer lugar, las personas migrantes, especialmente aquellas que están tramitando la regularización extraordinaria iniciada en abril. Hasta ahora, demostrar el pago regular del abono transporte servía como prueba de arraigo, pero al no poder renovarlo sin padrón, este requisito se vuelve inaccesible. Desde la asociación Regularización Ya denuncian que la medida “profundiza en la exclusión”.
El segundo grupo son los estudiantes de fuera de la región. La Comunidad ha anunciado su intención de promover acuerdos con otras autonomías para que sigan accediendo a la tarjeta, algo que ya ocurre con municipios de Castilla-La Mancha y las provincias de Segovia y Ávila. Sin embargo, la firma de esos convenios depende de las otras comunidades y no hay garantía de que estén listos para el próximo curso, reconoce la Consejería.
El tercer grupo son los trabajadores desplazados, como docentes y funcionarios de provincias sin convenio que viajan a diario. Una profesora de matemáticas con plaza fija en Madrid, residente en Ciudad Real y que se desplaza en AVE cada mañana, se ha quedado sin tarjeta al intentar renovarla. El sindicato CSIF estima un centenar de docentes en esta situación.
La tarjeta de transporte, hasta ahora usada por migrantes como prueba de arraigo para la regularización, deja de estar disponible para quien no figure en el padrón madrileño.
El eco de Vox y la batalla política
La decisión del Gobierno de Ayuso llega en un momento de fuerte presión de Vox para aplicar la llamada “prioridad nacional”. La formación de extrema derecha defiende que el acceso a ayudas y prestaciones esté condicionado al arraigo y al empadronamiento. En mayo, la Asamblea de Madrid ya aprobó, con los votos de PP y Vox, una iniciativa que instaba al Gobierno central a ‘vincular el reparto de recursos públicos a un arraigo real’. Para Más Madrid, la restricción del abono es la prueba de que “Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a los migrantes”.
El rechazo político se ha traducido ya en una proposición no de ley de Más Madrid para exigir la retirada inmediata de la medida. Vox, por su parte, ha logrado que su discurso sobre la “prioridad nacional” se vaya filtrando en las políticas del PP allí donde gobiernan, como en Madrid. El Gobierno regional insiste en que la medida no tiene relación con la migración, sino con la gestión presupuestaria de los descuentos del transporte, que suponen un esfuerzo de las arcas autonómicas.
Mientras tanto, los afectados temen un efecto dominó. La imposibilidad de obtener el abono complica la vida diaria de quienes se desplazan por trabajo o estudio y debilita los argumentos de arraigo para miles de migrantes en pleno proceso de regularización. La Comunidad confía en que los acuerdos con otras regiones alivien el problema para estudiantes y trabajadores, pero los plazos son inciertos y los sindicatos ya avisan de que muchos empleados no podrán costearse el transporte diario.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Comunidad de Madrid ha empezado a exigir empadronamiento para obtener la tarjeta de transporte público, aplicando una ley de 2011 inactiva.
- Por qué te importa: Afecta a migrantes en proceso de regularización, estudiantes y trabajadores que se desplazan a diario a Madrid.
- A quién afecta: A no empadronados en Madrid o en zonas sin convenio; residentes de provincias sin acuerdo y quienes necesitaban el abono como prueba de arraigo.
- Hacia dónde vamos: La Comunidad negociará acuerdos con otras autonomías, pero sin plazos fijos. La oposición pide la retirada y el debate sobre la “prioridad nacional” continúa.
