El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantenga la convocatoria de las elecciones catalanas para el 14 de febrero, que la Justicia "siempre tiene la razón" y ha añadido que "no se puede jugar" con las decisiones ni las fechas electorales, "ni por una parte ni por otra".

Así se ha pronunciado apenas minutos después de conocer que el TSJC ha acordado mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero, tras recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat. Con esta decisión, el tribunal mantiene la medida ya adoptada de forma cautelarísima el pasado martes, que implica suspender el aplazamiento de las elecciones que el Govern fijó para el 30 de mayo.

"La Justicia siempre tiene la razón y me imagino que el recurso o las alegaciones que ha hecho la Generalitat tendrían la misma base que tenía el propio decreto", ha manifestado Casado en una entrevista en La Sexta.

Preguntado después si, en caso de que se recurra esa decisión para plantear de nuevo el aplazamiento, cuál será la posición del PP, Casado ha señalado que su partido tiene "poco margen" y ha agregado que tampoco lo tuvieron cuando se plantearon las elecciones el día 30, porque la Generalitat no le ofreció datos sanitarios.

"Cree que no se puede jugar con las fechas electorales, con las decisiones electorales ni por una parte ni por otra", ha manifestado, para añadir que su partido respeta siempre las decisiones judiciales y recomendaría a los partidos que lo hicieran tanto en este caso como en "otras cuestiones".

Preguntado de nuevo si apoya entonces la fecha del 14F, Casado ha subrayado que ya hay una "decisión de la Justicia" para que se celebren ese día, si bien ha admitido que habría que leer lo que dice el tribunal porque puede que "haya requerido más datos".

EL PPC "PUEDE SER MUY INFLUYENTE"

Casado ha defendido la salida de Salvador Illa del Gobierno después de haber sido designado candidato del PSC a la Generalitat ya que, según ha dicho, está "más pendiente" del PSC que de las PCR de la pandemia.

Además, ha recalcado que ahora parece que se vuelve a ver "una política de bloques en Cataluña" de la que, a su juicio, "hay que huir". "Y sobre todo hay un electrón libre que va cambiando de bloque, que es el PSC", ha enfatizado, tras recordar que en el pasado ya hubo tripartitos en Cataluña y, por lo tanto, "ya saben a qué conduce eso".

Dicho esto, Casado ha puesto en valor el proyecto que plantea Alejandro Fernández a favor de la "convivencia social, el progreso económico y la estabilidad política" y ha señalado que el PPC, aunque "no sea una fuerza mayoritaria, puede ser muy influyente". Y ha subrayado que al PSC "no conduce a nada".

PSC y ERC se disputarían la victoria de las elecciones catalanas, ya que los republicanos obtendrían entre 31 y 33 escaños, y los socialistas entre 30 y 35, pero en estimación de voto ganarían los socialistas por más de tres puntos, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves.

La encuesta se ha elaborado con 4.106 entrevistas entre el 2 y el 15 de enero --justo después del anuncio de que Illa sería candidato del PSC y antes de que el Govern decidiera aplazar las elecciones del 14 de febrero y la posterior suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- y cuenta con un margen de error de 1,6.

Pese a que en escaños, la victoria estaría disputada entre PSC y ERC, los socialistas ganarían en estimación de voto: la candidatura de Illa obtendría un 23,9% de los apoyos, mientras que la del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se quedaría en el 20,6%.

La encuesta sitúa a JxCat como tercera fuerza con entre 20 y 27 escaños (12,5% de votos), seguido de Cs, que perdería más de 20 escaños para quedarse con entre 13 y 15 (9,6%) y los comuns subirían hasta los 9-12 diputados (9,7%).

Vox entraría en el Parlament con 6-10 (6,6%), y superaría tanto a la CUP, que obtendría 8-11 diputados (6%), como al PP, con 7 escaños (5,8%), pese a que ambos partidos suben, y el PDeCAT no entraría en la Cámara catalana.

A partir de esta estimación, el independentismo quedaría lejos de lograr su objetivo de superar el 50% de los votos, ya que la suma de ERC (20,6%), JxCat (12,5%), CUP (6%) y el PDeCAT (0,7%) se quedaría en el 39,8%.

En intención directa de voto, el PSC obtendría el 11,7%, seguido de ERC (9,8%); JxCat (6,5%); los comuns y la CUP empatarían con el 3,2%; Cs (3,1%); PP (1,8%), y Vox (1,6%), mientras que el 39,1% no lo sabe, el 11,6% no contesta, el 1,1% votaría en blanco, el 0,4% nulo y también habría votos inferiores al 1% para partidos como el PDeCAT, el PNC y el Pacma.

POSIBLES MAYORÍAS

Con esta estimación, el independentismo no tendría asegurada la mayoría absoluta --fijada en 68 escaños--, ya que obtendría 59 diputados en su horquilla más baja, pero alcanzaría los 71 y la mayoría en la predicción más alta.

Además, se abriría la posibilidad de una mayoría absoluta alternativa entre ERC, PSC y los comuns, tanto en su horquilla más baja --70 diputados-- como en la más alta --80 diputados--, e incluso podrían sumar republicanos y socialistas en solitario si ambos cumplen la estimación más alta, que los situaría en los 68 escaños, justo la cifra que marca la mayoría absoluta.

Sin embargo, tanto ERC como PSC han reiterado que no pactarán entre ellos y que rechazan esta posibilidad, mientras que la propuesta de Aragonès de un Govern entre ERC, JxCat, comuns y la CUP sumaría en todas sus estimaciones, pese a que JxCat y comuns también han rechazado este hipotético pacto.

La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de la actividad desarrollada por su departamento por la afectación en residencias por la pandemia de covid, y ha ofrecido un dato aproximado de fallecimientos de la población de residentes, que ha sido de entre el 6 y el 8 por ciento, si bien ha apuntado que cifra corresponde fijarla esta corresponde la Instituto Nacional de Estadística (INE).

También ha señalado que, respecto al exceso de mortalidad constatado, el 77 por ciento de fallecidos en residencias lo fue durante la primera ola y ese dato en la actualidad es la del 18 por ciento.

Segarra, que ha comparecido tras una explicación general de la labor de su departamento por parte de la fiscal general, Dolores Delgado, ha hecho balance de la actuación de los fiscales de toda España sobre este asunto, Segarra ha señalado desde el pasado mes de marzo se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en trámite 209, 112 de ellas en Madrid.

Le siguen, muy por detrás, Castilla y León con 19 expedientes penales abiertos, y tras este territorio Cataluña (15), Extremadura (12), Castilla-La Mancha (11), Galicia (10), y después Andalucía (8), Murcia (5), Aragón y Canarias y Cantabria (3 cada una), Navarra (2), Asturias y Baleares (1 caso abierto en su fiscalía territorial cada una).

De este modo, el estado procedimental actualizado de las diligencias penales señala que un 47,39 por ciento del total de las incoadas siguen en tramitación, el 51,92 por ciento han sido archivadas y, de estas últimas el 11,8 por ciento han finalizado como consecuencia de la interposición de denuncia o querella ante los juzgados competentes por parte de las propias Fiscalías.

En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42 por ciento (un total de 189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36 por ciento de tipo general por la situación de las Residencias (163). Les siguen denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores (11), deficiencias en la atención médica (21), lesiones (6) trato degradante (5), abandono de familia (4), prevaricación (2) y rechazo de traslado a UCI (1).

En el ámbito civil -seguimientos para asegurar derechos de los residentes- se acumulan ya tres denuncias por negativa de vacunación por familiares, 69 por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. También hay un total de 499 procedimientos de seguimiento en residencias, 6 expedientes por falta de medios, 5 por denegación de ingreso hospitalario, tres de reclamación de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio.

En cuanto al número de este tipo de procedimientos civiles, las denominadas diligencias pre-procesales son actualmente 476 de las 786 incoadas desde marzo, ya que 294 han sido archivadas.

Por territorios existe mucha diferencia de datos (Cataluña acumula 192, Asturias 140 y comunidades como las Castillas no llegan a la decena), si bien Segarra ha explicado que ello es por las diferencias de procedimiento, ya que muchas provincias optaron por abrir diligencias de seguimiento por cada uno de los centros residenciales mientras que en otras se hizo agrupando varios centros.

FALLOS DETECTADOS

Con independencia de los datos, Segarra ha querido transmitir un mensaje claro sobre el hecho de que la pandemia haya puesto de manifiesto los fallos que parece acumular nuestro modelo residencial, como los de gobernanza en los centros, falta de medios médicos y personal cualificado, así como existencia de trabajadores con escasa remuneración e incentivos, a lo que se unió el hecho de la falta de recursos en hospitales que se llevó muchos de estos empleos, produciendo un déficit de atención en residencias.

Sin embargo, ha rechazado que se pueda hablar en términos generales de negligencia, pues en su departamento prima el trabajo de monitorización de las personas.

Igualmente, ha destacado que la labor de seguimiento en las residencias ha permitido constatar el "impacto del confinamiento" en los mayores, tanto a nivel físico, de movilidad, como psicológico e incluso nutricional, y en este punto a aplaudido la labor de los trabajadores en dichos centros.

También ha relatado el trabajo desarrollado por los fiscales desde que estalló la pandemia, ya que empezaron a trabajar en la monitorización de residencias (a través del teléfono e incluso videollamadas, pues no podían acceder a los centros durante el confinamiento) y atención a personas mayores que vivían solas y a cuyos casos accedieron a través de organizaciones como Cruz Roja.

Este trabajo de campo se desarrolló con alguna anécdota destacable, como el hecho de que fiscales se tuvieran que personar ante las puertas de una Consejería determinada de la que no obtenían respuesta para conseguir teléfonos a los que poder dirigirse, o el descubrimiento en Canarias de que se carecía de un listado real de número de residencias y se tuviera que encomendar a la policía autonómica realizar esta cuantificación.

Se descubrieron además, aunque no ha cuantificado número de casos, centros que eran un mero chalet con cinco o seis habitaciones con ancianos residentes.

VACUNACIÓN

Sobre la incidencia de la campaña de vacunación en el trabajo de los fiscales, Segarra ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los protocolos se estén cumpliendo y se esté vacunando en primer lugar a los mayores.

Respecto a los tres casos de negativa de familiares, la Fiscalía los estudia en función de lo que que establece la Ley de Autonomía del Paciente, si bien señala que en ausencia de alergias y si así lo prescribe el médico el Ministerio Público se posicionará a favor de que se inocule, aunque cada caso debe ser estudiado.

Preguntada si puede tener relevancia penal el caso de alcaldes y consejeros autonómicos, como el de Murcia o el de Ceuta, que se han vacunado junto a sus departamentos antes del momento en el que lo establecen los protocolos de Sanidad, Segarra ha señalado que la Fiscalía estudiará el asunto a nivel territorial en el caso de que haya denuncias, si bien lo importante para su departamento es que el protocolo se está cumpliendo para los mayores.

También se estudiarán los protocolos de comunidades que hayan sido denunciados, como es el caso de las cartas emitidas por el ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid a su compañero de Salud, que alertaban sobre los protocolos de traslado desde residencias a hospitales, y que fueron remitidos a la Fiscalía por una asociación de pacientes.

La líder de Anticapitalistas en Andalucía y actual diputada no adscrita en el Parlamento autonómico, Teresa Rodríguez, ha querido dejar este jueves claro que no renuncia al proyecto político de Adelante Andalucía y ha acusado a Podemos e IU de querer "neutralizarlo y disolverlo".

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez en una rueda de prensa en el Parlamento con motivo de su reincorporación a sus tareas en la Cámara tras un permiso de maternidad. Sobre este aspecto, ha apuntado que en las 16 semanas de permiso ha cobrado dietas del Parlamento por unos 9.000 euros y que los va a donar, después de que no se atendiera su petición de que ese dinero no se le ingresara.

Rodríguez ha vuelto al Parlamento como diputada no adscrita, tras la decisión de la Mesa de la Cámara del pasado 18 de noviembre de expulsarla a ella y a otros ocho diputados afines del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, tal y como había solicitado la actual portavoz parlamentaria de ese grupo y miembro de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto.

"Nosotros no renunciamos a Adelante Andalucía porque lo hemos construido con nuestras propias manos. No podemos renunciar a ese proyecto que hemos construido", según ha querido dejar claro Rodríguez, quien ha añadido que les hubiera gustado que "no fuera un juez el que decidiera los designios de la izquierda andaluza, pero lamentablemente algunos nos han colocado en esa posición". "No había motivo para la ruptura y la expulsión", según ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que hace aproximadamente un mes los diputados expulsados presentaron un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, entendiendo que éste "será capaz de poner un poco de sensatez en esta locura".

"Nosotros estamos fuera porque la mayoría de este Parlamento ha decidido que estemos fuera y son nuestros contrincantes políticos los que han decidido sacarnos del grupo de Adelante, algo absolutamente inasumible", según ha dicho Rodríguez sobre la decisión que adoptó la Mesa de la Cámara y ha confiado en contar con el amparo del TC y que admita pronto las medidas cautelares porque se están "vulnerando" los derechos de representación de varios diputados ante el Pleno del Parlamento.

Asimismo, la líder Anticapitalista ha advertido de que Podemos e IU lo que quieren "es neutralizar" Adelante Andalucía. "Lo que quieren es que no exista Adelante. No es que quieran ellos ser Adelante Andalucía, lo que quieren es disolver Adelante, pero no tienen la valentía de decirlo", según ha sentenciado.

Ha querido dejar claro que es fundamental seguir "construyendo ese sujeto andaluz", y, por ello, en ningún momento van a renunciar a Adelante Andalucía.

Sobre si volverá a optar a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas y bajo qué siglas, Rodríguez ha indicado que aún queda "mucho tiempo" para los comicios, y que aventurarse "a decir algo cerrado no es lo que procede en este momento". Lo que tiene claro, según ha apuntado, es que no va a estar "más de ocho años profesionalizada en la política y eso se va a cumplir".

Respecto a si es posible un "reencuentro" con Podemos e IU, ha querido dejar claro que ella no tiene motivo alguno ahora mismo para sentarse "con quienes nos han masacrado y apaleado con el apoyo además de la extrema derecha" y que se van a quedar con "la partida económica de 18 diputados siendo seis".

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dado a conocer este jueves en la Asamblea de Madrid que la Comunidad se ha quedado sin dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea, lo que ha achacado a la "discriminación" por parte del Ministerio de Sanidad en el reparto de vacunas.

Durante una comparecencia, Escudero ha señalado que "el Ministerio ha empleado esta semana unos criterios de redistribución de las dosis que han llegado a España, que precisamente perjudican a Madrid, una vez más, y a quien ha tratado de reservar dosis para garantizar la efectividad de la vacunación".

"Una vez más, el Ministerio ha actuado de manera poco transparente, porque aún no sabemos cuál ha sido el criterio inicial de reparto, generando de nuevo agravios comparativos entre comunidades autónomas. Y, en definitiva, causando perjuicios a los madrileños", ha lamentado el consejero.

"¿En que se traduce esta discriminación? En que Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados", ha aseverado Escudero. "Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea", ha reconocido.

OBLIGADOS A SUSPENDER VACUNACIÓN EN HOSPITALES

En este sentido, ha indicado que se han "visto obligados a suspender las previsiones de vacunación de los hospitales", para recalcar que "ese es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad".

Si bien, ha asegurado el stock permite continuar vacunando en las residencias de mayores y centros de discapacitados, y darles la segunda dosis. De acuerdo a la planificación prevista, se completará la vacunación, incluida la segunda dosis, en los residentes y personal de residencias de mayores y discapacidad la primera quincena de febrero.

Según los últimos datos, se han administrado 150.000 dosis, un 85 por ciento del total de las recibidas, teniendo en cuenta que conservan la reserva para poder garantizar la segunda dosis.

REORGANIZACIÓN DEL PROCESO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Este miércoles ya se avanzó que, debido a la reducción a la mitad de las dosis enviadas por el Ministerio a la Comunidad de Madrid, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria se ha visto obligada a reprogramar la vacunación prevista para este jueves y viernes en los 80 centros de Atención Primaria que se había planificado la semana pasada.

"Atención Primaria de la Comunidad de Madrid reorganizará este proceso en función de la remesa de viales que se reciban la próxima semana", indicó la Consejería de Sanidad en un comunicado.

En concreto, el pasado lunes, 18 de enero, se recibió la cuarta partida semanal de Pfizer, con un total de 24.375 dosis, lo que representa un 50 por ciento menos de lo que corresponde a la región respecto a las 48.750 semanales a las que se comprometió el Ministerio de Sanidad.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) es una familia de naciones. Y todos estamos contentos de que Estados Unidos se quede en la familia", ha afirmado el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha celebrando la decisión del recién investido presidente del país, Joe Biden de volver a forma parte del organismo y su decisión de unirse al proyecto Covax que llevará vacunas a todo el mundo.

"Este es un buen día para la OMS y un buen día para la salud mundial. Envío mi más profundo agradecimiento y mis cálidas felicitaciones al presidente Biden y al vicepresidente Harris, y al pueblo estadounidense. Gracias, presidente Biden, por cumplir su promesa de mantener la membresía de los Estados Unidos en la OMS. Y gracias por su compromiso de unirse a Access to COVID-19 Tools Accelerator y COVAX", ha señalado durante la apertura de la 148ª reunión del Consejo Ejecutivo.

Tedros ha recordado que los países deben trabajar juntos "como una sola familia" para garantizar que todos los países puedan comenzar a vacunar a los trabajadores de la salud y otros grupos de alto riesgo en los primeros 100 días de 2021. "Con su compromiso, estamos un paso más cerca", ha reiterado al doctor Anthony Fauci, jefe de delegación de Estados Unidos en la OMS, quien ha participado en el encuentro de este jueves.

"Desde la fundación de la OMS en 1948, Estados Unidos ha desempeñado un papel vital en la salud mundial y el pueblo estadounidense ha realizado enormes contribuciones a la salud de la población mundial. Esperamos continuar con esta asociación, como sé que lo hacen todos los Estados Miembros", ha continuado Tedros.

Asimismo, ha recordado que queda "mucho trabajo que hacer y lecciones que aprender" para poner fin a la pandemia, "y cumplir con la larga lista de desafíos de salud global que enfrentamos, pero el mundo estará en mejores condiciones de enfrentarlos con usted".

Por su parte, Fauci, quien es el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, ha resaltado además que "Estados Unidos pondrá fin a la retirada de su personal en el seno de la OMS y reiniciará los contactos habituales con el organismo" y que el país "pretende también cumplir con sus obligaciones financieras con la organización".

"Biden firmó ayer las cartas retractándose del anuncio de la Administración anterior sobre su retirada de la organización, que han sido enviadas ya al secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) y a usted, Tedros", al que Fauci ha descrito como un "querido amigo".

Fauci ha hecho además hincapié en que el país norteamericano "planea trabajar de forma multilateral para responder y recuperarse de la pandemia" y "buscara colaboración técnica a todos los niveles". Por otra parte, ha dedicado parte de su comparecencia a aplaudir la labor de la OMS, objeto de numerosas críticas por parte del ya expresidente Donald Trump, y ha valorado que el organismo "ha trabajado incansablemente con los países en su lucha contra la COVID-19".

Bilbao se cerrará perimetralmente y clausurará su hostelería este viernes, después de que el pasado lunes entrara en zona 'roja' al superar la tasa de incidencia de 500 casos en 14 días por 100.000 habitantes. Además de la capital vizcaína, otros 50 municipios vascos en los que la incidencia de la covid-19 es más alta seguirán confinados o deberán proceder al cierre perimetral desde mañana, tras las medidas restrictivas adoptadas por las instituciones vascas la pasada semana.

Esta cifra supone 19 más que los clausurados la semana pasada, según la resolución de la dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco publicada este jueves.

Los datos recogidos en el boletín epidemiológico del Gobierno Vasco indican que este pasado miércoles Bilbao ha registrado 219 nuevos contagios de coronavirus, 22 más que en la jornada anterior.

Bilbao ha sido la primera capital vasca en entrar en la zona 'roja' y presenta, según datos recogidos este miércoles, una tasa de incidencia de 562,52 casos en 14 días por 100.000 habitantes, mientras que en San Sebastián la tasa de incidencia es de 426,01 y en Vitoria de 436,14.

Junto a la capital vizcaína, un total de 50 municipios de Euskadi, en los que la incidencia de la covid-19 es más alta, seguirán confinados o deberán proceder al cierre perimetral desde este viernes.

De esta forma, desde este viernes, 22 de enero, estarán cerrados perimetralmente los municipios con más de 5.000 habitantes que tienen una tasa de incidencia acumulada igual o superior a los 500 casos por 100.00 habitantes en 14 días de Salvatierra, Amorebieta-Etxano, Andoain, Balmaseda, Beasain, Bermeo, Durango, Gernika-Lumo, Lekeitio, Markina-Xemein, Muskiz, Orio, Tolosa, Villabona y Zumaia. A ellos, se añaden las localidades de Abanto-Zierbena, Azpeitia, Bilbao, Elorrio, Güeñes, Pasaia, Trapagaran y Zumarraga.

También permanecerán confinadas las localidades de Aizarnazabal, Ajangiz, Arratzua-Ubarrundia, Artzentales, Asparrena, Forua, Gizaburuaga, Ibarra, Iruña de Oca, Irura, Iurreta, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lantarón, Leaburu, Legutio, Mundaka, Munitibar, Murueta, Muxika, Otxandio, San Millán, Sondika, Villabuena de Álava, Zamudio, Zestoa y Ziortza-Bolibar, que, aunque cuentan con una población inferior a los 5.000 habitantes, tienen una situación epidemiológica preocupante.

RESTRICCIONES

En estos pueblos, los vecinos no podrán desplazarse a la localidad colindante, los bares y restaurantes permanecerán cerrados y no habrá entrenamientos de deporte escolar, una actividad que se recupera en el resto de municipios, aunque con restricciones.

Dos veces por semana, los lunes y jueves, se actualizará el listado de los municipios en zona roja que se verán sometidos a confinamiento, en base a su evolución epidemológica.

El delegado de Salud, Carlos Bautista, ha insistido este jueves en que se está en un momento debido a la tercera ola del coronavirus en "el que hay que extremar la prudencia en cuestiones básicas de nuestra vida", haciendo un llamamiento "a la responsabilidad más extrema" y "evitar toda actividad que pueda ser prescindible". "Ahora mismo es el momento de la responsabilidad", ha apuntado

Bautista, además, ha señalado que pese a que la situación es "compleja", los hospitales que están funcionando "tienen todavía capacidad para atender adecuadamente tanto en planta de hospitalización como en UCI a todos los enfermos que así lo requieren".

Así, el delegado ha insistido en que, además de cumplir con lo establecido en los decretos del Estado, y de la propia Junta, que, entre otros, afectan a 45 municipios, cerrados en la provincia con diferentes niveles de grado de alerta, "deberíamos extremar esas precauciones intentando suprimir, de forma voluntaria, toda ese tipo de actividades sociales, culturales, deportivas, que, aunque están permitidas, puedan constituir en algún momento un riesgo añadido".

En este punto, ha puesto como ejemplo a las personas que salen a hacer deporte: "Las personas que salimos a hacer deporte nos encontramos en algunos sitios todos a la misma hora haciendo deporte, y aunque algunos llevan mascarillas otros no la llevan, todavía no se han enterado de lo que supone no llevarla, por lo que si esa actividad la podemos suprimir, o cambiar de hora, o buscar un espacio donde haya menos aglomeración... eso es deseable".

A juicio del delegado de Salud en Málaga, "eso entra dentro de la voluntariedad de todo el mundo. No podemos poner un policía detrás de cada ciudadano".

De igual modo, ha hablado sobre la situación en centros sanitarios, admitiendo que en los centros de salud, "lo estamos viendo; tienen una asistencia ahora mismo en un momento muy difícil de gestionar", y "los hospitales todavía tienen pulmón, son capaces de aguantar pero estamos en una situación muy compleja".

"Tenemos todavía capacidad para aumentar el número de camas, el plan 4.500, y el Hospital de Carranque, que deseamos no tener que abrirlo pero ahí está preparado", ha explicado, insistiendo en que "tenemos posibilidad de aumentar las camas de hospitalización en el Guadalhorce y en muy pocos días vamos a inaugurar de forma récord el Hospital de Estepona... tenemos todavía una capacidad importante, que ojalá no tengamos que utilizar, de camas".

Sobre el Hospital de Carranque, ha recordado que está "habilitado, fumigado, sellado y en cualquier momento tenemos un pulmón de unas 160 o 170 camas preparadas justo en frente del Regional y que somos capaces de abrirlo en caso de ser necesario".

"La realidad en la provincia es que la sanidad pública nos hemos adelantado, hemos ido preparando estos planes con antelación, suponiendo que tuviéramos una situación tan complicada como la que tenemos ahora mismo", agregando que "todavía nuestra sanidad, nuestros hospitales, los que están funcionando tienen capacidad para atender adecuadamente tanto en planta de hospitalización como en UCI a todos los enfermos que así lo requiere".

CRIBADOS

Por otro lado, ha valorado que la Junta está realizando cribados prácticamente en todos los municipios de la provincia de Málaga, haciendo, de igual modo, un llamamiento a "la responsabilidad de todos los malagueños para que acudan a esos cribados cuando son solicitados".

Pese a que son voluntarios ha animado a acudir "aunque no tengamos síntomas", asegurando que "aproximadamente el 60 por ciento de los test que estamos haciendo y que salen positivos son de personas asintomáticas".

"Una persona asintómatica está produciendo virus y si, además, es irresponsable y se quita la mascarilla o no sigue las recomendaciones básicas se convierte en una bomba de relojería", ha advertido.

Por todo ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a "la responsabilidad más extrema, que acudan a los cribados, que eviten toda actividad que puedan ser prescindibles. Ahora mismo es el momento de la responsabilidad".

VACUNAS

Sobre el proceso de vacunación, ha explicado que se están poniendo todas las dosis que vienen del Estado: "Hemos vacunado a más de 8.000 residentes de residencias de mayores ya con la segunda dosis, salvo en las que ha entrado el COVID, que tenemos que esperar unos días".

También ha agregado que, "prácticamente, hemos vacunado a la totalidad de los sanitarios, tanto de la pública como la privada, que setán en primera línea", aunque "todavía quedan algunos".

"Vamos a seguir vacunando de una forma rápida, enérgica, eficaz, eficiente, siempre que las dosis lleguen a la Comunidad Autónoma y a Málaga".

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez del caso 'Neurona' de mantener a Podemos como investigado por presuntos delito electoral y de financiación ilegal, si bien al mismo tiempo ha urgido al instructor a concretar los delitos que cabe imputar a la formación 'morada' para evitar que la investigación pueda prolongarse "innecesariamente".

En un auto del 15 de diciembre, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por Podemos contra el auto del 10 de septiembre en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, se ratificó en su decisión de investigar a la organización política, tal y como ya había acordado en una providencia anterior del 28 de julio.

En dicho auto, Escalonilla --que en ese momento indagaba en los cuatro hechos supuestamente delictivos denunciados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente-- optó por acotar la investigación sobre el partido al contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'morada'.

No obstante, la Audiencia de Madrid también ha instado al juez instructor a "determinar con celeridad qué delito o delitos cabe atribuirle como tal persona jurídica, de los incluidos en el catálogo de 'numerus clausus' según la legislación vigente aplicable y, más concretamente, con referencia a los hechos incardinables en el artículo 304 bis del Código Penal" (financiación ilegal).

La Audiencia Provincial ha apremiado a Escalonilla, según ha explicado, "para evitar que pueda prolongarse innecesariamente la investigación sobre el partido político Podemos en su posición de investigado, en aras de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión".

De esta forma, la sede jurisdiccional se ha alineado con el juez, que en un auto del 12 de enero ya respondió a otro escrito presentado por Podemos en noviembre con el que pretendía que la causa quedara archivada para el partido. Sin embargo, Escalonilla insistió en mantenerlo imputado.

Simultáneamente, en otro auto del 12 de enero, el juez acotó su investigación a Neurona al ordenar el cierre de las pesquisas sobre las obras de la nueva sede y el disco duro de la ex abogada 'morada' Marta Flor. Anteriormente, ya había dado carpetazo a los otros dos hechos denunciados por Calvente: la supuesta 'Caja B' y los contratos electorales con ABD.

Escalonilla ha seguido así el criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid, que en sucesivos informes ha recomendado mantener a Podemos como investigado por considerar que es más "garantista", aconsejando también al juez que se centre en Neurona por entender que las demás cuestiones denunciadas eran meros "rumores, sospechas o suspicacias".

"DESPEJAR DUDAS"

La Audiencia Provincial ha contestado asimismo, en otro auto del 15 de diciembre, a los recursos de apelación que Podemos planteó contra un auto y una providencia complementaria del 30 y el 31 de julio, respectivamente, en los que el juez ordenó una serie de diligencias de investigación, entre ellas citar como investigados al secretario de Comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo; el tesorero, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras, Andrea Deodato.

En este segundo auto, los magistrados provinciales han vuelto a respaldar las decisiones de Escalonilla. Así, han desestimado los recursos de apelación porque, a su juicio, "la cuestión nuclear" radica en que el partido pretende que "se revise la inicial decisión tomada por el instructor de incoar diligencias previas porque entiende que los hechos base de la denuncia no son constitutivos de delito".

La Audiencia Provincial ha sostenido, en cambio, que, "dada la fase embrionaria en la que nos encontramos, las diligencias de investigación ordenadas servirán precisamente para despejar las dudas del juez 'a quo' sobre la posible ilicitud delictual de los hechos denunciados". Además, ha recordado que, en todo caso, la decisión de incoar las diligencias previas era firme por cuanto Podemos no formuló recurso alguno en el "momento procesal oportuno, lo cual no es asumible".

NO VE INDEFENSIÓN

Podemos solicitaba la nulidad de las actuaciones o, de forma subsidiaria, dejar sin efecto la práctica de las diligencias, incluidas las declaraciones como investigados, "a la espera de recabar indicios". Para ello, alegaba, entre otras cosas, que se había generado "indefensión" porque solo se le proporcionó una parte de la declaración de Calvente en sede judicial y porque las pruebas aportadas por este último habrían sido obtenidas de "forma ilícita", lo que tendría "un efecto contaminante" sobre las demás.

La organización política esgrimió en este sentido que Calvente habría violado su "deber de sigilo y confidencialidad" como abogado de Podemos, apuntando incluso a que con ello podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos o deslealtad profesional.

La Audiencia Provincial ha rechazado todos estos argumentos indicando, en primer lugar, que el asunto de la "defectuosa grabación" se subsanó al entregar después a Podemos la declaración completa de Calvente en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid y, en segundo, que "el cargo profesional que ejercía el denunciante le permitía el acceso a la información aportada".

No obstante, la Audiencia de Madrid sí ha señalado sobre Calvente que "por su profesión de abogado, 'a priori', estaba obligado al secreto profesional, lo que, en su caso podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias o penales".

La presidenta de la patronal del seguro Unespa, Pilar González de Frutos, ha confirmado la existencia de importantes carencias de protección de riesgos en España, añadiendo que la pandemia del Covid-19 ha desmostado que se trata de un mercado "inmaduro" e "insuficiente".

Así lo ha puesto de manifiesto González de Frutos durante su intervención en la jornada anual de la Iniciativa de Gerentes de Riesgos Españoles Asociados (IGREA).

Según sus estimaciones, la ratio de protección media adquirida por las empresas españolas fue de unos 795.000 euros en 2019. "Desde un punto de vista diacrónico es, desde luego, un avance notable. Esta misma ratio, calculada con los mismos presupuestos metodológicos, era de apenas 240.000 euros corrientes hace 20 años", ha dicho.

Para Unespa, el problema es que se trata de una ratio que puede considerarse baja y que lleva a pensar que la empresa española media tiene una reducida tasa de protección.

En esta línea, la presidenta de la patronal aseguradora ha advertido de que en estos últimos meses y, desgraciadamente en algunos de los que tenemos por delante, serán muchos los actores de la economía española que van a vivir las consecuencias de haber decidido enfrentarse en soledad a lo inesperado. "Cuando es muy inesperado también es muy dañino", ha apostillado.

González de Frutos considera que el momento actual, en el que se ha tomado conciencia sobre la propia vulnerabilidad, nacida de unhecho inesperado y extremadamente dañoso como esta pandemia, unidaa realidades que ya estaban ahí antes de que todo esto empezase, aconsejan darle un giro casi radical a la cultura de gestión deriesgos.

PIDE LA COLABORACIÓN PÚBLICA PARA ASEGURAR PANDEMIAS

Por otro lado, la presidenta de Unespa ha reiterado su solicitud al Gobierno de establecer una colaboración público-privada para asegurar la capacidad de una economía de generar riqueza contra la eventualidad de un hecho que frene dicha creación, ya que las compañías por sí solas no pueden cuando ese frenazo es un frenazo general, o sea, pandémico.

"La tensión de un aseguramiento imposible y la tensión de un aseguramiento demandado son susceptibles de ser sintonizadas, pero no podemos hacerlo solos y creo que sería un buen paso que los propios gestores de riesgos también asumiesen este principio general. La solución está en la colaboración público-privada", ha subrayado.

González de Frutos también ha relatado el intento fallido a principios del confinamiento para alcanzar un acuerdo público-privado con el fin de establecer una nueva capa de protección que permitiese al seguro de crédito responder a un riesgo pandémico.

"Este acuerdo hubiera permitido una cobertura, si no integral, sí cuando menos muy elevada, pero que no fue posible porque los recursos públicos que se pretendían poner en juego, en realidad, no cambiaban el panorama de la cobertura siquiera de forma muy relativa", ha explicado.

Un total de 81 menores fueron víctimas de abusos por parte de 65 jesuitas de España entre 1927 y 2020 y la mayoría de los casos se produjeron en colegios, según un informe de la Compañía de Jesús, que recoge no solo abusos sexuales sino un rango amplio de conductas, desde el lenguaje impropio o provocaciones, a los tocamientos (la mayor parte de los casos).

"Nos llena de dolor, vergüenza y pesar", ha asegurado el superior provincial de la Compañía de Jesús en España, Antonio España este jueves 21 de enero en rueda de prensa. "Queremos aprender a pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por los abusos, por la cultura de silencio, por no afrontar limpiamente los hechos", ha añadido.

El documento, presentado este jueves y titulado 'Informe sobre los abusos cometidos por religiosos jesuitas en las provincias españolas', señala que del total de jesuitas acusados de abusos a menores, 48 ya han fallecido y 17 siguen vivos.

De ellos, cuatro ya no son jesuitas (uno expulsado y tres que abandonaron la Compañía) y los otros 13 están apartados del contacto con menores, cumplen sanciones o están esperando resolución de procesos canónicos o civiles.

En este momento, según el informe, hay un proceso judicial en curso, un proceso canónico en curso y hubo otros dos canónicos que acabaron con la suspensión del ejercicio del ministerio del acusado y su reclusión en comunidades aisladas. Del resto, no llegó a haber procesos judicial ni canónico, sino medidas canónicas disciplinarias internas. También hubo un proceso canónico que concluyó sin probar la comisión de los abusos.

En 14 del total de los casos (el 20%) los acusados habrían abusado con reincidencia, y sobre 51 (el 80%) consta una única denuncia, según revela el informe de la Compañía de Jesús. Por género, en los casos en que tienen constancia, 46 de los menores que sufrieron estos abusos eran niños y 18 niñas.

En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, la mayoría tuvieron lugar en el recinto escolar: clases (5), instalaciones (26), habitación de un jesuita (3) e internados (6). También en la casa familiar de la víctima (6), en un templo (3) o en instalaciones parroquiales (6), en despachos (4), en lugares públicos (1) o en otros centros (1).

"Observamos una especial vinculación al ámbito educativo, la mayoría de los abusos surgen en colegios o vinculado a colegios", ha indicado el secretario de Comunicación de la Compañía de Jesús, José María Rodríguez Olaizola.

Sobre el momento en que se cometieron los hechos, de los datos se desprende que de los 17 casos en los que el acusado sigue vivo, tres son de la década de los 60, dos sucedieron en los 70, tres en los años 80, otros tantos en los 90 y seis habrían ocurrido desde el año 2000. La acusación más reciente es de 2020, se refiere a los eventos más antiguos y está siendo investigada.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y PAÍS VASCO, CON MÁS CASOS

Por comunidades autónomas, los lugares donde constan estos abusos, tanto de sacerdotes fallecidos como de los que siguen vivos son: Andalucía, con 14; Cataluña, con 10; País Vasco, también con 10 casos; Madrid, con 8; Navarra, con 6; Extremadura, con 5; Asturias y Castilla y León, cada una con 3; y Canarias, con dos casos. Además, en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia se dio un caso en cada una y, a estos, hay que sumar dos casos fuera de España.

Además, el estudio revela que aparte de los 65 acusados por abusos a menores, hay otros 31 jesuitas acusados de abusos sobre adultos, de los cuales 8 siguen vivos y 23 han fallecido. En cuatro casos habría más de una víctima, y en 27 consta una acusación.

Así, si se tienen en cuenta abusos a menores y a adultos, en total son 96 jesuitas acusados sobre un total de 8.782 jesuitas, solo considerando a los que entraron en la Compañía de Jesús desde 1927, lo que representa un 1,08% de jesuitas acusados en algún momento de abusos o conducta impropia con menores o adultos.

PUERTAS ACRISTALADAS PARA EVITAR RIESGOS

Ante estos datos, los jesuitas de España han diseñado un sistema de entorno seguro basado en tres ejes: sensibilización, prevención e intervención. En el mismo, se identifican situaciones de riesgo como reuniones a solas en despachos o pernoctas con menores, y se aportan soluciones. "Hemos puesto cristales en las puertas, iluminamos más", ha concretado la responsable del Sistema de Entorno Seguro, Susana Pradera.

Además, aparece la figura de 'Agente de entorno seguro' y, según se indica en el manual de aplicación de este sistema, un comportamiento inapropiado dará lugar a un proceso de incidencia interna o incluso a un proceso disciplinar.

Preguntados por si ha habido indemnizaciones, han indicado que en unos siete casos se ha ayudado a la persona que ha sufrido el abuso "mediante terapia o en las necesidades que pudiera tener", cuando ha habido un proceso canónico, aunque han precisado que no lo llaman "indemnización", en sentido económico, pues esta llega cuando ha habido un juicio civil y hay una responsabilidad civil.

La Compañía de Jesús ha puesto a disposición de la ciudadanía el email proteccion@jesuitas.es, un buzón en el que se pueden denunciar situaciones de abuso en un marco de total confidencialidad. Precisamente, este correo es una de las fuentes de la que han recabado la información, junto con archivos del provincial de España y de antiguos provinciales, comisiones de escucha, jesuitas, laicos y la prensa.

El delegado de Educación de la Compañía de Jesús, Antonio Allende, ha agradecido la "valentía" de las víctimas que han "dado el paso" de contar los abusos que sufrieron. "Creemos en lo que decís", ha enfatizado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que el sector turístico afronta 2021 con muchas incertidumbres, aunque ve en el proceso de vacunación, en los fondos de recuperación y en las estrategias comunes europeas de movilidad un "horizonte de esperanza" para recuperar los viajes.

Durante el encuentro 'El futuro del sector turístico', organizado por El País y patrocinado por KPMG, la ministra ha apuntado que, según el plan de vacunación, para mayo/junio se podrían haber vacunado entre 15 y 20 millones de personas en España, lo que supone que a finales de primavera estarían imunizado entre el 30 y 40% de la población.

Además, la ministra se ha mostrado "convencida" de que la recuperación de la movilidad traerá la "rápida reactivación del turismo", para lo que ve fundamental la coordinación a nivel europeo con medidas que no sean "discriminatorias". Por ello, Maroto ha vuelto a recalcar el apoyo de España a la iniciativa griega de crear un certificado común de vacunación contra la Covid-19 para facilitar la movilidad.

Maroto ha señalado que el sector se enfrenta en todo el mundo a la mayor crisis de su historia, con una caída hasta noviembre del 72% de llegadas internacionales y 120 millones de puestos de trabajo en riesgo en todo el mundo, según los últimos datos de la OMT. "Los efectos de la crisis están siendo devastadores para el sector", ha lamentado la ministra.

Ante esta situación, ha defendido que desde el Gobierno se ha desplegado la mayor línea de apoyo al sector de la historia, con un amplio abanico de medidas de protección sociolaborales, como los avales ICO, la protección a los autónomos o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un mecanismo que ha amparado a más de un millón de trabajadores del sector desde el inicio de la pandemia. Así, los recursos públicos destinados al sector superan los 30.000 millones de euros, según ha señalado la ministra.

LANZA UN MENSAJE DE ESPERANZA PARA EL FUTURO

La ministra ha anticipado que con los fondos europeos se abordarán las transformaciones necesarias para abordar para la modernización del sector turístico, apostando por la sostenibilidad y la digitalización, implementando estrategias de desestacionalización y apostando por diferentes ramas del sector aparte del turismo de 'sol y playa'.

"El turismo le ha dado a España seis décadas de progreso socioeconómico y aunque la gravedad de las circunstancias actuales haga difícil pensar en inversiones transformadoras a medio y largo plazo, sin duda abordar la modernización, la transformación del modelo turístico es una oportunidad que no podemos desaprovechar", ha remarcado.

El acto ha contado también con la participación del el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín; el presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto; el consejero delegado de Amadeus IT Group, Luis Maroto; el consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés; el consejero delegado de Barceló Hotel Group para EMEA, Raúl González; la consejera delegada de Roibos, Patricia Rosselló, y el socio de sector Turismo y Ocio de KPMG en España, Luis Buzzi.

Cantabria ha registrado este miércoles 206 casos nuevos de coronavirus, el segundo mayor número de positivos diarios de la segunda ola, y ha sumado cuatro fallecidos, dos mujeres de 85 y 96 años y dos hombres de 70 y 83 años.

Con ellos el total de víctimas desde que comenzó la pandemia en la región se eleva a 424, duplicando el número de muertes de la primera ola, que fueron 212.

Además, la región lleva dos días seguidos superando los dos centenares de casos diarios y es posible que vuelva a suceder con los datos recogidos al cierre de este jueves, puesto que en lo que va de día se han contabilizado ya 113. Asimismo, ya se ha producido un nuevo fallecimiento.

No obstante, los hospitalizados han bajado de 184 a 182, lo que sitúa la ocupación hospitalaria en el 12,4%, dos décimas menos que el miércoles.

Además, hay un ingresado menos en la UCI y a día de hoy son 25 con lo que la ocupación de Cuidados Intensivos baja nueve décimas y se sitúa en el 22%.

De esta manera, los casos activos en la región crecen hasta los 2.545 --26 más que el día anterior--, de los que 182 están hospitalizados (132 en Valdecilla, 33 en Sierrallana, 14 en Laredo y 3 en Tres Mares) y los otros 2.363 en cuarentena domiciliaria.

La incidencia acumulada a 14 días sube a 370 casos por cada 100.000 habitantes --el día anterior era de 359--, mientras que a 7 días repunta a 193 (frente a los 188 del día anterior). También crece levemente el porcentaje de positividad, que se sitúa en el 9,7%, cinco décimas más que a cierre del martes.

Por su parte, los acumulados positivos en la región desde el inicio de la pandemia ascienden a 22.039 (de los que 20.857 se han detecado mediante PCR y 1.182 a través de test detección anticuerpos).

Por último, la cifra de curados sube a 19.070, el 87 por ciento de los infectados, y el total de test realizados es de 388.997, lo que supone 66.919 por 100.000 habitantes.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este jueves a los andaluces que de "forma voluntaria y solidaria" se queden en casa a partir de las 20,00 horas.

Así lo ha solicitado al inicio de su intervención en un Pleno extraordianrio del Parlamento andaluz y un día después de que el Consejo Interterritorial de Salud rechazase esta petición de la Junta.

Aguirre ha explicado que en la reunión de este pasado miércoles hizo de portavoz de una mayoría de comunidades que solicitaba flexibilizar el toque de queda y los confinamientos domiciliarios selectivos. "Si tenemos las competencias, queremos las herramientas", ha pedido, si bien ha advertido de que la respuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue "quizás, quizás, quizás".

En esta misma línea, ya se pronunció este pasado miércoles el consejero, que insistió en la necesidad de que "el toque de queda se pueda aplicar según las condiciones epidemiológicas y de evolución de cada territorio", y volvió a pedir al Gobierno que "cree las condiciones legales para que las comunidades podamos ampliar el horario de confinamiento domiciliario de la forma más flexible y lo más selectiva posible", porque "no podemos hacer más desde las competencias que tenemos asignadas las CCAA".

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya consideró "un error" que el Estado haya descartado la petición por parte de la mayoría de las comunidades autónomas de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22,00 horas.

Bilbao se quedará sin Carnavales por la actual situación de pandemia por coronavirus, que ha colocado a la capital vizcaína en 'zona roja', y el Ayuntamiento ya planifica una Aste Nagusia "diferente" en agosto, según ha informado este jueves su alcalde, Juan Mari Aburto.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Aburto ha indicado que la comisión de fiestas "saldrá próximamente" para explicar que, en la actual situación de la pandemia, no se van a poder celebrar los Carnavales.

Según ha revelado, el Ayuntamiento trabaja en diferentes escenarios de cara a las próximas fiestas de la capital vizcaína del mes de agosto, y ha dicho que "ojalá se pudiera estar en una circunstancia absolutamente normalizada", aunque ha admitido que "es difícil".

"Creo que tenemos que pensar en un plan B, en el que estamos trabajando también desde el área de Fiestas y Cooperación, para poder tener una Aste Nagusia diferente, que podamos celebrar determinados eventos, porque estaremos, creo que sin ninguna duda, en una situación mejor en ese momento", ha manifestado.

Tras señalar que no hay que trasladar a la ciudadanía mensajes que generen "excesiva expectativa a la ciudadanía, para que luego se traduzca en frustración", ha apuntado que tampoco se debe ser "excesivamente derrotistas". "La situación actualmente es muy complicada y ese mensaje tiene que quedar claro, pero tenemos que apostar por un futuro cercano donde entremos en una fase se superación de la pandemia", ha manifestado.

LA SUPERCOPA DEL ATHLETIC

Juan Mari Aburto cree que, cuando el Athletic Club ganó la Supercopa y sus jugadores fueron recibido en el Ayuntamiento, "hubo una contención extraordinaria" por parte de la ciudadanía porque no pudo celebrar "un hecho histórico, una hazaña como esa, y el orgullo de pertenencia" al equipo rojiblanco.

Por ello, ha querido agradecer el comportamiento ciudadano, aunque ha admitido que, al retrasarse la llegada de los jugadores, provocó que hubiera más gente esperándoles.

"Aunque no es lo más conveniente que se produzcan aglomeraciones, creo que la gente actuó con la prudencia necesaria y no hubo necesidad de ningún tipo de intervención policial, más allá de intentar que todo el mundo tuviera la mascarilla puesta y que no hubiera ninguna celebración o exaltación que llevara a otro tipo de comportamiento", ha asegurado.