El Ministerio de Educación y FP ha negado que se vaya a suprimir la prueba de acceso a inspector de educación, que es por oposición al ser estos funcionarios públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes de este Departamento.

La actual ley educativa, en su Disposición adicional duodécima, establece que para acceder al cuerpo de inspectores de educación, los aspirantes tendrán que pasar un concurso-oposición. En su apartado 4.b se indica que "la fase de oposición consistirá en una prueba en la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa de los aspirantes adecuada a la función inspectora que van a realizar, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de la misma".

Sin embargo, la Ponencia de la Comisión de Educación encargada de analizar y aprobar las enmiendas presentadas a la reforma de la ley educativa (la LOMLOE, también denominada 'Ley Celaá') aprobó la semana pasada una enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC en la que se suprimía la palabra "prueba" y la sustituía por "valoración".

En concreto, la enmienda dice así: "La fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa para el desempeño de la misma".

El texto suscitó las críticas de la comunidad educativa, en especial, de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que entiende que esta enmienda "supone sustituir las pruebas objetivas actuales de la oposición por una valoración subjetiva que permita el acceso a personas sin la preparación adecuada para el desempeño del puesto de inspector de educación". "Demostrar preparación técnica mediante pruebas objetivas es fundamental para garantizar los derechos de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de las Leyes", indicó el sindicato.

Además, aseguraron que la enmienda vulnera la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

A todo esto, fuentes del Ministerio de Educación y FP precisan a Europa Press que la enmienda aprobada no elimina la oposición para el acceso al cuerpo de inspectores, ya que la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa para el desempeño de la misma no pueden ser valorados sin la pertinente prueba de acceso.

Estas fuentes señalan que la enmienda no menoscaba las capacidades que han de atesorar las personas que deseen acceder al cuerpo de inspectores y garantiza que estas sean sometidas a evaluación y valoración mediante la oportuna prueba.

De hecho, afirman que así lo han entendido otras organizaciones como la Federación de Asociaciones de Inspectores de Educación (ADIDE-Federación), que el pasado 7 de noviembre valoró "positivamente" lo que ellos consideran una "actualización y modernización de los criterios de selección", así como que se "hayan incorporado los nuevos requerimientos que se plantean a la inspección y la evaluación de nuevos ámbitos de conocimientos pedagógicos, de liderazgo en la gestión de equipos humanos y procesos educativos".

El Hierro acoge a los 207 migrantes que llegaron el pasado fin se semana en cayuco a la isla en el polideportivo de Valverde y la residencia de estudiantes, aunque 16 se encuentran hospitalizados aún en el Hospital Virgen de los Reyes.

Así lo ha avanzado en un encuentro con los medios de comunicación el director insular del Estado en la isla, José Carlos Hernández, quien ha detallado también que en principio hay 31 menores, de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, --a la espera de las pruebas oficiales, y nueve casos positivos por coronavirus.

Por ello, todos los migrantes se encuentran en cuarentena sanitaria de ahí que los posibles traslados a Tenerife dependan de la evolución médica.

Hernández ha comentado que los ocupantes del primer cayuco, que presentaban un estado de salud muy grave --hubo un fallecido a bordo--, están alojados en la residencia de Valverde mientras que los 49 que llegaron a La Estaca se encuentran en el polideportivo, donde también están los menores, en espacios separados por módulos.

El director insular ha resaltado la "gran coordinación" que hay en la isla a todos los niveles para atender la llegada de migrantes pues los tres alcaldes de Valverde, La Frontera y El Pinar "se han puesto a disposición" y también "da gusto" trabajar con el Cabildo, ya que es un "problema integral" que afecta a toda la isla.

Asimismo, ha resaltado la "labor fundamental" que realizan los voluntarios de Cruz Roja y también los sanitarios, dado que hay que hacer un "sobreesfuerzo" debido a la pandemia, y en el caso concreto de la atención en La Restinga, ha precisado que "hubo momentros duros, con una situación sanitaria deplorable, bebiendo agua salada en alta mar".

En esa línea, ha apuntado que los migrantes hacen "travesías inhumanas" para llegar a Canarias y en el caso de la primera atención, ha señalado que "El Hierro debe servir de ejemplo por la coordinación total e integral" que hay entre las instituciones.

"Si no estamos coordinados, las cosas no salen, hacen falta respuestas rápidas y efectivas", ha subrayado, remarcando que todos los migrantes "están bajo techo y tienen un plato de comida".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de potenciales restricciones a la competencia en el último acuerdo marco de la estiba, como las limitaciones encontradas en la formación de trabajadores o la priorización de unos modelos de contratación frente a otros.

Así lo ha manifestado el regulador tras analizar el V Acuerdo Marco de la Estiba, sobre el que ha hecho observaciones en línea con las realizadas sobre los borradores presentados con anterioridad, insistiendo en varias propuestas de mejora.

En concreto, Competencia reitera que sigue habiendo limitaciones a la contratación temporal de trabajadores o que el nuevo texto no resuelve las advertencias efectuadas en informes anteriores respecto a los sistemas de organización y distribución del trabajo.

La CNMC también recomienda que se mantenga la confidencialidad de la información a la que acceden las empresas competidoras, de forma que el sistema de intervención de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal en la contratación de nuevos trabajadores se acompañe de una medida de verificación y garantía de cumplimiento para prevenir cualquier utilización anticompetitiva.

Respecto a la formación y promoción profesional, advierte de que, si la obligación de puesta a disposición de información, medios y sistemas de trabajo se realiza tan solo a favor de los centros portuarios de empleo (CPE), se produciría un riesgo sobre la competencia efectiva en la medida en que la preferencia de los CPE implique una expulsión de competidores reales o potenciales no amparada por la ley.

Además, cree que la puesta a disposición de información implica también "un riesgo de difusión de información comercialmente sensible", al mismo tiempo que reitera que debe prever un procedimiento concreto y acotado temporalmente para la designación de un tutor en las prácticas no laborables.

En cuanto a las medidas convencionales para la garantía y la estabilidad en el empleo, considera que las nuevas referencias a la autoevaluación de eficiencias en el momento de la salida de una empresa del CPE "no garantizan por sí solas el cumplimiento de las exigencias de autoevaluación a las que se había hecho referencia en los informes anteriores de la CNMC".

Cruzcampo ha dado un paso más en su compromiso con la sociedad con el lanzamiento de una nueva plataforma, denominada 'Talento Cruzcampo', orientada a potenciar el talento de los jóvenes en España, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica.

En este sentido, bajo la premisa de que "todo el mundo merece una oportunidad", ha nacido esta plataforma social de desarrollo personal y profesional, en un contexto que demanda, "más que nunca, contribuir al talento joven y a la generación de oportunidades de empleo en el sector de la hostelería", detalla en un comunicado.

De este modo, el citado proyecto pretende "potenciar el talento innato de los jóvenes como vía para generar oportunidades de empleo, ofreciéndoles inspiración y herramientas para que puedan encontrar un trabajo o emprender sus propios negocios más fácilmente".

En su primera edición, nace con la vocación de aportar las capacidades y agentes de cambio que el sector hostelero necesita "para afrontar con éxito un futuro retador". Se trata de un programa financiado en un alto porcentaje por la Fundación Cruzcampo, entidad con más de 25 años de trayectoria y compromiso con la sociedad, y pone a disposición de los participantes su Escuela de Hostelería, las nuevas instalaciones de Sevilla para las prácticas y una bolsa de empleo con altas probabilidades de inserción laboral en el sector hostelero --un 96% en los últimos años.

"Con Talento Cruzcampo aportamos nuestro grano de arena para apoyar a dos de los colectivos más perjudicados por esta crisis: los jóvenes y la hostelería. Ponemos nuestra experiencia, nuestros recursos y nuestra relación con nuestros clientes al servicio de la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes, impulsando su talento, y contribuyendo con profesionales formados a la hostelería del futuro", ha afirmado la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, Carmen Ponce.

Esta experiencia se enmarca en "la apuesta de Cruzcampo y la familia Heineken España por apoyar a la hostelería", un sector "que está siendo altamente impactado por la Covid-19 y ve acelerada su necesidad de transformarse y adaptar sus negocios al consumidor actual,fomentando experiencias únicas, aportando nuevos canales y opciones de ocio seguro".

No en vano, la facturación del sector ha caído un 45% de media en toda España y se estima que más de un 20% de los establecimientos cierren definitivamente como consecuencia de la crisis, añade el comunicado.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto da continuidad y enriquece la labor impulsada con el movimiento social #FuerzaBar y Aula Abierta, la plataforma de formación 'on line' gratuita para hosteleros de la Fundación Cruzcampo.

La presentación del programa ha contado con la participación de la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Cardosa, quien ha destacado la importancia de "crear alianzas, colaboraciones público-privadas".

También ha participado el fundador de Trivu y Premio Forbes 30U30, Pablo González, que ha animado a los integrantes del proyecto a "no tener miedo a la incertidumbre". "Tenéis una gran oportunidad para desatar todo el talento que lleváis dentro y convertiros en lo único que os hará feliz en la vida: ser vosotros mismos".

Junto a ellos ha estado Camila Ferraro, Chef restaurante Sobretablas y Premio Cocinera Revelación en Madrid Fusión 2020, que ha insistido en la importancia de los idiomas, la versatilidad y la formación práctica. "Las prácticas en empresas son una gran oportunidad para desarrollar vuestra carrera. Y la actitud, las ganas, el compromiso son elementos tan importantes como la experiencia y el conocimiento".

Por su parte, Diego Coquillat, profesor y consultor experto en el sector de hostelería ha señalado que los clientes "van a losrestaurantes, pero los restaurantes también van a los clientes. Estos seis meses han supuesto seis años de aceleración en cuanto a relaciones digitales, por lo que la formación será clave para que la hostelería se adapte a estos nuevos hábitos de consumo.

IMPULSANDO EL TALENTO JOVEN

Un total de 40 jóvenes de entre 18 y 30 años, chicos y chicas de diferentes procedencias y ocho nacionalidades, decididos a convertirse en agentes de cambio en el sector hostelero, forman parte de la primera promoción #FuerzaBar de Talento Cruzcampo. Para lograrlo, cuentan con un novedoso programa organizado en torno a tres itinerarios que promueven el crecimiento personal, la transformación profesional y la inserción laboral a través de áreas de aprendizaje transversales y contenidos especializados.

Estos contenidos van mucho más allá de las tradicionales disciplinas de sala y cocina, e incluyen una completa experiencia práctica. Así, podrán adquirir experiencia en la gestión del cambio que exige el nuevo consumidor y que desafía al sector en ámbitos como la transformación digital, la automatización de procesos, la gestión medioambiental del restaurante y la excelencia en la experiencia de cliente, así como para diagnosticar e implementar innovaciones en los ámbitos más desafiantes.

Además, durante todo su desarrollo los participantes contarán con el acompañamiento personalizado de tutores-profesionales de la hostelería en activo que colaboran de manera voluntaria con el programa.

La plataforma social cuenta asimismo con el apoyo de profesionales de Heineken España como Marta García, directora de Marketing, y organizaciones colaboradoras que participan generosamente contribuyendo en la formación y desarrollo de los participantes, entre ellas ISDI Foundation, ESIC, Fundación HumanAge, SECOT, Dircom España, Fundación Valentín de Madariaga, Cruz Roja, CEAR, Fundación Pro-Libertas, Sputnik.

Talento Cruzcampo ofrecerá asimismo programación en abierto anivel digital para interesados. La parte práctica se desarrollará en las nuevas instalaciones de la cervecera en Sevilla, que acogerá un centro de calidad cervecera y apuesta por el talento joven y que abrirá sus puertas en 2021.

Para concluir, el programa facilita el acceso al mercado laboral a través de prácticas en un entorno de trabajo real. De este modo, los participantes podrán aplicar todo lo aprendido en algunos de los mejores restaurantes del panorama nacional, acompañados por hosteleros dereferencia. Tras este periodo de prácticas, los jóvenes tendrán acceso al portal de empleo de la Fundación Cruzcampo donde dispondrán de asesoramiento profesional por parte de los tutores del programa.

Las áreas de Medio Ambiente y Movilidad y de Cultura, Turismo y Deporte junto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han presentado la campaña 'La vida sigue... sigue leyendo' para fomentar la lectura en el interior de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con hasta 15 títulos de muy diversos autores.

La campaña consiste en la colocación, en toda la flota de autobuses de la EMT, de vinilos en los que el viajero puede leer el comienzo de un libro. Si le interesa seguir leyendo, se puede descargar el primer capítulo o las primeras páginas gratis gracias a un código QR. Es una fórmula que ya utilizan las propias editoriales para ofrecer al lector una muestra del texto y que, a partir de ahí, decida si quiere comprar el libro.

En colaboración con las editoriales, se han seleccionado una serie de títulos que incluyen clásicos, contemporáneos, novela, ensayo, poesía, literatura juvenil, cuentos; en definitiva, todo tipo de géneros y de temáticas.

Desde un clásico como 'Insolación', de Emilia Pardo Bazán (cuyo centenario se celebra el próximo año) hasta una autora milenial como Elísabet Benavent, que participa con su último libro 'Un cuento perfecto', pasando por superventas como 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo y novedades recién llegadas a las librerías como 'Madrid', de Andrés Trapiello.

Participan los grandes grupos editoriales y también editores medianos e independientes, como Reino de Cordelia, Círculo de Tiza, Siruela, Barrett, Páginas de Espuma, Lumen, Alfaguara, Libros del Asteroide, Suma de Letras, Destino, Planeta, Penguin Random House.

En esta primera fase de la campaña, que cuenta con el apoyo del Gremio de Editores de Madrid y de la Asociación de Librerías de Madrid, los viajeros podrán empezar a leer hasta 15 títulos, número que irá aumentando en próximas ediciones. Entre ellos, 'Campos de Castilla', Antonio Machado; 'El río baja sucio', de David Trueba; 'Panza de burro', de Andrea Abreu o 'Viaje al sur'.

La delegada del área de Cultura, Andrea Levy, ha indicado que el Consistorio quiere que "la cultura acompañe a los madrileños, y que si les han gustado lo vayan a comprar. Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha incidido en la pretensión de que EMT sea "algo más que una empresa municipal de transportes".

El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha acusado al Gobierno central de convertirse en "legitimador de EH Bildu, los defensores políticos de ETA", al contar con el apoyo de la coalición soberanista para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha censurado que el Ejecutivo central "se vaya a apoyar en la izquierda abertzale para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, siendo EH Bildu el único partido político que se niega a condenar el terrorismo de ETA".

Ordóñez ha considerado "especialmente grave" que el Gobierno "hayanegociado y pactado los Presupuestos Generales del Estado con EH Bildu cuando una de sus condiciones ha sido buscar una solución a la política penitenciaria y a los presos de ETA".

A su juicio, "la única solución que EH Bildu busca para los terroristas presos es impunidad, su excarcelación". Además, ha censurado que en la coalición soberanista tratan a los "asesinos" de ETA como "héroes y justifican sus crímenes", defendiendo "que no tendrían que estar en la cárcel".

Para la presidenta de Covite, "el derecho de las víctimas a la justicia se ha convertido en la moneda de cambio para obtener apoyos a unos presupuestos generales del Estado", algo que ha calificado de "indigno y de traición a las víctimas".

Además, ha alertado de que "negociar e interactuar con normalidad con una fuerza política que ha llegado donde ha llegado por una violencia terrorista que no condena, tras haber eliminado a sus adversarios políticos asesinándolos y tras haber herido, perseguido, extorsionado y acosado a miles de personas es legitimar la violencia terrorista como elemento posible para acceder al poder".

"Es legitimar el terrorismo como opción válida para hacer política", ha asegurado. A ello ha añadido que "el EH Bildu de cuando fue legalizado, hace casi diez años, es el mismo que el de 2020, porque no han hecho ninguna reflexión moral que les haga abjurar de su trayectoria terrorista". Ordóñez ha incidido en que "no es digno hacer política como si ETA nunca hubiese existido".

LÍNEA ROJA

Además, ha alertado al Gobierno central de que "ha traspasado una nueva línea roja en el blanqueamiento de ETA y de su brazo político" y, por ello, le tendrá "enfrente".

Finalmente, ha incidido en que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "está permitiendo que los ideólogos de ETA y defensores políticos de los terroristas hagan política con alfombra roja, como si ETA nunca hubiese existido" y "legitimar a EH Bildu como fuerza política democrática con la que se puede negociar y pactar entraña otro grave peligro, que es dificultar o incluso impedir la necesaria lucha contra la radicalización violenta ultranacionalista que se da en el País Vasco y en Navarra".

Para la presidenta de Covite, "el partido político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado bajo las siglas de EH Bildu,tiene los mismos líderes que cuando ETA mataba" y ahora "esos líderes de la izquierda abertzale hacen política sin que nadie les exija que asuman sus responsabilidades en ETA".

La que fuera secretaria de dirección de Julio Corrochano cuando éste era el jefe de Seguridad del BBVA, Elena Martín Zurdo, ha señalado este miércoles en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Tándem' que Cenyt trabajaba de manera ordinaria con el departamento Seguridad de la entidad.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press, la secretaria ha afirmado además que Corrochano ordenaba modificar el texto de los informes que recibían de Cenyt --empresa propiedad del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--. Esos informes reescritos eran elevados posteriormente a sus superiores en la entidad bancaria.

Durante su declaración, que fue acordada por el juez a petición de la defensa del presidente de Ausbanc Luis Pineda --quien está personado como perjudicado en esta pieza--, la secretaria ha reconocido la autoría de varios correos que se le han mostrado, y en concreto uno con fecha de septiembre de 2006 en el que bajo el asunto de 'autorización anticipo', Corrochano solicita 8.000 euros para "atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial".

Esas necesidades las relaciona con "el alto nivel de colaboración existente" con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y entre paréntesis especifica con la Comandancia de Tres Cantos y con el aeropuerto --donde era comisario entonces el imputado también en Tándem Carlos Salamanca--. Según estas mismas fuentes, la secretaria también habría reconocido ante el juez que se hacían desde su departamento regalos a funcionarios de Policía que irían desde jamones a muebles de oficina.

La declaración de Martín ha tenido lugar en el marco de la pieza separada número 9 del 'caso Villarejo', en el que se investigan los trabajos que el comisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, habría realizado para la entidad.

LOS TRABAJOS DE CENYT PARA EL BANCO

Según informe de Anticorrupción de 2019, el BBVA --imputado como persona jurídica-- dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destacaba el Ministerio Público en su escrito que alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Una de los trabajos más relevantes y conocidos habría sido la denominada 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano --también excomisario de la Policía--, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo; y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha lamentado este miércoles el incendio que ha tenido lugar la pasada madrugada en Lucena del Puerto (Huelva), en el asentamiento de chabolas conocido como de Santa Catalina, donde han ardido cinco infraviviendas, sin que haya habido que lamentar daños personales.

En un comunicado, González ha recordado que los incendios "son la punta del icerberg de una situación que se ha convertido en habitual y que está siendo olvidada por las administraciones de forma sistemática", cuando la realidad es que en estas chabolas viven migrantes "en unas condiciones insalubres, infrahumanas y sin ninguna red de saneamiento básicas".

"El fuego solo pone de manifiesto las condiciones de vida extremas en las que viven estas personas, que levantan la economía onubense", ha apostillado.

Asimismo, ha recordado que "las llamas asolan periódicamente desde hace décadas estas áreas de infraviviendas" que están diseminadas por toda Huelva y que "en más de una ocasión ha habido que lamentar heridos y hasta personas fallecidas, como el joven que murió en diciembre del pasado año". Así, este verano hubo tres incendios en una sola semana, debido a las altas temperaturas propias de las fechas. Ahora, el invierno vuelve a ser una época de alto riesgo por ser necesario el calor para amortiguar las bajas temperaturas y, "sin embargo, todo sigue igual".

La diputada andaluza ha subrayado que la crisis sanitaria por el COVID 19 ha evidenciado "la absoluta dejadez de las autoridades que, a pesar de tener destinados fondos extraordinarios de la Junta para ayudar a vivir en mejores condiciones a estos trabajadores y trabajadoras, todo sigue prácticamente igual".

"Es lamentable que ante la segunda ola de coronavirus tenga que ser noticia que ha habido un incendio en un asentamiento, donde las garantías de salubridad brillan por su ausencia", ha indicado.

Por todo ello, insta a las administraciones a buscar fórmulas para garantizar condiciones de vida dignas para los miles de personas que viven en los 49 asentamientos diseminados por los términos municipales de Lucena, Lepe, Moguer y Palos de la Frontera, habitados en su mayoría por trabajadores migrantes africanos.

De todos ellos, diez están en Lepe, tres en Lucena del Puerto, tres en Moguer y uno en Palos de la Frontera, donde viven aproximadamente casi 5.000 trabajadores temporeros para dedicarse a la actividad agrícola en la provincia.

La Comunitat Valenciana ha registrado otros 15 fallecidos por coronavirus y vuelve a rozar los dos mil nuevos contagios, en concreto 1.936 aunque suponen 405 menos que ayer. Por su parte, los hospitales valencianos tienen ingresados a 1.530 personas, ocho más que ayer, de los que 248 están en la UCI, según la última actualización de datos de la Conselleria de Sanidad.

De este modo, la cifra total de positivos asciende a 76.940 personas. Por provincias, 261 de los nuevos contagios se ubican en Castellón (8.877 en total); 550 en Alicante (26.375 en total), y 1.125 en la provincia de Valencia (41.686 en total). Además, el número total de pacientes sin asignar se mantiene en dos.

Asimismo, se han notificado 15 fallecimientos, uno de ellos un residente, por lo que el total de defunciones es de 1.987 personas: 288 en la provincia de Castellón, 688 en la de Alicante y 1.011 en la de Valencia.

Por su parte, los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.530 personas ingresadas, frente a las 1.522 de ayer, y que 248 están en la UCI, siete más que. En concreto, 133 están ingresados en la provincia de Castellón, con 20 pacientes en UCI; 504 en la provincia de Alicante, 88 de ellos en la UCI; y 893 en la provincia de Valencia, 140 de ellos en UCI.

No obstante, desde la última actualización se han registrado 1.452 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 70.430: 7.921 en Castellón, 24.081 en Alicante y 38.377 en Valencia. Además, hay 51 altas sin asignación. De esta forma, en estos momentos hay 14.901 casos activos, lo que supone un 17,07% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.534.854, de las que 1.376.155 han sido a través de PCR y 158.699 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 71 residencias de mayores (4 en la provincia de Castellón, 21 en la provincia de Alicante y 46 en la provincia de Valencia), 15 centros de diversidad funcional (5 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 7 en la provincia de Valencia) y 4 centros de menores en la provincia de Valencia.

Además, se han registrado 72 nuevos residentes, 41 trabajadores nuevos positivos y un residente fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 11 residencias en la Comunitat Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 4 en la provincia de Alicante y 6 en la provincia de Valencia.

ELA ha advertido que "la situación de las residencias de mayores y centros de discapacidad es insostenible" y ha asegurado que "la pandemia ha sacado a la luz todos los problemas estructurales de un sector diseñado para que las empresas ganen dinero, no para cuidar de forma digna a quienes los necesitan y mucho menos a sus trabajadoras".

"En la primera ola de la pandemia murieron 696 personas en las residencias y los centros de discapacidad en Navarra, y desde julio han muerto 60 más", ha destacado el sindicato, que ha aseverado que "no son brotes o casos aislados". Así, ha indicado que "1 de cada 5 personas usuarias se contagió en la primera ola de la pandemia, y ahora mismo son 150 las personas usuarias contagiadas" procedentes de "casi todos los centros". De la misma manera, ha indicado que "1 de cada 4 trabajadoras se contagió durante la primera ola de la pandemia, y ahora mismo hay 85 personas de baja por la Covid19".

Para ELA, estos datos "no son brotes aislados" sino que "es la consecuencia de un modelo de cuidados privatizado en manos de empresas que priorizan sus beneficios económicos por encima del cuidado de las personas. Todo ello, además, sustentado por dinero público". Un modelo que permite que haya fondos buitre gestionando centros de discapacidad, que basa su negocio en la precariedad y la salud de las trabajadoras y en la ausencia de recursos y que tiene a muchas de las personas usuarias en condiciones de aislamiento desde marzo", ha reprochado.

Así, el sindicato ha destacado que la huelga convocada el próximo 17 de noviembre "debe impulsar un cambio histórico en este sector, para convertirlo en un modelo de cuidados público basado en la cercanía, el trato de calidad y el respeto a la autonomía de las personas". Para ello, "la dignificación de las condiciones laborales de las profesionales del sector de los cuidados es indispensable", ha concluido.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente este miércoles el acuerdo marco de colaboración con la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y de almacenes con residuos radiactivos para mejorar la calidad y la transparencia de la información en materia de seguridad nuclear en estos entornos.

El acuerdo tendrá una duración de seis años y no supondrá contraprestación económica para ninguno de los firmantes. Su objetivo es la colaboración entre el CSN y AMAC para desarrollar actividades de formación, información, participación y divulgación para mejorar la calidad, el alcance y la transparencia de la información sobre la seguridad nuclear y el funcionamiento de las centrales nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos.

Además, incluye varias líneas de trabajo que se realizarán con acuerdos específicos, como por ejemplo planes conjuntos de formación en materia de seguridad nuclear o el desarrollo de estudios, informes y evaluaciones que ayuden a mejorar la información, transparencia y percepción de la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El convenio, que se firmará próximamente, incluye cursos específicos, seminarios, sesiones monográficas o reuniones de trabajo conjunto para potenciar el conocimiento en ambas materias. Ambas partes se ofrecen asimismo a colaborar en el asesoramiento mutuo y la divulgación de las actividades, mediante su personal técnico como de expertos cualificados o de medios telemáticos. AMAC y el CSN firmaron su primer acuerdo de colaboración el 22 de septiembre de 2003.

Otro de los acuerdos adoptados por el pleno del organismo regulador es la propuesta de cambio del Plan de Protección Física (PPF) presentada por el titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) en la que se solicita incluir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de combustible gastado entre las áreas vitales del sistema de protección física.

El titular deberá subsanar algunos cambios documentales del PPF, como actualizar la superficie del área protegida que se define en el mencionado Plan, incluyendo el ATI, así como la modificación de las leyendas de algunos planos.

Por otro lado, el pleno ha informado también favorablemente la primera edición del PPF del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), aunque la autorización está sometida a un conjunto de condiciones a aspectos que el CSN considera de carácter confidencial.

También ha aprobado la propuesta de revisión y modificación del Plan de Emergencia Interior, presentada por el titular de la central nuclear Ascó (Tarragona), para cambiar la definición del responsable del Centro Exterior de Emergencia (CEE), reflejar la nueva ubicación del parque de bomberos y corregir las erratas detectadas en una auditoría interna efectuada en 2017.

El grupo de expertos impulsado por la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago para abordar la estrategia y posibilidades para intentar recuperar la titularidad pública de las estatuas del Mestre Mateo ha arrancado este miércoles los trabajos, en los que se analizará toda la nueva documentación hallada sobre las piezas.

El profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago (USC) Emilio Grandío Seoane preside esta comisión, que se ha constituido oficialmente este miércoles con la presencia del conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, y el regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo.

En declaraciones a Europa Press, el propio Grandío ha explicado que esta reunión se trató de "una primera toma de contacto" en la que se abordaron "cuestiones preliminares".

"El trabajo empieza ahora", ha añadido, después de intercambiar primeras impresiones y líneas de trabajo para empezar a analizar toda la documentación disponible sobre Abraham e Isaac.

Estas piezas forman parte de un conjunto de nueve esculturas atribuidas al Mestre Mateo procedentes de la desaparecida portada occidental de la Catedral de Santiago de Compostela y declaradas Bien de Interés Cultural por la Xunta en 2019.

La anterior corporación municipal impulsó una vía judicial para intentar recuperar las esculturas, que se encuentran en manos de la familia Franco, aunque se encontró con diferentes impedimentos legales, resoluciones no favorables y actualmente está pendiente del amparo del Tribunal Supremo.

El origen de estos problemas radica en la desaparición de los expedientes que tendrían que constar en el archivo municipal del ayuntamiento, más allá de un acta plenaria en la que se acuerda la adquisición de las piezas.

A pesar de ello y con posterioridad al arranque de ese proceso judicial, se han descubierto una serie de pruebas y documentos que acreditan la historia de estas estatuas, entre ellos, un escrito de compraventa en el archivo de la universidad, multitud de correspondencia y documentos que muestran que las esculturas en posesión de los Franco son las adquiridas por la administración municipal.

La documentación evidencia como las piezas, que desparecieron en los años 50 de las instalaciones de la capital gallega, reaparecieron de nuevo en un catálogo de una nuestra en Barcelona como propiedad de Francisco Franco, y previamente en el Pazo de Meirás.

Es por ello que la propia corporación municipal actual solicitó formalmente la constitución de este grupo de trabajo a la Xunta de Galicia para buscar la vía de aprovechar esta nueva documentación.

"REPETIR" LOS ÉXITOS

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del comité de expertos, el titular de Cultura, Román Rodríguez, ha confiado en que esta comisión de expertos permita "repetir" los éxitos logrados con la "lucha jurídica" para recuperar el Pazo de Meirás, a través del "trabajo serio, riguroso, con criterios jurídicos, y prudente y sensato

"Y estoy seguro que así será", ha reiterado, para incidir en que este miércoles "se da un paso más" y "significativo" para devolver estas esculturas al patrimonio cultural y artístico de la comunidad gallega.

Del mismo modo, ha recordado que este mismo día y "por mandato judicial", un grupo de técnicos y expertos visitan el Pazo de Meirás para hacer inventario de todos los bienes y obras de su interior para poder analizar su valor patrimonial y cultural.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha incidido en que las estatuas del Mestre Mateo (que precisamente se encuentran en el Pazo de Meirás) fueron "sacadas de forma irregular" de la casa consistorial hace más de 60 años.

Tenemos que protegerlas para evitar que vuelvan a desaparecer o puedan sufrir daños", ha apelado, para así confiar en que toda la documentación recopilada permita "abrir una posibilidad" para que "la legalidad se respete" y las piezas sustraídas por el dictador, aprovechándose de su condición de jefe del Estado, puedan regresar "a donde nunca debieron salir.

COMPOSICIÓN

Como expertos del ámbito de la jurisdicción civil y penitenciaria estarán los letrados de la Asesoría Jurídica de la Xunta Isabel Novo Castro y Guillermo Folgueral Madrigal; el exdirector de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santiago Xoaquín Enrique Monteagudo; el actual director, Manuel Cutrín; y el catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC), José Manuel Busto Lago.

En el campo cultural y artístico, participarán el director de Proyectos Culturales y Artísticos del Real Colegio Complutense de Harvard, Francisco Prado-Vilar, y el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo.

Además de estos expertos, se integrará también en este grupo una representación de la Abogacía del Estado. La función de la Secretaría será ejercida por la gerente del Consorcio de Santiago, Belén Hernández.

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Extremadura siguen sumando nuevos pacientes de Covid-19, seis en la última jornada, hasta un total de 58, a pesar de que el volumen total de ingresos en los hospitales ha descendido en 18, hasta las 387 personas.

Son los datos que deja la pandemia en la última jornada en la comunidad, que suma otros 447 casos positivos y siete fallecidos, que elevan la cifra global en la crisis sanitaria hasta los 826, mientras que se han dado 369 altas epidemiológicas, lo que equivale a un acumulado de 16.287.

En concreto, el Área de Salud de Llerena-Zafra acumula cuatro de los últimos fallecidos. Se trata de una mujer de 83 años de Bienvenida; otra de 85 de Zafra; un varón de 89 de Fuente del Maestre y una mujer de 86 de Azuaga.

El Área de Salud de Cáceres registra un varón fallecido de 85 años de Villamesías y otro de 95 años de Cáceres; mientras que el Navalmoral de la Mata notifica el fallecimiento de una mujer de 84 años de Losar de la Vera.

A su vez, se declaran dos nuevos brotes, uno en Badajoz con cinco positivos y 21 contactos, y otro en Cáceres con ocho casos y 37 contactos; mientras que se cierran seis focos: el 127 de la residencia El Conquistador de Trujillo; el 219 de Arroyo de la Luz; el 261 de Santa Cruz de la Sierra; el 263 y el 297 de Don Benito; y el 334 del Hogar de Mayores de Villanueva de la Serena.

Respecto a la distribución de los nuevos casos, el Área de Salud de Badajoz es la que más notifica, con 150 casos confirmados. Tiene 103 pacientes hospitalizados, 22 de ellos en UCI. Ha tenido 87 fallecidos y ha dado 3.873 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 58 casos positivos y tiene 70 pacientes ingresados, de los que 9 están en UCI. Acumula 329 fallecidos y ha dado 3.150 altas; mientras que el de Mérida registra 82 casos confirmados y 77 personas hospitalizadas, de las que 12 están en UCI. Acumula 83 fallecidos y ha dado 2.255 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 37 casos positivos y tiene 38 pacientes hospitalizados, de los que ocho están en UCI. Acumula 81 víctimas mortales y 2.388 pacientes curados.

Plasencia registra 36 casos positivos y tiene 56 pacientes hospitalizados, de los que 7 están en UCI. Ha registrado un total de 103 fallecidos y ha dado 1.482 altas; mientras que el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 35 casos confirmados. Tiene nueve pacientes ingresados y ha registrado 65 fallecidos. Ha dado 1.245 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 37 casos positivos y tiene 31 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 44 fallecidos y ha dado 1.113 altas; y el de Coria comunica 12 casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados. Un total de 34 personas han fallecido y se han dado 781 altas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de la rebaja del IVA de las mascarillas, que ha calificado de "buena noticia" antes de celebrar que el Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez "haya rectificado y atendido el clamor ciudadano".

"La rebaja del IVA de las mascarillas es una buena noticia. No hacerlo era un error que hoy mismo (durante su propia comparecencia en el Parlamento autonómico) le volvimos a recordar desde la Xunta. Celebro que haya rectificado y atendido el clamor ciudadano", ha trasladado, a través de su perfil en la red social Twitter.

Lo ha manifestado después de trascender que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había anunciado en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará el martes próximo un decreto ley para la rebaja del IVA de las mascarillas desechables del 21% al 4%.

En su defensa del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que se enfrenta a partir de este miércoles en el Congreso a su debate de totalidad, Montero ha asegurado que el Gobierno ha adoptado esta medida tras confirmar que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por este cambio legal.

Antes de que se confirmase este anuncio, Feijóo había aprovechado su comparecencia parlamentaria para cargar contra la "mascarada" que, bajo su punto de vista, ha protagonizado el Gobierno central durante los últimos meses al "mentir" afirmando que no se podía bajar el IVA de las mascarillas, una cuestión que ahora "desmonta" la Unión Europea.

Asociaciones de familias monoparentales de Madrid han pedido este miércoles consenso a las diferentes fuerzas políticas para conseguir la aprobación de una ley "que les reconozca y proteja", ya que aseguran que actualmente se encuentran "desprotegidas ante la Administración sin una legislación que nos reconozca ni un marco jurídico que les proteja".

"En medio de la grave crisis sanitaria, económica y social en que nos encontramos, y que nos afecta directamente, y a la vista de las iniciativas planteadas al respecto por el gobierno autonómico y grupos parlamentarios, llamamos al consenso", han dicho las asociaciones en un comunicado.

Las familias monoparentales en la Comunidad de Madrid aseguran que llevan más de un lustro viendo cómo se presentan (e incluso pasan a trámite), desde distintos grupos políticos, proposiciones no de ley y borradores de decretos; pero que "por una cosa o por otra siguen sin un marco legislativo que les reconozca y proteja".

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

El Gobierno regional se ha comprometido a aprobar un decreto de reconocimiento y acreditación de la monoparentalidad. El Grupo de Unidas Podemos presenta este jueves una Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las familias monoparentales.

"Todas las formas jurídicas tienen sus ventajas e inconvenientes, unas son más sólidas, otras más ágiles. Nos alegramos de cada paso que se da, lo único que queremos es avanzar, salir de la falta de reconocimiento y protección en el que nos encontramos. Cuanto antes mejor, cuanto más sólido mejor", apuntan las entidades.

Por eso, consideran un avance el proceso de tramitación del decreto de 'Reconocimiento y Acreditación de las Familias Monoparentales' prometido por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, pero comparten la necesidad de ampliar de la regulación y definición a la dotación de un marco de protección, tal y como defiende la proposición de ley que presenta Unidas Podemos este jueves en la Asamblea.

"Creemos que la presentación de la Ley Para la Igualdad Real y Efectiva de las Familias Monoparentales es un paso sólido y rápido. Si los grupos políticos se quisieran sumar a él podría ser una oportunidad de dar un paso de gigante para la realidad de las familias monoparentales de Madrid que nos equipararía a otras comunidades autónomas", apuntan las asociaciones.

Las familias monoparentales representan, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 16,9 por ciento del total de las familias madrileñas. De ellas, el 80% son familias monomarentales.

Desde las asociaciones 'Solidaridad con Madres Solteras' y Asociación Madres Solteras por Elección soliciten a los partidos políticas que aúnen sus fuerzas y trabajen "por una ley real y efectiva que les proteja".

El Govern y la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han celebrado este miércoles la primera reunión constitutiva de la Comisión de Transición Energética, impulsada por el REIB, para avanzar hacia unas islas 100% renovables y abordar los retos y oportunidades del territorio balear.

La reunión ha estado presidida por el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

En el encuentro han estado acompañados por el director general de Energía y Cambio Climático, Aitor Urresti; el director general de Política Energética y Minas, Manuel García, y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard.

Según ha informado la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, en la reunión se han establecido las tres prioridades de trabajo de esta comisión.

En primer lugar, la garantía del suministro en el territorio insular mediante la modernización de la potencia firme a través de procedimientos de concurrencia competitiva en el marco del Real Decreto 738/2015. De acuerdo con la Conselleria, esta norma establece los costes reconocidos y la eficiencia por cada tipo de tecnología en diferentes circunstancias en territorio peninsular para asegurar la sostenibilidad, eficiencia y garantía de suministro.

En paralelo, se continuará trabajando en el fomento de las energías renovables en este territorio insular. Desde la Conselleria han recalcado "el éxito" de la primera convocatoria del Programa para la promoción de la energía solar fotovoltaica en Baleares (SOLBAL), que seleccionó un total de 55 proyectos de instalaciones de energía solar fotovoltaica por una potencia total de 326 megavatios. El Programa SOLBAL incrementará en un 7,5% la aportación de energía solar al 'mix eléctrico' de la Comunidad Autónoma, pasando del porcentaje actual al 10% futuro.

En ese sentido, ambas Administraciones han coincidido en la importancia del despliegue del almacenamiento, particularmente en territorios insulares, para el éxito de la transición energética.

El vicepresidente Yllanes ha destacado la importancia del inicio de las reuniones de esta comisión, ya que supone dar cumplimiento al REIB. Además, ha remarcado la necesidad de la implicación del Estado para llegar a los objetivos de transición energética en las Islas.

Por su parte, la secretaria de Estado de Energía de MITECO ha recordado la importancia de acompasar las actuaciones con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno, que contiene una partida destinada a actuaciones específicas para la transición energética en las islas.

En este primer encuentro de la Comisión, ambas Administraciones han acordado iniciar los trabajos a nivel técnico y establecer una hoja de ruta para los próximos meses.

La Mesa del Congreso ha vetado este miércoles, con los votos de PSOE, PP y Vox, la comparecencia ante la Comisión de Interior del ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska, para dar cuenta de la denominada 'Operación Voloh', relativa al presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista catalán, pero ha dado vía libre a su comparecencia para que explique las filtraciones de parte de las grabaciones realizadas en el marco de la misma.

El secretario primero de la Mesa y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, ha anunciado en rueda de prensa que el órgano de gobierno ha inadmitido, en contra del criterio de Unidas Podemos, la petición de comparecencia registrada por Junts para que el ministro informara a la Cámara de la citada operación.

Según ha explicado Pisarello, el PSOE, el PP y Vox han vetado esa solicitud con el argumento de que el ministro del Interior no tiene competencias sobre una operación que tiene un origen judicial.

La decisión se ha adoptado siguiendo el criterio fijado por los servicios jurídicos de la Cámara, que según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, habían avisado de que "tratándose de una investigación ordenada por la autoridad judicial, podría versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.

Unidas Podemos ha votado a favor de que se aceptase la comparecencia y también tiene registrada, junto con las formaciones independentistas de la Cámara, una petición para que se cree una comisión de investigación sobre este asunto.

Pisarello ha subrayado que se trata de una "operación policial" que está "bajo sospecha" y ha denunciado que se hayan filtrado conversaciones privadas que fueron grabadas en el marco de la misma, como las protagonizadas por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El diputado de En Comú ha recordado que "no es la primera vez que se filtran" grabaciones con el objetivo de "criminalizar a la disidencia política" y prácticamente ha dado por hecha la existencia de un "brazo policial" que actúa al margen del Gobierno. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los estamentos judiciales tienen la obligación de actuar con absoluta imparcialidad", ha incidido.

Asimismo, ha criticado que, al menos en un primer momento, esa operación fuera bautizada con el nombre de 'Volhov' --así figuraba en la nota de prensa con la que se informó de la misma--, el río ruso en el que se enfrentaron tropas nazis y soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Para Pisarello, ya sólo la elección de ese nombre "justificaría la petición de una investigación" o incluso "dimisiones".

SIGUE PENDIENTE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, aunque la Mesa ha vetado la petición de Junts sobre la petición de cuentas a Marlaska, en la misma reunión ha dado vía libre a la que había registrado ERC pidiéndole explicaciones, también ante la Comisión de Interior, sobre las filtraciones de grabaciones realizadas durante la investigación policial, en una de las cuales aparece su portavoz, Gabriel Rufián.

El escrito de ERC sí ha pasado el filtro de la Mesa porque no requiere la presencia del ministro para dar cuenta de la investigación en concreto, sino de "las filtraciones de las investigaciones que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La Mesa del Congreso volverá a pronunciarse la semana que viene sobre la petición de que una comisión específica investigue esas filtraciones, así como sobre una batería de preguntas sobre el tema registradas por ERC.

Podemos Andalucía ha considerado "acertada" la decisión de la Mesa del Parlamento de este miércoles de posponer una semana la decisión sobre la expulsión o no de Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines del Grupo de Adelante Andalucía y que pasen a tener la consideración de no adscritos. La confía en que la próxima semana se produzca una "resolución adecuada del evidente caso de transfuguismo político" que han protagonizado esos diputados.

En cuanto al informe elaborado por los Servicios Jurídicos, señala en un comunicado que, desde el máximo respeto al trabajo realizado por los juristas, el informe "muestra elementos desactualizados y dictamina a partir de una legislación obsoleta que no tiene en cuenta la jurisprudencia desarrollada en los últimos 15 años".

En este sentido, y al objeto de que se tengan en cuenta todos los elementos aportados por la parte perjudicada así como la legislación y los elementos jurisprudenciales de los últimos años en la lucha en contra del transfuguismo, Podemos Andalucía ha apoyado el aplazamiento de una decisión definitiva de la Mesa que "se habría tomado sin los elementos de juicio necesarios en un caso como este".

La formación morada confía en una "resolución adecuada del evidente caso de transfuguismo político que han protagonizado Teresa Rodríguez y siete diputados afines". Recuerda que Tras ser elegidos en las primarias de Podemos y ocupar unas posiciones en las listas y unas actas correspondientes a esta formación, "se desvinculan de la misma y utilizan sus recursos para crear otro partido".

En la documentación presentada a la Mesa del Parlamento, Podemos Andalucía certificó la baja de estos diputados de la formación morada y, por lo tanto, su no adscripción a ninguna de las formaciones que legalmente constituyen la coalición Adelante Andalucía, lo que debería motivar a todas luces su baja del grupo parlamentario que la representa.

En este sentido, Podemos Andalucía considera "inconcebible desvincular los grupos parlamentarios de las fuerzas políticas que los componen ya que minaría los pilares del sistema democrático a partir del principio constitucional de la representatividad de las fuerzas políticas a nivel parlamentario".

Así, el Consejo de Coordinación autonómico de Podemos confía en que todos los agentes involucrados "apuesten por preservar la dignidad de las instituciones andaluzas y que incurrir en comportamientos antidemocráticos como el transfuguismo no salga gratis en la comunidad autónoma".

"Andalucía y el pueblo andaluz se merecen unas instituciones de primera. Por ello Podemos insta a las fuerzas políticas a anteponer la calidad democrática de nuestras instituciones estatutarias a los intereses partidistas y al cortoplacismo", según la nota.

La alumna de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi (Alicante) Helena Maestre Leal es una de las ganadoras de los Premios 'Liderpack' con su propuesta 'Apipack', un envase sostenible, innovador y creativo, que fue finalista en los XI Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje convocados por el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje.

Este proyecto representará a España en los 'WorldStar Student Awards', el concurso de 'packaging' para estudiantes más importante del mundo, cuyo fallo se hará público en diciembre, informa el clúster en un comunicado.

En concreto, la propuesta 'Apipack' resuelve el reto lanzado por la empresa Apisol, que consistía en desarrollar un nuevo envase para la miel en línea con las tendencias actuales en sostenibilidad, tanto en materiales como en su uso doméstico.

El trabajo ganador consiste en un envase reutilizable que cuenta con un dosificador regulable como principal innovación. Este sistema se suele utilizar en otros productos como aquellos destinados a la repostería u otros envases para pegamento, colas o siliconas, entre otros.

De esta forma, el usuario dosifica la miel mediante la compresión del envase de ambos extremos para que, mediante la boquilla central, se suministre la cantidad escogida. Además, el envase de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoi es reutilizable con el fin de extender su relación con el consumidor, ya que puede ser utilizado con otros productos para su almacenaje y dosificación.

PREMIOS NACIONALES DE ENVASE 2021

Por su parte, la XII edición de los Premios Nacionales de Envase y Embalaje ya está en marcha como cada año. En ella, las empresas retadoras que ya están confirmadas son Verdecora, ITC Packaging, Carmencita y Logifruit.

La primera convocatoria para entregar los proyectos será el 15 de febrero, mientras que los finalistas se anunciarán el 17 de mayo.

A lo largo de todas estas ediciones, más de 2000 estudiantes de varas universidades de la Península han presentado sus propuestas como respuesta a los retos planteados por más de 30 empresas, fabricantes o usuarias de envase y embalaje que han colaborado con estos premios. Cuentan con la financiación de la Conselleria de Economía Sostenible.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado, este miércoles, su preocupación por la reciente reactivación de los vuelos de repatriación a Mauritania y ha alertado de la "clara indefensión jurídica" que sufren los migrantes llegados a Canarias, que ven como sus letrados tienen "dificultades" para acceder físicamente a ellos para prestarles sus servicios.

Según señala la organización los abogados deben procurarse sus propios equipos sanitarios. Además, apunta que se están tramitando acuerdos de devolución por grupos y sin asistencia letrada.

Desde CEAR advierten de que esta situación supondría una vulneración del derecho a la asistencia jurídica de estas personas y también del de información para posibles solicitantes de asilo con independencia de su nacionalidad.

Ante este escenario, la ONG reclama que se habilite un espacio adecuado para que, tal como establece la normativa, las personas migrantes puedan ser atendidas por sus abogados en las primeras 72 horas y se les ofrezca información completa, garantizando su comprensión a través de intérpretes de un idioma que comprenda, tal y como reclama el Colegio de Abogados de Las Palmas.

PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN

"Es fundamental que cualquier persona que llegue a nuestro país tenga garantizado el acceso a la asistencia letrada, cuente con información sobre la posibilidad de solicitar asilo y si se inicia un proceso de devolución, éste cuente con todas las garantías", ha explicado el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.

En este sentido, han lamentado la reactivación, tras la pandemia, de las repatriaciones, después de que ayer se hiciera pública la devolución de 22 personas, de diferentes nacionalidades, a Mauritania, país con el que el Gobierno tiene firmado un acuerdo.

CEAR alerta de que la falta de garantías en este tipo de procesos pueden provocar la expulsión de personas cuya vida corra peligro al volver a su país de origen. Sería una práctica contraria al 'principio de no devolución' recogido en el derecho internacional y estatal, ha señalado.

RECLAMAN MEDIDAS "CUANTO ANTES"

La ONG recuerda que la reactivación de la ruta canaria desde distintos puntos de la costa africana, algunos tan lejanos como el sur de Senegal, ha supuesto que más de 400 personas habrían perdido la vida en lo que va de año. Este incremento, apunta, ha provocado que más de 1.800 personas hayan tenido que dormir en el suelo del muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

A su juicio, "deben ponerse cuanto antes las medidas anunciadas por el Gobierno para que no se repitan situaciones como ésta" y, además, CEAR reclama que el Ministerio del Interior deje de poner obstáculos al traslado de personas migrantes a la península desde el archipiélago.

"Canarias no puede convertirse en un agujero negro en materia de derechos, como lo han sido las islas griegas, ni el coronavirus puede ser la excusa para no afrontar un incremento de llegadas que lleva produciéndose desde hace más de un año. Busquemos alternativas más coherentes con la realidad", ha declarado Lorenzo.