El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves por unanimidad la toma en consideración de la Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el Grupo Socialista.

El consejero de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando, ha emplazado al PP y Ciudadanos a presentar enmiendas a la ley contra la okupación ilegal de viviendas presentada por el PSOE y que será elevada al Gobierno de España y ha confirmado que las Cortes de Castilla-La Mancha no van a aprobar dos textos –el PP ha presentado otra iniciativa similar– porque, a su juicio, sería «bochornoso» y enviaría un mensaje a las mafias de que no hay «un mensaje común».

«Si ustedes están dispuestos a que lleguemos a un acuerdo, una vez más, ya solamente nos queda la vía formal y parlamentaria. Me tienen a su disposición en la Comisión de Fomento para poder estudiar tantas enmiendas como ustedes consideren necesarias para que haya un único texto. No se aprobarán dos porque sería bochornoso», ha dicho durante su intervención en el debate parlamentario.

Ha explicado que el Gobierno ha traído esta ley antes porque el PP no ha querido «sentarse antes en los despachos». «Si el Gobierno ha podido no oponerse a la tramitación de esta ley es porque hemos tenido la oportunidad de trabajarla con el PSOE», ha recalcado.

«La suya –en relación al PP– me ha llegado a través de la vía parlamentaria. Si las normas nos permiten 30 días para estudiarla, pues la estamos estudiando todavía. Ojalá la hubiera visto antes, hubiéramos corrido más y hubiéramos podido llegar a consensos».

Ha indicado que la okupación ilegal de viviendas es «un problema real», con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido a dar soluciones a la gente que evite –ha destacado– que el agresor tenga mayor respaldo jurídico que la víctima, por ejemplo.

Así, ha puesto de relieve que las okupaciones ilegales de viviendas no se producen en los municipios más pudientes sino que es la clase trabajadora la que tiene que soportar este fenómeno que «entre todos y con cambios bastante concretos se puede solucionar», ha comentado.

«No se trata de quién llegó primero o no», ha asegurado en contestación a los partidos de la oposición, a quienes les ha preguntado qué hubiera pasado si el PSOE, en colaboración con el Gobierno, no hubiera llegado primero en esta cuestión. «Nos hubieran juzgado por ello y no lo hubieran echado en cara», ha enfatizado.

Además, ha recalcado que el texto que se debate este jueves no es un «copia y pega», sino que es un texto «serio, trabajado y consensuado» con quienes sufren el problema. Al PP le ha dicho que su propuesta de consenso «no es sincera» porque no se ha puesto en contacto ni con él ni con el PSOE para hablar del tema. «Han pretendido dar la sensación de que nosotros queríamos dejar a la gente tirada y han conseguido todo contrario».

Finalmente, ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page es un gobierno que, independientemente de que tenga que estar abordando la mayor crisis de la Guerra Civil, ha estado «en lo urgente» y además está «en lo necesario». «No perseguimos medallas, perseguimos resultados», ha zanjado el consejero.

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez que ha abierto este punto confiando en que «se escuche alto y claro una sola voz de unidad» en la región contra la ocupación ilegal de viviendas, para lo que ha solicitado el apoyo del PP y Ciudadanos.

Como encargada de defender y detallar el dictamen de este texto que defiende el derecho a la vivienda «defendiendo el derecho a la propiedad», al que se ha llegado tras «un trabajazo» y que ha definido como «bien armado», ha invitado a apoyar esta propuesta a los tres grupos de la Cámara. CS: MEJOR UNA «CARRERA COLECTIVA»

De su lado, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha confirmado que su grupo parlamentario –«que fue el primero que llevó a las Cortes el problema de la okupación ilegal de viviendas»– apoyará la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE, al igual que hará con la iniciativa que traiga el PP al Parlamento porque «en el fondo estamos alineados en el 99 por ciento de las medidas».

En donde no va a estar Ciudadanos es en la carrera por ver quién presenta antes una iniciativa legislativa, porque «cuando se hacen carreras uno tropieza». «Nos hubiera gustado una carrera colectiva» y haber podido participar en la proposición de ley que hoy se debate. También ha criticado «el espectáculo bochornoso» para ver quién se ponía «la banderita», en el que Cs no ha querido entrar porque sus diputados «no son grandes corredores», ha ironizado Ruiz.

Esta actitud de socialistas y ‘populares’ demuestra, a juicio de Ruiz, que «la okupación ilegal no es más que una bandera política para intentar arrogarse un grupito de votos más que una preocupación de los partidos políticos». Así, ha advertido de que si el PSOE y el PP hubieran querido consenso en este tema, hubieran llamado a los grupos. «Estoy cansado del postureo político», ha lamentado.

PP: OTRO COMPROMISO «INCUMPLIDO»

Desde la bancada ‘popular’, Ana Guarinos ha incidido en que este asunto «no estaba en la agenda política» ni de García-Page ni del Gobierno regional defendiendo la iniciativa primigenia del presidente regional del PP, Paco Núñez, de trabajar juntos en una iniciativa sobre este particular, criticando que el PSOE, en cambio, haya presentado «una iniciativa al margen del PP, de Cs, y en colaboración exclusivamente con el Ejecutivo» y la lleve a las Cortes «sin consensuar con todos los grupos».

«Otro compromiso incumplido, porque no estaba en agenda y porque no ha sido capaz de consensuar la ley», ha subrayado Guarinos, que ha lamentado que los socialistas hayan «dejando sin traer» la iniciativa del PP, que ni siquiera se ha tomado en consideración aún, y con la que se «define de forma clara la okupación ilegal, se permite el desalojo exprés en doce horas y se acaba con la impunidad de la okupación».

La parlamentaria del PP ha recalcado que los diputados están aquí «para resolver los problemas de los ciudadanos» y por ello seguirán trabajando «para combatir la impunidad de este asunto», lamentando que los socialistas, incluidos los parlamentarios de la región, han votado en contra de iniciativas sobre ese tema en el Congreso y apelando a no quedarse «de brazos cruzados» y buscar la unidad en ese punto.

PSOE: VOLUNTAD POLÍTICA

La socialista Ana Isabel Abengózar, de su lado, ha asumido que esta Proposición de Ley es «rigurosa y aplicable», además de dar «una respuesta firme al hecho delictivo» y acabar «con la sensación de impunidad que disfruta el okupa y su entorno», en referencia a las mafias.

Abengózar, que ha aludido a la primera vez que el presidente regional, Emiliano García-Page, habló de actuar contra la okupación, ha pedido no caer «en el error de los protagonismos» sobre quién habló antes de este asunto y ha pedido que «la voluntad política esté por encima de cualquier rédito electoral que se quiera sacar» sobre el tema de la okupación ilegal de viviendas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha asegurado que su Administración no va a ceder en el diseño de su política energética, enfocada a limitar el acceso a las compañías privadas y dar mayor protagonismo a los entes públicos, en respuesta al anuncio de Iberdrola de no invertir en el país azteca hasta que el Gobierno no aclare su política en esta materia.

«Yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex no estén conforme, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación, a nosotros no nos interesa los negocios privados, nos interesan los negocios públicos», ha aseverado el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

En el día de ayer, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, advirtió de que el grupo no prevé inversiones en el país después de que en los últimos tiempos el mandatario azteca haya lanzado ataques contra las energéticas españolas con presencia allí, especialmente dirigidos a Iberdrola.

En este contexto, López Obrador ha vuelto a apuntar contra la española y los contratos «muy jugosos» que esta obtuvo con las anteriores administraciones del país para la construcción de diferentes plantas de generación de energía.

Además, ha reincidido en el hecho de que la compañía nombrara como consejeros al expresidente Felipe Calderón y a la exsecretaria de Energía del país Georgina Kessel.

«Estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales porque se abusó mucho, el propósito, por dejarlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero», ha apuntado.

En esta línea, el presidente ha vuelto a hacer defensa del poder público y ha asegurado que si llegara a ser necesario, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio público en la gestión de recursos naturales del país.

Por su parte, Galán incidió en que las políticas energéticas «las elaboran los gobiernos», añadiendo que la compañía prevé completar su actual plan inversor y que no iniciará nada hasta clarificarse la situación del país.

«Si dicen que no inviertan empresas extranjeras, no lo haremos», aseguró Galán señalando que de todas maneras las inversiones en el país representan «muy poca cosa en el balance».

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, ha imputado al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín en el marco de la pieza separada número 25 que está relacionada con un supuesto encargo de la empresa Persán al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Tal y como adelanta El Mundo, y ha podido confirmar Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga en esta pieza ese posible encargo de la empresa de detergentes al comisario que tendría por objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

El encargo, que fue denominado por Villarejo ‘poyecto Saving’ podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

En la pieza se imputan delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al representante de Persán José Moya Sanabria y al exsenador del PSOE, Francisco Rodríguez Martín como intermediario.

PROYECTO SAVING

Ese ‘proyecto saving’ tiene su origen en la operación Fadesa, «formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa».

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito.

Al sospechar que «podría haber algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores», el empresario en 2011 decidió acudir a Villarejo.

El diseño de Villarejo para abordar el problema constaba de tres fases, debía recuperar el estatus jurídico de José Moya, disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses y ayudarlo a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Según destaca El Mundo, en la investigación se ha podido acreditar la existencia de al menos cuatro abonos realizados por el Persán a las cuentas de las mercantiles de Villarejo. Y en los audios que fueron incautados en la entrada y registro de la casa del comisario queda claro el preponderante papel que desarrolló el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, persona de la entera confianza de José Moya.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha asegurado este jueves que «siempre es lo más deseable» contar con los criterios del Tribunal Supremo para aclarar interpretaciones diferentes que puedan dar los tribunales de diferentes territorios sobre restricciones en el ámbito del Covid-19 u otras materias que puedan dar lugar a resoluciones contradictorias.

Así lo ha aseverado Celso Rodríguez durante la presentación de la Memoria Anual correspondiente al año 2019 en donde ha llamado la atención en el hecho de que diferentes tribunales emitan resoluciones contradictorias sobre cuestiones con una misma base fáctica puede crear cierta perplejidad entre los ciudadanos.

«Todos los asuntos no son iguales ni contienen el mismo marco jurídico. No es la misma legislación en todas las Comunidades Autónomas. Muchas personas perciben que los tribunales de unos y otros territorios están dictando resoluciones y abriendo una llave. Una cosa es hablar de resoluciones sobre cosas distintas y otra de resoluciones contradictorias, ha aseverado.

En el caso de que diferentes tribunales dicten resoluciones que puedan considerarse contradictorias, el magistrado ha apuntado que llevará a la perplejidad del ciudadano que pedirá explicaciones ante supuestos similares con la misma base fáctica, lo que a su juicio «no contribuye a fortalecer la credibilidad del sistema de judicial». «Para eso existe la unificación de doctrina del Supremo», ha dicho.

«Es una obviedad. Respetamos la jurisdicción del Tribunal Supremo y siempre es más que deseable que la jurisprudencia del Supremo para aclarar determinados en este y en cualquier otro asunto que puedan dar lugar a interpretaciones diferentes», ha dicho.

Al hilo, ha indicado que en Derecho en ocasiones «hay cuestiones limítrofes que pueden ver dos tribunales desde puntos de vista complementarios que no tienen por qué ser contradictorias».

«Y por tanto, en Derecho siempre es deseable contar con criterios seguros, fijos y uniformes en todo el Estado y que procedan del Supremo e incluso del Tribunal Constitucional en función de la materia», ha reseñado.

Por ello, ha insistido en que «contar» con su opinión del Supremo siempre es una garantía de seguridad jurídica para los tribunales y para los ciudadanos», ha apostillado.

Un hombre de 30 años ha sido detenido por agredir con un machete a una mujer de unos 43 años en Palma la pasada noche del domingo al lunes, hechos por los que se le imputa un delito de lesiones y otro de tentativa de homicidio.

Según ha informado la Policía Local, un ciudadano intervino para detener la agresión lanzándole una valla de plástico al atacante, que huyó. La Policía ha intervenido un machete de 44 centímetros y medio de longitud.

El 092 recibió un aviso sobre las 00.16 horas del 19 de octubre sobre una pelea en la confluencia de las calles Andreu Feliu y Ramon Muntaner. Al llegar al lugar, un vecino les explicó que había tenido que intervenir para auxiliar a una mujer.

Según su relato, la mujer estaba en el suelo mientras la atacaba un varón que blandía un machete con una mano mientras que le golpeaba con la otra. El testigo, un joven de 23 años, cogió una valla de plástico que estaba en la calle y la lanzó contra el agresor para detener el ataque.

De este modo interpuso la valla entre ambos y pudo arrebatarle el machete, que entregó más tarde a la policía. Al acercarse varios vecinos de la zona para socorrer a la víctima, el agresor había salido huyendo hacia la calle Francesc Fiol i Juan.

Los agentes recabaron una descripción física del individuo e iniciaron una batida por los alrededores. Encontraron al sospechoso en una calle cercana, y algunos vecinos confirmaron que se trataba del agresor.

Al ser preguntado por los hechos, el hombre manifestó que la mujer le había propinado una bofetada, y que él, ofendido, había cogido el machete del interior de su coche.

FALTA DE RESPETO A LA SOBRINA DE LA VÍCTIMA

Tras algunas averiguaciones, los agentes pudieron localizar el domicilio de la persona agredida. La mujer relató que el hombre estaba sentado en la acera cuando ella pasó por delante con familiares. Según su versión, el sospechoso se había dirigido a su sobrina de 21 años para decirle: «Qué buena estás, te follaría ahora mismo».

Entonces, la mujer le dio una bofetada y le recriminó su actitud. Según la víctima, el detenido la empujó y se interpuso entre ambos su hijo, que recibió un puñetazo. Acto seguido el agresor se dirigió a un vehículo del que sacó un machete y se dispuso a atacarles con él.

Ante esto, la familia salió corriendo, pero la mujer cayó al suelo y fue golpeada por el detenido, hasta que un chico la socorrió y pudo huir a su domicilio.

El grupo de Vox en el Parlamento andaluz ha decidido suspender una reunión que tenía este jueves fijada con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para seguir avanzando en las negociaciones sobre el presupuesto de la comunidad para 2021, tras la intervención que ha hecho el presidente del PP, Pablo Casado, en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados, donde ha acusado al dirigente de Vox, Santiago Abascal, de buscar la «ruptura» en España.

Fuentes de Vox Andalucía han confirmado que esa reunión estaba prevista para la tarde de este jueves y que, finalmente, han decidido suspenderla tras esa intervención del presidente del PP contra Vox.

De hecho, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha decidido convocar una rueda de prensa a las 18,00 horas de este jueves para valorar la situación ante la negociación de los presupuestos para 2021. Vox, que tiene acuerdos suscritos con los partidos que conforman el Gobierno andaluz, PP-A y Ciudadanos (Cs), tiene desde hace meses negociaciones abiertas con la Junta sobre las cuentas del próximo ejercicio, que se presentarán en unas semanas en el Parlamento.

El propio Hernández ha manifestado este jueves tras la intervención de Casado en el Congreso que el presidente del PP ha marcado la posición de su partido y ha demostrado claramente «que prefiere a los que pactan con ETA antes de apoyar la moción».

Ha agregado que Casado, tras su intervención en el Congreso, «ha conseguido lo nunca visto, el aplauso unánime de Podemos, de PSOE y de los grupos que quieren destruir España, con un discurso que ha bordeado el tono ofensivo y descalificaciones ad hominem que debería estar fuera de cualquier discurso». Asimismo, ha indicado que Pablo Casado ha «conseguido otro hito, defraudar a la inmensa mayoría de sus votantes: Lo que se siembra es lo que luego recogerá».

Por su parte, Santiago Abascal ha manifestado este jueves en el Congreso que Vox mantendrá el apoyo al Gobierno andaluz pese a la «equidistancia» y «ataques» de Casado.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que espera que esta misma tarde, el Ministerio de Sanidad cuando presente una guía de recomendaciones, al Pleno del Consejo Interterritorial, «negocie y consensue» con todas las comunidades autónomas y que las escuche «por una vez».

«La aplicación del Estado de Alarma en Madrid y la Orden Comunicada anterior solo tenían un objetivo: cerrar nuestra región a toda costa, en un ataque a los madrileños que nada tenía que ver con la salud y sí mucho con fines políticos», ha lanzado durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Sobre el documento que el Gobierno central presentará esta tarde, como se ha dado a conocer, incluye «opciones de actuación atendiendo a distintos niveles de alerta definidos, a su vez, por un proceso de evaluación del riesgo».

Desde la Comunidad, ha indicado, siguen «echando en falta» que, de los ocho nuevos criterios, seis sean criterios epidemiológicos y sólo dos sean criterios asistenciales. «Es más, uno de ellos es el del número de UCI disponibles, que está condicionado a algo que consideramos fundamental en una pandemia, como la capacidad de elasticidad para tener este tipo de camas, ha defendido.

El titular de Sanidad ha señalado que el Gobierno central no se lo está «poniendo fácil» pero ha indicado que se descentrarán en su objetivo para acabar con la pandemia. «De ahí nuestra voluntad de diálogo, nuestro afán por negociar un documento con criterios sensatos, con aval científico y consistentes. Un documento que, pese a llegar con siete meses de retraso, sirva para que todas las comunidades podamos contar con unos parámetros comunes a la hora de adoptar medidas», ha trasladado.

Sobre la nueva orden que darán a conocer mañana para cuando el sábado finalice el estado de alarma, incidirá en «medidas comunes para toda la región» y «específicas para las Zonas Básicas de Salud con mayor incidencia».

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado por medio de una carta, remitida esta misma mañana, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el establecimiento del toque de queda en la Comunidad, en el marco normativo que corresponda.

Fernández Mañueco asume que se trata de una «medida dura», pero defiende que es «imprescindible» en este momento ya que la evolución epidemiológica en Castilla y León en esta segunda ola «es preocupante», como evidencian los datos, lo que implica que las medidas preventivas puestas en marcha hasta el momento «sean ya insuficientes para revertir la tendencia».

En la carta, el presidente de la Junta ha expresado su «confianza» en que la implantación del toque de queda «pueda ser eficaz» para ayudar a controlar la expansión del virus; una expectativa que comparten tanto el conjunto del Gobierno autonómico, como los expertos que lo asesoran.

Al respecto, Fernández Mañueco ha recordado que la experiencia está demostrando que el riesgo de contagio «se está concentrando especialmente en las relaciones sociofamiliares, dentro de ámbitos privados y en horario nocturno».

De ahí que el presidente de Castilla y León defienda que es «trascendental actuar de forma urgente» y con más precisión para limitar al mínimo estos contactos.

La petición para la implantación del toque de queda adelantada por carta al jefe del Gobierno será formalmente solicitada esta tarde por Castilla y León, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

El presidente de la Comunidad espera que en este foro puedan debatirse y acordarse con el apoyo de todas las autonomías ésta y otras medidas que permitan frenar la propagación del coronavirus.

Asimismo, en su escrito, Fernández Mañueco recuerda a su homólogo en el Ejecutivo nacional que le ha solicitado reiteradamente, en las conferencias de Presidentes Autonómicos, el refuerzo del marco jurídico ordinario con el objetivo de facilitar a las comunidades autónomas la adopción «rápida, eficaz y con seguridad jurídica» de medidas «eficaces» en la lucha contra la pandemia; una petición que no ha sido considerada.

Fernández Mañueco finaliza su carta manifestando su convicción de que sólo desde el consenso, el diálogo, y sobre la base de los criterios científicos, «se podrá hacer frente con garantía de éxito a esta tragedia sanitaria, social y económica». Valores que, recuerda, son los que reclaman los ciudadanos.

El Congreso ha dado este jueves la espalda a la moción de censura de Vox para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa, convirtiéndose así en la menos votada de las cinco registradas en la democracia constitucional. Su candidato, Santiago Abascal, sólo ha recibido el apoyo de sus 52 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta (176 votos) necesaria para que triunfase, y ha cosechado votos 298 en contra, incluyendo al PP, UPN y Foro Asturias.

Conforme al Reglamento, la votación fue pública y por llamamiento, pero en esta ocasión, con motivo de las restricciones derivadas la pandemia, sólo pudieron decir su voto de viva voz los presentes en el hemiciclo. El resto lo hicieron vía telemática y el sentido de su voto fue leído por el secretario de la Mesa del Congreso.

Para relevar a Sánchez, el candidato de Vox necesitaba reunir la mayoría absoluta de la Cámara, 176 votos, y como no lo ha logrado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado por rechazada la iniciativa.

EL 85% DE LA CÁMARA DICE ‘NO’

Abascal ha obtenido sólo el ‘sí’ de los 52 diputados de Vox, el 15% del conjunto de la Cámara, por lo que su candidatura ha sido rechazada por 298 votos, los que suman los diputados del PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG), Ciudadanos, PNV, Bildu y el heterogéneo Grupo Mixto (CUP, UPN, CC, NC, PRC, Foro Asturias y Teruel Existe). Nadie se ha abstenido.

Así las cosas, la moción de Vox se ha convertido en la menos votada de la reciente historia democrática, por debajo incluso de los 68 votos de la Alianza Popular de Antonio Hernández Mancha en 1987 y de los 82 que cosechó Pablo Iglesias y Podemos en 2017.

PRECEDENTES

La primera moción de censura data de 1980, cuando el PSOE de Felipe González intentó sacar de La Moncloa a Adolfo Suárez, y, la segunda, llegó siete años después, en 1987, cuando la Alianza Popular de Antonio Hernández Mancha hizo lo propio contra González. Ninguna de las dos prosperó, como tampoco lo hizo la que, 20 años más tarde, impulsó Pablo Iglesias en 2017 contra Rajoy.

En 1980, Felipe González logró el respaldo de 152 diputados (socialistas, comunistas, andalucistas y tres representantes del Grupo Mixto), frente al rechazo de 166 y la abstención de otros 21 –en la sesión se registraron 11 ausencias–. Es decir, el PSOE se quedó entonces a 24 votos de conseguir la aprobación de la moción de censura, lo que catapultó a González, que dos años después logró una holgada mayoría absoluta.

Más lejos de la mayoría se quedaron las mociones de Pablo Iglesias, que recabó 82 a favor (Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu), y de Antonio Hernández Mancha (68 votos de la entones Alianza Popular, antecedente del PP)

La última moción, la que permitió a Sánchez acceder a La Moncloa en junio de 2018, fue la única que prosperó al reunir 180 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias) frente a 169 en contra (PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias) y una abstención, la de Coalición Canaria.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina acerca de que los trabajadores jubilados parcialmente mediante contrato de relevo tienen derecho a que se les compute el 100% de cotización al pasar a jubilación completa y no sólo a que se les tenga en cuenta el porcentaje parcial efectivamente trabajado.

Esto significa que si un trabajador se jubila de forma parcial, con celebración simultánea de contrato de relevo, en la base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las cotizaciones del periodo de trabajo a tiempo parcial al 100%, es decir, como si durante ese periodo se hubiese trabajado a jornada completa.

En el supuesto ahora resuelto por el Tribunal Supremo, el interesado solicitó que se le elevaran las cotizaciones al 100%, frente al criterio de dos fallos previos emitidos por un juez de lo Social y por un Tribunal Superior de Justicia que abogaban por computar las cotizaciones realmente efectuadas sin incremento alguno.

El Supremo unifica doctrina estableciendo que, en estos casos, las cotizaciones correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial han de incrementarse hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, es decir, como si hubiera trabajado a jornada completa.

Con ello, el Alto Tribunal confirma la solución avanzada anteriormente en otras resoluciones, frente al criterio aplicado por la Seguridad Social a la hora de aplicar la ley que regula la jubilación parcial.

La ley establece que para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al periodo de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde el trabajador redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100% de la cuantía que le hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho periodo, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que el gesto anunciado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de paralizar la reforma en el sistema de mayorías para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cambia «nada» y que lo que urge, y demanda Europa, es «despolitizar» el órgano de gobierno de los jueces.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja después de que Sánchez haya anunciado que paraliza la tramitación de la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos y haya vuelto a tender la mano al PP para que se avenga a renovar este órgano.

A su juicio no basta con suspender esa tramitación «para que nada cambie», sino que hay que ser «valientes» y buscar el consenso entre las fuerzas «constitucionalistas» para cumplir lo que mandata Europa: «Que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes al menos en un número mayoritario».

Bal ha señalado que «puede haber vocales de designación política», pero que no pueden «ser todos». «Ahí ofrecemos unidad, nos da igual quién presente la reforma con tal de que incida en la despolitización del CGPJ», ha remarcado.

UNIDAD CONSTITUCIONALISTA

Bal ha recordado la «vía 221» que Inés Arrimadas propuso al PP y al PSOE tras las elecciones generales de noviembre de 2019 para que Sánchez gobernara en solitario con el apoyo parlamentario de los tres partidos, sin contar con Unidas Podemos.

Según ha defendido, esa llamamiento a la unión de las tres fuerzas «constitucionalistas» lo siguen haciendo ahora para «conseguir pactos de Estado» y alcanzar acuerdos no solo respecto al CGPJ, sino también para los Presupuestos Generales del Estado, de manera se inviertan de forma «correcta» las ayudas europeas y se impulsen las reformas que necesita el país.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha autorizado a la Abogacía General a que desista de las acciones judiciales contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el cambio a la fase 1 de la desescalada, tras el fin del estado de alarma.

Según ha adelantado ‘El Mundo’, y han confirmado fuentes del Gobierno regional, la jefa del Ejecutivo madrileño entiende que «es imprescindible una adecuada colaboración entre las administraciones y que haya menos litigiosidad entre ellas».

El pasado mes de mayo el Gobierno regional decidió presentar un recurso contencioso administrativo ante «las dudas de legalidad» de la actuación del Ministerio de Sanidad a la hora de permitir el cambio de fase además de considerar que existía una «eventual lesión de los legítimos intereses de la Comunidad de Madrid».

Pese a decidir finalmente no presentar el recurso, desde la Comunidad de Madrid se han mostrado convencidos «de que hubiera prosperado» porque consideran que «ha quedado patente que las decisiones de pase de fase fueron no ajustadas a derecho.

Además, han incidido en que la presentación de este recurso permitió «desvelar que el Gobierno de Pedro Sánchez mintió porque nunca existió un comité de expertos que avalara los cambios de fase de las comunidades autónomas, tal y como confirmó el ministro Illa el pasado 30 de junio».

Para la dirigente, es «imprescindible» para la gestión diaria de la situación generada por la pandemia «una adecuada colaboración entre las diferentes administraciones territoriales y una disminución de la litigiosidad entre ellas», como recoge la orden donde se descarta continuar con estas acciones judiciales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado este jueves ‘Comunica-Brecha RGPD’, una herramienta que ayuda a los responsables de tratamiento en la toma de decisiones ante la obligación de comunicar una brecha de seguridad de los datos personales a los afectados.

En este sentido, la Agencia ha recordado que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a los responsables que manejan datos personales a comunicar sin dilación a los interesados las brechas de seguridad de datos cuando sea probable que éstas entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

Por este motivo, ‘Comunica-Brecha RGPD’ pretende «promover la transparencia y responsabilidad proactiva entre los responsables, en un ejercicio que permita a los afectados por una brecha de seguridad conocer cuándo dichos derechos y libertades pueden estar en riesgo y así poder tomar las medidas que consideren apropiadas para salvaguardarlos».

La AEPD ha informado de que este nuevo recurso es gratuito, fácil de utilizar y se basa en un breve formulario en el que se recaban detalles que permiten aplicar unos criterios básicos que pueden ser indicativos del riesgo asociado a una brecha de seguridad. «En ningún caso la Agencia almacena los datos consignados durante el proceso», ha subrayado.

De esta forma, al completar el formulario, y en función de la información que haya sido facilitada, la herramienta ofrece como respuesta tres posibles escenarios: que se debe notificar la brecha de seguridad a los afectados al apreciarse un riesgo alto; que no es necesaria dicha comunicación, o que no se puede determinar el nivel de riesgo.

«El uso de esta herramienta no sustituye en ningún caso la necesaria valoración del nivel de riesgo por parte del responsable, que es quien mejor conoce los detalles del tratamiento de datos personales que realiza, las características de los sujetos de datos, las circunstancias de la brecha de seguridad y el resto de los factores que permiten obtener una valoración del riesgo acertada», ha precisado el organismo estatal.

Asimismo, ha aclarado que el empleo de ‘Comunica-Brecha RGPD’ para facilitar la toma de decisiones ante la obligación de comunicar brechas de seguridad a los interesados «es independiente de la obligación de notificar dicha brecha a la autoridad de control».

Este nuevo recurso se suma al ‘Decálogo de recursos de ayuda de la AEPD’ para promover la concienciación y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.

El vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Adrià Junyent, ha reprochado este jueves que se culpabilice a adolescentes y y universitarios de los contagios por COVID-19 a pesar de que los datos revelan una incidencia que afecta a toda la sociedad y en especial a las reuniones familiares.

Asimismo, ha añadido que si hay más contagios de COVID entre los jóvenes es por la «falta de alternativas de ocio sano», un problema «crónico» que la pandemia «ha dejado ver de nuevo». Así lo ha afirmado en una rueda de prensa para informar de los datos de Castilla y León del segundo semestre de 2019 del Observatorio de Emancipación.

Para Junyent es «exagerado» culpar a los jóvenes de los brotes porque los contagios «se producen en un 50 por ciento en el ámbito familiar y solo el 15 viene del ocio». «Hay un doble rasero» ha criticado, al tiempo que ha añadido que «ha habido brotes en empresas y no se han cerrado centros de trabajo».

En este sentido, ha subrayado que no existen alternativas de «ocio sano juvenil» y por eso los jóvenes acaban en los parques o en otros lugares, «porque no tienen otra cosa que hacer».

Su homóloga en Castilla y León, Sandra Ámez, ha incidido en que se está «culpabilizando» a los jóvenes de los contagios cuando no es así, ya que hay personas de todas las edades que se saltan las medidas pero ellos son el «foco fácil».

La Autoridad de la Competencia y los Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha concluido que existen «problemas de competencia» en la fusión planteada entre las empresas de reventa de entradas de eventos y conciertos Viagogo y StubHub, anunciada hace casi un año.

El regulador británico ha asegurado, al finalizar la segunda fase de su investigación en profundidad, que ambas firmas son «competidores cercanos» en un mercado que ya está muy concentrado y que no cuenta con alternativas significativas además de esas dos empresas. Entre Viagogo y StubHub aglutinan más del 90% del mercado de reventa de entradas en Reino Unido.

De acuerdo a la CMA, la fusión de ambas supondría una «reducción sustancial» de la competencia en el mercado secundario de entradas. Este hecho provoca que el regulador tema que se incrementarán las tarifas para usuarios, tanto para los que venden como los que compran entradas. Además, también podría resultar en una «menor calidad» del servicio y en una «reducida innovación» en el sector.

La Autoridad ha destacado que es «consciente» del impacto significativo del Covid-19 en la industria de eventos en directo, pero que Viagogo y StubHub seguirán siendo competidores importantes en el futuro «cercano».

La CMA ha abierto el plazo para que las partes implicadas envíen sus comentarios y sus posibles soluciones a este problema de competencia. El regulador considera que una potencial solución es que Viagogo venda «todo o parte» de StubHub, lo que haría perder sentido a la adquisición.

En noviembre del año pasado, Viagogo llegó a un acuerdo con Ebay para comprar a su rival StubHub por 4.050 millones de dólares (3.425 millones de euros) en efectivo. La adquisición hubiera supuesto que se unieran las dos empresas que fundó Eric Baker, actual consejero delegado de Viagogo y que salió de StubHub antes de que esta fuera vendida a Ebay.