Ciudadanos ha registrado este viernes, coincidiendo con el Día Internacional de la Memoria Trans, una ley para reconocer la igualdad social del colectivo LGTBI en toda España y en la que recoge que los tratamientos de transición y reasignación sexual de los trans se incluya en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

En una rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz de Igualdad de los naranjas, Sara Giménez, se ha mostrado "orgullosa" de este texto en el que, según ha indicado, se recoge "la situación específica de las personas transexuales", abordando diferentes aspectos que mejoran, según ha indicado, la "libertad" de estas personas para "amar" o "expresar su sexualidad".

Con esta ley, ha indicado la diputada, se busca "armonizar" la legislación española, ya que en la actualidad no existe una legislación trans en todas las comunidades autónomas y, por tanto, los derechos del colectivo "no están garantizados igualmente" en todo el país.

Para Giménez es necesaria esta iniciativa ante "los discursos de Vox" y al "radicalismo feminista del PSOE" y su intención de "contraponer la realidad de las mujeres trans a la realidad del feminismo". A su juicio, "establecer una lucha entre causas de igualdad es un retroceso" y, por ello, ha defendido la necesidad de "luchar y avanzar en el reconocimiento de igualdad".

UN CONSEJO ESTATAL LGTBI

En concreto, el texto registrado, reconoce, de forma definitiva, que la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades y recoge incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud, los tratamientos de transición y reasignación sexual.

Además, incluye la creación de un Consejo Estatal LGTBI que "vele por el apoyo a las personas del colectivo" y la puesta en marcha de un marco integral y común de derechos en todo el territorio nacional para "garantizar la igualdad social de las personas LGTBI y protegerles de la discriminación y los delitos de odio por razón de su orientación sexual y de su identidad de género".

Giménez ha puesto en valor, además, el "avance en sensibilización" que supone este texto, con el objetivo de que la ciudadanía "no se ponga la venda" ante los problemas de las personas trans. En este sentido, ha señalado que, según los últimos estudios, un 85% de los trans "tienen problemas para encontrar trabajo", mientras que un 58% de los menores trans sufren acoso en el colegio.

Asociaciones de jueces y fiscales valoran con cautela el contenido del Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) hecho público esta semana, que otorga la instrucción penal a los fiscales y reforma las normas decimonónicas que regían el derecho procesal en nuestro país. Exigen que para poder aplicarla se precisará una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dote de mayor autonomía a los nuevos instructores.

Desde Foro Judicial Independiente (FJI) o la Asociación de Fiscales (AF) señalan incluso que debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen lo jueces.

En todo caso, el Anteproyecto recibe una mayor acogida entre los fiscales que entre los jueces. Otra idea común en las asociaciones consultadas que la reforma de la instrucción penal en España venga acompañada de los necesarios medios materiales y humanos para la Fiscalía, ya que este cambio a coste cero es inasumible.

Así, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrrera, María Jesús del Barco, se coloca en una posición contraria a la reforma si esta no conlleva un cambio legislativo del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Mientras exista el principio de dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal se daña seriamente la imagen de independencia de la labor que puedan hacer los fiscales en la instrucción", ha señalado a Europa Press.

A juicio de Del Barco, la imagen de la Justicia se encuentra ya dañada por el hecho de que la actual fiscal general, Dolores Delgado, saliera del Ministerio de Justicia para entrar directamente el la cúpula de la fiscalía, y es precisamente ese nombramiento del fiscal o fiscala general por parte del Gobierno lo que despierta sus recelos respecto a la futura reforma. "El Gobierno puede pensar que por irden jerárquico el fiscal puede acabar haciendo lo que diga el ministro", ha añadido. EL MODELO HABITUAL EN EUROPA

Jorge Fernández Vaquero, de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), recuerda que la reforma busca implantar el modelo de instrucción que existe en otros países, donde el configura como un árbitro en el proceso y que por eso la parte acusadora, la Fiscalía, se encarga de la investigación.

No obstante, añade que no basta con decir que hay que imponer el modelo que se usa en nuestro entorno y no es posible pretender el cambio del modelo de instrucción sin abordar previamente la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la garantía de imparcialidad.

Afirma, al igual que la portavoz de la APM que el cambio de modelo quizá no es muy buena idea "en las circunstancias actuales", que se caracterizan por un deterioro de la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal porque la FGE es la anterior ministra de Justicia y tiene una vinculación evidente con el partido de Gobierno. La implantación de la ley no obstante, tal y como recuerdan desde el Ministerio de Justicia, tendrá una 'vacatio legis' de al menos seis años.

También apunta problemas de independencia la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que señala igualmente a que la Fiscalía se encuentra actualmente fuertemente jerarquizada y al hecho de que al fiscal general lo designe el Gobierno.

"No basta con modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, porque siempre va a haber jerarquización, alguien que diga qué causas se incoan y cuáles no. No basta con que haya autonomía, tiene que haber independencia".

Para la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Ascensión Martín, la reforma es aceptable en el sentido en que se trata de adoptar el modelo anglosajón, pero lo importante es que esta vez se ponga en marcha tenga una extensa 'vacatio legis'.

Así, Martín ha recordado que el modelo de instrucción fiscal ya se hace con menores desde 1992 y la experiencia es "bastante positiva".

MEJOR VISTA ENTRE FISCALES

La opinión sobre los proyectos del Gobierno mejora cuando se pregunta a las asociaciones de fiscales. Así, Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, señala que están perfectamente capacitados para hacer la instrucción, pues los fiscales conocen perfectamente los asuntos que les tocan desde su inicio y están especializados en determinados tipos delictivos.

"Es beneficioso que se asuma la investigación por parte del fiscal, porque nos acerca a muchos países de nuestro entorno, pero no puede ser que se asuma de cualquier manera y a cualquier precio", advierte.

Así coincide con las asociaciones de jueces en que no sería serio afrontar esta reforma sin una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que es la que verdaderamente urge." Si nosotros llevamos la instrucción no solo debemos ser imparciales y neutrales, sino que tenemos que aparentarlo-ha añadido-. Si quien dirige la Fiscalía General del Estado no tiene esa apariencia, nos va ensombreciendo".

Entre sus propuestas, que la etapa de mandato del fiscal general no coincida con la del Gobierno que lo nombra (que sea superior, cinco años), de modo que cuando un Gobierno sucede a otro deba mantener al fiscal general; que el Consejo Fiscal tenga más fuerza de representación de los fiscales frente al fiscal general y que pueda incidir en las decisiones más relevantes en cuanto a organización, nombramiento y funcionamiento de esta insstrución y que se disponga de autonomía presupuestaria, al estilo del Consejo General del Poder Judicial.

También considera Dexeus que si el misterio Fiscal está incluido dentro del Poder Judicial y, por tanto, hemos de participar de las características del Poder Judicial en cuanto a la independencia de sus miembros.

Igualmente alude al derecho comparado Juan Antonio Frago, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ya que el de fiscal instructor es el modelo que se sigue prácticamente en toda América y en toda Europa.

"Lo que ocurre es que aún así es necesario tanto el cambio del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal como una dotación de medios o abandonar otras competencias que tenemos actualmente, como en derecho de familia, social, contencioso y mercantil", añade, coincidiendo con la práctica totalidad de opiniones.

Por ello, Frago señala que aconsejable sería adoptar medidas para blindar a los fiscales individualmente pero sin que la Fiscalía adquiera las características de los jueces. "Eso se puede conseguir cambiando el tiempo de duración del mandato del FGE, porque ahora mismo tiene el problema de que, si cesa el Gobierno, automáticamente cae también el fiscal general.

Teresa Peramato, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es la que muestra más entusiasmo por la reforma, que califica de "esencialísima" al constituir el actual modelo de juez instructor una "rareza" de nuestro país en el contexto europeo. Ha recordado que el propio borrador del Anteproyecto que ha circulado esta semana señala en una disposición adicional necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y esta es una oportunidad buenísima para hacerlo.

En este punto, ha recordado en declaraciones a Europa Press la necesidad de reforzar la autonomía de la Fiscalía en su estructura interna, y cree que los planes de la reforma, que pasan por crear unidades de investigación a cuyo frente se coloque un coordinador permitirá poder hacerlo.

La ventaja del proyecto, según Peramato, pasa por la previsión de las unidades de investigación, en las que participarán diferentes fiscales con diferentes especialidades en un mismo asunto, lo que reforzará la efectividad, exhaustividad y rapidez en las investigaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la aprobación de la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'ley Celaá', en el Pleno del Congreso es "el primer paso" en la revolución y modernización del sistema del sistema educativo y formativo español.

Así lo ha indicado este viernes en el acto de presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española en La Rioja, junto a la presidenta del Gobierno de esa región, Concha Andreu.

El presidente del Gobierno ha destacado que se trata de "una ley que está pensada, está diseñada con un objetivo bien claro y es iniciar un proceso de transformación y modernización del sistema educativo y formativo", que "lance definitivamente" a España a" un escenario de progreso y desarrollo de justicia social".

"No hay avance más cierto, seguro para una sociedad, que aquel que garantiza la equidad y la excelencia de nuestro sistema educativo y, por tanto, a nuestra juventud", ha declarado Sánchez, al tiempo que ha defendido que "con una educación moderna, competitiva, adecuada también a las necesidades de las empresas, España avanzará impagable hacia ese futuro" que están empezando a construir.

En su intervención ante, el presidente del Ejecutivo ha puesto de relieve que "la única forma" de conseguir empleo de calidad es abordar una "gran" revolución y modernización del sistema educativo y formativo, "no porque haya sido malo".

A su juicio, el sistema ha sido "bueno, equitativo" y ha gozado de "altas cotas de excelencia", pero es necesario cambiarlo "en este nuevo mundo" donde se desconoce qué oferta la laboral van a tener los que ahora son niños y los empleos que van a poder crear las empresas.

En este contexto, Sánchez ha puesto de relieve que, para lograr este objetivo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española destina casi una quinta parte del total al ámbito educativo, y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contemplan dotaciones destinadas a la política de Educación que ascienden a un total de 4.893 millones de euros, un 70,2 por ciento más que en 2020.

En este sentido, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que estos recursos económicos se destinarán al sistema general de becas y ayudas al estudio, al Plan Educa Digital para reducir la brecha digital y al Plan Proa para prevenir el abandono escolar temprano, entre otras acciones.

Finalmente, el presidente del Gobierno ha asegurado que la Formación Profesional (FP) es "una de las prioridades absolutas" de su gabinete, por lo que ha anunciado que en los próximos meses el Ejecutivo va a probar una nueva ley de FP.

La Comunidad de Madrid se cerrará perimetralmente durante 10 días, desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, viernes, hasta las 00.00 horas del lunes 14, según ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covi-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

"La movilidad en torno a ese puente tan amplio con tantos días festivos es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días", ha explicado en la rueda de prensa semanal para actualizar las medidas contra la transmisión del Covid-19.

Zapatero también ha dicho que sigue vigente el toque de queda desde las 00.00 horas hasta las 6.00 horas, y ha instado a "evitar todo movimiento innecesario", así como a guardar la distancia de seguridad, a usar correctamente la mascarilla, a lavarse las manos "constantemente" y ventilar "correctamente" los espacios cerrados.

"Estamos en un momento crítico y queremos ser muy cautelosos porque este camino todavía va a ser largo", ha advertido Zapatero, quien ha señalado que por primera vez en la segunda ola la incidencia acumulada a 14 días baja de los 300, al situarse en 297, como muestra de que la Comunidad de Madrid va "por el buen camino.

Asimismo, ha mencionado otras cifras "esperanzadores", como la reducción de casos positivos en un 65,21 por ciento respecto al pico máximo, así como el descenso de un 43,4 por ciento de hospitalizados en planta desde el pico máximo y de un 23,7 por ciento de los ingresados en UCI, descensos "muy importantes" pero que no les permiten relajarse, "ni mucho menos" confiarse.

"Pedimos una vez más este esfuerzo a los madrileños y lo hacemos porque queremos disminuir aún más la incidencia acumulada, porque queremos proteger a los ciudadanos, y porque queremos llegar en las mejores condiciones posibles a la Navidad", ha aseverado.

CIERRES 'POR DÍAS'

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se mostró contraria a los cierres perimetrales más días de los necesarios cuando se decretó el estado de alarma y apostó por que se hicieran únicamente en momentos donde la movilidad era elevada. Así, el Gobierno regional decretó el cierre para el puente de Todos los Santos, en el que se suelen producir un millón de desplazamientos, y de La Almudena.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acabó cediendo a la petición de la Comunidad pero indicó que en el futuro si se quería un cierre inferior al establecido en el decreto del estado de alarma debía comunicarse primero al Gobierno central.

Durante esta semana, tanto el vicepresidente, Ignacio Aguado, como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no han adelantado la decisión pero sí se han mostrado partidarios de actuar "con prudencia".

"NO HAY NINGÚN CAMBIO DE CRITERIO"

Zapatero ha asegurado que "no hay ningún cambio de criterio" del Gobierno regional en cuanto a la duración de los cierres, y ha dicho que se han basado en la información recabada de años anteriores sobre la movilidad que se produce en Madrid en estas fechas habitualmente, que "duplica o incluso triplica en algunos días la movilidad en otros fines de semana o en otros puentes".

"Es una situación prenavideña en la que se acumulan muchas personas que vienen a Madrid por motivos diferentes, por tanto nos parecía una medida de cautela en el sentido de evitar desplazamiento tanto hacia dentro como hacia fuera", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que "hay que hacer este esfuerzo" para seguir disminuyendo la incidencia del Covid-19 en la región lo máximo posible con vistas a la Navidad.

Zapatero ha asegurado que Ayuso está "perfectamente informada" de la decisión, que es "una propuesta de Salud Pública, que se habla en la Consejería de Sanidad y luego se habla con la presidenta de la Comunidad, como no puede ser de otra manera.

"Lo que hemos adoptado es una medida que nos parece una medida prudente", ha recalcado Zapatero, quien ha subrayado que "el motivo fundamental es por precaución", y ha insistido en que "es un puente especial", por lo que ha asegurado que son "consecuentes".

En la misma línea, ha defendido que es una medida "coherente" con lo que está haciendo la Comunidad de Madrid "en la línea de seguir bajando la transmisión lo más posible, sobre todo con vistas a la llegada de la Navidad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este viernes el "jugueteo político" y "el ruido de debates estériles" que se ha generado, a su juicio, en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha defendido que son unas cuentas públicas "imprescindibles" para la recuperación, con las que no "gana" el Gobierno sino España y "todos y cada uno de los territorios".

Así lo ha asegurado durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que ha realizado este viernes en la Rioja, en clara alusión a la polémica que se ha generado por el apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas.

Asimismo, Sánchez ha reivindicado de nuevo el "respaldo histórico" que cosecharon los PGE en su primer trámite en el Congreso, al rechazarse las enmiendas a la totalidad con el voto de 198 diputados, y ha afirmado que espera que puedan ser aprobados antes de que acabe el año.

El movimiento de EH Bildu ha generado fuertes críticas por parte de PP, Ciudadanos y Vox, pero también malestar en las filas socialistas, al que han puesto voz algunos dirigentes territoriales como los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; y Aragón, Javier Lambán; e históricos exgirigentes como Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El presidente del Gobierno remitió precisamente este jueves una carta a los militantes socialistas para pedirles que "estén a la altura" y contribuyan a defender la necesidad de sacar adelante los Presupuestos con el mayor apoyo posible. Y denunció que los "adversarios del Gobierno" solo quieren desviar la atención "con asuntos del pasado como la lucha antiterrorista".

CRITICA EL "JUGUETEO POLÍTICO"

En su comparecencia de este viernes, Sánchez ha vuelto a defender la necesidad de que esas cuentas "imprescindibles" se aprueben en el Congreso antes de que acabe el año, y ha afirmado que con ellas, no es el Gobierno el que "gana", sino España y "todos y cada uno de los territorios".

Asimismo, Sánchez ha asegurado que lo que ocupa al Gobierno es la recuperación del país tras la pandemia "y no el simple jugueteo político". "Nos ocupa la posibilidad de aprovechar una oportunidad histórica y no el ruido del debate estéril y accidental que en muchas ocasiones caracteriza a la política española", ha criticado.

Por otra parte, ha afirmado que el Gobierno sigue "trabajando intensamente en la Unión Europea para llegar pronto a un acuerdo que permita empezar a disponer de los fondos europeos ya en enero de 2021, en el contexto de esos nuevos Presupuestos".

"Es un camino que comenzó a recorrerse la semana pasada al recibir el respaldo histórico en el Congreso en el rechazo de las enmiendas a la totalidad, y que esperamos culminar en la próximas semanas antes de que finalice el mes de diciembre", ha manifestado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha apuntado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico acometerá de forma prioritaria las actuaciones en materia de saneamiento y depuración para zanjar los procedimientos de infracción y multas de la Unión Europea a España por incumplir la Directiva de Agua a través de 1.000 millones de euros del Fondo de Recuperación.

Durante la presentación al público del Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), Morán ha explicado que el Ministerio ha elaborado durante dos años --desde julio de 2018-- este instrumento que permitirá gestionar los planes que se pongan sobre la mesa en el futuro en materia de planificación hidrológica en España.

"Probablemente, el primer plan sea el que va a venir respaldado por el Fondo de Recuperación de la UE, que aportará a la Dirección General del Agua unos 1.000 millones de euros y de estos una parte importante irá al ámbito del saneamiento y la depuración", ha comentado el secretario de Estado que ha precisado que fundamentalmente el Plan DSEAR está orientado a las actuaciones que dependen de la Administración General del Estado.

En ese sentido, Morán ha explicado que se ha decidido incorporar todo el catálogo de proyectos de saneamiento y depuración que tienen abiertos procesos de infracción de la UE puesto que será "lo primero" que se ejecutará dentro de los contenidos del citado plan, porque es necesario "resolver con urgencia".

El plan, que cuenta con unas 150 páginas, está abierto a exposición pública desde el 22 de octubre hasta el 31 de diciembre, para que la población y partes interesadas puedan presentar sus comentarios y alegaciones de cara a su posterior aprobación definitiva que según Morán y el subdirector general del agua, Victor Arqued, estiman que podría producirse en los primeros meses de 2021.

En ese sentido, el secretario de Estado se decidió integrar un conjunto de actuaciones y planes enmarcados en un sistema de gobernanza de cara a la herramienta en el futuro para integrar el saneamiento, la depuración, la eficiencia, el ahorro y la reutilización "como parte del modelo de gestión del agua" que el Gobierno quiere "implantar".

"Ahora, dos años después, el documento se socializa para someterlo al conjunto de la ciudadanía y sobre todo al sector. Ha tenido un recorrido de amplia base técnica, dos años para testar de forma seria dónde estamos y qué instrumentos podríamos contar", ha comentado.

De este modo, una vez que el documento sea "sólido" se incorporará a la estructura del tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá estar concluida a finales del próximo año para su entrada en vigor "a inicios" de 2022.

Durante la presentación pública del Plan Dsear, el director general del Agua, Teodoro Estrela, ha destacado que se trata de un instrumento de gobernanza que da soporte a la planificación hidrológica; recoge las medidas para resolver los problemas actuales; detecta y diagnostica los problemas al tiempo que recoge los criterios y propuestas de actuación para incorporarlas a la planificación hidrológica, "sobre todo en las actuaciones de la administración central del Estado".

En ese contexto, ha detallado que España está por debajo de la media europea en inversión per capita en saneamiento y depuración y en estos momentos, hay más de 500 núcleos urbanos que no están conformes con la Directiva comunitaria.

Asimismo, ha destacado que la reutilización del recurso es "esencial" para España que tiene "problemas" para atender las demandas, "dificultades" para cumplir con los caudales ecológicos y acuíferos sobrexplotados. "Desde el Plan Nacional de Reutilización en 2010 no ha habido un avance sobre esta materia", ha lamentado.

El plan establece los criterios, los principios orientadores de la planificación hidrológica que están basados en el Pacto Verde Europeo y la Transición Ecológica, la Adaptación al cambio climático.

En definitiva, ha señalado que una vez aprobado el plan sea aprobado a principios de 2020, sus resultados se incorporarán a los planes hidrológicos para.

El subdirector general de Planificación Hidrológica, Víctor Arqued, por su parte, ha explicado los detalles del plan y ha recordado que España está pagando "unas sanciones muy importantes" a Europa, por lo que se necesitan "nuevas formas de actuar. Así, ha manifestado que el plan es ambicioso pero realista para dar los pasos precisos de forma que se pueda lograr que el futuro del agua en España no sea igual que en el pasado.

Por último, ha definido que una vez termine la consulta pública se modificará el estudio ambiental estratégico y se elaborará la propuesta final del Plan DSEAR con las aportaciones recibidas. Una vez que todo esté aprobado "a finales de febrero o marzo" su contenido se incorporará a los organismos de cuenca y a la planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá aprobarse antes de final de 2021. "Podríamos retrasarnos algo, pero no deberíamos retrasarnos mucho", ha advertido.

La acusada de matar al hijo de su pareja en Elda (Alicante) en agosto de 2017 ha asegurado en la última sesión del juicio por dicha causa que "intentó salvar al niño hasta final" y que "la mentira destrozó su vida, la de sus padres y la de los familiares".

"Sufro y vivo atormentada por ese error, lo siento mucho por mentir, tendría que haberme llevado al niño al campo y nada de esto hubiera pasado, nunca podremos asimilar en la vida ese dolor porque soy madre de dos niños pequeños", ha declarado la mujer durante el derecho a última palabra.

Asimismo, durante la quinta y última sesión del juicio, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Alicante, tanto las acusaciones como la defensa han ratificado sus conclusiones sobre los hechos. Tanto el Ministerio Fiscal como las dos acusaciones particulares --la madre del menor y la Generalitat-- solicitan prisión permanente revisable mientras que la defensa ha pedido la libre absolución.

En su última declaración, la acusada ha señalado que ha reconocido la "mentira del simulacro" y que "estuvo mal". "Ni yo misma sé lo que pasó y estoy muy arrepentida por haber estado callada tanto tiempo, la mentira me destrozó la vida, traté de salvar al niño hasta el final", ha añadido.

Momentos antes, las partes ya habían elevado a "definitivas" los informes de conclusiones finales sobre los hechos. La Fiscalía ha mantenido que la mujer estranguló al niño de ocho años y lo hizo de una manera "violenta, sorpresiva y preparada". El Ministerio Público ha centrado su intervención en exponer que el niño "no murió atragantado por un trozo de jamón", tal y como declaró la acusada en la primera sesión del juicio.

La Fiscalía ha rechazado, además, que la mujer "se bloqueara" mentalmente debido a los hechos, y que una vez "se desbloqueó" pudiera preparar todo el escenario para simular un asalto de dos hombres a la vivienda. Pudo abrir la ventana y gritar o salir corriendo con el niño a la calle, pero una persona que no actúa así y no lía la que lio", ha señalado la fiscal.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la madre del menor se ha adherido a las conclusiones del Ministerio Fiscal y ha indicado que la acusada "en ningún momento intentó ayudar al niño"."Lo que alega no tiene base, fue un estrangulamiento con un tejido blando a lazo, los sanitarios no sacaron ningún bolo alimenticio, ni ninguna loncha de jamón, de la garganta del menor", ha concluido la acusación particular.

Por último, la defensa ha negado ante el jurado que existiera esa "premeditación" que mantienen las acusaciones, puesto que ese día la familia "tenía previsto acudir al campo" de los padres de la acusada, y fue el menor quien se negó a ir.

Respecto a la versión del supuesto estrangulamiento, la defensa ha expuesto que se han producido contradicciones entre las versiones otorgadas durante la instrucción y la que se ha expuesto en la Audiencia, además de que "no se tomaron muestras del contenido gástrico", en referencia a la presencia de trozos de jamón.

"Ante la duda, pedimos una sentencia de no culpabilidad, hasta su padre retiró la acusación hacia ella ante las dudas que tenía; recuerden, además, que la que era su pareja alegó que la relación entre el menor y ella era buena y que eran dos familias que se estaban integrando", ha indicado la defensa.

Por último, se ha añadido que la acusada actuó presa del "pánico" y ha pedido la eximente de "miedo insuperable" ante la posibilidad de perder a su pareja cuando estaba embarazada de tres meses y, además, lo ocurrido podía afectar a la relación con su hijo biológico, que entonces tenía tres años.

El niño fallecido era un menor de acogida cuyos padres se habían separado. La madre era la titular del acogimiento familiar permanente mientras que el padre, un conocido preparador de atletismo, lo tenía en el último año en régimen de visitas.

La causa ha quedado vista para sentencia. El próximo lunes, 23 de noviembre, el jurado trasladará el veredicto al magistrado, quien procederá a su lectura para resolver la acusación hacia la mujer.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha reclamado este viernes "lealtad" y "coordinación institucional" para afrontar la reactivación económica y social tras la pandemia de COVID, y ha advertido de que la Xunta debe transferir recursos a las entidades locales porque España no es "un Estado piramidal" y debe haber colaboración transversal.

Así lo ha manifestado en su comparecencia en la comisión de reactivación económica, social y cultural de Galicia, celebrada en el Parlamento autonómico.

Abel Caballero ha subrayado que la coordinación entre administraciones e instituciones es "imprescindible" para afrontar la recuperación porque lo contrario "significará no usar eficientemente los recursos". "Se necesita un nuevo marco y un nuevo modelo, la unión de todos los actores. No es un buen sistema decidir unilateralmente, tiene que haber acuerdo y diálogo", ha incidido.

Al respecto, ha lamentado que, en Galicia, se llega "tarde" en lo que respecta a la articulación de proyectos territoriales y ha pedido que las administraciones "se concierten" para actuar en áreas como la industria, las universidades, la sostenibilidad, las grandes infraestructuras o la innovación. Así, ha reclamado atención a sectores como la automoción, el naval, el turismo o el comercio.

"IMPORTANCIA" DE LAS ACCIONES LOCALES

El alcalde de Vigo ha subrayado que, en el contexto de la pandemia, "fueron los ayuntamientos los que asumieron una parte muy importante" de la acción, especialmente en materia de políticas sociales y de protección a personas vulnerables, y ha vuelto a denunciar que, pese a que el gobierno gallego recibió fondos del Ejecutivo central, no transfirió "ni un solo euro" de esos recursos a los ayuntamientos.

Caballero ha recordado que, entre las responsabilidades asumidas por las entidades locales, están las ayudas a comerciantes y hosteleros, y ha mostrado su "estupefacción" por el fondo de 17 millones anunciado por la Xunta para el sector y que supondría "una ayuda de 500 euros a cada establecimiento".

"Culpar a los de arriba (Gobierno central) y pasar las responsabilidades a los de abajo (ayuntamientos) sin recursos es un modelo llamado a fracasar. Esto no es un estado piramidal", ha advertido el regidor olívico.

Finalmente, ha insistido en denunciar el "oscurantismo inmenso" de la Xunta en la pandemia, ha repetido que no ha tenido información de los contagios "hasta hace dos semanas". "Estuvimos a oscuras durante 6 meses. Y, al menos en el caso de Vigo, hay que duplicar las PCR, multiplicar los rastreadores y reforzar la Atención Primaria", ha proclamado.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que su Ejecutivo "será preciso y decidido" a la hora de aprovechar "las enormes posibilidades" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Para ello, ha destacado, se impulsará un proyecto de 'enoregión', La Rioja será "referente del español" y se llevará a cabo una "profunda transformación hacia lo ecológico y lo sostenible" con la Ciudad del Envase y el Embalaje.

"Desafíos formidables ante los que nos jugamos una parte importante del futuro de los riojanos" y que debemos materializarlo "todos juntos" porque "tenemos una oportunidad extraordinaria ante nosotros que debemos aprovechar", ha afirmado la presidenta.

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones durante la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al museo Würth de Agoncillo para presentar a una treintena de empresarios el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

Previamente a la intervención del presidente, Andreu ha explicado que, ante estos momentos que vivimos a causa de la pandemia del coronavirus, "debemos ir a la par" porque todo ello "condicionará el rumbo de La Rioja y de España para los próximos años".

Por ello, ha insistido, "entre todos tenemos que imaginar, diseñar y construir el futuro de esta tierra y de España" de la mano también "de la Unión Europea".

Además, la presidenta regional ha apostado por hacer de este Plan "una palanca de cambio" y una ventaja competitiva que se vertebrará desde la digitalización y la sostenibilidad "como ejes claves". Se trata, ha dicho Andreu, "de modernizar la economía para transformar nuestra comunidad autónoma".

PROYECTO DE 'ENOREGIÓN'

Así las cosas, Andreu ha defendido el impulso del proyecto de 'enoregión' porque "La Rioja es tierra de vino. Algo que trasciende de lo productivo para convertirse en una seña de identidad".

Por tanto, ha insistido, el proyecto de 'enoregión' consolidará La Rioja como líder en la producción vitivinícola además de como destino enoturístico mundial y también como punto de investigación y generación de conocimiento.

Con esta acción, ha continuado, "transformaremos la cadena de valor del vino para aumentar su competitividad e impulsar un desarrollo sostenido y sostenible". Además "recuperaremos su legado histórico y patrimonial y lo digitalizaremos, para ser referentes mundiales en enoturismo y dar a conocer la cultura que tanto amamos en esta tierra.

"CUNA DEL ESPAÑOL"

Además, "como cuna del español", ha proseguido, "vamos a convertir a La Rioja en referente del español y punto de referencia para la implantación de cualquier iniciativa transformadora ligada a la lengua que nos une: investigación, formación, emprendimiento, innovación e industria".

En palabras de Andreu, el Proyecto Cuna del Español promoverá una industria de desarrollo de contenidos y aprendizaje del idioma, de difusión digital de nuestra lengua más allá de nuestras fronteras, y del turismo ligado a la lengua y a nuestro rico patrimonio histórico y cultural.

En definitiva, La Rioja será "una cuna del español tecnológica y global que promoverá la cohesión social y la igualdad y que impulsará el desarrollo rural".

LA RIOJA, TIERRA EMINENTEMENTE INDUSTRIAL

Concha Andreu ha explicado que, además, "somos una tierra eminentemente industrial" gracias "a nuestra privilegiada posición en el mapa" que "nos convierte en atractivo para cualquier empresa" pero "sobre todo para llevar a cabo una profunda transformación hacia lo ecológico y sostenible gracias a la Ciudad del Envase y del Embalaje" que integrará un parque industrial para las empresas del sector, un Centro Tecnológico Nacional de Referencia y un laboratorio europeo de innovación en la materia.

"Vamos a apostar por la innovación abierta y el emprendimiento. Por impulsar nuevas inversiones empresariales y fomentar elcrecimiento de las ya existentes. Potenciaremos la transformacióndigital y ecológica del sector", ha afirmado.

Y, además, como el futuro, "el de La Rioja también es digital" y para ello el proyecto Territorio Digital de Servicios "convertirá la región en un laboratorio universal y experimental de soluciones innovadoras que acelerarán el desarrollo económico y social, no solo de nuestro territorio, sino también de todas aquellas regiones en las que las soluciones testadas en la comunidad autónoma puedan aplicarseposteriormente".

Se trata de "innovar" para "impulsar nuevas inversiones empresariales y apoyar a las que existen con la potenciación digital y ecológica del sector".

Todo con el fin de "impulsar la igualdad de oportunidades entre el ámbito urbano y no solo en lo social. Digitalizando la prestación de servicios públicos, promoviendo el emprendimiento, impulsando la alfabetización digital y desarrollando los recursos de forma eficiente e inteligente".

"Y todo esto no lo haremos solos, no podemos hacerlo solos", ha afirmado, "como en aquellos meses cuando garantizamos las existencias de material sanitario ante la pandemia del coronavirus".

"Este reto, ilusionante y complejo -ha continuado- lo tenemos que encarar con la iniciativa privada y las personas, con nuestras empresas más punteras y con la colaboración entre lo público y privado". Todo ello "será fundamental para el crecimiento de los fondos europeos", ha destacado la presidenta.

"ORGULLO POR LA RIOJA"

Durante su intervención, la presidenta ha querido mostrar su "profundo orgullo" por La Rioja y, sobre todo, "por los hombres y mujeres que la habitan" porque "cuando peor lo estábamos pasando disteis un paso al frente para asegurar las existencias de material de protección para el personal sanitario, el sociosanitario, y para los trabajadores de los servicios esenciales".

En este sentido, ha recordado, "decenas de empresas riojanas, trabajaron en coordinación con el Gobierno de La Rioja y la Fundación Riojana para la Innovación, y reorientaron sus cadenas de producción".

Aún así, ha continuado, "el momento sigue siendo complicado, para todos. Pero estoy segura de que, pese a las dificultades, doblegaremos cada envite de la enfermedad hasta que llegue la vacuna".

Desde el Gobierno, ha indicado, "estamos poniendo las medidas necesarias e implementando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance en el plano sanitario, en el social y en el económico. Siempre con el objetivo de no dejar a nadie atrás".

A pesar de ser tiempos "difíciles, la presidenta se ha mostrado "optimista" por el paquete de ayudas "más ambicioso de lahistoria reciente de nuestro continente: el Mecanismo para laRecuperación y Resiliencia. Una respuesta extraordinaria a lasextraordinarias circunstancias que afrontamos".

La de encarar ese horizonte próximo de recuperación basado en lapuesta en marcha de proyectos relacionados con ejes decrecimiento estratégicos: la lucha contra la despoblación, la transición energética, la conectividad digital, la protección de los ecosistemas naturales, la transformación de nuestra economía hacia un modelo más sostenible, la promoción de la investigación y la ciencia, la adaptación de los sistemas educativos a la era digital y la modernización de las Administraciones Públicas, la eliminación de la brecha de género, la solidaridad intergeneracional y la cohesión social".

"Ese horizonte, hoy, está más cerca. Pues el Ejecutivo autonómico y Gobierno de España estamos totalmente alineados con lasprioridades de la Comisión Europea para habilitar este esfuerzo deinversión", ha finalizado.

La Generalitat ha licitado el estudio geotécnico para iniciar las obras para retirar el monumento franquista del río Ebre a su paso por Tortosa (Tarragona), y calcula que los trabajos puedan empezar en junio de 2021.

Lo ha explicado la consellera de Justicia, Ester Capella, en rueda de prensa en la ribera del río junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé.

Capella ha explicado que este viernes se ha licitado el estudio para asegurar el lecho del río, donde trabajará una grúa de gran tonelaje, y ha detallado que en enero se licitarán las obras de retirada del monumento, y calculan que podrá empezarse en junio, cuando el caudal del río será menor e implicará menos riesgo en los trabajos.

Ha añadido que ya cuentan con un estudio que avala la viabilidad de retirar el monumento, "un proyecto ejecutivo que detalla paso a paso el proceso de deconstrucción", para el que ya han solicitado licencias al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Ebre.

La consellera ha reprochado que el Gobierno no haya retirado el monumento desde la aprobación de la Ley de memoria histórica, y ha criticado que su permanencia "demuestra la debilidad de la democracia española y la profundidad de la huella del franquismo".

Capella ha también ha criticado que el Estado haya negado ser propietario del monumento: "No lo quiere nadie porque nadie quería asumir la responsabilidad de retirarlo", y ha pedido que no haya trabas ni atrasos al conceder las licencias de obras.

ARAGONÈS: "UN TRABAJO QUE DEBERÍAN HACER ELLOS"

En la misma línea, Aragonès ha reclamado que no haya impedimentos: "Esperamos que el Estado no tenga la tentación de hacer un trabajo que deberían hacer ellos. Estamos dispuestos a borrar todo lo que enaltezca una dictadura que queremos bien lejos".

Ha reprochado que "este monumento se mantiene en pie porque durante demasiado tiempo el Estado español ha aplicado la política de la desmemoria, este Estado que no ha pedido perdón por el presidente Companys es el mismo que no ha hecho limpieza de la guerra".

Aragonès ha pedido no dar ninguna legitimación al fascismo ni a "esta extrema derecha que en el Estado español representa Vox y que algunas fuerzas como PP y Cs con sus pactos han contribuido a blanquear".

TORTOSA PIDE RECONSTRUIR UN PUENTE

La alcaldesa de Tortosa ha afirmado que si el consistorio no había retirado el monumento hasta ahora era por falta de competencias, y ha pedido que la decisión no comporte enfrentamientos: "Para mucha gente, este monumento, más allá de su origen, ha formado parte de la ciudad. Nos guste o no, diferentes generaciones han crecido en Tortosa sin verlo como un símbolo del franquismo sino que lo han tratado como parte del paisaje".

Roigé también ha pedido al Govern que, una vez retirado el monumento, utilicen la pilastra que lo sustente para construir un pasadero que conecte ambos lados de la ciudad, para recuperar "el paso histórico del puente destruido durante los enfrentamientos en Tortosa durante la guerra", y que se sustentaba sobre la misma pilastra que el monumento.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha reprochado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sugiera "deslealtad" de la formación en el seno del Gobierno de coalición con la enmienda a los Presupuestos para paralizar todos los desahucios y le ha recordado la "fuga" del rey emérito y la fusión de Bankia con Caixabank.

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a las declaraciones de este viernes de Robles, quien ha recordado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. "Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno", ha espetado la ministra, criticando que Podemos actúe, a su vez, como Gobierno y oposición.

La titular de Defensa le ha pedido a su compañero de gabinete un poco de "humildad" a la hora de desempeñar su labor. "No me gusta que en el ámbito político haya personas que piensen que sirven mejor a los ciudadanos que otro. No hay un catálogo de que es lo mejor y lo peor", ha sostenido.

Unas palabras que ha confrontado Serra al aludir la fusión de Bankia y Caixabank, algo que fue criticado por la formación morada, y la "fuga" del rey emérito, dado que el propio Iglesias desveló que mantuvo una "discusión fuerte" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no informarle este verano de la salida de España de Juan Carlos I.

"Pero 'la deslealtad' es tratar de conseguir que a las familias vulnerables no las echen de sus casas en mitad de esta pandemia", ha enfatizado Serra sobre la enmienda presentada junto a ERC y Eh Bildu, algo que en el Grupo Parlamentario Socialista y en varios ministros del PSOE ha generado malestar.

Por tanto, la también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha aseverado que la "responsabilidad de Estado y la lealtad de este gobierno debe ser proteger a la gente".

BELARRA TAMBIÉN CARGA CONTRA ROBLES

No ha sido el único 'roce' entre dirigentes de Podemos con Margarita Robles, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha vuelto a replicar a la titular de Defensa y le ha afeado que "quizás esté haciendo daño" al Gobierno al convertirse en la "ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox".

Belarra ya cargó ayer contra Robles al decirle que la prohibir los desahucios de la población vulnerable demuestra la voluntad de gobernar para todos, "no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión" después de que Robles arremetiera contra la posición de Unidas Podemos sobre los desahucios y el conflicto en el Sáhara.

PODEMOS DEFIENDE SU POSTURA

Desde Unidas Podemos han defendido que se comunicó al PSOE la presentación de dicha enmienda y se les invitó a sumarse, por lo que no puede causar malestar. No obstante, mantiene la mano tendida para buscar un acuerdo con los socialistas durante la tramitación parlamentaria de los PGE.

Además, diversos cargos han defendido que buscar la paralización de los desahucios supone lealtad al principal compromiso de la coalición, su acuerdo de gobierno y el programa político del Ejecutivo.

Mientras Pablo Iglesias subrayó esta semana que la paralización de los desahucios, que defiende Unidas Podemos, tiene "enemigos muy poderosos" pero ha destacado que su obligación es "empujar" para "revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias".

"Gobernar es eso", aseguró el también líder de Podemos en Twitter para enfatizar que no les votaron "para hacer amigos" sino para lograr "con las fuerzas que tienen" la prohibición de los desahucios de población vulnerable.

El PP ha presentado este viernes su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2021 después de que el Gobierno PRC-PSOE "no haya querido negociar" la propuesta planteada por los 'populares', aunque sigue abierto a retirarla si el bipartito se "sienta a hablar" para intentar llegar a un acuerdo para que las cuentas sean "más ambiciosas", atiendan la "dramática realidad de la economía" de la comunidad autónoma que ha dejado el COVID-19 y contribuyan a su recuperación.

En declaraciones a los medios de comunicación tras registrar la enmienda, el portavoz del grupo parlamentario popular, Íñigo Fernández, ha lamentado que el bipartito PRC-PSOE se haya negado a negociar la propuesta del PP, la cual --ha dicho-- era una "oferta sincera" y "necesaria", con medidas por valor de 300 millones de euros.

A su juicio, esto negativa a negociar se desprende de las declaraciones de hace unos días de la consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, que afirmó que la propuesta de los 'populares' era "imprecisa", "socialmente injusta" en algunas de sus propuestas e "incorrecta en los cálculos" ya que, según dijo, el gasto de las medidas que plantea no es de 300 millones sino que se situaría en 489 millones, por lo que, según ha defendido, no es "financieramente sostenible".

Respecto a estas palabras de Sánchez, Fernández considera que "cualquier cantidad, partidad o medida se puede estudiar".

En el escrito de su enmienda, los populares sostienen que PRC-PSOE "propone responder a esta situación tan excepcional con las recetas de siempre".

Para el PP, el Presupuesto presentado por el Gobierno, que asciende a 3.076 millones de euros, un 6,6% más que el aprobado para 2020, "no garantiza" el mantenimiento de los servicios públicos esenciales pues, a su juicio, algunas partidas, como las del Servicio Cántabro de Salud (SCS) "vuelven a estar infradotadas.

Los populares argumentan que, frente a este incremento que "vende" el Ejecutivo, la realidad es que el Gobierno tendrá con el Presupuesto que plantea "la misma capacidad de gasto" que en 2020 puesto que a las cuentas que se aprobaron para este año, por 2.886 millones, se han incrementado hasta los 3.077 con las aportaciones extraordinarias del Estado.

El PP sostiene que Cantabria necesita "un presupuesto expansivo de verdad, que impulse la inversión pública"; que "incentive la privada y la colaboración pública"; que "sirva para rescatar a los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, y que estimule el consumo de los hogares.

Fernández cree que la propuesta del PP con las medidas que propone, como un cheque familia al consumo, ayudas directas a los sectores más "tocado" o un "plan de empleo para mayores de 45 años", permitirían contar con un Presupuesto "más ambicioso" y "más apegado a la realidad.

"El grupo popular ha trasladado todas estas propuestas al Gobierno de Cantabria, que ha optado por dar un portazo a la negociación con el Partido Popular y las ha deseschado sin ni tan siquiera sentarse a negociar y tratar a acercar posturas", censura el PP en el escrito de su enmienda a la totalidad.

Fernández, que ha presentado la enmienda acompañado de la secretaria autonómica del partido y diputada María José González Revuelta, considera que si no se negocian y se llega a un acuerdo con el PP para introducir las medidas y la inyección económica que plantean, solo con las enmiendas parciales no se podrán "reconducir" y "rectificar" estas cuentas ya que estarán cerradas las grandes cifras estarán cerradas.

Pese a todo, el portavoz popular ha asegurado que el PP está abierto a llegar a un acuerdo con el Gobierno PRC-PSOE, e incluso a retirar su enmienda a la totalidad, "hasta el minuto antes" de que se debata, algo que ocurrirá el próximo miércoles, 25 de noviembre, en el Pleno del Parlamento.

EL PP NO PRESENTA ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA 'LEY DE ACOMPAÑAMIENTO'

Ese día, también se debatirán las enmiendas a la totalidad que ha presentado también el grupo mixto-Vox tanto a los Presupuestos como a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la denominada 'ley de acompañamiento'.

Sin embargo, el PP, a diferencia de Vox, no ha presentado enmienda a la totalidad a la 'ley de acompañamiento' al considerar que en esa sí se pueden incluir modificaciones y propuestas durante el trámite de enmiendas parciales.

Dada la mayoría absoluta de PRC y PSOE en el Parlamento ninguna de las enmiendas a la totalidad tiene visos de prosperar, con lo que, a priori las cuentas seguirán su tramitación parlamentaria con la presentación y debate de las enmiendas parciales. Está previsto que las cuentas se aprueben el próximo 22 de diciembre para que entren en vigor el 1 de enero.

Cs, el otro grupo de la oposición, ha decidido no presentar enmienda a la totalidad después de que llegara con el Ejecutivo a un acuerdo para aprobar ayudas de 15 millones para algunos de los sectores más afectados por las limitaciones de la pandemia, como bares, restaurantes, hoteles y otros alojamientos turísticos, taxistas, vendedores ambulantes, feriantes, negocios turísticos o actividades auxiliares de educación, entre otras.

La formación naranja sigue negociando con el Ejecutivo la inclusión de otras propuestas, algo a lo que condiciona su apoyo final a los Presupuestos.

Los hospitales andaluces suman este viernes 20 de noviembre su tercera jornada consecutiva con menor presión asistencial por el coronavirus Covid-19 al registrar 124 ingresados menos en 24 horas hasta una cifra total de 3.038, de los que 519 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), seis menos que la víspera y nueve menos que el miércoles cuando se registró la cifra más alta de la pandemia.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Dieciocho días después de superar el registro máximo de 2.708 hospitalizados de la primera ola registrada a finales de marzo, la cifra de hospitalizados baja por tercer día consecutivo en 124 personas tras reducirse en 119 el jueves y en 76 el miércoles, subir en 88 el martes y en 90 el lunes después de descensos en las cinco jornadas anteriores. Los 3.038 hospitalizados contabilizados este viernes son 342 menos que los 3.380 registrados hace siete días.

También se reduce este viernes la cifra de ingresos en UCI en seis personas después de bajar en tres el jueves y de subir en cuatro el miércoles, en 19 el martes y en dos el lunes y tras disminuir en 14 el domingo tras una racha de 27 días consecutivos de subidas.

Los 519 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son dos más que los 517 hospitalizados en estas unidades hace una semana y se superan en 81 pacientes los 438 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola.

Los obispos españoles están dispuestos a apoyar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación, la conocida como 'Ley Celaá', aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados.

"Estamos dispuestos a apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de inconstitucionalidad si la ley aprobada tiene estos aspectos anticonstitucionales, pero deseo seguir insistiendo en el diálogo", ha precisado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Así lo ha asegurado el portavoz de los obispos este viernes 20 de noviembre en rueda de prensa, tras la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se ha celebrado esta semana.

En todo caso, ha apostado por agotar la vía del "diálogo" en el paso de la ley al Senado, donde todavía se pueden hacer enmiendas. "Si no es así, no cabe duda de que la Constitución Española habrá de venir en ayuda de aquellos sectores excluidos o ninguneados", ha subrayado.

Para los obispos, la LOMLOE es una ley "confesional" en "su manera de entender la educación", en "la perspectiva ideológica tras de sí" y "en su manera de entender lo público".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este viernes en poder recuperar la "mayor movilidad posible" de cara a la Navidad, pero ya ha adelantado que "desgraciadamente no serán como las de 2019" porque seguirán vigentes restricciones para frenar la pandemia del coronavirus y en esta línea ha descartado que se vayan a permitir "grandes concentraciones, cotillones ni eventos".

Así se ha pronunciado Moreno en una rueda de prensa tras visitar las obras de reforma del Hospital Materno Infantil de Málaga, durante la que ha reconocido que le gustaría que de cara a la Navidad hubiera "movilidad por toda Andalucía, horarios comerciales lo más amplios posibles y las reuniones lo más amplias posibles", pero prefiere "no crear expectativas" porque "el virus no sabemos cómo se va a comportar" hasta entonces.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que el objetivo de la Junta es que las Navidades sean "lo más normalizadas posibles" pero ha advertido de que "desgraciadamente no serán como las del año pasado" porque, aunque se ha conseguido "controlar el crecimiento" de casos Covid-19 con las restricciones vigentes, "no está doblegada la curva y nos queda mucho por hacer".

Ha incidido, en relación con las navidades, que "me gustaría que las pudiéramos disfrutar en las mejores condiciones posibles", dentro de una pandemia, es decir, "recuperar la movilidad entre provincias y comarcas, visitar a familiares y amigos y poder tener unas navidades, entre comillas, lo más normalizada posible".

"Ese es nuestro objetivo y gran parte del esfuerzo que estamos haciendo ahora es para intentar llegar a esas fechas tan señaladas desde el punto de vista familiar, social y económico en las mejores condiciones posibles", pero ha adelantado que "no van a ser ni mucho menos como las del año pasado".

Moreno ha dicho que "van a ser unas navidades especiales" y, a partir de ahí, "vamos a intentar recuperar toda la movilidad y espacio posible". "Desgraciadamente las navidades de 2020 no será como las de 2019", ha vuelto a dejar claro.

"Esto va por fases, tenemos que ir pasito a pasito", ha dicho el presidente de la Junta, que ha agregado que también hay que ir con "temple y serenidad porque no nos queda otra". "Desgraciadamente no podemos adelantar nada, el virus da giros inesperados, todavía hay muchas cuestiones que no sabemos de él", ha recordado, por lo que "puede sorprendernos, tener un repunte la semana que viene o la siguiente y fastidiar todas las posibilidades de navidad".

MOVILIDAD ACTUAL LIMITADA

Por otro lado, ha señalado que, actualmente, con los datos de la comunidad "lo razonable es que la movilidad sea limitada" pero de aquí al domingo se valorará y tomarán decisiones. No obstante, ha dejado claro que "no parece razonable, con las cifras que estamos manejando, que hablemos movilidad amplia", aunque se verá si hay mejoras "importantes" en alguna zona para permitirla. "Hay que verlo de manera detenida, con rigor y pensando en lo mejor para los andaluces", ha sostenido.

Así, ha reiterado que tras la reunión de este fin de semana se tomarán, en función de la evolución de la pandemia que ha tenido en los últimos 14 días, las decisiones.

"Nos vamos a ceñir a lo que los expertos nos recomienden, como es habitual en cada una de las decisiones, ellos siempre tienen la última palabra y son los que proponen", ha señalado, añadiendo que "mi responsabilidad como presidente de los andaluces es velar por la salud y bienestar de los andaluces.

Por tanto, ha insistido, "tomaré las decisiones acorde con ese objetivo: Que los andaluces puedan gozar del mayor bienestar posible". "A veces eso supone decisiones impopulares, decisiones que no gustan a un sector de la población, decisiones a veces incomprendidas, y suponen a veces un desgaste para mi, para mi propio gobierno y decisiones que a mi me duele muchísimo tomar", ha admitido.

Ha incidido en que "solo tengo un objetivo, que es preservar, evitar fallecimientos en las medidas de las posibilidades, limitar el crecimiento de la pandemia, y hacer que Andalucía mejore", por lo que ha pedido "paciencia a los ciudadanos afectados por las restricciones y, de nuevo, responsabilidad". "Esto necesita tiempo para llegar a unos ratios razonables y todavía, desgraciadamente, nos queda".

En líneas generales, y de cara a posibles acciones de futuro sobre la movilidad, ha sostenido, que las cosas "van razonablemente bien, hay una tendencia positiva, se están reduciendo el número de hospitalizaciones, afortunadamente, el número de infectados, pero todavía tenemos una fuerte carga, no solo de contagios, también tenemos presión importante en las camas UCI".

"Todavía existe presión hospitalaria y que tenemos que evitar en la medida de lo posible", ha subrayando, añadiendo, no obstante, que hay "margen". "Desde el punto de vista de infraestructuras sanitarias, está previsto por si hay algún repunte masivo", ha concluido.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que la búsqueda de Joaquín Beltrán, el trabajador que aún permanece desaparecido tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar en febrero, se da "casi por concluida" en la zona B1-A, en la que había sido visto por última vez. Por ello, se están acondicionando los espacios para poder extender la búsqueda a las dos áreas colindantes.

En una rueda de prensa en Bilbao, en la que se han presentado los nuevos servicios que ofrece la APP de SOS-Deiak, el consejero de Seguridad ha explicado los avances en el dispositivo de búsqueda en el vertedero para localizar a Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados por el derrumbe.

Según ha recordado, "hace unas semanas" se iniciaron las tareas de revisión de la zona B1-A, considerada "prioritaria" porque era el lugar en el que fue visto por última vez.

Josu Erkoreka ha indicado que, aunque "nadie tiene garantías de que se encontrara en el lugar donde fue visto por última vez" en el momento en que se produjo el deslizamiento de tierras, "era lógico empezar ahí" la búsqueda. El consejero ha señalado que la búsqueda en este área se ha desarrollado "con el rigor habitual" durante las últimas semanas y, en este momento, "prácticamente se puede dar por concluida".

Por ello, se está "acondicionando el espacio para poder ampliar la búsqueda a las zonas colindantes en ambos lados, la B1-B y la B4-Sur", ya que, durante el tiempo comprendido entre la última vez que fue visto y el momento del movimiento de tierras, "podía haberse desplazado en alguna de las dos direcciones y, por tanto, podría encontrarse en cualquiera de las dos".

El consejero de Seguridad ha apuntado que los trabajos durarán "semanas" en función de la meteorología, un factor que, según ha advertido, es "muy importante" en la duración de las labores.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, es el líder político catalán mejor valorado por los catalanes con una nota media de 5,56 y es el único que aprueba, algo que viene produciéndose en las últimas encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Según el tercer Barómetro de Opinión Pública publicado este viernes, tras Junqueras, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, es la segunda mejor valorada con un 4,80, seguida de cerca por el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (4,78), el ministro de Sanidad, Salvador Illa (PSC), con un 4,76, y el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera, con un 4,67.

La presidenta de los comuns en el Parlament y candidata de la formación a las elecciones, Jéssica Albiach, obtiene un 4,30, los expresidentes de la Generalitat Quim Torra y Carles Puigdemont (JxCat) un 4,14 y un 4,09 respectivamente, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, un 3,76, y los tres con una puntuación más baja son la portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán (2,29), el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (2,21) y el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa (2,03).

En otra pregunta, los encuestados deben valorar la gestión de la pandemia de diferentes instituciones y la mejor valorada son los Mossos d'Esquadra con un 5,73 de nota media, seguido de los ayuntamientos con un 5,34 y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un 5,33.

El Govern recibe una puntuación de 4,74, mejor que la del Gobierno central, que obtiene un 4,03, y las instituciones peor valoradas son la Monarquía española con un 1,63, la Iglesia Católica con un 2,17 y los partidos políticos con un 3,21.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, María José Ochoa, ha dictado una sentencia en la que absuelve a Vox por la disolución del comité ejecutivo provincial del partido en Barcelona en el año 2019, según han informado fuentes de la formación política.

La magistrada celebró el pasado 16 de octubre un juicio por la demanda que interpusieron tres afiliados contra el Comité Ejecutivo Nacional de Vox por la disolución de la dirección provincial y su sutitución por una gestora tras dimisión de varios de sus miembros.

Una demanda que finalmente ha sido desestimada, según han indicado las mismas fuentes. De este modo, la juez no ha dado la razón a los demandantes que consideran que la decisión del Comité Ejecutivo Nacional vulneró los estatutos del partido con tal decisión.

Entre los que testigos que comparecieron en la vista oral se encuentra el secretario de Organización de Vox, Javier Ortega Smith, si bien el presidente del partido, Santiago Abascal, también citado, finalmente no acudió, ya que no estaba obligado a hacerlo puesto que la denuncia se dirige contra Vox y el partido sí ha estado representado por sus abogados.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, defendió el pasado lunes en rueda de prensa la legalidad de la disolución del comité ejecutivo del partido en Barcelona y alegó que en cualquier caso el proceso tenía ya "poca eficacia" porque los afiliados eligieron una nueva dirección provincial el pasado mes de septiembre.

Asimismo, precisó que la gestora se nombró tras la dimisión de más de la mitad de los miembros del comité provincial. "Varios miembros trasladaron su baja voluntaria y la Ejecutiva Nacional tomó nota de esas bajas y, de acuerdo a los estatutos, nombró una comisión gestora", resumió.

Parece que a la segunda va la vencida. Después de una primera intentona en julio que acabó en agua de borrajas, la Comunidad de Madrid implantará finalmente la cartilla Covid que tanta polémica suscitó. Desde fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran que comenzará a funcionar "en los próximos días" y que se trata simplemente de un "volcado en la tarjeta sanitaria virtual" de los datos diagnósticos del paciente que se haya realizado pruebas por PCR, serológicas o test de antígenos. También podrá verse quiénes han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos.

Con esta medida se pretende facilitar la movilidad de las personas y evitar una reproducción de los contagios. Así, si alguien viaje podrá acreditar a través de su móvil, por ejemplo, que tiene un resultado negativo. También valdría en un futuro para contabilizar los resultados obtenidos en las farmacias si finalmente el ejecutivo de Ayuso logra conseguir que estas pruebas se realicen en los citados establecimientos.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, explicó en julio que su idea era la de crear esta cartilla, "similar a una de vacunación internacional", para "conocer tu inmunidad para empleos o lo que sea".

Esto generó grandes criticas, principalmente por la susceptibilidad de crear un sistema segregatorio que diferencie entre ciudadanos de primera y segunda, que otorgara beneficios inmunológicos a unos y a otros no. "Considero que es hora de poner nombre y apellidos a los que han superado el coronavirus y no veo que ello sea discriminatorio con el resto”, apuntó la dirigente popular en aquel momento.

Ahora, y para que la polémica no se haga mayor, este "proyecto experimental" se basará exclusivamente en un "informe acreditativo del historial", una especie de "título informático" con el volcado de datos anteriormente descrito.

UNA CARTILLA "SIN PRIVILEGIOS"

El número 'dos de Ayuso, Aguado, dijo de la cartilla que apenas busca obtener "información actualizada de las personas" para que "esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad y para el uso de los ciudadanos si fuera oportuno. El vicepresidente prometió que "no dará privilegios a nadie", y que no va a ser un "pasaporte de inmunidad".

Ayuso explicó que el fin único de la cartilla es "demostrar quiénes no pueden contagiar ni ser contagiados" para poder, cuanto antes, "volver a una cierta normalidad". Asegura que su objetivo es "evitar confinamientos" y permitir que estas personas pueden "seguir su vida normal", como por ejemplo acudiendo a gimnasios, museos o cines.

Para el funcionamiento de esta nueva medida, eso sí, será necesario que el ciudadano en cuestión se descargue la app de la tarjeta sanitaria virtual. Desde el mes de junio que se implantó, ya son 120.000 los usuarios que la poseen. Puede activarse acudiendo a un centro sanitario o llamando al número de teléfono 900 102 112.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo ha condenado a un hombre por circular por la A-63 a 217 kilómetros por hora en el mes de diciembre de 2018 a privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años, lo que implica la pérdida del permiso de conducir y al pago de una multa de 2.160 euros.

El acusado podrá obtener nuevamente el carnet una vez transcurridos 12 meses desde la finalización del periodo de privación, si previamente, y con carácter obligatorio, superara un curso de sensibilización y reeducación vial y, posteriormente, las pruebas determinadas reglamentariamente. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.

Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2018, a las 13.10 horas del 5 de diciembre de 2018, el acusado conducía un coche propiedad de su madre a la altura del punto kilométrico 16,800 de la autovía A- 63 (La Espina-Oviedo), término municipal de Grado, en dirección Oviedo, a una velocidad de 217 kilómetros por hora.

La máxima permitida en ese punto es la genérica para las autovías, es decir, 120 kilómetros por hora. Los agentes encargados del cinemómetro dieron aviso a otra patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que les precedía para que interceptaran el vehículo que conducía el acusado. Este, al detectar la presencia de un coche oficial de la Guardia Civil, disminuyó drásticamente su velocidad, llegando a detener su vehículo al margen de la calzada cuando los agentes le dieron el alto.

No obstante, al llegar el coche oficial que llevaba el radar al lugar donde se había detenido, el acusado reanudó la marcha a toda velocidad. La patrulla salió tras él pero, debido a la gran velocidad que llevaba, decidieron interrumpir la persecución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la estrategia de vacunación contra COVID-19, con la previsión de que "una parte muy sustancial" de la población española se vacune, "con todas las garantías", en el primer semestre de 2021.

Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, junto a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en el Museo Würth La Rioja.

Con este anuncio, Sánchez ha asegurado que España será "el primer país de la Unión Europea junto a Alemania" en tener un plan completo de vacunación contra COVID-19. "Hemos estado trabajando desde septiembre en este plan, que será aprobado el próximo martes en Consejo de Ministros. Estamos preparados. Nuestras previsiones son que, en casi cualquier escenario, una parte muy sustancial de la población podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021", ha señalado.

El líder del Gobierno ha señalado que existe un "horizonte esperanzador" por los últimos resultados de la vacuna, pero ha puntualizado que "cualquier euforia debe ser compensada por la cautela". Sánchez ha recordado que la Unión Europea (UE) ha firmado ya contratos con varias compañías farmacéuticas, como Pfizer y AstraZeneca, y que tiene "muy avanzadas" las negociaciones con Moderna. "Estamos trabajando a pleno rendimiento para que las vacunas estén disponibles cuanto antes", ha defendido.

Por otra parte, Sánchez ha argumentado que España se encuentra en "la senda adecuada" para doblegar la curva, ya que se han encadenado "dos semanas de bajada de la incidencia de manera consecutiva", hasta llegar a 436 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva cumpliendo con el objetivo que nos hemos marcado, aunque todavía tenemos una incidencia muy alta", ha reflexionado.

Este objetivo "ambicioso" es, tal y como ha recordado, que la incidencia se sitúe en 25, como recomiendan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"Estamos reduciendo la curva y los contagios, pero no podemos relajarnos en estos momentos tan críticos como las Navidades, en las que vamos a disfrutar con nuestros seres queridos pero donde se va a aumentar la movilidad. Vamos a tener que dar una respuesta específica para estos momentos tan críticos e importantes, que necesitan de una respuesta específica", ha concluido.

La Comunidad de Madrid se cerrará perimetralmente durante 10 días, desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, viernes, hasta las 00.00 horas del lunes 14, según ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

"La movilidad en torno a ese puente tan amplio con tantos días festivos es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días", ha explicado en la rueda de prensa semanal para actualizar las medidas contra la transmisión del Covid-19.

Zapatero también ha dicho que sigue vigente el toque de queda desde las 00.00 horas hasta las 6.00 horas.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se mostró contraria a los cierres perimetrales más días de los necesarios cuando se decretó el estado de alarma y apostó por que se hicieran únicamente en momentos donde la movilidad era elevada. Así, el Gobierno regional decretó el cierre para el puente de Todos los Santos, en el que se suelen producir un millón de desplazamientos, y de La Almudena.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acabó cediendo a la petición de la Comunidad pero indicó que en el futuro si se quería un cierre inferior al establecido en el decreto del estado de alarma debía comunicarse primero al Gobierno central.

Durante esta semana, tanto el vicepresidente, Ignacio Aguado, como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no han adelantado la decisión pero sí se han mostrado partidarios de actuar "con prudencia".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este viernes que la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, "termina con la libertad", en concreto, con "la libertad de las familias y de que puedan decidir el modelo educativo para sus hijos, así como el centro educativo".

De esta forma, ha asegurado que "el fondo del problema es cómo se redacta y se aprueba esta ley que va a marcar el futuro de generaciones de jóvenes en España y que se hace sin ningún tipo de consenso, diálogo social ni acuerdo con la comunidad educativa ni con familias ni con otros partidos políticos", "este es el error de partida", ha defendido.

"Es una ley que limita, que coarta libertades y que pone fin a los derechos que han conquistado muchas familias durante los últimos años", ha remarcado.

En cuanto a la aplicación de la ley, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, López Miras ha remarcado su compromiso de "cumplir y hacer cumplir la Constitución" pero ha avisado de que "esa misma Constitución, junto a todos los resortes legales y jurídicos a nuestra disposición, los utilizaremos para intentar no aplicar la ley en la Región de Murcia".

En este sentido, ha anunciado que "ya hemos dado instrucción a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para que hagan un estudio detallado de la ley y que nos puedan indicar todas aquellas reformas, contrarreformas y decretos que podamos aplicar para dejar sin efecto los aspectos de esta ley".

Durante una entrevista en Televisión Española, recogida por Europa Press, el presidente de la Comunidad ha puesto como ejemplo el caso de la Región de Murcia, donde ha resaltado la implantación del distrito único y ha explicado que "más del 90 por ciento de las familias deciden el colegio o instituto al que quieren que vayan sus hijos y esta ley termina con esto, ahora el colegio de nuestros hijos va a depender de la calle en la que vivamos, del código postal o del político de turno.

Además, ha apuntado que "a todas las familias que libremente han decidido llevar a sus hijos a un centro de educación especial porque así lo han decido libremente, se les prohíbe esto".

La falta de lluvias de los últimos días ha acabado con el superávit de lluvias que acumulaba el primer mes y medio del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre y que hasta el 10 de noviembre se situaba en un 9 por ciento más de lluvias respecto a los valores normales. La cifra ha dejado los valores positivos y se sitúa una semana más tarde en un 4 por ciento por debajo del volumen normal de lluvias para este periodo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, desde el pasado 1 de octubre hasta el 17 de noviembre el valor medio nacional de precipitaciones acumuladas alcanza 114 litros por metro cuadrado, esto es un 4 por ciento menos que el valor normal que correspondería a este periodo de acuerdo con el periodo de referencia (1981-2010).

Así, la AEMET añade que entre el 11 y el 17 de noviembre las precipitaciones afectaron a la mayor parte de la Península, excepto al cuadrante noreste, Levante e interior de Castilla y León. También se registraron lluvias en la islas de Menorca, La Palma y Lanzarote.

En cuanto al volumen de precipitación, se superaron los 10 litros por metro cuadrado en áreas puntuales del oeste de Andalucía, del norte de Cáceres, del País Vasco y Norte de Navarra, del sur de la Rioja y en la mayor parte de Galicia, donde en la provincia de La Coruña se alcanzaron los 60 litros por metro cuadrado e incluso 100 litros por metro cuadrado en puntos más aislados del sur de la provincia.

En concreto, la AEMET destaca las precipitaciones acumuladas en los observatorios de Santiago de Compostela-Labacolla, con 42 litros por metro cuadrado; Vigo-Peinador, 26 litros por metro cuadrado; Pontevedra, 19 litros por metro cuadrado; San Sebastián-Igueldo, 17 litros por metro cuadrado y se recogieron 15 litros por metro cuadrado en Fuenterrabía y en La Coruña.

Más allá del periodo contabilizado, el día 18 de noviembre tan solo se superaron los 10 litros por metro cuadrado en el oeste de la provincia de La Coruña.

Por zonas, las precipitaciones no llegan a sus valores normales en ambos archipiélagos, en Galicia, en Cataluña, en el interior de Aragón, al oeste de Castilla-La Mancha, en muchas zonas de Andalucía, en la región de Murcia y en la provincia de Alicante, e incluso, en estas dos últimas junto con Almería y las islas Pitiusas no se alcanza ni el 25 por ciento de las lluvias que serían normales para este periodo.

Por el contrario, superan las cantidades acumuladas respecto al valor normal en la mayor parte de la Península, especialmente en áreas entre Teruel y Castellón. Además, en la provincia de Huelva y a lo largo del sistema Central incluso duplican su valor normal.

El investigador del área de Zoología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura Javier Pérez González aborda en su libro "Resarcir a Eva. Historias sobre evolución" el "papel determinante" que puede desempeñar en el futuro de la especie humana el acceso de las mujeres a la toma de decisiones.

Una obra que reflexiona, a partir de la teoría de la evolución, sobre los motivos por los que el ser humano no afronta retos determinantes para la continuidad de la especie, como el cambio climático y la contaminación, el agotamiento de recursos o la pérdida de biodiversidad, mientras se preocupa por cuestiones triviales.

Y es que, según Pérez González, le inquietan cuestiones personales tales como el trabajo, el ahorro, la apariencia, etc., pero esas preocupaciones personales dificultan el abordaje de sus "retos como especie".

El título de la obra, en la que confluyen divulgación científica, relatos ficticios y ensayos, responde a la aspiración de otorgar a la mujer el papel determinante que puede desempeñar en el futuro de la especie humana. Pérez González explica que para entender las prioridades del ser humano hay que recurrir a su evolución, a "procesos tan importantes como la selección sexual o los comportamientos cooperativos".

El objetivo, añade, "es ofrecer al lector elementos para la reflexión sobre nuestro pasado, presente y nuestras luchas futuras", indica la Universidad de Extremadura en una nota de prensa.

En el proceso evolutivo, las hembras, las mujeres en el caso de la especie humana, cargan con "castigos", que no son consecuencia de la voluntad divina sino de presiones selectivas: gestación, parto doloroso, lactancia, menopausia...

A pesar de ocupar esta "situación menos privilegiada", el futuro de la continuidad de la especie humana reside en parte en "romper el techo de cristal y permitir que la mujer llegue a puestos de responsabilidad". Esto es porque "los machos tienen una historia evolutiva donde la competitividad es determinante", una competitividad que está llevando a la especie "al desastre", destaca Javier Pérez González.

En cambio, solo por el hecho de ser hembras, el bagaje evolutivo de las mujeres "no ha estado tan influido por la competencia". "Si las grandes decisiones son tomadas solo por los machos de nuestra especie, podemos situarnos en una posición preocupante", sentencia.