El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apelado este jueves a conquistar una "triple mayoría" en las elecciones del 14 de febrero que pase por lograr una mayoría absoluta de las fuerzas independentistas, por superar el 50% de los votos y por situar a Junts al frente para garantizar que hay un Govern que avance hacia la república catalana.

Así lo ha manifestado en un mitin presencial y telemático en Badalona (Barcelona) acompañado de la candidata del partido, Laura Borràs, del número tres, Joan Canadell, y de otros miembros de la candidatura como Aurora Madaula.

"Sólo la mayoría de Junts es garantía de un Govern nítidamente independentista y de que el conjunto del independentismo garantizará el apoyo parlamentario para construir una república catalana", ha subrayado el también cabeza de lista de la formación, pese a no ser el presidenciable efectivo.

Según Puigdemont, sólo los estados pequeños y medianos pueden garantizar un mejor progreso, bienestar y felicidad a sus ciudadanos, lo que ha confrontado con la actitud de un Estado "en el que no se garantizan derechos, no hay percepción de independencia judicial y no gestiona bien los recursos económicos que vienen de Europa.

"Catalunya tiene recursos para poder estar arriba en todos estos indicadores", ha reivindicado el expresidente catalán, que ha pedido movilizar a los que no saben si ir a votar y también a los indecisos para conseguir estos objetivos.

EXTREMA DERECHA

Posteriormente, Borràs ha aprovechado su intervención para erigir al partido como el "voto útil" para impedir un Govern de PSC y comuns tras el 14 de febrero, a los que ha acusado blanquear a la extrema derecha.

Todo ello después de que el Gobierno de PSOE y Podemos haya votado en contra de una enmienda de Junts en el Congreso para blindar el sistema de emergencias catalán, junto con PP, Cs y Vox: "Éste debe ser el sentido de Estado que Pedro Sánchez le reconocía hace unos días a Santiago Abascal", ha apuntado.

Además, ha recordado que recientemente el Gobierno tuvo la abstención de Vox en la votación sobre la gestión de los fondos europeos, lo que no ve una casualidad porque "cuando se trata de la unidad de España, PSOE y Podemos blanquean a la extrema derecha con el peligro y la banalización que representa", ha advertido.

Por ello, ha llamado a impedir que esto pase en Catalunya, y ha lamentado que a Sánchez y al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ya no les dé "tanto miedo hacer cosas juntos" con Vox.

Hay gente que ve 'trumpistas' y xenófobos en todas partes, pero los ve menos cuando vota con ellos. ¿Dónde está el cordón sanitario que deberíamos hacer a la extrema derecha? Está a las puertas del Parlament, y ya sabemos qué representa en Madrid", ha zanjado.

La juez de Vigilancia Penitenciaria María del Prado Torrecilla Collada ha concedido a los seis hermanos Ruiz-Mateos la semilibertad bajo control telemático al progresarlos al tercer grado con aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, una decisión que adopta en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía, que se pronunciaron a favor de que siguieran clasificados en segundo grado.

Los seis hermanos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) están condenados a dos años y medio de prisión por delito de estafa agravada, con inhabilitación especial para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio, y administración de sociedades mercantiles, durante el tiempo de la condena, y multa a cada uno de 24.000 euros, en relación a la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Los hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos, que fueron condenados por la Audiencia de Palma de Mallorca en julio de 2017 en un fallo que fue luego rebajado parcialmente por el Tribunal Supremo, quedarán ahora en semilibertad tras la decisión de la juez --con fecha de 3 de enero-- de progresarles al tercer grado e imponerles un control telemático, según han informado fuentes jurídicas.

Instituciones Penitenciarias rechazó el 18 de diciembre de 2020 el tercer grado que había propuesto la junta de tratamiento al no apreciar una "evolución suficientemente favorable", y valorando las circunstancias procesales o penitenciarias, la gravedad de la planificación de la actividad delictiva, los procedimientos pendientes y el "escaso importe de la responsabilidad civil abonada".

EVOLUCIÓN FAVORABLE

La juez, sin embargo, tiene en cuenta la evolución y comportamiento de los internos, en prisión desde abril de 2019, subrayando que los hechos delictivos se remontan a 2008 y que no fueron sentenciados por delitos graves, al tener penas inferiores a los cinco años.

Tras recordar que han pasado otros periodos en prisión con anterioridad y que han hecho uso de los permisos de salida sin incidentes, rebate al Ministerio Fiscal sobre la lejanía de las fechas de cumplimiento, ya que alcanzan las tres cuartas partes en abril y liquidan la condena en diciembre de este año.

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid se basa en la valoración de la junta de tratamiento de la prisión de Aranjuez para aprobar el tercer grado con el 86.4 debido a los "múltiples factores positivos que concurren", citando el ingreso voluntario en prisión, el cumplimiento de la mitad de la condena, que disponen de oferta de empleo o que muestran una voluntad manifiesta de abonar la responsabilidad civil impuesta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Sobre la responsabilidad civil, la juez alude en su escrito a que se han declarado insolventes, como es el caso de Zoilo Ruiz-Mateos, aunque añade que no consta que la Fiscalía haya recurrido esta cuestión. No obstante, recuerda que se ha comprometido a derivar parte de su sueldo al pago de la responsabilidad civil y que en los medios de comunicación consta que tiene puesto a la venta varios inmuebles para compensar a los afectados de la estafa.

"En situación de tercer grado", alega la juez, "es más fácil que el penado pueda hacer frente de una manera más efectiva al pago de la responsabilidad civil, pues difícilmente puede ser atendido estando en prisión en régimen ordinario". El Supremo confirmó la condena por la que tenían que indemnizar conjunta y solidariamente a 16 afectados por la operación en más de 46 millones de euros.

Las actividades realizadas en prisión y la situación socio-familiar favorable, así como la adecuación académica y laboral para la vida en libertad son otros factores clave para aprobar la semilibertad de los hijos de Ruiz-Mateos, que presentaban como único factor de inadaptación los procedimientos penales que aún tienen por delante. La juez resuelve, no obstante, que prevalece la presunción de inocencia sin que se haya dictado por ningún tribunal una nueva orden de prisión preventiva.

La juez también observa que la falta de motivación de Instituciones Penitenciarias para rechazar el tercer grado propuesto por la junta de tratamiento de Aranjuez puede haberle llevado a incurrir en nulidad administrativa, reprochando el uso de "expresiones genéricas".

El artículo 86.4 establece que el interno con "dispositivos telemáticos adecuados" pueda permanecer en el establecimiento penitenciario --un centro de inserción social-- sólo durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento, con vistas a realizar las actividades que se fijen, así como entrevistas y controles presenciales.

Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han rechazado de forma "profunda" la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) y han reclamado al Gobierno para que abandone la política de "imposición" de una iniciativa que daña "gravemente" los intereses generales de los ciudadanos de estas cuatro regiones, en unos momentos en los que lo que procede "no es dañar al castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido".

En un comunicado conjunto, han rechazado de forma unánime la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la inclusión del lobo en esta categoría y han denunciado que supondrá un "gravísimo" problema de gestión para estos territorios, que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España.

Junto a estas cuatro Comunidades Autónomas, se han opuesto a las pretensiones del Ministerio Andalucía otras regiones como Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra ha solicitado que la decisión se dejase para una ocasión posterior, a la búsqueda de los necesarios consensos, renunciando a participar en la votación, la misma postura adoptada por la Comunidad Valenciana.

En una segunda y definitiva votación, ocho comunidades se han mostrado en contra de la propuesta del Ministerio y ocho a favor, entre ellas algunas Comunidades que nunca podrán tener al lobo en su territorio, ni enfrentarse a su gestión, por razones meramente geográficas. Finalmente, el voto a favor de su propia iniciativa del representante del Ministerio en la Comisión, ha llevado a la propuesta de inclusión del lobo en el Listado, explica la Junta.

Sin embargo, en una primera votación que se había saldado con empate a siete votos, tres abstenciones y dos comunidades que no quisieron participar en la votación, el Ministerio pretendió usar el voto de calidad para inclinar la balanza a favor de sus pretensiones, algo que los propios servicios jurídicos del Ministerio rechazaron, de igual forma que no consideraron adecuado, como pretendió en una primera instancia el Secretario de Estado de Medio Ambiente, presente en la reunión, que la decisión final ante el empate la adoptase la Ministra Ribera, explica el comunicado.

Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, en sus intervenciones, pusieron de manifiesto que por vez primera, un Ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas Comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie.

Las cuatro Comunidades se han opuesto a la pretensión del Ministerio desde el primer momento en que se planteó el informe del Comité Científico, y lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos basándose en informes técnicos y científicos que merecen, apuntan, el "máximo respeto".

"Durante la reunión de la Comisión Sectorial, ni el Ministerio ni ninguna de las Comunidades Autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado al Ministerio y a las demás Comunidades", añade la Junta.

El único aval científico que en su día presentó el Ministerio fue en el informe de un Comité Científico que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso de catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración ya que las poblaciones de lobo en España está acreditado técnica y científicamente que han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma "muy importante" en los últimos 20 años.

"Sorprendentemente, y sin ningún criterio que tenga que ver con la conservación o la gestión de la especie, ese mismo Comité sí recomienda que el lobo sí sea incluido en el Listado de Especial Protección por su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando nuestras Comunidades y que, de hecho, se recogen en nuestros planes de gestión", matiza el comunicado.

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos "muy similares" a los expuestos por las cuatro Comunidades.

SERVICIOS JURÍDICOS

Desde los Servicios Jurídicos de las cuatro Comunidades se analizarán las circunstancias que han rodeado esta sesión de la Comisión Estatal y el propio acuerdo adoptado, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir una decisión que no tiene "ningún fundamento técnico ni científico".

Además, han manifestado que esa decisión, de llevarse a término, puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, especialmente, de gestión cinegética de las Comunidades Autónomas cuando la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión, además de suponer un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento.

Los consejeros de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han expresado su profundo malestar con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado Morán, que ni siquiera han respondido a su solicitud de celebrar reuniones "al más alto nivel" para tratar ese asunto.

Así, lamentan la "falta de diálogo y consenso" por parte de los representantes del Ministerio y a la vez denuncian la "debilidad" de esta decisión alcanzada por una mayoría "muy ajustada y nada representativa" en cuanto a presencia del lobo en las diferentes Comunidades.

Los consejeros han recordado que son precisamente sus Comunidades las que hoy son y han sido las "auténticas garantes" de la conservación del lobo y responsables de la gestión de un conflicto en el que los principales afectados, que son los ganaderos y las zonas rurales, no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio que también dice afrontar el "reto demográfico" y que sí parecen tener "ciertos lobbys ecologistas y animalistas".

"La postura que hoy ha defendido el Miteco va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo Ministerio con el consenso de todas las Comunidades en unos tiempos en los que la especie era menos muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones de las Comunidades Autónomas", añaden.

Por lo tanto, los representantes de las cuatro Comunidades Autónomas requieren al Ministerio para que abandone la política de "imposición" de una iniciativa que daña "gravemente" a los intereses generales de los ciudadanos de estas Comunidades, en unos momentos en los que lo que procede "no es dañar al castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido".

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que el acuerdo de presupuestos con el PSOE pautaba que la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Unidas Podemos, sería coproponente de la nueva Ley de Vivienda y fijaba llevarla al Consejo de Ministros en tres meses. Por tanto, no se justifican "ni retrasos ni deslealtades al acuerdo de gobierno".

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a la declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que esta tarde dijo que su departamento "es el proponente" y desvinculaba el retraso de la normativa a las elecciones catalanas del 14 de febrero. "Es normal que no nos reunamos hasta que tengamos una posición común dentro del Ministerio", ha dicho.

Al respecto, la también dirigente de Podemos ha dicho que en la negociación de los Presupuestos Generales se acordó con su socio de gobierno que serían coproponentes en la Ley de Vivienda y, también, "tenerla lista" para ser presentada en el Consejo de Ministros en un plazo de tres meses.

"No se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno", ha enfatizado para enfatizar que España "vive una emergencia habitacional que afecta a millones de personas que cada mes se ven en dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca".

Por tanto, la secretaria de Estado ha insistido en que el país requiere con urgencia de una nueva ley que "ayude a bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios".

SOSPECHAN QUE HAY "FALTA DE AMBICIÓN" EN EL PSOE

Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones con posiciones alejadas entre los socios de coalición. Un nuevo encuentro estaba previsto ayer pero fue aplazado a este jueves, aunque finalmente la cita se ha desconvocado hasta el final de los comicios catalanes.

La paralización de los contactos ha sido criticada por Unidas Podemos, que ha expresado su desacuerdo con el retraso de la negociación hasta después del 14F sobre una ley como la de vivienda, que reviste "enorme urgencia".

Además, fuentes de la formación han criticado que la postura del Ministerio de Transportes de negarse a compartir el borrador completo del texto legislativo hasta después de los comicios catalanes y entienden que ello se debe "presumiblemente" a la "falta de ambición" del texto.

PODEMOS: RETRASO PARA NO PERJUDICAR A ILLA

Desde la formación morada han deslizado "motivos políticos" en la decisión del PSOE de congelar la negociación hasta que pase el 14F. En este sentido, las mismas fuentes han incidido en que es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las "más avanzadas del Estado", por lo que un texto con medidas "poco ambiciosas", como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, "podría serle perjudicial" al candidato del PSC, Salvador Illa.

En cuanto al estado de la negociación hasta el momento, reprochan que los socialistas siguen "negándose o ignorando" la gran mayoría de las propuestas que Unidas Podemos ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Los socios de coalición mantienen "discrepancias sustanciales" sobre el contenido de esta normativa, que están negociando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

El calendario que manejaba el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron en fuentes de este departamento, con lo que ya se retrasaba el calendario inicial que pactaron ambas formaciones.

En Unidas Podemos confesaron que existía "preocupación" por la dinámica que atraviesa la negociación sobre la normativa, al apreciar que el PSOE sigue "negándose o ignora" la gran mayoría de las propuestas que han planteado desde el ala morada del Ejecutivo.

Los principales desencuentros radican en las propuestas de obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y desplegar medidas "efectivas" que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, todas ellas puntos esenciales para los morados.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace cuatro meses y lamentan que aún no ha recibido respuesta.

El martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se incluya en la nueva Ley de vivienda, frente a lo que demanda Podemos, dado que es una medida de carácter temporal.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha respondido este jueves al PP, ante las dudas que le había planteado el partido de Pablo Casado, que el hecho de que el Gobierno no remitiera al Congreso el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley de los fondos europeos no anula en absoluto esta norma y que, además, el Ejecutivo no tenía ninguna obligación de mandar ese documento a la Cámara.

Batet responde así, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, a los requerimientos que le había hecho la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien le pidió que se dirigiera al Gobierno para reclamar ese dictamen.

Gamarra también planteó a Batet que reuniera de urgencia a la Mesa del Congreso para que los servicios jurídicos de la institución hicieran un informe sobre las "consecuencias jurídicas" que la falta de ese dictamen comporta sobre la validez del procedimiento, y específicamente, si tal hecho podía ser "causa de nulidad de todo lo actuado por estos graves vicios de procedimiento".

BASTA CON QUE ESTÉ EN EL BOE

Batet ha respondido a la portavoz 'popular' que "los servicios de la Cámara confirman" que para la convalidación de los decretos leyes es "requisito suficiente" que éstos "hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no siendo en modo alguno preceptiva, ni condición para la validez del procedimiento, la remisión por el Gobierno de otros documentos o informes que hayan podido ser recabados con ocasión de su aprobación".

Asimismo, la presidenta del Congreso recuerda a Gamarra que cualquier diputado puede recabar de las Administraciones Públicas los informes o documentos que obren en su poder. Si se cursa esa solicitud, le explica, sería tramitada por la Mesa de la Cámara, sin necesidad de que ésta se reúna en una sesión extraordinaria.

En cualquier caso, tras recibir la respuesta de Batet, desde el PP han anunciado que remitirán un nuevo escrito a la presidenta solicitándole que la Mesa analice a fondo esta cuestión y reclamando que los expedientes de los reales decretos-leyes sean enviados al Congreso "con toda la documentación utilizada para tramitarlos".

Fuentes 'populares' argumentan a Europa Pres que, al ser los decretos leyes disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que las Cortes pueden tramitar como proyectos de ley, éstos deben ir acompañados de la misma o similar documentación que los proyectos de ley.

DEJEN DE BLOQUEAR SUS PETICIONES

En opinión del PP esto es necesario para "garantizar que la función legislativa se ejerce con las mismas garantías", máxime teniendo en cuenta que, según denuncia, "ahora los reales decreto leyes se han convertido en la técnica legislativa habitual del Gobierno".

Además, el PP pedirá a la Mesa del Congreso que ejerza su función en defensa de "los derechos de los diputados", en lugar de permitir que PSOE y Unidas Podemos, haciendo uso de la mayoría que suman en el órgano de gobierno de la Cámara, "bloqueen las iniciativas" que registran los 'populares'.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este jueves concentrar el voto en ERC para frenar a Vox, ya que alerta de que, según él, el PSC está dispuesto a aceptar los votos de Vox para la investidura: "El único partido que puede detener al fascismo es ERC".

En un mitin en el pabellón de los Magraners de Lleida ante unas 100 personas, ha afirmado que en estas elecciones puede entrar en el Parlament por primera vez un partido "explícitamente fascista", como se ha referido a Vox, pero cree que hay una amenaza más grande, que es que el PSC acepte sus votos para lograr la Presidencia de la Generalitat.

"Hay otro partido que encabeza en estos momentos el bloque del 155, que encabeza la amenaza más grande para Catalunya: pactar con un partido fascista", ha advertido, y ha reivindicado a ERC como el único partido capaz de impedirlo.

Junqueras ha recriminado que el PSC "ya ha pactado con casi todo el mundo en contra" de ERC, y ha recordado que socialistas y comuns aceptaron el voto de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y el PSC y Cs pactaron en Lleida.

"Es imprescindible que el voto de todos aquellos que comparten valores republicanos, que sienten que encarnan valores de izquierdas, que están comprometidos en la defensa de la diversidad y la pluralidad de nuestro país, se movilice para votar el 14 de febrero y concentre sus esfuerzos y su fuerza en el principal partido y el único partido que puede detener al fascismo, que es ERC", ha aseverado.

El dirigente republicano también ha reivindicado que a lo largo de su historia, ERC se ha enfrontado al fascismo "en muchas ocasiones", como en los años 30 y durante la dictadura franquista, y ha avisado de que este 14 de febrero los catalanes están llamados a las urnas para volver a defender la democracia, en sus palabras.

PERE ARAGONÈS

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha apelado al resto de partidos independentistas a no equivocarse de adversario: "Nuestro adversario nunca será el independentista que tenemos al lado, pese a que piense un poco diferente y pese a que diferimos en políticas sociales".

"Nuestro adversario es el 155, los que quieren a este país sometido, a este país dividido y a aquellos que están dispuestos a aceptar los votos de la extrema derecha para gobernar este país", de manera que ha pedido no entrar en una espiral de reproches, en una alusión velada a Junts.

Aragonès también ha hecho un llamamiento a "concentrar el voto independentista en el voto más útil contra la extrema derecha, por la justicia social y para avanzar y construir la vía amplia y estar al lado de la gente.

"Independentistas, gente progresista y republicanos de este país, concentremos el voto en ERC el próximo 14 de febrero y hagamos que sea un nuevo 14 de abril", ha sentenciado el candidato de ERC.

Asimismo, ha acusado a los socialistas de blanquear a la extrema derecha, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene sentido de estado por abstenerse en la tramitación del decreto de los fondos europeos: "Blanquear la extrema derecha es el primer paso para contar con sus votos".

En este sentido, Aragonès ha preguntado cuál es el precio a pagar para aceptar los votos de Vox y ha reprochado al candidato del PSC, Salvador Illa, que dijera que quiere construir Catalunya desde Madrid, en referencia a que quiere acudir asiduamente a Moncloa para negociar demandas para los catalanes: "Le tenemos que agradecer que haya sido tan claro. Gracias por ser tan franco. Nos ha dejado bien claro que quiere una Catalunya subordinada".

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha acusado este jueves al Govern de tener una visión "estrecha y autárquica" ante la lucha contra el cambio climático, algo que él quiere revertir si es presidente de la Generalitat.

Lo ha dicho en el acto telemático 'Transición ecológica y energética, una oportunidad única' junto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el número 13 de la candidatura por Barcelona, Jordi Terrades, y la número tres de la candidatura por Lleida, Silvia Romero.

Illa considera que la lucha contra el cambio climático requiere de solidaridad y de cooperación entre países y entre el sector público y el privado, y que "no entiende de fronteras" ni de visiones cerradas, que ha atribuido a los independentistas, a quienes ha acusado de perder subvenciones europeas y recursos excepcionales.

SUS PROPUESTAS ECOLÓGICAS

Entre sus propuestas, ha destacado un pacto para el desarrollo rural contra la despoblación, medidas de desarrollo sostenible para el sector agroalimentario, la defensa de la política agraria común, los cuidados de las costas --en especial la del Delta de l'Ebre (Tarragona)-- y modernizar la agricultura aprovechando los fondos europeos.

También ha propuesto una ley de territorio y urbanismo para lograr una movilidad sostenible y, en ese sentido, ha prometido dar un nuevo impulso a la automoción mediante la promoción de vehículos eléctricos y mejorar el transporte público y conseguir su electrificación.

Estas propuestas se suman a las ya anunciadas este mismo jueves durante un diálogo telemático con Ribera sobre transición ecológica, como un nuevo acuerdo verde con un horizonte 2030, un plan nacional para la transición ecológica justa y un plan masivo de rehabilitación de viviendas.

El candidato socialista ve la transición ecológica como una oportunidad para crear empleo, para diseñar una nueva economía, y cree que es una transformación que "se tiene que poder palpar en todos los barrios y rincones de Cataluña.

ROMERO Y TERRADES

Romero ve imprescindible que Cataluña esté cohesionada territorialmente y equilibrada demográficamente y, para conseguirlo, ha pedido tener una mirada rural que tenga en cuenta todas acciones que se lleven a cabo, y ha celebrado el propósito de Illa de aprobar un pacto por el desarrollo rural contra la despoblación.

Por su parte, Terrades ha reprochado al Govern no haber desarrollado la ley del cambio climático, aprobada en 2017, y ha asegurado que el compromiso de los socialistas es activarla, dotarla de contenidos y competencias, y realizar debates anuales en el Parlament para abordar políticas concretas y avanzar en materia de transición ecológica.

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado una batería de denuncias del PP contra actos del presidente Pedro Sánchez y del exministro Salvador Illa en los primeros días de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Tampoco acepta otra denuncia contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogiando al candidato socialista desde el Twitter del Ministerio, pero en su caso le perdona la sanción porque rectificó de inmediato y retiró el mensaje.

En una resolución, la JEC analiza la denuncia del PP contra unas declaraciones de Sánchez elogiando a Illa en una visita institucional realizada a la Agencia Española del Medicamento el pasado 25 de enero. El organismo arbitral, tras recibir las alegaciones de Moncloa y una vez examinado el vídeo, concluye que el presidente sólo dedicó a Illa "palabras de agradecimiento", dado que iba a dejar de ser ministro, pero no aprecia "connotación electoralista".

También archiva otra denuncia del PP por una entrevista de TVE a Illa en sus últimas horas como ministro de Sanidad, algo que el PP calificó de "espacio de publicidad electoral". La JEC considera que el reportaje "se ajustó a lo que pretendía, recoger las impresiones del ministro el último día en el cargo", pero sin que tampoco se aprecien connotaciones electoralistas.

MARLASKA SÍ VULNERÓ LA NEUTRALIDAD

Otra cosa es el mensaje que el ministro Marlaska publicó en Twitter desde la cuenta oficial de Interior asegurando que Illa tiene cualidades que le hacen "idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña". Ahí la Junta Electoral coincide con el PP en que ese mensaje "conculcaba el principio de neutralidad política de los poderes públicos durante los procesos electorales".

Pero Interior también se dio cuenta y, 50 minutos después de publicar el tuit, procedió a su supresión e incluso pidió disculpas: "La propia autoridad denunciada reconoce, tanto en el mensaje publicado en la cuenta oficial del Ministerio como en las alegaciones presentadas, que el mensaje inicialmente publicado era contrario al ordenamiento electoral", subraya la resolución.

Por ello, y aunque recuerda a Marlaska que vulneró el principio de neutralidad política y que no puede reiterar esa conducta, la JEC opta por dar el tema por zanjado. "Se trató de un acto consciente y voluntario que, no obstante, dio lugar a una inmediata rectificación. Esta circunstancia hace que, conforme a los reiterados precedentes seguidos por esta Junta en ocasiones similares, su resolución se limite a declarar el incumplimiento de la normativa electoral y a instar que no se repita en el futuro, pero sin acordar la apertura de expediente sancionador", resuelve.

DESESTIMA LA DENUNCIA POR EL AVE A ELCHE

Por otro lado, el organismo arbitral desestima una reclamación del PP contra el acto de inauguración de la línea de AVE entre Madrid, Elche y Orihuela, al que iba a asistir el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Y es que el PP impugnó el acto antes de que se celebrara y la JEC recuerda que no le corresponde "resolver sobre hechos jurídicos futuros hasta tanto estos no se hayan producido". Por tanto, se limita a reiterar que al Gobierno "un recordatorio y advertencia del deber de mantener una estricta neutralidad" en sus actos públicos mientras esté abierto el periodo electoral.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha defendido que su partido es "la única alternativa limpia" este 14F y que si llega al Govern desvincularán a Cataluña de la palabra corrupción y reactivarán el sector turístico, según sus palabras.

En un encuentro telemático este jueves en Barcelona, Arrimadas ha dicho que los catalanes están "hartos del 3%, de la corrupción de los Pujol, de que se repartan contratos y se enchufe a amiguetes y de que ERC se gaste el dinero en el 'procés'".

Ha destacado que el 14F es una oportunidad para hacer un cambio en el Govern con el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, y para que "hablar de 'procés', del 3% y de la turismofobia sea cosa del pasado".

"Estamos hartos de que nos digan que no hay dinero. No, claro que hay dinero, lo que pasa es que se os va de las manos con la corrupción que tenéis", ha replicado Arrimadas a los partidos independentistas.

La líder de Cs también ha reivindicado que un Govern de Cs daría ayudas al sector turístico tras la bajada de actividad por la pandemia, y entre las medidas proponen un bono turístico de 500 euros a las familias catalanas, una herramienta que ya funciona "en otros países y comunidades autónomas y que es muy buena para reactivar el sector".

También Cs propone un plan estratégico del turismo de cara al 2030 para modernizar, diversificar y digitalizar el turismo catalán; y eliminar la tasa turística durante los meses de la pandemia --"que es todo lo contrario de lo que ha venido haciendo el independentismo y de lo que hace el tripartito en Barcelona"--.

"Cataluña es una gran potencia de turismo, lo tenemos todo para volver a ser una gran referencia. Pero es verdad que después de tantos años de 'procés', del gobierno populista en Barcelona y de la pandemia, ha quedado muy golpeado", ha zanjado.

GRAU Y GUILARTE

En el acto también ha participado la número 2 de Cs para el 14F, Anna Grau, ha garantizado que un Govern de Cs dará ayudas al sector turístico del que viven muchas familias y del que, a su juicio, Cataluña debe sentirse orgullosa: "Se han cargado la marca Cataluña, tenemos que ponernos las pilas para la recuperación del turismo".

Se ha mostrado escéptica sobre si con otro Govern y otro Ayuntamiento de Barcelona se habría salvado la celebración del Mobile World Congress de 2020, que se canceló por la pandemia: "Quizás no se podría haber evitado o no estábamos a tiempo, pero siempre he pensado que si el Mobile fuera en otra ciudad, administrada por otra gente, se lo habrían pensado dos veces".

Por su parte, la concejal de Cs en Barcelona María Luz Guilarte ha señalado que un tripartito en el Govern vendría a repetir el tripartito que ya hay en el Ayuntamiento de Barcelona, al que ha acusado de ejercer la "turismofobia", con el aumento de la tasa turística o de la tasa de terrazas a restauradores durante la pandemia.

Ha urgido a no añadir más sufrimiento a este sector y a apoyar al turismo con un Govern tras el 14F que hable --en sus palabras-- de oportunidades, de desarrollo, de empleo, que refuerce la marca Cataluña y que haga gestión: "El 14F necesitamos aprovechar y expulsar al separatismo y al populismo".

Los representantes de la candidatura 'La Izquierda Necesaria, crítica con el actual coordinador de IU Alberto Garzón, ha registrado un escrito de impugnación contra el rechazo de la dirección a su solicitud de aplazamiento de la Asamblea Federal ante la situación de la pandemia del coronavirus, para lo cual pide que la cita se posponga de forma cautelar.

En el texto remitido este jueves a la Coordinadora Federal de IU, solicitan que se revise el acuerdo de la dirección de IU negando esta demanda de aplazamiento de dicha asamblea, cuya finalización está prevista a finales de marzo.

Los representantes de la candidatura que lidera José Antonio García Rubio, antiguo responsable económico de IU durante la etapa del excoordinador Cayo Lara, piden que se adopten medidas cauterales a tenor de los plazos y condiciones establecidos para la revisión del acuerdo de la dirección "pueden impedir la eficacia de este recurso, con un daño irreparable a los derechos de participación y debate de la afiliación de IU y a las garantías democráticas del proceso" asambleario.

Al respecto, argumentan que los estatutos del partido detallan que la Asamblea Federal es el instrumento que garantiza la "participación más directa" de las personas vinculadas a IU, dado que es el órgano que decide la estrategia política y la dirección de la formación para los próximos cuatro años.

"Precisamente, la participación más directa de los afiliados y de los simpatizantes, es la participación presencial y no la telemática", ahondan en el recurso para insistir en que la alternativa adecuada es el "aplazamiento temporal" y programar la Asamblea Federal cuando terminen las restricciones por la pandemia.

Para la candidatura alternativa, el procedimiento telemático implica una "disminución notable" del debate y participación de la afiliación. Además, creen que "hace imposible" el voto secreto para elegir las delegaciones y sostienen que las nuevas tecnologías son una herramienta "de apoyo, nunca como un sustitutivo del debate presencial".

"En un contexto, además, de toque de queda y severas restricciones a la movilidad, que incluye confinamientos por zonas sanitarias y perimetrales, con una incidencia acumulada rozando los 900 casos, con decenas de miles de positivos diarios como consecuencia de la pandemia, continuar este proceso agrava los riesgos sanitarios y hace incluso inviables las meras votaciones presenciales", razona el recurso para insistir en la necesidad de posponer de nuevo la Asamblea Federal.

LA DIRECCIÓN QUIERE HACERLA EN MARZO

Por su parte, la dirección de IU no contempla "en absoluto" aplazar otra vez la Asamblea Federal de la formación y asegura que los medios telemáticos alternativos desplegados garantizan el debate entre la afiliación.

La portavoz de la dirección federal de IU y eurodiputada, Sira Rego, explicó el lunes que la asamblea ya se ha pospuesto en dos ocasiones, lo que ha conllevado también más tiempo para analizar y debatir los documentos. A su juicio, la organización requiere asumir ya esta etapa para elegir a la nueva dirección y afrontar así los debates y decisiones de fondo que requiere el actual momento político.

CALENDARIO ACTUAL

La Coordinadora Federal de IU ratificó a finales de noviembre, con el 84,5% de los votos a favor, el nuevo calendario de la XII Asamblea Federal propuesto por la Comisión Colegiada, y que pauta su culminación los días 26 y 27 de marzo.

El calendario marca el 7 de marzo será la fecha límite para debatir los documentos en las asambleas de base, en las asambleas provinciales (o en su defecto, comarcales o insulares) y en las federaciones de IU.

Desde el 15 hasta el 21 de marzo se procederá a la votación por sufragio universal entre toda la militancia del informe de gestión, los documentos y las candidaturas a los órganos de IU federal. Finalmente, la celebración de la XII Asamblea Federal será del 26 al 27 de marzo.

YA FUE APLAZADA POR EL COVID

La Asamblea Federal, que debe elegir la nueva dirección y la estrategia del partido para los próximos años, ya fue aplazada de julio a enero en una decisión que se adoptó en el pasado mes de abril, en pleno confinamiento domiciliario por la primera ola de coronavirus.

La propuesta estratégica de la dirección, consensuada con el Partido Comunista de España (PCE), defiende "fortalecer" la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y apostará para ello por "democratizar" este espacio de convergencia, de cara a asentar su "base popular y territorial".

Frente a ello, el documento crítico denominado 'La Izquierda Necesaria', confronta con esa visión, pues se opone a la integración con Podemos, una vía que tilda de "fracasada" y reivindica la "soberanía" de la formación.

La Inspección Fiscal ha archivado la información previa que abrió el pasado mes de a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal por el contenido de un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia por el Gobierno que publicó en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo, han confirmado fuentes fiscales.

La denuncia fue presentada por la letrada Elena Vázquez Núñez en representación del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda en mayo del pasado año. Los letrados consideraban que el contenido del artículo debía ser merecedor de sanción disciplinaria, pues contenía una censura al Gobierno de España que prohíbe expresamente el artículo 59 del Estatuto Fiscal.

En sus alegaciones a raíz de la apertura de este expediente, Madrigal expuso que redactó este artículo, de opinión, en el ejercicio de su libertad de expresión protegida por la Constitución.

Añadía que el texto, referido a las medidas restrictivas del estado de alarma decretado a mitad de marzo, debía analizarse a la luz de los antecedentes jurisprudenciales que citaba, subrayando el interés del asunto para la opinión pública, y concluía que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recomendaba una aplicación restrictiva del artículo del Estatuto referido a las censuras al Gobierno.

El decreto firmado por el jefe de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena, archiva la investigación "por carecer los hechos denunciados de entidad disciplinaria".

En los fundamentos del documento, que tiene fecha de este jueves, se alude al derecho a la libertad de expresión recogido tanto en la Constitución como en la jurisprudencia del Tribunal de Constitucional y se señala que, en relación con los jueces y fiscales, ésta se haya sometida a determinadas restricciones dimanantes de las obligaciones que impone la "necesaria imagen de imparcialidad que deben transmitir a la sociedad".

Añade Cartagena que "prudencia, serenidad y respeto" al propio oficio resultan necesarios para cumplir los cometidos que legalmente corresponden a los fiscales, si bien puntualiza que en caso del artículo de Madrigal hay que tener en cuenta que se trata de un miembro relevante de la Carrera, puesto que fue incluso fiscal general del Estado, y que en su texto vertió opiniones "jurídicas y no jurídicas" si bien no dirigió sus reproches directamente al Gobierno.

Esta ausencia de destinatario concreto de las críticas, y el hecho de que Madrigal publicara su artículo como ciudadana, y no en calidad de fiscal "al margen lógicamente de serlo", permiten concluir a la Inspección Fiscal que no hay en este caso conducta alguna que merezca reproche disciplinario.

"Las referencias a la política -añade el decreto-, no deben tampoco ofender o perturbar a quienes tan digna y necesaria función ejercen, siendo relevante la falta de denuncias de hipotéticos ofendidos". Otras frases que concreta la denuncia de los abogados, concluye Cartagena, "no son de reprobación, sin perjuicio de la medida de mesura que no debe traspasar al ejercer la libertad de expresión".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado luz verde para que se remita el sumario sobre la 'operación Kitchen' al juez que investiga los denominados 'papeles de Bárcenas' para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional pueda continuar indagando en la "relación directa" que posiblemente exista entre ambos causas.

Según han informado fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha comenzado a trasladar el sumario judicial sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas al Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que se investigan las presuntas donaciones finalistas a los 'populares'.

El juez Santiago Pedraz solicitó el pasado 27 de enero a su compañero de la Audiencia Nacional aquellos documentos que haya obtenido y que estén relacionados con la sustracción de material documental a Bárcenas en el marco de la denominada 'operación Kitchen', que se investiga dentro de la macrocausa 'Tándem'.

Así, el magistrado hacía efectiva una reclamación realizada el pasado mes de noviembre por la unidad policial para poder apuntalar la posible relación que pueda existir entre la investigación relacionada con las anotaciones que hacía el extesorero del PP sobre las donaciones de empresarios con el operativo parapolicial montado en 2013 para presuntamente sustraer la información sensible que éste guardaba del PP.

En dicho informe, la UDEF afirma que hay indicios de la conexión entre "una operación desplegada por el Ministerio del Interior en el año 2013 con efectos hasta 2015" centrada en la "localización de documentos" en poder del extesorero del PP "con el fin de apoderase de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso" sobre la presunta caja 'b' de los 'populares'.

Por ello, reclamó al Juzgado de Instrucción número 5 que éste requiriera al juzgado donde se investiga la 'operación Kitchen' una serie de documentos para poder seguir indagando en esta posible "relación directa" entre ambas causas.

DOCUMENTOS RECLAMADOS

En concreto, Pedraz ha solicitado los fragmentos de declaraciones en sede judicial de varios investigados en la pieza 7 del caso 'Tándem': las del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; las del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y las comparecencias del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente del operativo Sergio Ríos Esgueva.

Pero acota la solicitud a aquellas manifestaciones en las que refieran a la existencia de documentos que guardaba o tuviera a su disposición Luis Bárcenas directamente o a través de terceros. Al hilo, el magistrado también quiere el contenido del volcado de los dos teléfonos iphone y del ipad de los que era usuario el extesorero 'popular', y que el chófer entregó a García Castaño.

Pedraz también quiere tener las dos actas notariales que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez --también imputado-- levantó sobre los mensajes relativos a la 'Kitchen' que se intercambió supuestamente con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, otros de los investigados en este caso.

Por otro lado, reclama también de los documentos intervenidos en el registro efectuado en el domicilio de Villarejo, los fragmentos de las grabaciones entre el comisario y el empresario Adrián de la Joya, y entre Villarejo y García Castaño, en los que se revele la existencia de los documentos que guardaba o que tenía a su disposición el extesorero.

EL REGISTRO DE FRANCISCO MARTÍNEZ

El magistrado también demanda poder disponer para su investigación los informes o expedientes que tuviera Villarejo de las empresas Constructora Hispánica S.A. y Licuas S.A., con información mercantil y de vinculaciones, cuyos presidentes eran Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres. Y pide además las notas informativas elaboradas por el comisario que pudieran revelar la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición Luis Bárcenas.

Entre la batería de documentos, también está lo intervenido en el domicilio de Martínez y que haga referencia al extesorero del PP o que contengan información que "ayude a su localización". Y acota que no quiere los que se refieran a la operación Kitchen.

Por último, solicita lo requisado en el domicilio de Ríos Esgueva y que sea perteneciente a Bárcenas (o lleve a localizar esos documentos) y toda aquella documentación que resultara de la ejecución del operativo por cualquiera de sus actores, como agendas o documentos tanto en papel como digitales, que sean de Luis Bárcenas, aunque estén en forma de copia y no original.

DONACIONES A CAMBIO DE FACILITAR CONTRATOS PÚBLICOS

Para justificar toda esta batería de peticiones, el juez Pedraz recuerda que en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se analiza si Bárcenas y el anterior tesorero del PP Álvaro Lapuerta, junto al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, "definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".

Precisamente este miércoles se ha dado a conocer un escrito remitido por Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción, en el que afirma que el PP tenía una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios, cuyo objetivo, en muchas ocasiones, era obtener adjudicaciones públicas. Una 'confesión' que sale a la luz pocos días antes de que comience a juzgarse en la Audiencia Nacional el presunto pago con dinero de la caja 'b' de la reforma de la sede nacional del PP.

En ese escrito, Bárcenas alude a esta 'operación Kitchen' y subraya que "gran parte" de toda esta documentación sobre la caja b "ha sido sustraída" del estudio de su mujer, cuando entraron a robar en el mismo". "Desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza (caja 'b') y otras que están siendo investigadas en otras piezas", destaca.

Los obispos españoles han asegurado su "compromiso para la protección de los menores" frente a los abusos sexuales y, para ello, han indicado que siguen "dando pasos" desde sus oficinas diocesanas especializadas en la atención y acompañamiento a víctimas de abusos, mientras que la asociación de víctimas Infancia Robada duda de la "función" que cumplen estas oficinas y piden a los obispos que investiguen los casos del pasado.

En cumplimiento con lo dictado por la Santa Sede, todas las diócesis españolas tienen establecidos, desde antes del 1 de junio de 2020, protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos, según informa la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En algunas diócesis, según indica la CEE, se han implementado procesos comunes para la protección de menores, protocolos para los centros educativos y formación para profesores y alumnos para la detección y prevención de abusos a menores.

En la Asamblea Plenaria de noviembre, los obispos hicieron balance del trabajo de estas oficinas de atención a las víctimas de abusos unos meses después de que se cerrara el plazo para su apertura en todas la diócesis españolas.

El secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, aseguró que los casos que habían llegado a estas oficinas en sus primeros seis meses de funcionamiento eran mínimos. "El número de denuncias ha sido cero o muy pocas", afirmó.

Por su parte, la Asociación de víctimas Infancia Robada duda de la "función" de estas oficinas y pide a los obispos "transparencia", que "investigue los crímenes del pasado" y que indemnicen a las víctimas.

"El principal problema que le vemos a la respuesta de la Conferencia Episcopal Española es, por una parte, la falta de transparencia porque se han negado a investigar los crímenes del pasado a diferencia de otras conferencias episcopales", ha indicado el portavoz de Infancia Robada, Miguel Hurtado.

Hurtado pide a la Iglesia española que diga "cuántos pederastas" ha habido, "en qué décadas" y "cuántas víctimas hay". Además, reclama "mecanismos de reparación efectiva" para las víctimas con indemnizaciones, como hace la Conferencia Episcopal Alemana.

"Desde las oficinas de atención a las víctimas, si no son transparentes, no dan datos, no dicen quiénes son los agresores, tampoco indemnizan a las víctimas, no se sabe muy bien qué función están haciendo", ha precisado Hurtado, añadiendo que son "más bien un lavado de imagen".

Asimismo, sobre los números de denuncias que han recibido estas oficinas, según los datos ofrecidos en noviembre por la CEE --"muy pocas o cero"--, Hurtado lo achaca a que "las víctimas no confían en los obispos y por este motivo no van a las oficinas de atención".

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el expresidente del PP catalán Alejo Vidal Quadras apoyarán este viernes al candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández.

El acto, que tendrá lugar a las 12:30 horas en la ciudad de Barcelona, es el único que tiene previsto en este momento la exportavoz parlamentaria del PP, que en agosto pasado fue destituida de su cargo por Pablo Casado.

Álvarez de Toledo, que encabezó la lista del PP por Barcelona en las dos últimas elecciones generales, se estrenará casi en pleno ecuador de la campaña con un acto al que acudirá de forma presencial. En el caso de Vidal-Quadras está previsto que participe de forma telemática, según han precisado fuentes 'populares'.

Vidal-Quadras, que fue presidente del PP catalán entre 1991 y 1996, dejó esa formación en enero de 2014 tras 30 años de militancia alegando diferencias con la dirección del PP que lideraba Mariano Rajoy. Poco después pasó a Vox, partido con el que encabezaría la lista a las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, si bien también se dio de baja un año después tras ser desautorizado por buscar un acercamiento de Vox a Ciudadanos y a UPyD.

INQUIETUD EN EL PP POR VOX

El apoyo de Álvarez de Toledo y Vidal-Quadras al PP catalán se produce en un momento en el que ha crecido la inquietud en las filas 'populares' por la posible entrada con fuerza de Vox en el Parlamento catalán que ya recogen numerosas encuestas.

En algunos de esos sondeos incluso se confirma un adelanto del partido de Santiago Abascal. Es el caso de la encuesta 'flash' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves, que apunta a ese 'sorpasso' de Vox al PP con el 6,9% frente al 5,8% de los votos.

En 'Génova' descartan que pueda producirse ese 'sorpasso' de Vox al PP, pero son conscientes de que los comicios del 14F tendrán una lectura en clave nacional, avalando o no el éxito de la estrategia que desplegó Casado en la moción de censura de romper y distanciarse de los de Abascal.

ILLA Y LA "MUTACIÓN CONSTITUCIONAL"

Álvarez de Toledo, que apostó por la abstención en la moción de censura de Vox aunque luego acató la disciplina de partido votando 'no', ha puesto en el foco de sus críticas al candidato socialista, Salvador Illa.

La pasada semana, en una entrevista en TVE, aseguró que el candidato a la Generalitat de Cataluña por el PSC se presenta a las urnas para "blanquear y culminar el proceso separatista de mutación constitucional" y, en este contexto, subrayó que no votarán a favor para apoyar un posible Gobierno liderado por Illa.

Según Álvarez de Toledo, el PSC "siempre ha sido la retaguardia del separatismo" y una "especie de eufemismo de nacionalismo". A su entender, Illa es una "candidatura humillante para muchos catalanes" ya que, a su juicio, España "está acosada" por dos frentes que "convergen" en el exministro de Sanidad: la pandemia y el proceso separatista.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 baraja enviar a la Policía Científica la tarjeta SD del móvil que fue sustraído a Dina Bousselham, exasesora del líder de Podemos Pablo Iglesias, para conocer si realmente pueden tener acceso a los archivos que contiene. Una vez tengan sobre la mesa esa pericial informática, será el momento de ordenar nuevas diligencias en el marco de esa pieza separada número 10 de la causa Tándem, según explican fuentes jurídicas.

De esta manera, el juez instructor recoge de nuevo la investigación después de que el Tribunal Supremo (TS) devolviera la causa a la Audiencia Nacional tras estudiar la exposición razonada. Fue el magistrado Manuel García-Castellón quien en octubre consideró, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil Dina Bousselham en noviembre de 2015.

Ahora, teniendo de nuevo las riendas del caso, atiende primero lo que el alto tribunal señalaba en su auto referente con el presunto delito de daños informáticos. En concreto, el Supremo consideraba necesario que Bousselham fuera de nuevo escuchada por el juez en relación a si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Iglesias, ya que a lo largo de la instrucción ha hecho diferentes matizaciones al respecto.

Cabe recordar que el líder de Podemos tuvo en su poder esa tarjeta durante un tiempo indeterminado después de que se la entregara el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. El Supremo también apuntaba que era necesaria una ampliación de la pericial informática sobre los daños en la tarjeta para precisar las causas que impiden acceder a la información que contiene, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso.

Y en ese punto exacto es en el que la Audiencia Nacional quiere retomar el asunto. Así, una vez la tarjeta les aporte algún dato nuevo para investigación, sólo entonces, decidirán las nuevas diligencias, entre las que debería estar --pues así lo consideraba el Supremo-- citar de nuevo a Bousselham.

DENUNCIA DE LA PERSONA AGRAVIADA

Pero esa nueva pericial no es la única diligencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cree que debe realizarse y consideran necesario preguntar a la exasesora para que especifique si efectivamente denuncia los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido presuntamente por Iglesias al quedarse con una tarjeta que no era de su propiedad, ya que, según recuerda el auto, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos.

En todo caso, el Supremo enfatizaba que el instructor debe agotar la investigación y, sólo entonces, ha de decidir si procede remitir una nueva exposición razonada contra el vicepresidente Iglesias, que una vez más recalaría en el Supremo dado que está aforado.

La Rioja ha registrado este jueves la muerte de tres personas por coronavirus. Por su parte, la presión hospitalaria baja con siete ingresos menos aunque la UCI no da tregua y aumenta su ocupación en dos ingresos más hasta los 64. Los casos activos han aumentado de los 2.410 de ayer a los 2.456 de este jueves, 46 más.

Además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 196 contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia un total de 26.503 riojanos han padecido la enfermedad en nuestra región.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son dos hombres y una mujer. Uno de ellos de mediana edad. Todos presentaban factores de riesgo y no residían en un centro de mayores.

De este modo, desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 665 personas en La Rioja con COVID-19. De esta cifra, 290 pertenecían a centros de mayores.

Por su parte, la presión asistencial baja en siete ingresos menos en las últimas 24 horas en los hospitales riojanos que cuentan con 218 COVID ingresados entre planta y UCI.

En el caso del Hospital San Pedro de Logroño hay 144 personas ingresadas en planta con coronavirus (ayer 151) mientras que la UCI cuenta con 64 ingresados (dos más que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus de nuestra región, el Gobierno de La Rioja ha ampliado el número de camas habilitadas en la UCI hasta las 86. Por ello, a la vista de las nuevas unidades y sumando a aquellos pacientes ingresados por patologías No-Covid (3 a día de hoy, uno más que ayer), la UCI riojana se encuentra al 77,9 por ciento (cinco puntos más que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con 10 personas ingresadas en planta con COVID-19, dos menos que ayer.

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja, ésta se sitúa en 1.233,59 (frente a los 1.247,96 de ayer) mientras que en los últimos siete días está en 552,40 (ayer 555,47). En cuanto a la positividad en La Rioja alcanza un 17.93 frente al 15,71.

A día de hoy se encuentran un total de 16.253 personas en cuarentena frente a las 16.236 de ayer. Por su parte, los positivos en residencias de mayores bajan a los 12 (3 menos que ayer), con tres centros que presentan contagios frente a los 33 existentes.

El Gobierno de Aragón ha confirmado 597 nuevos contagios de la COVID-19, correspondientes a los resultados de 4.835 pruebas diagnósticas, conocidas este miércoles, 3 de febrero, que han arrojado una positividad del 12,35 por ciento.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, 432 casos corresponden a Zaragoza, 117 a Teruel, 41 a Huesca, y en siete no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.

Del total de 4.835 pruebas diagnósticas, 3.612 han sido PCR y 1.223 test antígenos. El porcentaje de asintomáticos ha sido del 47 por ciento y las altas epidemiológica han alcanzado las 971.

Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas han sumado 4.514, de las que 2.896 han sido PCR, 1.265 test detección de antígenos, 326 pruebas serológicas y 27 test rápido de anticuerpos.

Por municipios, en Zaragoza se han contabilizado 301 casos; en Teruel, 42; en Calatayud, 15; en Alcañiz, 13; en Utebo, diez, y en Huesca, nueve. En el resto de localidades aragonesas se han detectado siete casos o menos.

La zona de salud con más positivos ha sido Teruel Ensanche, con 26 positivos, seguida de Avenida Cataluña y el Oliver, en la capital aragonesa, con 21 cada una.

La zona de Alcañiz, en Teruel, ha confirmado 19 casos; la de Fuentes de Ebro, en la provincia de Zaragoza, 18, el mismo número que en la de Teruel Centro y Valdespartera-Montecanal.

Además, en la de María de Huerva hay 15; en Utrillas, 14; en San José Norte y en San José Sur, 13 en cada una, y en Univérsitas, doce, al igual que en Utebo.

HOSPITALIZACIÓN

El número de personas hospitalizadas por coronavirus en Aragón desciende hasta el 745. Del total, 88 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 657 en planta. Las camas libres suman 1.145, de las que 69 son de UCI con respirador, nueve de UCI sin respirador y 1.067 de hospitalización convencional.

Por hospitales, en la ciudad de Zaragoza, en centros públicos, hay 78 personas ingresadas por coronavirus en el Hospital Royo Villanova, de las que once están en UCI; 23 en Nuestra Señora de Gracia, ocho en UCI; 218 en el Servet, 27 en UCI; 29 en el Militar y 144 en el Clínico, 24 en UCI.

En centros privados, el Hospital MAZ acoge a seis pacientes, uno de ellos en UCI; la Clínica Montecanal, a dos; la Montpellier, a cinco, uno en UCI; Nuestra Señora del Pilar, a dos; Hospital Quirón, a 14, cuatro en UCI; Hospital San Juan de Dios, a once y Hospital H.C. Miraflores, a tres.

En la provincia, en el C.S. Ejea-Cinco Villas hay tres ingresos y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 29. En la provincia de Huesca, en el Hospital San Jorge, 19, tres en UCI; en el Hospital de Barbastro, 30, tres en UCI, en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, uno. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco hay 60 ingresos, cinco en UCI; en el Hospital San José, 23, y en el Hospital de Alcañiz, 45.

SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN

La Comunidad Autónoma de Aragón ha administrado 61.506 dosis de la vacuna contra la COVID-19, 15.403 son segundas dosis, con un 91,02 por ciento con respecto a las disponibles, manteniendo un stock de 3.500 dosis como remanente, para garantizar la continuidad del programa de vacunación, en caso de retraso en el suministro.

Para el cálculo del porcentaje, se han contabilizado cinco dosis por vial de la vacuna de Pfizer/BioNtech hasta el pasado 26 de enero y seis desde el día siguiente ya que existe la posibilidad de administrar hasta esa cifra por vial, ha aclarado el Portal de Transparencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones para pedir en un "ruego desesperado" a la UE que estudie "todas las posibilidades" para que lleguen más dosis de vacunas a los Estados miembros, porque las aprobadas hasta ahora "no es suficiente".

"No llegan las vacunas y necesitamos urgentemente mas dosis. Tenemos que estudiar la posibilidad incluso de que se puedan fabricar en todos los países de la Unión Europea negociando la patente, tenemos que estudiar todas las posibilidades que están en nuestra mano, buscar estrategias comunes también en las fronteras para poder competir unidos", ha remarcado.

Ayuso ha indicado que sólo el 3% de la población europea ha recibido al menos una inyección hasta ahora y ha recordado que la UE registra unos 3.000 fallecimientos al día. "No podemos seguir así, es un dolor insoportable, un lastre para nuestro proyecto común", ha reiterado.

En esta línea, ha insistido en la necesidad de "hacer todo lo que esté en nuestra mano para traer esas vacunas y demostrar que somos un proyecto libre de ciudadanos que trabajan de manera conjunta por todos los ciudadanos, empezando por los más vulnerables".

También ha intervenido el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha advertido de que el proyecto europeo "estará perdido" si no consigue que los ciudadanos vean una "respuesta eficaz" del bloque a la pandemia. "Por eso es muy importante que se aclaren todas las dudas y que consigamos vacunar con rapidez", ha asegurado.

Igea ha destacado que "durante el hundimiento de un barco no se pueden subastar los chalecos salvavidas en un cuarto oscuro". "Tenemos que mantener los principios del libre mercado, pero también el Derecho comunitario, la solidaridad y que todos seremos iguales en esta crisis", ha defendido.

En esta línea, el vicepresidente de Castilla y León ha enfatizado que "no puede haber más contratos ocultos" porque la UE debe ser "una comunidad poderosa que defiende a sus ciudadanos pero lo hace también con transparencia y solidaridad".

LA OMS PIDE "PACIENCIA Y COMPRESIÓN"

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha afirmado este jueves que entiende la "frustración" por el lento suministro de vacunas contra la Covid-19 en estas primeras semanas de la campaña, pero ha pedido "paciencia y comprensión" mientras se aumentan las capacidades de producción, así como "solidaridad" para que también sean repartidas en los países más pobres.

Así se ha expresado durante su intervención ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que ha intervenido durante un debate sobre la vacunación en la UE. Pido a la gente de Europa paciencia y comprensión", ha enfatizado. "La frustración debido al suministro es comprensible. El aumento de la producción tomará tiempo y la clave es la solidaridad", ha añadido.

Kluge ha afirmado que "hasta que la producción coja velocidad es normal que haya colisiones entre la solidaridad internacional y la responsabilidad nacional", pero ha confiando en que "los retrasos" anunciados por algunos laboratorios "sean compensados por nuevos productos y aumentos de la capacidad de producción.

Ningún país o región debería tener acceso a más (vacunas) de la que necesita mientras otros países o regiones no tienen suministros o son limitados"; ha subrayado el responsable para Europa de la OMS.

Por eso, ha defendido, es "muy importante" explicar a la población que el objetivo actual de la vacunación es proteger a los más vulnerables y a los sanitarios, y no "eliminar o erradicar" el virus. "Explicar muy bien esta narrativa a los ciudadanos es crucial", ha apuntado.

Kluge ha recordado que Europa es la segunda región del mundo más afectada por la enfermedad, con más de un tercio de los casos y las muertes globales. Casi cuarenta países del continente han suministrado ya "cerca de 30 millones de dosis" de vacunas contra la Covid-19. "Hay razones par ala esperanza, pero todavía no estamos fuera de peligro", ha advertido, para después recordar que las nuevas variantes han entrado ya en 37 países europeos y 17 de ellos tienen casos de la variante sudafricana.

EVITAR LA COMPETENCIA POR LAS VACUNAS

El director para Europa de la OMS ha sido presentado por el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, quien ha defendido que "el esfuerzo común, la cohesión y la solidaridad" debe ser la guía de la UE en el proceso de vacunación.

"Debemos evitar la competencia por las vacunas entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros", ha recalcado el griego, quien ha llamado a evitar divisiones dentro del bloque porque esto aumentaría las desigualdades y las dificultades en plena pandemia.

La Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha propuesto este jueves 4 de febrero la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que automáticamente dejará de ser considerada especie cinegética. Así lo han señalado fuentes de este organismo, que reúne al Ministerio con las comunidades autónomas.

La propuesta ha sido presentada por el a la Comisión y ha requerido de una doble votación porque en la primera se llegó a un empate. Finalmente, una mayoría simple, necesaria para adoptar la decisión, le ha dado el visto bueno, con lo que se homogeneiza el estatus de las poblaciones de lobo en todo el territorio nacional. Hasta ahora, ya estaban incluidas en el listado las poblaciones de lobo al sur del Duero. Sin embargo, seguía siendo especie cinegética al norte del Duero.

Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia, todas ellas regiones con poblaciones de lobo al norte del Duero, han votado en contra de la propuesta, postura a la que se han unido otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, según fuentes conocedoras de la votación. En cualquier caso, la propuesta ha salido adelante con el voto favorable del resto de regiones y será elevada a la ministra Teresa Ribera, que materializará la decisión a través de una orden ministerial.

Transición Ecológica señala en un comunicado que con esta propuesta de inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se atiende al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar "su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales".

"El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias comunidades autónomas y que el número de éstas se haya incrementado en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre", añade.

NUEVA ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

Asimismo, una vez resuelto el estatus legal del lobo, en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo en España, que actualice la aprobada en 2005.

El objetivo de este documento será lograr la conservación, gestión y restauración de poblaciones viables de lobos como parte integral de los ecosistemas españoles, a la vez que sea segura la coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita.

TÓRTOLA

En la misma reunión, se ha propuesto también la inclusión de la tórtola en el Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable, según informa el Ministerio. Pero esta propuesta no ha contado con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas, si bien muchas han expuesto una propuesta alternativa consistente en declarar, a nivel nacional, una moratoria a su caza hasta lograr su recuperación poblacional y poner marcha un plan de recuperación de la especie.

Según el ministerio, la mayoría de las comunidades autónomas considera pertinente, dado su "importante declive poblacional" en las últimas décadas, que se suspenda la actividad cinegética hasta que la población se recupere. En este sentido, algunas comunidades autónomas han realizado aportaciones con medidas destinadas a la recuperación de la especie, que el MITECO incorporará en su línea de trabajo.

También se considera necesario que, complementariamente, se ejecute de inmediato un plan de gestión nacional para mejorar su hábitat de alimentación y reproducción.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 1.399 nuevos casos por infección de coronavirus, 36 más que este miércoles, mientras que siguen bajando los hospitalizados en cama convencional --de 1.438 a 1.370--, se mantienen las camas UCI --237-- y descienden de 40 a 32 los fallecidos este jueves.

Por provincias, Toledo ha registrado 559 casos, Guadalajara 247, Ciudad Real 232, Albacete 230 y Cuenca 131. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 162.231. Por provincias, Toledo registra 58.429 casos, Ciudad Real 40.974, Albacete 26.556, Guadalajara 19.201 y Cuenca 17.071.

El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 1.370. Por provincias, Toledo tiene 570 de estos pacientes (402 en el Hospital de Toledo y 168 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 328 (124 en el Hospital de Ciudad Real, 120 en el Hospital Mancha Centro, 40 en el Hospital de Valdepeñas, 20 en el Hospital de Puertollano, 19 en el Hospital de Tomelloso y 5 en el Hospital de Manzanares), Albacete 226 (110 en el Hospital de Albacete, 42 en el Hospital de Villarrobledo, 38 en el Hospital de Almansa y 36 en el Hospital de Hellín), Guadalajara 140 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 106 (todos ellos en Cuenca).

El número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador es 237. Por provincias, Toledo tiene 97 de estos pacientes, Ciudad Real 71, Albacete 32, Guadalajara 27 y Cuenca 10. En las últimas 24 horas se han registrado 32 fallecimientos por COVID-19, 12 en la provincia de Toledo, 9 en Ciudad Real, 5 en Cuenca, 4 en Guadalajara y 2 en Albacete.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 5.272. Por provincias, Toledo registra 1.866 fallecidos, Ciudad Real 1.573, Albacete 823, Guadalajara 520, y Cuenca 490.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 90 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus. De los 90 centros, 34 están en la provincia de Toledo, 13 en Ciudad Real, 21 en Cuenca, 9 en Albacete y 13 en Guadalajara. Los residentes con caso confirmado son 797.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 1.947.

La Comunidad Valenciana encadena su tercer día consecutivo superando los cien fallecidos diarios por coronavirus tras notificar este jueves 109 decesos, 12 de ellos residentes. No obstante, la curva de contagios sigue en descenso y desde ayer se han comunicado 4.822 positivos, mientras que los hospitales valencianos tienen en estos momentos 4.165 ingresados, 28 menos que ayer, y 636 en la UCI, 14 camas menos, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

De este modo, la Comunidad Valenciana ha vuelto a traspasar el centenar de fallecidos diarios tras alcanzar un récord en toda la pandemia este martes con 106 muertes, que fue superado al día siguiente con 112 muertes. De este modo, el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 5.184 personas: 622 en la provincia de Castellón, 1.904 en la de Alicante y 2.658 en la de Valencia.

Sin embargo, la curva de contagios sigue en descenso y se han comunicado 4.822 nuevos casos de coronavirus frente a los 5.256 casos de ayer o los 6.713 del lunes. Así, la cifra total de positivos asciende a 334.851 personas.

Por provincias, de los nuevos positivos 518 en Castellón (34.132 en total), 1.829 en Alicante (125.490 en total) y 2.472 en la provincia de Valencia (175.211 en total). Además, se han registrado tres casos sin asignar, por lo que el total asciende a 18.

Por su parte, la presión asistencial también baja. En estos momentos, hay 4.165 personas ingresadas, 28 menos que ayer, y 66 en la UCI frente a las 650 de ayer. Por provincias, 411 están en Castellón, con 56 pacientes en UCI; 1.602 en la provincia de Alicante, 244 de ellos en la UCI; y 2.152 en la provincia de Valencia, 356 de ellos en UCI.

Además, desde la última actualización se han registrado 8.332 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 277.529 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 28.635 en Castellón, 100.986 en Alicante y 147.843 en Valencia, además de 65 no asignadas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 63.623 casos activos, lo que supone un 18,37% del total de positivos.

La Comunidad Valenciana ha administrado un total de 174.501 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 170.605 son de Pfizer y 3.896 de Moderna. Han recibido las dos dosis de la vacuna 68.735 personas.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Desde la última actualización, hay algún caso positivo en 188 residencias de mayores (16 en la provincia de Castellón, 61 en la provincia de Alicante y 111 en la provincia de Valencia), 39 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 10 en la provincia de Alicante y 27 en la provincia de Valencia) y 10 centros de menores (5 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia).

Asimismo, se han comunicado 132 residentes nuevos positivos, 170 trabajadores y 12 residentes han fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 66 residencias en la Comunidad Valenciana: 6 en la provincia de Castellón, 26 en la provincia de Alicante y 34 en la provincia de Valencia.

El Parlamento de La Rioja ha rechazado la reprobación y cese de la consejera de Igualdad, Raquel Romero, -solicitada por Cs- por su comportamiento "poco ejemplar", en palabras del diputado naranja, Pablo Baena, y su "falta de transparencia" así como por "una conducta incompatible con un cargo público".

Pablo Baena ha defendido así su Proposición No de Ley en sede parlamentaria criticando que la consejera de Igualdad, Raquel Romero, (de Podemos) "lleva 35 días amparando un suceso bochornoso protagonizado por el ya exdirector general de Participación, Mario Herrera" cuando la pasada madrugada de Año Nuevo estrelló su coche contra un árbol en Sojuela fuera del toque de queda en un accidente de tráfico por el que se le abrieron diligencias.

"35 días -ha proseguido Baena- sin dar explicaciones y sin demostrar la honestidad que reclama la propia presidenta del Gobierno de La Rioja para su equipo de Gobierno".

El diputado ha lamentado que, en estos días, "la consejera no ha sido capaz de cesar a Mario Herrera pese al clamor de la sociedad riojana" y ha criticado que Romero "ha utilizado la imagen del Gobierno de La Rioja para dañar al propio Gobierno".

"Esta es la propia Romero -ha continuado Baena-, una consejera que obstenta las competencias de transparencia pero que, en año y medio, no ha dado ni una rueda informativa para ponerse a disposición de la prensa, por ejemplo".

Baena ha criticado, además, que la Consejería de Romero "no se sabe a qué se dedica y su departamento es claramente innecesario".

Con esta PNL, ha continuado el portavoz 'naranja', "el PSOE tiene la oportunidad de escoger entre ser socialdemócrata o apoyar al populismo y ha pedido al PSOE que condene los ataques a la prensa libre".

Para Cs, en definitiva, "la consejera debe ser reprobada por su falta de ejemplaridad y compromiso" y ha exigido, además, "desmontar el chiringuito de Podemos. Si el PSOE no lo ve así, acabarán quemados por el comportamiento de sus socias".

En el turno de portavoces, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha criticado que Baena "no acepte lo que han votado los riojanos" y aunque "estoy en una posición difícil" -ya que forma parte también del pacto de Gobierno- "en ningún momento me he planteado votar a favor de esta PNL no porque no esté de acuerdo con ciertas partes de la exposición sino porque ya se ha producido la dimisión de Herrera y ya no forma parte de la Dirección General".

Aún así Moreno ha pedido a la consejera Romero "que dé las explicaciones necesarias y no banalice la dimisión de Herrera. Es su obligación, más aún como consejera de Transparencia".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado, Alberto Bretón, ha afirmado que apoya la reprobación de la consejera por "el desprecio tan absoluto que Raquel Romero da a la labor de los diputados en esta Cámara así como por la utilización bochornosa de la imagen del Gobierno de La Rioja para su uso partidista".

Para el PP, además, Raquel Romero "utiliza la imagen del Gobierno para la propaganda política y para sus intereses particulares". También Bretón ha justificado el voto a favor a esta PNL por "los ataques inaceptables de Romero a los medios de comunicación.

Además, ha lamentado, esta consejera "solo coloca a sus amigos como asesores o altos cargos con doce personas que viven a cuenta de los impuestos de los riojanos para no hacer absolutamente nada. Un pacto de Gobierno que nos está costando mucho dinero a los riojanos".

Con todo ello, ha finalizado Bretón, "usted -refiriéndose a Romero- vino a regenerar la vida política y la democracia pero lo único que ha regenerado son sus cuentas bancarias. Es una consejera ineficaz".

Finalmente el diputado del PSOE, Raúl Díaz, ha afirmado que no apoyará la moción de Cs porque "piden reprobar a la consejera de Igualdad cuando los hechos los cometió un tercero. El accidente lo tuvo Mario Herrera y Cs dice que la culpa es de Romero. Les pido que retiren la moción".

CUOTAS "VOLUNTARIAS O FORZOSAS"

En otro orden de asuntos, el Parlamento de La Rioja ha aprobado la PNL presentada por IU para que se establezca un control con el que comprobar "si las cuotas que cobran los colegios concertados a las familias de los alumnos y alumnas son cuotas forzosas o voluntarias".

Además, la Proposición exigía "establecer sanciones a los centros que no cumpliesen con la normativa con el fin de garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos".

Durante su defensa, la diputada de IU ha explicado que esta Proposición tiene como objetivo "evitar" ir hacia una sociedad "capitalista" y conseguir que la educación "garantice el principio de igualdad de oportunidades vengan de donde vengan y sin ningún tipo de discriminación".

Por lo tanto, ha pedido Moreno, "la inspección debe vigilar y exigir el cumplimiento de la norma porque los centros concertados tienen que cumplir la Ley y que se vea que realmente esas cuotas sean completamente voluntarias".

Se trata de "proteger a los ciudadanos que quieran acceder a los centros y no a las élites" y por tanto "hay que vigilar que los centros cumplan la Ley".

La moción ha contado con dos enmiendas de modificación por parte de Cs que no han sido asumidas por IU porque "desvían el objeto de esta Proposición No de Ley".

En el turno de debate, la diputada de Cs, Belinda León, ha querido recordar a IU que las aportaciones "son voluntarias" y, por tanto, hay familias "que no las pagan porque no pueden y los centros no se lo exigen".

Aún así, ha defendido León, "los que lo hagan mal deben ser perseguidos y se deben revisar sus actuaciones pero no solo en los centros concertados, sino en todos los centros".

Para Cs, la realidad de los centros concertados en La Rioja es "dispar" pero lo que hay que hacer es "mejorar la red educativa tanto la pública como la privada. Luz y taquígrafos para todos".

Por su parte, el diputado regional del PP, Jesús Pérez Ligero, ha afeado a Henar Moreno que esta moción "no sea por economía sino por ideología. El diputado popular ha lamentado "el ataque a los colegios concertados" de IU y del PSOE "por el pacto de Gobierno".

Así, ha criticado el diputado, "esta es la hoja de ruta de IU en la que hay un reconocimiento de asfixia normativa pero no solo en el ámbito educativo, sino también en el sanitario, el institucional, el judicial e incluso en el moral y los socialistas se han convertido en sus cómplices", ha lamentado.

A estas alturas, ha proseguido Pérez Ligero, "todas las familias saben que las aportaciones son voluntarias y, por tanto, les pido que no engañen. Si hay falta de transparencia les pido que vayan a los tribunales".

Finalmente, por parte del PSOE, la diputada Teresa Villuendas ha criticado el discurso del PP y Cs y ha asegurado que "coincide con la intervención de IU porque este asunto es motivo de preocupación de muchas familias".

"Esta PNL pretende que las aportaciones no discriminen a los alumnos" porque para el PSOE "el peligro de estas cuotas" es que se puedan convertir "de manera encubierta" en una forma para seleccionar al alumnado por su economía "y esto lleva a una fractura social con efectos muy negativos". Ante ello, ha finalizado Villuendas, "se debe activar a la administración educativa" y ha asegurado "este Gobierno, si las hay, acabará con las malas praxis que se puedan estar realizando".

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena a cinco miembros de la 'manada' de Manresa (Barcelona) por abusos sexuales en grupo a una niña de 14 años, en una sentencia que incluye el voto particular del juez que defiende condenarlos por violación en lugar de por abuso.

La sentencia de la Sala Civil y Penal, desestima los recursos de los condenados contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona y estima en parte el de la Fiscalía: mantiene el delito pero eleva la indemnización para la víctima.

Así, el tribunal ha impuesto a los condenados pagar una indemnización de 60.000 euros, a diferencia de los 12.000 fijados inicialmente.

La Audiencia de Barcelona condenó a los cinco jóvenes a penas de entre 10 y 12 años, mientras que absolvió a otros dos acusados en el juicio, ya que sobre uno no quedó probado que participara en los abusos y el segundo tampoco se acreditó que incurriera en el delito de omisión del deber de impedir delitos.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2016 en Manresa, cuando un grupo de jóvenes acudió a una fábrica abandonada --en el Camí Torre d'en Viñas-- para realizar un 'botellón' y los cinco abusaron de la menor cuando estaba inconsciente, tras haber tomado alcohol pese a su "baja tolerancia" y fumado marihuana.

En la sentencia que ha avalado el TSJC, el tribunal consideró que se trata inequívocamente de un delito de abuso sexual al quedar demostrado que la víctima estaba inconsciente y "sin poder determinarse y aceptar o oponerse a las relaciones sexuales", pero no apreció violencia o intimidación en los hechos.

VOTO PARTICULAR

En cambio, el voto particular del magistrado Carlos Mir defiende condenar a los cinco jóvenes por un delito de agresión sexual (violación) en lugar de abusos sexuales, lo cual sostiene que encaja en los mismos hechos probados en la sentencia.

La diferencia entre abuso y agresión sexual --que haya violencia o intimidación-- no se aplica en la ley a menores de 16 años, y el juez afirma que, al ser menor, "no es necesario que la víctima exteriorice una negativa expresa al contacto sexual para que pueda darse el delito".

En cuanto a la intimidación, sostiene que en una agresión múltiple "existe inevitablemente una suerte de intimidación teniendo en cuenta que la concurrencia de dos o más individuos concertados para llevar a cabo el ataque contra la libertad sexual o indemnidad sexual de una víctima conlleva en sí misma un fuerte componente intimidatorio, especialmente cuando la agresión se acomete simultánea o sucesivamente" entre todos.