La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha trasladado este jueves a su homólogo chileno, Andrés Allamand, que la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea es «clave» para España.

Así se lo ha reiterado la ministra en la reunión y posterior cena de trabajo ofrecida en Madrid, en la que también ha destacado que España «apoya plenamente la conclusión de las negociaciones y está firmemente comprometida con este Acuerdo» que considera que «será beneficioso para todos».

«Tanto Chile como España otorgan una importancia prioritaria a la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, un proceso que se inició en 2017», ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

Este encuentro ha servido para constatar «el buen nivel de las relaciones bilaterales» y ha permitido repasar los puntos más importantes de la agenda común, como la cooperación Antártica y la posible creación de un mecanismo bilateral de carácter permanente; los flujos migratorios y las cuestiones de igualdad de género.

Ambas partes han evaluado también las consecuencias, sanitarias y económicas, de la COVID-19. «El fuerte impacto negativo que ha tenido la pandemia en toda la región, en general, y en Chile en particular, es motivo de preocupación para España como segundo inversor extranjero en el país», ha destacado el departamento dirigido por González Laya, que ha recordado que «en total, 700 empresas españolas contribuyen al proceso de modernización constante» del país, «dando trabajo a 140.000 personas».

La pandemia también ha obligado a suspender la visita oficial de los Reyes a Chile para, entre otras cosas, conmemorar el V Centenario del Descubrimiento y el Paso del Estrecho de Magallanes, una efeméride de gran importancia para ambos países. España ha expresado el deseo de retomar esta cuestión tan pronto como lo permitan las circunstancias.

No obstante, se han mantenido algunos actos conmemorativos como la participación del buque-escuela Juan Sebastián Elcano en la conmemoración del paso del Estrecho o la inauguración en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile de una importante exposición cartográfica.

Por último, el canciller Allamand ha informado de la evolución del proceso democrático para la elaboración de una nueva Constitución, que se aprobó mediante un plebiscito el pasado 25 de octubre. «España apoya el diálogo, la negociación y los esfuerzos realizados en Chile en esta nueva etapa para que entre de nuevo en una senda de estabilidad y progreso», ha concluido.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha minimizado este jueves el envío a la Fiscalía por parte del Ministerio de Defensa de los mensajes incluidos en un chat de militares donde se habla de un posible golpe de Estado o «fusilar a 26 millones de españoles» porque pertenece a «militares retirados».

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con empresarios en Tenerife, ha aclarado que «nunca» ha participado en ese grupo de whatsapp y ha pedido a la Fiscalía que investigue «los más de 300 crímenes de ETA que están sin resolver», algunos, «probablemente», ha dicho, cometidos por diputados del Congreso o de los parlamentos vasco y navarro.

Abascal, que no ha apoyado el contenidos de los mensajes, ha acusado al PSOE de promover un debate «donde no lo hay» para tratar de ocultar que «gobierna con Otegi» por lo que no va a caer «en sus trampas» dado que su formación defiende, entre otras cosas, el derecho a la vida, la separación de poderes y el orden constitucional frente a la «deriva totalitaria» de los que quieren «acabar con la democracia».

«Somos un partido raro, no aceptamos que el PSOE nos diga lo que es noticia, nos preocupa el chat de la ETA, las mafias, el comunismo y el separatismo golpista en el que está Pedro Sánchez, ese es el chat que preocupa a los españoles», ha señalado.

En su opinión, en España ha habido «impunidad» con ETA, cuyos crímenes sonde hace dos o tres décadas, y el Gobierno quiere que se hable de memoria histórica.

Abascal, que ha sido recibido por más de un centenar de simpatizantes a las puertas del Hotel Escuela –y un grupo de antifascistas que gritaban deportación para VOX– ha cargado contra los que «quieren hacer un relato» de que su formación «es un partido peligroso» cuando es el «único» del Congreso que defiende el orden constitucional frente al «ataque» del Gobierno y «otros que se han puesto en medio en una posición equidistante».

Sobre la carta que han enviado altos cargos militares al Rey Felipe VI criticando al Ejecutivo de coalición, ha señalado que la misiva «expresa preocupación» ante la «deriva separatista» del Gobierno y la «influencia de ETA».

«Lo compartimos, no son términos de VOX o de militares, son de millones de españoles que el Gobierno los quiere convertir en anormales», ha indicado, cuando «lo anormal» es que los PGE «lleven el sello de ETA».

«Nunca participaremos en unos presupuestos que le parezcan bien a Otegi», ha culminado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha planteado a las asociaciones fiscales la posibilidad de modificar el sistema por el que se nombra al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de los cambios que habrá que acometer en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adaptar la institución al nuevo modelo que diseña el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Delgado se ha reunido este jueves durante dos horas con representantes de las tres asociaciones fiscales –la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– en lo que éstas han definido como una primera toma de contacto sobre los cambios que la nueva LeCrim requiere hacer en el Ministerio Fiscal, según han explicado a Europa Press.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, Delgado les ha trasladado que «la Fiscalía asume decididamente el liderazgo en la organización del trabajo que se pondrá en marcha como consecuencia de la presentación del anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, y que abordará también los términos en que haya de afrontarse la reforma de su Estatuto Orgánico para dotar a la Fiscalía de un estatus de autonomía reforzada».

Para Delgado, «el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía debe ser objeto de tratamiento normativo paralelo al anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, con un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que redefina la estructura, competencias y funciones de la institución».

La jefa del Ministerio Público ha lanzado ya algunas propuestas concretas, entre las que destaca una «reforma del sistema de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General del Estado con la instauración de contrapesos que acrecienten su autonomía del Ejecutivo, a quien incumbe la designación conforme al modelo elegido por el constituyente de 1978 y por la mayor parte de los países de nuestro entorno».

En la misma línea, ha propuesto una «regulación de las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado basada en los principios de transparencia y publicidad, transcripción de las mismas en un registro público y supresión de la posibilidad de que la persona titular de la Fiscalía General del Estado pueda ser llamada a informar ante elConsejo de Ministros».

Las asociaciones fiscales han coincidido en la necesidad de hacer cambios en la figura del fiscal general. Así, Miguel Pallarés, de APIF, ha defendido que «el Ministerio Fiscal tiene que reforzarse en su independencia y autonomía en todos los aspectos para desvincular al FGE del Gobierno que lo designe y de cualquier tipo de injerencia, ni siquiera de la propia institución». Ésta, ha señalado a Europa Press, «tiene que ganar credibilidad ante el ciudadano.

Entre las propuestas que han realizado las asociaciones fiscales están las de aumentar a cinco años el mandato del fiscal general y que no cese si cae el Gobierno, puesto que con ambas medidas trascendería al Ejecutivo que lo nombre, o la intervención de las Cortes Generales en el proceso de designación.

MAYOR AUTONOMÍA

Además, Delgado ha expresado la necesidad de que el Ministerio Fiscal cuente con «autonomía organizativa, con atribución de competencias en materia de régimen administrativo y estatutario de los integrantes de la carrera fiscal», y «autonomía presupuestaria, pues la verdadera autonomía organizativa pasa por disponer de un presupuesto propio y de capacidad y medios para su gestión».

También ha apuntado a una «autonomía normativa para la autorregulación de la institución, lo que implica una capacidad reglamentaria propia en relación al régimen interior del Ministerio Fiscal y su propia organización, similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a otros organismos con personalidad jurídica propia»; y a la «autonomía formativa, con la asunción de competencias exclusivas o compartidas con el CGPJ en base a unos objetivos, necesidades y presupuestos propios».

Las asociaciones fiscales han llamado la atención de Delgado sobre la necesidad de dotar de medios, tanto materiales como humanos, al Ministerio Fiscal para que pueda asumir todas las funciones que le atribuye la nueva LeCrim, de las cuales la más significativa es que la instrucción de las causas penales pasará de manos de los jueces a los fiscales. A este respecto, le han mencionado la posibilidad de modificar el modelo de la carrera fiscal o incluso plantear una carrera conjunta de jueces y fiscales.

UN «HITO ILUSIONANTE»

La reunión, conforme han comentado las asociaciones fiscales, ha consistido en intercambiar impresiones sobre los principales desafíos que supone la nueva LeCrim para el Ministerio Público con la intención de alcanzar un consenso de toda la carrera fiscal de cara a la eventual propuesta que haya que hacer al Ministerio de Justicia y al Parlamento. Delgado se ha mostrado dispuesta a escuchar a las tres organizaciones y se ha comprometido a enviarles un documento informativo para ir concretando y a volver a reunirse con ellas.

La FGE ha avanzado en su comunicado que, aprovechando las principales herramientas del Ministerio Fiscal –trabajo en equipo, especialización y estructura territorial–, se constituirán equipos de trabajo formados por miembros de la carrera fiscal, en los que tendrán un papel protagonista el Consejo Fiscal y las asociaciones profesionales, si bien Delgado, como máxima representante de la institución, «liderará de forma directa estas iniciativas».

Delgado ha resaltado que la Fiscalía encara un «hito ilusionante» que exige el «compromiso proactivo» de todos cuantos integran la institución. «Nos enfrentamos a un cambio de paradigma que reviste cierta complejidad y debe ser objeto de estudio y reflexión por parte de quienes estamos llamados a ser los principales actores del nuevo modelo», ha afirmado, mostrándose segura de que los fiscales españoles están decididos a asumir el «reto».

La Fiscalía de Madrid ha solicitado el ingreso en prisión del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo y su mujer por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, han informado fuentes fiscales.

El artista y su mujer fueron detenidos el pasado martes dentro de la Operación Corax desarrollada por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Centro a instancias de la Fiscalía Antidroga de Madrid y el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que instruye las diligencias.

Los cuatro arrestados se encuentran en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla desde esta mañana. Por el momento, el juez de Guardia de Detenidos, el juez de Instrucción número 17, solo ha tomado declaración a dos de los investigados. Se prevé que la decisión que tome el juez a través de un auto tenga lugar en unas horas, siendo previsible que finalmente decrete el ingreso en prisión.

El fiscal les acusa de delito de tráfico de droga en su modalidad de sustancia causa grave daño a la salud del artículo 368 del Código Penal concurrir la circunstancia agravante de notoria importancia del artículo 369 quinto.

Los agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Amargo a un amigo íntimo y al productor de la obra Yerma, Eduardo Santos. Nada más salir de los ensayos del Teatro de La Latina, el artista fue apresado y conducido a los calabozos de la comisaría de la calle Leganitos, en distrito Centro.

En los registros de dos viviendas, una de ellas del artista y otra de su productor, la Policía halló 60 gramos de metanfetaminas, 40 de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, una bolsita de 2CB y dos pequeños botes de GHB –éxtasis líquido–.

También había una caja de testosterona de la marca Propandrol y un blíster de Viagra; además de una pequeño peso, 8 móviles (uno de ellos de tecnología antigua) y casi 6.000 euros en billetes de 100, 200 y 500 euros.

El abogado Cándido Conde Pumpido señaló esta mañana a su llegada a los juzgados que sería «complicado» que el bailarín estrenara su nueva obra ‘Yerma’ en el Teatro La Latina, que finalmente ha sido suspendida si bien se mantienen el resto de funciones.

Ya por la tarde, el letrado defensor manifestaba que las sustancias estupefacientes halladas en el registro de la vivienda del artista no estaban destinadas al tráfico de drogas, sino al consumo propio.

«Ni hay armas, ni hay organización criminal ni hay estructura», ha aseverado el letrado a su llegada esta tarde a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, donde se tomará a lo largo de la tarde declaración al bailarín y a las otras tres personas detenidas en la Operación Corax.

El letrado ha insistido en que la droga hallada en la vivienda de Amargo es para su consumo y le ha desvinculado del resto de sustancias incautadas en el registro de la otra vivienda, propiedad de otro de los detenidos.

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera se ha conjurado este jueves para que los ‘cupaires’ asuman «todas las responsabilidades» tras las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero, a las que irán con el compromiso de celebrar un nuevo referéndum antes de 2025.

Lo ha dicho en un acto en la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona, en que la CUP ha presentado su propuesta política de cara a las elecciones, que apuesta por una estrategia de confrontación y que busca que la formación vuelva a ser un actor clave en el independentismo.

Riera ha acusado a JxCat y ERC de haber acabado con la fuerza del 1-O: «JxCat con el independentismo mágico de su simbolismo y ERC con el independentismo mágico de un diálogo con el Estado sin autodeterminación y sin amnistía».

Según él, ambos han apostado por volver al autonomismo y son «cómplices de la represión», y ha erigido a la CUP como la alternativa a los actuales socios de Govern en los próximos comicios.

Considera que las mayorías políticas del Estado y de la Generalitat han optado por «refundar el régimen», y ha abogado por iniciar un nuevo ciclo que sirva para conquistar nuevos derechos sociales y políticos.

Así, ha explicitado los compromisos de la CUP en estas elecciones con los que quiere volver a jugar un papel relevante, como hacer un programa de rescate ante la crisis económica, ejercer la autodeterminación de manera «real, efectiva y definitiva», defender la desobediencia civil e institucional, y trabajar para la amnistía.

MARIA ROVIRA Y EULÀLIA REGUANT

La portavoz del Secretariat Nacional del partido, Maria Rovira, ha defendido la necesidad de celebrar un nuevo referéndum, ya que cree que es la «mejor herramienta» para solucionar el conflicto.

Ha afeado que, a su juicio, el espíritu del 15M se ha acabado con el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, y que JxCat y ERC «en el marco de la pandemia, con muertes diarias, han jugado a batallas partidistas por el poder».

La exdiputada en el Parlament Eulàlia Reguant ha reivindicado el feminismo y el ecologismo como dos de las principales respuestas necesarias ante la situación actual, y ha defendido que la CUP hace propuestas frente a las «proclamas que solo reivindican pero no cambian nada».

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha renunciado a presentar alegaciones en el Congreso ante la tramitación del suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigarle, con lo que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto resolver el asunto en sólo una semana y tomará una decisión el próximo día 10 de diciembre.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso se dio el 30 de noviembre con la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, que lo calificó con el apoyo de todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara, es decir, sin que Unidas Podemos pusiera ninguna objeción.

Según han precisado a Europa Press en fuentes parlamentarias, el suplicatorio también se ha tramitado sin problemas este jueves en la Comisión del Estatuto del Diputado, que, como en ocasiones anteriores no prevé agotar los 30 días hábiles que tiene de plazo la tomar una decisión.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre, también ha abierto un plazo hasta el 10 de diciembre para que Rodríguez pueda presentar sus alegaciones bien por escrito o bien presencialmente, y a puerta cerrada, ante los miembros de este órgano.

Pero el dirigente del partido ‘morado’ ya ha comunicado a la comisión su decisión de renunciar a explicarse ante la misma, con lo que este órgano prevé tomar una decisión sobre el suplicatorio el mismo día 10 y elevarla al Pleno para que sea sometida a votación el 17 de diciembre, en la única sesión plenaria inicialmente prevista para este mes.

El Pleno es el que tiene la última palabra sobre la concesión del suplicatorio y ahí el PSOE, con 120 diputados, tendrá un papel clave.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

El rey Felipe VI ha destacado este jueves la firme vocación de la Fundación Carolina en la cooperación al desarrollo durante la reunión de su Patronato que ha presidido y que ha coincidido con el XX aniversario de la Institución.

El monarca ha retomado su agenda oficial tras guardar diez días de cuarentena tras tener contacto con alguien que dio positivo por Covid-19. Lo ha hecho presidiendo la sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina, una institución que se constituyó en el año 2000 para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

«El entronque de las actividades de la Fundación, primero con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, a partir de 2015, con las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, plasman su compromiso hacia un sistema internacional regido por los valores de la justicia, la sostenibilidad y el multilateralismo, en el que la voz de todos los países cuenta por igual. En este punto, el acento iberoamericano de la institución propicia una perspectiva diferencial», ha destacado el monarca durante su intervención.

El acto, celebrado en el Palacio de El Pardo, ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha agradecido el papel proactivo ante la irrupción de la COVID-19 desempeñado por la Fundación Carolina, que trabaja en el refuerzo de la cooperación entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, particularmente en al ámbito cultural, educativo y científico.

Por parte del Gobierno también han acudido las vicepresidentas primera, Carmen Calvo, y tercera, Nadia Calviño, así como los ministros de Exteriores, Arancha González Laya, de Educación, Isabel Celaá, Industria, Reyes Maroto, Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, Ciencia, Pedro Duque, y de Universidades, Manuel Castells.

Además han asistido la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el ex SEGIB y Caballero Toisón de Oro, Enrique Iglesias, y el presidente de Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, y el secretario general, General Hugo Camacho.

Asimismo, han acudido también el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte; vicepresidente y director general de Fundación Repsol, António Calçada de Sá; director general de Suez Madrid (AGBAR), Federico Ramos de Armas; presidente de Naturgy, Francisco Reynés; presidente de la Fundación Iberdrola, Fernando García Sánchez; presidente de honor de Prisa, Ignacio Polanco; o el director general Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez.

Igualmente, han asistido el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; presidente de ACS, Florentino Pérez; vicepresidente tercero de MAPFRE España, José Manuel Inchausti; presidente de Abertis, Marcelino Fernández Verdes; presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez; presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo y presidente de Havas Media Group Spain, Alfonso Rodés.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha señalado este jueves que Ucrania sigue siendo «un elemento de inestabilidad de primer orden para la seguridad en la zona OSCE» y ha reconocido que el acuerdo del Grupo de Contacto Trilateral en julio «se ha traducido en una mejora de la situación de la población civil», aunque «las violaciones al alto el fuego siguen persistiendo».

Así se ha pronunciado la ministra en el marco del XXVII Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en una intervención en la que ha recordado que «España siempre ha defendido la soberanía y la independencia de Ucrania, así como su integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas».

En este sentido, ha dicho que el Gobierno español continuará apoyando las tareas de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania y defendiendo el pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk «como el mejor modo de alcanzar una solución válida para la crisis».

La titular de Asuntos Exteriores también ha repasado otros conflictos como los de Transnistria, Georgia y Nagorno Karabaj que «ya han durado demasiado». Mención especial ha merecido el alto el fuego logrado en noviembre en Nagorno Karabaj, un acuerdo que implica el «fin de las hostilidades» pero que no supone, según la ministra, el fin del conflicto, «que deberá lograse mediante el diálogo y el cumplimiento de los compromisos contraídos». Igualmente ha abogado por un diálogo real para lograr una solución a la preocupante situación en Bielorrusia.

MULTILATERIALISMO EFICAZ E INCLUSIVO

González Laya ha recordado además la necesidad de aprovechar todo el potencial de las organizaciones multilaterales para enfrentar las crisis actuales y prevenir las futuras y ha defendido el diálogo reforzado como respuesta a los crecientes desafíos a nuestra seguridad.

También ha puesto en valor el Diálogo Estructurado, que España preside, como un valioso instrumento para fomentar confianza y para crear «un puente de entendimiento entre todos nuestros países».

«Tenemos la oportunidad y el reto de no desaprovechar este valioso instrumento que es nuestra Organización», ha reiterado la ministra en su intervención telemática, ya que en el último año han aumentado los desafíos a nuestra seguridad colectiva «poniendo de manifiesto la necesidad urgente de dialogar».

Precisamente, ha recordado que «Entendimiento para la Seguridad» es el lema del Diálogo Estructurado, que preside España y que debe alcanzar toda su potencialidad real, consiguiendo que, mediante el diálogo, se refuerce la confianza y la seguridad de todos.

PRIORIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Por último, González Laya ha querido destacar la apuesta de la OSCE y de la Presidencia albanesa por la Dimensión económica y Medioambiental, así como por la estrecha relación que establece dicha organización entre seguridad y Derechos Humanos.

Aún así, ha considerado que los esfuerzos deben redoblarse hasta «culminar en una decisión ministerial que esté a la altura de los desafíos que plantea el cambio climático».

En el mismo sentido, la ministra ha reiterado la necesidad de priorizar la igualdad de género para que esté presente como un elemento transversal en la acción de la OSCE. Ha pedido finalmente especial atención a las políticas de inclusión, de fomento de la tolerancia y de atención a minorías y grupos marginados y de apoyo a la juventud.

Muchas niñas y mujeres jóvenes con discapacidad intelectual carecen de los conocimientos necesarios para protegerse de los abusos sexuales y se enfrentan a que sus testimonios no son creídos, según un estudio realizado por el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), y promovido y financiado por la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

El informe, titulado ‘La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual’ ha sido presentado este jueves 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con discapacidad, en el IV Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad.

Según se precisa en el estudio, «los testimonios de las personas con discapacidad intelectual suelen tener menos credibilidad» ya que «debido a los estereotipos negativos socialmente relacionados con las mujeres con discapacidad intelectual, se les supone una mayor incompetencia y menos fiabilidad, considerando que son más propensas a inventar historias o que no tienen un discurso coherente, lo que es falso».

Ante esta situación, la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha precisado que las mujeres con discapacidad «necesitan ser acompañadas y creídas para salir de la violencia» y ha destacado que la Ley de la Libertad Sexual incluye entre sus principios rectores la accesibilidad.

«Refuerza también las garantías e incorpora medidas de acción positiva en la prevención, detección, atención integral y acceso a la justicia y a la valoración forense integral de las mujeres, niñas y niños con discapacidad víctimas de violencias sexuales», ha asegurado.

En el acto también se ha presentado el estudio ‘Mujer, discapacidad y violencia de género’ realizado por FMP, y también financiado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, del cual se desprende que un 65,2% de las mujeres con discapacidad entrevistadas ha sufrido alguna forma de violencia y abuso (101 del total de 155 participantes).

Según indica Igualdad, los resultados de ambos estudios «corroboran de forma cualitativa» los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, según los cuales, el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido algún tipo de violencia en la pareja frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad.

Asimismo, la macroencuesta revelaba que las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%), siendo también mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad).

Además, en los estudios presentados este jueves se pone de manifiesto que las mujeres con discapacidad intelectual tienen que superar otras barreras adicionales a las de las demás mujeres cuando denuncian, ya que ni la policía ni el poder judicial suelen tener formación en materia de discapacidad y género.

VISIBILIZAR Y ERRADICAR LAS DISCRIMINACIONES

El IV Foro Social Mujeres y Niñas con Discapacidad ‘¡Por ti, por mí, por todas!’ organizado por Fundación CERMI Mujeres fue inaugurado este miércoles por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien destacó y agradeció la labor que el tercer sector, y de manera específica las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad, realizan diariamente «para que la desigualdad de género y la intersección de las múltiples discriminaciones sean visibilizadas y erradicadas».

«Convertir vuestras necesidades en derechos es una deuda histórica del feminismo y una obligación que como Estado debemos cumplir», añadió, reafirmando también el compromiso incuestionable del Gobierno «para que la prohibición de una de las manifestaciones de violencia de género más normalizadas en todo el planeta, sea en los próximos meses una realidad: la esterilización forzada» que «será por fin prohibida en este país».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han destacado la capacidad y flexibilidad del Hospital Valdecilla y del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) para adaptarse y enfocar sus esfuerzos para combatir la COVID-19 en un contexto de pandemia como el actual.

Illa y Revilla, que han realizado esta tarde una visita a diversas áreas de Valdecilla, han puesto en valor la cohesión de los recursos humanos, la excelencia de las y el desarrollo de importantes proyectos de investigación, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

En este sentido, el ministro de Sanidad ha asegurado que a nivel sanitario Cantabria se encuentra muy bien dotada, trasladando el apoyo del Gobierno de España para impulsar tanto el hospital como el IDIVAL.

Durante la visita a Valdecilla, Illa y Revilla han recorrido las instalaciones de la Unidad de Ensayos Clínicos, ubicadas en el Pabellón 15, y del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), principales áreas vinculadas a la fase 2 del ensayo clínico de la vacuna frente a la COVID-19 de la compañía Janssen en la que participa el hospital. Junto al centro cántabro, en España colaboran en esta fase 2 los hospitales de La Paz y La Princesa de Madrid.

Este ensayo, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, compara de manera ciega la vacuna con placebo con la participación de más de 500 pacientes, de los que 40 corresponden a Valdecilla. La Unidad de Ensayos Clínicos ha sido la encargada del reclutamiento e inclusión de estos 40 voluntarios.

UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS

Acompañados por el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez; y el director gerente de Valdecilla, Rafael Tejido, el ministro y el presidente de Cantabria han conocido de primera mano la actividad que desarrolla esta Unidad de Ensayos Clínicos, puesta en marcha en 2013.

Desde su inicio, esta Unidad ha experimentado un importante crecimiento de su actividad, con un ritmo de un 40% de incremento de visitas de pacientes anuales.

También ha aumentado la complejidad de los ensayos incorporados, contando con más de 20 ensayos de fase 1 iniciados desde 2019 que han puesto su foco de atención en el estudio de nuevas moléculas dirigidas a neoplasias hematológicas, específicamente a mieloma múltiple, y al tratamiento de hepatitis víricas.

Hasta el momento, ha participado en cerca de 250 ensayos clínicos liderados por profesionales de 17 especialidades médicas y quirúrgicas y ha realizado más de 9.000 visitas de pacientes. Entre las especialidades más activas en el desarrollo de ensayos destacan Digestivo, Reumatología, Hematología y Neumología.

Para desarrollar esta importante actividad, la Unidad cuenta con una organización, personal, de equipamiento y espacios que cumplen altos estándares de investigación y que permiten desarrollar ensayos de alta complejidad, con sistemas de monitorización de pacientes y equipos, procedimientos y personal altamente cualificado en el soporte a ensayos clínicos.

De esta forma, en esta Unidad, ligada al servicio de Farmacología Clínica y que ha sido reconocida con la certificación de calidad ISO 9001-2015, se dan la mano la capacidad clínica e investigadora del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y del IDIVAL.

IDIVAL

Posteriormente, Illa y Revilla se han trasladado hasta la sede del IDIVAL, instituto de investigación sanitaria acreditado en 2015 y reacreditado en 2020 por el Instituto de Salud Carlos III, que es el órgano que promueve, gestiona y desarrolla proyectos de investigación en el ámbito sanitario de Cantabria.

En esta visita se han sumado el director científico del instituto y jefe del Servicio de Inmunología de Valdecilla, Marcos López Hoyos; y el director de gestión, Galo Peralta.

Con más de 700 personas, de las que cerca de 140 están contratadas por el propio instituto, el IDIVAL cuenta con 32 grupos de investigación, distribuidos en seis áreas.

Dentro de su actividad, en los últimos cinco años ha gestionado proyectos por importe de 30 millones de euros, y convocado ayudas y financiado proyectos competitivos por un importe que ronda los 10 millones de euros.

Además, su producción científica ha crecido un 40% en los últimos cinco años, lo que se traduce en unas 2.200 publicaciones internacionales con un factor acumulado de más de 10.000 puntos.

En la actualidad IDIVAL lidera proyectos internacionales como los proyectos Tichron, para el tratamiento de niños con enfermedades crónicas, o MIRCAST, para el estudio de la cirugía robótica.

También participa en numerosos proyectos, consorcios y redes nacionales e internacionales (como ITEMAS, EATRIS, Chrodis plus, Intencive), desarrollando y liderando desde Cantabria importantes estudios centrados en cohortes de pacientes de diversas patologías como el Alzheimer, parkinson, enfermedades reumatológicas, hepatitis o esquizofrenia, todos ellos con una importante proyección internacional.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado este jueves «el diálogo y entendimiento» entre administraciones para dar respuesta a situaciones catastróficas provocadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Así se ha referido en su visita a la ciudad de Segovia, en la que ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la alcaldesa, Clara Luquero, y el Delegado del Gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo, entre otras autoridades, para conocer de primera mano los trabajos llevados a cabo en la plaza Aurelio Hernández, en el barrio de San Millán.

En esta ubicación, en agosto de 2019 con motivo de la borrasca ‘Dana’, se produjo un socavón de 12 metros de profundidad y 12 de ancho, que engulló a una furgoneta y un vehículo y obligó a desalojar dos bloques de viviendas.

«El año pasado fue un año difícil en este sentido, tanto Segovia como Castilla y León registró distintos episodios. La Dana del 25, 26 y 27 de agosto, también en septiembre hubo otra Dana y al final de año con las tormentas Elsa, Favián y Ceciilia», según ha señalado la ministra.

Darias ha incidido en que el Gobierno «quiere estar no sólo cuando se produce la emergencia, a través de una respuesta coordinada de las administraciones, con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, sino también después para cubrir los daños, en este caso en infraestructuras municipales, que se han producido como consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso que tuvo un impacto muy importante».

En el caso de esta obra, el Ministerio ha aportado una ayuda al Ayuntamiento de Segovia para afrontar económicamente los costes y la resolución del problema. La cuantía aportada por el Gobierno está entorno a los 270.000 euros y corresponde al 50 por ciento de financiación de los trabajos.

En este sentido, Darias ha destacado la importancia que otorga el Ministerio a «impulsar todas las ayudas a catástrofes. De hecho, ha reconocido que existía «un retraso importante» en la entrega de estas ayudas y este año se han abonado las de años anteriores, lo que supone «estar prácticamente al día».

«También estamos próximos a sacar otras convocatorias que tienen que ver con los daños producidos en otras provincias de esta Comunidad, como los producidos con motivo de las borrascas de septiembre y también de diciembre», ha anunciado.

Por su parte, el consejero de Fomento ha agradecido la visita de la ministra a la Comunidad -esta mañana también ha estado en Valladolid y ha mantenido una reunión con el presidente de la Junta- y su «interlocución muy directa» durante los meses «tan duros» de pandemia en Castilla y León.

Asimismo, ha agradecido su gestión en estos fondos de cooperación local que son «un ejemplo de lo que hay que hacer: la colaboración inter administrativa ante una situación sorpresiva como aquella Dana del agosto pasado. Son cosas imprevisibles y lo que hace falta es que los servicios públicos estén coordinados y en este caso fluyen con una gran eficacia».

TRABAJOS

La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, ha recordado que lo acontecido en el barrio de San Millán «fue un susto tremendo».

En cuanto a los trabajos, Luquero ha explicado que lo que se ha hecho es «reconstruir esta bóveda que canaliza el río Clamores, atender también 400 metros de la propia bóveda que estaba muy deteriorada».

Además de estas dos obras de emergencia, se ha previsto «muy bien el itinerario del río canalizado que recorre 4 kilómetros por debajo de la ciudad y tener por georadar la situación controlada para tranquilidad de todos», ha remarcado Luquero.

Un total de dos barreras de contención anticontaminación han sido desplegadas en el puerto vigués de Bouzas tras originarse un incendio en un buque que se ha escorado y presenta riesgo de hundimiento, aunque no ha habido heridos.

Fuentes de la Autoridad Portuaria y la Policía Nacional han detallado que se han movilizado el buque Don Inda de Salvamento Marítimo y dos remolcadores para enfriar el casco de babor del barco y ayudar a su estabilización tras la escora producida debido al agua utilizada para la extinción, que inundó el buque.

Por el momento, una embarcación de SEGEM permanece en el lugar y, aunque se produjo una pequeña explosión a bordo sobre las 13,15 horas, no ha habido daños personales. Así, los bomberos de Vigo, en coordinación con Policía Local, Nacional y Portuaria, trabajan en la extinción del incendio, que ha provocado una importante humareda, aunque sin que se hayan registrado daños personales.

La alerta se activó sobre las 8,45 horas de la mañana de este jueves, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que ardía un barco en la terminal de Bouzas.

Se trata de un arrastrero congelador con bandera británica, el ‘Baffin Bay’, que pertenece a la armadora viguesa Grupo Copemar, y en el que se realizaban reparaciones que incluían trabajos en caliente. El buque cuenta con 68 metros de eslora, 13 metros de manga y un calado de siete metros y llegó a Vigo tras un viaje de más de un mes de duración, con origen en el puerto de Montevideo.

INCENDIO

El incendio ha afectado principalmente al área de bodegas, donde se originó dos niveles por debajo de la cubierta, y al parque de pesca del barco. Los tres tripulantes que estaban en el congelador se encuentran bien y no habido que lamentar daños personales.

Según ha informado la Policía Local, los bomberos tuvieron que trabajar inicialmente enfriando el casco de la nave desde el exterior, ante la imposibilidad de acceder al barco por la gran cantidad de humo generado.

La Autoridad Portuaria prestó su colaboración a los bomberos en la actuación, que coordina junto a Gardacostas de Galicia, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y Protección Civil.

Tras declararse el incendio, se retiró el material inflamable de cubierta con un vehículo del servicio portuario de amarre y los aparejos y redes de a bordo. Además, se cortaron varias piezas metálicas del buque para disponer de una mayor accesibilidad a los puntos de fuego.

Los bomberos se conectaron a los hidrantes desde primera hora de la mañana, mientras la Policía Portuaria y los servicios de conservación y seguridad del Puerto realizaron labores de coordinación de medios y de control perimetral en la zona.

Asimismo, se trasladaron bombas de achique de la Autoridad Portuaria y otra de la empresa de buceo Northcom Diving y se solicitó la asistencia de un camión bomba con gran capacidad de evacuación de agua.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que engloba a colectivos de juristas, periodistas y medios de comunicación, ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática redactado por el equipo de la socialista Carmen Calvo y ha rechazado, por ejemplo, que se pretenda penalizar la «exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura» por considerar que esas opiniones deberían enmarcarse dentro de la libertad de expresión.

En su documento, la PDLI pone «serias pegas» al texto que ha redactado el Ministerio de Presidencia en lo relativo a la regulación de infracciones y sanciones por el «elevado riesgo» que, desde su punto de vista, representa para la libertad de información y expresión.

En particular, la plataforma rechaza la penalización (sea por vía administrativa o penal) de este tipo de discursos políticos que, según subraya, «desde la perspectiva de los estándares internacionales de defensa de los Derechos Humanos también deben ser protegidos».

«Al calor de la tutela -muy legítima- de las víctimas, acaba por excluirse del debate público lo que, aunque incomode o irrite, pertenece a ese ámbito. Castigar penalmente a un revisionista no sesostiene», argumentan, incidiendo en que «las ideologías contrarias a la democracia están claramente protegidas» por la Constitución y el Tribunal Constitucional.

LIMITADÍSIMOS DELITOS DE ODIO

Para la PDLI, castigar la humillación de las víctimas o de sus familiares, «para los limitadísimos supuestos en que tales expresiones puedan constituir un delito de discurso deodio», es un juicio «que no puede dejarse en manos de una autoridad administrativa y política como la Secretaría de Estado».

Tras recalcar que estas posibles acciones sancionables ya están cubiertas por el Código Penal, destacan que «evaluar si la humillación a las víctimas constituye un delito deodio es algo tan complejo y sensible que no puede quedar en manos de la Administración, sino de los jueces».

«La mera exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura no es algo que deba juzgarse ni siquiera por jueces en el ámbito penal», señala la PDLI, que lo considera «simplemente inaceptable, por cualquier vía, al vulnerar estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

CORRECTIVOS «DESPROPORCIONADOS»

Además, la plataforma considera que las sanciones previstas en la ley, que pueden alcanzar los 150.000 euros, constituyen «un correctivo desproporcionado».

Por todo ello, alerta de que la nueva Ley de Memoria, tal y como está redactada «podría ser inconstitucional desde el principio de legalidad sancionadora (art. 25 CE) y además vulneraría el artículo 20 de la Constitución, relativo a la libertad de expresión e información».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que «las fundaciones son el sustrato de la búsqueda bondadosa del bienestar general» y ha transmitido su «admiración, cercanía y agradecimiento» al mundo fundacional.

Así lo ha indicado Calvo durante su participación mediante un vídeo en la clausura de Demos, el Foro de Fundaciones y sociedad civil, organizado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

«Sé que necesitáis de algún desarrollo legislativo, particularmente destacaré el mecenazgo. Es una asignatura pendiente importante de nuestra sociedad, no sólo por la regulación que deberíamos tener y mejorar sino porque es una parte también muy importante de impulsar reequilibrios y redistribución, de quienes pueden ayudar más a quienes necesitan que se les ayude más», ha explicado.

Según ha informado la Asociación Española de Fundaciones, la cuarta edición de Foro Demos ha reunido a profesionales de todos los ámbitos (filantropía, cultura, ciencia, política, deporte) para debatir, actuar y promover nuevos enfoques que den respuestas a las necesidades más urgentes de la sociedad actual.

En concreto, ha señalado que en este tercer día el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, ha agradecido a los miembros de las fundaciones su participación en este evento y ha reivindicado el valor de las fundaciones. «Son un vehículo de generosidad siempre con una función útil para todos», ha dicho Nadal.

Durante la jornada, se han entregado los Premios de la Asociación Española de Fundaciones que reconocen los valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad.

En este sentido, ha destacado que en la cuarta edición se han considerado cerca de 80 candidaturas de filántropos del tercer sector y/o fundaciones españolas valoradas por el jurado presidido por el presidente de la Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, Antonio Garrigues Walker.

Respecto a los premios, ha detallado que han recaído en Salvador Mas de Xaxás, filántropo, empresario y patrono, Premio a la Iniciativa Filantrópica; Fundación United Way y su campaña #Unete a los que ayudan, Premio a la Colaboración; Fundación para el Desarrollo de la Enfermería y su Plan de Contingencia Virtual Covid 19, Premio a la Innovación Social y Fundación ONCE y su serie animada ‘ON Fologüers’ sobre las barreras que ha creado la ‘nueva normalidad’, Premio a la Comunicación.

En relación con esta última jornada de Foro Demos, ha apuntado que ha comenzado con la conversación titulada ‘Aprender de la crisis’, entre Manuel Estrada, diseñador gráfico y presidente de la Fundación DIMAD, Vicente Montes, director de la Fundación Rafael del Pino, Jordi Nadal, editor y fundador de Plataforma editorial y autor y la moderación de Luis González, director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

De esta forma, la charla se ha articulado en torno a cuatro ejes: la necesidad de comprender el significado de este momento decisivo para afrontar las transformaciones como adultos, el rediseño sistemático para mejorar la calidad de vida y las oportunidades, la apertura del dominio público para la innovación y la necesidad de una movilización optimista desde la unión frente a la adversidad.

«Estamos en un momento crucial porque tenemos que inventar todo aquello que mejore la vida de las personas. Y esa es precisamente la labor de las fundaciones. Por eso tenemos que hacer un llamamiento a la sociedad civil para ponernos manos a la obra», ha asegurado González.

Asimismo, Nadal ha asegurado que hay que luchar por lo colectivo «con ilusión y artesanía». «Es el momento de superar esa idea de ‘qué hay de lo mío’ y avanzar en lo colectivo con confianza y entusiasmo», ha subrayado.

Estrada ha puesto en valor las cualidades de España como país. «Tenemos que empezar a creer en ellas. Durante la pandemia, por ejemplo, hemos visto grandes lecciones de generosidad», ha indicado, mientras Montes ha pedido a los poderes públicos que creen «una parrilla de incentivos para que la ciudadanía tenga mejor capacidad de enfrentarse a los problemas».

La última mesa redonda, ‘Donde hay fundaciones hay futuro’, ha contado con Javier Nadal, Ramón Jáuregui, presidente de Fundación Euroamérica, miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Pepita Marín, CEO de We are Knitters y Premio Fundación Princesa de Girona Empresa 2020 y con la moderación de Belén Barreiro, socióloga y empresaria.

En esta ponencia se han expuesto las demandas y retos de futuro del sector fundacional y se ha contado cómo, durante la pandemia, las fundaciones han demostrado ser un mecanismo organizativamente flexible y eficaz en la gestión de recursos que permiten atender con celeridad muchas demandas sociales, especialmente para complementar las actuaciones del sector público.

El Tribunal Constitucional (TC) ha indicado en su sentencia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana que el fenómeno de la inmigración hacia España por Ceuta y Melilla es un «problema humanitario» de trascendencia europea que requeriría la adopción de «medidas de carácter supraestatal», no solo por la dimensión que puede llegar a alcanzar –incluso «desbordando» al Estado español–, sino porque las ciudades autónomas constituyen una de las principales puertas de entrada a Europa.

Así se expresó el TC en el fallo emitido el pasado 19 de noviembre, que se ha conocido íntegramente este jueves, en el que avaló la constitucionalidad de la llamada ‘ley mordaza’ en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla –siempre que se respeten las garantías legales–, salvo en lo tocante a las grabaciones «no autorizadas» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su resolución, el alto tribunal destacó la especial situación de Ceuta Melilla por su ubicación en el continente africano y como frontera exterior terrestre de la Unión Europa con terceros países, «lo que las convierte en una de las principales vías de acceso de los flujos migratorios hacia Europa».

«Todo ello hace que, en muchas ocasiones, el Estado español se vea desbordado en sus esfuerzos por contener los intentos de grupos de personas de cruzar ilegalmente la valla o arribar en embarcaciones a las costas de soberanía española», indicó.

Para el Tribunal Constitucional, esto prueba que «estamos ante un problema humanitario de tal dimensión que su trascendencia es, cuando menos, europea», por lo que consideró que «exigiría la adopción de medidas de carácter supraestatal».

UN NUEVO RÉGIMEN

El Pleno presidido por Juan José González Rivas determinó que el ‘rechazo en frontera’ que introduce la Ley de Seguridad Ciudadana configura en efecto «un nuevo régimen», si bien lo justificó igualmente por la «situación particular» de las ciudades autónomas.

«El establecimiento de un régimen específico para Ceuta y Melilla, en la medida en que en sus puestos fronterizos concurre la singularidad de su ubicación geográfica –única frontera exterior del espacio Schengen en tierras africanas– no puede considerarse que sea irrazonable o que carezca de justificación», afirmó.

Lo definió como «una actuación material de carácter coactivo que tiene por finalidad la de restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre».

El TC avaló su constitucionalidad porque la propia ley establece que «el rechazo ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español».

No obstante, subrayó que el ‘rechazo en frontera’ queda sujeto al «control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera».

Además, apuntó que «los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables», entre las que mencionó a «las que aparenten manifiestamente ser menores de edad –sobre todo cuando no se encuentren acompañados por sus familiares–«, a las mujeres embarazadas y a quienes puedan verse afectados por serios motivos de incapacidad, incluida la causada por la edad avanzada».

UN TEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por otro lado, aprobó la introducción de esta disposición sobre política migratoria en la ‘ley mordaza’, por cuando se refiere a «un régimen especial en materia de extranjería para hacer frente a la situación de riesgo que se produce en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla –frontera exterior de la Unión Europea– por la presión migratoria».

«Es por ello que, esta cuestión no se puede calificar de totalmente extraña a la seguridad ciudadana, integrante de la más amplia materia de la seguridad pública, sin que se pretenda, en ningún caso, asociar necesariamente el fenómeno de la inmigración de personas extranjeras con un incremento de la inseguridad ciudadana», aclaró.

Con esta sentencia, el TC respondió al recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; 4 de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y 2 del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado este jueves al PSOE que, desde su punto de vista, ahora los líderes de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, sean «valientes y patriotas» por haber apoyado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

«Otegi y Junqueras son ‘valientes y patriotas’ para el PSOE de Sánchez», ha señalado Arrimadas en un mensaje en Twitter después de que el partido de Pedro Sánchez celebrara en esta red social la aprobación de las cuentas públicas en el Congreso gracias a «188 votos valientes y patriotas».

El PSOE ha elogiado el «patriotismo» de los partidos que han respaldado el proyecto de Presupuestos impulsado por el Gobierno y ha lamentado que «las derechas y la ultraderecha» se hayan quedado «en la esquina».

Aparte de los socialistas y Unidas Podemos, han votado a favor ERC, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Copromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra se han posicionado el PP, Vox, Cs, Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego.

¿AHORA LLAMARÁN «FACHAS» A PARTE DE SUS VOTANTES?

Arrimadas se ha preguntado en su tuit si ahora el PSOE «llamará fachas» a «todos los españoles moderados que un día le dieron su confianza» a Sánchez y que «ahora se avergüenzan de ver a su partido pactando con Bildu y ERC».

Ciudadanos ha indicado que el PSOE está definiendo como «patriotas» a «miembros de un partido político heredero del terror» –en alusión a Bildu y a la banda terrorista ETA– y como «valientes» a «los que en 2017 dieron un golpe a la democracia», por el proceso independentista en Cataluña.

«Tenían una alternativa para pactar con patriotas y valientes y la rechazaron. ¿A quién pretenden engañar? Toda España ha sido testigo», ha destacado la formación naranja, recordando su ofrecimiento al Gobierno para acordar los Presupuestos y no depender de las fuerzas independentistas.

UNOS PRESUPUESTOS «MALOS PARA ESPAÑA»

En su intervención durante el debate de los PGE este jueves, Arrimadas ha destacado que Bildu y Esquerra han manifestado que su objetivo «es romper España y salir corriendo de este país. «¿Alguien piensa que Otegi va a votar que sí a unos Presupuestos buenos para España y que Ciudadanos va a votar que no? No se lo cree nadie», ha dicho a continuación.

Además, ha asegurado que estos PGE «no son moderados ni progresistas porque no hay nada de progresista en el nacionalismo». «Estos Presupuestos son malos para España», ha concluido.

Según ha explicado, Cs vota que no a las cuentas del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos porque «no son realistas», generarán una deuda pública que será «una losa» para la siguiente generación, «no se ayuda» a pymes y autónomos a afrontar la crisis del coronavirus, «no se apoya al sector turístico», «no se contemplan medidas de conciliación para las familias» y «no se apuesta por la innovación».

Aun así, se ha mostrado satisfecha del papel que ha desempeñado la formación naranja al «tender la mano al Gobierno» para negociar los Presupuestos, consiguiendo «frenar locuras» que habrían supuesto una mayor presión fiscal, y también al apoyar las prórrogas del estado de alarma decretado ante la crisis sanitaria.