La oposición quiere aprovechar la sesión de control al Gobierno del miércoles en el Congreso, la última del año, para pedir cuentas sobre la gestión de la crisis migratoria que padece Canarias, con preguntas al presidente Pedro Sánchez y a los ministros de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y de Transportes, José Luis Ábalos.

Así consta en las preguntas registradas para ese Pleno, a las que ha tenido acceso Europa Press, una sesión a la que no acudirá el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha ya comunicado su ausencia en la misma.

En concreto, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, preguntará al jefe del Ejecutivo si estaría dispuesto a consensuar con las instituciones canarias una «gestión solidaria a escala estatal» para hacer frente a esta crisis, «de manera que la atención a los menores y los adultos sea compartida por el conjunto del Estado».

«¿Considera que el traslado clandestino desde Canarias a la Península de inmigrantes que entraron irregularmente en territorio nacional merece una explicación del Gobierno que se ajuste a la verdad», reza textualmente la pregunta que ha registrado el ‘popular’ Carlos Rojas para el ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

De su lado, ERC ha registrado una pregunta para que algún miembro del Gobierno explique «cómo se está gestionando la acogida de personas refugiadas» en el archipiélago.

FRENAR LA «INVASIÓN»

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es el destinatario de la pregunta registrada por el vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quien intentará que le aclare cuál se su responsabilidad en el transporte aéreo a la península de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias.

Además, Vox ha decidido dedicar también la situación de la inmigración en España su interpelación al Gobierno. En concreto, los de Santiago Abascal exigirán al Ejecutivo que concrete qué medidas va a poner en marcha para frenar lo que Vox considera una «invasión migratoria».

Este debate dará lugar a la una moción que Vox podrá someter a votación en una siguiente sesión plenaria, ya en 2021, y que podría aprovechar para que el Pleno se pronuncie sobre la reprobación a Grande Marlaska y Escrivá por su gestión de esta crisis.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este jueves que España se mantiene en el «respeto a las resoluciones de la ONU» para encontrar una solución al contencioso del Sáhara Occidental, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio.

Así lo ha afirmado en declaraciones a medios españoles en Ramala, donde se encontraba cuando Trump ha hecho su anuncio, que se enmarca en un acuerdo por el cual Marruecos entablará relaciones plenas con Israel, igual que han hecho Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán.

González Laya se ha referido en la misma declaración al Sáhara Occidental y al proceso de paz en Oriente Próximo, ambos relacionados con el acuerdo que ha desvelado Trump y en ambos casos se ha remitido a la ONU.

De este modo, ha dado la «bienvenida» a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, igual que a «todas las que han tenido lugar en las últimas semanas», pero ha puntualizado que «queda por resolver» tanto «la paz entre israelíes y palestinos» como «la paz en el Sáhara Occidental».

«En ambos casos la posición de España es muy clara, respeto a las resoluciones de la ONU para buscar una vía de solución a esas dos cuestiones», ha dicho.

Precisamente, el viaje de la ministra a Ramala y Jerusalén ha tenido como objetivo animar a israelíes y palestinos a construir medidas de confianza para poder retomar las negociaciones de un acuerdo de paz que conduzca a una solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad.

En cuanto al Sáhara Occidental, la ONU lo considera un territorio no autónomo. Desde 1991 una misión militar de la organización, la MINURSO, supervisa el alto el fuego entre Marruecos y el Polisario. La misión se renueva cada año, y acaba de serlo hasta el 31 de octubre de 2021.

En esa resolución, el Consejo de Seguridad «exhorta a las partes a reanudar las negociaciones bajo los auspicios del secretario general, sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos posteriores con miras a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable», una solución que «proporcionará la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de disposiciones compatibles con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas».

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado este jueves los trabajos de rastreo de la COVID-19 que distintas administraciones han realizado a través del análisis de las aguas residuales.

El evento ha tenido lugar en la octava edición de la serie de #Biodirectos y ha contado con la participación del subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos de la Dirección General del Agua del MITECO, Francisco Javier Sánchez, quien ha sido el responsable de presentar los resultados del proyecto VATar-COVID-19.

El subdirector ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y organizaciones científicas, así como la existencia de una plataforma de intercambio de información y acceso público que muestra el grado de evolución del virus respecto a la semana anterior, lo que ayuda a la anticipación.

También ha participado en el acto el catedrático de Microbiología y director del Grupo de Virus Entéricos de la Universidad de Barcelona, Albert Bosch, que ha señalado que este tipo de trabajos permite anticipar los rebrotes y ayudar a tomar medidas.

Una afirmación que ha refrendado la científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Gloria Sánchez, aunque en su caso ha matizado que «aún hay retos en los que seguir avanzando», como por ejemplo pulir la técnica, con qué métodos se estandariza la cuantificación del virus en las muestras de aguas residuales o ver cómo futuras mutaciones en el genoma del virus pueden afectar al sistema de detección, entre otras.

El proyecto VATar-COVID-19 (Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana de COVID-19 en aguas residuales) está desarrollado por el MITECO y el Ministerio de Sanidad, con el apoyo del CSIC, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, el CEDEX y las Comunidades Autónomas.

Como detalla el Ministerio, tiene como objetivo identificar la presencia de COVID-19 a través de las aguas residuales de las depuradoras. Para ello se determina la presencia de fragmentos del ARN del SARS-CoV-2 (virus causante de la COVID-19) en las aguas de entrada a la depuradora. Los muestreos se realizan en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Asociaciones provida han criticado la «prisa» del Gobierno por aprobar la ley de eutanasia, después de que este jueves la Comisión de Justicia del Congreso haya aprobado el dictamen sobre esta proposición de ley, y han pedido a los políticos que «paren» esta norma e impulsen en su lugar los cuidados paliativos.

«Es indignante y tristísimo que se deje abandonados a los ancianos, a las personas dependientes que han visto aún más agravada su situación por la omisión de cuidados en la pandemia y por la nula sensibilidad hacia su situación. Sin embargo el gobierno se da prisa para aprobar una ley de eutanasia», ha indicado a Europa Press la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre.

En este sentido, ha pedido que se llame a la eutanasia «por su nombre» pues aunque lo «adornen con apariencias de autonomía y libertad de elección», es «eliminar a las personas, quitarles intencionalmente la vida, es decir, matarlas».

Además, ha criticado que esta ley «pretende aprobarse en medio de un caos total y sin querer atender a las necesidades, bien conocidas y sistemáticamente olvidadas de ancianos, grandes dependientes y enfermos terminales».

Por ello, ha reclamado que en lugar de «quitar de en medio» a los mayores debe haber una «implantación total y de calidad de los cuidados paliativos» pues, según ha precisado, «más de la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas y terminales no tienen acceso a los cuidados paliativos».

En esta línea, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha dicho que los representantes políticos «aún pueden parar esta ley en las Cortes» y, por ello, les ha llamado a escuchar a las personas mayores y a impulsar los cuidados paliativos en lugar de la eutanasia.

«Es necesario ofrecer soluciones reales a un problema real como son las enfermedades terminales o crónicas en el final de la vida humana. Acabar con la vida del paciente a través de la eutanasia no soluciona el problema, directamente elimina una vida humana», ha precisado Ortega en declaraciones a Europa Press.

Además, según ha asegurado, los propios médicos «están reclamando un programa de cuidados paliativos» pues, según manifiestan, «cuando un paciente recibe estos cuidados, descarta la eutanasia».

«No podemos abandonar a nuestros abuelos, la generación del sacrificio, que con tanto esfuerzo han construido un país próspero que hoy disfrutamos las generaciones más jóvenes», ha zanjado.

UN DEBATE SERENO

Por su parte, el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, también ha criticado la «prisa por la tramitación de la ley de eutanasia» que, a su juicio, «evidencia, por enésima vez desde que se anunció, el rechazo a un debate sereno y a la consideración de opiniones profesionales del sector».

«La brecha entre los intereses ideológicos (y económicos) políticos y las demandas sociales es cada vez mayor en España, un país donde los paliativos no llegan a más de 50.000 pacientes cada año, donde hay tanto camino por recorrer aún en lo que a eliminar el sufrimiento de las personas se refiere, mientras que el gobierno sigue imponiendo a trompicones eliminar a las personas que sufren», ha indicado a Europa Press Rodríguez.

Además, ha asegurado que el clima social en España es «claramente adverso» a dicha tramitación, con iniciativas como la de la plataforma de los 7.000 que recoge firmas en contra de la eutanasia y a favor de una ley de paliativos; o como la del movimiento ‘Vividores’, impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que reivindica un «debate secuestrado».

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo considera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero debe comparecer en la Cámara Baja para explicar «su relación de intimidad antidemocrática» con Nicolás Maduro y por qué «arrastra» el nombre de España «ante una tiranía corrupta y criminal».

En respuesta a los que puedan decir que no se puede «controlar» a un expresidente del Gobierno, Álvarez de Toledo ha explicado que no hay que convocarle en esa condición porque «no merece tal honor» sino que hay que citarle en la Comisión para la auditoria de la calidad democrática, lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

«Es una comisión ideal para él. Y ahí es donde tiene que comparecer Zapatero, en calidad no de lo que fue sino de lo que es, experto transatlántico en la devastación de las democracias. Seguro que Podemos, ERC y el partido de su amigo Otegi votan a favor», ha enfatizado en su blog ‘Catilinarias’, que ha recogido Europa Press.

ZAPATERO, «AGENTE DE UNA DICTADURA CRIMINAL»

Tras lamentar la «pasividad» de la comunidad internacional estos años mientras empeoraba la situación de Venezuela, ha subrayado que Zapatero empezó ejerciendo de mediador «entre la dictadura chavista y la oposición», y «ofrecía a los presos su libertad a cambio de que legitimaran el régimen.

«Traficaba con esperanzas. Al principio muchos venezolanos le creyeron, deseaban creerle a toda costa. Pero ahora ya ninguno. Zapatero es hoy universalmente reconocido como el portavoz de un dictador y como agente de una dictadura criminal», ha aseverado.

Álvarez de Toledo ha recalcado que el expresidente «ensucia el nombre de España» y ha subrayado que hace meses ya pidió públicamente que se le quitaran «todos los privilegios», «prerrogativas» y «beneficios económicos y logísticos asociados a su condición de expresidente del Gobierno», desde su pensión hasta el derecho a usar la Embajada de España en sus viajes o incluso la sala vip del aeropuerto.

POSICIONES «MARGINALES, INMORALES Y DE EXTREMA CRUELDAD»

A su entender, Zapatero «podrá representar al PSOE» y «podrá representar a Podemos» o incluso al Gobierno de España, que «no se desvincula tajantemente de él y sus gestiones». «Pero no representa a todos los españoles», ha asegurado, para censurar las posiciones «marginales, inmorales y de una extrema crueldad» del expresidente que «chocan» con las que defiende la UE y Naciones Unidas.

Por todo ello, y después de que Zapatero haya llamado a la UE a «una reflexión serena» sobre las sanciones y el reconocimiento del próximo Parlamento, Álvarez de Toledo ha insistido en que el expresidente del Gobierno tiene que comparecer «de manera urgente ante el Congreso para «explicar con detalle su relación de intimidad antidemocrática con Maduro».

«Tiene que explicar qué gestiones ha realizado a lo largo de estos años en beneficio de la prolongación y consolidación de la dictadura y, sobre todo, a cambio de qué. ¿Cuál es el insólito motivo por el que cuál se arrastra, arrastra su nombre y el de España ante una tiranía corrupta y criminal?», se ha preguntado la diputada del PP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental, por entender que su propuesta de autonomía, «seria, creíble y realista», es «la única base» para una solución «justa y duradera» que garantice «la paz y la prosperidad» en la zona.

«Marruecos reconoció a Estados Unidos en 1777. Por tanto, lo correcto es que reconozcamos su soberanía sobre el Sáhara Occidental», ha escrito Trump en Twitter, al anunciar la firma de una orden ejecutiva que representa una victoria simbólica para Rabat en un momento especialmente delicado.

El mandatario norteamericano, que abandonará el cargo el 20 de enero, ha anunciado este cambio en el marco de otro «histórico» acuerdo, según el cual Marruecos e Israel han pactado el establecimiento pleno de relaciones diplomáticas. Marruecos se suma así a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán, que también firmaron acuerdos similares al auspicio de Estados Unidos.

Rabat plantea una autonomía limitada para la antigua colonia española, mientras que el Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), defiende el derecho de autodeterminación.

La Casa Blanca ha señalado en un comunicado que «Estados Unidos cree que un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto y que la autonomía genuina bajo soberanía marroquí es la única solución factible», por lo que plantea que las partes se sienten a negociar «cuanto antes» con el plan de Rabat como «único marco» sobre la mesa.

Además, Estados Unidos quiere alentar sus relaciones económicas con Marruecos, también en lo que concierte al Sáhara Occidental y, con este objetivo, abrirá un nuevo Consulado en la localidad de Dajla «para promover las oportunidades económicas y de negocio para la región».

LA «PROFUNDA GRATITUD» DEL REY

Trump ha realizado esta batería de anuncios tras una llamada telefónica con el rey de Marruecos, Mohamed VI, que le ha expresado su «profunda gratitud» ante un reconocimiento que ha calificado de «histórico», según la agencia de noticias oficial MAP.

La orden ejecutiva de Trump tiene un «innegable» efecto «jurídico y político», en opinión de Rabat, que considera reforzada la alianza «estratégica» con Washington gracias a «un apoyo franco y sin ambigüedad a la marroquinidad del Sáhara». En este sentido, ha considerado la apertura del Consulado norteamericano en Dajla como un «primer» ejemplo de este acercamiento.

«Esta posición constructiva de Estados Unidos viene a reforzar la dinámica de consagración de la marroquinidad de Sáhara marroquí confirmada por las posiciones de apoyo de un conjunto de países amigos, así como por las decisiones de numerosos países de abrir consulados en nuestras provincias del sur», reza el mensaje oficial.

DESPUÉS DE LA ESCALADA EN GUERGUERAT

Las autoridades marroquíes han aprovechado para recordar que la orden ejecutiva de Trump tiene lugar después de la operación lanzada en la zona de Guerguerat –«decisiva y eficaz»–, con el objetivo de «mantener la seguridad y la estabilidad en esta parte del territorio marroquí» y «garantizar la libre circulación de personas y bienes».

La ONU, que supervisa el alto el fuego pactado en 1991, ha apelado a la calma en el Sáhara Occidental, a la espera de que el secretario general, António Guterres, designe un enviado especial tras más de un año y medio en el que el puesto ha permanecido vacante –el expresidente alemán Horst Koehler dimitió en mayo de 2019–.

El Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado –o incluso de un referéndum– que no termina de llegar. El último acercamiento entre las partes llegó de la mano de Koehler, aunque entonces ni las autoridades de Marruecos ni el Polisario se movieron de sus respectivas posiciones.

La asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) ha presentado este jueves un proyecto de preparación gratuita para aquellos opositores a la carrera judicial y fiscal que no tengan recursos económicos. Asimismo han lanzado al Ministerio de Justicia una propuesta de becas públicas para la preparación de opositores basada en el modelo vasco.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación señala que desde hace tiempo se preocupan por la falta de medios y ayudas para la preparación del acceso a la Carrera Judicial de los opositores en general, y especialmente de aquellos sin recursos o con recursos limitados.

Recuerdan que conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Constitución los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Y mencionan además el artículo 103 que establece que los poderes públicos deben garantizar el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad.

Por eso, recalcan que estas previsiones constitucionales sólo pueden cumplirse si se garantiza que cualquier graduado o licenciado en Derecho pueda opositar para ser juez o fiscal con independencia de sus circunstancias personales o económicas.

Al hilo, desde JJpD inciden en que los gastos de quien quiere opositar son importantes debido a la «ardua fase de estudio» que comprende un desembolso en libros, preparadores y academia. Y añaden que también supone un gasto elevado para las familias y para el propio opositor el hecho de que durante el tiempo que dedica a prepararse, no pueda tener otros ingresos.

«Es importante resaltar que una oposición que requiere una dedicación de unas 8-10 horas de estudio diario no es compatible con el desempeño de ningún trabajo para obtener ingresos, so pena de colocarse en una posición de desigualdad respecto de los opositores que no necesitan trabajar. Esta desigualdad es precisamente la que se pretende evitar con las becas», dicen en su documento propositivo.

EL MODELO A SEGUIR Y UNA POSIBLE CUANTÍA DE LAS BECAS

En esta tesitura, dicen desde la asociación de jueces, los poderes públicos deben garantizar un sistema de becas públicas que permita a los opositores con menos recursos tener las mismas posibilidades y opciones que el resto de aspirantes.

Por este motivo, han elaborado una propuesta de becas públicas estatales, sobre la base de las becas que ya ofrece la Comunidad Autónoma del País Vasco y las que ya fueron ofrecidas en 2008 a nivel estatal.

En ella detallan que el número de becas necesario se calcula atendiendo a cada territorio, «si bien cabe tomar como referencia las 40 becas ofrecidas en el País Vasco para el ejercicio 2020-2021». Y resaltan la importancia de que las becas se mantengan en el tiempo, que exista una convocatoria cada año para favorecer a todas las personas que las necesiten, y que se extienda a lo largo de los cinco años que se tarda de media en completar la preparación.

Según el cálculo de JJpD, cada beca al menos en cada uno de los dos primeros años de estudio debería rondar los 6.600 euros (550 euros mes). Y recuerdan que en 2008 la beca estatal ofrecía o bien una dotación anual de 3.000 euros por beca, o bien el acceso a préstamos de hasta 10.000 euros anuales en condiciones ventajosas tanto de tipo de interés (0%) como en los plazos de devolución (con 4 años de periodo de carencia y otros 4 de amortización).

Unido a lo anterior, JJpD ha constituido una bolsa de preparadores para ofrecer preparación gratuita a opositores sin recursos compatible con el sistema de becas propuesto. Estas iniciativas forman parte de un conjunto de propuestas que el nuevo Secretariado de la asociación quiere presentar progresivamente en los próximos meses, tanto a nivel de acceso como a nivel de Derecho Orgánico, con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de los futuros jueces y de los miembros de la Carrera Judicial.

Esta no es la primera vez que desde la asociación proponen medidas como éstas. De hecho ya en enero recordaron al Gobierno que el sistema de acceso a la carrera judicial era mejorable sobre todo desde el punto de vista socioeconómico.

El que por entonces era su portavoz, Ignacio González Vega, explicó que ya en octubre de 2019 dirigieron al Ministerio de Justicia (entonces dirigido por Dolores Delgado), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas una propuesta para establecer las bases para el otorgamiento de becas públicas destinadas a la preparación de oposiciones a la judicatura y fiscalía.

Y recordaban que La recesión económica y la creciente desigualdad resultante suponía que los aspirantes no partían de la misma casilla de salida para lograr el objetivo y el anhelo de ser juez.

El Ministerio de Sanidad ha respondido al requerimiento al que le obligó hace diez días el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con una notificación remitida este jueves en la que elude dar a conocer los nombres del comité de expertos citado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargados de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de covid.

Argumenta que la propia Ley de Transparencia le obliga a pedir antes a estos expertos que se pronuncien sobre la citada solicitud de información.

En una breve notificación realizada por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Sanidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento de Salvador Illa señala al particular reclamante que su petición afecta a derechos de terceros, por lo que con fecha de este jueves, 10 de diciembre, se les ha dado traslado «para que realicen alegaciones sobre la solicitud de acceso a dicha información», para las que disponen de un plazo de respuesta de 15 días hábiles.

En la resolución no se señala nada respecto del número de expertos del citado comité sobre la pandemia, un dato que también fue requerido por el abogado reclamante y que no supone una información que deba entenderse que afecte a terceras personas o a sus derechos o intereses.

Simplemente, se indica que el artículo 19.3 de la propia Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que «si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas».

Sanidad informa al reclamante de esta circunstancia y de la suspensión del plazo que le dio el Consejo de Transparencia para dar a conocer los nombres, que era de diez días hábiles desde que se comunicó tal orden el pasado 30 de noviembre.

De este modo, retrasa la resolución del asunto «hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación», continúa la notificación.

EL TRÁMITE LLEGA TARDE

Expertos consultados por Europa Press señalan que la consulta a los miembros del comité científico sobre la afectación que puede suponerles el conocimiento público de sus identidades debió realizarla el Ministerio del Sanidad cuando recibió la primera solicitud del abogado, que se interesó por este asunto el pasado mes de mayo, al tratarse de un trámite que la propia Ley de Transparencia prevé anterior a la respuesta oficial.

Sin embargo, Sanidad optó por no reclamar esta alegaciones y simplemente responder negativamente a la solicitud del ciudadano.

Por ello, las mismas fuentes interpretan la respuesta de Illa como un intento de demorar la orden del Consejo de Transparencia, que ya analizó el asunto y resolvió que el derecho a la información del ciudadano reclamante estaba por encima del derecho a la protección de datos de los expertos del comité científico.

Tras esta respuesta, al reclamante solo le queda esperar la respuesta definitiva tras recogerse las alegaciones de los expertos o ir a un contencioso-administrativo ante el Ministerio de Sanidad, puesto que las resoluciones del Consejo de Transparencia sí son ejecutables incluso con petición de medidas disciplinarias a dictar contra la Administración.

EL SILENCIO DE ILLA

Precisamente este jueves Illa ha eludido responder en sede parlamentaria a la exigencia que le ha planteado el PP para que diera a conocer en dicho foro los nombres de los integrantes del comité de experto, tal y como le había solicitado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La diputada ‘popular’ Ana Pastor ha aprovechado su primera intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para pedir al ministro que cumpla con esa resolución del CTBG. Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité», ha defendido.

No obstante, Illa no ha hecho ninguna referencia a este asunto durante su respuesta a la diputada ‘popular. Después, en su turno de réplica, Pastor ya no ha vuelto a retomar este asunto, ni tampoco el ministro en su intervención final.

La CNMC ha publicado este jueves su aportación a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la contribución de la política de competencia al Pacto Verde (Green Deal), que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050 con el desarrollo de una sociedad justa y próspera, que permita desarrollar una economía moderna y competitiva, así como eficiente en el uso de los recursos.

La Comisión Europea ha recabado contribuciones de las autoridades, asociaciones y operadores en tres ámbitos: control de ayudas estatales, persecución de conductas anticompetitivas y control de concentraciones. Estas serán compartidas en una conferencia que se organizará el próximo año.

La política de competencia por sí misma tiene su incidencia en la sostenibilidad, ya que propicia la innovación tecnológica y fomenta la competencia entre empresas para ofrecer al consumidor productos y servicios más sostenibles. La sostenibilidad debe ser considerada como un factor diferencial de competitividad que juega a favor de los consumidores y que la política de competencia debe reforzar.

Aunque, en general, competencia y sostenibilidad son complementarias, en ocasiones no es así, por lo que debe alcanzarse un equilibrio socialmente satisfactorio entre ambas. El test de necesidad y proporcionalidad es la mejor forma de determinar dicho punto de equilibrio.

En este sentido, la CNMC considera que la integración de consideraciones de sostenibilidad en el análisis de competencia debe ajustarse a los siguientes principios: dar la necesaria predictibilidad a los operadores económicos acerca de cómo se valorarán sus actuaciones con arreglo al derecho de competencia; mantener la coherencia de las normas de competencia y su interpretación dentro de la UE, evitando la fragmentación del mercado interior; y preservar la competencia efectiva en el mercado interior, de forma que se pueda realizar un «ajuste fino» pero no una transformación radical.

Además, no debe obviarse que una acción proactiva en sostenibilidad por parte de las autoridades de competencia requiere disponer de una mayor especialización en estas cuestiones (perfiles profesionales, metodologías de evaluación, etc.).

AYUDAS DE ESTADO

La CNMC considera necesario realizar una cuidadosa evaluación de los riesgos que supone modificar la normativa de las ayudas de Estado. Debe permitirse a cada país reflejar su preocupación por la sostenibilidad sin que ello propicie distorsiones sobre la competencia en el mercado interior.

Entre las propuestas concretas de la CNMC, destaca clarificar la normativa en materia de autoconsumo eléctrico, el desarrollo de una red de puntos de recarga para lograr un verdadero despliegue del vehículo eléctrico, y de tecnologías de producción no maduras, junto con la reducción de incentivos a las actividades productivas que se apoyen en combustibles fósiles cuando sea técnicamente posible utilizar energías limpias. Además, la contratación pública puede ser un instrumento igualmente eficaz para frenar el cambio climático.

Los acuerdos entre operadores que suponen una mejora ambiental clara y no implican una restricción de los parámetros esenciales de la competencia están permitidos por la normativa de competencia. Los acuerdos que, además de suponer un beneficio ambiental claro, conlleven también una restricción de la competencia, son aceptables siempre que cumplan con las exigencias de la normativa de competencia (art. 101.3 TFUE y 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia en España).

Sin embargo, existe un claro límite que se debe respetar: los objetivos de sostenibilidad no pueden ser nunca una excusa para autorizar cárteles.

A este respecto, la CNMC señala que, con la finalidad de estimular la adopción de acuerdos de cooperación positivos para los objetivos de sostenibilidad, debe darse a los operadores mayor seguridad jurídica al nivel de la UE sobre el tipo de actuaciones que pueden llevar a cabo sin infringir las normas de competencia y sobre la evaluación de las eficiencias.

CONTROL DE CONCENTRACIONES

Las concentraciones empresariales pueden tener un impacto negativo sobre la sostenibilidad en determinadas ocasiones, al reducir la innovación o la competencia entre operadores sostenibles. También son preocupantes las denominadas ‘killing acquisitions’, esto es, operaciones cuyo único o principal objetivo para la empresa adquirente es hacerse con el control de la empresa adquirida para evitar el desarrollo o la comercialización de una tecnología más limpia.

Por otra parte, algunas concentraciones empresariales pueden favorecer el logro de objetivos de sostenibilidad. La inclusión de criterios de sostenibilidad como parte del análisis de eficiencias requeriría una revisión de los instrumentos de evaluación (conceptos, herramientas y perfiles).

El presidente de Unidad Editorial y de la Asociación de Medios de Información (AMI), Antonio Fernández-Galiano, ha defendido la necesidad de «reivindicar la relevancia del periodismo y su función como pilar básico de la democracia», y ha marcado distancias con otras fuentes informativas que ha traído la revolución digital en las que «el anonimato es la norma de funcionamiento».

Fernández-Galiano se ha expresado así durante la ponencia ‘El periodismo de calidad en la era de la posverdad’, en el marco de la jornada Claves 2021 organizada por la Asociación Mundial de Medios Informativos (WAN-IFRA) y AMI, en la que también ha participado Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

En la jornada, moderada por el secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, Miguel Ángel Aguilar, el presidente de Unidad Editorial ha afirmado que «hay que tomarse más en serio el periodismo» y ha destacado que en España hay 103 periódicos a pesar de la crisis económica de 2008 y de las nuevas dificultades para el sector que ha traído la Covid-19.

El presidente de Unidad Editorial y de la AMI ha subrayado que los agregadores de noticias y las grandes plataformas como Google han hecho mucho daño a los medios de comunicación. «Están construyendo un gran negocio con nuestros contenidos y con las inversiones que hacen las compañías de telecomunicaciones», ha declarado, para después lamentar que «fiscalmente no dejan ningún beneficio en España».

En este sentido, Nemesio Rodríguez ha incidido en la necesidad de que los gobiernos potencien la «regulación de las plataformas digitales como ya se está haciendo en países como Francia o Australia» y de que apuesten por la «alfabetización mediática» para que los más jóvenes adquieran conciencia responsable sobre las fuentes informativas. «Necesitamos ciudadanos críticos que tengan la tendencia a desconfiar de lo que les llega por los móviles», ha sentenciado.

Fernández-Galiano ha insistido en que «agregar noticias no es periodismo ni nada comparable» y ha advertido de que las grandes plataformas «han entrado en el mercado de la publicidad y están entrando en el de la información». «Utilizan los contenidos que les damos y los datos sobre los hábitos de nuestros usuarios para hacernos la competencia a nosotros mismos», ha recalcado.

Por ello, Fernández-Galiano ha señalado que «los poderes públicos deben reaccionar» ante esta situación porque «la debilidad de los medios de comunicación significa la propia debilidad de las instituciones democráticas».

Finalmente, Nemesio Rodríguez ha ahondado en ese aspecto y ha asegurado que «una de las mayores amenazas para la democracia es la desinformación, porque socava sus instituciones».

El periodista Ángel Expósito ha sido protagonista del segundo de los encuentros virtuales de ‘La prensa en mi mochila’, el proyecto educativo de la Asociación de la Prensa de Málaga con el que pretende acercar los medios de comunicación a los más de mil alumnos de Primaria y Secundaria que participan este curso.

El director y presentador del programa La Linterna de la Cadena COPE ha animado a los escolares a acercarse a los medios de comunicación y a fomentar su sentido crítico «para lo cual hay que escribir, leer, hablar y viajar», han indicado desde la Asociación de la Prensa en un comunicado.

Ha explicado que «la comunicación es fundamental en esta sociedad, no solo para ser periodista, sino para ser un buen profesional en el campo que sea», y ha puesto como ejemplo que «un buen médico es el que sabe comunicar al paciente lo que tiene y cómo seguir su enfermedad».

Sobre el ejercicio del periodismo, ha destacado que «es fundamental estar en los sitios para contar las cosas tal y como ocurren» y que los periodistas tienen que procurar «que se nos entienda, hablar claro y saber explicar las cosas».

Expósito los ha animado a «ver todas las tendencias, estilos y oficios dentro de los medios de comunicación«, y ha contestado a sus preguntas, muchas de ellas sobre temas de actualidad como la gestión que está realizando el Gobierno central de la pandemia o el veto a periodistas.

En este sentido, ha recordado que la información «es un derecho fundamental», y que el veto a los periodistas «es una forma de censura que no se puede tolerar, como tampoco que no se permitan hacer preguntas, son cosas propias de las dictaduras».

Ángel Expósito Mora (Madrid 1964) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en la XXII Promoción del Curso de Defensa Nacional del Ceseden. Desde septiembre de 2018 dirige y presenta La Linterna de Cope y colabora en La Mañana con Carlos Herrera. Escribe en el Diario ABC; edita un videoblog en ABC.es (El foco de Ángel Expósito), presenta los Foros ABC y colabora en TVE y 13TV.

En su dilatada trayectoria profesional en radio, prensa y televisión ha sido director de la agencia de noticias Europa Press durante diez años y del diario ABC. Galardonado en numerosas ocasiones, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Atlántica Española, pertenece al Consejo Asesor Editorial de KPMG y es miembro de la Asociación de Periodistas Europeos, del Panel Cívico de los Cien y de Periodistas Sin Fronteras.

EL PROYECTO

Está previsto que en torno a unas 2.300 personas se beneficien del programa, ya que no solo se imparten clases a los escolares del último curso de Primaria y del segundo ciclo de Secundaria, también se pretende involucrar al profesorado y las familias con charlas y formación, de manera que toda la comunidad educativa se implique en esta iniciativa que apuesta por la alfabetización mediática.

Los talleres se llevarán a cabo a lo largo del curso 2020/2021 y, además, se realizarán charlas vía telemática con periodistas de reconocido prestigio a nivel nacional. La primera de ellas fue con la periodista y directora del informativo Hora 25 de la Cadena SER, Pepa Bueno el pasado mes de noviembre.

El programa se desarrolla en 40 centros escolares en su mayoría ubicados en zonas necesitadas de transformación social. Para impartir los talleres se cuenta con siete periodistas malagueños, de manera que también se genera empleo en el sector.

La prensa en mi mochila’ cuenta, además, con la colaboración de los diarios SUR, Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, El Noticiero y Viva Málaga, que aportan material para trabajar en las aulas y fomentar así el consumo de medios entre alumnado y profesorado así como conocer las posibilidades pedagógicas que ofrecen las noticias en el aula.

Las sesiones con la comunidad educativa arrancaron el 15 de octubre en el CEIP Jábega y el IES Trayamar. Los otros centros que están participando en este trimestre son en la capital el CEIP Severo Ochoa, Lope de Vega, Manuel Altolaguirre, Miguel de Cervantes, el IES Carlinda, Nuestra Señora de la Victoria, Portada Alta.

En la provincia están el CEIP La Vera Cruz (Antequera), La Gloria (Vélez-Málaga), Fuente del Badén (Nerja), el IES Trayamar (Algarrobo), el Victoria Kent (Marbella), IES Pintor José María Fernández (Antequera), IES Valle del Sol (Álora).

El Estado es ya el propietario del pazo de Meirás tras 82 años en posesión de la familia Franco y en un acto sin la presencia de los herederos del dictador ni de sus abogados, pero sí de los letrados de la Xunta y el Ayuntamiento de Sada y los de la Abogacía del Estado. También participó la subsecretaria de Hacienda, María del Pilar Paneque.

Ha sido en un día «histórico», de «justicia histórica», ha expuesto la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras haber recibido las llaves por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, que dictó la sentencia condenatoria contra los Franco después de la demanda interpuesta por el Estado.

Igual que ningún representante de la familia del dictador acudió en esta jornada, tampoco lo hicieron responsables políticos de las administraciones implicadas. Solo el alcalde de Sada, Benito Portela, estuvo al inicio, a las puertas del edificio, antes de que entrase la comitiva judicial y los técnicos de la Xunta, para comprobar en el caso de estos últimos que los bienes no registraron ninguna modificación desde el inventario.

El alcalde aprovechó su presencia para calificar de «histórico» el día y también para volver a demandar participar en la gestión y asumir las visitas, de las que ha propuesto que sean diariamente, en lugar de cuatro veces al mes como ocurría hasta ahora con la Fundación Francisco Franco.

UN LARGO PROCESO

La entrega se ha producido en el mismo mes en el que Franco asumió la posesión del inmueble en un proceso en el que intervino la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, en agosto de 1938, y con una entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de ese mismo año.

Desde entonces hasta ahora, el pazo, residencia de verano del dictador y que se fue ampliando con «donaciones forzosas», según declara probado la sentencia, ha sido testigo de numerosos eventos, desde consejos de ministros durante la etapa de la dictadura hasta bodas, entre ellas la de 2008, de una bisnieta de Franco. Antes, en 1978, el inmueble registró un incendio.

Una propiedad que ostentó Franco y sus herederos durante 82 años –en el juicio sus letrados alegaron que el pazo se entregó al dictador a título personal no como jefe del Estado– y que el fallo judicial, recurrido ante la Audiencia de A Coruña por los demandados, les quitó al condenarles a su devolución al patrimonio público.

Lo hizo al declarar la sentencia nula la donación de 1938 «por carecer de requisito esencial de forma». También concluyó, frente a los argumentos de los demandados, que la compraventa del 24 de mayo de 1941, con la que Franco inscribió la propiedad, fue una «simulación», acordando por ello la nulidad, al igual que una escritura posterior de 1982.

DEMANDAS DE LOS FRANCO

La entrega «histórica» del pazo -precedida de numerosas movilizaciones– no pone, sin embargo, fin al proceso judicial, pendiente de una sentencia definitiva y de que se agoten todos los posibles recursos tanto en relación al pazo como a los bienes que hay en él.

Y es que, en todo momento, tras la primera derrota judicial sobre la propiedad del pazo, la familia Franco ha reclamado la retirada de «todos» los bienes por entender que no están vinculados a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), de 2008.

Por el momento, sin concretar valor o pertenencia, el inventario de la Xunta ha incluido en su informe un total de 697, desde enseres personales hasta una pista de tenis o las estatuas del Mestre Mateo, pilas bautismales, cruceros o cuadros, entre otros muchos.

A su informe, se suma otro de Patrimonio Nacional, que ha constatado la existencia de bienes de la familia real, entre los que cita una mesa vitrina de la reina Victoria Eugenia.

BIBLIOTECA DE PARDO BAZÁN

Y es que solo el acceso a la entrada principal del pazo –donde estuvieron los numerosos medios de comunicación que acudieron a cubrir las declaraciones realizadas por la abogada general del Estado, Consuelo Castro– supone un viaje al pasado, con trofeos de caza, columnas de piedra y elementos que retrotraen al pasado.

Entre ellos, están, según el inventario efectuado por los técnicos, cuadros del dictador y su mujer Carmen Polo, pero también de la antigua propietaria del inmueble, la escritora Emilia Pardo Bazán, de la que se estima hay en el pazo unos 3.000 volúmenes de su biblioteca.

De hecho en la biblioteca de ella, ubicada en la Torre de la Quimera, tuvo lugar la firma del documento de entrega del pazo. En relación a estos volúmenes, los Franco sostienen que fueron donados al dictador por la viuda del hijo de la escritora.

PROTESTA

Por otra parte, pese a que el día ha sido muy lluvioso, una treintena de personas, entre ellas representantes de las y los ’19 de Meirás’, se han concentrado en el exterior para demandar que el pazo sea devuelto al «pueblo gallego». Con carteles de ‘okupas’, como el que portaba el expresidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Manuel Monge, han querido expresar también su rechazo al franquismo.

En el caso de los ’19 de Meirás’ han planteado también que, en base a la sentencia que no declara a los Franco propietarios del inmueble, se anule el proceso judicial que tienen pendientes tras la denuncia que presentaron contra ellos los herederos del dictador por la ocupación simbólica del pazo en 2017.

A todos los movimientos promovidos desde la sociedad gallega para devolver al patrimonio público lo «expoliado», se ha referido uno de los coautores del libro ‘Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio’, Carlos Babío, presente también a las puertas del inmueble.

Criticando que por parte de las autoridades reunidas el miércoles para debatir los usos y la gestión del pazo no se tuviese en cuenta, para definirlos, «a la gente comprometida que con su lucha democrática y reivindicativa» que facilitó llegar a este día, ha pedido seguir trabajando para recuperar otros bienes para el patrimonio público.

POSTURAS SOBRE LOS USOS

A la espera de una sentencia definitiva y favorable a los intereses del Estado, la Xunta reclama, de producirse este fallo, la gestión. También aboga por convertir el pazo en un «faro de igualdad», primando la figura de Emilia Pardo Bazán, pero «sin blanquear que allí veraneó algunas semanas al año Franco», sostuvo el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, apeló a contar la «verdad» de Meirás y el «paso» del dictador, además de reivindicar a la escritora gallega y la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada defendieron recuperar la «memoria histórica».

Y mientras en los próximos días se concreta el contenido de las visitas, con el objetivo de abrir el pazo en «cinco o seis semanas», la Administración General del Estado tendrá un plazo de 20 días hábiles para determinar qué bienes han de ser entregados a los demandados.

De momento, está confirmado que, entre los que quedarán a depósito del Estado, de forma provisional, no estarán la Casa de las Conchas y el hórreo anexo por no formar parte de la demanda de la Administración, que solo incluía el interior del recinto amurallado.

El movimiento Alerta Roja ha convocado movilizaciones para este 11 de diciembre «por la agonía que padece» el sector de eventos y espectáculos debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de coronavirus, tras las manifestaciones del pasado mes de septiembre.

«Hace ya más de 9 meses que la pandemia que arrasa el mundo entero estalló de lleno sobre nuestras vidas y nuestro sustento. Más de 9 meses viviendo en una agónica carrera de supervivencia que está poniendo en peligro la forma de vida de cientos de miles de familias del Sector de los eventos y espectáculos, de toda la cadena de valor», han señalado desde la asociación.

Tal y como ha explicado a Europa Press un portavoz de la asociación, las concentraciones y ‘funerales’ tendrán lugar a las 12.00 horas en 19 ciudades españolas –todas a la misma hora, salvo Zaragoza, que se hará por la tarde por «cuestiones burocráticas–.

Alerta Roja ha recordado que lleva desde el inicio de la pandemia reclamando a las Administraciones Públicas que se reconozca al sector «como especialmente perjudicado y en especial vulnerabilidad». Además, durante ese tiempo han pedido la aplicación de medidas concretas y extraordinarias, hasta poder recuperar la actividad.

«La actividad paralizada, limitada y restringida desde el pasado mes de marzo lleva a un colapso por la incertidumbre de la evolución de la pandemia, y con la única certeza de que será la última en recuperarse», han añadido.

Por esta «situación de abandono, desamparo y desatención» por parte de las Administraciones Públicas en todos los ámbitos territoriales, desde Alerta Roja han convocado salir de nuevo a las calles «para seguir dando visibilidad a la dramática situación que están sufriendo las 800.000 familias que viven del sector.

Iván Espada, portavoz de Alerta Roja, ha explicado a Europa Press que las acciones se celebrarán bajo el lema ‘#AlertaDeLuto’ –ya que consideran a las administraciones públicas «responsables de la muerte del sector». Vamos a buscar una fórmula responsable y solidarizándonos con lo que le puede parecer a gente ajena al sector», ha destacado.

Entre las ciudades confirmadas están Albacete, Alicante, Almería, Palma, Ibiza, Barcelona, Castellón, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Desde el inicio de la pandemia hasta septiembre las pérdidas de música en directo ascienden a mas de 600 millones de euros y la Federación de Música en España, Es Música, ha recalculado sus previsiones económicas y estima unas pérdidas de 1.265 millones de euros en el plazo de un año.

Espada ha calificado de «drama» la situación actual del sector musical, recordando que un tercio de los profesionales técnicos han perdido su trabajo y «es probable que no lo recuperen». «Hay una descapitalización profesional en el segmento técnico, con un 32% de pérdidas de profesionales que son prácticamente irrecuperables», ha lamentado.

«PROMESAS INCUMPLIDAS»

Para Espada, «lo único que ha cambiado» ha sido la aplicación del último Real Decreto, que instauraba 432 euros por tres meses a trabajadores por cuenta ajena que no hubieran tenido acceso a ningún otro subsidio. Según los cálculos de Alerta Roja, esto afectaba a un 10% del sector y han podido acceder a las ayudas «muy pocos profesionales».

«El logro de ese ridículo e insuficiente Real Decreto es que por fin se dan cuenta de que necesita medidas especificas por ser específico. Pero necesitamos homogeneizar de la manera más urgente los criterios de cada comunidad, porque hay una coctelera regulativa», ha concluido, alertando que en los últimos meses «se ha avanzado poco o nada».

Alerta Roja ha justificado las movilizaciones, entre otro motivos, por «consentir la descapitalización de las empresas y el abismo a la ruina», no considerar al sector como una «industria generadora de mucha riqueza y empleabilidad», no tener en cuenta las múltiples enmiendas presentadas y no corregir las carencias de los Reales Decretos aprobados o por «las promesas incumplidas» en las reuniones mantenidas con diferentes ministerios.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Alicante una organización criminal supuestamente dedicada a canjear ilícitamente permisos de conducir rumanos por el carné español y han detenido a 13 personas por un presunto delito de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la organización investigada supuestamente llevaba operando durante más de tres años y habría conseguido que más de 500 ciudadanos, en su mayoría nacionalizados rumanos de ascendencia moldava, canjearan ilícitamente sus permisos de conducir rumano por un permiso español.

Para conseguir los permisos de conducir, los ciudadanos rumanos, que residían en distintos países de la Unión Europea, presuntamente se trasladaban hasta Alicante donde la organización, a cambio de una cantidad de dinero, les realizaban contratos falsos de arrendamiento de viviendas para que pudieran empadronarse en España y obtener de manera fraudulenta el certificado de empadronamiento.

Seguidamente, eran trasladados a distintas comisarías de Policía Nacional de las provincias de Alicante y Murcia, donde aportaban los empadronamientos en el Registro de Ciudadanos Extranjeros para obtener el número de identificación de extranjero (NIE) y el Certificado de Residencia de la Unión Europea (CUE).

Una vez conseguidos todos estos documentos, la organización los presentaba en la Dirección General de Tráfico de Alicante para el canje de los permisos de conducir rumanos de origen moldavo por un permiso de conducir español.

En el transcurso de la investigación, los agentes localizaron un domicilio en la ciudad de Alicante donde la organización criminal alojaba a los ciudadanos rumanos llegados de otros países mientras les gestionaban los distintos documentos, que obtenían a cambio de cantidades de dinero que rondaban los 2.500 euros por persona. La Policía calcula que la organización pudo obtener más de un millón de euros.

Para poder llegar a la plena desarticulación de toda la red, los investigadores realizaron numerosos dispositivos de vigilancia e intervinieron distintas líneas telefónicas que dieron como resultado la detención del presunto líder y del resto de miembros del grupo criminal, que suman un total de 13 detenidos hasta el momento.

AGENTE INMOBILIARIO

Entre los detenidos se encuentra un agente inmobiliario presuntamente encargado de captar empadronadores, que eran los que a cambio de 200 euros realizaban los contratos de arrendamiento falsos. Los agentes han localizado viviendas –en localidades de Murcia, Alicante, Albacete, Almería y Granada–, algunas con más de 20 empadronados. Cuatro de los empadronadores también han sido arrestados.

Hasta el momento, se ha podido acreditar que más de 475 ciudadanos rumanos han obtenido el canje del permiso de conducir ilícitamente y para ello todos habían obtenido el NIE y el CUE de forma fraudulenta a través de contratos falsos de arrendamiento ya que no eran residentes en España.

Asimismo, para obtener el certificado de residencia de la Unión Europea se daban de alta en la Seguridad Social como falsos autónomos para poder acreditar medios de vida en España.

Para captar a los clientes la organización se anunciaba a través de la página web www.permis-ok.com, donde se facilitaba toda la información necesaria para el trámite del canje de los permisos de conducir, con teléfonos de contacto e indicaciones sobre la documentación que debían aportar los ciudadanos rumanos para obtener dichos permisos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al grupo de UCRIF 1 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante. Los detenidos, de nacionalidad rumana y española, entre otras, y de edades comprendidas entre los 25 y los 58 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.

Las okupaciones ilegales de viviendas han aumentado a 11.793 casos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el mes de septiembre de 2020 en el conjunto de España, continuando Cataluña a la cabeza de la estadística, ya que concentra el 48% del total, con 5.670 denuncias sobre allanamientos o usurpaciones.

Los datos constan en una respuesta parlamentaria del Gobierno al Grupo Parlamentario del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press. El último dato conocido era el del primer semestre de 2020, que reflejaba un incremento del 5% sobre el mismo periodo del año anterior, al registrarse 7.450 denuncias en el conjunto de España.

Es decir, en los tres últimos meses –de enero a septiembre– se han registrado otras 4.343 denuncias por ‘okupación’. En septiembre, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron instrucciones internas para facilitar los desalojos inmediatos en los delitos relacionados con el allanamiento de viviendas.

Según los datos del ámbito de competencia del Ministerio del Interior, Cataluña sigue encabezando hasta septiembre la estadística con un total de 5.670 casos, de los que 4.119 se concentran en la provincia de Barcelona. En el primer semestre el dato era de 3.611 hechos conocidos de ‘okupación’, un 13,2% más si se comparaba con el mismo periodo de 2019.

COMPARACIÓN CON OTRAS CCAA

La Comunidad de Madrid mejora notablemente estas cifras al registrarse 1.024 hechos conocidos vinculados a la okupación, frente a los 1.801 casos de Andalucía –de los que 616 se concentran en la provincia de Sevilla– o los 969 casos de la Comunitat Valenciana –559 dentro de la provincia de Valencia–.

El resto de comunidades autónomas que concentran más hechos conocidos relacionados con la okupación son Canarias (475), Castilla-La Mancha (467), Murcia (282), Baleares (239), País Vasco (175), Castilla y León (145) y Galicia (138). Las que menos en números totales –sin tener en cuenta la población– son Extremadura (79), Navarra (69), Cantabria (41), Asturias (32), Ceuta (16), Melilla (12) y La Rioja (8).

El Gobierno explica en su respuesta por escrito que los datos reflejan la categoría de ocupación de inmuebles tanto por allanamiento de morada como por la usurpación, y que se incluye «todo tipo de inmuebles, residenciales o no, que, estando vacíos, han sido ocupados al constar estos datos agrupados en las correspondientes bases informáticas».