El Estado es ya el propietario del pazo de Meirás tras 82 años en posesión de la familia Franco y en un acto sin la presencia de los herederos del dictador ni de sus abogados, pero sí de los letrados de la Xunta y el Ayuntamiento de Sada y los de la Abogacía del Estado. También participó la subsecretaria de Hacienda, María del Pilar Paneque.
Ha sido en un día «histórico», de «justicia histórica», ha expuesto la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras haber recibido las llaves por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, que dictó la sentencia condenatoria contra los Franco después de la demanda interpuesta por el Estado.
Igual que ningún representante de la familia del dictador acudió en esta jornada, tampoco lo hicieron responsables políticos de las administraciones implicadas. Solo el alcalde de Sada, Benito Portela, estuvo al inicio, a las puertas del edificio, antes de que entrase la comitiva judicial y los técnicos de la Xunta, para comprobar en el caso de estos últimos que los bienes no registraron ninguna modificación desde el inventario.
El alcalde aprovechó su presencia para calificar de «histórico» el día y también para volver a demandar participar en la gestión y asumir las visitas, de las que ha propuesto que sean diariamente, en lugar de cuatro veces al mes como ocurría hasta ahora con la Fundación Francisco Franco.
UN LARGO PROCESO
La entrega se ha producido en el mismo mes en el que Franco asumió la posesión del inmueble en un proceso en el que intervino la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, en agosto de 1938, y con una entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de ese mismo año.
Desde entonces hasta ahora, el pazo, residencia de verano del dictador y que se fue ampliando con «donaciones forzosas», según declara probado la sentencia, ha sido testigo de numerosos eventos, desde consejos de ministros durante la etapa de la dictadura hasta bodas, entre ellas la de 2008, de una bisnieta de Franco. Antes, en 1978, el inmueble registró un incendio.
Una propiedad que ostentó Franco y sus herederos durante 82 años –en el juicio sus letrados alegaron que el pazo se entregó al dictador a título personal no como jefe del Estado– y que el fallo judicial, recurrido ante la Audiencia de A Coruña por los demandados, les quitó al condenarles a su devolución al patrimonio público.
Lo hizo al declarar la sentencia nula la donación de 1938 «por carecer de requisito esencial de forma». También concluyó, frente a los argumentos de los demandados, que la compraventa del 24 de mayo de 1941, con la que Franco inscribió la propiedad, fue una «simulación», acordando por ello la nulidad, al igual que una escritura posterior de 1982.
DEMANDAS DE LOS FRANCO
La entrega «histórica» del pazo -precedida de numerosas movilizaciones– no pone, sin embargo, fin al proceso judicial, pendiente de una sentencia definitiva y de que se agoten todos los posibles recursos tanto en relación al pazo como a los bienes que hay en él.
Y es que, en todo momento, tras la primera derrota judicial sobre la propiedad del pazo, la familia Franco ha reclamado la retirada de «todos» los bienes por entender que no están vinculados a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), de 2008.
Por el momento, sin concretar valor o pertenencia, el inventario de la Xunta ha incluido en su informe un total de 697, desde enseres personales hasta una pista de tenis o las estatuas del Mestre Mateo, pilas bautismales, cruceros o cuadros, entre otros muchos.
A su informe, se suma otro de Patrimonio Nacional, que ha constatado la existencia de bienes de la familia real, entre los que cita una mesa vitrina de la reina Victoria Eugenia.
BIBLIOTECA DE PARDO BAZÁN
Y es que solo el acceso a la entrada principal del pazo –donde estuvieron los numerosos medios de comunicación que acudieron a cubrir las declaraciones realizadas por la abogada general del Estado, Consuelo Castro– supone un viaje al pasado, con trofeos de caza, columnas de piedra y elementos que retrotraen al pasado.
Entre ellos, están, según el inventario efectuado por los técnicos, cuadros del dictador y su mujer Carmen Polo, pero también de la antigua propietaria del inmueble, la escritora Emilia Pardo Bazán, de la que se estima hay en el pazo unos 3.000 volúmenes de su biblioteca.
De hecho en la biblioteca de ella, ubicada en la Torre de la Quimera, tuvo lugar la firma del documento de entrega del pazo. En relación a estos volúmenes, los Franco sostienen que fueron donados al dictador por la viuda del hijo de la escritora.
PROTESTA
Por otra parte, pese a que el día ha sido muy lluvioso, una treintena de personas, entre ellas representantes de las y los ’19 de Meirás’, se han concentrado en el exterior para demandar que el pazo sea devuelto al «pueblo gallego». Con carteles de ‘okupas’, como el que portaba el expresidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Manuel Monge, han querido expresar también su rechazo al franquismo.
En el caso de los ’19 de Meirás’ han planteado también que, en base a la sentencia que no declara a los Franco propietarios del inmueble, se anule el proceso judicial que tienen pendientes tras la denuncia que presentaron contra ellos los herederos del dictador por la ocupación simbólica del pazo en 2017.
A todos los movimientos promovidos desde la sociedad gallega para devolver al patrimonio público lo «expoliado», se ha referido uno de los coautores del libro ‘Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio’, Carlos Babío, presente también a las puertas del inmueble.
Criticando que por parte de las autoridades reunidas el miércoles para debatir los usos y la gestión del pazo no se tuviese en cuenta, para definirlos, «a la gente comprometida que con su lucha democrática y reivindicativa» que facilitó llegar a este día, ha pedido seguir trabajando para recuperar otros bienes para el patrimonio público.
POSTURAS SOBRE LOS USOS
A la espera de una sentencia definitiva y favorable a los intereses del Estado, la Xunta reclama, de producirse este fallo, la gestión. También aboga por convertir el pazo en un «faro de igualdad», primando la figura de Emilia Pardo Bazán, pero «sin blanquear que allí veraneó algunas semanas al año Franco», sostuvo el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, apeló a contar la «verdad» de Meirás y el «paso» del dictador, además de reivindicar a la escritora gallega y la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada defendieron recuperar la «memoria histórica».
Y mientras en los próximos días se concreta el contenido de las visitas, con el objetivo de abrir el pazo en «cinco o seis semanas», la Administración General del Estado tendrá un plazo de 20 días hábiles para determinar qué bienes han de ser entregados a los demandados.
De momento, está confirmado que, entre los que quedarán a depósito del Estado, de forma provisional, no estarán la Casa de las Conchas y el hórreo anexo por no formar parte de la demanda de la Administración, que solo incluía el interior del recinto amurallado.
