El sector de eventos se moviliza el viernes para protestar por «la agonía que padece»

El movimiento Alerta Roja ha convocado movilizaciones para este 11 de diciembre «por la agonía que padece» el sector de eventos y espectáculos debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de coronavirus, tras las manifestaciones del pasado mes de septiembre.

«Hace ya más de 9 meses que la pandemia que arrasa el mundo entero estalló de lleno sobre nuestras vidas y nuestro sustento. Más de 9 meses viviendo en una agónica carrera de supervivencia que está poniendo en peligro la forma de vida de cientos de miles de familias del Sector de los eventos y espectáculos, de toda la cadena de valor», han señalado desde la asociación.

Tal y como ha explicado a Europa Press un portavoz de la asociación, las concentraciones y ‘funerales’ tendrán lugar a las 12.00 horas en 19 ciudades españolas –todas a la misma hora, salvo Zaragoza, que se hará por la tarde por «cuestiones burocráticas–.

Alerta Roja ha recordado que lleva desde el inicio de la pandemia reclamando a las Administraciones Públicas que se reconozca al sector «como especialmente perjudicado y en especial vulnerabilidad». Además, durante ese tiempo han pedido la aplicación de medidas concretas y extraordinarias, hasta poder recuperar la actividad.

«La actividad paralizada, limitada y restringida desde el pasado mes de marzo lleva a un colapso por la incertidumbre de la evolución de la pandemia, y con la única certeza de que será la última en recuperarse», han añadido.

Por esta «situación de abandono, desamparo y desatención» por parte de las Administraciones Públicas en todos los ámbitos territoriales, desde Alerta Roja han convocado salir de nuevo a las calles «para seguir dando visibilidad a la dramática situación que están sufriendo las 800.000 familias que viven del sector».

Iván Espada, portavoz de Alerta Roja, ha explicado a Europa Press que las acciones se celebrarán bajo el lema ‘#AlertaDeLuto’ –ya que consideran a las administraciones públicas «responsables de la muerte del sector». «Vamos a buscar una fórmula responsable y solidarizándonos con lo que le puede parecer a gente ajena al sector», ha destacado.

Entre las ciudades confirmadas están Albacete, Alicante, Almería, Palma, Ibiza, Barcelona, Castellón, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Desde el inicio de la pandemia hasta septiembre las pérdidas de música en directo ascienden a mas de 600 millones de euros y la Federación de Música en España, Es Música, ha recalculado sus previsiones económicas y estima unas pérdidas de 1.265 millones de euros en el plazo de un año.

Espada ha calificado de «drama» la situación actual del sector musical, recordando que un tercio de los profesionales técnicos han perdido su trabajo y «es probable que no lo recuperen». «Hay una descapitalización profesional en el segmento técnico, con un 32% de pérdidas de profesionales que son prácticamente irrecuperables», ha lamentado.

«PROMESAS INCUMPLIDAS»

Para Espada, «lo único que ha cambiado» ha sido la aplicación del último Real Decreto, que instauraba 432 euros por tres meses a trabajadores por cuenta ajena que no hubieran tenido acceso a ningún otro subsidio. Según los cálculos de Alerta Roja, esto afectaba a un 10% del sector y han podido acceder a las ayudas «muy pocos profesionales».

«El logro de ese ridículo e insuficiente Real Decreto es que por fin se dan cuenta de que necesita medidas especificas por ser específico. Pero necesitamos homogeneizar de la manera más urgente los criterios de cada comunidad, porque hay una coctelera regulativa», ha concluido, alertando que en los últimos meses «se ha avanzado poco o nada».

Alerta Roja ha justificado las movilizaciones, entre otro motivos, por «consentir la descapitalización de las empresas y el abismo a la ruina», no considerar al sector como una «industria generadora de mucha riqueza y empleabilidad», no tener en cuenta las múltiples enmiendas presentadas y no corregir las carencias de los Reales Decretos aprobados o por «las promesas incumplidas» en las reuniones mantenidas con diferentes ministerios.