El Ibex 35 experimentaba un rebote del 1,74% en la media sesión de este lunes, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.203 enteros a las 12.01 horas, después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hayan acordado prorrogar las negociaciones sobre el acuerdo comercial del Brexit.

En concreto, Von der Leyen y Johnson han pedido este domingo un «esfuerzo adicional» a los negociadores de ambos lados para que continúen en Bruselas las negociaciones para salvar un acuerdo de última hora.

De esta forma, el selectivo madrileño recuperaba la cota psicológica de los 8.200 puntos, con la mayor parte de los valores en verde, en una semana marcada además por la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades estadounidenses han puesto en marcha ya la operación ‘Velocidad Endiablada’, la iniciativa para distribuir la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, por la que los primeros 2,9 millones de dosis llegarán este mismo lunes a 145 puntos del país.

A mediodía, solamente cuatro valores cotizaban en negativo: Siemens Gamesa (-1,56%), Acciona (-0,92%), Endesa (-0,75%) y Colonial (-0,06%). En el lado contrario destacaban los ascensos de Banco Sabadell (+5,54%), Bankinter (+5,07%), IAG (+4,77%), Banco Santander (+3,67%), CaixaBank (+3,46%) e Inditex (+3,41%).

En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 46,97 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 50,45 dólares.

El resto de bolsas europeas cotizaban también en verde, con ascensos del 0,31% para Londres, del 1,08% para París, del 1,09% para Fráncfort y del 1,17% para Milán.

Por su parte, la prima de riesgo española cedía posiciones hasta 63 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,001%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2156 ‘billetes verdes’.

El Consejo Económico y Social de España (CES) propone desligar la inversión pública de los escenarios económico y político para aprovechar al máximo los fondos europeos y acelerar la recuperación.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del informe ‘Inversión pública en España. Situación actual y prioridades estratégicas’, que ha presentado este lunes el CES y que ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.

De la Cueva ha destacado que, tras el recorte de la inversión pública llevada a cabo en los últimos años, el Gobierno ha lanzado su plan de recuperación, que amplía el enfoque de la misma, incluyendo como esencial la capacitación del capital humano, porque la formación de los empleados es esencial para crear empleo de calidad.

La inversión en banda ancha es otra de las prioridades del Gobierno en su plan de recuperación para lograr una mayor vertebración social y territorial, así como la transición ecológica, lo que exige la transformación de la industria.

Asimismo, recordó que en los Presupuestos de 2021 se han incluido 27.000 millones de trasferencias de los fondos europeos y ha indicado que es esencial movilizar recursos adicionales del sector privado para incrementar su alcance.

En este sentido, afirmó que la gestión de estos fondos es un reto «enorme», que obligará al Gobierno a realizar una selección de las prioridades y de los proyectos, ya que no se puede cometer «errores del pasado».

De su lado, la presidenta de la AIReF ha pedido poner «especial cuidado» en los proyectos elegidos para financiar con los fondos europeos, y ha indicado que dichos fondos supondrán un «alivio» para la restricción financiera de España.

En su opinión, no es tan importante si lo fondos se absorben en 2021 o 2022, sino que lo realmente importante es tener la capacidad de invertir el dinero a lo largo del periodo de vigencia, y ha añadido que los fondos europeos supondrán la reducción de la deuda pública sobre el PIB de entre 4 y 10 puntos, pero aún superaría el 100% del PIB.

En cuanto al multiplicador fiscal de dichos fondos, que el Gobierno estima en 1,2 puntos, Herrero apuntó que aún es pronto para calcularlo, pero afirmó que se dan varias circunstancias para tener un multiplicador elevado: recesión económica, nivel de inversión mínimo, condiciones de financiación favorable y respuesta coordinada entre varios países.

Herrero apuntó que las reglas fiscales están en suspenso, pero no la supervisión fiscal, que sigue existiendo y tendrá que ejercerse. «Seguimos teniendo como preocupación la sostenibilidad fiscal, por lo que consideramos necesario un plan de consolidación que nos permita ir retornando con la gradualidad necesarios a niveles de deuda más cómodos», reiteró.

Por su parte, el CES también defiende la necesidad de dar un impulso a la inversión pública para evitar el estancamiento económico, reforzar la cohesión social y la vertebración territorial, aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo del bienestar, y movilizar y orientar la inversión privada hacia ámbitos estratégicos.

Asimismo, el CES insta a mejorar la colaboración público-privada para desarrollar proyectos de especial relevancia en el marco del Plan de Recuperación. Para ello, aboga por atender a la seguridad jurídica, la agilidad, la transparencia y la rendición de cuentas para restablecer su papel a la hora de impulsar las inversiones, puesto en tela de juicio a raíz de los excesos y problemas de eficiencia que supusieron años atrás un coste considerable para el erario público.

Los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de noviembre conun total de 2,9 millones de pasajeros, un 84,1% menos que en el mismo mes del año pasado, registrando un total de 72.906 movimientos de aeronaves (un 55,8% menos) y 77.289 toneladas de mercancías (un 25,1% menos).

El descenso del tráfico de pasajeros ha continuado este mes debido a las nuevas restricciones a la movilidad tanto en España como en el resto del mundo provocadas por la nueva propagación de la COVID-19.

Según las cifras de Aena, de la cifra total de pasajeros registrada en noviembre, 2,8 millones correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 1,7 millones viajaron en vuelos nacionales, un 73,3% menos que en noviembre de 2019, y 1,1 millones lo hicieron en rutas internacionales, un 90,2% menos.

Según las cifras de Aena en lo que va de año se han movido por los aeropuertos españoles un total de 72,2 millones de pasajeros, lo que supone un 71,9% menos que hasta noviembre de un año antes. Los descensos ha sido generalizados en todos los aeropuertos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en noviembre el mayor número de pasajeros de la red con 697.692, lo que representa un descenso del 85,4% con respecto al mismo mes de 2019.

Le siguió el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 341.502 (-90,7%); Gran Canaria, con 305.070 (-74,4%); Palma de Mallorca, con 198.580 (-80,2%); Tenerife Norte- Ciudad de La Laguna, con 189.058 (-59,8%); Málaga-Costa del Sol, con 157.089 (-86,6%); y Tenerife Sur, con 151.486 (-84,6%).

En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que registró un mayor número de movimientos en noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 10.001 (-70,5%); seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.324 (-78,7%); Gran Canaria, con 5.127 (-52,6%); Palma de Mallorca, con 3.478 (-60,5%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 3.739 (-38,9%); Málaga-Costa del Sol, con 3.164 (-64,9%); César Manrique- Lanzarote, con 2.325 (-51,8%); y Valencia, con 2.052 (-64,9%).

En el acumulado del año se han registrado en los aeropuertos de la red de Aena poco más de un millón de operaciones, lo que supone un 53,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. La caída de operaciones fue de -60,8% en Madrid-Barajas, del -63,8% en Barcelona El Prat y del -65,2% en Palma de Mallorca.

Además, los aeropuertos que tuvieron principalmente actividad no comercial y que contabilizaron un mayor número de movimientos en noviembre fueron Madrid-Cuatro Vientos, con 4.324 operaciones (+39,6%); Sabadell, con 4.105 (-6%); y Jerez, con 3.154 (-16,7%).

En lo que a mercancías se refiere, en el mes de noviembre se transportaron 77.289 toneladas de carga en toda la red, un 25,1% menos respecto al mismo mes de 2019, debido a que una parte muy importante de la carga habitual se traslada en aviones comerciales de pasajeros.

Los cuatro aeropuertos que registraron mayor tráfico de mercancías fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 39.757 toneladas (-25,3%); Zaragoza, 15.270 toneladas (-27%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 10.189 (-36,8%), y Vitoria, con 6.478 toneladas (+14,3%).

Hasta el mes de octubre se han transportado un total de 713.422 toneladas de carga, lo que supone un descenso del -26,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas descendió su transporte de carga en un -28,9%, el de Zaragoza en un -21,1% y el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat un -35,6%.

El 91% de los inversores institucionales sostiene que lleva a cabo una evaluación de factores no financieros de las empresas, como la sostenibilidad o la gobernanza, antes de invertir en ellas, según revela una encuesta llevada a cabo por EY a nivel global.

La proporción de inversores que dice que la información no financiera ha sido «frecuentemente» fundamental a la hora de decidir dónde invertir en los últimos doce meses se ha elevado hasta el 43%, frente al 27% de 2016 y el 34% de 2018.

La práctica totalidad (98%) de los 300 encuestados evalúa el rendimiento no financiero basándose en las divulgaciones corporativas. Un 72% dice que lo hace de una forma metódica y estructurada. En 2013, cuando se inició este análisis, más de un tercio decía que hacía «poca o ninguna» revisión de las divulgaciones no financieras.

Muchos inversores creen que las compañías no informan adecuadamente sobre cómo los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) podrían afectar a sus modelos de negocio. En este sentido se inclina el 42% de los inversores preguntados por los riesgos de gobernanza, el 41% en el caso de los riesgos sociales y el 34% si se les hace referencia a los riesgos medioambientales.

«Los inversores precisan de una mayor estandarización y rigurosidad de los datos no financieros porque contribuye a reforzar la confianza y credibilidad en las empresas y en los mercados. Las organizaciones más concienciadas con los factores ESG tendrán más posibilidades de recuperarse tras la crisis al favorecer la creación de valor a largo plazo», ha sostenido Alberto Castilla, socio de sostenibilidad de EY.

El 83% de los encuestados pone de manifiesto que es necesario contar con un marco formal que permita a las empresas medir y comunicar el valor intangible y así poder evaluar su estrategia de creación de valor a largo plazo, incluyendo un 40% que dice ser «muy necesario». Un 2% de los inversores consultados no ve la necesidad de que las empresas midan y comuniquen el valor intangible.

El estudio ha detectado que los principales retos para que los informes de información ESG mejoren son su desconexión con la información financiera, la falta de información en tiempo real, así como de la información relativa a cómo la empresa crea valor a largo plazo, la necesidad de centrarse en los temas realmente importantes y la falta de visión de futuro en las divulgaciones.

Los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de noviembre conun total de 2,9 millones de pasajeros, un 84,1% menos que en el mismo mes del año pasado, registrando un total de 72.906 movimientos de aeronaves (un 55,8% menos) y 77.289 toneladas de mercancías (un 25,1% menos).

El descenso del tráfico de pasajeros ha continuado este mes debido a las nuevas restricciones a la movilidad tanto en España como en el resto del mundo provocadas por la nueva propagación de la COVID-19.

Según las cifras de Aena, de la cifra total de pasajeros registrada en noviembre, 2,8 millones correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 1,7 millones viajaron en vuelos nacionales, un 73,3% menos que en noviembre de 2019, y 1,1 millones lo hicieron en rutas internacionales, un 90,2% menos.

Según las cifras de Aena en lo que va de año se han movido por los aeropuertos españoles un total de 72,2 millones de pasajeros, lo que supone un 71,9% menos que hasta noviembre de un año antes. Los descensos ha sido generalizados en todos los aeropuertos.

TRÁFICO POR AEROPUERTOS.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en noviembre el mayor número de pasajeros de la red con 697.692, lo que representa un descenso del 85,4% con respecto al mismo mes de 2019.

Le siguió el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 341.502 (-90,7%); Gran Canaria, con 305.070 (-74,4%); Palma de Mallorca, con 198.580 (-80,2%); Tenerife Norte- Ciudad de La Laguna, con 189.058 (-59,8%); Málaga-Costa del Sol, con 157.089 (-86,6%); y Tenerife Sur, con 151.486 (-84,6%).

En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que registró un mayor número de movimientos en noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 10.001 (-70,5%); seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.324 (-78,7%); Gran Canaria, con 5.127 (-52,6%); Palma de Mallorca, con 3.478 (-60,5%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 3.739 (-38,9%); Málaga-Costa del Sol, con 3.164 (-64,9%); César Manrique- Lanzarote, con 2.325 (-51,8%); y Valencia, con 2.052 (-64,9%).

En el acumulado del año se han registrado en los aeropuertos de la red de Aena poco más de un millón de operaciones, lo que supone un 53,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. La caída de operaciones fue de -60,8% en Madrid-Barajas, del -63,8% en Barcelona El Prat y del -65,2% en Palma de Mallorca.

Además, los aeropuertos que tuvieron principalmente actividad no comercial y que contabilizaron un mayor número de movimientos en noviembre fueron Madrid-Cuatro Vientos, con 4.324 operaciones (+39,6%); Sabadell, con 4.105 (-6%); y Jerez, con 3.154 (-16,7%).

UN 25% MENOS DE MERCANCÍAS.

En lo que a mercancías se refiere, en el mes de noviembre se transportaron 77.289 toneladas de carga en toda la red, un 25,1% menos respecto al mismo mes de 2019, debido a que una parte muy importante de la carga habitual se traslada en aviones comerciales de pasajeros.

Los cuatro aeropuertos que registraron mayor tráfico de mercancías fueron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 39.757 toneladas (-25,3%); Zaragoza, 15.270 toneladas (-27%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 10.189 (-36,8%), y Vitoria, con 6.478 toneladas (+14,3%).

Hasta el mes de octubre se han transportado un total de 713.422 toneladas de carga, lo que supone un descenso del -26,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas descendió su transporte de carga en un -28,9%, el de Zaragoza en un -21,1% y el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat un -35,6%.

La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en España ha arrancado este lunes, tal y como estaba programado a partir de la normativa europea, aunque con el operador público, Renfe, todavía como única empresa prestando estos servicios de Alta Velocidad abiertos a la competencia.

Tras el proceso abierto por Adif, el gestor de toda la red ferroviaria, serán tres las compañías que en principio operarán los primeros tres corredores abiertos: la Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona, Valencia y Sevilla.

Competirán con Renfe la francesa SNCF, a través de la marca Ouigo, e Ilsa, consorcio participado por Air Nostrum y Trenitalia, seleccionadas a través de un concurso público que fijó en diez años el periodo para operar.

La intención del operador galo era comenzar sus operaciones este mismo lunes 14 de diciembre, pero la crisis sanitaria provocó en septiembre que retrasara su estreno al 15 de marzo. Ouigo ha comenzado ya a vender billetes a 9 euros entre Madrid y Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona, a partir del 10 de mayo.

Pese a que la francesa ha trasladado su intención de mantener en marzo el inicio de su actividad en España, sus primeros billetes serán para viajar a partir de mayo, puesto que un día antes, el 9 de mayo, está previsto que finalice el actual estado de alarma que restringe la movilidad de las personas.

De su lado, Ilsa no prevé comenzar sus operaciones por la red ferroviaria española de alta velocidad hasta el segundo semestre de 2022.

«MÁS PERSONAS AL TREN»

A pesar de que el objetivo principal de la liberalización es la entrada de la competencia, los tres operadores, así como Adif, han afirmado en numerosas ocasiones que su intención con este proceso no es dividir el número de pasajeros entre ellos, sino hacer que más gente se suba al tren.

Como el tren es el medio de transporte más sostenible para el medio ambiente, el cambio del coche o de cualquier vehículo privado o el avión por el tren repercutiría en una menor contaminación y en una mayor consecución de los objetivos climáticos.

En este sentido, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ya ha defendido que los vuelos de corto recorrido tienen que desaparecer «más temprano que tarde», aunque destaca que el negocio de estas compañías no está en los vuelos de corto recorrido, sino en los internacionales.

Por su parte, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, cree que la liberalización se convertirá en una oportunidad para la empresa pública, ya que «permitirá estimular a la compañía para atraer a más personas al tren», con productos como su tren ‘low cost’, Avlo, o la plataforma de movilidad integral RaaS.

Tras vender hasta 1.000 billetes en una hora en el primer día de comercialización de billetes de Ouigo, su directora en España, Hélène Valenzuela, defendió que esta alta demanda de billetes «refleja el precio atractivo de nueve euros que cuesta el viaje entre ambas ciudades» y constató que había una demanda «que no estaba atendida».

Por último, el consejero delegado de Ilsa, Fabrizio Favara, aseguró recientemente que la compañía invertirá 1.000 millones de euros en España para la puesta a punto de su servicio.

Favara apunta a un objetivo de 50 millones de viajeros anuales en las líneas de Alta Velocidad, lo que supone más que duplicar los 22,4 millones que registró solo Renfe en el último año completo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Durante su intervención en un desayuno ‘online’ de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica «intolerable», que también se realiza en los meses de verano, «que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar».

«Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo», ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos «no aceptables», que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o durante los días de vacaciones.

El ministro ha denunciado que esta práctica «se ha convertido en algo cultural en España», que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España.

También para combatir la temporalidad ha instado a revisar el «nicho de contratos temporales» que existe en los sectores de Educación y Sanidad.

Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.

En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.

Asimismo, y en el marco de la reforma laboral que «requieren» a España las autoridades europeas en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia, Escrivá ha señalado que en dicha reforma deberán incluirse los ERTE, pero orientados a empresas que tengan necesidades temporales de reestructuración y vinculados a la negociación colectiva y a la formación.

Al mismo tiempo, ha explicado que otro de los objetivos de la reforma que se tiene que hacer en el mercado de trabajo debe ser el de mejorar las políticas activas de empleo y el refuerzo de los mecanismos de movilidad laboral. En este sentido, considera que «hay que propiciar mucho más» la movilidad de los trabajadores a zonas con más oportunidades de encontrar empleo, lo que a su vez tiene relación con la vivienda y con las ayudas a la conciliación.

Junto a Escrivá, también ha intervenido en este desayuno el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien en relación a la reforma laboral, ha señalado que las que se hicieron en 2010 y 2012 contribuyeron a mejorar el mercado laboral pero se quedaron cortas en dos de sus grandes problemas estructurales: la dualidad y la elavada tasa de paro de larga duración.

En este sentido, Hernández de Cos cree que es ahí donde deben focalizarse las reformas laborales y ser «valientes» a la hora de aplicar las distintas medidas que se han ido proponiendo para combatir la dualidad del mercado de trabajo. Asimismo, ha apuntado que las políticas activas de empleo en España «son muy disfuncionales» y que debe tomarse nota de lo que se hace en otros países.

En cuanto a la semana laboral de 4 días, Escrivá ha asegurado que no existe ninguna propuesta «sólida» en el ámbito del Gobierno, mientras que De Cos ha reiterado que antes de llevar a cabo una medida de esta naturaleza deben valorarse las implicaciones que podría tener sobre el empleo y la productividad.

Los dos han coincidido en que las medidas adoptadas para combatir los efectos de la pandemia conllevarán un aumento de la deuda y el déficit público, que requerirá de un plan de consolidación fiscal a medio plazo. Escrivá ha destacado la importancia de que los objetivos que se fijen sean alcanzables y no demasiado ambiciosos para evitar su incumplimiento.

Por su parte, el gobernador del Banco de España ha indicado que, aunque no hay que elaborar ya mismo dicho plan de consolidación, sí que convendría empezar a diseñarlo, porque ello contribuiría a ganar en credibilidad.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha respondido este lunes a los usuarios y asociaciones que se manifestarán este martes ante su Ministerio para denunciar el «atasco» del Ingreso Mínimo Vital (IMV): «Nunca explicitamos el horizonte temporal en el que iba a cumplirse el objetivo» de ayudar a 850.000 hogares españoles.

Escrivá ha participado en el evento online de Nueva Economía, en el que ha sido preguntado por las críticas a la gestión de esta prestación que, según explicó el Gobierno en su momento, buscaría reducir el nivel de pobreza del país en un 80%.

«El objetivo nos vincula y pensamos cumplir», ha indicado el ministro que, sin embargo, reconoce que nunca se explicitó el «horizonte temporal en el que este objetivo ha de cumplirse».

En su intervención, ha defendido la labor de su departamento, señalando que en comunidades autónomas donde el IMV regional de aplica «razonablemente bien», han tardado «cuatro años» en lograr un nivel de extensión de la renta garantizada vasca, mientras que el Ministerio ha puesto en marcha en «estos meses» tantas rentas básicas como Andalucía y la Comunidad Valenciana «en 20 años».

UN NIVEL DE RECHAZOS ELEVADO

Escrivá señala que tienen «máxima empatía» con familias y personas vulnerables a las que, además, la pandemia puede haber llevado a una situación crítica, pero ha indicado que «las estrategias políticas se pueden desplegar como se pueden desplegar».

Así, ha señalado que se han registrado más de un millón de solicitudes de las que se han resuelto un «70%», teniendo en cuenta, ha apuntado, que en el 30% restante también hay que incluir las nuevas solicitudes que van llegando. Según ha señalado, quien ha solicitado esta prestación «ya sabe si la ha recibido, si tiene que subsanar la entrega de alguna documentación o que no cumple las condiciones» para recibir las ayudas.

En este sentido, ha reconocido que el nivel de rechazos es «superior» al que su equipo había «establecido» y, por ello, se está realizando «una evaluación muy exigente», con seguimientos de «los microdatos de las personas a tiempo real» y con el objetivo de «corregir lo que se va fallando».

Se trata de una iniciativa «compleja de diseño», ha recordado el ministro, para añadir que el objetivo sigue puesto en las 850.000 familias y que esta medida está presupuestada en las cuentas para 2021. Mientras tanto, ha indicado, siguen existiendo los IMV de las comunidades autónomas y locales.

Los bancos españoles tradicionales cobran una media de 130 euros al año por el mantenimiento de una cuenta corriente a aquellos clientes que no cumplen con las condiciones de vinculación, un importe que asciende a 155 euros si se suma la comisión de mantenimiento media por las tarjetas de débito.

Así concluye la comparativa de la plataforma mejor-banco.com sobre las cuentas más populares de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y Liberbank, si bien la mayoría de estas entidades ofrecen una cuenta gratuita a los clientes más vinculados, domiciliando la nómina o contratando algún seguro.

Si el usuario no está vinculado, la contratación de una cuenta y una tarjeta le costaría un mínimo de 75 euros anuales, con la cuenta corriente y tarjeta de débito de Bankinter, y un máximo de 290 euros, con la cuenta y tarjeta de CaixaBank.

En cuanto a las comisiones operativas, si bien muchas de las comisiones que cobran los bancos son evitables, hacer una transferencia desde la oficina tiene una comisión mínima media de 4,60 euros, siendo BBVA la que más cobra (un mínimo de 8 euros) y CaixaBank y Sabadell los que menos, con 2 euros por transferencia en oficina.

Por tener un saldo negativo, los bancos cobran de media un mínimo de 14 euros de comisión por descubierto, a lo que cada una suma un interés. Algunas entidades también cobran por ingresar cheques, con una comisión mínima de 3,15 euros en el caso del Santander, frente a CaixaBank, Sabadell, Bankia, Kutxabank y Cajamar que no cobran por este servicio.

Cabe recordar que el Gobierno aprobó el pasado año un real decreto ley con el que se garantiza que todos los bancos ofrezcan una cuenta de pago básica para colectivos vulnerables, cuya comisión máxima asciende a 3 euros al mes.

El Pleno del Senado debatirá este lunes y mañana martes los cinco vetos generales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 presentados por PP, Vox, Cs, JxCAT y CC y los 43 vetos a las secciones registrados el viernes y que previsiblemente serán rechazados por la mayoría del PSOE y varios de los grupos que apoyaron las cuentas en el Congreso.

Además, formaciones como PP, Cs, CC o Compromís presentarán miles de enmiendas parciales este lunes, mientras que otras cono JxCAT o PNV dilucidan si registrar enmiendas o no.

Tras la ronda de 35 comparecencias de altos cargos del Gobierno celebradas la semana pasada, la tramitación continuará desde este lunes con el debate en Pleno de las propuestas de los cinco vetos generales y los 43 vetos a las secciones.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de defender el texto de Presupuestos elaborado por el Gobierno en el debate de los vetos, en el que también participarán los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

No obstante, previsiblemente los vetos serán rechazados gracias a la mayoría parlamentaria que ostenta el PSOE en la Cámara Alta, con 113 senadores socialistas del total de 265, a los que se sumarán los senadores de partidos que ya respaldaron las cuentas en el Congreso, como ERC, EH Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe o PRC, por lo que el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación parlamentaria en la Comisión de Presupuestos.

PP, VOX, CS, JxCAT y CC REGISTRAN VETOS

Ciudadanos, al contrario que en el Congreso, ha presentado finalmente un veto en el Senado, después de conseguir limitar las subidas de impuestos en el proyecto de Presupuestos tras los primeros contactos con el Gobierno, que abrieron la posibilidad de que los ‘naranjas’ apoyaran las nuevas cuentas.

Sin embargo, en el Congreso terminaron votando en contra por las contrapartidas obtenidas por ERC y por EH Bildu y al ver cómo el PSOE y Unidas Podemos tumbaban prácticamente todas sus enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos.

Ahora, Cs presenta una propuesta de veto argumentando que es el Ejecutivo quien, al rechazar sus propuestas, «enmienda a la totalidad» las negociaciones que mantuvieron, alejando así la posibilidad de «un acuerdo moderado», además de qujarse de que no atienden su demanda de ayudas directas a pymes y autónomos y de medidas de conciliación, carecen de unas previsiones sólidas, faltan reformas estructurales y no hay «ningún compromiso» por la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Ciudadanos se suma así al PP, que registró un veto general y 22 a las secciones y que considera que los PGE suponen el «adiós definitivo» de España a la recuperación económica y al empleo, además de cuestionar sus previsiones y criticar su «fiscalidad confiscatoria» a las clases medias, marcando una «ruinosa línea continuista» respecto al Gobierno de Zapatero.

Vox también ha registrado otro veto general a los PGE y en principio no tiene previsto registrar enmiendas parciales este lunes, tal y como ya hizo anteriormente en el Congreso.

De su lado, Junts per Catalunya ha presentado un veto general y 19 a las secciones reclamando una solución a un «conflicto claramente político», dada la «grave crisis democrática» de España, y por considerar que «dan la espalda a los catalanes y no resuelven el expolio fiscal» ni los «incumplimientos flagrantes», junto a 19 vetos a secciones del Presupuesto, incluyendo la Casa Real, Hacienda, Economía, Trabajo y Defensa, entre otros.

A su vez, CC ha presentado un veto general y ninguno a las secciones, lamentando que no se cumpla con el Régimen Fiscal Canario y cuestionando que no se usen los mismos criterios que la UE en la distribución de fondos europeos contemplando a las comunidades con un mayor impacto.

MILES DE ENMIENDAS Y JUEGO PARLAMENTARIO

Respecto a las enmiendas parciales, el plazo de presentación finaliza este lunes a las 18 horas, por lo que las distintas formaciones preparan la presentación de miles de enmiendas. El PP ultima su batería de enmiendas, en línea con las registradas en el Congreso, así como Cs y CC, mientras que Vox en principio no registrará ninguna, tal y como ya hizo en el Congreso.

Por su parte, ERC no registró veto general y a las secciones, así como el PNV (ambas formaciones apoyaron los PGE en el Congreso), si bien la formación catalana no contempla enmiendas parciales mientras que la vasca está dilucidándolo. Compromís, que apoyó las cuentas y no ha registrado vetos, prevé presentar unas 1.000 enmiendas, según han confirmado a Europa Press en fuentes de estos partidos.

DOS SEMANAS DE TRAMITACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEFINITIVA EL DÍA 23

Tras el debate de los vetos y el registro de enmiendas parciales, el miércoles por la mañana se producirá la reunión de la ponencia para proceder al dictamen el jueves 17 tras haber abordado dichas enmiendas.

Las enmiendas que no se acepten en Comisión podrían ser elevadas al Pleno en forma de votos particulares, cuyo plazo de presentación concluirá a las 12.00 horas del viernes 18 de diciembre.

Finalmente, la tramitación concluirá en la sesión plenaria que comenzará el martes 22 de diciembre y se prolongará hasta el día 23, fecha en la que previsiblemente quedarán aprobados los Presupuestos de forma definitiva, aunque podrían ser devueltos al Congreso si se introducen cambios.

En caso de que se produjera cualquier modificación en el texto remitido por la Cámara Baja, o si se aprueba un veto a los Presupuestos, éstos tendrían que volver al Pleno del Congreso, para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levanta el veto.

Si la Cámara Alta no incluye modificaciones, como es la intención del Gobierno, los Presupuestos quedarían definitivamente aprobados el día 23 de diciembre, listos para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor el 1 de enero.

Montero ya avanzó que el Gobierno no tiene previsto que se produzca «ningún tipo de modificación» por iniciativa de los grupos que promueven el proyecto (PSOE y Unidas Podemos) ni por las formaciones políticas que los han respaldado en el Congreso, lo que evitaría su vuelta a la Cámara Baja.

De cualquier forma, el calendario aprobado por el Senado para la tramitación de las cuentas permitiría una entrada en vigor de los Presupuestos el próximo 1 de enero, tal y como confía el Gobierno, ya que en caso de haber cambios, esas enmiendas se votarían en el Congreso el 29 de diciembre.