Una gran escultura de vidrio con la palabra 'Madrid' junto al Oso y el Madroño rinde homenaje desde hoy a los madrileños y su compromiso con el reciclaje en la explanada de Puente del Rey de Madrid Río, con un fondo en el que se puede ver el Palacio Real, la Catedral de la Almudena y la Real Basílica de San Francisco El Grande.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descubierto este miércoles el nuevo conjunto escultórico formado por la palabra 'Madrid' y el icónico Oso y el Madroño construidos a partir de envases de vidrio reciclado, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Con este nuevo monumento de doce metros de largo por casi tres de alto, el Ayuntamiento de Madrid y Ecovidrio rinden tributo a los madrileños y su conciencia medioambiental.

Almeida, que ha estado acompañado del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo; la concejala del distrito, Loreto Sordo, y el director general de Ecovidrio, José Manuel Núñez-Lagos, se ha mostrado convencido de que esta escultura "va a ser un símbolo de la ciudad de Madrid, no solo por el material con el que está realizado, vidrio reciclado, sino por todo lo que representa" .

Asimismo, ha apuntado que "va a ser una manera sin duda de seguir concienciando al conjunto de los ciudadanos de hacer de la sostenibilidad una parte más de nuestra vida cotidiana y para ello es una parte esencial que los madrileños puedan hacer el reciclaje adecuado".

A pesar de la pandemia, en el año 2020 los ciudadanos de Madrid reciclaron una media de 60 envases de vidrio por persona, en línea con la media nacional, lo que implica que el año pasado se depositaran en los contenedores de la capital más de 530.000 envases de vidrio al día, casi 370 envases cada minuto.

En concreto, la ciudad ha experimentado un crecimiento del 41% en la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio en los últimos seis años.

ILUMINACIÓN NOCTURNA SOSTENIBLE

Este nueva escultura de la capital está recubierta con calcín (vidrio reciclado) y teñido de color azul procedente de los envases de vidrio recuperados de los contenedores verdes de la ciudad. Las nuevas letras de Madrid se iluminarán por las noches a través de un sistema led de paneles solares desde la ribera del Manzanares.

El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento incorporará este nuevo 'cuadro' como punto turístico de interés en diversos materiales. Los visitantes podrán encontrarlo en Google Maps como punto destacado, en materiales digitales como la newsletter y en la revista turística, han detallado.

Además de imprimirse en los futuros mapas turísticos de papel, en la tienda de la Casa de la Panadería se colocará un panel destacado y un código QR con información para descargar el mapa con su ubicación.

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Ecovidrio, ha lanzado este mes de marzo la segunda edición de la campaña 'Sencillo Entre Todos' para recordar a los ciudadanos que pequeños gestos como depositar el vidrio en el contenedor verde contribuyen a reducir las emisiones de CO2, haciendo la ciudad más sostenible.

Durante esta primera quincena de marzo, la capital promueve en su campaña una ciudad más "limpia, responsable y sostenible" en banderolas, marquesinas, mupis digitales y pantallas gigantes como las de Callao o el Palacio de Prensa. Además, esta campaña contará con inserciones en televisión, prensa y redes sociales.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido al Gobierno español, mediante una acción simbólica frente al Ministerio de Asuntos Exteriores que no obstaculice la suspensión temporal de patentes COVID-19 que será engociado en el Consejo de los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC), en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El acto, en que además le ha recordado que "la salud es un derecho universal y que, hasta que la última persona esté protegida, no se superará la pandemia de la COVID-19", coincide con el inicio de la ronda de conversaciones de la ADPIC para valorar la aplicación de una exención temporal a determinados derechos de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 hasta que se alcance la inmunidad colectiva.

"Esta medida, que fue propuesta originalmente por India y Sudáfrica en octubre de 2020, cuenta a día de hoy con el respaldo oficial de 58 Gobiernos patrocinadores y con el apoyo de alrededor de 100 países", señalan desde la ONG.

"Un año después del inicio de esta pandemia y a pesar de los dos millones y medio de personas fallecidas, seguimos viendo cómo algunos Gobiernos siguen negando que apoyar la exención de patentes y eliminar temporalmente los monopolios de las herramientas médicas de COVID-19 servirá para ayudar a aumentar la producción y, por tanto, el acceso de las personas a los tratamientos, vacunas y pruebas diagnósticas", dice Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF.

"La propuesta de exención temporal permitiría a los Gobiernos disponer del espacio político suficiente para colaborar en la investigación y el desarrollo (I + D), la fabricación, la ampliación y el suministro de herramientas médicas contra la COVID-19 sin estar sujetos a los intereses y acciones de la industria privada. Y lo que es más importante, permitiría avanzar en el acceso global de la población a estas vacunas, medicamentos y tratamientos", explica González.

"Los países deben dar un paso firme en la dirección correcta y mostrar el liderazgo necesario para cumplir con esa 'solidaridad global' que tan a menudo han citado en sus discursos durante esta pandemia. Es hora de defender el acceso a los medicamentos y vacunas para todas las personas, dondequiera que vivan", añade la responsable de Relaciones Externas de MSF.

ACCIÓN SIMBÓLICA DIRIGIDA A PEDRO SÁNCHEZ

MSF ha organizado una acción simbólica frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, sin público ni medios de comunicación para respetar las medidas de prevención y protocolos de no concentración de personas vigentes en la Comunidad de Madrid. En él, podían verse una serie de cajas apiladas y encadenadas, simbolizando las vacunas que permanecen fuera del alcance de la mayoría de las personas y una serie de mensajes dirigidos a Pedro Sánchez en los que se le insta a tomar partido y no obstaculizar la supresión de algunos derechos de la propiedad intelectual relacionados con la COVID-19 durante la pandemia.

"Queremos decirlo alto y claro: acelerar la producción mundial de vacunas en el menor tiempo posible y facilitar un acceso equitativo en todo el mundo necesita de medidas extraordinarias. La exención de determinados derechos sobre las patentes es un camino directo para aumentar la producción. Las patentes tienen que ser liberadas para que las vacunas lleguen a todo el mundo. Queremos decirle al presidente Pedro Sánchez que este es el momento de dar un paso adelante y demostrar que la buena voluntad no se queda en palabras huecas", afirma.

Hace unos días, Salud por Derecho y MSF recordaban al Gobierno español que tuviese en cuenta el compromiso adquirido en el documento Estrategia de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria frente a la COVID-19 , que reconoce la vacuna como un bien público, así como la necesidad de compartir la propiedad intelectual para afrontar la pandemia de manera global y garantizar la equidad y el acceso.

Y por otro lado, hace menos de dos meses el Consejo de Ministros aprobó un Plan para garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19, que incluye la intención de compartir sus excedentes de vacunas y canalizarlos a través de iniciativas como COVAX (el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19) para que lleguen a países de renta baja y renta media-baja, un anuncio que tanto Salud por Derecho como MSF consideran positivo, pero insuficiente.

"Compartir unos excedentes puede paliar una situación de emergencia, pero no va a solucionar los enormes problemas de acceso actuales y que han dado lugar a una desigualdad dramática entre los países más ricos y más pobres del mundo. La situación excepcional y sin precedentes en la que nos encontramos requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción", aseguraba el mes pasado Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho.

El mes de febrero de 2021 ha sido un 35 por ciento más lluvioso de lo normal, el octavo más húmedo de este siglo, y ha resultado ser el segundo más cálido de este siglo y el tercero desde que hay registros, según el balance meteorológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca además que este segundo mes de 2021 ha sido el de las noches más cálidas de los últimos 60 años.

Además, en 24 observatorios de la red nacional se han batido récord de temperaturas mínimas más altas desde que hay registros. En concreto, la AEMET informa de que la temperatura media de la Península ha sido de 9,5 grados centígrados (ºC), lo que supone 2,5ºC por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1981-2010).

En concreto, se ha tratado del tercer febrero más cálido desde que comenzaron los registros de datos en 1961, por detrás de los de 2020 y de 1990, y por tanto del segundo más cálido del siglo XXI.

Junto al carácter muy cálido en la Península, en Baleares también fue muy cálido, con un valor medio de 12,4ºC lo que supone 2,1ºC más que la media y en Canarias, por su parte, febrero ha sido normal, con una temperatura media de 14,9ºC que coincide con el valor normal del periodo de referencia (1991-2020).

Sin embargo, destaca la anomalía media de las mínimas, que quedaron 3,1ºC por encima de lo normal y fueron las más altas de un mes de febrero desde que hay registros por lo que este mes es el que tiene las nocturnas más altas de toda la serie histórica.

En ese sentido, la AEMET destaca que con unas temperaturas máximas diarias con un promedio de 1,9ºC por encima de las normales, junto con la media de las mínimas, ha dado como resultado una oscilación térmica diaria de 1,2ºC por debajo de lo normal para este mes.

El informe mensual refleja también que las anomalías térmicas más elevadas se dieron en el cuadrante noreste peninsular, donde hubo valores de más de 3 grados de media e incluso anomalías cercanas a los 4 grados centígrados en puntos del Pirineo, del sistema Ibérico y del Golfo de Vizcaya.

Así, precisa que la temperatura más alta del mes, entre observatorios principales, se registró en el del aeropuerto de Tenerife Sur, con 27,4ºC el día 15, aunque esta cifra no supuso un récord. No obstante sí se han registrado efemérides cálidas en Santander, Pamplona y Toledo, donde la temperatura media fue la más alta para un mes de febrero desde que hay registros. En cuanto a las mínimas se han contabilizado efemérides en 24 observatorios.

EL OCTAVO FEBRERO MÁS LLUVIOSO DEL SIGLO

En cuanto a las precipitaciones, el informe de la AEMET informa de que este mes de febrero ha sido húmedo, ya que ha tenido una precipitación media de 71 litros por metro cuadrado, es decir, un 35 por ciento más que el valor normal del periodo de referencia 1981-2010.

Estas lluvias sitúan a febrero de 2021 como el vigésimo segundo más húmedo desde que se comenzaron a anotar datos en 1961 y como el octavo más húmedo del siglo XXI. Por zonas, el mes tuvo un carácter húmedo en la Península, pero fue muy seco en Baleares, mientras que en Canarias, igual que con las temperaturas, ha resultado normal.

Por zonas ha llovido más de un 50 por ciento por encima de lo normal en Galicia, Castilla y León, oeste de Extremadura, extremo occidental de Andalucía, noreste de Castilla-La Mancha y en zonas de Navarra y La Rioja, e incluso en algunas de estas áreas se han llegado a duplicar o triplicar sus valores medios.

En cambio, no se alcanzó la mitad de las lluvias normales en el sureste peninsular y Baleares mientras que en gran parte de Almería, Murcia, Alicante y Baleares no ha llovido ni la cuarta parte de lo habitual.

Respecto a Canarias, la AEMET indica que se acumularon precipitaciones por encima del valor normal en Lanzarote y en el norte del resto de las islas, llegando a duplicarse el valor normal en algunos puntos, mientras que las precipitaciones fueron inferiores al 50 por ciento de la media en el sur de las islas.

Los récord de lluvias se alcanzaron en Segovia, que con 76 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada, registró el valor más alto para un mes de febrero desde que este observatorio comenzó a registrar datos en 1989.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado el cese de todos los consejeros de Ciudadanos, incluido su vicepresidente, Ignacio Aguado, según han informado fuentes del Gobierno regional.

Ayuso comunicó esta mañana al Consejo de Gobierno su decisión de convocar elecciones anticipadas para el 4 de mayo, tras la moción que PSOE y Ciudadanos presentaron en Murcia.

Aguado considero un "capricho" la decisión de la dirigente. "Rompe de facto el acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos de forma unilateral así como su palabra dada, lo cual es desde nuestro punto de vista la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la Presidencia", señaló.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cinco años de cárcel por cohecho y prevaricación al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Fernández Liñares, que fue juzgado junto a nueve empresarios, de los cuales ocho también han sido condenados por estos mismos delitos, pero a un año y tres meses de prisión.

El tribunal también le ha impuesto a Liñares la inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público durante 20 años, así como el pago de una multa de 7.200 euros, según la sentencia que ha difundido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De esta manera, los magistrados consideran acreditado que el acusado, entre 2009 y 2012 adjudicó contratos de obras a sociedades, con cuyos representantes se había puesto de acuerdo, a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus fincas particulares.

Para los ocho empresarios condenados, que durante el juicio reconocieron pagos de cuantías a Liñares a cambio de las adjudicaciones de obras que recibían de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el tribunal también ha impuesto seis años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis meses de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con entes u organismos que formen parte del sector público.

Además, el tribunal ha fallado que estos empresarios, durante un año y nueve meses, no podrán gozar de los beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social. Las penas impuestas coinciden con la petición final que realizó la Fiscalía en el plenario del juicio salvo en el caso del noveno empresario, el único que no reconoció los hechos.

Ese apoderado de una empresa, cuyo abogado fue el único --al margen de la defensa de Liñares-- que pidió nulidad de pruebas y siguió una línea argumental diferente, negó haber entregado cuantías a Liñares. El tribunal lo absolvió por "falta de pruebas", ya que la parte de la instrucción que correspondía con él, precisamente, fue anulada.

Esta es la primera pieza separada de la macro operación bautizada como 'Pokémon' que instruyó Pilar de Lara y que juzgó las comisiones que cobraba o recibía por parte de empresarios que, a cambio, obtenían concesiones de obras de la Confederación.

HECHOS PROBADOS

Los propios empresarios acusados explicaron la dinámica de adjudicaciones y de entregas de dinero, aunque como hizo constar el Ministerio Público en la resolución final, seguían una mecánica de actuación, aunque no un único modus operandi. Así, las declaraciones hechas "ponen de manifiesto una misma mecánica de actuación, tanto en las ofertas con invitaciones como en la intervención del presidente de la CHMS en la realización de las ofertas y, asimismo, en el concierto de pagos a cambio de obras".

Además, los magistrados indican que las intervenciones telefónicas y los seguimientos realizados durante la investigación "ponen a las claras las relaciones habidas entre el presidente de la confederación y los acusados".

Los letrados señalan que el condenado, cuando ejercía de presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, adjudicaba las obras mediante procedimientos negociados, por lo que tenía la obligación de solicitar, como mínimo, ofertas a tres empresas antes de cerrar los contratos.

A la vista de las declaraciones y pruebas, los jueces sostienen que el entonces presidente y los tres empresarios que concurrían a las licitaciones ya habían pactado previamente cuál de ellos sería el adjudicatario del contrato "de antemano". Los otros dos, por tanto, se presentaban para "darle cobertura y apariencia de legalidad" y las empresas se turnaban para conseguir las adjudicaciones.

En la sentencia se consideran probadas las entregas de dinero que oscilaban entre los 15.000 y los 20.000 euros en general y que los empresarios dijeron en el juicio que entregaban o bien porque se las pedía o porque se sobreentendían.

Por otro lado, en la sentencia también se considera probado que Liñares hizo uso de un conductor y un vehículo para "su desplazamiento personal de Lugo a Ourense", cuando la finalizad del contrato de este coche era otro. "Actuando en interés exclusivo de sus negocios y asuntos particulares, hasta el punto de que en la Semana Santa de 2011 ordenó transportar a Lleida una partida de angulas como obsequio a un alto cargo del ministerio".

NULIDAD Y OTRAS CUESTIONES

La defensa de Liñares trató de que no se tuviese en cuenta el valor probatorio de las declaraciones de los coimputados porque les suponía para ellos una mejora de la pena, como así se vieron rebajadas a petición del Ministerio Fiscal. Pero en el fallo judicial, el tribunal desestima los argumentos en este caso.

La absolución del apoderado de una empresa se sustenta en que la única prueba que tenían contra él era la declaración que hizo el propio Liñares ante los agentes de Vigilancia Aduanera cuando regresaban de los registros y pararon a cenar en un local de Santa Comba. Aunque en el juicio se intentó desacreditar también el valor de este documento firmado por parte de la defensa, el tribunal señala que no se trata de un acto judicial que se pueda ver sometido a nulidad.

En todo caso, sí se declararon nulas las diligencias desde el 23 des septiembre de 2012 hasta el 8 de enero de 2013. "Pues entre tales fechas se vio sometido a una situación, la de prisión provisional, de manera ilegítima, esto es privado de manera ilícita del más principal de los derechos que se tutelan como derechos fundamentales de las personas: libertad".

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, la toma en conocimiento del Anteproyecto de Ley para la Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y la continuación de los trámites legales preceptivos hasta su aprobación como proyecto de ley por el Gobierno de Aragón. Se trata de una iniciativa incluida en el Acuerdo de Gobernabilidad para la X Legislatura firmado en agosto de 2019.

La modificación normativa persigue un doble objetivo, ampliamente compartido por las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y también por la sociedad aragonesa: la supresión de los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón y el mantenimiento de 14 escaños mínimos por provincia para la elección a la Cámara autonómica.

En el caso de los aforamientos, la medida se circunscribe a los diputados y diputadas de las Cortes de Aragón y a los miembros del Gobierno de Aragón. El aforamiento es una figura jurídica percibida por la mayoría de la sociedad como anacrónica, propia de épocas pasadas, lo que hace hoy en día difícilmente justificable su encaje con el artículo 14 de la Constitución española, que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos.

Por ello, y porque la confianza en la independencia del poder judicial y en la jurisdicción ordinaria es plena, se propone la reforma de los artículos 38.2 y 55 del Estatuto de Autonomía vigente.

En el segundo caso, se propone la modificación del artículo 36 del vigente Estatuto de Autonomía con el fin de asegurar el mantenimiento de la representatividad de las provincias menos pobladas, consolidando un modelo territorial equilibrado que combine adecuadamente los criterios territoriales y poblaciones.

Tras el Acuerdo de Investidura y Gobernabilidad para la X Legislatura en Aragón alcanzado por las organizaciones políticas que conforman el Gobierno de Aragón, se llegó a unos acuerdos programáticos entre los que figuraba promover la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

En concreto, el punto 7 de este Acuerdo hablaba de "promover la Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes y el Gobierno de Aragón y modificar el Estatuto en lo que respecta al mantenimiento de los 14 diputados mínimos por provincia para la elección a las Cortes de Aragón".

De acuerdo a la normativa, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, dictaron el 6 de agosto de 2020 una orden en la que se encomendaba a la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Fondos Europeos y a la Dirección General de Relaciones Institucionales la elaboración del anteproyecto de ley y el impulso de los trámites pertinentes hasta su aprobación como proyecto de ley.

Tras la toma de conocimiento de hoy, se solicitará informe tanto al Consejo Económico y Social de Aragón como a las secretarías generales técnicas de los Departamentos del Gobierno de Aragón. Se recabará asimismo informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos y un dictamen (también preceptivo) del Consejo Consultivo de Aragón.

Tras estos pasos, el anteproyecto se someterá a la aprobación del Gobierno de Aragón, para la remisión posterior del proyecto aprobado a las Cortes, momento en el que iniciará su tramitación parlamentaria. Posteriormente, la tramitación final deberá culminarse en las Cortes Generales, que deberán aprobar la reforma mediante ley orgánica.

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de 25 años de cárcel para un hombre de 42 años enjuiciado esta semana por un jurado popular en Granada por el supuesto asesinato de su compañera sentimental, en agosto de 2018 en Dúrcal, en la comarca de El Valle de Lecrín, clavándole un cuchillo "hasta en ocho ocasiones".

Así lo han indicado fuentes del caso, que han detallado que el Ministerio Público, pide, de forma alternativa, 15 años de prisión en caso de que los hechos fueran calificados como homicidio, si no viera alevosía el jurado, que se ha retirado a deliberar tras recibir el objeto del veredicto este miércoles en la Real Chancillería de Granada, donde la Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este juicio.

Concurren en todo caso la agravante de género, y la mixta de parentesco, según la Fiscalía, que interesa también, una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad del menor, así como la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros, así como de comunicarse con el mismo, durante 30 años.

Se suman a la petición de 25 años por supuesto asesinato la acusación particular, que ejerce el letrado Francisco Ruiz Baena, en nombre de la madre y el hijo de la víctima, y la popular, que ejerce la Junta de Andalucía en defensa del interés general, en el marco de la legislación contra la violencia de género. La defensa interesa la libre absolución o, alternativamente, una condena por homicidio imprudente, según las mismas fuentes.

En la declaración con que dio comienzo este pasado lunes el juicio, el procesado mantuvo que ella habría caído encima de la navaja que portaba en el transcurso de una discusión dentro del coche que él conducía en torno a las 00,00 horas del 14 de agosto de 2018.

A preguntas de la fiscal, el acusado, marroquí con permiso de residencia comunitaria, negó, asistido por un traductor, desavenencias en la pareja hasta que, unas dos semanas antes de los hechos, ella "empezó a tomar drogas", por lo que empezaron a hacerse frecuentes las discusiones y los "gritos" de ella.

El procesado, que pidió, en el inicio de su declaración, "perdón" a la familia y manifestó su "dolor" por lo sucedido, mantenía una relación con la víctima, que estaba a punto de cumplir 21 años cuando falleció, desde 2013, y convivía con ella en Dúrcal desde que ella fue mayor de edad, habiendo tenido un niño, inscrito solo como hijo de la víctima.

La Fiscalía mantiene, en su escrito de acusación provisional, que el procesado, en prisión provisional por estos hechos desde ese día, conducía supuestamente un vehículo por los alrededores de Dúrcal, con ella en el asiento de copiloto.

Según la fiscal, "en un momento dado, el acusado, con el evidente propósito de causarle la muerte a su pareja, esgrimió un cuchillo con un filo de 13,5 centímetros de largo y 2,9 centímetros en su parte más ancha, y se lo clavó" a ella "hasta en ocho ocasiones".

La víctima "no pudo en forma alguna defenderse por lo repentino e inesperado de la acción, eliminando la forma de proceder del acusado toda posibilidad de reacción" por su parte.

Una de las heridas le perforó el pulmón izquierdo, según detalla el Ministerio Público, "provocando pérdida masiva de sangre hacia cavidad torácica izquierda y hacia el exterior del cuerpo" provocándole la muerte.

Fue sobre las 0,20 horas cuando el acusado llegó con ella en el vehículo al centro de salud de Dúrcal, "tocando el claxon", y "gritó" al médico y celador de guardia "cúrala". "A preguntas del facultativo sobre el origen de las lesiones", habría esbozado la palabra "puñalada" para marcharse luego corriendo.

Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que "ya había fallecido", detalla también el fiscal para quien el acusado causó la muerte de su pareja "por el hecho de ser mujer y culminando un acto de dominio y superioridad sobre ella, pues desde el inicio de la relación había sido frecuente" que "le gritara y dirigiera improperios".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ha convocado elecciones anticipadas en la región el 4 de mayo para adelantarse a una moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

"Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar", ha declarado desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en una comparecencia ante los medios.

Según Ayuso, "la inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia, y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad", la ha llevado a esta situación.

Así, ha defendido que es "el momento de pensar en grande", de olvidarse de sí mismos y de decidir que es mejor para los ciudadanos". Tras disculparse ante los madrileños por la situación, Ayuso ha insistido en que después "de lo visto y leído", si no tomaba esa decisión Ciudadanos y el PSOE "hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid".

"Quiero que sepan que, si no llego a disolver la cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana me hubieran impedido convocar, y como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno. No me puedo permitir que Madrid se pare ahora", ha manifestado.

Juristas creen que primará la voluntad de Isabel Díaz Ayuso de disolver la Asamblea de Madrid para convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid sobre las mociones de censura presentadas por PSOE y Mas Madrid al tener efectos desde que se ha dictado el decreto de disolución pese a no haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

La ruptura de Ayuso con Cs para convocar elecciones podría acabar en los tribunales ante el debate jurídico que se abre después de que Más Madrid haya registrado una moción de censura contra la presidenta de forma paralela. Las dudas sobre la validez jurídico las resolvería la jurisdicción de lo Contenioso-Administrativa.

El Gobierno regional comunicó formalmente, a través de una carta, al presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que se había firmado el decreto para la disolución de la Cámara autonómica y la convocatoria de elecciones, según se recoge en la misiva.

La carta está firmada por la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y en ella indica que "a efectos informativos en ejercicio de las competencias previstas", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, ha acordado la "disolución de la Cámara con anticipación al termino de la legislatura". La disolución se ha formalizado mediante decreto 15 /2021, que entrará mañana en vigor, de disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones.

El presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Alberto Dorrego, ha señalado que habría que acudir a "criterios de fundamento racional de las instituciones" ya que "el derecho de disolución" de una cámara regional es "una facultad que tiene cualquier presidente de una comunidad autónoma para evitar precisamente mociones" como ha sido el caso de lo ocurrido en Madrid.

El abogado ha explicado en primer lugar que una vez presentada una moción de censura, el presidente de una comunidad autónoma no podría disolver el Parlamento regional.

"La duda es si, una vez disuelta la cámara, qué pasa si se presenta una moción. La respuesta es categóricamente que no se puede porque atentaría contra la esencia del derecho de disolución y su concepto constitucional. La facultad que tiene un presidente de disolver las cámaras es un equilibrio del sistema parlamentario", ha señalado.

En el caso de que el decreto de disolución no esté publicado en el BOCM, no supondría que no tuviera efectos dado que, a juicio del abogado, prima "la voluntad de disolución en el momento que se dicta el decreto" y que en este caso ha sido en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

"El decreto tiene validez desde que se dicta. Es un acto de disolución con efectos desde que se dicta", ha reseñado el experto en Derecho Administrativo.

El asunto podría acabar en los tribunales dado que el acto de disolución por parte de un presidente autonómico puede ser susceptible de control de la jurisdicción Contencioso-Administrativo no desde el punto de vista de su contenido político, sino de si se han cumplido los requisitos legales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado este miércoles elecciones anticipadas en la región para el 4 de mayo rompiendo así el Gobierno PP y Ciudadanos, tras año y medio de rifirrafes con su vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Ignacio Aguado, y una dura gestión de la pandemia.

La relación entre socios no fue fácil prácticamente desde el primer minuto y es que las negociaciones se extendieron de mayo a agosto. Ambos partidos necesitaban a Vox para apoyar su legislatura y Ciudadanos se negaba a aceptar algunas de sus exigencias.

Finalmente el partido, que lidera en la región Rocío Monasterio, rebajó sus peticiones y renunció a pedir la derogación de las leyes LGTBI. "Somos tres partidos diferentes pero tenemos muchas cosas en común", declaró entonces la presidenta.

Las primeras discrepancias llegaron con el nombramiento de los consejeros. La formación naranja lanzó a través de las redes sociales el hashtag #EquipoAguado, que recogía las prioridades que tenían los consejeros designados por Ciudadanos para esta nueva legislatura. Desde el PP criticaron que parecía la presentación de un Gobierno a parte al del de los 'populares'.

A partir de ahí, fueron constantes los desacuerdos cada semana, en su mayoría relacionados con la exposición ante los medios y los anuncios que ambos partidos hacían de sus consejerías, casi siempre de espaldas a su socio de gobierno.

En noviembre hicieron un acto conjunto para celebrar sus cien días al frente del Ejecutivo. A pesar de que comparecieron juntos, Ayuso y Aguado escenificaron ese día sus discrepancias en cuanto a la relación con Vox. Además, el vicepresidente en su intervención únicamente alabó a los consejeros de su partido.

La presidenta madrileña declaraba que veía "dos gobiernos en uno", en multitud de ocasiones votaban de manera distinta en la Asamblea de Madrid y con la llegada de la pandemia, en el mes de marzo, las diferencias se hicieron aún más grandes. La competencia de Sanidad era del PP y la presidenta era quien tomaba las decisiones, en ocasiones sin informar a su vicepresidente y portavoz.

CRISIS DE LAS RESIDENCIAS

El mayor incendio se produjo debido a la crisis de las residencias de mayores, cuya competencia recaía en Políticas Sociales, consejería de Ciudadanos que dirigía Alberto Reyero. Este escribió correos electrónicos, posteriormente filtrados a los medios, al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en los que denunciaba la existencia de unos protocolos que impedían derivar mayores a los hospitales.

Precisamente, desde esta Consejería se produjo un error relacionado directamente con la presidenta regional. Ayuso se hospedó durante la pandemia en una habitación de hotel cedida por la compañía Room Mate.

En medio de la polémica se filtró a los medios un contrato, dependiente del área, en el que se recogía que la Comunidad de Madrid había pagado a dicha empresa una cuantía por los hoteles que se medicalizaron a los mayores.

Fue un "error" dado que la adjudicataria era la Coordinadora del Tercer Sector por prestar los servicios sociosanitarios en el inmueble. Ayuso quiso cesar al consejero, pero Aguado lo frenó, aunque este acabo dimitiendo meses después. Se hizo entonces más sonora la posibilidad de convocar elecciones, aunque no llegó a producirse en ese momento.

En la desescalada, los anuncios a los medios volvieron a ser el foco del conflicto. Uno de ellos vino de la mano de la creación del Grupo Covid-19, que acodaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta en una reunión.

Dicho grupo fue encabezado por el vicepresidente y desde el PP criticaron en diversas ocasiones como Aguado quería monopolizar los contactos y se adelantaba en sus declaraciones al propio consejero de Sanidad.

PRESUPUESTOS EN EL AIRE

Al comienzo del año, Aguado y Ayuso parecían haber firmado momentáneamente la paz con la presentación de un acuerdo entre PP y Ciudadanos de cara a los Presupuestos regionales, que necesitaba el visto bueno de Vox. Nunca se desgranaron los detalles del acuerdo y su negociación con la formación de Abascal se vio interrumpida por la campaña catalana.

La semana pasada, la presidenta y la líder de Vox avanzaban la negociación, lo que escenificaron con un encuentro en la cafetería de la Asamblea de Madrid, al margen de su vicepresidente. Casi a la vez, dentro del Pleno de la Asamblea, la formación 'naranja' anunciaba una Ley de Igualdad sin que el PP lo supiera.

ÚLTIMA POLÉMICA

La última polémica pública entre ambos dirigentes vino a causa de unas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la semana pasada del vicepresidente, quien indicó que, a su parecer, los vacunados de coronavirus deberían tener libre movilidad. El PP salió rápidamente a señalar que esto era una opinión del vicepresidente y no de la Consejería de Sanidad.

Aguado replicó después en una entrevista en radio que los socios no son "sometidos ni sumisos" y la presidenta contestó en otro medio de comunicación una hora más tarde. "Las ruedas del Consejo de Gobierno están para hablar acerca de lo que se ha expresado en ese Consejo de Gobierno", sentenció, al tiempo en el que indicó que ella no hablaba de competencias de la formación 'naranja'.

Ya este miércoles Aguado no compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo. Tras la moción presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, Ayuso anunciaba en la reunión previa que disolvía la Cámara regional y convocaba elecciones.

Un informe realizado por el Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna ha puesto de manifiesto que en las grandes disposiciones normativas que se han ido dictando por parte del Gobierno e España desde que se decretó el estado de alarma, hace ya un año, ha habido importantes avances en materia de igualdad, aunque no suficientes, así como el impacto que ha tenido, sobre todo durante el confinamiento, en el aumento de la violencia de género.

Así se desprende del informe 'Impacto de género de la crisis de la covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género', que ha sido coordinado por la directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la ULL, Margarita Ramos, y financiado por el Gobierno de Canarias a través de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este informe ha sido presentado en un acto que ha contado con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, Margarita Ramos; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, y, vía telemática, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señaló que este informe pretende concluir si los poderes públicos "están haciendo las cosas bien" como consecuencia de la pandemia y, sobre todo, poder orientar actuaciones cumplidas y determinar si se está produciendo una compensación a las personas más vulnerables.

Por su parte, Victoria Rosell dijo que esta crisis está afectando de manera desigual a hombres y mujeres, en las que recae la mayor sobrecarga de trabajo y que también sufren mayor precariedad y pobreza laboral, de ahí que el Gobierno haya enfocado esta crisis de manera que no dejase atrás a las mujeres.

El objeto del informe ha consistido en analizar las normas que se han dictado durante el estado de alarma para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la covid-19 y si éstas han tenido en cuenta la perspectiva de género y la especial incidencia que la propia pandemia ha tenido sobre las mujeres.

Así, en materia de protección del derecho a la vivienda, el informe pone en valor la adopción de una importante batería de medidas por parte del Ejecutivo con el fin de garantizar la disponibilidad de un techo a los colectivos más vulnerables, con un claro impacto de género dada la feminización de la pobreza.

Estas medidas se acompañan de otras para garantizar los suministros básicos a la ciudadanía, como la luz, el agua o el gas, especialmente a colectivos vulnerables. A este respecto, el estudio concluye que la garantía de suministros básicos de energía y agua acordada en beneficio de colectivos vulnerables, así como la prórroga del bono social de electricidad, son también medidas con un impacto positivo de género, al proporcionar a los colectivos económicamente más vulnerables los recursos mínimos e imprescindibles para una vida digna.

En cuanto a las mujeres víctimas de violencia de género, el informe pone de relieve que desde que se decretara el estado de alarma se pusieron en marcha medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios destinados a su protección y asistencia, sobre todo teniendo en cuenta que el confinamiento y la prórroga del estado de alarma ha aumentado los casos de violencia de género y, exponencialmente, el numero de denuncias como consecuencia de que el propio confinamiento obligaba a mujeres y niñas a vivir en estrecho contacto con sus maltratadores y en un contexto de tensión debido, entre otras cosas, a la disminución de ingresos. De hecho, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 400% y un 57,9% las propias llamadas al 016.

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL Y LABORAL.

Otra de las conclusiones del informe tiene que ver con el apoyo a la economía y mantenimiento del empleo. En este punto el informe concluye que aún cuando no hay datos registrados desagregados por sexo que permitan hacer una valoración general del alcance de los efectos de los ERTE y la protección por desempleo vinculada a los mismos, se puede afirmar que una política de prestaciones y subsidios por causa del desempleo generado por la crisis de la covid-19 ha estado dirigida en mayor proporción y ha apoyado en mayor medida a las mujeres, pues son ellas quienes, aun cuando no suponen ni la mitad de los ocupantes del mercado laboral, son mayoría en cuanto sujetos perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora y a la ciudadanía, destacan las que tienen por objeto alargar los períodos de baja por incapacidad temporal, cuyo impacto sobre las mujeres fue notable dada la sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales y el elevado porcentaje de mujeres que trabajan en estos sectores (66% del personal sanitario y sociosanitario es personal femenino, conforme datos reflejados en este informe).

En esta materia también destaca la implementación del Ingreso Mínimo Vital, que tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género. En primera instancia, cuando las estadísticas de la EPA y del INE concluyen que las mujeres conforman la mayoría de sujetos perceptores de prestaciones públicas, lo que previsiblemente haga que este subsidio no contributivo vaya dirigido a las mujeres en mayor grado. En segundo lugar, el IMV dota de capacidad económica específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual, lo que, indudablemente, les otorgará mayor independencia económica y social.

En el ámbito del teletrabajo, continúa siendo un gran exponente del posible conflicto que puedeproducirse al no delimitar convenientemente los espacios laborales y personales o familiares, así como que no exista una correcta separación de los tiempos de trabajo y los tiempos dedicados a la familia e igualmente, y de no menor relevancia, que reproduzca estereotipos de género, recurriendo las mujeres al teletrabajo (a la casa y el cuidado no remunerado de familiares) y los hombres al trabajo presencial. Por ello, el informe ve preciso destacar y valorar positivamente cómo la legislación reguladora del teletrabajo ha tomado en cuenta un particular enfoque de igualdad de género.

RECOMENDACIONES.

El informe concluye con trece recomendaciones a los poderes públicos, entre ellas, mantener las ayudas en materia de vivienda a la ciudadanía, sobre todo a personas y colectivos que resulten más vulnerables, entre ellos las mujeres y mujeres víctimas de violencia de género. Recomienda también mantener las ayudas a los suministros básicos al entender que, una vez finalice el estado de alarma, estas personas vulnerables no tendrán capacidad para recuperarse de forma inmediata y acceder a esos servicios.

Al mismo tiempo, se aconseja prestar especial atención a las personas consumidoras, por ejemplo, para retrasar el pago de determinadas compras, así como reconocer la naturaleza de género de la fuerza de trabajo en el ámbito sanitario y sociosanitario.

A las empresas se hace una llamada para que se reconozca la distribución de los tiempos de trabajo y los tiempos para conciliar la vida laboral y familiar, y también se recomienda que haya un apoyo significativo al apoyo infantil y se cree una red pública de guarderías.

Ciudadanos en la Diputación de Alicante ha rechazado este miércoles la mano tendida que le ha ofrecido el PSPV en la corporación provincial, donde el PP gobierna con un pacto con la formación 'naranja', ya que según ha señalado el coordinador provincial de Cs, Javier Gutiérrez, ese acuerdo goza de "buena salud".

Así lo ha indicado después de que Ciudadanos y PSOE hayan presentado una moción de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia que pondría fin al gobierno de coalición que la formación naranja mantiene con el PP en ambas instituciones y, a raíz de este movimiento, el PSPV en la Diputación de Alicante haya mostrado una "mano tendida" a Cs para una "alternativa progresista" en la corporación provincial.

El grupo del PSPV en la Diputación de Alicante ha ofrecido este miércoles a Cs la posibilidad de pactar una moción de censura contra el Partido Popular para intentar así emular el escenario político que se ha originado en Murcia.

No obstante, Cs ha descartado respaldar esa propuesta debido a que defiende que el actual pacto con el PP es "estable", "goza de buena salud" y que la situación del gobierno de Murcia "no es extrapolable" a la provincia de Alicante, según Javier Gutiérrez.

Para Gutiérrez, los acuerdos "no deben romperse solo por el efecto dominó y sin que haya un motivo de peso" y ha hecho hincapié en que la situación de Murcia "no es extrapolable" a Alicante debido a que en la Región "no había buena relación, algo que no ocurre aquí".

"Los objetivos de los pactos de gobierno se están cumpliendo y se tratan de equipos estables", ha insistido el portavoz de Cs en la Diputación. Igualmente, Gutiérrez ha querido mostrar su apoyo a los compañeros de Murcia y lamentar que se hayan visto "abocados a romper los pactos firmados a principio de legislatura".

"CODO CON CODO"

En la misma línea, el presidente 'popular' de la Diputación, Carlos Mazón, ha defendido la unidad con Ciudadanos en la corporación provincial y en el consistorio: "Tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación estamos trabajando muy unidos y con equipos estables", ha declarado a los periodistas. "Estamos trabajando codo con codo por sacar a la provincia de Alicante de la situación en la que se encuentra de crisis sanitaria, social y económica debido a la pandemia", ha indicado.

El portavoz del PSPV en la institución provincial, Toni Francés, había tendido una mano a los 'naranjas' para formar una "alternativa progresista" y así acabar con la "nefasta gestión" del gobierno 'popular' que "ya dura tantas décadas".

"Es un ofrecimiento que siempre ha estado ahí durante toda la legislatura, pensamos que Ciudadanos debería recuperar el centro político y no seguir con su giro a la derecha para así perder el apoyo social", ha sostenido Francés, quien considera que las mociones de censura son un instrumento "legítimo" y "legal" si no se promueven con tránsfugas.

"No criticamos al PP por promover mociones de censura, sino por apoyarse en tránsfugas", ha explicado el portavoz del PSPV en alusión a recientes mociones en la provincia, al tiempo ha recordado que los socialistas fueron la opción "más votada" en la Diputación.

El acuerdo sellado entre 'populares' y 'naranjas' en 2019 permitió a Carlos Mazón ostentar la presidencia de la institución con una mayoría de 16 diputados --14 más 2--. Sin embargo, el PSPV fue la formación más votada pese a que obtuvo los mismos diputados que el PP --14--.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha conversado este miércoles vía telefónica con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien le ha garantizado que "no habrá moción de censura". "Somos un gobierno cohesionado y fuerte que trabajamos juntos", ha lanzado ante la prensa en la Plaza de la Villa.

De este modo ha descartado el regidor madrileño la posibilidad de una moción de censura en el Consistorio capitalino. Martínez-Almeida ha agradecido "la confianza" que tiene en él la vicealcaldesa "para que el Ayuntamiento pueda seguir haciendo este trabajo".

Sobre la conversación entre ambos ha indicado que ha sido "muy grata tanto desde el punto de vista persona como desde el punto de vista político porque garantiza que no hay moción".

Almeida no ha querido valorar que el PSOE y Cs han presentado en el registro de la Asamblea Regional una moción de censura que desbancaría al PP del gobierno autonómico.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite, por no ser los hechos ilícito penal alguno, una querella por delito de calumnias presentada por el PSOE contra el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, por un mensaje que incluyó en su cuenta de Twitter sobre la colocación de una granada en un centro menores extranjeros en Madrid.

El auto de archivo recoge que el PSOE interpuso la querella contra el líder de Vox porque el 5 de diciembre de 2019 publicó desde su cuenta personal de la red social Twiter el siguiente mensaje: *Sospechamos que las cloacas del PSOE, salpicadas por el GAL, han colocado la granada en el centro de Menas (menores extranjeros no acompañados), para incitar el odio contra VOX con las declaraciones de sus ministros. Ahora solo falta que Marlaska justifique otra vez la violencia contra la tercera fuerza política*.

Según el PSOE, Abascal realizó estas afirmaciones tras conocerse la noticia de que en el centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) del barrio de Hortaleza (Madrid) se lanzó una granada desde la calle, y que posteriormente fue detonada de forma controlada por los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), el día 4 de diciembre de 2019. Y, siempre según la querella, con ese mensaje se quería dar a entender que el grupo terrorista conocido como *Grupos Antiterroristas de Liberación* (GAL), seguía en activo, pese a que no lo está desde el año 1987, intentando "de manera torticera" vincular al PSOE con este ataque.

Según el Supremo, "las declaraciones atribuidas al aforado, pudiendo merecer valoraciones negativas o críticas e, incluso, censuras en otros escenarios, resultan inidóneas para generar responsabilidad penal a la vista del ámbito político en que se enmarcan y la máxima amplitud que debe reconocerse a quienes participan en la vida pública como representantes de los ciudadanos para opinar, con expresiones afortunadas o desafortunadas, compartibles o no, sobre asuntos de relevancia social y colectiva".

Recuerda al respecto las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aplicadas al caso examinado, el tribunal recuerda que el tuit que se reputa calumnioso se emitió en relación a un tema de actualidad y en el contexto del debate político suscitado en torno al mismo y al discurso de los distintos grupos políticos sobre la inmigración.

El auto ha sido dictado por una Sala compuesta por Manuel Marchena (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer (ponente) y Eduardo de Porres.

DENUNCIA CONTRA CARMEN CALVO POR PREVARICACIÓN

En otro auto también notificado hoy, el Supremo inadmite y archiva una denuncia de un particular por delito de prevaricación administrativa contra la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, por haber sido la autoridad firmante del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.

A criterio del denunciante el Decreto impone limitaciones a los derechos de libertad de movimiento y reunión que exceden de las que tal declaración permite y que quedan reservados a los de Excepción y Sitio.

El auto, dictado por una Sala con la misma composición que el anterior, recuerda que el Estado de alarma, como situación de excepción constitucionalmente prevista, "precisamente permite acordar medidas extraordinarias de compromiso o limitación de derechos fundamentales para hacer frente a las circunstancias también extraordinarias que fundamentan su declaración.

El carácter temporal (sujeto a horario) y limitado (en cuanto al número de personas que pueden reunirse o mantenerse en grupo) de las restricciones impide hablar técnica o vulgarmente de suspensión de los derechos fundamentales a la libre circulación y reunión afectados.

Añade que, como apuntó la Fiscal al solicitar el archivo de las actuaciones, "aunque así no fuera y pudieran apreciarse esa u otra tacha de ilegalidad o, aún, de constitucionalidad, no sería ello suficiente para considerar que el dictado del RDL 926/2020 constituyese una decisión manifiestamente injusta y mucho menos, que la denunciada hubiera contribuido al mismo *a sabiendas de su arbitrariedad*. Las concretas restricciones de derechos fundamentales que el Real Decreto impone no obedecen a razones de conveniencia o capricho, sino a la necesidad de contener y controlar la expansión de contagios que ocasiona el SARSCoV-2".

Los magistrados ven además que concurre otro obstáculo que empaña la tipicidad que se reclama, y es que el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, no es una resolución administrativa en los términos que exige el artículo 404 del Código Penal, sino que es un acto de naturaleza estrictamente política que, pese a su origen gubernamental, tiene carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto jurídico del estado que se declara, por lo que queda sometido al control propio de los actos de este tipo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, tras la crisis abierta con Ciudadanos en Murcia y en Madrid, que la "la unidad del centroderecha en torno al Partido Popular es la única solución para España".

La moción de censura de Cs en Murcia para desalojar al 'popular' Fernando López Miras del Ejecutivo regional ha agitado el tablero político también en la Comunidad de Madrid, ya que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un adelanto de elecciones con el objetivo de frenar las mociones de censura que este mediodía han registrado en la Asamblea de Madrid el Grupo Socialista y Más Madrid.

Sin embargo, los gobiernos de Andalucía y Castilla y León que lideran Juanma Moreno y Alfonso Fernández-Mañueco, respectivamente, han descartado ir a las urnas y han apelado a la estabilidad en este momento de pandemia.

CASADO APELA A LA UNIDAD EN TORNO AL PP

"La unidad del centro derecha en torno al Partido Popular es la única solución para España", ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que acompaña con sendas fotos, una en la que posa con Ayuso y otra junto a López Miras.

Casado lleva meses apelado a los votantes de Ciudadanos y Vox para que vuelvan al PP. Desde la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre, los 'populares' consideran que esa unión debe ser por la base y no a través de las siglas, descartando así la plataforma 'España suma' que defendió el PP hace dos años.

Las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo servirán para comprobar si cala este mensaje del PP llamando a la unidad del centroderecha en torno a su partido. Ayuso ha asegurado que convoca elecciones anticipadas "por el bien de Madrid y de España" y ha añadido que si no toma esa decisión PSOE y Cs habrían presentado una moción de censura de la que venían hablando, causando "el desastre" en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el murciano Fernando López Mira ha asegurado que la moción de censura de Cs en Murcia es un "acto de traición" y un "desleal" porque había "un pacto para cuatro años". Añade que se rompe para satisfacer una ambición personal y que ahora saben "lo que vale la palabra" de algunas personas y partidos.

EL PASTOR: CIUDADANOS Y ARRIMADAS "SE EQUIVOCAN"

Diferentes cargos del PP han censurado el movimiento de Ciudadanos en Murcia, que ha desatado un terremoto político este miércoles. Así, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha asegurado que Ciudadanos y Arrimadas "se equivocan".

"El poder no vale de nada cuando se pierden los principios y la palabra dada. Esto rige para todas las personas y especialmente para los políticos. No todo vale", ha manifestado la exministra de Fomento y de Sanidad.

El PP ha puesto el foco en Inés Arrimadas, a la que acusan de "romper su palabra" en Murcia porque firmó un acto para cuatro años y ha desatado una tormenta política. De hecho, los 'populares' han difundido un vídeo en redes sociales recordando unas recientes palabras de la presidenta de Ciudadanos rechazando que se pueda poner en peligro la estabilidad en esta época de pandemia.

"Nosotros estamos centrados en salvar vidas y empleos. Quién esté pensando en este momento en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tiene un problema moral", dijo Arrimadas. "Muy creíble Inés. Enhorabuena", le ha espetado el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha afirmado que seguirá al frente del Ejecutivo "hasta el último minuto" y ha anunciado el cese de los dos consejeros que forman parte de la estructura orgánica de Ciudadanos y que anoche, junto con la dirección nacional de este partido, "perpretaron este atraco".

En concreto, los consejeros cesados son la hasta ahora consejera de Empresa, Industria y Portavocía del Ejecutivo autonómico, Ana Martínez Vidal, que ha aceptado la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Región; y el consejero de Transparencia, José Gabriel Sánchez Torregrosa, que tomó posesión del cargo hace solo tres semanas.

Así lo ha hecho saber López Miras en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para valorar el anuncio de la moción de censura presentada este miércoles por Ciudadanos y PSOE en la Asamblea Regional para desalojar al PP del Ejecutivo murciano.

Ha afirmado que anoche tuvo noticia de que un partido que forma parte del Ejecutivo murciano, Cs, "iba a presentar una moción de censura contra el propio Gobierno regional". Como presidente, destaca que pudo haber tomado entonces la decisión de convocar elecciones, pero cree que "este no es el momento".

"La Región no necesita esto en este momento; solo puede existir el objetivo de salvar vidas, de vencer a la pandemia, de superar la crisis económica, social y de empleo", según López Miras.

Ha reconocido que anoche recibió la información de la "órbita" de uno de los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Murcia que había sido convocado en la sede de su partido por la dirección nacional y le "habían impuesto la firma de sendas mociones de censura".

"Sinceramente, yo confié en la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de un partido que forma parte del Gobierno, tanto en la Región de Murcia como en el Ayuntamiento, y que iban a entender que no es el momento para hacer esto", ha señalado López Miras, quien pensaba que "tendrían la responsabilidad suficiente como para no someter a la Región a la izquierda en un momento tan delicado en el que tenemos que centrarnos en salvar vidas".

"BUSCAN EL SILLÓN"

Durante su intervención, López Miras ha recordado que este jueves, 11 de marzo, se cumple un año desde que el Consejo de Gobierno de la Región, reunido de forma extraordinaria, adoptaba medidas de urgencia ante la llegada de la pandemia. "Solo unos meses antes, habíamos logrado superar el peor temporal del último siglo, la DANA2, según el presidente de la Comunidad.

"En ambos casos nos adelantamos y entendimos perfectamente cuál era la necesidad y la prioridad; salvar vidas", según López Miras, quien ha destacado que este ha sido siempre su objetivo y lo sigue siendo. "Afrontamos la crisis sanitaria, social y económica más grave del último siglo y, por supuesto, de toda la historia de la Región como Comunidad Autónoma", destaca.

Por eso, ha criticado "a quien en un momento como este priorice el interés político partidista; a quien crea que hay algo más importante que vencer a la pandemia y avanzar en la recuperación". A su juicio, quien piensa así "se equivoca" porque "este no es el momento",

"En una situación tan grave como la que vivimos, entrar en un debate de sillones, de puestos e intereses particulares es mucho más que un error, es una falta de respeto para un millón y medio de personas", según López Miras, quien cree que los murcianos "deben estar siempre por encima de los intereses personales".

En este sentido, ha reivindicado que él siempre ha "antepuesto" los intereses generales "a cualquier otro" y ha destacado que la Región "es fuerte, pero no merece que se juegue con ella en un momento como este, cuando tenemos la responsabilidad de estar preparados para que una carta ola de la pandemia no destruya todo cuanto hemos logrado salvar en las anteriores".

En lugar de sumar esfuerzos para hacer frente al virus y a la recuperación, hay quien parece más interesado en lograr el poder al precio que sea", ha subrayado López Miras, quien se ha mostrado convencido de que la Región "va a salir adelante porque tiene capacidad para ello.

No obstante, para eso, cree que la Comunidad "necesita estabilidad" y que, llegado el momento, "se le dé la posibilidad de decidir qué gobierno quieren para recorrer los próximos años". A su juicio, "este no es el momento" porque "en plena pandemia, la prioridad es otra, y quien no lo entienda así, se equivoca y será responsable de sus actos y de las consecuencias que de ellos se deriven".

Ha recordado que quedan dos años de legislatura "en los que no solo se pone en juego la lucha contra el virus y la recuperación de toda la Región". Así, cree que el anuncio de este miércoles "puede destruir en tan solo dos años lo que tanto esfuerzo nos ha costado levantar".

"Poner el destino de los murcianos en manos de quienes forman hoy el Gobierno de España, socialistas y comunistas, la izquierda radical, de quienes pactan con Bildu y con independentistas, traiciona la voluntad mayoritaria de los murcianos", según López Miras.

"Para satisfacer un interés personal se facilita que la izquierda asalte las instituciones", según el presidente murciano. "Mientras nosotros estábamos trabajando en elaborar unos presupuestos absolutamente necesarios, en ayudar al sector hostelero, en plantear medidas efectivas para la recuperación y, lo más importante, para salvar vidas, otros se movían ara poner el destino de la Región en manos de la izquierda y en busca de un sillón".

"Asistimos a un acto de traición, desleal, pero no conmigo, sino con un millón y medio de murcianos, con su vida, con su futuro, con la Región", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien cree que hay un pacto de cuatro años "que hoy se rompe solo con un único fin: satisfacer una ambición personal. Ahora sabemos lo que valen las palabras de algunas personas y partidos".

Ha defendido que él ha trabajado desde el principio "por la estabilidad y para que la Región tuviera el mejor gobierno posible, un gobierno único, con una sola voz, centrado en lo importante, alejado del ruido y los partidismos, centrado en la gestión, en la prosperidad, en la libertad y en un futuro de oportunidades para todos".

A su juicio, "otros no lo han entendido así", sino que "han elegido los escándalos, la búsqueda de titulares, los sillones y la inestabilidad", y "eso es lo que quiere para la Región". Ha advertido, no obstante, que "la integridad y la decencia es algo que va con las personas, no lo otorga ningún cargo".

"Voy a estar gobernando mientras el BOE diga que soy el presidente, hasta el último minuto cumpliré con mi obligación y con el compromiso que adquirí ante todos los murcianos de gobernar con todos y para todos, con lealtad al millón y medio de murcianos, con trabajo diario y con la responsabilidad y el respeto a la palabra dada".

Al ser preguntado por los argumentos esgrimidos en la moción de censura, ha explicado a los periodistas que "ustedes que están transmitiendo la información desde el inicio de la pandemia, son plenamente conscientes de que son meras excusas para propiciar un intercambio de sillones en favor de los intereses personales" y "han intentado buscar una excusa que no se sostiene por ningún lado".

Los tres profesores de la Escola de Arte Dramático de Galicia (ESAD), con sede en Vigo, investigados por supuesto acoso sexual a alumnas han negado en el juzgado todas las acusaciones y han considerado que las denuncias son "infundadas" y "totalmente falsas".

Así lo han trasladado a los medios de comunicación las abogadas de dos de los profesores, después de que hayan comparecido en la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Vigo, donde los investigados han respondido a "todas" las preguntas.

Fuentes judiciales han confirmado que un tercer docente investigado en esta causa ha declarado por videoconferencia desde Madrid. Además, han avanzado que, tras las declaraciones de estas personas, el Juzgado continuará con la investigación "llamando a distintos testigos en las próximas semanas".

A la salida de los juzgados, las letradas que representan a los docentes que han comparecido presencialmente han descartado entrar en detalles pero sí han indicado que sus representados niegan "todo" lo denunciado.

Así las cosas, la abogada de uno de ellos, Ana Reguera, ha refrendado que su representado "ha respondido a todo y ha explicado todo convenientemente". "Ahora quienes tienen que dar explicaciones y ser coherentes son las denunciantes; vamos a esperar a que el juez investigue", ha sellado.

INVESTIGACIÓN

Los profesores ya habían sido citados para la toma de su declaración a principios de febrero, si bien quedó suspendida tras la baja de una de las abogadas al haber sido contacto estrecho de una persona positiva por covid-19.

Esta investigación judicial partió de las denuncias de varias alumnas del centro educativo por supuesto acoso sexual, a raíz de lo que, a principios de 2020, alumnos y varios profesores iniciaron un calendario de protestas.

Según señaló entonces una de las docentes, los supuestos abusos no habían sido "episodios puntuales", ya que también exalumnas habían confirmado "comportamientos que exceden meros comentarios" y suponían "violencia contra las mujeres".

En su día la Consellería de Educación abrió un expediente interno para aclarar los hechos, pero quedó en suspenso cuando, tras la presentación de las denuncias, se iniciaron diligencias de investigación penal. No obstante, como medida cautelar, los profesores investigados quedaron apartados de la docencia.

El Reglamento de las Cortes contempla la posibilidad de formular mociones alternativas dentro de los dos días siguientes a la presentación de una moción de censura que, como esta, debe ser propuesta por, al menos, el quince por ciento de los procuradores con en escrito motivado dirigido a la Mesa de las Cortes.

Asimismo, el Reglamento establece que la aprobación de una moción de censura requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León formada en estos momentos por 81 procuradores --el PSOE tiene 35 frente a 29 de PP, 12 de Ciudadanos y 5 del Grupo Mixto, entre ellos dos de Podemos y uno por parte de UPL, VOX y Por Ávila-- lo que pone el listón en 41 apoyos favorables.

Por otro lado, ninguno de los firmantes de una moción de censura podrá presentar otra mientras no transcurra un año desde la presentación de aquélla dentro de la misma legislatura.

Estas son algunas de las particularidades que constan en el Reglamento de las Cortes de Castilla y León en los artículos del capítulo III del Título IX referido a la moción de censura que en el número 138 contempla la posibilidad de que el Parlamento autonómico exija la responsabilidad política de la Junta de Castilla y León, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía, mediante la adopción de una moción de censura.

Esa moción de censura, como la registrada este mismo miércoles, 10 de marzo, por el Grupo Parlamentario Socialista que dirige Luis Tudanca, deberá ser propuesta por el quince por ciento de los procuradores en escrito motivado dirigido a la Mesa de las Cortes y tiene que incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León que haya aceptado la candidatura.

Según establece el Reglamento, la Mesa de las Cortes, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados, la admitirá a trámite, y dará cuenta inmediata de su presentación al presidente de la Junta y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

En este punto añade que dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura se podrán formular mociones alternativas que deberán reunir los mismos requisitos y estarán sometidas a los mismos trámites de admisión.

El artículo 140 regula por su parte que el debate se iniciará por la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, efectúe uno de los procuradores firmantes de la misma. A continuación y asimismo sin limitación de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para la Presidencia de la Junta, a efectos de exponer el programa político del gobierno que pretende formar.

Tras la interrupción decretada por la Presidencia, "en todo caso no superior a veinticuatro horas", podrán intervenir los grupos parlamentarios que lo soliciten por tiempo de treinta minutos. Todos los intervinientes tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos.

Cuando se hubiera presentado más de una moción de censura, el presidente de las Cortes, en esta ocasión, Luis Fuentes, de Ciudadanos, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del día, "pero habrán de ser puestas a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación".

La moción o mociones de censura serán sometidas a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia y que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días desde la presentación de la primera en el Registro General, si bien, si se aprobase una moción de censura, no se someterán a votación las restantes que se hubiesen presentado.

Finalmente, una vez que las Cortes aprueben una moción de censura, su presidente lo pondrá en conocimiento del Rey, del presidente de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la nación. El candidato a la Presidencia de la Junta incluido en la moción se considerará investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía.

El vicesecretario adjunto de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha afirmado este miércoles que para su partido "nunca" estuvo sobre la mesa la opción de presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), a la que ha tachado de "irresponsable" por convocar elecciones anticipadas después de que Cs rompiera sus acuerdos con el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Murcia para gobernar con el PSOE.

En declaraciones a RNE, Espejo-Saavedra ha dicho que el PP y Ciudadanos son dos partidos distintos que tienen "visiones diferentes sobre algunas cuestiones", pero que en Madrid "han ido juntos siempre" en los asuntos que forman parte del pacto de gobierno.

"En todo caso, la posibilidad de una moción de censura no ha estado sobre la mesa nunca", ha subrayado, recordando que así lo reiteró este martes el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs).

Poco después de conocerse los acontecimientos en Murcia, Díaz Ayuso ha convocado comicios anticipados en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo para, según ha indicado, adelantarse a una moción de censura del PSOE y Ciudadanos. Los socialistas y Más Madrid han presentado sendas mociones de censura, que no tendían validez si su registro se produce después de la convocatoria electoral.

CONVOCAR ELECCIONES EN MADRID POR INTERÉS PERSONAL

El dirigente de la formación naranja ha criticado la decisión de la presidenta autonómica porque le parece "una irresponsabilidad" que "los madrileños tengan que pagar los problemas de corrupción del PP en Murcia". "Si la explicación de la convocatoria de elecciones en Madrid es lo que ha pasado a 500 kilómetros en Murcia, no creo que los madrileños lo entiendan", ha añadido.

Según ha manifestado, el movimiento de Cs en Murcia de romper con el PP se tomó tras las conversaciones mantenidas con el PSOE a nivel autonómico y nacional para "pactar los términos" de las mociones de censura.

Lo que motivó a Ciudadanos a dar el paso en Murcia fue, según Espejo, "la situación absolutamente insostenible que se ha vivido en estas últimas semanas y meses" con un PP "inmerso en el escándalo de las vacunas", ya que varios cargos públicos se vacunaron contra el coronavirus antes de que fuese su turno, y la querella que ese partido presentó contra el teniente de alcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs).

Si ahora el PP "intenta utilizar una cosa que ha pasado en Murcia, con unas causas focalizadas en Murcia, para sacar rédito electoral o personal", ya sea en la Comunidad de Madrid o en otros lugares de España, "lo tendrá que explicar", ha declarado.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su "respeto absoluto" a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas en la región, al tiempo que ha mostrado su deseo de que "los madrileños decidan con la mejor de sus miradas".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la firma del acuerdo de colaboración entre la Generalitat, la CEOE y la CEV para el desarrollo en la autonomía del Plan Sumamos de la Fundación CEOE.

El 'president', preguntado por la decisión de Díaz Ayuso, ha afirmado: "Nada más que aceptar las decisiones que legítimamente toman los representantes políticos" y ha mostrado su deseo de tener una "buena relación" con Madrid.

Puig ha recordado que en los últimos tiempos, la posición de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso, ha sido una posición "encontrada" con el resto de comunidades autónomas pero ha mostrado su deseo de que en cualquier caso, con el adelanto electoral, "los madrileños decidan con la mejor de sus miradas, porque es lo que hay que respetar siempre, la democracia", ha subrayado.

Así, ha insistido: "Respeto absoluto a todos los interlocutores y nuestra voluntad de sumar", ha puntualizado. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, preguntado por este asunto, ha manifestado que la política "tiene sus cauces" y Díaz Ayuso "está en su derecho de dimitir o de convocar elecciones anticipadas. Ahí no entramos", ha dicho.

A su juicio, es "importante" la palabra "moderación, diálogo y acuerdo" y ha añadido: "Ahí me gustaría que la política estuviera más relajada".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que recuerda la comunicación de la suspensión de las Fallas hace justo hoy un año con "mucha tristeza" y "la terrible incomprensión" que generó en muchas personas, pero "también con la convicción de que hicimos lo que había que hacer".

Puig, en una entrevista a la cadena Ser, ha señalado que la misma mañana del día de 10 de marzo de 2020 "no había una decisión definitiva tomada". Ese mediodía, ha relatado, fue a la 'mascletà' y mantuvo el tradicional encuentro con los medios de comunicación y era ya "un momento de alta tensión" porque "se veía que las circunstancias nos estaban abocando ya a la suspensión" pese a que "pocos días antes parecía que esa situación no se iba a dar".

De hecho, ha rememorado que hasta hacía pocas semanas "se pensaba que esta era una pandemia con características que no nos iban a afectar, pero desgraciadamente hemos visto después de un año lo terrible que ha sido".

Puig ha admitido que "claro" que dudaron antes de comunicar la suspensión porque sabían "el efecto negativo no solo en lo económico sino también en lo anímico" que tendría y "tampoco sabíamos la trascendencia que después iba a tener" la pandemia. "No sabíamos lo terrible que iba a ser la pandemia y tomamos decisiones que tenían riesgo por una parte y por otra, pero siempre las adoptamos por la salud y optamos lo que pensábamos que era mejor para la ciudadanía", ha recalcado.

Por ello, al abandonar esa noche el Palau de la Generalitat pensaba que habían tomado "la decisión correcta, pero tenía dudas porque tampoco sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia". Al final, lo necesario es poner siempre por delante, incluso con las graves consecuencias que tiene en nuestra economía, la salud de las personas", ha señalado.

SUSPENSIÓN DE LA NIT DEL FOC

Por esta misma razón, ha aplaudido la recomendación de la Conselleria de Sanidad de que no celebren disparos de fuegos artificiales para la noche del 19 de marzo y que el Ayuntamiento de València la haya seguido porque es una resolución que "protege a la ciudadanía aunque no sean decisiones agradables de tomar".

En ese sentido, ha explicado que una Nit del Foc "sí que puede motivar esta interrelación" social que hay que evitar y además esta suspensión "va en la dirección de no generar una atmósfera de Fallas, porque no hay Fallas".

Al respecto, ha señalado que comprenden la situación de los pirotécnicos y en ese sentido ha destacado que la Conselleria de Economía "trabaja para ayudarles" y que no tiene "ningún problema" para recibirlos. De hecho, ha recordado que en el Plan Resistir se tiene en cuenta a todos los sectores relacionados con la fiesta como también se incluirán en el Plan Resistir II.

SEMANA LECTIVA

Por otra parte, ha reconocido que "probablemente se planteó tarde" la recomendación de que la semana fallera fueran lectiva para los escolares, pero "cada sector tiene que saber hacia dónde vamos y asumir su responsabilidad".

En cualquier caso, ha descartado polemizar sobre esta cuestión: "La Generalitat pensaba que era mejor que fueran lectivos para no generar una atmósfera que se pudiera pensar que estábamos en fiestas, siguiendo la recomendación de los técnicos".

Puig ha señalado que "se podría haber forzado la máquina" para obligar a la suspensión de clases, pero ha defendido que es mejor "tomar decisiones desde la corresponsabilidad porque es más eficaz".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado este miércoles que "la perspectiva" del Consell es mantener el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana hasta mayo, cuando concluye el actual estado de alarma, aunque ha matizado que "se podría revisar" si antes "tenemos circunstancias positivas, se avanza en la vacunación masiva y pasada la Semana Santa ya no hay una atmósfera favorable al contacto".

Puig, en una entrevista a la cadena Ser, ha recalcado al respecto: "No hay ninguna restricción que se ponga por capricho ni tiene que durar un día más de lo necesario". En ese sentido, ha aclarado que, con la perimetración, también se quiere lanzar "un mensaje para crear una atmósfera de no riesgo que sea asociado con la sociabilidad".

"Estas semanas son decisivas porque las no Fallas, la no Magdalena, la no Semana Santa tiene que ser efectivamente eso, no Fallas, no Magdalena, no Semana Santa porque ahora sí que sabemos que la movilidad genera contactos y los contactos, contagios".

Por eso, ha defendido que "hay momentos en los que hay que impedir la sociabilidad, no solo en la hostelería sino en los domicilios".En ese sentido, ha defendido que con actual nivel de incidencia acumulada, por debajo de los 62 casos cuando se llegó a estar en 1.500, "no se pueden mantener exactamente las mismas restricciones, pero tampoco se puede relajar y dilapidar en unas pocas semanas todo el esfuerzo".

DESESCALADA "MESURADA"

Por ello, sobre la reapertura que exigen el sector del deporte y de la hostelería, ha señalado que mañana se tomarán en la comisión interdepartamental decisiones "mesuradas" de acuerdo con los expertos y pensando sobre todo en "el bien general y la salud de los ciudadanos, pero también pensando en las personas que tienen restringida su actividad.

En ese sentido, ha señalado a quienes "no pueden trabajar ni desplazarse para ver a sus familias" que "falta poco": "Sabemos que este año no será de normalidad absoluta, pero aspiramos a un verano lo más normal posible que genere la recuperación económica y el empleo".

Al respecto, ha confiado en que este verano se pueda abrir la movilidad exterior, por lo menos la europea, gracias al pasaporte sanitario y a la realización de pruebas que lleven a "una normalización de la campaña turística".

Preguntado por si hubiera que haber sido más restrictivo antes de Navidad en aras de evitar la tercera ola, el 'president' ha replicado: "A toro pasado siempre se pueden haber tomado decisiones avaladas por las consecuencias".

Con todo, ha mantenido que antes de Navidad ya se tomaron decisiones "muy importantes y fuimos los más restrictivos, a día de hoy podemos decir que quizá no lo suficiente, pero nosotros iniciamos una escalada a finales de noviembre y no solo por una causa". Así, ha indicado que un epidemiólogo le comentaba que "aquí había mucho más combustible y, por tanto, mucha más capacidad de contagio".

"Este virus actúa con mucha más inteligencia de la que podemos tener nosotros para detenerlo", ha recalcado Puig, que ha justificado que "por eso se ha ido por detrás". "Pero sí que desde el primer momento hemos intentado dar respuesta desde todos los ámbitos y se ha conseguido el hecho histórico de disponer vacunas en menos de un año", ha subrayado.

En ese sentido, ha señalado que "hay una certeza: las vacunas funcionan y funcionan bien, pero aún hay pocas dosis". Pese a ello, ha destacado que cerca de medio millón de valencianos habrá recibido una dosis en los próximos días y ya se nota el efecto positivo entre los grupos más vulnerables. "Ahora hemos cambiado de posición, ya no estamos a la defensiva sino al ataque y cada día que pasa iremos a mejor", ha apostillado.

El presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alberto Nuñez Feijóo, ha evitado comentar el adelanto electoral de su compañera Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y la moción de censura del PP y PSOE en la Región de Murcia contra el PP alegando que se encuentra en Madrid para reunirse con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para "hablar de Galicia".

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al encuentro que han mantenido ambos dirigentes en la sede ministerial y tras ser preguntado por su opinión acerca de estas noticias que afectan a sus dos compañeros mandatarios autonómicos del PP.

"He venido aquí a hablar de Galicia", ha respondido el líder gallego, que es el único mandatario autonómico 'popular' que gobierna con mayoría absoluta.

En este contexto, Feijóo ha insistido en las cuestiones que ha tratado con Ábalos y altos cargos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y ha asegurado que responderá a las cuestiones que tengan que ver con esta reunión.

Por su parte, Ábalos, que también ha sido preguntado a este respecto, ha emplazado a los periodistas a la rueda de prensa que dará posteriormente en la sede del PSOE en su posición de secretario de Organización del partido.

El ex gerente del PP Cristóbal Páez ha afirmado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago con dinero de la caja 'b' de la reforma de la sede del partido que desconoce si parte de estas obras se sufragaron con dinero negro, ya que él "no estaba en el número", sino que era el ex tesorero 'popular' el que "decidía lo que se pagaba, cómo y cuándo" los servicios de los arquitectos.

Así lo ha dicho a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral durante su declaración como acusado, en el que ha insistido en que él, junto a Antonio de la Fuente --cuñado de Bárcenas y ex jefe de seguridad del PP--, se dedicaron a las tareas relacionadas con la "obra física".

En este sentido, ha afirmado que él estuvo presente en la elaboración del presupuesto y del contrato con Unifica, empresa que realizó la reforma, pero que la última decisión de todo la tenía Bárcenas, sobre quien ha dicho que "lo tenía todo atado y bien atado". De hecho, ha subrayado que él "no estaba en el número" y no decidía nada relacionado con el pago de las obras.

Así, preguntado por si sabe si el también tesorero del PP Álvaro Lapuerta y Bárcenas (que hasta 2008 fue gerente del partido) se reunieron con el ocio de Unifica, Gonzalo Urquijo --también acusado--, para negociar la forma de pago de las obras, Páez ha dicho que no sabe si eso ocurrió.

En cualquier caso, ha apuntado que duda de que Lapuerta asistiera a un encuentro de ese tipo porque "era un hombre que tenía un grado de demencia importante" en esas fechas y, en su opinión, ya no tenía capacidad para negociar.

El fiscal, como ha hecho en los anteriores interrogatorios, ha repasado numerosas facturas, certificaciones, presupuestos y documentos relacionados con la reforma de la sede de la calle Génova de Madrid. Páez se ha limitado a decir si reconoce su firma o no y ha reiterado que no llevaba el tema contable.

INTERMEDIACIÓN PARA QUE LOS ARQUITECTOS COBRARAN

Ha explicado que era el interlocutor del partido con Unifica y que por ello intermedió en alguna ocasión para que la empresa cobrara por sus servicios cuando ésta reclamaba el anticipo de alguna cantidad porque "se retrasaban los pagos". Entonces, ha indicado el ex gerente, se lo comentaba a Bárcenas y éste era quien decía si se podía abonar alguna cantidad o no y cuánto.

"Quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo era Bárcenas y por circunstancias, que él sabrá mejor que nadie, había etapas que no había dinero", ha subrayado, al tiempo que ha aseverado que no cuestionó ninguna decisión de su jefe ni conocía cómo funcionaba la contabilidad del partido porque el extesorero era "muy reservado en su trabajo".

De hecho, ha enfatizado que ni siquiera cuando ascendió a la Gerencia del partido tuvo "acceso a las cuentas", ni sabía el "dinero que había en el banco" ni el presupuesto de la formación política, porque Bárcenas, ya como tesorero, no quería quedarse sin tareas qué hacer.

"GRATIFICACIÓN" FUERA DE NÓNIMA

Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de prisión, también ha admitido que en 2007 y 2008 recibió dos sobres con 6.000 euros cada uno por parte de Lapuerta y Bárcenas como compensación por su trabajo como responsable de Recursos Humanos, antes de ocupar el cargo de gerente.

Según ha dicho, este pago se debe a que él mismo pidió a Bárcenas un aumento de sueldo al entender que su salario no se correspondía con sus funciones e hizo "cosas que tuvo un reflejo económico" en el partido al reducir ciertos gastos. Aunque el extesorero le dijo que esa subida no se podía hacer, Páez ha relatado que en 2007 le llamaron los encargados de la Tesorería y le dieron una "gratificación" porque, según le trasladó el propio Lapuerta, estaban "muy contentos" con su trabajo.

Ha añadido que le "molestó" que ese dinero no fuera en nómina, algo que le comentaron que no se podía hacer, pero que se lo guardó "sin sentir vergüenza" porque era algo que se "había ganado", al igual que un año después cuando recibió otros 6.000 euros justo antes de ocupar la Gerencia del partido. Preguntado por el fiscal si sabía de dónde salieron esas cantidades, Páez ha afirmado que en ambas ocasiones vio el dinero ya guardado en el sobre.

BÁRCENAS LE PUSO "EN UN COMPROMISO" CON LA CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN

Por otro lado, Páez se ha definido como una "persona de confianza" de Bárcenas, no solo porque fue quien movió su contratación en el PP para ocuparse del "personal porque había un malestar grande dentro de la casa", sino porque cuando estalló el caso Gürtel en 2009 le pidió que le guardara una serie de "contratos, facturas, unas hojas de cálculo" que tenía "hasta el año 1996". No obstante, ha asegurado que lo que "vulgarmente se conoce como los 'papeles de Bárcenas' no los vio" nunca.

Aunque Bárcenas aseguró en su declaración que entregó las anotaciones de la caja 'b' a Páez y por ello sospechó de él cuando se filtraron los 'papeles' a 'El País' en 2013. El ex gerente ha precisado que no sabía bien qué documentos le estaba mostrando porque "no quería prestar atención".

"No tenía curiosidad, tenía miedo porque no quería que me comprometiera", ha dicho al tiempo que ha recordado que el ex tesorero del PP le informó de que dejaba otra carpeta con más documentación referente a otros años a otra persona.

"BÁRCENAS ME ARROJÓ UN MECHERO"

A preguntas de su abogado, Páez ha relatado cómo esta relación se fue enturbiando a raíz de que el tesorero siguiera yendo a trabajar a Génova a pesar de que había dimitido de su cargo. "Me sorprendió después de todo lo que pasó que continuara allí, y ese fue el origen del conflicto", ha explicado.

En ese tiempo, en el que él era ya gerente del partido, la situación era "incómoda" porque él se encontraba en medio del "fuego cruzado" entre la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el extesorero.

De hecho, ha recordado un episodio que precipitó su salida del partido. Ante la situación insostenible en la que despachaba con Bárcenas y Cospedal, habló con el presidente del partido, Mariano Rajoy, y éste le dio orden de que sólo hiciera gestiones del día a día con la secretaria general, algo que sentó mal al extesorero que decidió empezar a hacerle el vacío.

Según su relato, en un momento dado Bárcenas le llamó a su despacho y le arrojó "un mechero" que pudo "esquivar". "Me fui y le dije que no me tratara así, me amenazó, me dijo 'estás muerto, estás acabado' y tuve miedo", ha recordado, para luego explicar que tras intentar localizar a alguien en la planta noble de Génova decidió irse a casa.

A pesar de que de camino le telefoneó Bárcenas para pedirle disculpas, él seguía con miedo porque "estaba desquiciado" y pensaba que era capaz de matarle, por lo que Cospedal le instó a quedarse en casa y a despachar telefónicamente una vez por semana.

Un mes después, Rajoy les reunió a Bárcenas y a él, y le pidió "que no le complicara la vida y que volviera" a su puesto. "Regresé pero Bárcenas seguía yendo porque le permitían que fuera, de hecho estuvo hasta 2013, y yo me marche en 2010 porque para mi la situación era insostenible", ha añadido.

Después de Páez ha declarado la última de las acusadas, la arquitecta de Unifica, Laura Montero, que se encuentra en el banquillo por las acusaciones populares. En su declaración, ha afirmado que figuraba como directora de obra, pero que no era un cargo con capacidad de decisión financiera en la empresa, pues todas sus actuaciones eran supervisadas por sus jefes, Gonzalo Urquijo y Belén García.

En este sentido, ha indicado que, aunque se encargó de la reforma del PP, no estuvo ni tuvo conocimiento de ninguna reunión en la que se negociara la forma de pago. Asimismo, ha agregado que si envió alguna factura fue porque así se lo había ordenado Urquijo.

Castilla y León suma 228 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 213.146, al tiempo que registra seis nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 27.228 altas médicas, de ellas 55 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este miércoles registran seis fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.448 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 240 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.593. De ellos, Ávila contabiliza siete --los mismos--; Burgos, 50 --dos menos--; León, 42 --cinco menos--; Palencia, seis --uno menos--; Salamanca contabiliza 40, uno menos; Segovia 19, uno menos; Soria 27, dos menos; Valladolid 39 --uno menos-- y Zamora diez, dos más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 213.146 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 228 en la última jornada. De ese total, 206.346 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS A LA CABEZA, CON 57 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 57 y un total de 31.138; seguida por León, con 57 casos nuevos y 37.407 en total; Salamanca, con 42 para un total de 30.064; Valladolid, con 23 y 47.753; Soria, con 14 y 8.953; Segovia, con 13 y 15.473; Palencia, con nueve y 17.736; Ávila, con seis y 11.939, y Zamora, con cuatro y 12.683.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.448, ses más que ayer. La mayor parte de esa cifra total se registra en la provincia de León con 1.117 --los mismos fallecimientos--, le sigue Valladolid con 1.085 --cuatro más--; a continuación figura Salamanca con 813 --sin variación--; Burgos con 657 --uno más--; Palencia, con 421 --sin variación--; Soria, con 262--uno más--; mientras que Zamora, Segovia y Ávila y Soria no han registrado muertes en las últimas 24 horas y se mantienen, respectivamente, en 415, 351 y 327.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 27.228, de las que se han computado 6.580 en Valladolid; 4.864 en León; en Salamanca, 3.799; en Burgos 3.553; en Palencia, 2.073; en Zamora, 1.842; en Segovia 1.723; en Ávila, 1.668, y en Soria

HOSPITALIZADOS

En cuanto a las hospitalizaciones, descienden ligeramente tanto los ingresados en UCI como en planta. A día de hoy hay un total de 550 hospitalizados, 29 menos que en el anterior parte. De estos pacientes, 482 se encuentran en planta --18 menos que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) aumentan hasta los 168, once menos que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 51 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, tres puntos porcentuales menos que en el anterior parte.

Así, se informa de 29 en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos; 26 en el Clínico de Valladolid; 23 en el Río Hortega de la misma ciudad; 16 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 15 en los de León y Palencia; 14 en el de Soria; 12 en Segovia; nueve en el Hospital del Bierzo; cinco en el de Zamora, y cuatro en el de Ávila.

NINGÚN RESIDENTE FALLECIDO

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se mantiene invariable una jornada más en 4.057, en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.952 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, los mismos que en el anterior parte, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio de 2020.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 4.057 finados hasta el momento, 2.172 personas han perdido la vida en su residencia, sin variación, mientras que otras 1.885 lo han hecho en hospitales.

Siete residentes se encuentran aislados con síntomas compatibles con el COVID-19, dos más, y 147 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 13 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos sigue situada en 300, sin cambios en la última jornada, de ellos 183 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.

Además, se encuentran hospitalizados 22 residentes, dos más, y se mantiene en 1.018 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, un residente se encuentra en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que tres permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, sin cambios con respecto a la jornada de ayer.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha pedido al Partido Socialista que "abandone toda esperanza" sobre la posibilidad de una moción de censura como la planteada en Murcia, al tiempo que ha advertido de que "no sería comprensible" un adelanto electoral como el anunciado en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha afirmado Castaño en una rueda de prensa conjunta con el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien ha definido a este partido en la Comunidad como "serio, responsable, coherente y consecuente" con el pacto que en su día suscribieron ambas formaciones para el Gobierno de Castilla y León y su confianza en que se mantendrá hasta el final, por lo que el PP está "absolutamente tranquilo".

De la Hoz ha recordado, ante un posible adelanto electoral, que la convocatoria elecciones es una potestad "exclusiva y personal" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el cual no le ha transmitido nada al respecto.

Ambos políticos han defendido la buena marcha y el cumplimiento del pacto a pesar de los "difíciles momentos" derivados de la pandemia, tras lo que David Castaño ha subrayado que "no es bueno jugar con mociones de censura" para "desequilibrar un determinado gobierno y ganar algún tipo de ventaja que no existe", a pesar de la "ansiedad" del PSOE "por llegar a la Junta".

En este sentido, ha reiterado que "nadie" del PSOE se ha puesto en contacto con Cs para nada que tenga que ver con la moción de censura, algo que el propio Tudanca reconoció, según ha recordado, por lo que ha enmarcado la postura socialista en un ejercicio de oposición "demasiado extrema" que pasa por "desestabilizar" al Gobierno de la Comunidad.

"Tenemos un acuerdo que va bien y terminará tal como se planteó, con las mismas personas, el mismo programa y el mismo presidente", ha insistido el procurador de Cs, quien ha distinguido entre las discrepancias puntuales que puedan existir entre ambos grupos parlamentarios y una hipotética división interna en el Ejecutivo autonómico que ha negado, pues está "muy unido". "No existe ninguna discrepancia medianamente seria entre ambas formaciones", ha sentenciado.

David Castaño también ha defendido la "comunicación fluida" que existe entre el Grupo Parlamentario y la Dirección de Cs y ha descartado la posibilidad de que su presidenta, Inés Arrimadas, pudiera ordenar una ruptura "si su grupo le dice que el pacto va bien.

Asimismo, ha puesto "la mano en el fuego" por todos los procuradores de Cs, y ha cargado contra el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, de quien ha lamentado que "ha hablado mucho". "Por la boca muere el pez y el político también", ha recalcado.

Por su parte, Raúl de la Hoz ha recordado que "desde el primer día" Cs ha demostrado que "no está aquí para ocupar sillones sino para contribuir a una Castilla y León mejor", al tiempo que ha subrayado que en momentos de "extrema dificultad" como los actuales "está sin duda dando la talla como partido y también en la Junta para ayudar a solucionar los problemas derivados de la COVID".

En este sentido, ha defendido que se trata de un partido "absolutamente incompatible" con quien en Castilla y León se dedica "única y exclusivamente desde posiciones radicales a la política de la confrontación".

Así, ha considerado que el PSCyL "una vez más se demuestra absolútamente inútil para intereses ciudadanos de Castilla y León. "El problema Luis Tudanca es que la moción de censura o el debate lo orienta únicamente a su salvación personal", ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado, tras convocar elecciones regionales para el 4 de mayo, que quiere que los madrileños sean los que eligen entre "socialismo o la libertad".

"No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí", ha señalado en su comparecencia desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para explicar su decisión.

Ayuso ha defendido que no puede permitir "que Madrid pierda su libertad". "Por eso, pongo mi cargo a disposición de los madrileños, que, con su voto, el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración", ha expuesto a continuación.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha trasladado que "todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid" han de saber que ha empeñado su vida, todo su tiempo y esfuerzos para ser "una buena presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Jamás he estado más orgullosa de algo en toda mi vida. Cada día me enamoro de todo lo que estamos construyendo en esta comunidad de valientes, de jóvenes, mayores, mujeres, trabajadores, clases medias, obreros, familias, empresarios, médicos, taxistas*", ha expresado la dirigente madrileña.

Ayuso ha puesto el foco en que en Madrid se disfruta hoy de "una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España". A su parecer, "esta forma de vivir a la madrileña es única" por lo que ahora empieza "un gran momento" para la región, de despegue, de ilusión, de futuro".

"Quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Estamos en un gran país de ciudadanos libres, en una democracia plena. Y aquí los ciudadanos son adultos, son responsables, así les hemos tratado durante la pandemia y estamos orgullosos por eso. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino", ha defendido.

La presidenta, que ha sostenido que asume "todo lo que está por venir", ha defendido que lo hará "siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid" que en el suyo propio "Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia. Y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad", ha concluido.

El Gobierno de Aragón publicará este jueves una orden por la que autoriza la movilidad entre las tres provincias de la Comunidad Autónoma a partir de las 00.00 horas de este viernes, al descender el número de casos de COVID-19 en Zaragoza, Huesca y Teruel, que se encuentran en el nivel 2 de alerta. "Empezamos a ver la luz al final del túnel", ha afirmado el presidente, Javier Lambán.

Ahora "las cifras, en general, van bien, todos los índices están evolucionando de manera positiva", ha dicho el presidente aragonés en rueda de prensa, y ha lamentado los "contratiempos" que ha ocasionado el confinamiento perimetral de las tres provincias, que por otra parte ha sido "fundamental" para bajar la incidencia de la COVID-19.

Ha observado que "el virus sigue transitando entre nosotros" y que "hasta que la vacunación nos inmunice como sociedad tendremos que mantener todas las espadas en alto", de forma que si los datos empeoraran el Ejecutivo regional "no tendría ningún problema en retrotraer las medidas, hacerlas reversibles y volver a adoptar todas las que fueran necesarias". En todo caso, ha insistido, "el futuro se empieza a escribir en términos más esperanzadores".

"Nos hemos entregado en cuerpo y alma a combatir esta catástrofe, que no tenía precedentes y nos ha hecho improvisar para hacer frente a las sucesivas manifestaciones de un fenómeno desconocido", ha continuado Lambán, quien ha recordado que "nadie tenía un manual de instrucciones" y ha reconocido los "errores" cometidos.

La pandemia "ha tenido un impacto terrible sobre la salud pública", afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, también a los servicios públicos, la economía y la política.

Ha dicho que "la catástrofe" de la COVID-19 ha causado en Aragón 3.300 fallecidos, a cuyos familiares ha enviado un mensaje de solidaridad. Ha manifestado su "gratitud" a toda la sociedad aragonesa, mencionando a los sectores "que se han revelado como esenciales en el combate contra la pandemia", como los sanitarios, los socio-sanitarios, Fuerzas de Seguridad, profesores "y otros muchos que han demostrado un compromiso encomiable".

SIN INTERFERENCIAS

"En términos sanitarios, desde el primer día tuvimos claro que no repararíamos en gastos ni nos temblaría la mano a la hora de tomar decisiones", ha manifestado Lambán, apuntando que Aragón es la única comunidad que ha aprobado una ley propia frente a la pandemia.

Además, "todas las decisiones sanitarias se han tomado sin interferencias políticas y el Gobierno ha ido siempre con la verdad por delante, ha desechado cualquier oportunidad para la propaganda y ha imprimido transparencia en todas sus acciones", con la obsesión de "amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables".

El jefe del Ejecutivo regional ha mencionado la creación, de forma pionera, de los Centros COVID y ha tratado "por todos los medios" de que ningún aragonés quedara "desprotegido", de manera que el Ingreso Aragonés de Inserción se ha seguido gestionando con normalidad.

El Gobierno también ha tratado de reducir el impacto en la educación y preparó "de la manera más concienzuda posible" el curso presente por "miedo" a lo que pudiera significar la reapertura de las aulas, siempre con el interés de que la docencia fuera lo más presencial posible.

Así, la presencialidad ya se ha recuperado en Secundaria y Bachillerato, ha continuado Lambán, quien ha apuntado que se han incorporado 500 docentes más y 200 monitoras de comedor, y se han elaborado planes de contingencia, siempre en coordinación con el Departamento de Sanidad.

ACUERDOS PRÓXIMOS

También ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a los sectores económicos más afectados por las restricciones, expresando que "el Gobierno no los ha olvidado en ningún momento" y ha avanzado que el Ejecutivo no tardará mucho en adoptar decisiones "que les satisfarán razonablemente".

Los acuerdos con los sectores del turismo y la hostelería "están muy próximos", ha adelantado Lambán, lamentando el efecto que ha tenido la pandemia sobre bares, restaurantes y hoteles. "Es importante que tengan ayudas y, sin ser competencia exclusiva del Gobierno, ha tenido que poner toda la carne en el asador".

En cuanto a las ayudas del Gobierno de España, ha dicho que "lo importante es que lleguen pronto" y que cuantas más instituciones apoyen a estos sectores "mucho mejor".

"Vimos desde el principio que la pandemia iba a tener un efecto demoledor sobre la economía y el empleo", ha resaltado el presidente, quien ha continuado impulsando los proyectos estratégicos y negociando implantaciones industriales en la Comunidad, algunas de las cuales se comunicarán en los próximos meses y serán "de cuantías muy importantes".

Ha aludido a la posible implantación de un fábrica de baterías, en Aragón o en otra región, indicando que ha retomado su "ilusión" por el proyecto tras hablar, el viernes pasado, con la ministra de Industria, Reyes Maroto. Lambán seguirá poniendo de manifiesto "las fortalezas" de la Comunidad para albergar este centro de producción y peleará "hasta e final" para conseguirlo.

Frente a este proceso de crisis, el Gobierno de Aragón reformuló su Presupuesto de 2020, movilizó en junio 510 millones de euros para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia y para 2021 se aprobó el Presupuesto más alto de la historia de Aragón "y el más apoyado" para seguir haciendo frente a la COVID-19.

Para frenar el efecto de la pandemia en la economía, el Ejecutivo propició la aprobación de la Estrategia de Recuperación Social y Económica, "suscrita por todos menos VOX" y con la participación también de los agentes sociales y los ayuntamientos.

RECUPERACIÓN

La cifra de paro de febrero de 2021, 87.158 aragoneses desempleados, es "totalmente negativa", pero la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en Aragón bastante por encima de la media española.

El 80,62 por ciento de los trabajadores que estaban afectados por ERTE ya han salido y se han reincorporado a la actividad normal, por encima del 73 por ciento nacional, mientras que el PIB se redujo un 9,5 por ciento en la región durante 2020 -11 por ciento en el conjunto de España-- y crecerá por encima de la media nacional en 2021, ha vaticinado, añadiendo que Aragón ocupa posiciones "de liderazgo" en exportaciones.

"Si la vacuna funciona bien, a finales de 2021 estaremos muy próximos a recuperar los datos que teníamos antes del comienzo" de la pandemia, ha aseverado Javier Lambán.

Ahora el Gobierno "está enfrascado en reparar los daños y relanzar la Comunidad para un tiempo nuevo" para el que "tenemos recursos y argumentos para hacer de Aragón un proyecto común de éxito", ha proseguido Lambán, quien ha puesto de relieve el trabajo realizado en la recuperación de los servicios públicos y para acelerar la mejora de la economía con planes de choque para los sectores más afectados, entre otras herramientas con el Plan 'Aragón Puede'.

"Lejos de aflojar los lazos de unión y la cohesión del Gobierno de Aragón", el coronavirus los ha acrecentado, ha enfatizado Javier Lambán, destacado que "todos y cada uno de los cuatro partidos ha funcionado de manera coordinada, asumiendo cada cual la parte alícuota que le correspondía en la lucha contra la pandemia".

Un comité de expertos asesora al Ejecutivo sobre el escenario post-pandemia y está a punto de entregar su primer informe. Lambán ha avanzado que se revisará la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias durante el segundo semestre del año.