El PSOE y Unidad Podemos han defendido este martes en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados su «ley de rescate» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como se han referido a su proposición de ley para impedir nombramientos discrecionales por parte de un CGPJ caducado, como el actual, mientras que el PP ha advertido de que se trata de una maniobra política para avanzar hacia la propuesta congelada que busca cambiar las mayorías por las que se elige a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El diputado socialista Francisco Aranda ha justificado la proposición de ley en la necesidad de corregir una «anomalía» institucional por los dos años que lleva el CGPJ en situación de interinidad, algo de lo que ha culpado al PP, instando a sus representantes parlamentarios a salir de la «dejación de funciones» y cumplir su «ineludible» obligación constitucional.
Aranda ha afeado al PP que su negativa a renovar el CGPJ obedece a «intereses políticos coyunturales» y a «una actitud ‘trumpiana’ del que ha perdido cinco elecciones y no acepta la realidad». Este bloqueo, les ha dicho, no solo «impide el funcionamiento de un poder clave», sino que «es irresponsable y perjudicial» y va en contra de las directrices europeas.
A este respecto, el diputado socialista ha criticado que durante la comparecencia parlamentaria del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el PP reconociera «sin rubor» que una de sus «líneas rojas» para acordar la renovación del CGPJ es que Unidas Podemos participe en la misma. «Ese es el concepto de democracia que ustedes exportan a Europa, veo que no tienen los mismos escrúpulos a la hora de vetar en sus acuerdos a la extrema derecha», les ha espetado.
El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado directamente la proposición como «una ley de rescate de la justicia». Así, ha acusado al PP de «secuestrar» el Poder Judicial para mantenerlo como un «búnker inexpugnable, para seguir corrompiendo, colonizando y controlando los puestos calve de la judicatura». «Intentan ganar lo que han perdido en las urnas a través de los tribunales», ha afirmado.
Asens también ha hecho hincapié en que «exigen la expulsión del campo de juego de partidos que representan a más de siete millones de personas porque no les gusta», avisando de que ese «ruido de sables» no es nuevo. Siguiendo esa lógica, ha expuesto, es como si los socios de Gobierno dijeran que no convocan elecciones por la «amenaza» que representa Vox para las instituciones. «Por eso, no haremos una barbaridad de esas características», ha aclarado.
«MANIOBRA FASCISTOIDE»
Desde el PP, Luis Santamaría ha alertado de que el trámite parlamentario de esta proposición de ley «no es más que una provocación por parte del Gobierno para tener argumentos para modificar las mayorías» por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, en alusión a la otra propuesta lanzada por PSOE y Unidas Podemos en octubre para pasar de tres quintos a una mayoría absoluta y que permanece congelada para dar espacio a la negociación con el PP.
Para Santamaría, si esta segunda propuesta viera la luz «significaría que el Poder Judicial habría caído, y con él buena parte de nuestra libertad y nuestra democracia», porque el CGPJ, según ha ilustrado, se convertiría en «un órgano monocolor», en «un auténtico ministerio de la verdad en manos de (Pedro) Sánchez, Esquerra, Podemos y Bildu».
El diputado ‘popular’ ha sostenido que ese es el verdadero objetivo de la «maniobra fascistoide y antidemocrática del Gobierno» con la que quiere «presionar» al PP, para descartar a renglón seguido que la falta de renovación sea únicamente imputable al PP, subrayando en este sentido que ningún grupo parlamentario tiene los escaños suficientes para renovar en solitario.
Además, ha contestado a la «macedonia de exabruptos» de Asens para dejar claro que «este Gobierno es legítimo y Podemos tiene la legitimidad que le otorgan los votos», aunque al mismo tiempo ha hecho mención a «ejemplos» de la historia europea del siglo XX que muestran cómo «partidos trufados de manejos y tintes dictatoriales» accedieron legítimamente a las instituciones. En su opinión, lo mismo pasa con Podemos, «un partido que proviene de los narco-regímenes con dejes totalitarios y con naturaleza perversa».
En este contexto, Santamaría ha urgido al PSOE a «despertar», a dejar de ser «un juguete roto en manos de radicales, filoterroristas y separatistas» que abogan por «un cambio de régimen». «Con estos socios, señores del PSOE, son ustedes a la democracia lo que la carcoma a la madera, actúan desde el interior de las instituciones para destruirlas», ha aseverado, garantizando que, frente a ello, el PP pondrá «pie en pared».
RECURSO ANTE EL TC
Vox también se ha mostrado totalmente en contra de la proposición de ley de socialistas y ‘morados’, hasta el punto de que su diputada Macarena Olona ha anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente es aprobada. En este punto, ha pedido a los magistrados del TC que «rompan sus cadenas» porque «los peajes que tenían que pagar por sus nombramientos no pueden permitir el derribo de nuestra democracia».
Olona ha advertido de que con esta «infame ley» se inicia «el doloroso camino de la degradación para convertir al Poder Judicial en un mecanismo de represión y persecución» que ha comparado con el uso que se hace del mismo en lo que ha denominado la «bioesfera del castro-chavismo» de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. «Hoy, el socialcomunismo da un golpe de Estado institucional desde la misma Moncloa», ha concluido.
Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha considerado un «insulto» la proposición de ley y ha señalado las razones que, a su juicio, la motivan: «debilitar al Poder Judicial para presionar al PP para renovar a los doce vocales (procedentes del turno judicial) y para nombrar a su gente en los puestos de dirección del Poder Judicial e influir en sus sentencias». Para Bal, «quieren descabezar el Poder Judicial para hacerlo morir por inanición, porque sus más altas magistraturas se queden sin cubrir».
«NUEVAS FÓRMULAS»
En el resto de grupos parlamentarios, José María Mazón, del Partido Regionalista Cántabro, e Íñigo Errejón, de Más País, se han mostrado a favor, enunciando algunas deficiencias del actual sistema, como la tendencia al bloqueo cuando toca renovar o los problemas de acceso a la carrera judicial. Joan Baldoví, de Compromís, ha coincidido con Mazón y Bal en que el mecanismo de nombramiento de esos doce vocales está colapsado y ha abogado por buscar «nuevas fórmulas».
Mikel Legarda, del PNV, se ha mostrado muy crítico porque ni la anterior reforma del PP en 2013 ni la «reforma exprés» que pretenden PSOE y Unidas Podemos sin contar con los informes que habría requerido un proyecto de ley para «alterar» las estructuras del CGPJ son la mejor forma de afrontar un problema que, ha subrayado, se arrastra desde la reforma del 85.
Jon Iñárritu, de Bildu, ha anunciado el apoyo de su grupo parlamentario a la proposición de ley, pero ha querido denunciar también «la contaminación política» del Poder Judicial, señalando en concreto al Tribunal Supremo tras su decisión de repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por el caso ‘Bateragune’. Carolina Telechea i Lozano, de ERC, se ha pronunciado en el mismo sentido pero para afear al TS su sentencia sobre el ‘procés’.
