El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes que se está avanzando para prevenir movimientos migratorios y reforzar la dimensión exterior, aunque ha solicitado a sus socios de la Unión Europea (UE) que se sustituya el «enfoque binario» por otro en el que se aborde la llegada de migrantes como un «desafío estructural» del conjunto de países miembros.

«Creo que estamos avanzando por el camino correcto, que no es otro que apostar por la dimensión exterior y la prevención de los movimientos primarios», ha indicado Grande-Marlaska en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI) que se ha celebrado por videoconferencia.

El ministro ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto de Migración y Asilo que contemple un reparto equitativo de la responsabilidad frente a la inmigración irregular. El primer paso para alcanzar una posición común consiste, según ha dicho, «en aceptar que la inmigración irregular es un desafío estructural de toda la UE en su conjunto».

«No podremos avanzar en la negociación si no superamos el enfoque binario, según el cual unos asumen la responsabilidad incondicional de gestionar la inmigración irregular, mientras otros ofrecen un eventual apoyo, condicionado según sus circunstancias y posibilidades», ha afirmado.

HAY QUE SEGUIR PROGRESANDO

Grande-Marlaska ha iniciado su exposición agradeciendo el «intenso trabajo» realizado tanto por la presidencia alemana como por la Comisión en estos casi tres meses transcurridos desde la presentación del Pacto de Migración y Asilo, pero ha incidido en la necesidad de «seguir progresando», según ha destacado en un comunicado el Ministerio del Interior.

El titular del Interior ha vuelto a subrayar la necesidad de dotar adecuadamente al Pacto de Migración y Asilo de una dimensión exterior. «Hay que seguir desarrollando esa parte, multiplicando los mecanismos de cooperación con los países de origen y tránsito, y llevando a cabo una labor que permita mejorar la colaboración con ellos», ha explicado.

En este punto, Grande-Marlaska ha agradecido a la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, «su enfoque de la política migratoria europea, basado en el compromiso y la construcción de relaciones con países de origen y tránsito, como ha demostrado con sus viajes a Marruecos, Túnez y Mauritania».

DEVOLUCIÓN DE MIGRANTES SIN PROTECCIÓN

En cuanto a las políticas para la devolución de migrantes que no son acreedores de protección internacional a sus países de origen, otro de los asuntos abordados en el Consejo de ministros del Interior, Grande-Marlaska ha señalado que la readmisión es el resultado y la consecuencia de una política migratoria a medio y largo plazo, basada en la construcción de agendas compartidas, en la identificación de intereses comunes y en la confianza mutua.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la experiencia del Gobierno español con países como Marruecos, Argelia, Mauritania o Senegal, también desde el plano de intercambio de información. «Es esencial que los agentes policiales dispongan de toda la información necesaria para desempeñar sus funciones, incluida aquella que provenga de otro Estado miembro», ha dicho Grande-Marlaska.

El ministro ha indicado que en este proceso «es clave reforzar Europol en sus capacidades y recursos de todo tipo, en apoyo a las necesidades de los estados miembros». También ha subrayado la necesidad de reforzar la cooperación policial transfronteriza y la cooperación con terceros países, «porque también en seguridad hay un estrecho vínculo entre las dimensiones interna y externa».

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, Grande-Marlaska ha destacado la pertinencia de seguir reforzando la lucha contra la radicalización. El ministro ha hecho referencia en este terreno a la importancia de las víctimas del terrorismo por «el valor que tiene su discurso en la prevención de la radicalización».

El Consejo también ha tratado la dimensión del terrorismo online. En este sentido, el Consejo ha abordado la propuesta de reglamento sobre prevención en la diseminación de contenido terrorista online, que se centra principalmente en la acción proactiva de los Estados miembros en la identificación, comunicación a los proveedores de servicio de almacenamiento y posterior bloqueo de acceso o retirada por parte de éstos.

El ministro español ha indicado que España también ha actualizado la Estrategia Nacional de Lucha Contra el Terrorismo «para adaptarla a los nuevos retos y circunstancias».

Los ministros han tratado asimismo los procesos puestos en marcha para la interoperabilidad de las herramientas para la aplicación del Reglamento de Interoperabilidad de fronteras y visados y del Reglamento de Interoperabilidad de cooperación policial y judicial, asilo y migración.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha defendido este lunes de las críticas vertidas por el PP contra el Gobierno por pactar los Presupuestos Generales para 2021 con Bildu recordando a su portavoz en el Senado, Javier Maroto, los acuerdos alcanzados con la izquierda abertzale en su etapa como alcalde de Vitoria.

Montero respondía así a Maroto en el Pleno de la Cámara Alta horas después de que el dirigente ‘popular’ reprochara al Ejecutivo haberse convertido en «compañero de viaje» del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, el mismo día en que se ha conocido que la Audiencia Nacional volverá a juzgarle por pertenencia a organización terrorista.

«¿Por qué le recrimina al Gobierno que los Presupuestos los apoyen otros grupos?», ha preguntado la ministra al dirigente ‘popular’, a quien ha recordado que en 2011 admitiera que había «mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio» o que defendiera la necesidad de hablar con «todos», como él hacía en Vitoria.

En este punto, le ha recordado un tuit que escribió, siendo primer regidor en Vitoria, donde presumía de haberse celebrado un primer debate de impuestos municipales «sin excluir a nadie» «He aceptado propuestas del PNV, PSE y Bildu. Hay que buscar consensos con todos», escribía entonces Maroto.

Montero también ha puesto de relieve que en 1993, «cuanto ETA asesinó a 14 personas», el Gobierno de Navarra, que compartían el PP y UPN, citó a Batasuna hasta en dos ocasiones para negociar los Presupuestos autonómicos.

«¿SE DESDICE AHORA, SEÑOR MAROTO?»

«¿Y ahora qué, señor Maroto? ¿Ahora todo lo que usted ha dicho y todo lo que usted transmite respecto a por qué este Gobierno tiene un proyecto de Presupuestos que se apoya por determinadas fuerzas políticas no vale? ¿O ahora usted se desdice de lo que dijo previamente?», se ha preguntado.

Durante su réplica, la ministra portavoz del Gobierno también ha tachado de «miserable» que Maroto haya «utilizado» la cifra de muertos por Covid como «arma arrojadiza» contra el Gobierno para preguntarse, a renglón seguido, dónde ha quedado la responsabilidad de Gobierno que el PP ejerció durante la democracia.

«¿Dónde está el sentido de país de la primera fuerza de la oposición?», ha abundado Montero, quien ha preguntado a Maroto si «la bronca, la desfalificación y los adjetivos contra el presidente del Gobierno» son los méritos que exigen en el PP ahora para formar parte de la dirección del partido.

A VUELTAS CON EL ACENTO ANDALUZ

En concreto, en su rifirrafe con el portavoz ‘popular’, la ministra también ha aprovechado para exigir al PP que deje de utilizar el acento andaluz para tratar de «desprestigiar» a esa comunidad. Lo hacía después de que en su intervención Maroto recordara la famosa frase sobre cómo Montero cuadraba los Presupuestos y en la que incluyó la expresión «chiqui».

«En Andalucía expresiones como chiqui, mi arma, cariño, niño, chiquillo se utilizan todos los días por todos los ciudadanos. Cuando me critica a mi está criticado el habla de Andalucía», ha denunciado la titular de Hacienda, quien acusado a los ‘populares’ de tener «un historial profundo de desprecio de Andalucía». «Y si no, que se lo digan a Magdalena Álvarez o Celia Villalobos», ha comentado.

CC.OO. de Euskadi ha afirmado que volver a juzgar el caso Bateragune «no es la manera de reparar un proceso que Estrasburgo ya declaró injusto» y cree que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo puede abocar «a una nueva sentencia que penalice, nuevamente, la imagen de la justicia ya deteriorada, por la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

En un comunicado, se ha referido, de esta manera, a la decisión unánime del Tribunal Supremo de proceder a la repetición del juicio del ‘caso Bateragune’, en el que están acusados Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez.

El sindicato ha indicado que esta decisión, de un nuevo juicio sobre la acusación de coordinarse con ETA «por el que ya fueron injustamente condenados, no respeta la decisión de los afectados de no repetir el proceso».

«La falta de imparcialidad, alegada por el Tribunal Europeo de DDHH, para anular el juicio por el que fueron condenadas, entre otros, Arnaldo Otegi y el ex secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, no ha servido para desistir en la pretensión del alto tribunal para volver a juzgar por los mismos hechos a estas personas», ha añadido.

A su juicio, la decisión del tribunal puede abocar «a una nueva sentencia que penalice, nuevamente, la imagen de la justicia ya deteriorada, por la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

CC.OO, tras expresar su «máximo respeto a las resoluciones judiciales dictadas, y poniendo en valor las mismas», ha asegurado no compartir el criterio esgrimido por el tribunal que va a tener como consecuencia la repetición de un juicio ya juzgado, «en el que las personas encausadas fueron condenadas y que, tras cumplir años de cárcel, deben enfrentarse a un nuevo juicio, que ya fue anulado, con posterioridad al cumplimiento de la condena».

Este sindicato ha manifestado en reiteradas ocasiones su postura contraria al proceso Bateragune, «por confundir responsabilidades éticas y políticas, con responsabilidades penales, y no ha compartido las penas de cárcel para las personas que estaban trabajando por el ‘cambio de estrategia’ de la izquierda abertzale, para pasar de la combinación de política y violencia a las vías exclusivamente políticas, cambio que debe ser completado con el necesario reconocimiento del daño injusto al que dieron cobertura política, y la reparación de las víctimas, para consolidar definitivamente la convivencia con memoria democrática».

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa han publicado ‘Dolor y Memoria’ (Editorial Saure), un cómic en euskera –‘Mina eta Oroimena’– y castellano dirigido a estudiantes de Secundaria con el objetivo de deslegitimar el terrorismo para «prevenir la radicalización, el odio y el fanatismo».

La publicación se ha presentado este lunes en la Subdelegación del Gobierno en Vitoria, por el responsable del área de Educación y Exposición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Raúl López, y la vicepresidenta de Fundación Fernando Buesa, Marta Buesa, y Aurora Cuadrado Fernández, la autora de los textos.

La escritora y profesora universitaria Aurora Cuadrado Fernández ha adaptado para esta publicación nueve capítulos del libro ‘Memorias del Terrorismo en España’, publicado por el Memorial en 2018. Son nueve historias ilustradas por Daniel Rodríguez, Alfonso Pinedo, Carlos Cecilia y Fran Tapias, para hacer realidad nueve relatos «únicos y singulares», de manera que el lector pueda elegir su propio itinerario.

Según ha destacado Raúl López Romo en un comunicado, «no es un cómic de superhéroes, sino de personas normales marcadas por historias de superación». Los nueve testimonios de víctimas de diferentes terrorismos –ETA, Grapo, yihadista y parapolicial o de extrema derecha– están narrados por personas «afectadas de cerca» por esos diferentes terrorismos.

Marta Buesa, protagonista de uno de estos relatos ilustrados, ha destacado la importancia que tiene «educar en la memoria y el dolor» porque es necesario «para tomar conciencia del sufrimiento que produce el terrorismo». La hija del dirigente del PSE-EE Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, ha calificado el cómic como un relato de «superación, supervivencia, transformación y compromiso».

Por último, Aurora Cuadrado ha asegurado que este trabajo le ha llevado a una «empatía total» con las víctimas del terrorismo, a las que ha calificado de «auténticos resilientes». Cuadrado cree que las víctimas han convertido «el dolor personal» en «una suerte de justicia y defensa de los derechos humano».

Esta publicación forma parte de la colaboración, desde el año 2017, entre la Fundación Fernando Buesa y del Centro Memorial, para impulsar la educación en valores con iniciativas basadas en la elaboración de materiales pedagógicos, como este cómic, videojuegos o diccionarios audiovisuales.

Según han explicado ambas instituciones, el objetivo es «aportar una explicación rigurosa, en formatos para jóvenes en edad escolar, del impacto que ha tenido en la sociedad el terrorismo, planteando una deslegitimación del mismo, y aportando herramientas para prevenir la radicalización, el odio y el fanatismo, que son la antesala del terrorismo».

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado con ocho años en un finca de Rodalquilar en Níjar (Almería), ha afirmado que espera que el Tribunal Supremo (TS) estime que hubo ensañamiento en el crimen cometido por Ana Julia Quezada y emita una sentencia que «se adecue a la verdad» por la «memoria» de su hijo.

«Mi hijo no se puede defender y no puede contar lo que le pasó», ha trasladado Patricia Ramírez horas antes de que delibere a puerta cerrada este martes la sala de lo Penal del Alto Tribunal, al que ha pedido «especial delicadeza» y que «interpreten como si fuera su pequeño, porque en el fondo esto le puede pasar desgraciadamente a cualquiera».

En una entrevista concedida al programa ‘La tarde’ de Canal Sur, recogida por Europa Press, la madre de Gabriel Cruz ha asegurado que la esperanza de la familia pasa porque el Supremo condene a Quezada «como mínimo» a lo que le condenó la Audiencia Provincial de Almería, pero que estime la agravante de ensañamiento que no se apreció en primera instancia ni tampoco en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en apelación.

«Nosotros hemos sido coherentes a lo largo de todo el procedimiento y el único desacuerdo por parte nuestra ha sido con los informes forenses», ha señalado en referencia a las periciales del Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería y las presentadas de parte por ella y el padre del niño.

En esta línea, ha defendido que los informes periciales que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora «se hicieron basándose en todo caso en pruebas de imagen de mi pequeño», y ha remarcado que un TAC es «una prueba objetiva, no hay más».

«Quiero que lo miren bien, que se le haga caso a las pruebas de imagen y a los informes de los peritos y que se le meta la agravante de ensañamiento por todo lo que pasó», ha apuntillado.

Patricia Ramírez, quien ha subrayado que dados los recursos presentados por la defensa y por la acusación particular, «nos encontramos ante una gama de posibilidades muy alta» y ha considerado que el Supremo debe decidir «por cosas tan importantes como si fue un asesinato con alevosía o si se repite el juicio» como interesan los abogados de Ana Julia Quezada.

Al hilo de esto, ha indicado que espera que el Alto Tribunal en su revisión considere que hay dos delitos de lesiones psíquicas como apreció el jurado popular, pero que el TSJA revocó, y que eran «seis años adicionales de condena».

«No es tan doloroso que no haya ese reproche penal como que no se reconozca que realmente se nos hizo ese daño y, por eso, pedimos que se vuelva a tener en consideración este delito», ha explicado.

Con respecto a la repetición del juicio que pide la defensa alegando la trascendencia mediática del crimen, ha apuntado que espera que «no se estime porque fue mediático para todos y no creo que los jueces se hayan dejado condicionar» al tiempo que ha reivindicado el trabajo por «blindar» el juicio realizado en su día por el tribunal de la Audiencia Provincial.

Patricia Ramírez se ha pronunciado, asimismo, sobre la pena de prisión permanente impuesta a Ana Julia Quezada, primera a una mujer desde que entró en vigor hace cinco años, y ha afirmado que para ella «lo que cuenta es los años que tiene su pena».

«Él no pudo contar lo qué paso, pero lo que pasó es un asesinato con alevosía y ensañamiento y eso tiene unos apellidos con el actual Código Penal; prisión permanente revisable», ha indicado para añadir que «solo es una madre defendiendo y protegiendo a su hijo con el Código Penal actual y sin entrar en debates para los que no me encuentro preparada».

Por último, y ante el trámite del que ha de salir una sentencia firme por la muerte violenta de Gabriel, se ha mostrado «esperanzada de poder terminar un camino que ha sido largo» y de «poder poner punto final por mí y por todos los que han estado empujando y remando hasta aquí.

«Tengo esperanza de poder decirle adiós como se merece, que salga todo bien, que podamos empezar a construir hacía otro sitio y, en el futuro, poder sonreír de nuevo», ha concluido.

Los magistrados deliberarán sin vista los recursos presentados contra la sentencia del TSJA que el pasado mes de febrero ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Almería a prisión permanente revisable, pero que estimó parcialmente la apelación de la defensa de Quezada, por lo que la absolvió de dos delitos de lesiones psíquicas.

No obstante, el Alto Tribunal andaluz mantuvo la condena a dos años y medio por los dos delitos contra la integridad moral de los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha evitado confirmar si van a solicitar que el excomisario José Manuel Villarejo comparezca en la comisión del Congreso que investigará la denominada ‘Operación Kitchen’, argumentando que se trata de una cuestión que se tiene que decidir en el ámbito parlamentario, y que debe ser fruto de la negociación entre los grupos.

Eso sí, Ábalos ha recordado, al ser preguntado al respecto en rueda de prensa en tras la Ejecutiva del PSOE, que cuando se desarrolló hace tres años la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz ya se descartó esta comparecencia.

El PSOE y Unidas Podemos han acordado poner en marcha antes de fin de año la comisión del Congreso que investigará la denominada ‘Operación Kitchen’, pero aún no han cerrado comparecencias. El grupo confederal quiere llamar al excomisario José Manuel Villarejo y al expresidente del PP Mariano Rajoy, e incluso pretenden que también desfile el actual líder ‘popular’, Pablo Casado, pero los socialistas prefieren esperar antes de tomar decisiones, según aseguran a Europa Press fuentes de las dos formaciones.

El ministro de Transportes ha señalado, al ser preguntado al respecto, que en su día se tomo esa decisión porque se entendió que Villarejo podía usar esa comparecencia «para superar actuaciones judicialmente comprometedores». «No sé cuál será ahora el criterio, pero la naturaleza del personaje ya la conocen», ha apostillado.

En todo caso, Ábalos ha evitado aclarar este asunto, argumentado que se tiene que sustanciar en el Congreso y que él no conoce la relación de comparecencias en la que están pensando.

Eso sí, el dirigente socialista ha aprovechado al rueda de prensa para pedir al líder del PP, Pablo Casado, debe exigir la renuncia del portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, por su implicación en la ‘Operación Kitchen», si quiere «romper con ese pasado».

El padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, se ha mostrado «desolado» tras ver las imágenes de las denominadas «colas del hambre», que llena los centros de acogida y entrega de alimentos en todas las ciudades del país, una situación requiere un «Pacto del Hambre», al estilo de los que se han rubricado en España, en referencia los de La Moncloa o de Toledo.

Ha reconocido que no podría imaginarse que aquellas imágenes «tras la guerra civil española, podría volver a ver las colas del hambre en nuestro país», según ha mostrado en su intervención en el ciclo de conferencias de los XXIV Galardones Empresariales de Fedeto.

«Los ángeles caídos», en referencia a las personas más vulnerables de la sociedad, «necesitan de un compromiso por parte de todos los partidos políticos. Tendríamos que ponernos en la piel de las personas que están en esas colas, para realmente darnos cuenta de lo que es estar en ellas», asegura el fundador de Mensajeros de La Paz.

A su juicio, «el virus lo ha vuelto todo del revés» pero al plantearse si la pandemia «es un castigo divino», él opina que no, «que son gajes del oficio», ha informado Fedeto en nota de prensa.

Con continuas referencias a los hechos y mensajes de fortaleza planteados por el Papa Francisco, Teresa de Jesús o Vicente Ferrer, el padre Ángel ha querido destacar el compromiso solidario de los españoles en estos meses. «No me ha sorprendido, porque sé que somos solidarios, pero no será suficiente ya que en España hay 8 millones de personas en riesgo de exclusión social».

«No quiero pensar que en los hospitales se ha priorizado la atención a los jóvenes y no a los mayores, aunque tengo dudas», comentaba el padre Ángel en referencia a la grave situación que se vivió en los primeros meses de pandemia. En su opinión los mayores han sido los grandes perjudicados de la pandemia, «con familias rotas por la pandemia».

«Los dos grandes problemas que debe afrontar esta sociedad son la soledad y la inmigración. Y para ello necesitamos de la solidaridad de toda la sociedad. Nunca antes en la Historia de la Humanidad ha habido un ejemplo tan solidario como el que estamos viviendo, pero vamos a necesitar aún más de todos. Tenemos que querernos y demostrarlo. Ese sería también mi mensaje de Navidad», afirma el padre Ángel.

Una de sus sentencias a destacar es que «antes de acabar con los ricos, tenemos que acabar con la pobreza» y que «la atención a los ancianos debe de ser una cuestión de Estado». Al respecto aseguraba que «los ancianos han sido los grandes perdedores de esta guerra. Porque ha sido una guerra, sin balas, sin ejércitos, una guerra silenciosa, pero una guerra».

GALARDONES

En la conferencia también han intervenido el vicepresidente de Fedeto, Pedro Hermida, y el secretario general, Manuel Madruga.

Tras la conferencia se entregó el galardón social a AFANION, Asociación de Familias de niños con Cáncer de la provincia de Toledo, por su labor de asistencia a las familias afectadas por niños que padecen enfermedades oncológicas.

Ha entregado el galardón el director de Sanitas en Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez Cantalejo, a Eva Ocaña Escolar, vicepresidenta en Toledo de Afanion Castilla-La Mancha.

Y también el galardón a la Empresarial del Año, a Manuela Padrino Sierra, que lidera desde su fundación la empresa Arandi Illescas-Ovonatur, en Illescas, dedicada a la elaboración y comercialización de Ovoproductos, Huevos, Huevo liquido pasteurizado y Yema.

Le entregó el galardón Juan Ramón Martínez, director de Zona Mancha Occidental.

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) ha aprobado este lunes los planes de formación para 2021, la memoria de actividad de 2020 y ha presentado el balance de la ejecución presupuestaria de 2020 y el proyecto de los presupuestos de 2021.

El consejo de este organismo, que se ha celebrado de forma telemática, ha estado presidido por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha destacado la importancia de la formación transversal y de la digitalización.

Durante el acto, se ha procedido además a la aprobación del acta de la reunión extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2020, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, en la que se autorizó la conversión a formatos online de toda la actividad formativa del CEJ durante 2020.

En la reunión han estado presentes, además, cinco vocales del Consejo del CEJ: el vocal del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) Rafael Mozo; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz; la Abogada General del Estado, Consuelo Castro; el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso; y la directora del CEJ, Abigail Fernández.

Como invitados, han asistido la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concha López-Yuste, en representación del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; Rafael Bañón, presidente del Consejo Médico Forense; y Félix Martín, que asume las funciones de director de Formación de la Carrera Fiscal.

El CEJ, dependiente del Ministerio de Justicia, durante el estado de alarma trabajó en un plan especial para implantar la formación a distancia como alternativa a la modalidad presencial con el objetivo de recuperar la actividad interrumpida por el parón en la formacioón derivado de la Covid.

Ya en abril, la directora del centro, Abigail Fernández, indicó que era prioritario retomar los procesos de formación inicial que se vieron aplazados, como eran las prácticas de la 58 promoción de la Carrera Fiscal y el curso selectivo de la 44 promoción del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Un niño de cuatro años salvó este domingo la vida de su madre, embarazada, al avisar a la familia por la aplicación de Whastapp, con lo que consiguió activar todo el sistema de Policía, bomberos y ambulancia, que pudieron entrar en la vivienda y trasladar a la progenitora a un centro hospitalario.

Según publica Levante-EMV, la mujer se sintió indispuesta y perdió el conocimiento antes de poder pedir ayuda con el móvil. Su hijo, cogió entonces el teléfono y mandó audios de Whatsapp a la familia explicando que su madre estaba en el suelo y no se movía.

Los hechos sucedieron a última hora de la tarde de este domingo, sobre las 19.45 horas, en un domicilio de la calle Bello, según han informado a Europa Press fuentes policiales. Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía fue la primera en llegar al lugar, aunque el niño no podía abrir la puerta ni tampoco mantenía una conversación fluida, dada la corta edad.

Los agentes alertaron a los bomberos para que accedieran por la ventana de la casa. Allí se encontraron a la madre, de 38 años, inconsciente y con el pulso «muy débil», por lo que una ambulancia del SAMU que había sido alertada la trasladó a un centro hospitalario. Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la mujer había sufrido un accidente vascular.

El subdirector de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jorge Suárez, ha explicado a los medios que el protocolo se activó al recibir una llamada de la Policía Nacional, que se encontraba delante del domicilio en el que se había alertado de que había un menor en situación de poder necesitar ayuda.

A través del 112 se activaron los recursos de forma integrada, en primer lugar, para alertar a los bomberos y que entraran a la casa y, a partir de ahí, se fueron activando de forma simultánea otros recursos, según la evolución del incidente.

En este caso, la mujer estaba embarazada, lo que era un factor que requería una «respuesta urgente». Suárez ha recalcado que el niño pudo activar a través del Whatsapp a otros familiares pero ha destacado la importancia de recordar a los menores la llamada al 1 1 2, que es «muy fácil» de memorizar para los niños.

«Lo prioritario era acceder a la vivienda, a través de bomberos», ha dicho, y ha subrayado que desde el 112 «siempre se manda el recurso más adecuado y se van activando todas las agencias de manera simultánea».

El PNV ha dicho acoger «con desagradable sorpresa y profunda contrariedad» la decisión del Tribunal Supremo de volver a juzgar a los procesados en el caso Bateragune, que «pone en flagrante cuestionamiento el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española».

En un comunicado hecho público tras conocer la decisión unánime del Tribunal Supremo de proceder a la repetición del juicio del ‘caso Bateragune’, el PNV recuerda que Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez «ya fueron juzgados sin las garantías procesales debidas» por este asunto, «por el que ya cumplieron de forma íntegra».

Por ello, asegura que acoge «con desagradable sorpresa y profunda contrariedad» esta decisión, «cuyos razonamientos jurídicos no han sido dados a conocer» pero que «pone en flagrante cuestionamiento el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española».

En este sentido, recuerda la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que en noviembre de 2018 «falló que los acusados habían sido privados del más elemental derecho a un juicio justo», lo que, en consecuencia, «dejó sin valor todo aquel proceso».

Por ello, el PNV añade que «se ratifica hoy» en la opinión que ha expresado «desde el inicio mismo de este proceso en la Audiencia Nacional». «Que constituyó un absurdo político-judicial sentenciar que todo era ETA en el mundo de la izquierda abertzale, que en el origen de los hechos se patentizaba una clara vulneración del derecho de reunión y que supuso un obstáculo innecesario en la normalización en la convivencia en Euskadi», afirma.

Según la formación jeltzale, «en la base doctrinal del ‘caso Bateragune’ se encuentra la Ley de Partidos, norma que contó con el rechazo absoluto del PNV». Por ello, advierte de que «ni hoy ni ayer han tenido sentido la exclusión política ni la limitación de derechos básicos de elección y organización, excepcionalidades que han hecho menguar los límites de un Estado democrático pleno».

Para la formación que lidera Andoni Ortuzar, «lejos de contribuir a maquillarla o a ocultarla», esta decisión del Tribunal Supremo «no hace sino poner de nuevo el foco sobre la larga lista de casos en que las más altas instancias europeas vienen fallando contra el Reino de España por la vulneración del derecho de las y los acusados a un juicio justo y por su falta de imparcialidad».

«Hoy urge más que nunca que la Administración de Justicia española acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los Derechos Humanos», concluye.

España aumentó su superficie protegida, tanto la marina como la terrestre, y reedujo sus emisione de gases de efecto invernadero durante 2018, según datos del Perfil Ambiental 2019 que ha publicado este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El perfil ambiental 2019 incorpora datos de 2017 y 2018 y precisa que las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 6,2 por ciento respecto a 2017 y que la superficie terrestre protegida creció un 2,5 por ciento en ese año, mientras que la marina aumentó en un 2 por ciento.

Durante la presentación del anuario, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que el Perfil Ambiental 2019 es un documento «muy vailoso» que permite tomar decisiones «sólidas» basadas en el conocimiento y en la capacidad de proyectar, e identificar los puntos en los que hay que esforzarse más.

Ribera ha defendido la necesidad de esta herramienta porque considera que una sociedad bien informada es la mejor herramienta para construir resiliencia.

Este XVI perfil ambiental incluye un primer apartado dedicado a la relación entre medio ambiente y salud, y de un segundo capítulo organizado en torno a cuatro áreas de conocimiento (aire, clima, sectores económicos y sostenibilidad) en las que se agrupan 14 temas ambientales y sectoriales, y en los que se estructura el contenido de la información ambiental a través de 71 indicadores.

Asimismo, incluye un apartado por comunidades autónomas con información desagregada sobre aspectos socioeconómicos, superficie terrestre protegida, usos del suelo, calidad del aire, electricidad de origen renovable y economía circular, e incorpora, como novedad, indicadores para mejorar el conocimiento sobre reto demográfico.

El perfil ambiental señala que en España se emitieron 313,5 millones de toneladas de CO2 brutas equivalentes en 2019, lo que refleja una disminución respecto al año anterior, del 6,2% y del 29,3% conrespecto a 2005. No obstante, en 2018 España aportó el 7,9% de las emisiones totales de GEI de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que lo sitúa como el sexto país más emisor, aunque por habitante ocupa la plaza decimo octava y está por debajo de la media de la UE.

Las emisiones de la industria (2,9%), la agricultura (1,4%), el sector residencial, comercial e institucional (3%) y el uso de gases fluorados (5,2%) disminuyeron en 2018, mientras que aumentaron ligeramente las del sector residuos (0,7%) y del transporte (0,7%).

Por otro lado, Ribera ha añadido que las emisiones de contaminantes atmosféricos, las de amoniaco (NH2) superaronn el límite establecido durante el periodo 2010-2018, con un exceso de emisiones del 25 por ciento de media sobre el techo de emisión establecido.

El perfil mide también la calidad del aire regional y señala que en los últimos años se han reducido notablemente las emisiones de dióxido de azufre (SO2), mientras que el material particulado (PM2.5) y el ozono (O3) han experimentado un incremento de su concentración media.

Por otro lado, el Perfil Ambiental refleja que en 2019 España llegó a la protección del 33,6 por ciento de la superficie terrestre, un 2,5 por más que el año anterior, y la marina ascendió hasta el 12,2 por ciento, tras la ampliación del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, lo que supuso un aumento del 2 por ciento respecto a 2018.

Asimismo, aumentó también la superficie incorporada a las Reservas de la Biosfera, que alcanza más del 12,4 por ciento del total de España: de las 18 reservas de 12 países añadidas en junio por la UNESCO, tres de ellas pertenecen a España (Alto Turia, La Siberia y Valle del Cabriel), y otras tres han aumentado su extensión y cambiado su denominación.

En cuanto a la situación forestal, el Perfil muestra que hay una tendencia descediente en el último decenio en el número de incendios forestales y grandes incendios y a las superficies afectadas por ambos.

Sin embargo, aumenta de forma progresiva la superficie media afectada por grandes incendios forestales que, en general, ocasionan mayores daños al medio natural y a los sistemas socioeconómicos asociados.

Respecto a los datos de erosión del suelo, el Inventario Nacional de Erosión del Suelo de 2019, alerta de que alrededor del 25 por ciento de la superficie de suelo erosionable de España sufre procesos erosivos medios y altos (pérdidas de suelo superiores a 10 toneladas porhectárea al año).

RESIDUOS Y VEHÍCULOS

El Perfil Ambiental incluye también los datos de residuos y concluye que desde 2011, en España se generan de media menos residuos por habitante que la media de la UE. Así, en 2018, España aportó el 8,9% de todos los residuos municipales comunitarios, ocupando la quinta posición entre los Estados miembros. Ese mismo año, el depósito a vertedero fue de aproximadamente el 51% de los residuos generados, cifra superior a la media europea, aunque mantiene la tendencia de descenso de los últimos años desde el 58% registrado en 2014.

El inventario señala que el ámbito de los residuos que acaban en el mar en 2019 se han realizado 104 campañas de muestreo en 26 playas de las 5 demarcaciones marinas en el marco del Programa de Seguimiento de Basuras Marinas.

En estas se ha encontrado una abundancia media de 327 objetos por campaña, con una variabilidad que va de 647 objetos en la demarcación del Estrecho y Alborán a 118 objetos de la demarcación Sudatlántica.

El total de campañas realizadas durante el periodo 2013 a 2019 se eleva a 708, con una abundancia media de 337 objetos por campaña. La tipología de objetos encontrados es muy amplia, pero destaca especialmente la presencia de plásticos (71,8% del total).

Finalmente, el Perfil explica también que el parque de turismos creció en 2018 un 9,4 por ciento respecto al año anterior, lo que eleva el parque móvil a 24,07 millones de vehículos de los que apenas el 1,2 por ciento de matriculaciones correspondió a vehículos de combustibles alternativos, cifra que continúa aumentando.

Ese mismo año, en torno a 15 millones de vehículos contaban con distintivo ambiental, aunque solo el 1,9% de ellos contaba condistintivo ECO y el 0,2% con etiqueta CERO.

De acuerdo con los datos de 2020 que no están incluidos en el presente Perfil Ambiental, los datos de la patronal de fabricantes de vehículos reflejan que entre enero y noviembre de 2020, las matriculaciones de vehículos eléctricos han alcanzado las 15.517 unidades, un 39,3% más que en el mismo periodo de 2019.

Como novedad, por primera vez el Perfil Ambiental incluye indicadores de reto demográfico que indican que en España, las ciudades concentran el 54 por ciento de la población, 5% del territorio y las zonas intermedias agrupan al 32,8% de sus habitantes en el 22% de superficie, mientras que las zonas rurales solo acogen al 13,2% de la población en el 73% del territorio.

En total, casi la mitad de Españ está por debajo del umbral que la UE considera en riesgo de despoblación, aunque en la última década han perdido población el 85,6% de los municipios de menos de 1.000 habitantes, el 73,7% de los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes y el51,2% de los municipios de 5.000 a 20.000 habitantes.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que van a esperar a tener más información sobre el caso de presuntas irregularidades que afecta a la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, para tomar una decisión sobre su futuro, porque por ahora «no parece que le afecten responsabilidades directas».

No obstante, el ‘número tres’ del PSOE ha informado de que Martín, que es vocal de la Comisión Ejecutiva Federal, ya ha puesto su cargo a disposición del partido y así como su intención de mantenerles informados del desarrollo del caso.

Marín está siendo investigada en un caso de presuntas irregularidades en subvenciones del Consell Esportiu de L’Hospitalet y el jueves anunció que se personaría ante el juez para pedirle que la cite «lo antes posible» para declarar sobre este asunto.

Según Ábalos, el código ético no obliga en este momento a tomar una decisión y por ello van a esperar a tener más información y que se aclare la situación, porque ahora ni siquiera saben «en calidad de qué» va a estar Marín en el caso.

«Algunas veces hemos ido más allá del código ético, cierto, cuando hay mucha más claridad sorbe la situación y no es el caso», ha recalcado, tras destacar que al propia Marín está informándoles de todos los detalles que va conociendo y que, además, se ha puesto a disposición del partido para lo que consideren.

Además, Ábalos ha señalado que «la entidad que parece ser que arroja cuentas dudosas no es dependiente del Ayuntamiento» que dirige Marín sino de «una entidad subvencionada».

«Máxima colaboración de la justicia, como no puede ser de otra forma, y a la espera de que las actuaciones nos aclaren en qué situación queda, porque no lo tenemos claro todavía en calidad de qué va a estar en este proceso. Pero como digo, ella misma ha planteado su plena disposición», ha enfatizado.

Así, ha insistido en que de momento han activado el protocolo que marca el código ético, que pasa por pedir a la afectada que les mantenga informados. «En función «del avance que pueda tener estas diligencias, que de momento son de carácter provisional», tomaremos las decisiones que tenemos que tomar», ha apostillado.

La dirección nacional del PP no prevé que el congreso regional del PP de Madrid pueda celebrarse antes de un año, dado que antes terminarán de celebrarse todos los congresos provinciales pendientes. Será entonces cuando los afiliados votarán en un cónclave a su futuro presidente o presidenta del PP madrileño, que está en manos de una gestora desde mayo de 2028.

En esa fecha se produjo la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid tras la difusión de un vídeo de un hurto en 2011 en un supermercado, justo poco después de la polémica por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El entonces líder del PP, Mariano Rajoy, decidió poner el partido en manos de una gestora pilotada por el veterano Pío García Escudero.

Con Casado al frente ya se ha producido una designación en el PP de Madrid con la llegada de Ana Camíns a la Secretaría general del partido en Madrid en septiembre de 2019. Camíns, de la confianza absoluta del presidente del PP, ocupa también un escaño como senadora.

«AHORA NO TOCAN LOS CONGRESOS REGIONALES»

Fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press subrayan que la relación entre el líder del partido, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es «buenísima» y advierten de que «ahora no tocan» los congresos regionales.

Por eso, las mismas fuentes subrayan que la dirección nacional del PP no ha aplazado el congreso regional del PP de Madrid en ningún momento, sino que fijó un calendario –aprobado por Junta Directiva– para celebrar en primer lugar los cónclaves provinciales, proceso en el que está inmerso el partido en este momento.

Así lo ha confirmado el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha explicado que se acordó llevar primero las renovaciones provinciales «a lo largo de toda España». Según ha precisado, las últimas han sido las de Albacete y Ciudad Real, pero ha recordado que antes ya se celebraron los congresos provinciales de Alicante, Valencia, Zaragoza y Huesca.

«UN PARTIDO CONSTRUIDO DE ABAJO A ARRIBA»

García Egea, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección, ha señalado que «próximamente» seguirán con «más renovaciones provinciales» y, de hecho, ha señalado que ya ha hablado «con los territorios para organizarlo todo».

«Por tanto, las renovaciones provinciales irán antes que las renovaciones regionales porque somos un partido construido de abajo a arriba y porque las renovaciones provinciales son las que garantiza que se produce una renovación a nivel local, que es la fuerza de nuestro partido y la garantía de que el partido afrontar con éxito los futuros procesos electorales», ha manifestado.

Por eso, el ‘número dos’ del PP ha confirmado que una vez terminados esos congresos provinciales en este curso, iniciarán los «procesos de renovación regional», que ha situado durante el «próximo curso político».

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que prevén que esos congresos regionales se inicien en 2021 y el cónclave madrileño podría celebrarse a finales de ese año o a principios del 2022. En todo caso, será antes del Congreso Nacional del PP que está previsto para julio de 2022, justo cuatro años después de la llegada de Casado a la Presidencia del partido en sustitución de Mariano Rajoy.

LOS AFILIADOS ELEGIRÁN AL PRESIDENTE DEL PP DE MADRID

Al ser preguntado expresamente qué le parece que Díaz Ayuso presida el PP de Madrid, como ocurre en otras comunidades donde gobierna el PP, García Egea se ha remitido a los afiliados que deberán votar en ese cónclave. «Sobre preferencias, como secretario general, lo que siempre hemos defendido y defenderemos es que sean los afiliados los que elijan a su dirección», ha manifestado García Egea.

Sobre este extremo se ha pronunciado también este lunes el alcalde de Madrid y portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida, que ha destacado que tanto él como Ayuso están centrados en «resolver los problemas de los madrileños» y no en el PP de Madrid.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la vigencia de la Constitución durante la presentación este lunes en la sede del Tribunal Constitucional de la segunda edición del libro Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y ha utilizado para ello la frase dicha por uno de sus nietos el pasado 6 de diciembre, cuando tras preguntarle que creía que era la Carta Magna contestó: «Es la que manda».

Calvo ha participado en la presentación de este libro junto con el presidente del tribunal de garantías, Juan José González Rivas y la presidenta de la editorial WoltersKluwer, Cristina Sáncho. Entre los asistentes, varios magistrados del Constitucional y el consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

La presidenta ha destacado durante su intervención lo «grato» que le resulta visitar el Tribunal Constitucional y presentarle sus respetos por la «altísima función» que le corresponde, y ha aludido a las palabras del jurista ya fallecido José Pedro Pérez Llorca, que hablo de la importancia de una Constitución «no de parte, sino para todos».

Para Calvo, este acto de presentación de una obra que le será muy útil a los operadores jurídicos es también un acto de «confirmación constitucional» de una norma que está viva gracias al trabajo de este órgano.

Por su parte, González Rivas ha agradecido a la presidenta su presencia en este acto, que supone la clausura de la conmemoración de los 40 años de Tribunal Constitucional que se han celebrado este año.

También ha aprovechado para expresar sus deseos de paz y felicidad a los asistentes «después de este año tan doloroso que propicie que tengamos un próximo año que nos haga ver como la pandemia va disminuyendo con la adopción de las correspondientes vacunas».

La responsable técnica de la gestión de la pandemia de COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha garantizado que Papá Noel es «inmune» al COVID-19 y podrá moverse por todo el mundo sin restricciones para entregar regalos en la noche del 24 al 25 de diciembre.

Según ha explicado en rueda de prensa, la OMS ha entablado conversaciones con varios gobiernos para permitir a Papá Noel, conocido también como Santa Claus o San Nicolás, que cruce las fronteras de todos los países a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

«Hemos hablado con Papá Noel y podemos asegurar a todos los niños del mundo que es inmune al COVID-19 y está trabajando para llevar los regalos. Varios gobiernos nos han dicho que le permitirán utilizar el espacio aéreo para llegar a todas las casas», ha señalado.

La científica ha pedido a los niños, en cualquier caso, que hay que respetar el distanciamiento social con Papá Noel, por lo que tienen que acostarse pronto la noche del 24 de diciembre. «Es muy importante que todos los niños del mundo entiendan que el distanciamiento físico de Santa Claus y también de los propios niños debe ser aplicado estrictamente. Así que es muy importante que los niños del mundo sigan escuchando a sus madres, padres y tutores y se aseguren de que se acuesten temprano en Nochebuena», ha añadido.

Por otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado la puesta en marcha de la iniciativa ‘Global Youth Mobilization for Generation Disrupted’, desarrollada con la Alianza de las Seis Grandes Organizaciones Juveniles, que tiene por objeto apoyar a los jóvenes de todo el mundo en respuesta a la pandemia de COVID-19 y ayudar a aliviar el impacto negativo en el desarrollo de los jóvenes.

«Si bien los efectos directos de la pandemia en la salud de los jóvenes han sido en general menos graves, se ven afectados de manera desproporcionada por las consecuencias de larga duración de la pandemia: las interrupciones en la educación, la incertidumbre económica, la pérdida o falta de oportunidades de empleo, los impactos en la salud física y mental y los traumas por violencia doméstica, por nombrar algunos. Más de 1.000 millones de estudiantes en casi todos los países se han visto afectados por el cierre de escuelas; y 1 de cada 6 jóvenes en todo el mundo ha perdido su empleo durante la pandemia», ha comentado al respecto.

Esta iniciativa se caracterizará por la celebración de una Cumbre Mundial de la Juventud en abril de 2021, y por la creación de un fondo de 5 millones de dólares para apoyar a las organizaciones juveniles locales y nacionales, que incluirá subvenciones para soluciones dirigidas por los jóvenes y un programa acelerador para ampliar las actividades de respuesta existentes.

La ONG de conservación marina Oceana insta a los Gobiernos de la UE a cambiar «radicalmente» su gestión sobre las áreas marinas protegidas y adopten prohibiciones a gran escala de las actividades que son incompatibles con los objetivos de las áreas marinas protegidas, ya que en el 96 por ciento de ellas se permiten actividades industriales o extractivas, lo que los convierte en parques «de papel».

En un informe, la ONG pide también que el Plan de Acción 2021 de la Unión Europea para conservar recursos pesqueros y proteger ecosistemas marinos marque un punto de inflexión para que la Comisión Europea muestre su ambición para abordar la pesca destructiva en las AMPS europeas.

Oceana denuncia así que las AMP «no son más que parques de papel» puesto que su protección es «mínima». De hecho, asegura que el 70 por ciento de las 3.449 AMP de la red Natura 2000 marina evaluadas tienen al menos una amenaza grave y en algunas de ellas, en Países Bajos y Reino Unido, se han encontrado hasta 12 amenazas en un mismo área marina protegida.

De hecho, solo el 0,07% del total de la red de AMPs no está afectado por ninguna de las amenazas evaluadas, mientras que artes de pesca dañinos afectan al 86 por ciento de esta red inicialmente concebida para proteger hábitats.

La directora sénior de políticas de Oceana Europe, Vera Coelho, ha explicado que el estudio cuantifica por primera vez que la mayor red de AMPS de Europa está básicamente formada por «parques de papel hasta un punto aterrador.

«Para cumplir realmente con la ambiciosa retórica sobre objetivos de protección marina, es fundamental que tanto gobiernos como la Comisión Europea prohíban las actividades industriales y extractivas que tienen lugar dentro de las AMP, ya que son básicamente incompatibles con el concepto de área protegida», ha advertido.

De acuerdo con estándares de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza adoptados en 2016, las AMP no cumplirían con la definición, ya que menos del 0,5 por ciento de los mares europeos –el equivalente a la superficie de Bélgica– está protegido con auténticas AMP que restringen las actividades industriales que dañan el medio ambiente.

Asimismo, el estudio concluye que más del 53 por ciento de una selección de AMP no tiene «ningún tipo de gestión» y cuando la tienen, el 80 por ciento de los planes son incompletos o están plagados de puntos flacos, ya que omiten la gestión de las amenazas más graves que afectan a un área concreta.

Por su parte, el director de la campaña de protección marina de Oceana, Nicolas Fournier, ha indicado que dado que la UE y el Reino Unido se han marcado el objetivo del 30 por ciento de AMPs para 2030 es «necesario un cambio radical para dotarlas y que protejan la naturaleza de manera eficaz, especialmente en un medio marino degradado que se enfrenta a presiones significativas y crecientes, a las que se añade el cambio climático.

El análisis de Oceana muestra que el objetivo de muchas AMPs ha sido desarrollar un «mínimo legal» que proteja unas determinadas características, en lugar de proteger más ampliamente el ecosistema, sin abordar las amenazas más extendidas como el tráfico marítimo, la pesca y el dragado.

Este fallo denuncia que es aún más evidente por el declive constante de especies y hábitats marinos dentro de las AMP europeas, tal y como confirma la Agencia Europea de Medio Ambiente en su último informe sobre el Estado de la Naturaleza.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 12 años de prisión a un hombre acusado de haber intentado asesinar a su pareja en la urbe olívica clavándole un cuchillo, Juan Francisco C.M.

Según ha recogido la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, el varón también deberá indemnizar a la víctima en 7.650 euros por las lesiones causadas y no podrá aproximarse a la misma ni comunicarse con ella por un periodo superior en diez años a la pena de cárcel impuesta.

El tribunal ha considerado probado que los hechos tuvieron lugar el 8 de noviembre de 2019 de madrugada, cuando el procesado y su pareja comenzaron una discusión en la vivienda de esta, situada en Vigo. Posteriormente, la mujer fue a su habitación y, tras tomar unos fármacos, se acostó mientras su novio permanecía en el salón-cocina.

Sobre las 7,30 horas, Juan Francisco se tumbó en la cama junto a la mujer y «con ánimo de acabar con su vida», le tapó la boca con la mano y «comenzó a clavarle el cuchillo en varias zonas vitales del cuerpo», según refleja la sentencia, aprovechando el estado de «relajación y confianza» de ella. En un momento de distracción, la mujer logró escapar de la vivienda y salió a la calle, donde fue auxiliada, mientras el agresor fue detenido cuando intentaba abandonar el lugar.

Los jueces han remarcado que Juan Francisco era «policonsumidor habitual de heroína, cocaína u cannabis» por lo que presentaba un trastorno que no afectaba a sus capacidades intelectivas, mientras la mujer sufrió lesiones como consecuencia de la agresión.

Además, han señalado que, pese a que ella no falleció, «por parte del procesado (…) se utilizaron los medios adecuados para ocasionar el resultado de muerte perseguido, que si no se produjo fue por causas ajenas a su voluntad».

PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO EN LOS HECHOS

El tribunal ha considerado que «no cabe la menor duda» respecto «a los hechos y la participación del acusado (en los mismos)». De hecho, ha recordado que, aunque la víctima no declaró, el procesado «reconoce que son ciertos los hechos que se le atribuyen en los escritos de acusación, afirmando ser consumidor de heroína y alcohol y haber consumido varios gramos de cocaína el día de los hechos».

A este respecto, en la sentencia se ha apuntado que varios vecinos declararon que oyeron gritos y observaron las heridas que presentaba la víctima o cómo la trasladaban al hospital. También se ha resaltado que, según las forenses, «todo orienta a que las lesiones no son autoinfligidas y que al menos una de ellas pudo comprometer la vida».

Asimismo, los jueces han concluido que en el caso «existe ánimo homicida», lo que se deduce de «elementos relevantes tanto del arma empleada, zona del cuerpo agredida y las características e intensidad de la agresión». Del mismo modo, han visto acreditada la alevosía dado «el carácter inesperado, súbito del ataque, sin capacidad alguna de reacción o defensa para la víctima y sin riesgo alguno para el agresor».

Adicionalmente, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha recalcado que la alevosía fue «súbita y sorpresiva» puesto que «la agresión fue inopinada e inesperada para la víctima» y «sin que esta pudiese tener capacidad de reacción, cuando se encontraba en la confianza de la vivienda y dormida».

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha expresado este lunes su «máximo respeto» por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por el denominado ‘caso Bateragune’, si bien ha estimado que no debe generar «ningún tipo de crítica jurídica ni política» y ha instado a quien esté en contra de dicha resolución a explicar por qué.

«El Tribunal Supremo ha decidido eso y eso es lo que tiene que ocurrir, y no tiene que generar ningún tipo de crítica jurídica ni política», ha dicho López en declaraciones a la prensa al ser preguntado sobre el fallo del Supremo, en el marco del acto de entrega de la Medalla al Mérito Civil a la presidenta de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, Rosalina Díaz Valcárcel.

En consecuencia, el también responsable de Justicia del Partido Popular ha considerado que «quien esté en contra de esto tendrá que explicar por qué», aunque no ha mencionado específicamente a ningún partido.

El pleno jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegi y de los restantes condenados en el ‘caso Bateragune’, ha acordado este lunes por unanimidad la celebración de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional. La sentencia coincide con el criterio de la Fiscalía, que interesó la celebración de un nuevo juicio para evitar que los hechos quedaran «imprejuzgados».

«MÁXIMA NEUTRALIDAD» ANTE LAS INVESTIGACIONES CONTRA EL REY EMÉRITO

En la misma línea, al ser preguntado sobre la regularización fiscal que ha realizado el Rey emérito a raíz de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo en su contra por posibles delitos derivados del uso de tarjetas bancarias con fondos opacos, López ha manifestado «el mayor de los respetos» por Don Juan Carlos, así como la «máxima neutralidad» respecto a sus relaciones con la Agencia Tributaria.

«Al ser un contribuyente de la Comunidad de Madrid, en este caso por un impuesto de donaciones, pues no se puede decir absolutamente nada al respecto, máxima neutralidad», ha declarado.

No obstante, en este caso sí ha criticado «cómo algunos partidos políticos, concretamente Podemos, quieren utilizar esto para cuestionar, nada más y nada menos, que la Jefatura del Estado». En su opinión, «esto es absolutamente reprochable, y lo único que tiene que tener como respuesta es cada vez un mayor afianzamiento y respaldo a la Jefatura del Estado».

VACUNAS ANTICOVID

Por otro lado, ante el anuncio que ha realizado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que las primeras vacunas contra el coronavirus estarán disponibles en España a principios de enero, López ha indicado que será la autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid, «en relación con el Gobierno de la nación», quien determine cómo se hará la vacunación.

Además, ha dicho sentirse «muy honrado» por la decisión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de distinguirle el próximo 11 de enero con la ‘Cruz de la Dignidad’, galardón que también recibirá el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. «Me anima a seguir trabajando, como siempre y más todavía si cabe, por las víctimas del terrorismo, a seguir dignificando su memoria», ha afirmado.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes la fase de informes de las partes del juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga, ha sido la primera de las partes en exponer su informe, detallando el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por Acyco en 2003 para prejubilar a 35 empleados.

Ha señalado especialmente que durante el juicio, varios testigos y acusados han reconocido las condiciones «muy favorables» de las prejubilaciones, recordando el testimonio de un exjefe de fábrica de Acyco que manifestaba que para los prejubilados, el ERE era «casi mejor» que un premio «de lotería». Y es que como ha indicado el fiscal, se les garantizaba el 90 por ciento de las rentas y una «renta vitalicia» que asegurase sus ingresos, con lo que «dejaban de trabajar para seguir cobrando lo mismo».

En ese sentido, el fiscal ha considerado que la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto y el exresponsable de recursos humanos, Gabriel Barrero, ambos acusados en el juicio, decidieron emprender el ERE con las «garantías» de que los costes del procedimiento recaerían en la Junta de Andalucía y no en la empresa, cuyos «problemas de liquidez» le habrían impedido asumir el alto coste de las prejubilaciones.

EL «PROCEDER» DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

En ese sentido, el fiscal ha avisado de que ambos «sabían cómo actuar» para cosechar ayudas autonómicas y «el proceder» al respecto de la Consejería de Empleo, tras lo cual ha señalado el «desembarco» en los hechos del abogado José Miguel Caballero, quien había trabajado para UGT y entonces operaba para el despacho Garrigues. Caballero, recordémoslo, también está acusado en este juicio.

Rememorando que Poto atribuyó al citado abogado la oferta del «paquete completo» del ERE con todos los costes del mismo con cargo a la Junta de Andalucía, extremo que este ha negado, el fiscal ha mencionado varias veces la «presencia constante» de Caballero en gestiones conectadas con fondos públicos recibidos por Acyco o sus agentes, opinando que su papel va más allá de la presentación del ERE, pues por ejemplo Poto y Barrero «recurrían a él inmediatamente» ante cualquier «problema» vinculado con las subvenciones de la Junta.

En ese sentido, ha considerado que los acusados conocían la gestión irregular de la ayuda de más de 2,9 millones de euros concedida para el ERE por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, también acusado en el juicio pero ya fallecido; sin que mediase petición formal y al margen del procedimiento administrativo establecido y las verdaderas competencias de Guerrero.

El fiscal ha conectado además a los exmiembros de la consultora Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, ambos acusados, con las gestiones del ERE y la segunda póliza del mismo para las prejubilaciones de los «intrusos» Andrés Carrasco, «amigo» declarado de Guerrero, y del exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás; toda vez que ninguno de estos otros acusados había trabajado nunca para Acyco y el segundo gobernaba una localidad próxima a la de Guerrero.

LA «FACTURA FALSA»

Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros del consejo de administración de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, un dinero que habría sido después devuelto a los mismos mediante una factura de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco no elaborada por la misma, cargada a la Junta y después abonada, el fiscal considera que Poto Barrero y Caballero sabían que se trataba de «una factura burdamente falsa».

Egocheaga también ha abordado la ayuda excepcional de 125.000 euros concedida en marzo de 2010 a Acyco por el acusado Juan Márquez, como sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según la investigación. A tal efecto, ha fijado un «paralelismo» entre el pleito promovido por Garrigues frente a Acyco por dicha minuta y la concesión de la ayuda, señalando que el primer y único pago de la misma coincide con el «importe exacto» de algo más de 109.000 euros que reclamaba Garrigues y que Caballero «no había conseguido cobrar».

El «destino real» de la ayuda, a su entender, era «el pago de la minuta», algo que Juan Márquez «aceptó» a su entender y que su sucesor en el cargo, el también acusado Daniel Alberto Rivera, «tuvo que conocer» a su juicio cuando decidió «ejecutar el pago» de la ayuda, dado que un «mínimo examen» del expediente arrojaba todas las «contradicciones» en las que incurría el mismo.

«TODAS LAS AYUDAS FUERON ILÍCITAS»

Así, el fiscal ha aseverado que «todas las ayudas» cosechadas por Acyco fueron «ilícitas» al carecer de «procedimiento alguno», incurrir en «arbitrariedades» y «sustituir» la Junta a Acyco en las «obligaciones» de esta última. Señalando que todo ello refleja una «falta de control» de la partida 31 de los fondos autonómicos, usada para financiar los ERE indagados, el fiscal ha asegurado que estos aspectos «no podían pasar desapercibidos a ninguno de los acusados», entre los que figuran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, considerando que por sus cargos debían conocer los hechos.

Según ha abundado, sería «absurdo pensar» que desde las altas autoridades de la Consejería de Empleo se dejase actuar a los directores generales de Trabajo «a su libre albedrío» respecto a asuntos que implicaban «cantidades muy importantes de dinero público», sin que conste tampoco «ninguna delegación expresa de competencias» en favor de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Así, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha finalizado su informe encuadrando los hechos en presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Junta de Andalucía, que ejerce también como acusación en este juicio, ha señalado en su informe que las ayudas autonómicas de Acyco fueron concedidas «al margen de la Ley y con total desprecio a los procedimientos», considerando que Antonio Fernández «conocía la concesión» de estos fondos y enmarcando los hechos en presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y de tráfico de influencias, delito este último que ha atribuido a Encarnación Poto y Antonio Fernández, rememorando que el exconsejero llegó a admitir que antes de los hechos indagados, conocía a Poto «desde hacía muchos años».

En el caso del PP de Andalucía, que ejerce la acusación popular en este juicio, ha manifestado su adhesión al informe previamente emitido por la Fiscalía. La sesión continuará este martes con los informes de las defensas de los acusados.