Hosteleros madrileños han lanzado una tarjeta para que los empresarios regalen cenas a los trabajadores en un año en el que no habrá almuerzos o encuentros navideños.

Es una de las acciones de la campaña ‘Voces’ con la que pretenden «reinventar la Navidad», presentada este martes con el apoyo de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desde el restaurante de Cristina Oria, en la calle Conde de Aranda.

Otra de las iniciativas pasa por entregar la comida de alta cocina a domicilio con 40 ‘bonomenús’, que también pueden recogerse en los establecimientos. «Somos socialmente responsables y queremos seguir siéndolo», ha asegurado el director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony. Además la campaña posibilitará la compra de cestas de comida para quienes más las necesiten, que serán entregadas al Banco de Alimentos.

Tras escuchar a Blardony, Villacís ha destacado que en el confinamiento se constató que «Madrid no sería Madrid sin hostelería», sería una ciudad «inerte, muerta, con calles vacías», que es lo que le ocurre «a un barrio que se queda sin vida porque se queda sin bares y restaurantes».

A la hostelería hay que cuidarla porque hay mucha gente que come de la hostelería. Hay empresarios y trabajadores que están haciendo lo imposible por mantener el negocio abierto», ha remarcado la vicealcaldesa, que ha recordado que en 2021 se mantendrá la exención en el pago de la tasa de terrazas y las bonificaciones en el IBI y en el IAE, además de seguir posibilitando la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento, zonas terrizas o esquinas. «Eso ha conseguido sacar a mucha gente del ERTE», ha asegurado.

Después de subrayar la solidaridad de los hosteleros con la irrupción de la pandemia, cuando prepararon menús para quienes más lo necesitaban o ponían sus furgonetas para trasladar a enfermos a Ifema, Villacís ha defendido que ahora «se merecen que los Reyes Magos les hagan un regalo y que los madrileños se conjuren para hacerles llegar su solidaridad».

«La solidaridad de Madrid se tiene que notar cuando te tomas un pincho en el bar de debajo de casa», en definitiva, se trata de ayudar al sector «para que aguanten».

La Audiencia de Málaga ha condenado a un total de 16 años de prisión a la mujer declarada culpable de la muerte de su bebé, a la que abandonó sola en la casa durante más de un mes tan solo con un biberón y unas galletas. Así, se le imponen 15 años de cárcel por un delito de asesinato y otro año de prisión por abandono temporal de menor.

La mujer se quedó embarazada en su país, Marruecos, y se trasladó a España a finales de marzo de 2017, dando a luz en la localidad malagueña de Vélez-Málaga el 4 de mayo de dicho año. A mediados de 2018, se trasladó a la capital malagueña donde alquiló un apartamento, comenzando a trabajar en agosto como camarera y relaciones públicas en una discoteca.

Según se declara probado en la resolución, y consideraron los miembros del jurado, «dado el horario nocturno de trabajo, la acusada cuando se marchaba a la discoteca dejaba sola a su hija, que tenían entonces con 15 meses, en el dormitorio del apartamento sobre la cama y cuando terminaba su jornada laboral, sobre las 06.00 horas, no regresaba a su casa sino que se iba a la de una amiga.

Así, la Sala precisa, tal y como la mujer reconoció durante el juicio, que ella no volvía al apartamento hasta al menos las 14.00 horas, «por lo que durante este periodo de tiempo y prácticamente de forma diaria permanecía sola en casa desprovista de atención afectiva y de los cuidados físicos –bebida, alimentación y aseo– precisos para un bebé de su edad».

Asimismo, desde mediados de septiembre, la mujer pasó a quedarse a dormir de forma habitual en la casa de un amigo, «dejando sola toda la noche y hasta la tarde siguiente a su hija», tras lo que regresaba a su apartamento para alimentarla y volver a salir; una situación que siguió incluso una vez terminada la relación laboral con la discoteca, ya que «mantuvo una intensa vida nocturna.

A sus amigos les decía que su hija estaba en su casa con una persona encargada de atenderla. Un día del mes de octubre, la acusada se fue de la casa y no volvió más, «siendo consciente que de forma ineludible iba a producir el resultado de la muerte de su hija si como madre y única responsable de su cuidado dejaba de prestarle la atención indispensable para su vida».

Así, la dejó encerrada en el dormitorio de la casa, sobre la cama con la puerta cerrada y la persiana bajada, en condiciones de oscuridad tan solo con un biberón y unas galletas. La acusada salió del domicilio y cerró la puerta con la llave de la que solo disponía ella, «aceptando que iba a acabar con la vida de su hija», que contaba con unos 17 meses y que no podía valerse por sí misma.

No regresó «nunca más al domicilio en vida de su hija», dice la sentencia, apuntando que, además, «no comunicó ni a sus amigos ni a su pareja sentimental ni a su familia ni a ninguna institución el paradero de su hija ni la situación de privación efectiva de asistencia de agua y alimento en que la había dejado y que iban a causar ineludiblemente la muerte».

Mientras, la mujer «continuaba con su vida social nocturna, llegando incluso a celebrar una fiesta por su vigésimo cumpleaños». Los hermanos de la acusada viajaron a Málaga porque no podían contactar con ella y cuando se encontraron les aseguró que la bebé estaba con una mujer, pero, al insistir, les dijo que la había dejado sola en casa hacía un mes y se dio a la fuga.

Los hermanos comunicaron lo ocurrido a la Policía Local que encontró a la niña muerta en la casa. Según los datos forenses, el fallecimiento se produjo «en un periodo mínimo de entre 26 y 30 días anteriores al hallazgo del cadáver», siendo la causa fundamental «abandono infantil que incluye cuadros de malnutrición, inanición, deshidratación y falta de cuidados médicos e higiénicos adecuados».

Para la Sala, al igual que lo determinaron los jurados, los hechos suponen un delito de abandono temporal de menor, señalando que se constata que la acusada cuando dejaba sola toda la noche y hasta la tarde siguiente a su hija en el domicilio «era consciente de los peligros con los que la menor se podía encontrar, y tenía que prever la situación tremendamente traumática de la menor».

Así, la magistrada-presidente incide en que la acusada debía prever «cómo podía reaccionar el bebe cuando nadie consolara su llanto, ni la atendiera en sus necesidades básicas», apuntando que «no obstante esto, procedió a marcharse y abandonar a su destino a su hija, conducta que se repetía a diario por tiempo indefinido». Además, señala que no contactó con nadie para pedir ayuda en el cuidado de su hija.

En cuanto al delito de asesinato, en comisión por omisión, con la concurrencia de la alevosía llamada de desvalimiento, se declara que la acusada conocía su responsabilidad en cuanto madre de la bebé, «y pese a ello no solo no le proporcionó atención sino que la dejó encerrada en su domicilio, sin mas compañía que un biberón y un paquete de galletas aproximadamente durante mes y medio, a sabiendas de que ponía en peligro su vida».

Por último, recuerda la magistrada que los jurados llegaron «a la absoluta certeza» de la acción que la acusada tendría que haber realizado «voluntariamente y que habría evitado el resultado». «Como se ha señalado, bastaba con atender a la niña, prestándole la asistencia precisa, o bien recabar el auxilio terceras personas o de los servicios sociales, sin embargo conscientemente omitió la actuación que le era exigible, creando con ello un riesgo para la vida de su hija de corta edad».

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que su trabajo es «resolver» con el presidente, Pedro Sánchez, las discrepancias que se suscitan en la coalición y que no va a entrar en polémicas con ministros del PSOE, pese a que no le sorprende que la titular de Economía, Nadia Calviño, dijera en una entrevista que prefería pactar con el PP.

«Nadie dentro del Gobierno puede hacer oposición en el Gobierno estando de acuerdo con el programa que permitió el primer gobierno de coalición», ha subrayado en una entrevista a la Sexta, recogida por Europa Press. En este sentido, está totalmente seguro de que todos los ministros son favorables a cumplirlo.

Iglesias se ha mostrado satisfecho con la labor del Ejecutivo, que ha logrado armar una «mayoría histórica» por la izquierda en torno a los Presupuestos Generales del Estado que permiten afrontar la crisis «sin dejar a nadie atrás». A ello se suma también el compromiso de regular alquileres y prohibir desahucios a toda la población vulnerable.

Por tanto, él se queda con los resultados que suscitan dichas discrepancias, normales en el primer ejecutivo de coalición a nivel estatal, y como ejemplo de ello ha puesto la enmienda presentada a los PGE sobre desahucios, junto a Bildu y ERC, que han permitido encauzar una solución para que nadie se quede en la calle.

«Esto no es una victoria de Pablo Iglesias, ni una victoria de Unidas Podemos y ni siquiera una victoria del Gobierno de coalición, es una victoria de la sociedad española», ha apostillado.

De hecho, se ha mostrado convencido de que no existe ningún miembro del Gobierno que esté en contra del programa de gobierno acordado, que es «muy claro» al respecto sobre la paralización de los desahucios, la regulación del precio del alquiler o la derogación de la reforma laboral.

En cuanto a las palabras de Calviño, quien dijo que se sentiría más cómoda con el apoyo del PP a los Presupuestos, Iglesias ha dicho que respeta «la comodidad de cada cual», pero le ha recordado que «con quien se acordó un gobierno de coalición fue con Unidas Podemos».

No obstante, ha aseverado que no va a juzgar esas declaraciones de Calviño ni tampoco va a polemizar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha criticado abiertamente algunas de las posiciones de su formación.

LA BUENA POLÍTICA NO SALE DE BUENAS INTENCIONES

Sí ha puesto en valor su interlocución con Sánchez y su capacidad para resolver esas tensiones, que forman parte del ejercicio habitual de la política. De hecho, ha aseverado que esos «tira y aflojas» forman parte de la «grandeza de la democracia».

«En política, las cosas buenas no son el resultado de un cúmulo de buenas intenciones, son el resultado de conflictos y tensiones», ha ahondado el vicepresidente segundo para insistir en que muchos derechos proceden precisamente de exigencias.

La Fundación Oso Pardo (FOP) ha iniciado ya acciones legales para pedir el esclarecimiento de la muerte a tiros de dos hembras de oso pardo durante la jornada de ayer, ambas en el transcurso de cacerías de jabalís.

Una de ellas fue abatida en el Parque Natural de la Montaña Palentina por un cazador que, al parecer, la confundió con un jabalí. La segunda osa muerta se trata de Sarousse, reintroducida en los Pirineos franceses en 2006, y establecida en la Ribagorza aragonesa desde 2010 en donde fue tiroteada también por otro cazador que ha alegado defensa propia.

La FOP ha solicitado a las Fiscalías Superiores de Justicia de Castilla y León y de Aragón que ordenen el inicio urgente de Diligencias de Investigación para asegurar la obtención de todas las pruebas necesarias que permitan aclarar lo sucedido y comprobar si hay responsabilidad penal en los actos de caza mencionados y ello con todas las garantías procesales requeridas, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

«No debe olvidarse que los actos de caza de especies en peligro de extinción pueden conllevar penas de hasta dos años de privación de libertad, y tres años, si es un espacio natural protegido; además de graves inhabilitaciones. Quizás sea el momento de plantearse el agravamiento de las penas de estos delitos, a la vista de la reiteración de estas muertes en circunstancias similares», explican.

En el caso de la Montaña Palentina, se trata del tercer oso tiroteado por cazadores locales en los últimos años, debido supuestamente a confusiones con jabalíes.

Una situación que para la FOP exige cambios de calado en la práctica de la caza en zonas oseras, tal y como vienen planteando en las mesas de trabajo con la administración, en concreto con la castellanoleonesa en los últimos dos años.

«La FOP considera ineludible que el compromiso de los cazadores en zonas oseras sea firme y formal, es decir, que cada cazador participante reconozca por escrito que es conocedor de las buenas prácticas a seguir en un área con presencia de osos, y se atenga a las consecuencias de no cumplirlo. La FOP comenzará las gestiones de forma inmediata y las extenderá a las administraciones del ámbito pirenaico, así como a mesas de trabajo con la Real Federación Española de Caza para mejorar la formación y la sensibilización de los cazadores», agrega.

Por otra parte, algunas voces están reclamando la prohibición de la caza en zonas oseras. En este sentido manifiestan al respecto que no es un escenario realista debido a la extensa área, de miles de kilómetros cuadrados, por la que se distribuye la especie actualmente.

También subraya que uno de los motores fundamentales de la recuperación del oso pardo cantábrico ha sido el diálogo permanente y el acuerdo con los habitantes del territorio; con todos los sectores que integran el medio rural, entre ellos el de la caza. «Esta es una realidad incontestable que es reconocida internacionalmente como un éxito de conservación, y que requiere por parte del conjunto de la sociedad una respuesta alejada de argumentos polarizados», concluye.

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, ha registrado este lunes en el Palacio de la Moncloa un escrito en el que solicita una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la conocida como ‘ley Celaá’.

Según ha informado Más Plurales, el objetivo es plantear al presidente del Gobierno «una serie de sugerencias para mejorar el contenido» de una Ley, que esta plataforma critica «duramente no solo por las formas en que se está tramitando (impidiendo la participación de la comunidad educativa en sus debates parlamentarios), sino también por muchos aspectos que propone el Proyecto de Ley, que alejan la posibilidad de alcanzar un alto grado de consenso y respaldo necesario que de estabilidad al sistema educativo».

En este sentido, ha destacado que la Ley Celaá «está provocando una fractura en la educación española, al aplicar recortes a las libertades democráticas y condenar a los centros de iniciativa social a un papel subsidiario de la educación pública, que se convierte en el único modelo que será promovido por las Administraciones educativas».

«Nos parece muy bien que se refuerce el papel de la pública, pero pensamos que no es necesario que para ello haya que excluir a la enseñanza concertada», han insistido.

Además, consideran que la Ley «anuncia la progresiva desaparición de los centros de Educación Especial, desprecia al profesorado de la enseñanza concertada y convierte a la asignatura de Religión en una asignatura marginal y decorativa».

A su juicio, «en vez de abordar asuntos tan importantes como la homologación de todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos, el fracaso escolar, la igualdad educativa, la mejora de oportunidades y el descenso del nivel de los alumnos españoles, la LOMLOE se centra en transformar de manera radical asuntos nada problemáticos que están funcionando bien en nuestro país, como son el desarrollo de la complementariedad de los modelos educativos y el respeto a las libertades democráticas recogidas en la Constitución».

La plataforma Más Plurales no entiende «las prisas con la que se está tramitando la Ley» y piensa que «todavía se está a tiempo, con espíritu de consenso, de alcanzar acuerdos que mejoren el contenido de una Ley que ha provocado un unánime rechazo en la sociedad española».

«Estamos firmemente convencidos de que en el sistema educativo todos somos necesarios para contribuir a la formación de nuestros alumnos y, desde la convivencia y el respeto a la pluralidad y libertad, avanzar en la mejora de nuestra sociedad civil», ha subrayado.

Por todo ello, y «avalados además por las cerca de dos millones de firmas de ciudadanos» que defienden «la convivencia armónica de las redes pública, concertada y privada», solicitan al presidente del Gobierno «la paralización de la LOMLOE y que se abra un periodo de debate y de participación para alcanzar un consenso que demanda la sociedad española sobre las cuestiones educativas».

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos y ha pedido asumir que éstas serán unas fiestas de Navidad «diferentes» para evitar un mes de enero «escalofriante en muertes» y en incremento de hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por contagios de la COVID-19.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, durante su visita el colegio público San Jorge del barrio de Valdespartera, Lambán ha abogado por que en toda España haya un acuerdo para que estas fiestas «se celebren en los mismos términos y exactamente con las mismas restricciones» para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Ha añadido lo siguiente: «Lo que tenemos que tener todos claro es que estas Navidades van a ser radicalmente distintas a las que hemos vivido a lo largo de nuestra vida», pero «no nos tienen que doler prendas, ni llevarle luto al hecho que la cena de Nochebuena y el día de Navidad lo tengamos que celebrar en la más estricta familiaridad», es decir, con reuniones «reducidas a padres e hijos» y, en algún caso, «un nieto a nieta no viene mal como compañía».

Además, ha continuado, hay que procurar, «por todos los medios», que la Nochevieja «no sea un vivero abonado al virus», para remarcar que habrá «más Navidades y Nocheviejas» y hay que tratar de que, «con nuestra responsabilidad, los mayores y las personas con enfermedades tengan derecho a pensar en más Navidades y más Nocheviejas».

«No hagamos que las personas mayores y las personas queridas por nosotros vean truncada su vida por la irresponsabilidad de los más jóvenes», ha enfatizado Lambán.

PÁNICO

El presidente de Aragón ha reconocido que el próximo puente de diciembre –de la Constitución y la Inmaculada– «nos produce pánico» respecto a la propagación de la COVID-19, especialmente tras las imágenes «preocupantes» de este fin de semana, no solo en grandes ciudades, sino también en su propia localidad, Ejea de los Caballeros, y en su propia calle, ha glosado.

«Es obvio que no aprendemos, seguimos sin dar a la COVID-19 la importancia que tiene» y «dan ganas de hacer pasar a los ciudadanos por las UCI para que se den cuenta que este virus no es una compañía amable, sino que está matando y haciendo enfermar a muchos conciudadanos».

Lambán ha agregado de que los indicadores epidemiológicos «evolucionan de forma esperanzadora», aunque «no con la rapidez que nos gustaría en la UCI» y «hay que ir poco a poco levantando restricciones».

No obstante, ha reconocido que le «apena» que aunque la «gran mayoría» de los ciudadanos sean responsables, «por desgracia no determinados colectivos, que siguen pensando que el virus no va con ellos», cuando «sí va».

El Ministerio Fiscal ha concluído hoy que «queda fuera de toda duda» la autoría de los cuatro jóvenes acusados de robar y quemar vehículos y jactarse de ello en las redes sociales autodenominándose ‘Payasos Justicieros’. «Se divertían con el fuego y querían causar el mayor daño posible», ha afirmado.

Para la acusación pública, todo empezó con acciones en las que los perjudicados tenían en común que habían tenido algún conflicto con los acusados D.L y T.G.

Pero sus acciones llegaron «a otro nivel» el día que le pusieron una multa a la acusada T.G y el enfado de ella y su entonces pareja, D.L, hizo que pasaran a poner en peligro «la seguridad colectiva».

Más adelante se sumarían los otros dos acusados, A.I y N.M (también pareja) y, en ese momento, la fiscal ha hecho referencia a un mensaje de T.G al hermano de I.A en el que le pide que le despierte porque los ‘Payasos Justicieros’ le necesitan.

En su relato, la fiscal también ha rechazado que, tal y como afirmó la defensa, incautar los teléfonos móviles fuese algo abusivo e innecesario, dado que fueron «fundamentales» en la investigación policial dado que los hechos sucedían de noche, sin testigos, y las pruebas desaparecían al quemarse los vehículos.

La Fiscal cree que «queda fuera de toda duda» que los hechos «se produjeron» y los acusados fueron «responsables de los mismos, tal y como estableció la investigación policial.

Así, durante julio de 2018, de forma continua, se produjeron incendios en coches que evolucionaron a fuegos en garajes con lo que «ya no se puso en peligro el patrimonio sino la vida» de personas.

Ha centrado el relato de los hechos, principalmente, en dos de los acusados: D.L y T.G, pareja en ese momento. Cómo el primer afectado fue pareja de ella, y le aconsejó que denunciara por maltrato a D.L; y cómo, después de que le pusieran una multa a T.G su enfado le llevó de dañar a particulares a ejercer un daño colectivo.

El hecho de que, tras ser detenidos acusados de dañar marquesinas, les fuera encontrada, además de otras cosas, una garrafa de gasolina fue el «indicio» de que eran responsables de los incendios.

La fiscal se ha apoyado en las bromas que hacía T.G tras los incendios, anunciando quién iba a ser el próximo o cómo «a cada cerdo le llega su San Martín». También en las fotos que tenían ambos con uno de los vehículos afectados. En este sentido, también se ha referido a cómo otro acusado, I.A, le pasa a T.G un pantallazo de cómo el dueño de un coche que habían incendiado lo seguía buscando y ella se mofa. Y antes de los incendios en garaje, T.G escribe en su móvil: «Hoy la vamos a liar, van a trabajar bien, por hijos de puta».

«Se divertían con el fuego, y así se ve en los mensajes (…) primero fue una forma de venganza o diversión y, cuando quieren vengarse de la policía o fuerzas de seguridad, empiezan a causar el mayor daño posible», ha relatado.

En cuanto a N.M, la ve identificada como la «chica joven con una coleta» y ha destacado cómo en la policía «reconoce que fue una decisión conjunta» y «da detalles como la forma de quemar» los coches.

También ha considerado su «reacción después» porque en ningún momento quiso despertar a los vecinos, como tampoco fue a avisar a la policía o rompió con I.A.

Para la fiscal, el hecho de que D.L y T.G dijeran en una conversación por el móvil que cada vez se sumaba más gente es una prueba de que I.A y N.M participaron también.

Para los incendios en los garajes, se ha apoyado en una sentencia del Supremo por el que para que haya una situación de riesgo contra la integridad no es necesario que este llegue a culminarse ni haya intención y «en todos los informes» e, incluso, en el «sentido común» queda claro que el riesgo existió.

Con respecto a si T.G actuaba en contra de su voluntad, ha remalcado que primero dijo que ella estaba de espectadora y, después, estaba muerta de miedo. En su opinión, «no hay prueba objetiva de que le tuviese miedo». Para la fiscal, «se ve a una chica orgullosa de lo que hace y que se divierte».

Un vecino de Vigo, José Francisco C.M., ha aceptado este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra una pena de 12 años de cárcel tras reconocer que intentó asesinar a su compañera sentimental clavándole un cuchillo en zonas vitales.

La Fiscalía pedía catorce años y diez días de prisión para este hombre pero, finalmente, ha introducido la atenuante de drogadicción ya que, como el propio acusado ha explicado en la vista oral, en el momento de la comisión de los hechos «estaba muy drogado» porque había consumido «varios gramos de cocaína, alcohol y heroína fumada».

Las pruebas forenses confirmaron que el acusado en aquella época era un politoxicómano y que presentaba un trastorno por consumo de sustancias o drogas de abuso que «mermaban ligeramente sus capacidades volitivas, pero sin afectar a sus capacidades intelectivas», según ha apuntado la Fiscalía.

Al confesar su autoría y aceptar la petición de condena que solicitaban la Fiscalía y la acusación particular el juicio se ha celebrado de una manera abreviada con los únicos testimonios de las forenses y de los vecinos del edificio de Vigo donde se produjo esta tentativa de asesinato.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 8 de noviembre de 2019, cunado este hombre se encontraba en el domicilio de su pareja sentimental. Allí, iniciaron una discusión a la que pusieron fin cuando ella se fue para la habitación, y se acostó en la cama, tras tomarse unos fármacos para dormir, permaneciendo el procesado en el salón-cocina de la vivienda.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, siendo aproximadamente las siete y media de la mañana, el acusado «abusando de la relajación y confianza en que se encontraba la víctima en su hogar», entró sigiloso en la habitación, portando un cuchillo de cocina con una hoja metálica de 10 centímetros, se tumbó en la cama junto a su pareja, «y de forma sorpresiva y súbita le tapó la boca con la mano, con ánimo de acabar con su vida» y comenzó a clavarle el cuchillo en varias zonas vitales del cuerpo.

El relato del Ministerio Público señala que mientras la acuchillaba el acusado le decía a su víctima «con lo bien que te he cuidado, con todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas». Ella se defendió con patadas, e incluso llegó a morder la mano al procesado, pero pese a ello, este logró clavarle el cuchillo a su pareja en el cuello y en un pecho y, en el forcejeo, en la mano izquierda, logrando ésta marcharse de la habitación hacia la cocina. Una vez allí, el hombre, la sujetó por las manos y la obligó a ponerse de rodillas y pedirle perdón, cosa que ella hizo por miedo.

Los vecinos relataron este lunes como escucharon los «gritos desesperados» de la mujer a la que vieron corriendo escaleras abajo mientras pedía auxilio, hasta que logró salir a la calle, donde fue ayudada por terceras personas, hasta que acudió la policía y los servicios de emergencia sanitaria.

El acusado abandonó la vivienda tras ella e intentó huir en una motocicleta siendo retenido por uno de los vecinos, hasta que fue detenido por la policía, desde ese momento permanece en prisión provisional con la prohibición de comunicarse con su víctima.

Además de la pena de 12 años de prisión la Fiscalía solicita que sea condenado a la pena accesoria de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante veinticuatro años y diez meses.

En concepto de responsabilidad civil pide que el procesado indemnice a la mujer en 7.650 euros por las lesiones sufridas.

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado su respeto a la decisión de archivar la denuncia por acoso sexual contra el exabogado de la formación José Manuel Calvente, pese a entender que era «inequívoco» a tenor del contenido de los mensajes que fueron publicados en medios.

Así se ha pronunciando en una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, sobre la decisión del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, de archivar diligencias abiertas tras la interposición de una querella por parte de la abogada de Podemos Marta Flor contra José Manuel Calvente por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones.

«Mi opinión es evidente con respecto a lo que ocurrió. Yo vi una serie de mensajes que después se publicaron y a mi me parece inequívoco. Luego los jueces pueden decidir lo que quieran», ha subrayado.

En este sentido y cuestionado sobre por qué llegó Podemos a un acuerdo y reconoció el despido improcedente del letrado, el secretario general de Podemos ha subrayado que fue algo que los servicios juríricos consideraron adecuado.

Sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, para que el Tribunal Supremo se le investigue por el caso ‘Dina’, Iglesias ha subrayado que, desde la prudencia, parece «obvio lo que va a ocurrir», en alusión a que no se le imputará en esta causa dado que la Fiscalía también se opone a ello.

Por otro lado, ha subrayado que todas las «graves» acusaciones contra Podemos por presuntas irregularidades «poco a poco van quedando en nada» y ha reiterado que, «con los enemigos» que tienen, no pueden permitirse tener «ni media cuanta mal».

NO ENTRA EN POLÉMICA CON TERESA RODRÍGUEZ

En cuanto a la expulsión de la exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez del grupo parlamentario Adelante Andalucía, ha señalado que es una situación que le «apena» y que se debe a «falta de entendimiento a nivel parlamentario» entre las diferentes fuerzas de la confluencia.

Respecto a la apelación directa de Rodríguez para que le diera explicaciones personales de su expulsión, Iglesias ha declinado hacer comentarios al ser un asunto regional en el que «no va a entrar» para no alimentar debates que «hacen daño a la gente de izquierda.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «vender España a trozos por un puñado de votos» tras sus «cesiones» a ERC y Bildu en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y ha subrayado que el objetivo de esos acuerdos es seguir en el poder. A su entender, «no todo vale en política».

«Estos son los Presupuestos en los que el PSOE ha decidido abandonar la senda del constitucionalismo, pero además son los PGE en los que el PSOE ha decidido dejar de ser el Partido Socialista para pasar a ser el partido única y exclusivamente de Pedro Sánchez», ha asegurado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces, coincidiendo con el inicio de la tramitación en Pleno de las cuentas públicas.

Tras asegurar que estos no son los PGE que «necesita España» sino que los españoles merecen «mucho más» para tener «futuro» y poder «salir adelante», ha subrayado que «nunca» al país le «salieron tan caros política y democráticamente» unos Presupuestos.

«A GOLPE DE TALONARIO Y DE ROMPER ESPAÑA»

Después de que Sánchez haya preferido pactar con ERC y Bildu para sacar adelante esas cuentas públicas, Gamarra ha afirmado que «algunos ya han elegido» que todos los españoles paguen «a golpe de talonario y de romper España», haciéndola «más débil».

«Ellos le llaman a esto valentía y sinceramente no conozco mayor cobardía que vender España a trozos por un puñado de votos. No se es valiente cuando se pacta con Bildu y con los independentistas, que han promovido un golpe de Estado hace escasamente dos años», ha proclamado.

Según Gamarra, los socialistas «han renunciado a ser ellos mismos con tal de tener unos Presupuestos y poder seguir en La Moncloa». «No todo vale en política y no todo merece la pena por sacar unos PGE adelante», ha afirmado, para añadir que son «unos socios de conveniencia».

Además, ha subrayado que esos socios de Sánchez le apoyarán el jueves en el Congreso en la aprobación de los PGE pero no estarán el día 6 «celebrando» el Día de la Constitución. Por eso, ha animado a los diputados del PSOE y a sus dirigentes a «reflexionar» si «merece la pena» el «alto precio que han decidido pagar por mantenerse en La Moncloa y que decide que pague España» con tal de seguir en el poder.

«¿Merece la pena tras la senda de constitucionalismo y convivencia que hemos vivido en este país durante los últimos 40 años romper España en dos España? El PP tiene muy claro que no merece la pena», ha aseverado.

ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA

Gamarra ha asegurado que dentro del «precio» que ha pagado Sánchez para sacar adelante las cuentas públicas, hay cuestiones que no entran en ese ámbito presupuestario como el hecho de que «el español deje de ser lengua vehicular». «Esto demuestra hasta donde son capaces de llegar», ha exclamado.

Además, ha citado «otras negociaciones» como «los acercamientos de presos terroristas en las últimas semanas». De hecho, ha subrayado que en el tiempo de la negociación presupuestaria «48 presos condenados por delitos terroristas han sido acercados a sus domicilios».

Al ser preguntada si el Gobierno de José María Aznar también se equivocó al acercar a cerca de 190 presos a cárceles próximas al País Vasco, Gamarra ha subrayado que ese acercamiento en otras épocas era «una política respaldada por una resolución aprobada por unanimidad en el Congreso».

Sin embargo, ha subrayado que ahora ese acercamiento de presos «está siendo una de las monedas de cambio» durante la tramitación de los PGE. Además, ha recriminado a los socialistas que puedan tildar a la formación abertzale de «valiente».

«No conozco mayor cobardía política que Bildu», ha resaltado, para recalcar que es «un partido proetarra y muchos de sus dirigentes han sido condenados por terrorismo». Se trata, ha destacado, de «algo que no había ocurrido nunca en la historia de la democracia».

«ARMONIZACIÓN» CUANDO «QUIEREN DECIR SUBIDA DE IMPUESTOS»

En esas «cesiones» ha citado también la enmienda de ERC sobre «armonización» cuando, según ha dicho, «quieren decir subida de impuestos». En este punto, ha subrayado que no debía haber sido admitida esa enmienda porque «invade las competencias autonómicas» y «supera el marco de la Ley de Presupuestos», ya que «no es el sitio para abordar la financiación de las comunidades autónomas».

Por eso, ha dicho que su grupo ha registrado un escrito ante la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso para que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe para determinar la constitucionalidad de la citada enmienda. «Es evidente su inconstitucionalidad», ha esgrimido.

DENUNCIA EL VETO DEL PSOE A SUS ENMIENDAS

Tras confirmar que el PP mantendrá vivas sus enmiendas a los PGE para el Pleno de esta semana porque cree en «otra España y en otro modelo económico», ha denunciado que el PSOE haya «vetado» enmiendas de su partido en la tramitación de los PGE destinadas a «sectores estratégicos que peor lo están pasando» como los autónomos o el sector turístico.

Gamarra ha diferenciado el apoyo de Bildu y ERC al de otros partidos como Mas País o Teruel Existe, ya que, según ha dicho, que estos partidos vayan a apoyar los PGE tras una «negociación legítima» de sus enmiendas «nada tiene que ver con los apoyos que tienen un precio que es muy alto desde el punto de vista constitucional».

El sacerdote Silverio Nieto ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cree que el ex secretario de Estado Francisco Martínez le mandó unos mensajes relacionados con el desarrollo de su defensa en la causa en la que se investiga la ‘operación Kitchen’ para desahogarse tras su imputación en este caso.

Nieto ha sido citado a declarar este lunes como testigo en el marco de la pieza 7 del caso ‘Tándem’, que investiga el despliegue de un operativo parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, en relación a unos mensajes de Whatsapp que le envió el que fuera ‘número dos’ del Ministerio del Interior y que reenvió al también investigado Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional.

El comisario García Castaño, que ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de colaborar con la justicia, leyó voluntariamente durante su declaración como investigado el pasado 9 de marzo unos mensajes que recientemente a esa fecha le había reenviado el sacerdote y que eran procedentes de Martínez.

En ellos, el ex secretario de Estado comentaba que su abogado le había indicado que tenía que entregar las actas notariales de los mensajes que protocolarizó para demostrar que el exministro del Interior le habría pedido información relacionada con la ‘Kitchen’, como recabar información sobre Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas y captado como confidente policial para esta operación.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración –que ha tenido lugar por videoconferencia– han informado que Nieto ha confirmado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que reenvió estos mensajes al exjefe de la UCAO porque creyó que le podría resultar de interés, ya que éste estaba saliendo constantemente en la prensa.

Se da la circunstancia de que el sacerdote se encontraba con el comisario el día que éste fue detenido el 11 de julio de 2018 en el marco del caso ‘Tándem’, que investiga las presuntas irregularidades de los encargos al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Nieto, ex director de los Servicios Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), también ha admitido que los mensajes de Martínez se hicieron llegar además al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz porque en el texto aparecía su nombre. Fernández Díazestá investigado en esta causa desde el pasado mes de septiembre.

Según reproduce el auto del pasado 30 de septiembre del magistrado García Castellón, Francisco Martínez habría escrito al cura que su abogado le habría informado de que «además de cuestiones formales, la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que consta los mensajes recibidos a lo largo de 2013-2014, con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos ‘operativos policiales’ de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego nada más lejos de mi deseo».

LAS RESPUESTAS AL REENVÍO

Preguntado por las respuestas que tanto Enrique García Castaño como el exministro del Interior dieron al recibir los ‘whatsapps’, el testigo ha señalado que el primero afirmó que suponía que el exsecretario de Estado contaría todo lo que sabe al respecto de la operación ‘Kitchen’, han apuntado las fuentes consultadas.

Mientras tanto, Fernández Díaz le aseguró que no tenía ningún conocimiento de la citada operación parapolicial, ha recordado el sacerdote. El exministro ha sostenido este argumento tanto en los escritos remitidos al juez, en su declaración como investigado, como en el careo que le enfrentó al que fuera su ‘número dos’ el pasado 13 de noviembre.

Asimismo, Nieto ha afirmado ante el juez que supone que Martínez –que fue su alumno en el ICADE– le comentó la notificación judicial para desahogarse por la situación procesal en la que se encontraba. En este sentido, ha subrayado que, debido a su condición de sacerdote, muchas personas acuden a él para buscar consejo.

El ex secretario de Estado se encuentra investigado desde el pasado mes de enero, siendo el primer cargo público imputado por la operación, sufragada con fondos reservados, diseñada para sustraer la información comprometida del PP que guardaba Bárcenas.

SUSPENDIDA OTRA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA ASISTENTE DE MARTÍNEZ

Con la testifical de Nieto, el juez ha tratado de «profundizar» en el papel que jugó Martínez en la operación ‘Kitchen’, ya que «al parecer y de las diligencias practicadas, éste pudiera haber tenido una posición preeminente en la planificación y puesta en marcha de la operación investigada».

Con este fin, también ha citado a declarar como testigo a Icíar Castro Álvarez, quien fuera asistente del exscretario de Estado de Seguridad, si bien esta comparecencia ha tenido que ser por segunda vez aplazada.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del que forman parte Mérida y Cáceres, han convocado la octava edición del programa pedagógico ‘Aula de Patrimonio’, en el marco del curso escolar 2020-2021, destinado a estudiantes de las 15 ciudades miembros de la red.

Cabe destacar que los destinatarios de este programa con los grupos de escolares de centros educativos de Educación Secundaria (Primer y segundo ciclo) de centros públicos y concertados de las ciudades que forman el Grupo de Ciudadanos Patrimonio.

Los participantes en este programa deberán presentar un trabajo centrado en las buenas prácticas sobre conservación, gestión y difusión del Patrimonio Mundial de una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España o de las 15 en su conjunto.

Así, las buenas prácticas pueden referirse a los campos de la educación, el turismo, el medioambiente, la cultura, la economía, las nuevas tecnologías, la participación ciudadana, los mayores o la accesibilidad, a través de estudios de investigación o propuestas concretas para llevarse a cabo en las Ciudades Patrimonio, según informa el Grupo de Ciudades Patrimonio en nota de prensa.

El formato del trabajo será libre, y se valorará la originalidad de la propuesta, la aportación de ideas y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la presentación, y deberá adjuntarse por el centro interesado en participar al cumplimentar y enviar el formulario de inscripción.

Los centros participantes podrán solicitar la colaboración de las áreas de Patrimonio y de Educación de los Ayuntamientos de cada una de las ciudades para obtener la documentación necesaria para la elaboración del proyecto.

Todos los centros que estén interesados en participar deben inscribirse antes del 31 de marzo de 2021 (incluido) a través del formulario habilitado en la página web del Grupo de Ciudades Patrimonio, y adjuntar en formato digital su trabajo completo y desarrollado.

El número de alumnos participantes por centro seleccionado se limitará al grupo/clase.

Cabe destacar que una vez cerrado el plazo de recepción de trabajos, cada ciudad seleccionará, de entre las propuestas enviadas por sus centros, a un ganador local, y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Grupo seleccionará posteriormente, de entre los ganadores locales de las 15 ciudades, a un único ganador absoluto nacional.

El fallo se hará público mediante nota de prensa y a través de las redes sociales del Grupo antes del 23 de abril de 2021, y los centros seleccionados por las ciudades para optar al premio nacional obtendrán cada una como premio un vale canjeable por material inventariable tecnológico, por valor de 1.000 euros IVA incluido.

Por su parte, el centro ganador del certamen nacional obtendrá como premio un viaje para los alumnos de la clase autora del trabajo a una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de destino elegida debe haber participado presentando un centro como candidato al premio nacional.

Además, el centro seleccionado por la ciudad de destino obtendrá también como premio un viaje a la ciudad de origen del centro ganador, que será realizado por la clase que presentó el trabajo seleccionado.

Cabe recordar que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1993 cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio cultural y la promoción turística de las ciudades que lo componen, que son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

El número de víctimas de violencia de género aumentó hasta las 41.513 en el tercer trimestre de 2020, entre julio y septiembre, con respecto a las 33.338 que se registraron en el segundo trimestre del año, aunque descienden un 4,3% en comparación con los mismos meses de 2019, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Lo mismo ocurre con las denuncias, que alcanzaron este verano las 42.854, lo que representa un aumento frente al trimestre anterior (34.576), pero un descenso del 5,1% si se compara con el mismo periodo de 2019.

De esta forma, según precisa el Observatorio, los datos se sitúan en niveles similares a los de los meses previos al confinamiento. Así lo ha constatado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, quien ha señalado que el número de denuncias registradas en el tercer trimestre del año es «una prueba clara de las dificultades que las víctimas han tenido durante el confinamiento para pedir ayuda acudiendo a la comisaría o al juzgado».

«Si bien el total de denuncias es algo inferior a las que se registraron en el mismo periodo de 2019, los datos nos muestran que se vuelve a cifras muy similares», ha puntualizado.

En concreto, si los datos del tercer trimestre de 2020 se comparan con los del segundo trimestre del año, que fue el más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria, se observa cómo las denuncias aumentaron un 24%; el número de mujeres víctimas, un 24,5%; las órdenes de protección solicitadas, un 16,9% y las sentencias dictadas, un 116%.

Atendiendo a las denuncias, los juzgados de violencia sobre la mujer registraron un total de 42.854 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, 2.268 menos que en el mismo periodo de 2019, un 5,1% menos. Siete de cada diez las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado o en comisaría.

45 DENUNCIAS PRESENTADAS POR FAMILIARES

El porcentaje de las presentadas por familiares se mantuvo en torno al de hace un año, siendo un total de 45 denuncias, un número «muy bajo» sobre el que ha llamado la atención Ángeles Carmona. «Sólo un 2,4% de las denuncias registradas se interpusieron por las personas más cercanas a la víctima», ha advertido, pidiendo la «implicación» del entorno.

En cuanto al perfil de las víctimas de violencia machista, aproximadamente un 70% eran de nacionalidad española (27.777), mientras que el 33,1% (13.736) tenían otras nacionalidades.

El número de víctimas menores tuteladas durante el trimestre analizado fue de 91 (89 españolas y 11 extranjeras). Este indicador, que se recogió por primera vez en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2020, permite conocer el número de hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas que son también víctimas de la violencia machista. En los meses de abril, mayo y junio fueron 312.

Por comunidades autónomas, aquellas con mayor ratio de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres fueron Baleares (28,4), Comunidad Valenciana (23,5), Canarias (22,9), Murcia (21,6) y Andalucía (20,1).La tasa más baja fue la de Aragón (con 9,9 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres), seguida de Castilla y León (11,2), La Rioja (11,4), Extremadura (11,6), Galicia (12,6), País Vasco (12,8), Navarra (13), Asturias (14,4), Cataluña (14,5), Castilla-La Mancha (15,1), Cantabria (15,4) y Madrid (16,8).

Además, del informe se desprende que un total de 4.496 mujeres, el 10,8% del total, se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo contra sus agresores.

El número de órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales experimentó un descenso interanual del 4,3%, cayendo hasta las 12.179, y se acordaron el 71% de las solicitadas. Del total, 10.373 se dirigieron a los juzgados de violencia sobre la mujer y las 1.086 restantes, a los juzgados de guardia.

MÁS DE LA MITAD MANTENÍA RELACIÓN AFECTIVA CON EL AGRESOR

En más de la mitad de los casos (51,1%), la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento en que solicitó la orden de protección, según el estudio.

Los juzgados adoptaron un total de 22.050 medidas judiciales de protección a las víctimas (tanto mujeres como menores). De las penales, el 73% se dictaron en el ámbito de la orden de protección, mientras que las restantes se acordaron como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron: las órdenes de alejamiento (6.890), que representan el 69,1% del total, y la prohibición de comunicación (6.487), que representan el 65,86 %. La salida del agresor del domicilio se acordó en el 8,3% de los casos y la prohibición de volver al lugar de los hechos, en el 5,4%.

En cuanto a las medidas civiles, el 93% de ellas se acordaron en el ámbito de la orden de protección y las restantes, como medida cautelar. El 19,4% estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 16,3%, con la atribución de la vivienda. La suspensión de la guarda y custodia se acordó en el 4,1% de los casos y la suspensión del régimen de visitas, en el 2,5%.

Tras el «parón» provocado por el estado de alarma, el número de sentencias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) volvió a situarse en el mismo nivel que hace un año, según informa el Observatorio. En el tercer trimestre de 2020 se dictaron 11.547, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2019.

Algo superior ha sido el porcentaje de sentencias condenatorias, que en el periodo analizado ha ascendido al 75,1% –frente al 74,6% en el tercer trimestre de 2019–, lo que significa que terminaron en condena tres de cada cuatro resoluciones. Así, del total de 11.547 sentencias dictadas, 8.674 fueron condenatorias y 2.873, absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se sigue dando en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 90,2%.

Carmona ha mostrado su apoyo a las mujeres víctimas, a quienes anima a denunciar, porque «es la única vía para que las instituciones implicadas en la lucha contra esta lacra pongan en marcha todas las medidas de protección y todos los mecanismos dirigidos al enjuiciamiento, justo y con todas las garantías legales, del maltratador». «El silencio de la víctima es una coartada para el agresor», ha avisado.

La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este lunes el inicio del juicio con jurado popular contra Agustín Herrero Bedoya, acusado de matar a su mujer en el domicilio familiar del municipio de Lantarón en octubre de 2017, para el que la Fiscalía reclama una condena de 25 años de cárcel por considerar que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Se trata del primer juicio con jurado que se celebra en Álava durante la pandemia de coronavirus. El Ministerio Fiscal considera que el acusado es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y cree que concurren las agravantes de parentesco y de comisión del delito por razones de género.

También reclama que indemnice a los dos hijos del matrimonio con un total de 240.000 euros (120.000 a cada uno de ellos) y a los tres hermanos de la víctima con un total de 60.000 euros. La acusación popular es ejercida por los tres hermanos de la víctima, la asociación Clara Campoamor y el Consejo del Menor, que asumió la tutela de uno de los hijos de la pareja, menor de edad.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado en este caso es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y explica que este «decidió acabar con la vida» de su mujer, Ana Belén J., de 45 años, al no aceptar que ella había iniciado una nueva relación sentimental y quería divorciarse de él. En su escrito de acusación, relata que el matrimonio entró en crisis en 2017 y que fue ella la que manifestó su intención de separarse para lo cual la pareja llegó a contactar con un abogado.

A pesar de la ruptura de la relación sentimental y la firme decisión de Ana Belén de separarse, el acusado no aceptaba tal decisión y además de decir «o eres mía o de nadie», controlaba sus salidas del domicilio, incluso solicitando a sus hijos que le informaran acerca de dónde se encontraba su madre, siendo habitual que controlara su teléfono para conocer con quién mantenía conversaciones.

El escrito de acusación relata que ante esta situación, siendo «ya insostenible la convivencia», el día 28 de septiembre de 2017 la mujer concertó una cita con AMAPASE (Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados) para informarse acerca de los trámites del divorcio. La cita fue fijada para el día 5 de octubre de 2017 pero Ana Belén fue asesinada dos días antes.

La Fiscalía señala que enojado por la incipiente nueva relación sentimental y no aceptando la ruptura definitiva de su matrimonio ni los térmicos económicos del divorcio, el acusado decidió acabar con la vida de su mujer. Para cumplir su objetivo, el día 3 de octubre de 2017 le escribió un mensaje de whatsapp para que fuera a recogerle a Miranda de Ebro (Burgos) a primera hora del día, algo que ella hizo para después dirigirse al domicilio familiar en Turiso, pueblo perteneciente al municipio alavés de Lantarón.

Según el escrito, ambos discutieron y después, el acusado se dirigió al cobertizo ubicado junto a la vivienda, donde cogió un martillo. A continuación se dirigió a la cocina, donde estaba Ana Belén y «aprovechando que estaba de espaldas a él, de manera sorpresiva, y con la intención de acabar con su vida», la golpeó con el martillo en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó la caída al suelo de ella dejándola inconsciente.

Asimismo, subraya que una vez en el suelo, todavía con vida «y sin posibilidad de defensa», el acusado continuó golpeándola con fuerza en la cabeza, haciendo uso del martillo, «con insistencia y brutalidad», hasta que comprobó que había muerto. El cuerpo de la mujer presentó un total de 12 heridas en la cabeza. La causa de la muerte fue destrucción encefálica por politraumatismo craneoencefálico.

A continuación, «siguiendo el plan que había preparado en los días anteriores», el hombre introdujo el cuerpo sin vida de su mujer en el vehículo que ella utilizaba, limpió la cocina y se trasladó en el citado vehículo hasta Miranda de Ebro donde dejó aparcado el vehículo y depositó el cadáver en la parte trasera.

Fue una mujer que pasaba por la calle río Ebro de Miranda de Ebro (Burgos), quien alertó al 112 de la presencia de una mujer, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca, en el asiento trasero de un coche, que presentaba restos de sangre en la puerta y se encontraba estacionado. Su marido fue detenido a las puertas de la fábrica vitoriana de Mercedes Benz, donde trabajaba, horas después de conocerse el crimen. El acusado confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional desde entonces.

DEFENSA

Tras la elección del jurado, en la fase de alegación de las partes, el abogado de la defensa ha pedido una rebaja de la pena a 15 años argumentando que su cliente ha reconocido que mató a su mujer con alevosía, porque la atacó por la espalda, y pide la retirada de los agravantes de género y ensañamiento.

En este sentido, pide que se reconozcan como atenuantes que el acusado ha reconocido los hechos y entregó el arma homicida a la policía. Además, ha pedido perdón a sus hijos y les ha entregado todos sus bienes en pago de indemnización, y a pesar de que no cubre el importe solicitado cree que muestra la «intención reparadora». También denuncia el retraso en la celebración del juicio. Está previsto que el acusado declare sobre las 15.00 horas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que EH Bildu ha realizado un recorrido ético para condenar la violencia terrorista mientras que dirigentes del PP y Vox «viven en la inmoralidad permanente», pues sellan pactos con quienes reivindican, a su juicio, la dictadura franquista ante el actual Ejecutivo de coalición.

En una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, Iglesias ha subrayado que nadie cuestiona esa evolución ética de los acuerdos que suscribe el PP con Vox, mientras que en el caso de la formación abertzale no se reconoce su apuesta por la política frente a la violencia.

Como ejemplo de ese recorrido ético de Bildu, ha citado al diputado Jon Iñarritu quien, en una intervención en el Congreso, fue «cristalino» al solidarizarse con una víctima de ETA, que además era un cargo público de Vox, en referencia al diputado de Vox Antonio Salvá, padre de Diego Salvá, un guardia civil asesinado por la banda terrorista en 2009.

En contraposición, ha señalado que él tuvo que aguantar en sede parlamentaria que la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien dijo en el Congreso que su padre era un «terrorista», cuando estuvo en la «cárcel por defender la libertad», y «sin que nadie pidiera disculpas por ello».

Por tanto, ha enfatizado que el recorrido ético de los dirigentes de la izquierda abertzale, como el caso de Arnaldo Otegi, fue «condición de posibilidad de que ETA dejara de matar» mientras que ahora cargos de PP y Vox están «reivindicando abiertamente gobiernos de la dictadura».

«Vox, que permite gobernar al PP en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Andalucía, está diciendo que los gobiernos que asesinaban demócratas son preferibles al actual qué recorrido ético tienen que hacer estos señores», se ha preguntado el líder de Podemos.

En este sentido, también ha cuestionado si los «señores de la Gürtel» y que crearon un «aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos», en referencia al PP, no deben también hacer ese recorrido ético.

Por tanto, ha reclamado altura de miras a todas las formaciones para respetar a los diferentes representantes políticos, elegidos democráticamente, pues es un «éxito» que los que en el pasado ejercían la violencia, ahora hagan política en las instituciones.

NO HAY QUE PATRIMONIALIZAR A LAS VÍCTIMAS

Además, el vicepresidente ha advertido de los intentos por «patrimonializar» las víctimas del terrorismo para recordar que la hija del exministro Ernest Lluch asesinado por ETA, Rosa Lluch, quién fue candidata de Podemos al Senado, apostó por el diálogo para superar la violencia.

En este sentido, ha asegurado que la apuesta por la política y la democracia es una buena noticia «venga de donde venga», al igual que pasó con Alianza Popular que surgió con varios ministros «franquistas» y que firmaron «sentencias de muerte» contra aquellos que luchaban por la libertad.

«Y yo que soy hijo y nieto de demócratas doy gracias a esos señores franquistas que decidieron renunciar a la dictadura militar y apostaron por la democracia. Aunque últimamente con sus acuerdos con Vox parece que estén dando la vuelta por el otro camino», ha desgranado.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que el Ministerio de Exteriores está trabajando «de manera discreta» para que vuelva a haber un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, algo que, a su juicio, es «condición de posibilidad» para que haya diálogo y se avance en la resolución del conflicto.

«El Ministerio de Exteriores, con mucha discreción y mano izquierda, está trabajando en esa dirección», ha revelado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, a pesar de que previamente ha afirmado que él no tiene competencias en este asunto y que, por lo tanto, ni entra ni se posiciona, porque es responsabilidad del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En concreto, ha asegurado que el Ministerio de Exteriores está haciendo en algo «muy importante», de manera «discreta», que es trabajar para que haya por fin un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, que lleva pendiente de designarse desde la dimisión en mayo de 2019 de Horst Koehler.

DEFIENDE SU DERECHO A RECORDAR QUE LO LEGAL ES QUE HAYA UN REFERÉNDUM

Iglesias también ha defendido su derecho a recordar la «legalidad vigente» y, en concreto, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1995 en la que se instaba a que se celebrara un referéndum «para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental», sin que ello suponga, ha asegurado, dar su opinión.

Preguntado por las tensiones que ha generado en el Gobierno la postura de Unidas Podemos en este asunto, el vicepresidente segundo ha asegurado que el hecho de recordar esa resolución no es posicionarse. «Estoy recordando una norma de obligado cumplimiento», ha asegurado.

Cuando el PSOE y Unidas Podemos negociaron el Gobierno de coalición, los ‘morados’ se comprometieron a respetar que el asunto del Sáhara, especialmente delicado por las relaciones entre España y Marruecos, quedaría en manos de Presidencia y Exteriores.

«Tengo que decir que la posición la marca la ministra de Exteriores y el presidente del Gobierno, por lealtad y competencias», ha recalcado al ser preguntado sobre su postura sobre la necesidad de celebrar un referéndum.

No obstante, a continuación ha defendido que «es evidente que el Gobierno de España tendrá que cumplir la legalidad internacional. «No cabe otra cosa. Yo no doy mi opinión, me limito a recordar la resolución de la ONU», ha apostillado.

«Solo faltaba que uno no pudiera recordar la ley, que es de obligado cumplimiento para todos, sin que le acusen de posicionarse. No me he posicionado, pero sí me he permitido recordar lo que dice la ONU», ha aclarado.

Y preguntado sobre que hará si el Gobierno no cumple con esa resolución, es cuando ha asegurado que el Ejecutivo está haciendo algo «muy importante» al trabajar, según ha asegurado, para que vuelva a haber un enviado especial para el Sáhara.

Aldeas Infantiles SOS lleva a las aulas madrileñas la solidaridad con los que sufren la pobreza y las desigualdades con la vigésimo tercera edición de sus programas educativos para acercar la Agenda 2030 a los más pequeños por segundo año consecutivo, ha informado la organización en un comunicado.

Este curso, ‘Abraza tus valores’, destinado a niños de Infantil y Primaria , y ‘Párate a pensar, dirigido a alumnos de Secundaria están dedicados a la solidaridad con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: acabar con la pobreza, reducir la desigualdad y conseguir la paz y la justicia.

En toda la Comunidad de Madrid, 45.100 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 451 centros de enseñanza participan este curso 2020-2021 en los programas de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS.

Tras ofrecer el año pasado una visión general de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, este se centran en la solidaridad con aquellos que sufren la pobreza, la desigualdad y la injusticia.

«En el momento que vivimos se hace más patente que nunca que no estamos solos en el mundo y la única forma de avanzar es juntos. Transmitimos a los alumnos que su rutina diaria no es la misma de todos los niños y niñas, que algunos no tienen sus necesidades básicas satisfechas y que es preciso cambiar esta realidad», ha explicado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

Los contenidos de los programas se dividen en tres bloques temáticos y constan de 30 tutorías aplicables a distintas áreas curriculares que permiten abordar la materia de forma lúdica y accesible a las distintas edades.

LA POBREZA

El primero de ellos trata sobre la pobreza. Los niños y adolescentes buscarán la respuesta a preguntas como qué significa ser pobre y por qué cuesta tanto salir del círculo de la pobreza.

Se pondrán en la piel del que no tiene y buscarán formas de conseguir que a nadie, especialmente a otros niños como ellos, les falte aquello a lo que tienen derecho: techo, comida, ropa, higiene, trabajo y cuidados.

En el segundo bloque temático abordarán las desigualdades y dibujarán un futuro en el que todas las personas dispongan de la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y brillen por sus propios méritos.

Por último, en el tercer bloque reflexionarán y debatirán sobre lo que es justo o no en la vida de las personas. Y descubrirán que, a veces, es importante apartarnos de nuestros intereses o conveniencias para reconocer lo que está bien o mal, en base a los derechos de los demás.

«A lo largo del curso, además de sensibilizarse con las distintas realidades que existen en el mundo, los alumnos van aprendiendo que ellos también pueden contribuir a conseguir los ODS, que es un trabajo de todos, un proyecto común en el que cada uno tiene un papel que cumplir y un compromiso que asumir», ha asegurado Pedro Puig.

A través de los programas de Educación en Valores, Aldeas lleva 23 años promoviendo la reflexión y el diálogo entre alumnos, profesores y familias, con el fin último de forjar buenas personas y ciudadanos responsables que contribuyan a la construcción de una sociedad de la que podamos sentirnos orgullosos.

Algunos de los valores que la organización ha llevado a las aulas durante este tiempo han sido la igualdad, la responsabilidad, la empatía, la tolerancia, el esfuerzo o la paciencia.

Los materiales constan de un manual para el profesor repleto de actividades y recursos didácticos, e incluyen información sobre cómo participar en los plenos infantiles «Diputados por un Día», que se celebran en los Parlamentos autonómicos.

En 2015, 193 países aprobaron 17 objetivos y 169 metas asociadas que establecían el marco global de desarrollo para los 15 años siguientes en las esferas social, económica y medioambiental.

Aldeas Infantiles SOS participó activamente en el proceso de elaboración de la Agenda 2030 y logró, junto a otras organizaciones, que los niños que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo no fueran olvidados.

Con sus programas de educación en valores, Aldeas contribuye, además, al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Proyecto LIBERA ha lanzado la cuarta convocatoria de la campaña ‘1m2 por el campo, los bosques y el monte’ en la que espera recoger residuos abandonados en la naturaleza y recoger datos sobre ‘basuraleza’ en los entornos terrestres.

La iniciativa ambiental conjunta de Ecoembes y SEO/BirdLife se dirige a cualquier organización, asociación, entidad o colectivo que quiera participar en la batida y que podrán crear puntos de recogida hasta el 6 de diciembre o apuntarse a los que organiza LIBERA en diferentes puntos de España.

La organización indica que las recogidas se harán con la máxima seguridad, siguiendo en todo momento las últimas recomendaciones oficiales y limitando los grupos al máximo que determine cada comunidad autónoma o municipio.

Así, Proyecto LIBERA espera sumar nuevos voluntarios que quieran convertirse en ‘Héroes Libera’. Para registrar un punto libera de recogida de basuraleza, cualquier organización, asociación o entidad puede registrarse a través de la página web proyectolibera.org hasta el 6 de diciembre.

Los datos que se recojan permitirán a Proyecto LIBERA plantear estrategias más eficientes y efectivas para acabar con este problema ambiental. Los colectivos participantes emplearán para la caracterización de los residuos la app móvil ‘eLitter’, desarrollada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con LIBERA.

Asimismo, los datos obtenidos en esta campaña de ciencia ciudadana se integran en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECORD) y se sumarán a los objetos que ya han sido caracterizados y recopilados en el ‘Barómetro de la Basuraleza’.

En la pasada edición de ‘1m2 por el campo, los bosques y el monte’, con las batidas de datos y de limpieza que se desarrollaron en 168 puntos del país, se pudieron caracterizar cerca de 35.000 objetos que se encontraban abandonados, principalmente en zonas donde hay actividad humana como parques, merenderos, caminos o riberas.

Con esta convocatoria, LIBERA cierra su última campaña de movilización ciudadana del año tras la celebración de ‘1m2 por las playas y los mares’, desarrollada el pasado mes de septiembre-octubre, y con la que se consiguieron caracterizar 4,6 toneladas de basura y 20.500 objetos.

COVID-19 LLENA EL CAMPO DE MASCARILLAS

Este año, con motivo de la utilización de las mascarillas y guantes como profilaxis ante la pandemia del coronavirus, Proyecto LIBERA destaca que este año hay que prestar especial atención a este residuo y pide a los ciudadanos que actúen con responsabilidad ante estos nuevos residuos para que no terminen contaminando la naturaleza.

Para evitarlo, además de utilizar mascarillas reutilizables siempre que se sigan las recomendaciones publicadas por el ministerio de consumo, no se debe abandonar estos residuos en espacios naturales ni urbanos y deben depositarse siempre en el contenedor gris (resto) y cortar previamente las gomas.

El coordinador del proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha explicado que para generar conocimiento científico sobre el problema de la basuraleza es necesario recopilar un gran volumen de datos aplicando una metodología compleja. Gracias a la tecnología actual, con una simple APP podemos llevar la ciencia a la ciudadanía y formar un ejército de voluntarios que en sus salidas a estos espacios naturales localicen y caractericen los residuos», ha señalado.

Por su parte, la coordinadora del Proyecto LIBERA de Ecoembes, Sara Güemes, asegura que existe mucho conocimiento del impacto de la basuraleza sobre los entornos marinos, pero es fundamental conocer también los residuos que se abandonan en los entornos terrestres.

«Este es nuestro objetivo con esta nueva campaña que nos servirá para poner el foco en la prevención y la concienciación. Durante este año, la crisis del COVID-19 nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la naturaleza y ser conscientes de la importancia que tiene cuidar de nuestro medio ambiente», ha concluido.

La Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) ha denunciado el «abandono» que sufren por parte del Gobierno, lamentando que haya vetado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos al RDL 11/2020 de medidas específicas para combatir la pandemia, en la que pedía la retirada del visado a la triple terapia.

«La enmienda simplemente recogía la necesidad de garantizar el acceso a los mejores tratamientos a las personas afectadas por una enfermedad que mata a una persona cada 20 minutos en España, y más en un momento en el que la COVID19 eleva el riesgo de morir de estas personas infinitamente», han explicado desde la organización.

Antes de que se pudiera debatir esta enmienda en la Comisión de Sanidad, que contaba con un «amplio y transversal» apoyo de los partidos del Congreso, el Gobierno «decidió vetar la enmienda aludiendo que afectaba a las partidas presupuestarias» y, de esta manera, eliminó una «reivindicación clamada» por las sociedades científicas y millones de pacientes.

«El Gobierno deja fuera de los presupuestos a las personas con EPOC Por otro lado, el mismo grupo parlamentario Ciudadanos, presentó también una enmienda muy similar al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. En este caso el Gobierno no la vetó sino que votó en contra durante el debate. Como consecuencia los 3 millones de pacientes con EPOC que se hubieran beneficiado de la medida, han quedado fuera de los Presupuestos del Gobierno más social», han señalado desde la organización.

Asimismo, la portavoz de APEPOC, Nicole Hass, ha insistido sobre este «doble abandono» deliberado por parte del Gobierno de España. «Nos reunimos con el Ministerio de Sanidad y nos dijeron que la retirada de la triple terapia no dependía de una cuestión económica y nos encontramos con que han vetado una de las enmiendas precisamente por dinero. La sociedad española debe saber que este Gobierno autoproclamado el más social de la historia ha dejado fuera de debate y de presupuestos unas enmiendas que mejorarían la vida de centenares de miles de personas», ha apostillado.

Además, no es cierto que la retirada del visado a la triple terapia suponga un gasto o una disminución de ingresos al estado, al contrario, supone un ahorro para la administración.

En concreto, un ahorro de 70 millones de euros.» Por otro lado, Hass lamenta que el Ministro de Sanidad no se haya reunido con la Asociación antes de vetar y rechazar estas iniciativas ya que demuestra falta de interés y comunicación con la comunidad de los pacientes: «La comunicación es el proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales.

Finalmente, el asesor médico de APEPOC, Raúl de Simón ha sido contundente respecto a esta posición del Gobierno. «La comunidad científica es unánime, no hay argumentos o criterios científicos para mantener el visado y lo hemos demostrado cuando lo hemos podido compartir», ha zanjado.

La 36 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 15 al 24 de octubre de 2021, se unirá a las celebraciones por el Año Berlanga dedicando al genial maestro a través de su sección para estudiantes.

De este modo, el apartado ‘La Mostra dels Instituts’ dedicará las proyecciones matinales concertadas con centros de enseñanza a películas del director valenciano, como ‘La vaquilla’, ‘Los jueves, milagro’ o ‘Calabuch’, entre otras, adelanta la organización en un comunicado.

Como en años anteriores, las sesiones irán acompañadas de una guía didáctica que contextualizará cada título y propondrá temas de debate en el aula en torno a la figura de Berlanga, el contexto social de las películas y los temas más importantes que abordan.

«Mostra de València siempre ha tenido muy presente entre sus objetivos el de la creación de nuevos públicos a través del trabajo en colaboración con los centros de enseñanza, y creemos que el Año Berlanga es una excelente oportunidad para que jóvenes valencianos y valencianas accedan por primera vez a la obra de nuestro cineasta más universal», declara la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, Gloria Tello.

El festival espera así en 2021 poder contar de nuevo con la presencia de estudiantes en las salas. Este año, a causa de las restricciones derivadas de la pandemia, La Mostra dels Instituts ha tomado el formato online, proponiendo una serie de encuentros vía streaming, todavía activos, en los que el equipo del festival imparte una serie de charlas a los estudiantes acerca de los nuevos modelos de consumo audiovisual.

«UNA LARGA RELACIÓN»

Desde el certamen recuerdan que Luis García Berlanga «ha sido una referencia en la historia de la Mostra de València desde su primera edición, en 1980». El festival le tributó entonces una retrospectiva y organizó varias mesas redondas en torno a su obra, en las que participaron, entre otros, Carles Mira, Francesc Betriu, José Luis López Vázquez, Ricardo Muñoz Suay o Manuel Aleixandre.

Los encuentros fueron recogidos en dos libros, que la Mostra reeditó en un solo volumen en 1999. Posteriormente, en 2002, el Museo de la Ciudad acogió una exposición coproducida por Mostra de València y el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Y en 2009, coincidiendo con la 30ª edición, el cartel del festival lució el rostro de Berlanga, en un diseño de Francis Montesinos basado en una ilustración de Guillermina Royo-Villanova. Además, se proyectó un ciclo homenaje al director y se publicó el libro ‘¡Viva Berlanga!’, coordinado por Luis Alegre.

El exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, el que fuera asesor urbanístico y principal condenado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, y ocho exediles han reconocido varios delitos y se han mostrado este lunes conforme con las acusaciones de la Fiscalía y del Ayuntamiento marbellí en una causa por irregularidades urbanísticas en dicha localidad.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido este lunes el juicio a 14 personas –diez exresponsables del Ayuntamiento de Marbella y empresarios– por una de las causas iniciada hace más de diez años por convenios suscritos por el Consistorio y sociedades desde el año 2000 para llevar a cabo una serie de operaciones urbanísticas relacionadas con urbanizaciones y un centro de ocio.

En la vista, la Fiscalía Anticorrupción ha expresado las modificaciones realizadas en su escrito inicial de acusación, por las que rebaja las penas solicitadas en un principio, y el abogado que representa al Ayuntamiento se ha adherido a dichas conclusiones definitivas. Tras estos, la mayoría de las defensas y acusados han expresado su conformidad con los hechos.

Así, Roca se ha mostrado conforme con un delito de fraude y será condenado en la sentencia que se dicte en las próximas semanas a una pena de seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación. Asimismo, las acusaciones han solicitado que se le impongan otros cinco años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

En el caso del exalcalde Julián Muñoz, que ha comparecido por videoconferencia desde otro juzgado fuera de la Ciudad de la Justicia, se ha conformado también y ha aceptado los hechos. Para él, la fiscal ha pedido seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación por fraude y 12 meses de cárcel y otros cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística y administrativa.

Tras expresar su conformidad, Muñoz ha pedido que si se podía hacer algo en cuanto a la ejecución de condenas porque los cambios «cada dos por tres» en las hojas de cálculos interfieren en su libertad condicional, «lo que me trastorna mucho», ha dicho. Al respecto, el presidente del Tribunal ha dicho que su abogado presente el escrito correspondiente.

Los exediles han reconocido, igualmente, delitos de prevaricación urbanística y se han conformado con la petición de cinco años de inhabilitación y de cárcel, pena que va desde de los nueve a los 15 meses de prisión, según a la corporación municipal en la que estuvieron.

Además, se ha retirado la acusación para dos de los procesados, uno de ellos el empresario constructor José Ávila Rojas; y la causa se mantiene para otros dos, respecto a los que se celebrará juicio cuando se ponga nueva fecha.

En este procedimiento, según las acusaciones, la sociedad que solicitó la licencia de obras para construir varios bloques lo hizo sin que el suelo fuera de su propiedad; un proyecto que tuvo informes que ponían de manifiesto «la confrontación de las obras con el plan general vigente», a pesar de lo cual la comisión de gobierno «acordó autorizar el permiso» solicitado en agosto de 2001.

Asimismo, el fiscal indica que el proyecto «se ajustaba a los cambios de parámetros urbanísticos que se concretarían cuatro meses después» entre Roca y uno de los empresarios acusados. Además, apunta que Muñoz firmó el convenio en el que se comprometía a incorporar en el PGOU esas características acordadas, que suponían, dice el escrito, un aumento de la edificabilidad.

Para el ministerio público, posteriormente se llevaron a cabo otros convenios de permutas «con irregularidades» en la justificación y en la valoración de los bienes y apunta que sociedades vinculadas a las anteriores y el Ayuntamiento realizaron trámites urbanísticos para la construcción de un centro de ocio y deporte, con la misma operativa «ilegal» y a pesar de los supuestos informes negativos.