La Xunta de Galicia ha adelantado al 11 de enero la fecha para reservar plaza escolar en caso de continuación de los estudios en centros de adscripción, es decir, cuando se cambia de etapa educativa y de centro, siempre que sea para el adscrito, según se publica este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Así, el gobierno gallego ha modificado la orden de 2013 que regula la admisión de alumnos en centros educativos sostenidos con fondos públicos y que imparten segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, introduciendo un cambio en el artículo referido a la admisión en los centros adscritos.

Según se recoge en el DOG de este martes, el período para reservar plaza en centros adscritos y continuar estudios será del 11 de enero al 8 de febrero (hasta ahora era del 1 al 15 de febrero). Este cambio afecta a estudiantes que, por ejemplo, pasan de Infantil a Primaria y cambian de colegio (van al centro al que está adscrita su escuela de origen), y lo mismo para los que pasan a otras etapas educativas y cambian su centro por otro adscrito.

Esta medida permite a la Xunta (para esos casos concretos), al igual que ya han hecho otras Comunidades Autómomas gobernadas por el PP, esquivar la llamada ‘ley Celáa’, la nueva normativa estatal en materia de Educación, que se encuentra en su fase final de tramitación y que, entre otras cuestiones, elimina el concepto de ‘demanda social’ de la enseñanza concertada y, según sus críticos, restringe la libertad de elección de centro escolar.

En todo caso, la Xunta señala en la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia, que esta modificación tiene como finalidad «ampliar el plazo de que disponen las familias para presentar solicitud de reserva para continuar estudios en un centro adscrito», y también aumentar el tiempo que tienen los centros para la gestión de las admisiones.

Además, defiende el ejecutivo autonómico, la ampliación de ese plazo «permitirá también una correcta adecuación de la posterior oferta de plazas en aquellos casos en que la fase de reserva no permita la escolarización de todo el alumnado solicitante».

TRÁMITES Y RESTO DE PLAZOS

Así, los alumnos que quieran continuar estudios en un centro de adscripción, para reservar plaza, deberán presentar el formulario correspondiente, o bien en su centro de origen o bien a través de la aplicación ‘admisionalumnado’ de la web de la Consellería de Educación, entre el 11 de enero y el 8 de febrero.

El resto de los plazos se mantienen como estaban: el sorteo público a efectos de desempate se realizará en la última semana de febrero o, en todo caso, antes del 1 de marzo; también, antes del 1 de marzo, se publicarán los puestos escolares vacantes y, para la presentación de solicitudes de admisión (incluidas para centros no adscritos), se establece el plazo del 1 al 20 de marzo.

Los listados provisionales de alumnos admitidos y no admitidos se publicarán antes del 25 de abril, y los definitivos, antes del 15 de mayo. A partir de ahí, la formalización de matrícula en Educación Infantil y Primaria será entre el 20 y el 30 de junio; y en la ESO y Bachillerato se formalizarán matrículas entre el 25 de junio y el 10 de julio (en estas dos etapas habrá un plazo extraordinario, del 1 al 10 de septiembre).

La portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento, Pilar Sánchez, ha criticado que ninguna Administración esté tomando medidas para paliar la situación que se vive en la Cañada Real cuando la causa de los cortes en el suministro «no es la marihuana».

La edil y su compañero Nacho Murgui han acompañado a una representación vecinal del Sector 5 a la Fiscalía de Madrid, donde ha interpuesto una denuncia para que se investiguen los cortes de luz que se vienen produciendo desde hace tres meses por si pudieran incurrir en delito penal, interrupción en el suministro que los vecinos identifican con «un plan intencionado» para expulsarles de sus viviendas, ubicadas en lo que serán los desarrollos urbanísticos de Ahijones, Valdecarros y Berrocales.

«Apoyamos a los vecinos en su denuncia por vulneración de derechos a los que están siendo sometidos por las administraciones. Ayer el Defensor del Pueblo hizo un informe durísimo contra la Comunidad, la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento como administraciones responsables de que haya 1.800 niños y niñas durante más de 80 días sin luz, sin acceso a la electricidad, sin agua caliente, sin calefacción, sin comida caliente», ha enumerado.

Los vecinos han defendido ante las puertas de la Fiscalía que su problema «no se debe a una sobrecarga sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de las administraciones».

Para la edil de Más Madrid, las tres administraciones «son responsables por igual» de una situación marcada por la «reducción de potencia», de la que se desconoce la causa. «Ahí la causa no es la marihuana sino que por alguna razón que ninguna Administración ni Naturgy han explicado se ha producido una reducción de potencia», ha subrayado Pilar Sánchez.

La concejala ha recordado que Más Madrid ya propuso en el Pleno medidas como la instalación de generadores, iniciativa aprobada por unanimidad en Cibeles pero que no se ha puesto en marcha.

MÁS MADRID ACUDE CON PROPUESTAS DE MEDIDAS AL PLENO DE NUEVO

El grupo municipal de Más Madrid propondrá en el Pleno de Cibeles que se celebra este miércoles, el último del año, que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, solicite al Comisionado Regional de la Cañada Real que convoque con carácter de urgencia el Comité Ejecutivo, recogido en el Pacto Regional, y que proponga soluciones de emergencia como la distribución de generadores de diésel y kits solares.

Más Madrid reclama la convocatoria de este órgano «para poner a disposición de los habitantes de los sectores 5 y 6 de la Cañada los medios técnicos necesarios para aportarles suministro eléctrico en tanto la empresa suministradora encuentra una solución satisfactoria», recoge la proposición.

Entre las soluciones de emergencia que indica al Ayuntamiento de Madrid para proponer en ese foro la instalación de puntos de acceso y conexión, ya sean individuales o mancomunados, a los que la vecindad accedería tras la suscripción de los correspondientes contratos provisionales de energía.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado este martes en el Congreso sus ‘recetas’ para reforzar la independencia del supervisor y de otros organismos reguladores y, en concreto, ha defendido elevar de los seis años actuales a ocho el mandato del cargo que él ocupa, extender la imposibilidad de renovación también a los consejeros del banco y dar un papel más relevante al Parlamento en su nombramiento.

Hernández de Cos ha sido el primer experto citado por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para recabar ideas sobre cómo reforzar la imparcialidad de los órganos y agencias independientes que funcionan en España, con intención de elaborar un informe de recomendaciones que se elevará al Pleno del Congreso.

El gobernador considera que el esquema jurídico y la experiencia del Banco de España como institución independiente financiera y organizativamente puede constituir un buen punto de referencia en el eventual rediseño de otros supervisores.

A su juicio, el Parlamento debería tener un papel más relevante en el nombramiento de los altos cargos del banco y otros reguladores. Actualmente, corresponde al presidente del Gobierno designar al gobernador previa comparecencia del titular de Economía ante la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la candidatura.

CONCURSOS PÚBLICOS

Pero Hernández de Cos vería bien que los aspirantes a gobernador, subgobernador y consejeros no natos comparecieran en sede parlamentaria antes del nombramiento o bien tuvieran que recibir su aval de idoneidad. Este es un sistema similar al que aplica el Parlamento Europeo en los procesos de elección de los altos cargos de BCE. También ha apuntado que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra selecciona al gobernador y los subgobernadores mediante concurso público.

Aunque se ha centrado en las mejoras para el supervisor, el gobernador es partidario de que se unifiquen los procedimientos para los nombramientos de los organismos independientes y, como premisa general, considera oportuno que todos ellos tengan mandatos superiores a los cuatro años, para desvincularlos de los ciclos electorales, así como que se «persevere» en la imposibilidad de renovación.

En el caso del Banco de España, ha pedido elevar de seis a ocho los años de mandato de sus altos cargos y extender a los consejeros la imposibilidad de renovar (ahora pueden optar a un segundo mandato) que ya rige para el gobernador y el subgobernador.

Para Hernández de Cos, ampliar el mandato además de para acumular experiencia serviría para aumentar la capacidad de influencia en foros internacionales, mientras que, al prohibir las renovaciones, se rebajarían las eventuales tentaciones de los consejeros de aproximarse a quienes deciden acerca de su posible reelección.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El gobernador mantiene que la independencia de los organismos independientes debe venir acompañada de unos estándares muy elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento, como elementos imprescindibles para otorgarles legitimidad.

Así, además de proponer, que el gobernador comparezca más ante el Congreso, apuesta por la elaboración de códigos éticos de obligado cumplimiento para los altos cargos de estos órganos que garanticen su independencia del sector público y privado y eviten posibles conflictos de interés.

Hernández de Cos también ha introducido el concepto de ‘buen gobierno’ en el funcionamiento de estos organismos independientes de modo que tengan siempre presente no sólo los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o diligencia, sino también la aplicación de procedimientos y de decisiones colegiadas que garanticen la búsqueda del interés público como principal línea de actuación institucional.

El Ministerio del Interior va a dictar una instrucción «con efectos inmediatos» tras el Consejo de Ministros de este martes para permitir sólo la entrada a territorio nacional desde Gibraltar de ciudadanos españoles, personas con residencia legal en España, personas con residencia legal en Gibraltar y trabajadores transfronterizos.

La decisión, según han explicado fuentes de Interior, se adopta tras el acuerdo del Consejo de Ministros y viene motivada por las medidas para tratar de contener el contagio de la nueva variante más contagiosa del Covid-19 que se ha detectado en Reino Unido, con un caso también confirmado en noviembre en Gibraltar.

Con la entrada en vigor de la instrucción en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior, no estará permitido el acceso a territorio nacional desde Gibraltar de ningún otro supuesto, como por ejemplo nacionales del Reino Unido que no sean residentes en Gibraltar.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ya dejó claro el lunes que no impondría restricciones para viajar a España porque muchos gibraltareños tienen «sus casas o sus segundas residencias» en el lado español de la Verja. Sin embargo, desde la próxima medianoche impedirá la entrada de británicos en el Peñón por vía aérea.

Para garantizar el «efectivo control» de las limitaciones en la Verja, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que se destinarán al paso entre España y Gibraltar a los agentes de la Policía Nacional que sean precisos. En la comparecencia tras el Consejo de Ministros, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, ha dicho que la medida busca que no haya «ningún tipo de problema» en la Verja.

Las citadas fuentes han señalado que tiene una vigencia de 14 días, desde las 18.00 horas de este martes, 22 de diciembre, hasta las 18.00 horas del 5 de enero, al igual que la limitación de vuelos y viajes en buque desde Reino Unido sólo para personas nacionales o residentes en España o Andorra.

GIBRALTAR IMPIDE LA LLEGADA DE BRITÁNICOS POR AVIÓN

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado que Gibraltar «ha decidido tomar exactamente las mismas medidas que España» en lo relativo a las llegadas por avión desde Reino Unido.

«Así aseguramos que mantenemos el mismo nivel de protección frente a la nueva cepa del Covid», ha dicho en rueda de prensa junto a la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya.

El Gobierno de Gibraltar impedirá a partir de la próxima medianoche la entrada por vía aérea de viajeros procedentes de Reino Unido, aunque estarán exentos los gibraltareños y residentes en el Peñón y los españoles y residentes en España que estén en tránsito, entre otras categorías de ciudadanos –como militares, marinos en tránsito o personas que trabajen en Gibraltar–.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido este martes el Foro provincial de la Inmigración, ahora denominado Para la Integración de las Personas de Origen Migrante; el primero bajo la competencia directa de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.

En dicho encuentro, telemático y semi presencial, se han abordado los avances de los grupos de trabajo creados en 2019 entre los que destaca el dedicado en exclusiva a los menores extutelados y a los problemas que se encuentran cuando dejan de estar bajo el amparo de la Junta de Andalucía. Los otros tres se centran en la vivienda, la acción social y a la mejora en la aplicación de la Ley de Extranjería.

Navarro ha destacado «lo fundamental que es la coordinación» entre las distintas administraciones y las entidades sociales, representadas también en el foro y que son «elemento esencial a la hora de elaborar proyectos que respondan a las necesidades reales de la inmigración para que los fondos públicos que se destinan a ello sean eficaces y eficientes».

El objetivo más inmediato de la Consejería de Presidencia e Interior es, como dijo el consejero Elías Bendodo recientemente, la aprobación a principios del próximo año del Primer Plan Estratégico para la inmigración 2021-2024.

Los objetivos generales de este plan estratégico son impulsar la coordinación en la gestión de las políticas públicas de la Junta; mejora la planificación estratégica y la evolución de las políticas públicas en materia de migraciones; mejorar la respuesta de los servicios públicos y su impacto en la calidad de vida, así como garantizar los niveles de integración de la población migrante en Andalucía, han explicado a través de un comunicado.

Además se trata de garantizar el acceso en igualdad a los servicios básicos comunes; evitar la discriminación y la segregación espacial, laboral, educativa y social; proteger los derechos de los niños y jóvenes inmigrantes y refugiados y establecer una estrategia de sensibilización y comunicación sobre las migraciones que fomenten el principio de igualdad de oportunidad y de trato, rechazando toda forma de racismo y xenofobia.

Asimismo se ha abordado la orden de las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos e infraestructuras, destinados al arraigo y promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la diversidad y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades locales, en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, y bajo cuya aplicación se realizará la Convocatoria de Subvenciones de 2021.

El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobaba el nuevo decreto por el que se regulan los foros andaluz y provinciales de la Inmigración, destinados a la integración del colectivo en la sociedad andaluza.

Los foros provinciales tendrán entre sus funciones elaborar y aprobar su programación anual y la memoria anual; comunicar sus actividades al Foro andaluz; realizar propuestas de colaboración para la realización de actividades conjuntas con otros foros provinciales, a través del Foro andaluz, y actuar como órgano activo de lucha contra el racismo, la xenofobia y por la tolerancia.

El Foro Provincial de la Inmigración de Málaga cuenta con la participación de más de una veintena de miembros representantes de diferentes administraciones públicas, de organizaciones sindicales, de organizaciones empresariales, y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.

Por último, la delegada del Gobierno, con motivo de los Premios Andalucía sobre Migraciones en XVI edición publicados el pasado 24 de noviembre, ha transmitido su felicitación a Cruz Roja Española, receptora del Premio Andalucía sobre inmigraciones en su modalidad de ‘Programas de Sensibilización y/o interculturalidad en la Red’, y a la Asociación Marroquí, con sede en Málaga, por la mención especial sin dotación económica al trabajo denominado ‘Programa nacional para la prevención de la islamofobia.

El Sindicato de Traballadores do Ensino Galego (STEG), se ha reunido este martes con el director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luís Mira Lema, para abordar la «desastrosa situación» en la que la recientemente aprobada Ley Celaá dejaría a la Formación Profesional, «tanto en lo que respecta a la calidad de la enseñanza como en lo tocante a la situación laboral de los profesores».

La portavoz e integrante del sindicato, Maica Couto, ha destacado la «buena disposición» de José Luís Mira, al que no le gusta «nada» la nueva ley, pero ha subrayado que la Consellería de Educación tiene «muchas limitaciones». «La ley es ya un hecho, y ata bastante», ha trasladado Couto.

STEG ha destacado el «compromiso» que se han llevado por parte de la Xunta de «hacer todo lo posible» para limitar una ley «hecha de espaldas a la comunidad educativa, sólo con los agentes laborales y sin la comunidad educativa». «La idea que se repite de que toda Formación Profesional es educación, es mentira. Prácticamente se saca a la Formación Profesional de la educación para ser meramente laboral», ha explicado Couto.

Las principales demandas del sindicato giran en torno a la situación «injusta y discriminatoria» en la que la Ley Celaá deja al cuerpo docente de profesionales técnicos de formación profesional (PTFP), que se encuentra actualmente en un subgrupo profesional inferior, en el A2, cuando el resto del profesorado de secundaria está en el subgrupo A1, lo que provoca «diferencias notables en cuanto a salario a pesar de desempeñar el mismo trabajo con idénticas funciones y responsabilidades».

El texto de la nueva ley de educación, por su parte, prevé «la integración, en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de todos aquellos docentes PTFP que estén en posesión, a la entrada en vigor de la Ley, del título de Grado o equivalente». Aquellos que no dispongan de él, «permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP», para los que, según ha indicado el sindicato, «no se ha planteado ninguna salida».

Una situación que el STEG ha calificado este martes de «ERTE encubierto». Según datos del sindicato, 1.443 personas podrían ver afectadas sus condiciones laborales con la entrada en vigor de la nueva norma. Por eso, han pedido que las personas funcionarias de carrera pertenecientes al cuerpo de PTFP con las titulaciones previstas o con aquellas que se habiliten como equivalentes, sean «asimiladas automáticamente» al cuerpo de profesorado de Secundaria.

El sindicato también se ha referido a la situación «precaria» que viven los profesores interinos y al papel «despreciado» del profesor especialista, que pretende «eliminarse» con la nueva ley. A este respecto, Maica Couto ha incidido en que serán las comunidades autónomas las que legislen este aspecto, así que será en ese punto donde «se podrá dar más guerra».

«IREMOS HASTA EL FINAL»

Por otro lado, el STEG ha reclamado una mayor implicación tanto de otros sindicatos –a los que les han afeado no convocar ninguna reunión– como de responsables de los centros de enseñanza, ya que «esta situación afecta a todo el colectivo docente de profesores técnicos».

«No vamos a parar. Iremos hasta el final, con todo, pero debemos ser conscientes de que es un carrera de fondo», ha apuntado Maica Couto que, de momento, descarta una posible huelga para enero. Consultada por Europa Press, ha señalado que, aunque no desechan ninguna posibilidad –«ni huelgas ni encierros en centros de enseñanza»– «sería la última opción». «Es el último recurso porque lo último que queremos es crear un problema social y dejar a los alumnos sin clase», ha confirmado la portavoz de STEG.

Aunque la Xunta no les ha ofrecido «ningún plazo concreto», el sindicato confía en el compromiso adquirido por la administración y espera que el Ministerio de Educación tenga en cuenta sus demandas, ya que ahora, como han apuntado tras la reunión, «el único empeño del Ministerio parece ser sacar adelante una ley a la que, cuando se le plantea algún problema, lo único que se obtiene por respuesta es ‘ya veremos'».

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias, por un importe de 8 millones de euros.

Según ha informado el Ejecutivo central, este Real Decreto regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias, por razones de interés público, social y económico, para la gestión y concesión de ayudas.

En este sentido, la aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración Pública, de otros entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que obtenga la entidad beneficiaria para la misma o similar finalidad.

Por su parte, Canarias deberá desarrollar un programa de ayudas bajo la modalidad de concurrencia competitiva que garantice una gestión eficiente del agua con destino al riego agrícola, según lo establecido en la Ley General de Subvenciones de 2003, y cumpliendo con el derecho de la Unión Europea.

Para el cálculo de las ayudas, se tendrá en cuenta los costes incurridos por los beneficiarios en la obtención del agua para riego agrícola que precise de la utilización de recursos procedentes de la desalación y de la extracción de aguas de pozos o de galerías para riego agrícola en el periodo de referencia del programa de ayudas.

En todo caso, el Gobierno ha señalado que la eficiencia energética representará al menos el 50% de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada.

BENEFICIO PARA LAS ENTIDADES LOCALES Y EL AUTOCONSUMO

Asimismo, podrán ser beneficiarios últimos de este programa de ayudas las entidades públicas o privadas que suministren agua para riego agrícola procedente de pozos o de desalación en las Islas Canarias.

Se incluyen, entre los posibles beneficiarios, entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas o concesionarias, heredamientos y comunidades de aguas canarias, constituidos al amparo de la normativa aplicable y de las Comunidades de Usuarios previstas en la legislación estatal de aguas.

También podrán acogerse aquellas personas que acrediten la propiedad de un pozo o una planta desaladora para riego en su explotación agrícola, que tendrá la consideración de autoconsumo como mínimo de un 75%, debiendo justificar la utilización del 25% del agua restante para riego agrícola en otras explotaciones.

El importe de la subvención, aprobada por el Real Decreto, se abonará con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua previsto en la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2019.

Endesa, a través de su compañía de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha finalizado la construcción de la planta fotovoltaica Augusto ubicada en el municipio de Badajoz y en la ha invertido 35 millones de euros.

Esta planta fotovoltaica de 49,91 MW de potencia se ha construido en «tiempo récord», cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud, trabajando incluso en los momentos «más duros» de la pandemia mundial ocasionada por la Covid-19.

Para la construcción de la planta, que se prevé que produzca alrededor de 100,45 GWh al año, equivalente al consumo energético anual combinado de localidades como Mérida y Almendralejo, se han empleado más de 300 personas, el 70 por ciento de ellas extremeñas.

MÁS DE 127.000 PANELES

Augusto cuenta con 127.980 paneles fotovoltaicos bifaciales de 390 watt pico de potencia. La doble cara de estos paneles ofrece un mayor aprovechamiento de la energía solar, haciendo que sean más eficiente de los paneles tradicionales.

Para hacer posible su funcionamiento, Endesa a través de EGPE, ha construido ocho centros de transformación eléctrica, una subestación eléctrica 30/66 kV y una red subterránea de cableado de Media y Baja Tensión de 18,4 kilómetros.

A esto se une 4,3 kilómetros de líneas de Alta Tensión con 16 apoyos aéreos y un tramo subterráneo de 450 metros para llegar a la subestación de Badajoz.

Este entramado ha permitido generar los primeros kilovatio-horas de energía renovable que ya ha llegado a la red de distribución eléctrica extremeña.

Asimismo, Augusto, que ya está conectada a la red, evitará la emisión a la atmósfera de aproximadamente 46.800 toneladas de CO2 al año, según ha informado Endesa en nota de prensa

El responsable de Endesa de la construcción de Augusto, Luca Capuozzo, ha valorado el «esfuerzo» de todos los trabajadores y la coordinación con el Ayuntamiento de Badajoz que han hecho posible también que hoy Extremadura produzca «energía más limpia».

La planta fotovoltaica Augusto ha contado con la última tecnología aplicada a su construcción, como ha sido el uso de un exoesqueleto para facilitar la instalación de los módulos solares, cámaras de vigilancia para detectar desvíos de seguridad que se produzcan durante la construcción o un sistema, colocado en las maquinarias, para detectar y avisar cuándo hay una persona cerca y evitar incidentes.

Además, Endesa está utilizando la realidad virtual para la revisión de esta planta a través de Smart Glasses que permiten la asistencia remota de los supervisores sin necesidad de trasladarse físicamente hasta la zona de interés.

La tecnología incorpora una cámara de infrarrojos que realiza fotografías instantáneas de lo que se está viendo, toda una revolución para hacer un seguimiento detallado del estado de la planta.

INGENIERÍA SOSTENIBLE

Para la construcción de Augusto, Endesa ha seguido criterios de ingeniería sostenible y ha aplicado el modelo de ‘Sitio de Construcción Sostenible’ de Enel Green Power, incluyendo la instalación de paneles fotovoltaicos para cubrir parte de las necesidades energéticas durante la obra, iluminación eficiente, separación de residuos, uso de vehículos eléctricos y dotación de varios desfibriladores para velar por la salud de los trabajadores. Estos materiales, ahora que han finalizado los trabajos, se donarán al municipio de Badajoz para su uso público.

Esta filosofía de Endesa a la hora de construir sus instalaciones renovables es parte del modelo de ‘Creación de Valor Compartido’ (CSV) del Grupo Enel que ha llevado a Endesa a realizar dos cursos de formación en materia renovable.

El primero de ellos se impartió en el mes de junio para 36 personas con el objetivo de formarles en materia de montaje de trackers solares en instalaciones fotovoltaicas.

Mientras, el segundo, dirigido a más de 20 personas de Badajoz, la mayoría de ellos desempleados, se está celebrando en modalidad online durante todo este mes de diciembre, donde se están formando para poder conocer el funcionamiento y los trabajos de operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, un sector que está en auge.

La construcción de Augusto ha implicado también medidas para la conservación del entorno. Las medidas puestas en marcha por Endesa, en colaboración con la Junta de Extremadura, y entidades como la Universidad de Oporto o asociaciones como AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), han pasado por el marcaje y protección de flora y fauna local, como es el caso de los polluelos de aguilucho cenizo salvados, o la población de orquídeas que se ha protegido, siendo en algunos casos especies amenazadas.

El inicio de producción de estas plantas fotovoltaicas marca el final de una fase, pero el inicio de otra, ya que Endesa ha seleccionado esta instalación para desarrollar un proyecto «pionero e innovador» en Extremadura: la agrivoltaica.

Esta iniciativa se enmarca en la filosofía de sostenibilidad y economía circular de Endesa, y se basa en el cultivo de tres hectáreas de plantas aromáticas entre los paneles fotovoltaicos de la planta de Endesa en Badajoz.

RENOVABLES EN EXTREMADURA

Endesa está tramitando hasta 15 proyectos fotovoltaicos más en la región por un total de 1.150 MW. Estas instalaciones se unen a las seis que Endesa puso en marcha en noviembre de 2019 de 252 MW en total y que supusieron una inversión total de 200 millones de euros.

Gracias a estas infraestructuras de Endesa la comunidad de Extremadura logró el pasado año producir un 117 por ciento más de energía renovable respecto al año anterior.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo que evita que el Ejecutivo de la Nación recurra al Tribunal Constitucional (TC) determinados artículos de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 en torno a los que habían surgido «discrepancias» entre ambas administraciones.

Dichas discrepancias se han dado por resueltas en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se ha alcanzado un acuerdo, consultado por Europa Press, que ha sido publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En concreto, las «discrepancias» que enfrentaban a ambas administraciones tenían que ver con el artículo 13.4 y el artículo 18, apartado 2, párrafos primero y tercero, de la citada ley del Presupuesto andaluz de 2020.

El artículo 13.4 recogía que «el Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta conjunta de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Regeneración, y a iniciativa de la Consejería o, en su caso, de la agencia administrativa o de régimen especial a la que esté adscrita o de la que dependa la entidad, excepciones a la limitación establecida en los apartados 1 y 2» del mismo artículo, «con motivo de la priorización o asignación de nuevas funciones que se califiquen como imprescindibles para atender servicios de carácter esencial».

El apartado 1 del artículo 13 fijaba que, «durante el año 2020, se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal», y el apartado 2 determinaba que, en este año 2020, «no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables».

Por su parte, el apartado 2 del artículo 18 establece que «se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante el año 2019, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública y, en su caso, de Regeneración, para dicho ejercicio presupuestario», con una serie de excepciones, como las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

DISCREPANCIAS «SOLVENTADAS»

Tanto el Gobierno como la Junta consideran «solventadas» dichas discrepancias «consensuando que la interpretación y aplicación de los citados preceptos debe realizarse de conformidad con la normativa básica del Estado».

Concretamente, «en relación con las discrepancias manifestadas sobre la posibilidad de autorización de excepciones por el Consejo de Gobierno a las limitaciones autonómicas establecidas para la tasa de reposición, recogida en el artículo 13.4 de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, ambas partes consideran que la legislación básica estatal en materia de tasa de reposición ha de resultar de aplicación en todo caso, por lo que la citada posibilidad de autorización se debe interpretar y ajustar a lo dispuesto en la misma, no pudiendo por tanto aplicarse en el presente ejercicio presupuestario 2020 dado que, al regular la comunidad autónoma de Andalucía la tasa de reposición al máximo de la normativa básica estatal, no quedaría margen para la aplicación de la autorización prevista en el precepto».

De igual modo, «respecto a la previsión recogida en el artículo 18.2, primer párrafo, de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, relativa a la definición de masa salarial del personal laboral en lo que se refiere a la acción social», el acuerdo recoge que «se ha visto afectada por la aprobación y publicación posterior del Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, de carácter básico».

De esta manera, «debe entenderse que la interpretación y aplicación del referido precepto autonómico debe realizarse de conformidad con la citada normativa básica, de forma que los gastos de acción social no se incrementen en 2020».

Respecto a la previsión recogida en el artículo 18.2, tercer párrafo, de la Ley del Presupuesto de 2020, «relativa a la excepción recogida para el cómputo de la masa salarial del personal laboral», el acuerdo entre el Gobierno y la Junta explica que «se ha visto afectada por la aprobación y publicación posterior del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, de carácter básico», por lo que «debe entenderse que la interpretación y aplicación del referido precepto autonómico debe realizarse de conformidad con la citada normativa básica».

Finalmente, el acuerdo entre el Gobierno y la Junta recoge «el compromiso de no inclusión de los preceptos controvertidos en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021».

Así las cosas, «en razón al acuerdo alcanzado», ambas partes «coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas» en el mismo y «concluida la controversia planteada», algo que también han comunicado al Tribunal Constitucional.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este martes su exigencia por unas elecciones libres en Cataluña el 14F, ya que cree que a pesar de la pandemia es posible celebrarlas pero que no son legítimas sin libertad e igualdad entre todos los partidos: «La gran pandemia que vive Cataluña desde hace muchos años se llama falta de libertad».

En el acto de presentación del lema de Vox para las catalanas ‘Recuperemos Cataluña’ en Barcelona, Abascal ha criticado que, en medio del debate entre partidos e instituciones sobre si es conveniente celebrar los comicios, «sin embargo no ha habido debate sobre si se puede celebrar unas elecciones sin libertad e igualdad de condiciones para todos los partidos», ya que cree que hoy en día esto no es posible en Cataluña.

Asimismo, ha dicho que perciben cómo desde el Gobierno se promueve «ese clima de ataque a los actos públicos de otros, que se está extendiendo por todo el territorio nacional después de la llegada del comunismo a la vicepresidencia».

Abascal ha asegurado que desde Vox han enviado un manifiesto en pro de unas elecciones libres y pacíficas al resto de fuerzas que concurrirán a las catalanas, con el objetivo de ponerse de acuerdo en torno a unos mínimos y las reglas de juego –«si es lícito o no acosar actos de otros partidos»–, y lamenta no haber recibido respuesta de ninguna formación.

Por último, ha reivindicado la figura del candidato de Vox a las elecciones al Parlament, Ignacio Garriga, por haber dado un paso al frente en este clima de falta de libertad, asegura, y que ha venido aquí «para dar la batalla y decir que no abandona su tierra ni la responsabilidad de representar a cientos de catalanes».

IGNACIO GARRIGA

El candidato de Vox a las catalanas, Ignacio Garriga, ha afirmado que con el lema ‘Recuperemos Cataluña’ pretenden ser la alternativa política que devolverá la esperanza al conjunto de los catalanes: «Tras años de separatismo que nos ha arrebatado nuestra libertad, hoy el Gordo ha tocado en Cataluña, porque Vox viene a recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado».

Para Garriga, es urgente y necesaria la defensa de la libertad frente a todos aquellos que la han usurpado, en referencia al proceso independentista: «Nuestro proyecto viene a recuperar nuestra tierra, instituciones, economía debilitada y el despilfarro de la mafia separatista».

Entre los diez puntos del programa de Vox para las catalanas está la recuperación de las instituciones catalanas para «acabar con el golpe de Estado que continúa activo», la protección de los catalanes contra la inmigración ilegal, y la recuperación de la seguridad en los barrios ya que, según afirman, Cataluña lidera el ránquing de violencia.

También urgen a la protección de la industria y el sector primario mediante la promoción del producto nacional, la recuperación del derecho a la educación en castellano y libertad de elección de centro educativo, así como «proteger el dinero de los catalanes de la ofensiva ideológica del separatismo y acabar con ese dinero que malversa la mafia separatista, que se destina a TV3, al Diplocat o al Defensor del Pueblo».

Por último, ha afirmado que protegerán a los catalanes del «infierno fiscal que ha instaurado el separatismo» y que acabarán con algunos impuestos en Catalunya como el se patrimonios o sucesiones porque, a su juicio, no se ponen a disposición de la lucha contra la pandemia y la emergencia social, sino para pagar el proceso independentista.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional por importe de 592.058 euros.

Estas cuantías, correspondientes al año 2020, irán destinadas al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), al Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN MÁLAGA), al Centro y Red Tecnológico del Clima (CRTC), al Acuerdo sobre la conservación de cetáceos en el mar Negro, al mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua (MEDACES) y a la Iniciativa Med Wet de la Convención sobre los Humedales De Importancia Internacional (MEDWET).

Con estas ayudas, España garantiza su apoyo a las entidades que velan por la seguridad y por la creación de nuevos modelos de desarrollo basados en el uso sostenible de los recursos naturales, que contribuyen a la creación y difusión del conocimiento científico sobre biodiversidad y que colaboran con los países en vías de desarrollo para facilitarles necesidades tecnológicas que les permitan reducir sus emisiones y llevar a cabo medidas de adaptación al cambio climático.

El importe de la contribución voluntaria al Organismo Internacional de la Energía Atómica para el año 2020 asciende a 379.920 euros. Esta institución se encarga de verificar el uso pacífico de la energía nuclear; velar por su utilización segura, sin riesgo para las personas, bienes y medio ambiente; impulsar el desarrollo de las tecnologías nucleares y facilitar su transferencia a los países en desarrollo.

FINANCIAR LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La segunda contribución, que asciende a 123.480 euros, va destinada al Centro de Cooperación del Mediterráneo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN MÁLAGA). Esta institución lleva a cabo un papel esencial para influir en la generación de nuevos modelos de desarrollo basados en el uso sostenible de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, una contribución de gran relevancia debido al efecto que pueden generar los cambios en la región mediterránea sobre la gobernanza de los recursos naturales y las políticas ambientales.

Asimismo, cabe destacar el rol de este centro en el desarrollo y la difusión del conocimiento científico sobre biodiversidad, una pieza esencial para responder a desafíos como la protección de los recursos naturales en la región mediterránea.

La tercera contribución, de 50.000 euros, va destinada al Centro y Red Tecnológico del Clima (CRTC), institución que surgió como respuesta de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para catalizar las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo en materia de cambio climático.

La labor de este centro es esencial para impulsar acciones y conseguir el desarrollo y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo en ámbitos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, pilares imprescindibles para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Su presupuesto depende de las contribuciones voluntarias de los países.

En cuarto lugar, se efectúa una contribución voluntaria de 18.000 euros al Acuerdo sobre la conservación de cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua (MEDACES). El 7 de enero de 1999, España firmó en Mónaco este acuerdo, que fue ratificado en 7 de enero del mismo año y entró en vigor el 1 de junio de 2001.

El objetivo de este pacto es adoptar medidas coordinadas para alcanzar y mantener un estado de conservación favorable para los cetáceos. Paracumplir con este fin, las Partes se comprometieron a adoptar las medidasnecesarias para eliminar, en los países donde no se había hecho ya, cualquier captura deliberada y a cooperar para crear y mantener una red de zonas especialmente protegidas para la conservación de los cetáceos.

En quinto lugar, cabe destacar el importe de la contribución voluntaria a la Iniciativa Med Wet de la Convención sobre los Humedales De Importancia Internacional (MEDWET), que asciende a 20.658 euros. Esta iniciativa de colaboración a largo plazo se dedica a apoyar el uso racional de los humedales mediterráneos en el marco de la Convención de Ramsar sobre los humedales.

MedWet es un foro de países mediterráneos, centros especializados en humedales y organizaciones internacionales relacionadas con el medio ambiente que se reúnen para discutir e identificar aspectos relevantes relacionados con estos ecosistemas, así como para llevar a cabo acciones en favor de la protección de los humedales. Esta convención también presta apoyo a los países mediterráneos en la evaluación del valor económico, social y ecológico de los humedales, ofrece herramientas técnicas y garantiza la gestión eficaz de estos ecosistemas.