El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias, por un importe de 8 millones de euros.

Según ha informado el Ejecutivo central, este Real Decreto regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias, por razones de interés público, social y económico, para la gestión y concesión de ayudas.

En este sentido, la aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración Pública, de otros entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que obtenga la entidad beneficiaria para la misma o similar finalidad.

Por su parte, Canarias deberá desarrollar un programa de ayudas bajo la modalidad de concurrencia competitiva que garantice una gestión eficiente del agua con destino al riego agrícola, según lo establecido en la Ley General de Subvenciones de 2003, y cumpliendo con el derecho de la Unión Europea.

Para el cálculo de las ayudas, se tendrá en cuenta los costes incurridos por los beneficiarios en la obtención del agua para riego agrícola que precise de la utilización de recursos procedentes de la desalación y de la extracción de aguas de pozos o de galerías para riego agrícola en el periodo de referencia del programa de ayudas.

En todo caso, el Gobierno ha señalado que la eficiencia energética representará al menos el 50% de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada.

BENEFICIO PARA LAS ENTIDADES LOCALES Y EL AUTOCONSUMO

Asimismo, podrán ser beneficiarios últimos de este programa de ayudas las entidades públicas o privadas que suministren agua para riego agrícola procedente de pozos o de desalación en las Islas Canarias.

Se incluyen, entre los posibles beneficiarios, entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas o concesionarias, heredamientos y comunidades de aguas canarias, constituidos al amparo de la normativa aplicable y de las Comunidades de Usuarios previstas en la legislación estatal de aguas.

También podrán acogerse aquellas personas que acrediten la propiedad de un pozo o una planta desaladora para riego en su explotación agrícola, que tendrá la consideración de autoconsumo como mínimo de un 75%, debiendo justificar la utilización del 25% del agua restante para riego agrícola en otras explotaciones.

El importe de la subvención, aprobada por el Real Decreto, se abonará con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua previsto en la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2019.

Endesa, a través de su compañía de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha finalizado la construcción de la planta fotovoltaica Augusto ubicada en el municipio de Badajoz y en la ha invertido 35 millones de euros.

Esta planta fotovoltaica de 49,91 MW de potencia se ha construido en «tiempo récord», cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud, trabajando incluso en los momentos «más duros» de la pandemia mundial ocasionada por la Covid-19.

Para la construcción de la planta, que se prevé que produzca alrededor de 100,45 GWh al año, equivalente al consumo energético anual combinado de localidades como Mérida y Almendralejo, se han empleado más de 300 personas, el 70 por ciento de ellas extremeñas.

MÁS DE 127.000 PANELES

Augusto cuenta con 127.980 paneles fotovoltaicos bifaciales de 390 watt pico de potencia. La doble cara de estos paneles ofrece un mayor aprovechamiento de la energía solar, haciendo que sean más eficiente de los paneles tradicionales.

Para hacer posible su funcionamiento, Endesa a través de EGPE, ha construido ocho centros de transformación eléctrica, una subestación eléctrica 30/66 kV y una red subterránea de cableado de Media y Baja Tensión de 18,4 kilómetros.

A esto se une 4,3 kilómetros de líneas de Alta Tensión con 16 apoyos aéreos y un tramo subterráneo de 450 metros para llegar a la subestación de Badajoz.

Este entramado ha permitido generar los primeros kilovatio-horas de energía renovable que ya ha llegado a la red de distribución eléctrica extremeña.

Asimismo, Augusto, que ya está conectada a la red, evitará la emisión a la atmósfera de aproximadamente 46.800 toneladas de CO2 al año, según ha informado Endesa en nota de prensa

El responsable de Endesa de la construcción de Augusto, Luca Capuozzo, ha valorado el «esfuerzo» de todos los trabajadores y la coordinación con el Ayuntamiento de Badajoz que han hecho posible también que hoy Extremadura produzca «energía más limpia».

La planta fotovoltaica Augusto ha contado con la última tecnología aplicada a su construcción, como ha sido el uso de un exoesqueleto para facilitar la instalación de los módulos solares, cámaras de vigilancia para detectar desvíos de seguridad que se produzcan durante la construcción o un sistema, colocado en las maquinarias, para detectar y avisar cuándo hay una persona cerca y evitar incidentes.

Además, Endesa está utilizando la realidad virtual para la revisión de esta planta a través de Smart Glasses que permiten la asistencia remota de los supervisores sin necesidad de trasladarse físicamente hasta la zona de interés.

La tecnología incorpora una cámara de infrarrojos que realiza fotografías instantáneas de lo que se está viendo, toda una revolución para hacer un seguimiento detallado del estado de la planta.

INGENIERÍA SOSTENIBLE

Para la construcción de Augusto, Endesa ha seguido criterios de ingeniería sostenible y ha aplicado el modelo de ‘Sitio de Construcción Sostenible’ de Enel Green Power, incluyendo la instalación de paneles fotovoltaicos para cubrir parte de las necesidades energéticas durante la obra, iluminación eficiente, separación de residuos, uso de vehículos eléctricos y dotación de varios desfibriladores para velar por la salud de los trabajadores. Estos materiales, ahora que han finalizado los trabajos, se donarán al municipio de Badajoz para su uso público.

Esta filosofía de Endesa a la hora de construir sus instalaciones renovables es parte del modelo de ‘Creación de Valor Compartido’ (CSV) del Grupo Enel que ha llevado a Endesa a realizar dos cursos de formación en materia renovable.

El primero de ellos se impartió en el mes de junio para 36 personas con el objetivo de formarles en materia de montaje de trackers solares en instalaciones fotovoltaicas.

Mientras, el segundo, dirigido a más de 20 personas de Badajoz, la mayoría de ellos desempleados, se está celebrando en modalidad online durante todo este mes de diciembre, donde se están formando para poder conocer el funcionamiento y los trabajos de operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, un sector que está en auge.

La construcción de Augusto ha implicado también medidas para la conservación del entorno. Las medidas puestas en marcha por Endesa, en colaboración con la Junta de Extremadura, y entidades como la Universidad de Oporto o asociaciones como AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), han pasado por el marcaje y protección de flora y fauna local, como es el caso de los polluelos de aguilucho cenizo salvados, o la población de orquídeas que se ha protegido, siendo en algunos casos especies amenazadas.

El inicio de producción de estas plantas fotovoltaicas marca el final de una fase, pero el inicio de otra, ya que Endesa ha seleccionado esta instalación para desarrollar un proyecto «pionero e innovador» en Extremadura: la agrivoltaica.

Esta iniciativa se enmarca en la filosofía de sostenibilidad y economía circular de Endesa, y se basa en el cultivo de tres hectáreas de plantas aromáticas entre los paneles fotovoltaicos de la planta de Endesa en Badajoz.

RENOVABLES EN EXTREMADURA

Endesa está tramitando hasta 15 proyectos fotovoltaicos más en la región por un total de 1.150 MW. Estas instalaciones se unen a las seis que Endesa puso en marcha en noviembre de 2019 de 252 MW en total y que supusieron una inversión total de 200 millones de euros.

Gracias a estas infraestructuras de Endesa la comunidad de Extremadura logró el pasado año producir un 117 por ciento más de energía renovable respecto al año anterior.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo que evita que el Ejecutivo de la Nación recurra al Tribunal Constitucional (TC) determinados artículos de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 en torno a los que habían surgido «discrepancias» entre ambas administraciones.

Dichas discrepancias se han dado por resueltas en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se ha alcanzado un acuerdo, consultado por Europa Press, que ha sido publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En concreto, las «discrepancias» que enfrentaban a ambas administraciones tenían que ver con el artículo 13.4 y el artículo 18, apartado 2, párrafos primero y tercero, de la citada ley del Presupuesto andaluz de 2020.

El artículo 13.4 recogía que «el Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta conjunta de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Regeneración, y a iniciativa de la Consejería o, en su caso, de la agencia administrativa o de régimen especial a la que esté adscrita o de la que dependa la entidad, excepciones a la limitación establecida en los apartados 1 y 2» del mismo artículo, «con motivo de la priorización o asignación de nuevas funciones que se califiquen como imprescindibles para atender servicios de carácter esencial».

El apartado 1 del artículo 13 fijaba que, «durante el año 2020, se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal», y el apartado 2 determinaba que, en este año 2020, «no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables».

Por su parte, el apartado 2 del artículo 18 establece que «se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante el año 2019, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública y, en su caso, de Regeneración, para dicho ejercicio presupuestario», con una serie de excepciones, como las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

DISCREPANCIAS «SOLVENTADAS»

Tanto el Gobierno como la Junta consideran «solventadas» dichas discrepancias «consensuando que la interpretación y aplicación de los citados preceptos debe realizarse de conformidad con la normativa básica del Estado».

Concretamente, «en relación con las discrepancias manifestadas sobre la posibilidad de autorización de excepciones por el Consejo de Gobierno a las limitaciones autonómicas establecidas para la tasa de reposición, recogida en el artículo 13.4 de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, ambas partes consideran que la legislación básica estatal en materia de tasa de reposición ha de resultar de aplicación en todo caso, por lo que la citada posibilidad de autorización se debe interpretar y ajustar a lo dispuesto en la misma, no pudiendo por tanto aplicarse en el presente ejercicio presupuestario 2020 dado que, al regular la comunidad autónoma de Andalucía la tasa de reposición al máximo de la normativa básica estatal, no quedaría margen para la aplicación de la autorización prevista en el precepto».

De igual modo, «respecto a la previsión recogida en el artículo 18.2, primer párrafo, de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, relativa a la definición de masa salarial del personal laboral en lo que se refiere a la acción social», el acuerdo recoge que «se ha visto afectada por la aprobación y publicación posterior del Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, de carácter básico».

De esta manera, «debe entenderse que la interpretación y aplicación del referido precepto autonómico debe realizarse de conformidad con la citada normativa básica, de forma que los gastos de acción social no se incrementen en 2020».

Respecto a la previsión recogida en el artículo 18.2, tercer párrafo, de la Ley del Presupuesto de 2020, «relativa a la excepción recogida para el cómputo de la masa salarial del personal laboral», el acuerdo entre el Gobierno y la Junta explica que «se ha visto afectada por la aprobación y publicación posterior del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, de carácter básico», por lo que «debe entenderse que la interpretación y aplicación del referido precepto autonómico debe realizarse de conformidad con la citada normativa básica».

Finalmente, el acuerdo entre el Gobierno y la Junta recoge «el compromiso de no inclusión de los preceptos controvertidos en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021».

Así las cosas, «en razón al acuerdo alcanzado», ambas partes «coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas» en el mismo y «concluida la controversia planteada», algo que también han comunicado al Tribunal Constitucional.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este martes su exigencia por unas elecciones libres en Cataluña el 14F, ya que cree que a pesar de la pandemia es posible celebrarlas pero que no son legítimas sin libertad e igualdad entre todos los partidos: «La gran pandemia que vive Cataluña desde hace muchos años se llama falta de libertad».

En el acto de presentación del lema de Vox para las catalanas ‘Recuperemos Cataluña’ en Barcelona, Abascal ha criticado que, en medio del debate entre partidos e instituciones sobre si es conveniente celebrar los comicios, «sin embargo no ha habido debate sobre si se puede celebrar unas elecciones sin libertad e igualdad de condiciones para todos los partidos», ya que cree que hoy en día esto no es posible en Cataluña.

Asimismo, ha dicho que perciben cómo desde el Gobierno se promueve «ese clima de ataque a los actos públicos de otros, que se está extendiendo por todo el territorio nacional después de la llegada del comunismo a la vicepresidencia».

Abascal ha asegurado que desde Vox han enviado un manifiesto en pro de unas elecciones libres y pacíficas al resto de fuerzas que concurrirán a las catalanas, con el objetivo de ponerse de acuerdo en torno a unos mínimos y las reglas de juego –«si es lícito o no acosar actos de otros partidos»–, y lamenta no haber recibido respuesta de ninguna formación.

Por último, ha reivindicado la figura del candidato de Vox a las elecciones al Parlament, Ignacio Garriga, por haber dado un paso al frente en este clima de falta de libertad, asegura, y que ha venido aquí «para dar la batalla y decir que no abandona su tierra ni la responsabilidad de representar a cientos de catalanes».

IGNACIO GARRIGA

El candidato de Vox a las catalanas, Ignacio Garriga, ha afirmado que con el lema ‘Recuperemos Cataluña’ pretenden ser la alternativa política que devolverá la esperanza al conjunto de los catalanes: «Tras años de separatismo que nos ha arrebatado nuestra libertad, hoy el Gordo ha tocado en Cataluña, porque Vox viene a recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado».

Para Garriga, es urgente y necesaria la defensa de la libertad frente a todos aquellos que la han usurpado, en referencia al proceso independentista: «Nuestro proyecto viene a recuperar nuestra tierra, instituciones, economía debilitada y el despilfarro de la mafia separatista».

Entre los diez puntos del programa de Vox para las catalanas está la recuperación de las instituciones catalanas para «acabar con el golpe de Estado que continúa activo», la protección de los catalanes contra la inmigración ilegal, y la recuperación de la seguridad en los barrios ya que, según afirman, Cataluña lidera el ránquing de violencia.

También urgen a la protección de la industria y el sector primario mediante la promoción del producto nacional, la recuperación del derecho a la educación en castellano y libertad de elección de centro educativo, así como «proteger el dinero de los catalanes de la ofensiva ideológica del separatismo y acabar con ese dinero que malversa la mafia separatista, que se destina a TV3, al Diplocat o al Defensor del Pueblo».

Por último, ha afirmado que protegerán a los catalanes del «infierno fiscal que ha instaurado el separatismo» y que acabarán con algunos impuestos en Catalunya como el se patrimonios o sucesiones porque, a su juicio, no se ponen a disposición de la lucha contra la pandemia y la emergencia social, sino para pagar el proceso independentista.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional por importe de 592.058 euros.

Estas cuantías, correspondientes al año 2020, irán destinadas al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), al Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN MÁLAGA), al Centro y Red Tecnológico del Clima (CRTC), al Acuerdo sobre la conservación de cetáceos en el mar Negro, al mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua (MEDACES) y a la Iniciativa Med Wet de la Convención sobre los Humedales De Importancia Internacional (MEDWET).

Con estas ayudas, España garantiza su apoyo a las entidades que velan por la seguridad y por la creación de nuevos modelos de desarrollo basados en el uso sostenible de los recursos naturales, que contribuyen a la creación y difusión del conocimiento científico sobre biodiversidad y que colaboran con los países en vías de desarrollo para facilitarles necesidades tecnológicas que les permitan reducir sus emisiones y llevar a cabo medidas de adaptación al cambio climático.

El importe de la contribución voluntaria al Organismo Internacional de la Energía Atómica para el año 2020 asciende a 379.920 euros. Esta institución se encarga de verificar el uso pacífico de la energía nuclear; velar por su utilización segura, sin riesgo para las personas, bienes y medio ambiente; impulsar el desarrollo de las tecnologías nucleares y facilitar su transferencia a los países en desarrollo.

FINANCIAR LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La segunda contribución, que asciende a 123.480 euros, va destinada al Centro de Cooperación del Mediterráneo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN MÁLAGA). Esta institución lleva a cabo un papel esencial para influir en la generación de nuevos modelos de desarrollo basados en el uso sostenible de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, una contribución de gran relevancia debido al efecto que pueden generar los cambios en la región mediterránea sobre la gobernanza de los recursos naturales y las políticas ambientales.

Asimismo, cabe destacar el rol de este centro en el desarrollo y la difusión del conocimiento científico sobre biodiversidad, una pieza esencial para responder a desafíos como la protección de los recursos naturales en la región mediterránea.

La tercera contribución, de 50.000 euros, va destinada al Centro y Red Tecnológico del Clima (CRTC), institución que surgió como respuesta de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para catalizar las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo en materia de cambio climático.

La labor de este centro es esencial para impulsar acciones y conseguir el desarrollo y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo en ámbitos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, pilares imprescindibles para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Su presupuesto depende de las contribuciones voluntarias de los países.

En cuarto lugar, se efectúa una contribución voluntaria de 18.000 euros al Acuerdo sobre la conservación de cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua (MEDACES). El 7 de enero de 1999, España firmó en Mónaco este acuerdo, que fue ratificado en 7 de enero del mismo año y entró en vigor el 1 de junio de 2001.

El objetivo de este pacto es adoptar medidas coordinadas para alcanzar y mantener un estado de conservación favorable para los cetáceos. Paracumplir con este fin, las Partes se comprometieron a adoptar las medidasnecesarias para eliminar, en los países donde no se había hecho ya, cualquier captura deliberada y a cooperar para crear y mantener una red de zonas especialmente protegidas para la conservación de los cetáceos.

En quinto lugar, cabe destacar el importe de la contribución voluntaria a la Iniciativa Med Wet de la Convención sobre los Humedales De Importancia Internacional (MEDWET), que asciende a 20.658 euros. Esta iniciativa de colaboración a largo plazo se dedica a apoyar el uso racional de los humedales mediterráneos en el marco de la Convención de Ramsar sobre los humedales.

MedWet es un foro de países mediterráneos, centros especializados en humedales y organizaciones internacionales relacionadas con el medio ambiente que se reúnen para discutir e identificar aspectos relevantes relacionados con estos ecosistemas, así como para llevar a cabo acciones en favor de la protección de los humedales. Esta convención también presta apoyo a los países mediterráneos en la evaluación del valor económico, social y ecológico de los humedales, ofrece herramientas técnicas y garantiza la gestión eficaz de estos ecosistemas.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad desestimar los recursos de amparo presentados por los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspenderles automáticamente en el ejercicio de sus cargos como diputados porque en ese momento estaban en prisión provisional por el ‘procés’, fallando así de la misma forma que con el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

Turull y Rull recurrieron las resoluciones del Congreso de 24 de mayo y 11 de junio de 2019 por las que la Mesa del Congreso acordó la suspensión automática de los cargos de diputados que obtuvieron en las elecciones de ese año, así como de los derechos y deberes aparejados a tal estatus, en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Este precepto establece que, una vez «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Los ex consejeros catalanes argumentaban que de esta forma se había vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia y al ejercicio de su cargo de diputado y pretendían que el TC anulara las resoluciones parlamentarias y promoviera una cuestión interna de constitucionalidad sobre el artículo 384 bis y planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el mismo.

Los magistrados se han remitido a su sentencia del 21 de julio sobre Sànchez, por tener el mismo objeto. Entonces señalaron que «ni el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece sanción o pena alguna ni su aplicación o cumplimiento por la Mesa del Congreso de los Diputados ha deparado la condena del demandante».

«El precepto legal no es norma punitiva, sino establecedora de una medida provisional vinculada, de manera mediata y necesaria, a otras previas (procesamiento firme y prisión provisional) adoptadas por la autoridad judicial», sostuvieron.

Además, indicaron que dicho artículo «es de aplicación inmediata y necesaria cuando concurren los presupuestos en él fijados y que son conformes con la Constitución y, por tanto, respetan la presunción de inocencia del procesado para el que se dicta auto de prisión provisional». En consecuencia, afirmaron que «ni los actos parlamentarios directamente impugnados ni la norma legal de la que traen causa han violado la presunción de inocencia del recurrente».

A este respecto, el TC subrayó que su jurisprudencia sobre la presunción de inocencia es coherente con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el sentido de que «la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido declarado así tras un previo juicio justo».

MISMA DECISIÓN QUE CON JUNQUERAS Y ROMEVA

El TC también se pronunció en este sentido sobre la aplicación del 384 bis el pasado 30 de enero, cuando desestimó los recursos presentados por el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex consejero Raül Romeva contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspenderles en julio de 2018 tras confirmarse sus procesamientos por el ‘procés’.

La Mesa del Congreso acordó suspender a los líderes independentistas como diputados, después de que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, respondiera a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que era competencia suya tomar tal decisión.

Finalmente, la Mesa adoptó los acuerdos impugnados tras analizar el informe redactado por los servicios jurídicos de la Cámara, a quienes se consultaron al existir «dudas» sobre si aplicar dicho precepto o el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. La decisión no fue unánime, ya que los dos diputados de Unidas Podemos entendían que era el TS el que debía aplicar dicho artículo de la LeCrim.

La Comisión de Investigación sobre la conocida como ‘Operación Kitchen’ se ha constituido este martes en el Congreso, con la elección de los miembros de la Mesa que dirigirá sus trabajos, y en la que el PSOE y Unidas Podemos se han asegurado la mayoría con tres puestos frente a los dos del PP.

La Presidencia ha recaído en la dirigente socialista Isaura Leal, que ya tiene experiencia en estas lides porque desde febrero preside la Comisión de Justicia de la Cámara. El PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de ERC para su elección, imponiéndose así su candidatura a las Carlos Rojas (PP) y Macarena Olona (Vox).

Como vicepresidentes han resultados elegidos el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; y el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas, mientras que como secretarias actuarán la socialista Andrea Fernández y la ‘popular’ Ana Belén Vázquez. Vox presentó también candidatos en ambos casos, pero sólo recibieron el apoyo de su grupo y quedaron fuera.

EL GOBIERNO RAJOY, EN EL PUNTO DE MIRA

Esta comisión de investigación, cuya creación se acordó el pasado 1 de octubre en el Pleno del Congreso, indagará en la supuesta trama organizada en el Ministerio de Interior del Gobierno Rajoy, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para tratar de obstaculizar la instrucción del caso Bárcenas y otros que afectaban al PP.

Después de dos meses en el ‘congelador’, la comisión se reactivó la pasada semana con el registro de los nombres de los diputados que les representarán en este órgano.

Además de sus dos diputadas que forman parte de la Mesa, el PSOE está representado por el portavoz adjunto del grupo Felipe Sicilia, miembro de la Policía Nacional, y el portavoz de Interior, David Serrada. De su lado, Unidas Podemos contará como portavoz con su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón. Eso sí, en función de los interrogatorios, además de Santiago, podrían entrar en liza otros dirigentes, incluyendo el portavoz del grupo, Pablo Echenique.

El PP ha designado como miembros a su representante en la mesa, Carlos Rojas; y sus portavoces en Justicia, Luis Santamaría, y en Interior, Ana Belén Vázquez, mientras que Vox estará representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, que ejercerá de portavoz y que tendrá como ‘escuderos’ a Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.

Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) actuarán por el Grupo Plural; Edmundo Bal lo hará por Ciudadanos, Mikel Legarda, por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.

PLAN DE TRABAJO, EN ENERO

Tras tomar posesión de su nuevo cargo, Leal ha anunciado que en las próximas semanas reunirá a la Mesa de la comisión para ordenar su plan de trabajo y ha deseado Feliz Navidad a sus miembros. Será ya en enero, un mes que será hábil para este órgano porque así lo han solicitado PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias. No obstante, la previsión es que no se empiece a citar comparecientes hasta febrero.

De momento, parece que continúan las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre las personas que deben comparecer, especialmente en lo relativo a la presencia en la misma del excomisario José Manuel Villarejo y el actual líder del PP, Pablo Casado, cuya presencia reclaman los morados.

Lo que sí da por hecho es que serán interrogados Jorge Fernández Díaz; quien fuera su ‘número dos’ en Interior, Francisco Martínez; la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y muy previsiblemente el expresidente Mariano Rajoy.

Este martes, Sicilia se ha limitado a reiterar que el PSOE quiere que comparezca «todo el que tenga algo que decir para esclarecer lo ocurrido», pero ha evitado dar nombres. A su juicio, esta comisión debe centrarse en arrojar luz sobre las «barbaridades» que pudo cometer el PP para «ir dopado» a las elecciones e intentar destruir pruebas que apuntaran a su ‘caja b’.

LA TAPA DE LA CLOACA, DICE PODEMOS

«Vamos a levantar de algún modo la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infestación mafiosa del PP en el Ministerio de Interior y la utilización de lo público para la guerra sucia de los adversarios del PP», se ha congratulado, por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Desde el PP, Santamaría ha indicado que no pondrán inconveniente a que se cite a cualquiera que pueda aportar datos de interés sobre el objeto de la investigación y ha apuntado que ellos podrían proponer a antiguos responsables socialistas vinculados en su día con el uso irregular de fondos reservados. De esto quien sabe es el PSOE, fíjese si puede venir gente a esta comisión», ha deslizado.

Además, ha avanzado que intentarán evitar que este órgano se convierta «en una caza de brujas inquisitorial» de los grupos que apoyan al Gobierno sobre responsables de Ejecutivos del PP que ya no están en activo y también sobre la Policía.

VOX: PRIMERO, LOS IMPUTADOS. Y RAJOY NO LO ESTÁ

Asimismo, Olona ha garantizado que Vox actuará como «escudo» para proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado de eventuales «ataques». Respecto a las comparecencias, Vox prefiere centrarse en una primera fase en escuchar a los investigados en la causa judicial abierta –entre los que no está Rajoy– o a quienes hayan desfilado por el juzgado aportando datos relevantes.

Según Olona, los autos que ha podido leer son una «auténtica película de terror» y el objetivo de la comisión ha de ser aclarar la «verdad objetiva, caiga quien caiga». «No pretendemos perjudicar a nadie, pero tampoco favorecer a nadie», ha comentado.

El vicepresidente segundo de Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el decreto que suspende desahucios y cortes de suministros durante el estado de alarma es una «muy buena noticia» para que los colectivos vulnerables puedan pasar el invierno en condiciones de «seguridad y dignidad», aunque «seguramente no es la panacea» y habrá que seguir trabajando.

Así lo ha indicado en un vídeo difundido tras la aprobación de estas medidas, reclamadas por Unidos Podemos para reforzar el denominado ‘escudo social’ desde finales de septiembre, durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

Iglesias ha valorado que «por fin» se ha aprobado este decreto, que en el caso de los desahucios pauta que no se podrán llevar a cabo sin alternativa habitacional para la población vulnerable por impago del alquiler. También en el caso de familias vulnerables con menores a su cargo, dependientes o víctimas de violencia de género que residan en viviendas de grandes tenedores aunque no tengan contrato.

MEDIDAS DESTACADAS

Para que se pueda ejecutar los lanzamientos, el vicepresidente ha destacado que las comunidades autónomas deberán ofrecer una alternativa habitacional, que tendrá que ser una vivienda «digna» y no se podrá plantear realojos en albergues o polideportivos.

También ha explicado que si la administraciones autonómicas tardan más de tres meses en ofrecer dicha alternativa desde el momento en que se fije el lanzamiento, el estado podrá compensar a los grandes propietarios.

En el caso de las familias vulnerables sin título habilitante en inmuebles de grandes tenedores de vivienda (bancos, fondos de inversión y propietarios de más de 10 inmuebles), Iglesias ha detallado que se compensará si hay perjuicio económico al estar la vivienda en venta o alquiler antes de que entraran a vivir.

Algo similar ocurre también con la suspensión de suministros eléctricos (luz, gas y agua), que se circunscribe a personas vulnerables con contratos con empresas energéticas o personas que no pueden acreditar la titularidad pero reúnen las condiciones de vulnerablidad.

«Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero es una buena noticia», ha destacado el también líder de Podemos, dado que el decreto ayudará a muchas familias a pasar este invierno, en un «año tan duro y difícil», en condiciones de «seguridad y dignidad» par ellos y sus familias.

TENSIONES DURANTE LA NEGOCIACIÓN

Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus.

Unidas Podemos ha presionado para extender la prohibición de desahucios mientras dure el estado de alarma y la suspensión del corte de suministros, algo que suscitó en diversos momentos de la negociación tensiones con el PSOE, el socio mayoritario del Gobierno de coalición.

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acumulado en dos procedimientos distintos seis denuncias y querellas contra altos cargos de la Generalitat, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Valencia relacionadas con la gestión de la pandemia de Covid-19, todo ello como paso previo a decidir sobre su admisión o inadmisión.

Los dos autos notificados este martes a las partes tienen por tanto un mero carácter procesal, pues no entran en el fondo del asunto y simplemente establecen la acumulación de causas en virtud de la conexión de los delitos denunciados (prevaricación, lesiones y homicidio por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores), la similitud de los hechos relatados y la coincidencia de los aforados denunciados, explica el alto tribunal valenciano en un comunicado.

En uno de los procedimientos se han acumulado una denuncia y dos querellas dirigidas contra el presidente de la Generalitat, la consellera de Sanidad, la secretaria autonómica de Salud Pública, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, el alcalde de Valencia, Joan Ribó; y el concejal de Cultura Festiva de esta ciudad por la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo y diversos actos falleros, festivos y culturales antes de la declaración del estado de alarma.

MÉDICO FALLECIDO

El TSJCV ha acordado la acumulación en un segundo procedimiento de otras dos querellas y una denuncia interpuestas contra la consellera de Sanidad por la falta de medidas de protección para los profesionales sanitarios contra el Covid-19 presentadas en su día por la viuda de un médico fallecido, el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón y el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV.

Asimismo, la Sala de lo Civil y Penal ha emitido otro en el que declara su falta de competencia sobre una séptima denuncia, formulada por el sindicato CSIF, ya que no recoge hechos e indicios concretos respecto de persona aforada. De este modo, acuerda la devolución de esa causa al Juzgado de Instrucción 2 de Valencia.

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha afirmado este martes que las elecciones catalanas convocadas para el 14 de febrero costarán 8 millones de euros más que unos comicios autonómicos habituales para adaptarlas al contexto de la pandemia.

En rueda de prensa telemática junto a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras la reunión del Consell Executiu, ha explicado que unas elecciones al Parlament habituales tienen un presupuesto de 12,5 millones de euros, pero en este caso la partida se incrementará hasta los 20,5 millones.

Uno de los elementos que provocará este incremento es que los anticipos que se entregan a los ayuntamientos para la organización de los comicios incluye los gastos de limpieza y desinfección, suministro de materiales de protección y gastos de personal para asegurar el cumplimiento de las medidas.

Después de que este martes el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) haya publicado el decreto de convocatoria de las elecciones, Solé ha informado de que la campaña electoral comenzará la medianoche del 29 de enero y finalizará el 12 de febrero.

También ha dicho que los partidos y las coaliciones deben comunicar sus candidaturas a la Junta Electoral antes del 2 de enero, las listas electorales se podrán presentar hasta el 11 de enero, serán publicadas el 13 de enero en el Dogc y se proclamarán el 18 de enero.

Solé ha anunciado que el Govern ha aprobado dos decretos sobre la organización de las elecciones, de regulación de subvenciones y control de contabilidad de las candidaturas, y de normas complementarias, dos normas habituales en las convocatorias electorales pero que este año incluyen excepcionalidades por el coronavirus.

En este sentido, el Govern ha fijado que los ayuntamientos deberán designar un «responsable de seguridad sanitaria» en cada colegio electoral, que tendrá la función de asegurar que durante las votaciones se cumplan las medidas sanitarias aprobadas por el Procicat.

El decreto también incluye que se podrá pedir el voto por correo de manera telemática y se podrá entregar el voto al funcionario de Correos en el momento de recibir la documentación electoral.

También incorpora la posibilidad de recibir la documentación de votación en Braille directamente en el propio domicilio para las personas que lo soliciten.

0,61 EUROS POR VOTO

El decreto sobre subvenciones y contabilidad establece que la Generalitat dará 16.101,60 euros por cada escaño obtenido, 0,61 euros por cada voto de cada formación en las circunscripciones en las que hayan obtenido representación, y 0,20 euros por cada elector de una circunscripción electoral en la que hayan logrado como mínimo un escaño y grupo parlamentario.

Además, incluye un límite de gasto de 0,40 euros por habitante, que no podrá superar ningún partido que se presente a los comicios.

CONFÍA EN QUE SE PUEDAN CELEBRAR

Solé ha insistido en que el Govern lleva meses trabajando para garantizar que se puedan celebrar las elecciones el 14 de febrero pese al coronavirus y ha afirmado que todos los acuerdos alcanzados el lunes en la mesa de partidos ya están a disposición del Procicat para aprobarse.

Aunque ha asegurado que estarán atentos «de forma continuada a la realidad de cada momento», ha recordado que el 15 de enero se ha fijado como fecha para evaluar la situación epidemiológica y si afecta a la celebración de los comicios, ya que se contemplan dos escenario en los que se aplazarían las elecciones: un confinamiento total o una reducción importante de la actividad social.

Más del 70% de los españoles no tiene intención de viajar esta Navidad, ni siquiera para visitar a familiares o allegados, según el estudio ‘Covid Sentiment Tracking’ de Nielsen.

El informe, que fue realizado en la semana del 7 al 12 de diciembre, coincidió con la semana del puente de la Constitución/Inmaculada y ha servido de «termómetro» para calibrar las intenciones de los ciudadanos en la antesala navideña.

De hecho, Nielsen ha destacado que esta cifra es muy similar a la registrada en noviembre, cuando efectuó una encuesta similar entre los consumidores. De nuevo, tres de cada cuatro afirmaron entonces que no viajarían para ir a visitar a sus familiares.

Por tanto, la compañía ha señalado que esto es síntoma de que los españoles están siendo «extremadamente cuidadosos» con el virus y no quieren riesgos con su salud ni con la de sus seres queridos.

LOS ESPAÑOLES, ENTRE LOS MÁS INFORMADOS Y MÁS PESIMISTAS

En cuanto a los hábitos de comunicación, un 56% de españoles se informa varias veces al día sobre la actualidad de la Covid-19, siendo los que más en Europa Occidental, solo superados por los italianos.

Al mismo tiempo, los españoles son los europeos más pesimistas acerca de su evolución. El 67% de los españoles cree que queda más de un año para que termine la enfermedad en Europa, frente al 54% de los franceses, el 47% de los británicos o el 44% de los italianos.

Así, Silvia Villaverde, Consumer Insights Leader de Nielsen Iberia, ha destacado que esta perspectiva conservadora y los presagios acerca de la duración de la pandemia eclipsarán el gasto de los consumidores, que probablemente seguirá centrado en bienes de consumo y mejoras del hogar, manteniendo una «actitud ahorradora» que prevalecerá a lo largo de todo 2021.

MAYOR CONCIENCIA POR EL MEDIO AMBIENTE

No obstante, el informe revela que los españoles cada vez están más concienciados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, ya que casi la mitad asegura que tiende a comprar marcas y productos medioambientalmente respetuosos. De hecho, el 37% afirma que está dispuesto a pagar más por este tipo de artículos.

Además, Villaverde ha afirmado que la pandemia ha desencadenado «cambios sustanciales» para los bienes de gran consumo, pues algunas categorías tuvieron que reposicionarse para mantener ventas, mientras que otros se conviertieron en nuevas opciones de consumo doméstico, lo que hizo que en otras categorías las ventas se aceleraran.

Sin embargo, el contexto excepcional no ha impedido que algunas tendencias se desarrollen, como el consumo responsable y la preferencia de los consumidores hacia productos más sostenibles, ha apuntado la responsable de Nielsen.

El Papa ha adelantado dos horas la misa del Gallo prevista para el jueves 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro a las 19:30 y no impartirá la bendición ‘Urbi et Orbi’ asomado al balcón para evitar aglomeraciones en la plaza de San Pedro y respetar así las duras disposiciones sanitarias que ha impuesto Italia que con más de 68.000 fallecidos es el país con la letalidad más alta de Europa por la Covid-19.

Según ha informado el Vaticano, el Papa no se asomará, como todos los años, al balcón central de la basílica vaticana para impartir su bendición a los 1.200 millones de católicos del mundo. En cambio, está previsto que lo haga a solas desde en el Aula de las bendiciones del Palacio Apostólico.

Está previsto que, en esa ocasión, el Papa se dirija «a la ciudad y al mundo» y que reitere su petición para que se ponga fin a las situaciones de guerra e injusticias en todo el mundo. Se trata de un gesto extraordinario que ya puso en práctica el pasado domingo de Resurrección en pleno confinamiento extremo durante la primera ola de la emergencia sanitaria. Los días 26 y 27 de diciembre así que como el 1, el 3 y el 6 de enero, el pontífice rezará el ángelus desde su estudio privado en la Biblioteca apostólica. Todo será retrasmitido en directo por Internet.

Más allá de la celebración de la misa del Gallo a las 19:30 y no a las 21:30 hoars, el resto de ceremonias litúrgicas del Santo Padre para Navidad no sufre ningún cambio de horario, pero se reducirá al mínimo el acceso de los fieles, que tendrán que llevar mascarillas durante las celebraciones y mantener las distancias en los bancos para evitar los contagios.

El 31 de diciembre celebrará las vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año que termina y la primera celebración del 2022 tendrá lugar el mismo 1 de enero, Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y 54ª Jornada Mundial de la Paz, que este año lleva por título ‘La cultura del cuidado como camino de paz. El miércoles 6 de enero presidirá la eucaristía de la solemnidad de la Epifanía del Señor.

El Papa celebrará además una misa a las 10:00 en la basílica de San Pedro, mientras que el miércoles 6 de enero presidirá la eucaristía de la solemnidad de la Epifanía del Señor.

El Gobierno de Giuseppe Conte ha establecido un confinamiento entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, que si bien no será tan extremo como el de la primavera, sí impondrá limitaciones en el movimiento y el cierre de actividades no esenciales.

Durante diez días solo se podrá caminar cerca de casa, hacer deporte y recibir visitas de 2 adultos en casa. Permanecerán cerrados bares, restaurantes, tiendas y centros estéticos, mientras que seguirán abiertas las librerías, las farmacias, los supermercados, los kioscos de revistas y las peluquerías, entre otros. Además, todo desplazamiento solo será permitido por razones de salud, trabajo o necesidad. También se prohíbe el tránsito entre regiones y se mantendrá en vigor el toque de queda desde las 22:00 de la noche hasta las 5:00 horas.

Sin embargo, las misas se seguirán celebrando. En este sentido, la Congregación para el Culto Divino publicó un decreto con el que habilita a los sacerdotes a celebrar hasta cuatro misas diarias el día de Navidad para evitar así aglomeraciones de fieles en las iglesias.

Una representación de la vecindad del Sector 5 de la Cañada Real, acompañados por el letrado de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), ha interpuesto este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que investigue los cortes de luz que se vienen produciendo desde hace tres meses por si pudieran incurrir en delito penal, interrupción en el suministro que los vecinos identifican con «un plan intencionado».

Apuntan a «un plan intencionado» para expulsarles de sus viviendas, ubicadas en lo que serán los desarrollos urbanísticos de Ahijones, Valdecarros y Berrocales. «Nuestro problema no se debe a una sobrecarga sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de las administraciones», recoge un manifiesto que ha leído una representante vecinal a las puertas de la Fiscalía.

El letrado de la FRAVM, Raúl Maíllo, ha resaltado que resulta sorprendente que los cortes en el suministro «se están produciendo especialmente desde que la Cañada ha sido separada tanto de las vías circundantes como de las gasolineras accesorias». «Resulta sorprendente que retiren necesidades de suministro y se estén produciendo mayores cortes», razones por las que piden a la Fiscalía que investigue.

«Es una exigencia jurídica y legal del cumplimiento del Pacto por la Cañada que continúe el mantenimiento y la obligación del suministro», ha remarcado el letrado. Cifran en 4.000 las personas afectadas por los cortes de luz, 1.800 menores.

EXIGEN UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA A AYUSO

Además la representante vecinal de Cañada ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, «una rectificación pública sobre la criminalización que hizo en el Pleno de la Asamblea». «Para tener Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas, no», espetaba Ayuso.

La ciudadanía de Cañada reclama además tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos firmantes del Pacto «que lo cumplan, que lo lean y que atiendan al anexo 3, que explicita la garantía de suministros básicos para las personas que viven en Cañada».

El comunicado leído por la vecina justifica la interposición de la denuncia por la «situación de desamparo» que viven a raíz de la falta de suministro de luz desde hace tres meses.

«Es un plan intencionado y organizado para expulsarnos de nuestras casas porque es el territorio donde están proyectados Los Ahijones, Valdecarros y Berrocales», ha lanzado, antes de subrayar que con los cortes de luz se están «vulnerando los derechos fundamentales de los niños y adolescentes» según la Convención de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, ratificada por España hace 30 años.

«Esta situación que vivimos es una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia y así fue expresado por el Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil tras la visita que hizo a la Cañada el 18 de diciembre, cuando escuchó a adolescentes perjudicados física y psicológicamente», ha subrayado la portavoz vecinal.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a considerar enfermedad profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja laboral de los profesionales sanitarios contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su trabajo.

«No sabemos las consecuencias que puede ocasionar haber sufrido el Covid-19 y creemos que, de una vez por todas, se tiene que entender que los profesionales sanitarios que han estado en primera línea deben tener la cobertura de enfermedad profesional porque les supone tener una cobertura a lo largo de la vida», ha detallado la diputada del Grupo Parlamentario Plural y responsables de defender la iniciativa, Concep Cañadell Salvia.

La diferencia entre enfermedad profesional y contingencia profesional derivada de accidente de trabajo radica en que la enfermedad profesional tiene cobertura durante toda la vida de trabajador, esto es, si mañana o dentro de diez años un sanitario contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrá una cobertura para la Seguridad Social.

Sin embargo, si se trata de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo únicamente tendrá una cobertura durante los cinco años posteriores al contagio. «No podemos tener un mejor regalo para todos los sanitarios que la Covid-19 sea considerada enfermedad profesional ya que, además, cada vez son más fuertes los argumentos que existen para ello», ha apostillado la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Elvira Velasco Morillo.

Asimismo, tanto desde VOX como desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, quienes han asegurado que es de «justicia» proteger a los profesionales sanitarios que están en primera línea de la lucha contra el Covid-19.

Finalmente, desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha apoyado también la proposición no de ley, aunque, tal y como ha avisado la diputada Andrea Fernández el texto necesita «algunas matizaciones técnicas y jurídicas».

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos había solicitado a través de una enmienda que se considerase enfermedad profesional para los farmacéuticos y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si esta petición ha sido rechazada y la proposición no de ley ha salido aprobada sin este requerimiento.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado el rechazo de su formación al «ataque injustificado» a los futuros pensionistas que supondría la propuesta de subir el cómputo de pensiones de 25 a 35 años, lo que implicaría bajar a su vez las pensiones un 5,5%.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Echenique ha dicho que no entiende el borrador de propuesta confeccionado por el Ministerio de Seguridad Social, que lidera José Luis Escrivá, para remitirla a Bruselas.

En este sentido, ha añadido que es una «agresión» a los futuros pensionistas y Unidas Podemos está en contra de dicha propuesta, al entender que hay otras «muchas maneras» de hacer el sistema «sostenible».

Entre ellas, ha citado «destopar» las cotizaciones máximas, implantar un impuesto a la riqueza, pasar los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos o eliminar las desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones.

NO SE ENTENDERÍA CONGELAR EL SMI

También se ha mostrado partidario de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha recordado que solo se han congelado dos veces, en 2012 y 2014 durante los gobiernos liderados por Mariano Rajoy que implantaron los mayores «recortes» de la historia de la democracia.

Por tanto, espero que se resuelva este asunto en el Gobierno de coalición y se optar por no congelar el salario mínimo el año que viene, dado que sería «muy difícil de explicar» de un Gobierno «distinto» que «ha aprendido» de los errores del PP.

DESDRAMATIZAR LAS DIFERENCIAS EN LA COALICIÓN

Mientras, ha celebrado que el Consejo de Ministros apruebe hoy la suspensión de desahucios y corte de suministros para la población vulnerable, algo que ha sido «difícil» ante las críticas por «presionar» para que se cumplan «los derechos humanos» en pleno invierno y durante el estado de alarma.

Finalmente, Echenique ha apelado a «desdramatizar» las diferencias en el primer Gobierno estatal de coalición, pues del debate resultan medidas que son positivas para la ciudadanía.

Forética ha liderado por décimo año consecutivo la Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de las Empresas, ‘Give & Gain’, que se ha consolidado como la iniciativa de referencia en el ámbito del voluntariado corporativo y de la acción solidaria de los empleados, con más de 227.200 beneficiarios directos a lo largo de sus diez ediciones, según ha informado la organización.

Del 10 al 20 de diciembre, ‘Give & Gain’ ha aglutinado 134 actividades de voluntariado corporativo y acción solidaria, en las que han participado 9.484 empleados de 55 empresas y han colaborado 97 entidades, beneficiando a 120.292 personas.

La iniciativa ha contado con el apoyo institucional de la Presidencia del Gobierno, a través del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, y el apoyo de Atresmedia, MSD y la Asociación de Voluntarios de «la Caixa».

‘Give & Gain 2020’ ha centrado sus esfuerzos en promover aquellas iniciativas de acción solidaria y voluntariado corporativo desarrolladas por empresas y entidades con el objetivo de paliar los efectos negativos que la crisis provocada por la Covid-19 está teniendo entre los colectivos más vulnerables.

En sus diez ediciones en España, han participado en ‘Give & Gain’ más de 23.400 voluntarios de 525 empresas con 697 organizaciones, en actividades que han beneficiado a más de 227.200 personas.

«Un año más, y especialmente en el actual contexto de crisis sanitaria y socioeconómica, hemos comprobado a través de ‘Give & Gain’ el gran valor de la acción solidaria y del voluntariado corporativo para movilizar a las empresas y las personas que trabajan en ellas con el fin de mejorar el entorno en el que operan, asumiendo un papel protagonista de liderazgo transformador y agente de cambio social», ha destacado el director General de Forética, Germán Granda.

Por su parte, la responsable del Programa ‘Give&Gain’ de Forética, Raquel Canales, ha destacado que desde los departamentos de recursos humanos se manifiesta que, a través de estas acciones, «el compromiso y la confianza de los empleados con la organización se fortalecen, e incluso se generan habilidades que los voluntarios pueden aplicar en su trabajo».

Asimismo, ha añadido que las organizaciones sociales por su parte consiguen apoyo para la realización de actividades que, sin ayuda de las empresas y sus voluntarios, «muy difícilmente podrían llevar a cabo».

«Por último, se demuestra como muchas de estas actividades suponen el punto inicial de colaboraciones entre entidades sociales y empresas que en última instancia se convierten en acuerdos estratégicos sostenibles en el tiempo», ha afirmado Canales.

El evento de inauguración de la semana estuvo presidido por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, y consistió en un programa de TV en directo desde los platós de Atresmedia, conducido por Roberto Brasero, presentador de El Tiempo en Antena 3 Noticias.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha defendido la implantación de peajes para camiones pesados en distintas carreteras de Navarra señalando que es «un modelo plenamente coherente con el entorno más próximo, con el derecho comunitario y con los compromisos medioambientales».

En una comparecencia en el Parlamento a petición de Navarra Suma, Bernardo Ciriza ha destacado que una directiva europea recoge «los principios de que quien usa paga y quien contamina paga, y parece lógico que quien realiza un uso más intensivo de una infraestructura pública tenga que realizar una aportación específica». «Me gustaría decir que somos innovadores en la materia, pero este tipo de medidas ya se aplican en la mayoría de países de la Unión Europea», ha asegurado.

En ese sentido, ha afirmado que «si los camiones pesados pertenecientes a empresas navarras pagan cuando circulan por Francia, Alemania, Dinamarca o Italia, los camiones de estos países también deberán pagar al transitar por las carreteras de Navarra».

Asimismo, ha destacado que el 88% del transporte de mercancías por las carreteras de Navarra es tránsito de paso, «lo que quiere decir que no tiene origen o destino en Navarra, y entendemos que los impuestos de los navarros no deben sufragar por entero el uso de sus infraestructuras».

También ha defendido la necesidad de incrementar el tráfico ferroviario, en detrimento del transporte de mercancías por carretera, en cumplimiento de los compromisos medioambientales adquiridos por España, que establecen que se debe realizar una transición a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. «Esto lleva aparejadas importantes y urgentes transformaciones en los focos de emisión, entre los que se encuentra el transporte de mercancías», ha explicado.

Así, ha defendido que «incrementar la cuota modal del ferrocarril es imprescindible para cumplir con la hoja de ruta contra el cambio climático y reducir las emisiones de Co2».

El consejero ha explicado que «en Navarra, a pesar de tener una economía muy volcada en el mercado internacional, el uso del transporte ferroviario de mercancías es mínimo respecto de la importancia de la carretera y muy alejado de la media europea.

Según los últimos datos disponibles, del año 2015, el 1,2% del transporte de mercancías nacional e internacional con origen o destino Navarra se realiza por ferrocarril, el 95% se realiza por carretera, el 3,5% es marítimo y el 0,01%, aéreo.

«Con estos datos encima de la mesa, es evidente que tenemos el deber de impulsar e incrementar la cuota del transporte ferroviario de mercancías a medio y largo plazo. Para una economía tan interrelacionado con el resto de Europa como la nuestra, es imprescindible en términos de competitividad contar con una red ferroviaria con capacidad suficiente y adaptada a los estándares europeos», ha valorado.

Ciriza ha explicado que, para incrementar el transporte ferroviario, se han retomado los contactos con ADIF para el desarrollo conjunto del nodo intermodal de Pamplona, formado por el centro logístico de Noáin y la Ciudad del Transporte de Pamplona, así como un nodo intermodal en la Ribera en el entorno de Tudela y Castejón.

Actualmente, la terminal de Noáin lleva al puerto de Barcelona seis trenes semanales y recibe otros tantos en sentido contrario. Próximamente se va a realizar una inversión para poder transportar productos frigoríficos o que tengan que ser llevados a temperatura controlada.

Por otro lado, Bernardo Ciriza ha explicado que los Presupuestos de Navarra para 2021 prevén 700.000 euros para atender demandas del sector de transporte por carretera. En concreto, se destinarán 450.000 euros para subvencionar al 50% la obtención del certificado de aptitud profesional, necesario para poder conducir camiones de grandes dimensiones. Además, se asignan 200.000 euros para implantar herramientas tecnológicas y otros 50.000 euros para formación en aspectos como eficiencia en la conducción o fiscalidad.

El portavoz de Navarra Suma, Javier García, ha afirmado que le «preocupa que el consejero no hable de las más de 12.000 familias que viven del sector del transporte por carretera y que no haga referencia al incremento del desempleo del 5,7% en el sector». «¿Y qué hace el Gobierno para que el sector sea más competitivo? A nivel impositivo carga contra los transportistas y pone un sistema de peajes. ¿Quiere que vengan a Navarra empresas del transporte o que se vayan? Nos podemos encontrar con el cierre de muchas empresas y la quiebra de muchos autónomos», ha asegurado.

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha afirmado que «la crisis del Covid ha afectado duramente a muchos sectores y el Gobierno de Navarra ha trabajado sin descanso para poner encima de la mesa ayudas para diferentes sectores, incluido el sector del transporte». «En el Presupuesto de Navarra se incluyen partidas para responder a peticiones formuladas por los representantes del sector. Lo más importante es que nos ha tocado esta situación con Gobiernos como el del consejero o el de Pedro Sánchez, porque si nos hubiesen tocado Gobiernos de derechas, todos sabemos cuáles son las salidas a estas crisis«, ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que «el sector necesita una reconversión, como lo necesitan muchos otros» y ha defendido el cumplimiento de compromisos medioambientales. «Es necesario hacer inversiones en carreteras y es necesario hacer un esfuerzo importante para sacar las mercancías de las carreteras al ferrocarril y para eso hay que tomar medidas drásticas y distintas a lo que se ha hecho en los últimos 20-30 años, que nos ha llevado a una situación insostenible desde un punto de vista presupuestario», ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado, sobre la implantación de peajes, que «el reto medioambiental es fundamental y todos somos conscientes de que el transporte por carretera de mercancías es uno de los principales causantes de los gases de efecto invernadero». No obstante, ha apostado por «establecer fórmulas no discriminatorias en favor de los transportistas locales y garantizar ayudas a ese sector», aunque ha reconocido que «la solución seguramente no va a ser fácil».

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que le «extraña que el consejero haga referencia a la movilidad sostenible en relación al transporte de mercancías mientras se sigue apostando por el tren de alta velocidad». «Me parece una auténtica contradicción, ya que el TAV es altamente contaminante. El transporte de mercancías por carretera es muy contaminante también y hoy por hoy no hay una apuesta clara por este Gobierno ni por parte del Gobierno del Estado por superar esta cuestión», ha asegurado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha respaldado la decisión adoptada por Suiza de retirar el permiso de residencia a un ciudadano español que había nacido y vivido siempre en la nación helvética tras ser condenado por varios delitos sexuales contra una menor, al considerar que en este caso las razones de orden público prevalecen sobre el derecho a la vida privada y familiar.

La corte de Estrasburgo ha decidido por unanimidad rechazar las pretensiones del demandante, un ciudadano de nacionalidad española y 52 años identificado solo por las siglas J.A. que alegaba que las autoridades suizas habían violado su derecho al respeto a la vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al expulsarlo por su historial criminal.

El demandante fue condenado en 2009 a 30 meses de prisión por varios delitos sexuales, incluido el de violación, contra la hija de 13 años de la mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial. El tribunal sentenciador subrayó que utilizó tanto la violencia física como la psicológica para conseguir sus objetivos y, como consecuencia de ello, la víctima sufre secuelas psicológicas.

A pesar de la condena impuesta, solo pasó seis meses bajo arresto domiciliario y los dos años restantes de la pena de prisión quedaron en suspenso porque no tenía antecedentes penales. Nueva meses después de que terminara su libertad condicional, instaló tres cámaras en la vivienda de su ex pareja sentimental y contrató un detective para vigilarla. Por esto, se inició otro proceso penal en 2012 que acabó con un acuerdo entre las partes por el cual él admitió su culpa pero no hubo nueva condena.

En 2014, la Oficina de Migración le retiró el permiso de residencia y le ordenó abandonar Suiza para el 30 de abril de ese año alegando razones de seguridad pública y señalando el riesgo de que pudiera reincidir, dado que meses después de purgar su condena volvió a delinquir, aunque no recibiera una nueva sentencia por ello. El hombre presentó un recurso en un tribunal administrativo, que respaldó la decisión de Migración, ante lo cual él acudió al Tribunal Supremo suizo, que también rechazó su recurso.

El demandante, que abandonó Suiza el 28 de febrero de 2015 instalándose entonces en Gandia, elevó el asunto al TEDH sosteniendo que la expulsión ordenada por las autoridades era desproporcionada y vulneraba por ello su derecho a una vida privada y familiar. Argumentó que estaba perfectamente integrado en Suiza y se agarró a que tanto su hijo, de 23 años, como su mujer, de nacionalidad bielorrusa y residente también en dicha nación, vivían en el país.

El Gobierno suizo, por su parte, se alineó con los tribunales nacionales esgrimiendo que, dada la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos por el hombre, el interés público obligaba a no seguir tolerando su presencia en Suiza para poder proteger los derechos y libertades de sus demás habitantes, sin que sus vínculos familiares fueran motivo suficiente para mantener su permiso de residencia.

UNA DECISIÓN PROPORCIONADA

El TEDH ha recordado, antes de emitir su fallo, que los estados tienen derecho a decidir quién reside o no en su territorio por razones de orden público, si bien deben ser acordes con la ley, proporcionadas y estar debidamente justificadas, dado el impacto que estas cuestiones tienen en la vida privada y familiar de las personas.

En este asunto, ha establecido que las autoridades suizas «sopesaron razonablemente el derecho del demandante a la vida familiar y la seguridad pública». «No se puede determinar que el Estado atribuyera un peso excesivo a sus propios intereses al revocar el permiso de residencia y ordenar su expulsión a España. Por tanto, el Tribunal considera que el Estado no excedió el margen de apreciación permitido», ha indicado.

En concreto, el TEDH ha llamado la atención sobre el hecho de que el demandante «no se vio disuadido por la condena a prisión», ya que meses después volvió a delinquir, por lo que ha estimado que había «un riesgo real de reincidencia» que no era aceptable en aras de proteger la integridad sexual de los menores.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a las doce personas que fueron juzgadas el pasado mes de octubre por enaltecimiento de la organización terrorista Resistencia Galega a través de las asociaciones ‘Causa Galiza’ y ‘Ceivar’, para quienes la Fiscalía solicitaba condenas que iban de los cuatro a los doce años de prisión.

En la sentencia, los magistrados absuelven a los acusados de los delitos de «pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo (artículo 570 bis 1 del Código Penal) y de delitos enaltecimiento del terrorismo (578.1, 2 y 4)», al tiempo que rechaza la disolución de Causa Galiza y Ceivar como había pedido el Ministerio Público.

El tribunal da por probado que Causa Galiza se constituyó en 2007 «para promocionar la cultura y fundamentalmente la lengua gallega, la defensa del patrimonio natural, social y cultural de Galicia y la afirmación de Galicia en todos los ámbitos sociales y culturales, siendo el sesgo de sus integrantes y la finalidad de la asociación la de operar en el marco político como grupo que defiende una ideología independentista».

Tras relatar la participación de este colectivo en diversos actos, como el ‘Día da Galiza Combatente’ o el ‘Día da Patria Galega’, la Sala señala que «no se ha acreditado que la mencionada asociación tuviera relación, personal o institucional, con el grupo denominado Resistencia Galega, algunos de cuyos miembros habían sido condenados por actividades terroristas».

Tampoco se ha acreditado, afirma la Sala, que entre los fines de la asociación estuviera la de enaltecer o justificar las acciones llevadas a cabo por el grupo Resistencia Galega o por alguno de sus miembros. «Sin perjuicio de que la asociación o alguno de sus miembros participara en actos de recibimiento a presos condenados por delitos relacionados con actividades de carácter violento o terrorista o acciones de protesta con ocasión de la celebración de juicios contra dichas personas y participa en campañas para reclamar el acercamiento de presos gallegos al territorio de la comunidad autónoma», explica.

CEIVAR, CREADA PARA DAR APOYO A PRESOS INDEPENDENTISTAS

Respecto a Ceivar, creado en 2003 como ‘Organismo Popular Antirrepresivo’, la Sala explica que «se creó para prestar todo tipo de apoyo a los presos que por diversos motivos hubieran sido condenados por causa de su militancia independentista».

A través de ella, los acusados realizaron actividades de apoyo a los militantes independentistas recluidos en prisión tanto a través de la asistencia jurídica, como del apoyo sanitario, económico y social. A este respecto, apunta el tribunal, Ceivar usaba sus estructuras para organizar dinámicas permanentes u ocasionales de apoyo a los presos «militantes independentistas y pertenecientes a formaciones nacionalistas».

Al igual que con Causa Galiza, la sentencia considera que no se ha acreditado que Ceivar estuviera relacionada, organizativamente o a través de sus elementos personales, con la organización Resistencia Galega. Tampoco que fuera la finalidad de dicha asociación la de enaltecer o justificar las acciones violentas realizadas por individuos integrados en dicha organización.

Eso sí, matizan una vez más, «sin perjuicio de que aquella o algunos de sus miembros participara en actos de recibimiento a presos condenados por delitos relacionados con actividades de carácter violento o terrorista o acciones de protesta con ocasión de la celebración de juicios contra dichas personas y participara en campañas para reclamar el acercamiento de presos gallegos al territorio de la comunidad autónoma, además de las funciones de apoyo a los presos independentistas».

EL FISCAL PEDÍA LA DISOLUCIÓN DE AMBAS ORGANIZACIONES

En sus fundamentos jurídicos, la Sala considera que pese al relato presentado por el Ministerio Fiscal en sustento de su pretensión condenatoria, lo cierto es que las organizaciones cuya disolución se pretende, por ser su finalidad presuntamente de enaltecimiento de organización terrorista y de sus miembros, «no tenían tal finalidad como objetivo social sino los que figuran definidos en sus respectivos estatutos».

En el caso de Causa Galiza la de la promoción de la cultura y la lengua gallega y la afirmación de Galicia en todos los ámbitos sociales y culturales y la decidida voluntad de actuar en el escenario político como una fuerzas nacionalistas y socialista gallega y, en el caso de Ceivar, la de apoyar a los presos independentistas durante su estancia en prisión en distintas facetas de la situación carcelaria.

«Resulta innegable la inmersión de ambas asociaciones en el ámbito de la lucha independentista plasmada en multitud de movimientos que han tenido a lo largo de los últimos años en el territorio de la comunidad autónoma», dice el tribunal.

Sin embargo, y atendido al criterio jurisprudencial en relación con la figura del enaltecimiento del terrorismo, añade que «no puede entenderse, a la vista de la prueba practicada en el plenario, que fuera la finalidad de tales asociaciones la de llevar a cabo actos de enaltecimiento con relevancia criminal, ni que los actos de homenaje realizados auspiciados o participados por tales grupos pudieran revestir la relevancia criminal que el Ministerio Fiscal pretende en su tesis acusatoria».

LA ORIENTACIÓN POLÍTICA DE CAUSA GALIZA

La Sala considera que la orientación política de Causa Galiza es merecedora de protección constitucional, puesto que la actuación que se le imputa -la de recordar o recibir a determinados militantes independentistas que, o bien fallecieron en el desarrollo de una actuación de carácter terrorista o bien que cumplieron las condenas impuestas y salieron en libertad, acompañándolas en su recibimiento- no «puede considerarse integradora de una finalidad de enaltecimiento del terrorismo que lleva a la calificación de organización criminal» en los términos referidos en el artículo 570 bis.

En igual sentido, subraya la Sala, respecto de la asociación Ceivar, entre cuyos objetivos está el acompañamiento y ayuda en todos los órdenes de presos independentistas y en su recibimiento cuando alcanzan la libertad.

La sentencia concluye que las actividades desarrolladas, en ausencia de un movimiento violento de carácter terrorista efectivo al tiempo que se desarrollaban tales actuaciones por parte de las organizaciones señaladas, y no acreditada la existencia de un llamamiento a la violencia por parte de la asociación en el desempeño de su actividad, «no permite alcanzar la conclusión postulada por la acusación pública respecto de la finalidad delictiva que imputa a tales organizaciones y que justificaría la disolución de las mismas, y la condena de sus militantes o colaboradores».