El Gobierno afirma que hay una «armonía perfecta» entre sus planes de reformas y los requisitos para la absorción de los fondos europeos que, asegura, se podrán ejecutar desde el 1 de enero de 2021 al incluirse un adelanto en los Presupuestos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha afirmado que los planes de reformas estructurales y el Plan Normativo son «absolutamente armoniosos» con la captación y ejecución de los fondos «como cualquier otro país».
«No hemos tenido ninguna otra cosa diferente, teniendo en cuenta los datos reales de la economía, del mercado del trabajo y de los datos estadísticos», ha asegurado Calvo al ser preguntada sobre si los planes del Gobierno van en sentido contrario a la condicionalidad de la ayuda del Fondo de Reconstrucción europeo y si hay temor a que otros Estados pudiesen tumbar el Plan de Recuperación español.
En este sentido, Calvo ha aseverado que en el Ejecutivo no han sentido «ninguna particular presión» al respecto y ha defendido que ha sido «bastante solvente» con todos los compromisos europeos que afectaban a los desequilibrios.
«Eso no ha cambiado, no está en ninguna situación diferente e inarmónica con lo que se espera de nosotros en la convergencia europea», ha añadido.
HABRÁ CONTRATACIONES Y SE EJECUTARÁN DESDE EL 1 DE ENERO
Asimismo, Calvo ha destacado que el real decreto-ley aprobado para la reforma de la Administración con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos, que se publicará junto a los Presupuestos de 2021 el 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recuperan las agencias públicas y se contempla la posibilidad de tener «diferentes líneas de capacidad de sinergia» con el sector privado y los recursos públicos, eso sí, con «rigor».
También ha explicado que cada unidad dentro de cada Ministerio estudiará su planteamiento en materia de recursos humanos de cara a la ejecución y absorción de los fondos europeos.
De forma que en algunos casos se puede reasignar personal ya existente, en otras establecer dedicación a esta función a tiempo parcial, movilidad de puestos de trabajo o funcionarios que se ofrezcan voluntarios al abrirse «expectativas interesantes» en áreas de la Administración.
A su vez, ha asegurado que habrá «sin duda alguna» contratación de empleo público para reforzar algunas áreas, pero para ello se irá «calibrando» con arreglo a las líneas maestras de los proyectos tractores.
Igualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado que habrá un «riguroso control» de los fondos públicos mediante le control de la Intervención General del Estado y que los procesos de contratación perseguirán la libre concurrencia de sectores, empresa y particulares, con una asignación de proyectos bajo condiciones de «igualdad».
Montero ha destacado que la «ventaja» de haber presupuestado el marco de recuperación es que no se requiere de la materialidad de los fondos, ya que al contemplarse el crédito de presupuesto dentro del proyecto de Presupuestos de 2021 desde el mismo 1 de enero se podrán empezar a trabajar en la ejecución de los proyectos.
Además, ha indicado que desde el inicio de estos proyectos, algunos de inversión y otros cambios normativos, transcurrirá un tiempo en el que se intentará agilizar la coordinación con Bruselas mientras empiezan las licitaciones y los procesos de audiencia de las reformas.
«La incorporación en el proyecto de PGE es la garantía de que los proyectos se puedan ejecutar con independencia de que Bruselas empiece el pago efectivo para que no hay tensiones de Tesorería en el Reino de España», ha enfatizado.
La también portavoz del Gobierno ha afirmado también que en el Ejecutivo estarán «muy abiertos» a cualquier fórmula de innovación en otros países o experiencias concretas que permitan llegar con capilaridad al terreno de las pymes.
La nueva norma de reforma de la Administración impulsa, entre otros, las sociedades de economía mixtas, en la que el Estado cuenta con al menos un 51% del capital.
