ACAI: El aumento de las interrupciones voluntarias de embarazo exige mejorar la anticoncepción

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha señalado que el aumento que se ha registrado en 2019, respecto a 2018, de las interrupciones voluntarias de embarazo hace necesario el desarrollo del capítulo de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, relativo a la anticoncepción.

Tal y como dispone dicha estrategia, se hace «imprescindible» superar las desigualdades autonómicas existentes en relación al acceso que las mujeres de distintas partes del territorio tienen a los métodos de última generación.

«Es obligación de las autoridades sanitarias autonómicas procurar la financiación o gratuidad de un abanico de posibilidades contraceptivas que se adecuen a las distintas situaciones personales y sanitarias de las mujeres en edad reproductiva», han recordado desde ACAI.

A su juicio, el hecho de que más de 37.000 mujeres de las que abortaron en España no utilizase ningún método anticonceptivo, refuerza la necesidad de abordar las causas y consecuencias de esta situación. Asimismo, prosigue, la tasa de aborto de las mujeres jóvenes, de 18,71 abortos entre los 20 y los 24 años, y de 17,49 entre los 25 y los 29, pone una vez más de manifiesto la necesidad de implantar la educación sexual en el aula.

«Queremos creer que con la aprobación y desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Educación, se pondrán las bases para revertir esta tendencia», ha apostillado la organización, la cual calcula que una de cada diez de esas mujeres tiene dificultades para comunicar a sus padres su situación y su decisión de abortar, ya que atraviesan situaciones de desamparo vital o familiar que no hacen posible una tutela efectiva.

Por todas ellas, ACAI ha pedido la reforma «urgente» de la ley que impide a estas mujeres tomar una decisión por sí mismas, «libre e informada». Finalmente, ha mostrado su preocupación por la «continua disminución» de profesionales que, conociendo todos los métodos de IVE, realizan esta práctica sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada por este.

«Hacemos un llamamiento para que el Ejecutivo desarrolle el artículo octavo de la Ley de SSR e IVE que aboga por la formación de los/as profesionales en las técnicas IVE. Pedimos que esa formación contemple todos los métodos y no solo la técnica farmacológica, para asegurar la libertad de elección de las mujeres y la seguridad de la práctica sanitaria», ha zanjado.