La sociedad española ha convertido a la tecnología en el eje principal de su comunicación y tres de cada cuatro españoles aseguran que prefieren contar una noticia a través de un mensaje de móvil que hacerlo en persona, según un estudio del fabricante de 'smartphones' Wiko.

En su 'I Estudio sobre Tecnología y Emociones', el fabricante tecnológico francés ha analizado las formas de comunicarse de los españoles y los efectos a largo plazo que haya podido tener la pandemia y el confinamiento, como informa en un comunicado.

La pantalla parece haberse convertido en una extensión de las personas, ya que más de tres de cada cuatro españoles (el 75,79 por ciento) prefieren enviar un mensaje de WhatsApp o hacer una publicación en redes sociales para contar noticias a sus amigos antes que hacerlo en persona.

El informe apunta a la gran preferencia de la tecnología para las relaciones sociales, y revela que el 66,11 por ciento de los entrevistados prefiere contar decisiones o noticias a sus amigos a través de un mensaje de WhatsApp, ya sea por privado a una persona o a un grupo reducido de amigos.

También que los otros canales digitales por los que se cuentan noticias son mediante un mensaje privado en redes sociales (5,09 por ciento) o a través de una publicación pública en redes para avisar a todos los contactos a la vez (4,60 por ciento).

No obstante, todavía hay quien prefiere hacerlo a través de una llamada telefónica (16,65 por ciento) o en persona (7,54 por ciento), una modalidad que se incrementa con respecto a la media global en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años, ya que un 12,61 por ciento apuesta por el cara a cara.

Por sexos también se registran algunas diferencias al elegir el canal de comunicación, siendo las mujeres (67,98 por ciento) las que apuestan más por un mensaje privado de WhatsApp que los hombres (64,26 por ciento).

Sin embargo, los hombres (6,25 por ciento) son más proclives que las mujeres (3,93 por ciento) a comunicar sus decisiones a través de un privado en redes sociales y también a contar hechos con una publicación pública en redes (5,47 por ciento), puesto que las mujeres bajan esta media con un 3,73 por ciento.

Del estudio también se desprenden los principales motivos por los que los encuestados utilizan WhatsApp o las redes sociales para comunicar noticias a su entorno más próximo. El primero de ellos es porque ofrecen rapidez y sencillez (74,83 por ciento).

En segundo lugar, porque permiten contar la misma historia a varias personas a la vez (46,35 por ciento), y otra de las razones es porque facilitan la expresión de los sentimientos más que en persona (15,13 por ciento). Por último, el 11,55 por ciento de los participantes en el estudio apunta que estos canales permiten gestionar mejor las emociones que el mensaje despierta y las respuestas a ellos.

El informe de Wiko señala también que el 31,89 por ciento de los encuestados de 25 a 34 años se interesa más por las personas de su entorno que son más activas en redes sociales -en los jóvenes de 18 a 24 años aumenta al 39,64 por ciento-, lo que confirma que estas franjas de edad son las que se sitúan por encima de la media total, que se centra en un 25,57 por ciento.

El estudio recoge también reacciones negativa, y casi el 70 por ciento de los encuestados dice sentirse molesto cuando su pareja o amigos le ignora por usar su teléfono móvil mientras disfrutan de una comida o una cena juntos o están hablando de algo importante.

En menor medida, este momento cada vez más habitual crea indiferencia a un 16,45 por ciento del total de los usuarios y a un 2,45 por ciento les avergüenza. A los hombres (21,09 por ciento) les despierta más un sentimiento de indiferencia que a ellas (11,79 por ciento).

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha mostrado hoy partidario de que la comunidad internacional imponga sanciones a Marruecos si este país continúa utilizando la inmigración como arma y espera que el presidente de los EEUU, Joe Biden, lo apoye. En declaraciones a Cuatro, ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber sabido leer los mensajes del país vecino y cree que el Ejecutivo tiene como tarea recuperar el protagonismo en la UE sobre este asunto y volver a contar con el apoyo de EEUU que ha perdido.

Margallo ha asegurado que si Marruecos "no entra en razón y no controla la inmigración hay que imponer sanciones". En este sentido, ha explicado que igual que la Unión Europea ha tenido que aceptar las sanciones contra Rusia, aunque éstas perjudican a los europeos, espera que "si Marruecos insiste en utilizar la inmigración como arma de combate y no controlar la frontera, hay que pasar a un estadio superior".

En su opinión, el Gobierno de España tiene que sacar sus consecuencias como "cualquier país digno" y si la situación no se reconduce, "habrá que poner sanciones" que espera que el presidente americano, Joe Biden, apoye, dado que la UE está apoyando las impuestas a Rusia por su actuación en Crimea. No obstante, ha dicho que espera que no se llegue ahí.

También ha querido matizar que la afirmación de que las devolucione en caliente se están aplicando en función de un acuerdo de 1992 con Marruecos. Según ha precisado, no es exactamente así, ya que ese acuerdo permite la devolución de nacionales de terceros países y no se puede aplicar a los marroquíes. Por lo que cree que hay un margen de interpretación en la norma y ha apuntado la buena fé el hecho de que se esté aceptando.

El exministro ha criticado que el Gobierno español no haya sabido leer las señales que le llegaban desde Marruecos, la última, la advertencia por haber acogido en España al líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, que se encuentra ingresado en un hospital de Logroño, sin avisar a Rabat y no teniendo en cuenta que tiene acusaciones pendientes en la Audiencia Nacional.

Con lo cual, advierte de que la política exterior con relación a Marruecos se resumen en que "este Gobierno ha logrado algo que ningún Gobierno había logrado, que es enfadar al mismo tiempo a Marruecos, Argelia y el Polisario".

EL GOBIERNO NO HA SABIDO LEER LAS SEÑALES DE MARRUECOS

Margallo considera que el Ejecutivo español no ha sabido leer las señales del país vecino. En este sentido, precisa que Marruecos ha estado enviando señales estos últimos meses. Entre ellas, ha citado que el país alahuita aplazó "sine die" la reunión bilateral con España; que el primer ministro marroquí volvió a que Marruecos reivindica Ceuta y Melilla, --algo de lo que no se habla cuando las cosas van bien, según asegura--; ha reclamado unas aguas jurisdiccionales que considera como propias en Canarias y desde Marruecos se hacen comentarios muy duros el 25 de abril y el 8 de mayo, advirtiendo que lo que se ha hecho con el presidente de la RAS (República Arabe Saharahui Demcrática) va a tener consecuencias, que es exactamente lo que le repite la embajadora a la ministra de Exteriores cuando la convoca hace unos días.

Pero cree además que hay una señal mucho más evidente que es el incremento en las llegadas de imigrantes irregulares desde Marruecos, que en 2020 fue del 74 por ciento y en Canarias, mucho mayor, del 477 por cien. Y este año, ha precisado, está siendo peor en el archipiélago porque el pasado ejercicio por estas fecha habían llegado 42 barcos y esta año ya van cien.

A ello se suma, según ha señalado, el reconocimiento del ya expresidente americano Donald Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, "cosa que Biden no ha desmentido".

PRIMERA MISION, RECUPERAR PROTAGONISMO EN LA UE Y EL APOYO DE EEUU

Por ello, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene como "primera misión" dos tareas fundamentales. Una de ellas es recuperar el protagonismo que España tenía sobre estos asuntos en la Unión Europea --ya que hay una tradición en la UE y es que el país más afectado es siempre el que primero habla-- y que ha perdido. Y la otra es recuperar el apoyo de los EEUU.

En su opinión, estos son dos "anclajes" que permiten a España "navegar con seguridad", ya que no es lo mismo ser una potencia media como España si no se tiene detrás a la UE ni a EEUU.

"En la UE hay que insistir, porque solos no podemos afrontar este problema, necesitamos apoyo del Frontex, apoyo de la política de cooperación de la UE para que Marruecos nos apoye en el control de las salidas hacia España y volver a estar a bien con Marruecos", ha recalcado.

En este sentido, ha defendido que los intereses entre España y Marruecos son muy estrechos porque hay 800.000 marroquíes viviendo en la península y el Gobierno alahuita está muy preocupado por la proliferación de una secta que se llama "Justicia y Caridad" que es contraria al Rey de Marruecos. Ha asegurado que sobre esto se está trabajando "allí y aquí".

"Creo que hay que estar amigos otra vez y volver a zanjar este asunto cuanto antes", ha concluido.

El agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), Juan Francisco, cuya imagen rescatando a un bebé del agua ha dado la vuelta al país, ha contado lo "traumático" que resultó ver cómo muchos padres se lanzaban al agua con sus hijos amarrados como podían y, sobre todo, el hecho de no poder salvar a una persona que falleció ahogada, en medio de la crisis migratoria en Ceuta.

"Había padres y madres con hijos amarrados como podían, con telas, ropas, se tiraban al agua como fuese, y cada vez que los veíamos, nos íbamos al agua", ha explicado Juan Francisco en declaraciones a la COPE.

Los migrantes, según ha recordado, se lanzaban al agua con lo que tuvieran a mano, desde flotadores de juguete, hasta botellas vacías o trozos de corcho. Los agentes de la Guardia Civil estaban atentos, sobre todo, a las personas más vulnerables, aquellas que tenían más dificultades para mantenerse a flote, como los niños o los mayores.

"Fueron muchos niños, muchos bebés y muchas personas mayores que también lo pasaban mal", señala Juan Francisco. Uno de ellos fue el bebé al que se puede ver en una fotografía difundida por la Guardia Civil, en el momento del rescate.

El agente ha indicado que cuando su compañero y él vieron que la madre se tiraba con el bebé a la espalda, se tiraron inmediatamente a rescatarles. Juan Francisco recuerda que, cuando cogió al bebé, estaba "helado, frío, no gesticulaba mucho". Lo primero que hizo fue sacarlo lo máximo posible del agua para que no siguiera en contacto y lo llevó "en suspensión".

"El bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza, algunas veces no sabíamos si eran mochilas, ropa, niños", comenta el agente, al tiempo que añade que fue algo "traumático".

Si bien, explica que lo peor del día fue la muerte de uno de los migrantes mientras intentaba llegar a nado a Ceuta. "Por desgracia, perdimos a una persona, hubo una persona que no nos dio tiempo a verla, había tanta gente pasando a la vez que era imposible", ha lamentado.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra Incendios Forestales de Protección Civil, presidido por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ha analizado el dispostivo contra incendios forestales para el próximo verano, que estará operativo entre el 15 de junio y el 31 de octubre, y será similar al de años anteriores en apoyo de las comunidades autónomas.

En la reunión, en la que ha participado el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, se ha analizado la participación de todos los medios estatales, de otras administraciones y de la ayuda internacional si esta fuera necesaria.

Así, el CECOD ha diseñado un dispositivo similar al de años precedentes ya que contará con la participación de las Brigadas de Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias, los 73 medios aéreos disponibles y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el encuentro han participado representantes de los distintos organismos del Estado involucrados en la Campaña: los representantes de las direcciones generales de Policía, Guardia Civil y Tráfico del Ministerio del Interior; la Subdirección General de Política Forestal y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la Dirección General de Política de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa; y el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno.

En materia de prevención y coordinación, el CECOD ha constatado el "buen funcionamiento" del Sistema Nacional de Protección Civil en la lucha contra los incendios forestales es la garantía de una respuesta adecuada y efectiva ante una emergencia de este tipo.

En concreto, el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) realiza un seguimiento continuo de las situaciones declaradas y suministra información actualizada a todos los órganos implicados para facilitar la pronta toma de decisiones. Desde el CENEM se activa el servicio Copernicus para la elaboración de productos de cartografía rápida de tres tipos: mapas base, perímetro del incendio o grado de afección del incendio.

Además, en el ámbito internacional, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias participa semanalmente en la reunión del Centro de Coordinación y Respuesta de Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea y tramita las solicitudes de intervención en el extranjero, bien a través de los convenios bilaterales, o bien a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Durante la campaña, la Dirección General de Protección Civil difunde regularmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales informaciones sobre el riesgo de incendios forestales.

Los medios que participarán en la campaña de 2021 son: Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las aeronaves de gran capacidad durante todo el año, que refuerza durante los meses de verano con la contratación de otras aeronaves y Brigadas Helitransportadas de refuerzo (BRIF).

Se trata de medios de cobertura nacional y pueden ser movilizados para la extinción de incendios forestales a cualquier punto del territorio español donde sean necesarios, para complementar las capacidades de las comunidades autónomas.

En total, durante la campaña de incendios de 2021 el dispositivo contará con 73 medios aéreos de extinción; 7 unidades móviles de análisis y planificación y 10 Brigadas de Lucha contra Incendios forestales (BRIF) que tienen sus bases en Laza (Orense), Tineo (Asturias), Tabuyo (León), Lubia (Soria), Daroca (Zaragoza), Prado de los Esquiladores (Cuenca), La Iglesuela (Toledo), Puerto Pico (Ávila), Pinofranqueado (Cáceres) y Puntagorda (La Palma).

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología facilita productos de información meteorológica para apoyar en la toma de decisiones, adaptando sus informes a las especiales características de la lucha contra incendios forestales. La información meteorológica, de importancia capital en las tareas de anticipación, es cada vez más precisa, y representa en la actualidad uno de los sistemas más avanzados de Europa.

Mientras, el Ministerio de Defensa colabora aportando 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, en intervenciones de ataque directo al fuego y otros 1.500 en funciones de apoyo logístico, junto a los correspondientes medios materiales, tanto terrestres.

Su activación tiene lugar por el Ministerio del Interior, a solicitud de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, Defensa pone también a disposición el 43 Grupo del Ejército del Aire, encargado de operar los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica.

Por otro lado, se contará con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) en tareas de vigilancia, prevención e investigación y de la Dirección General de Tráfico, que pone a disposición sus paneles de información variables para colocar mensajes sobre el riesgo de incendios, entre otras actuaciones, como las informaciones por radio.

Finalmente, en el ámbito de la colaboración europea, Protección Civil señala que España participa con dos aviones apagafuegos de gran capacidad en la flota de medios aéreos del sistema rescEU transition que la UE puso en marcha en 2019. Sendos aviones están disponibles para apoyar a otros países siempre que no sean necesarios en España en base a la situación de incendios forestales y el riesgo previsto determinada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los participantes en el CECOD han hecho balance de la campaña de 2020, que se caracterizó por un número de incendios sensiblemente inferior a la media del último decenio. Un año más, se constata que los grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, suponen el principal reto de gestión. En 2020 hubo 19 incendios forestales de estas características.

Por distribución geográfica, las comunidades aytónomas más afectadas fueron Andalucía (23%), Comunidad Valenciana (17%) y Galicia (17%) y la Unidad Militar de Emergencias se movilizó en 21 ocasiones, casi la mitad en Galicia. Los medios de intervención del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por su parte, participaron en un total de 453 incendios forestales.

De estos incendios notificados al CENEM, el 9 por ciento tuvieron consecuencias sobre la población o bienes. Lo más significativo fue la muerte de seis personas, cuatro de ellos pertenecientes a los operativos de extinción, y las cerca de 7.500 personas que tuvieron que ser evacuadas en 32 incendios forestales.

En el ámbito internacional, España apoyó a Portugal con medios estatales en el incendio de Marvâo, y con medios autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Galicia en otras 15 ocasiones, gracias a la activación Convenio bilateral para incendios transfronterizos.

La Plataforma de Infancia, UNICEF España y Save the Children han pedido este miércoles que se respeten los derechos de todos los niños y niñas ante la crisis migratoria que se está produciendo en las últimas horas en Ceuta y Melilla, y han advertido de que su devolución en caliente es "ilegal".

En declaraciones, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, ha explicado que la organización hace un llamamiento a las autoridades españolas "ante la grave crisis humanitaria" que se ha producido estos días en Ceuta y en Melilla y ha avisado de que "la entrada excepcional de alrededor de 8.000 personas no debe suponer un menoscabo de los derechos de los niños y de las niñas".

"La Plataforma de Infancia quiere hacer, sobre todo, un llamamiento a la importancia de garantizar los derechos de los niños y niñas en esta crisis humanitaria que estamos viviendo en Ceuta", ha manifestado Ibarra.

En este sentido, ha asegurado que entienden que "está siendo una situación tremendamente excepcional", pero ha insistido en que "eso no puede suponer una excusa ni un menoscabo para reducir las garantías de derechos que se tienen que dar a los niños y a las niñas". "Tenemos constancia de que son centenares, si no miles, los niños y niñas que han entrado y muchos de ellos en situación de que no están acompañados", ha subrayado.

Por esa razón, considera que "es necesario que el Gobierno tome todas las medidas posibles para garantizar el interés superior de cada niño y niña, identificando a cada uno de estos, y garantizando sus derechos y, por tanto, buscando soluciones acorde a su interés superior, las más favorables, ya sea en la reagrupación familiar, en el caso que sea posible, o la toma de medidas de protección de aquellos niños que estén en desamparo".

"En ningún caso debemos admitir situaciones que no se deben dar y que son contrarias a la jurisprudencia y al ordenamiento jurídico como son las devoluciones en caliente, la separación de estos niños de sus familias o de sus hermanos", ha manifestado.

Para ello, ha destacado, "es necesario el apoyo absoluto a las administraciones que están trabajando allí y buscar la coordinación administraciones públicas y de entidades del tercer sector para abordar una situación tremendamente excepcional".

Desde UNICEF España han apuntado que "los niños y niñas migrantes, y más aún sin están solos, son triplemente vulnerables, y por ello han de encontrarse vías que permitan garantizar sus derechos y ser protegidos en todas las etapas del camino --en origen, en tránsito y en destino--, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos".

Por su parte, Save the Children ha insistido "en la ilegalidad de las devoluciones en caliente de niños, niñas y adolescentes, ante el riesgo de que se lleven a cabo expulsiones sin garantías y sin un sistema adecuado de identificación".

"Los convenios internacionales en materia de protección internacional y de derechos de la infancia impiden estas devoluciones sistemáticas y colectivas en caliente. Se trata de una práctica que no vela por el interés superior del menor. Debemos asegurar que se realice una valoración individual y personalizada de los perfiles más vulnerables que necesitan protección", ha explicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

La organización considera que la situación en Ceuta requiere de "una rápida respuesta humanitaria y un apoyo inmediato" a los servicios de protección de la infancia para "poder realizar una adecuada atención psicosocial con personal especializado que valore las necesidades de protección de la infancia, las mejores soluciones para su situación personal, así como los posibles riesgos en origen y garantizar así sus derechos".

"Ceuta necesita ayuda para gestionar esta situación. Es necesario contar con un protocolo ágil de respuesta compartida tanto a nivel español como a nivel de la Unión Europea. Urge establecer un mecanismo de reparto interterritorial en nuestro país y en Europa para equilibrar responsabilidades entre Comunidades Autónomas y a los países fronterizos", ha señalado Perazzo.

Por último, Save the Children aboga por un giro "drástico" en las actuales políticas migratorias de España y la Unión Europea para que no estén centradas en el control de fronteras y su externalización.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 84 casos positivos de Covid-19 confirmados, con lo que vuelve a subir con respecto al día anterior, en el que se notificaron 53.

Además, se ha producido el fallecimiento de una persona con Covid-19, en este caso un hombre de 73 años de Zafra, con lo que la cifra de víctimas desde el inicio de la pandemia aumenta a 1.762.

En los hospitales de la región hay 45 pacientes con coronavirus, dos menos que el martes, doce de ellos en las UCI, dos menos. Además, se han dado 93 altas, lo que equivale a un total de 73.642 desde el comienzo de la pandemia.

De esta forma, la incidencia acumulada a 14 días en la región se sitúa en 78,67 y a los 7 días en 40,37, frente a los 78,02 y 42,15, respectivamente, de la jornada anterior.

Asimismo, se han declarado tres nuevos brotes, uno en Cheles, con tres casos y 23 contactos, otro en Aldea del Obispo, con cinco casos y 35 contactos, y el último en Cáceres, con cuatro casos y 15 contactos; mientras que se cierran seis, dos en Badajoz, y uno en Villanueva de la Serena, Almendralejo, Mérida y Oliva de Mérida.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, la de Badajoz notifica 19 casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI. Registra 310 fallecidos y ha dado 20.670 altas; mientras Cáceres registra ocho casos positivos. Tiene siete pacientes ingresados, cinco de ellos en UCI. Acumula 470 fallecidos y ha dado 13.117 altas.

A su vez, el área de Mérida registra 17 casos confirmados. Tiene 11 pacientes hospitalizados por COVID-19, uno de ellos en UCI. Acumula 236 fallecidos y ha dado 13.211 altas; Don Benito-Villanueva de la Serena notifica dos positivos. Hay dos pacientes hospitalizados, uno en UCI. Acumula 237 víctimas mortales y ha dado 9.631 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia registra 10 casos positivos. Tiene 11 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 198 fallecidos y ha dado 5.705 altas; y Navalmoral de la Mata notifica cuatro positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19 y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.450 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra 24 casos positivos. Tiene seis pacientes ingresados. Ha registrado un total de 122 fallecidos y ha dado 5.622 altas; y Coria no registra casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 81 personas fallecidas y se han dado 2.236 altas.

El tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, y las temperaturas casi veraniegas sobre todo en la mitad sur predominarán este jueves en el conjunto de la Península, aunque también pueden producirse chubascos en zonas de montaña y el viento fuerte afectará a la zona del Estrecho, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET ha avisado a Cádiz, en concreto a la zona del Estrecho a al sur de Trafalgar por riesgo (aviso amarillo) por vientos de levante de hasta 80 kilómetros por hora y por fenómenos costeros a consecuencia de viento de Levante con fuerza 7.

También, aunque sin activar aviso, prevé en las islas Canarias, sobre todo en las de más relieve, soplan vientos alisios con rachas fuertes o muy fuertes.

Mientras, en casi todo el país se espera que continúe predominando el tiempo estable con cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad de evolución dispersa en zonas montañosas.

Además, la AEMET prevé intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en el Estrecho y Melilla y ve posibles las lluvias débiles y algún chubasco a primeras horas en el noreste de Cataluña.

Asimismo, al final del día espera que aumente la nubosidad en el noroeste de Galicia y no descarta, aunque con baja probabilidad, que se registren precipitaciones débiles por la aproximación de un sistema frontal poco activo.

Las temperaturas experimentarán un aumento casi generalizado, excepto en el sur de Andalucía, Estrecho y sureste peninsular donde descenderán. El ascenso será notable en Canarias orientales y en zonas de la mitad norte peninsular y se alcanzarán valores superiores a los habituales en Canarias y el suroeste peninsular. En concreto, prevé que se superen los 34 grados centígrados en el bajo Guadalquivir.

Por último, los vientos del este soplarán en el área mediterránea, con levante fuerte en el Estrecho. De norte rolando a sudoeste en Ampurdán y Menorca y se esperan vientos variables rolando a componente oeste en el Cantábrico. En Canarias se esperan vientos alisios con rachas fuertes o muy fuertes en Canarias, sobre todo en las islas más montañosas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha anulado el procesamiento del ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', por su presunta participación en el asesinato el 25 de junio de 1980 del directivo de Michelin Luis María Hergueta en Vitoria.

Según ha confirmado, la decisión del magistrado, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, se produce al comprobar que en esa fecha Josu Ternera no formaba parte de ETA político-militar, quienes reivindicaron ese atentado.

Ya en su declaración por videoconferencia ante Pedraz en febrero de este mismo año, Urrutikoetxea negó haber participado en el asesinato de Hergueta. Lo hizo cuando se le comunicaba su procesamiento por esta causa y por la financiación de la organización terrorista a través de las 'herriko tabernas'.

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

LAS CAUSAS VIVAS EN ESPAÑA Y FRANCIA

En concreto, además de la causa de las 'Herriko Tabernas' queda viva en España la causa que sigue el juez Ismael Moreno por el atentado que cometió en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza y que dejó once muertos, incluidos seis menores. Sobre esto ya le tomó declaración indagatoria en marzo.

Josu Ternera permanece en libertad en Francia a la espera de procesos pendientes en ese país. Y su procesamiento en España llegó después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por ese atentado concreto y por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las 'herriko tabernas'.

En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones de París se negó a enviarlo a España por la causa relativa a delitos de lesa humanidad en la que se apuntaba a su responsabilidad en los asesinatos cometidos por la banda terrorista cuando fue jefe de la misma.

En cuanto a los juicios pendientes en el país galo, Josu ternera solo tiene pendiente uno después de que el Tribunal Correccional de París devolviera a la fase de instrucción la causa relativa a su papel al frente del aparato político de ETA entre 2010 y 2013.

Si bien el juicio estaba fijado para el 21 y el 22 de octubre de 2020, la Fiscalía pidió retrotraer las actuaciones para corregir defectos de forma. El nuevo señalamiento se fijó para el 15 y el 16 de junio, aunque la celebración de este nuevo juicio dependerá de cómo concluya la instrucción.

Esta causa deriva igualmente de una condena que el que fuera el máximo responsable la organización terrorista recibió en rebeldía de manos de los jueces franceses a ocho años de cárcel y que también reclamó que se repitiera estando presente.

ERC ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique el nuevo destino aprobado para Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil que investigó el 1-O y otras causas que afectan a políticos del 'procés'.

En concreto, ERC quiere que Marlaska detalle ante la Comisión de Interior este "ascenso" para Baena, que pasa a formar parte del Mando de la Comandancia de Barcelona, dejando así su puesto actual como jefe de Policía Judicial en la Zona de Cataluña.

En la petición que firman los diputados Montserrat Bassa y Gabriel Rufián, motivan la solicitud de comparecencia en que Baena "asedió a sus propios investigados en redes y que bajo su mando se hizo público que el independentismo tenía vínculos con una trama conspirativa relacionada con clanes mafiosos rusos". ERC señala que este extremo "ha sido recientemente descartado por la Audiencia Nacional".

BATERÍA DE PREGUNTAS

En paralelo, ERC ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno responda sobre la idoneidad de que este mando de la Guardia Civil continúe ejerciendo en otros puestos de responsabilidad en Cataluña, por lo que instan a que el Ministerio del Interior se "replantee" su decisión.

"¿Considera el Gobierno español que, después de las críticas efectuadas por el teniente coronel a la labor de los Mossos d'Esquadra, es la persona adecuada para asumir el Mando de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona?", plantean. Como en meses precedentes, ERC le acusa de realizar tuits ofensivos desde una cuenta anónima.

El Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó ayer la resolución por la que Daniel Baena, a petición propia --al igual que otros oficiales-- y tras el visto bueno de la cúpula de Interior, pasa a ocupar un puesto dentro del "Mando/Plana Mayor de la Comandancia de Barcelona".

Las diligencias lideradas por Daniel Baena han permitido instruir numerosas causas que han afectado en los últimos años a los líderes independentistas, principalmente por las investigaciones que derivaron en el juicio que condenó a los miembros del Govern que impulsaron el referéndum del 1 de octubre de 2017. Desde entonces su labor ha sido cuestionada por los partidos independentistas.

Baena ha declarado como testigo en estos procedimientos, como el que juzgó la actuación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra liderada por Josep Lluís Trapero, aunque en este caso concluyó con la absolución. También ha impulsado otras investigaciones contra el entorno que da apoyo a la estrategia que lideró Carles Puigdemont desde la presidencia de la Generalitat o contra los Comités de Defensa de la República (CDR).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estudia ya los cinco recursos presentados por tres comunidades autónomas contra la decisión de sus respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ) de no ratificar las medidas frente al covid decretados una vez se levantó el estado de alarma el pasado 9 de mayo.

El alto tribunal confía resolver sobre este asunto, que inaugura el nuevo recurso de casación creado por el Gobierno por Real Decreto, entre este jueves y el viernes, han señalado fuentes jurídicas.

El primer recurso presentado fue el del Gobierno de Canarias, al que se sumaron después tres referidos al cierre perimetral del municipio de Montefrío (Granada): el primero presentado por la Junta de Andalucía contra la decisión del TSJ con sede en dicha ciudad de no ratificar la medida, una segunda decisión contra otro decreto que intentó imponer de nuevo el cierre y el recurso del fiscal, que pide retrotraer las actuaciones al momento anterior a las decisiones judiciales, por no haber sido consultada. Este martes llegó el último recurso, de la Junta de Castilla-La Mancha contra medidas en Quintanar del Rey (Cuenca).

El último en llegar se ha presentado contra la decisión adoptada este fin de semana por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de no aceptar el decreto autonómico que dictaba medidas en Quintanar del Rey (Cuenca) como el confinamiento perimetral, el toque de queda de 00.00 a 6.00 horas o el máximo de diez personas en grupos por su alta incidencia de casos de coronavirus.

En este último caso aún no se conoce el criterio de la Fiscalía, mientras que la postura del Ministerio Público respecto de los otros dos territorios sí se ha hecho pública.

POSTURAS OPUESTAS EN FISCALÍA

La Fiscalía ha informado de forma opuesta respecto de los dos primeros supuestos. Así, se muestra a favor de la anulación del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, con sede en Granada, que no ratificó el cierre perimetral del municipio de Montefrío.

En este caso, considera que la medida era necesaria e idónea al objetivo sanitario perseguido por las autoridades. Además, pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que retrotraiga las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la presentación de las alegaciones del Ministerio Fiscal en la instancia, que no fueron atendidas por una Sala que decidió en contra de las restricciones sin escuchar antes el criterio del Ministerio Público.

En el caso de Canarias, sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de la inadmisión de plano del recurso presentado por el Gobierno autonómico, que se presentó contra la decisión de su Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de no ratificar el cierre perimetral de las islas que se encuentren en nivel 3 y 4 para poder hacer frente a la pandemia por covid.

Considera que el recurso canario carece de interés casacional, por lo que no cabe que el alto tribunal delibere sobre la cuestión planteada y se alinea además con la decisión del TSJ canario al considerar el cierre de las islas una decisión que no ha sido correctamente justificada por el Gobierno autonómico.

Con todos estos informes sobre la mesa, el Supremo trabaja ya en una respuesta a cada una de las peticiones que se le han realizado, que las mismas fuentes señalan dependerá mucho del planteamiento concreto del recurso.

Desde esta Sala también se ha trasladado que estarán muy atentos a la postura de la Fiscalía y los criterios jurídicos que ésta ha puesto sobre la mesa en sus alegaciones y que tienen que ver con la extensión pretendida en las restricciones. Fuentes jurídicas apuntan que no es lo mismo una población pequeña que una isla a la hora de valorar la aplicación a estos supuestos de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, en la que se han basado las comunidades para imponer sus restricciones.

El 'quid' de la cuestión, sin embargo, puede encontrarse en el criterio que finalmente establezca el Tribunal Supremo a la hora de valorar si las medidas que afectan a derechos fundamentales pueden sostenerse en normas que no tienen la categoría de ley orgánica, como es el caso.

La Comunitat Valenciana ha registrado 138 casos nuevos de coronavirus en las últimas horas, periodo de tiempo en el que no se ha notificado ningún fallecimiento, una circunstancia que no se producía desde el pasado 17 de agosto, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

No obstante, desde Sanidad precisan que este dato lo que significa es que no se han notificado fallecimientos, ya que la cifra de víctimas se actualiza según llega la notificación. De esta manera, el número de personas que han perdido la vida como consecuencia de la covid-19 en la Comunitat Valenciana se mantiene en 7.411: 803 en la provincia de Castellón, 2.827 en la de Alicante y 3.781 en la de Valencia.

En las últimas 24 horas se han notificado 138 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 392.906 personas: 22 en Castellón (40.646 en total); 61 en Alicante (147.253 en total) y 55 en Valencia, (205.005 en total), mientras que hay dos casos no asignados.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 148 personas ingresadas: 25 en la provincia de Castellón, con un paciente en UCI (ayer ya no quedaba ninguno); 41 en la provincia de Alicante, 10 de ellos en la UCI y 82 en la provincia de Valencia, 23 de ellos en Unidades de Críticos.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.434 casos activos, lo que supone un 0,35% del total de positivos.

Desde la última actualización se han registrado 154 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 395.532 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.183 en Castellón, 147.735 en Alicante y 206.558 en Valencia. El total de altas no asignadas asciende a 56.

La Comunitat Valenciana ha administrado un total de 2.326.332 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 269.591 en Castellón, 855.239 en Alicante y 1.201.502 en Valencia. Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 764.431 personas: 86.063 en Castellón; 278.041 en Alicante y 369.082 en Valencia.

Además, se han registrado sendos brotes de origen social en Utiel, con once casos, y Castelló, con diez, según los datos de Sanidad.

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha exigido al Ministerio de Sanidad modificar "urgentemente" el proceso de adjudicación de plazas de formación especializada, que "deja desamparados y desprotegidos a miles de profesionales que deben elegir el lugar en el que se formarán durante los próximos años".

Tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nuevo sistema telemático de adjudicación de plazas, la institución, que representa a los 316.000 enfermeros de España, considera que esta es "una decisión muy injusta para un momento clave de la formación de los profesionales sanitarios, entre ellos 1.683 enfermeros, que deben elegir prácticamente a ciegas el lugar que marcará su futuro".

"Este procedimiento de elección de plaza es, sin duda, muy desafortunado porque modifica algunos de los puntos clave que tenía este proceso y que desaparecen de manera abrupta y desproporcionada. Hasta ahora, las enfermeras que acudían al Ministerio tenían la opción de ir viendo qué plazas se iban ocupando y, en base a eso, decidir la suya. En este momento, y con el BOE en la mano, todo esto desaparece", afirma su presidente, Florentino Pérez Raya.

Tal y como se expone en el boletín, "solo se podrá presentar una solicitud por persona, que recogerá, por orden de preferencia, todas las plazas que desee optar la persona interesada", sin opción a elegir posteriormente ninguna otra, ni modificar ni subsanar errores. Este punto pone límites a la posibilidad de que un enfermero, por ejemplo, decida seleccionar plaza en otra comunidad en el caso de que sus primeras opciones ya estuviesen completas cuando le tocase el turno.

Observamos una falta de garantías enorme en el proceso, que coarta la libertad de elección de los profesionales e, incluso, podría provocar que haya gente que se quedase sin plaza a pesar de haber aprobado el examen, con el esfuerzo que ello conlleva. Consideramos que es un proceso sin transparencia y al que el equipo de la ministra, Carolina Darias, debería dar una solución inmediata", subraya Pérez Raya.

Además de este proceso "opaco", el Consejo General de Enfermería pone de manifiesto también las numerosas quejas recibidas de enfermeras afectadas en lo que respecta a los tiempos de adjudicación. "El Ministerio de Sanidad deja tan solo 15 días a los profesionales desde el acto de adjudicación de plaza hasta la toma de posesión en el centro correspondiente. Con este proceso, podría ocurrir que algunos de los residentes tengan que buscar domicilio en otras ciudades o, incluso, comunidades en tiempo récord, lo cual dificulta todavía más la situación", destacan los enfermeros.

Para Pérez Raya, resulta "inadmisible" esta "nueva ofensa" a las profesiones sanitarias después del trabajo realizado durante los últimos 14 meses. "Muchos de estos enfermeros que deben elegir su futuro de esta manera impropia han estado estudiando y trabajando a la vez para luchar contra la crisis del COVID-19. No podemos permitir que, una vez más, se nos desprecie y minusvalore en un momento tan importante para la vida de cualquier enfermera residente como es la elección de plaza", apunta.

Asimismo, el presidente de los enfermeros critica que se hayan tomado las decisiones sin consultar a los interesados ni a sus representantes colegiales. Conscientes de su "indignación", el Consejo General de Enfermería ha mostrado su "absoluto apoyo" a la concentración que los futuros residentes realizarán frente al Ministerio de Sanidad el próximo 25 de mayo, con el fin de que "se les escuche y se tome una solución coherente y justa para todos".

La Universidad de Deusto ha iniciado las celebraciones del Año Ignaciano que conmemora el quinto centenario de la conversión de San Ignacio. El aniversario, denominado 'Ignatius 500', se celebra en todas las obras e instituciones de la Compañía de Jesús de todo el mundo entre el 20 de mayo, aniversario de la herida sufrida por el santo en Pamplona y que fue el detonante de su transformación, y el 31 de julio de 2022, festividad de San Ignacio.

El Año Ignaciano en Deusto arrancó este pasado miércoles en el campus de San Sebastián, y este jueves en el de Bilbao. Los actos se ha abierto con el sonido de la alboka y la txalaparta para seguir con una breve inauguración a cargo del rector, José María Guibert.

También se ha presentado la exposición 'Mirada que transforma un mundo en crisis', un conjunto de paneles con textos que buscan "aludir a realidades humanas y sociales muy importantes en este tiempo de pandemia: las 'globaldemias' climática, demográfica, especulativa y xenófoba'.

Guibert ha destacado que "si algo tiene la religión, comparada con otras narrativas o ideologías o formas de pensamiento, es que es una luz que ilumina la vida". "Como se hace en estos paneles, la religión es una mirada, una mirada no neutra a un mundo en crisis", ha añadido.

Con esta conmemoración, los jesuitas evocan un suceso de hace 500 años, "una herida casi de muerte que le provocó una crisis personal que derivó en un cambio y en el inicio de un camino que comenzó en Pamplona y terminó en Roma". Una experiencia que, según el rector, enseña que "no hay cambio, si no hay transformación interior" porque "la transformación social comienza en uno mismo, en nosotros mismos, y en nuestra propia institución".

En la inauguración de Bilbao, José María Guibert ha incidido en la oportunidad que supone este año ignaciano para profundizar sobre el trabajo de los jesuitas y la oportunidad para renovar "nuestra vida, tomar el pulso a cómo estamos y crecer en ilusión y motivación en lo que hacemos". Una reflexión que se fija en las "heridas" sufridas por san Ignacio como símbolo para buscar "formas de seguir renovándonos y que las heridas y sufrimientos sean una ocasión de transformación y profundización".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Estos eventos en Deusto constituyen los primeros hitos de un variado programa de actividades que, a lo largo de todo el periodo ignaciano, tendrán un desarrollo por etapas: "perspectiva, fragmentación, nueva vinculación y solidaridad". Con la exposición, que estará abierta en ambos campus del 18 de mayo al 21 de septiembre, se cubrirán la primera etapa de 'perspectiva'.

La etapa de 'fragmentación' se extenderá de septiembre a diciembre y consistirá en conferencias y encuentros para "sensibilizar y acercarse a las fracturas del mundo". Más experiencias, esta vez con realidad virtual sobre 'globalmedias' que padece la humanidad, se vivirán en la etapa de 'nueva vinculación' que tendrán lugar hasta marzo del 2022. La última etapa del camino se celebrará con una gala que, bajo el lema de "Solidaridad", será un encuentro para reflexionar sobre el camino andado por la comunidad universitaria.

El teléfono único de emergencias 112 de Ceuta ha atendido desde la mañana del lunes y durante las últimas 48 horas un total de 1.716 llamadas que han derivado en la resolución de 416 incidencias, en su mayoría motivadas "por peleas, asentamientos ilegales, molestias a viandantes e intentos de robo y allanamiento de viviendas y locales", ninguna con consecuencias graves, según ha informado el Gobierno de la Ciudad en un comunicado a los medios.

Tras la entrada irregular de unos 8.000 ciudadanos marroquíes en la localidad española, de los que el Ejecutivo central ya da por devueltos o retornados voluntariamente a 5.600, la existencia de miles de personas deambulando por las calles del centro y, sobre todo, las barriadas de la periferia de la localidad española norteafricana, ha generado un aluvión de alertas ciudadanas.

El mayor volumen de trabajo se concentró durante la madrugada del martes, cuando se gestionaron 599 llamadas y 133 incidencias solamente entre las 22,00 y las 2,00 horas, cuando existía un mayor número de migrantes vagando por la ciudad. En comparación, entre las 22,00 y las 7,00 horas de este miércoles se han atendido 200 alertas que dieron pie a 50 incidencias.

La mayoría de llamadas se ha recibido desde barriadas como Hadu, Juan Carlos I, Benítez, San Amaro o el entorno de la antigua prisión de Los Rosales, aunque en la zona centro también se alertó de la existencia de reyertas entre los propios indocumentados, en algún caso con heridas de arma blanca que no revistieron mayor gravedad.

La Policía Local ha atendido requerimientos por intentos de robo en locales comerciales de la zona de Juan XXIII, a aproximadamente un kilómetro de la frontera, y desde el Centro de Realojo Temporal 'La Esperanza' y Los Rosales se ha dado cuenta de apedreamientos. El vecindario de otros barrios ha alertado de la realización de hogueras en la vía pública y de la existencia de "asentamientos ilegales". En la avenida Madrid se ha avisado de tentativas de allanamiento de moradas que tampoco se consumaron.

En el Hospital Universitario de se han atendido 172 asistencias, 141 durante la jornada de este martes y 31 a lo largo de la mañana de este miércoles. En Atención Primaria se ha asistido a 27 personas, siete en el Servicio de Urgencias y veinte por el 061. Ninguna de ellas ha exigido el ingreso de los pacientes.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel por un delito de incendio forestal a un varón acusado de provocar intencionadamente llamas en un paraje localizado entre los términos municipales de El Garrobo, Gerena y Guillena. Además, se le impone una multa de 3.060 euros y dos años de "medida de seguridad de internamiento para tratamiento médico en establecimiento adecuado a su alteración psíquica".

Según una sentencia emitida por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el pasado 19 de abril, por acuerdo de conformidad entre las partes del procedimiento judicial, sobre las 17,25 horas del pasado 29 de agosto de 2020, el ciudadano de origen pakistaní Khalid N.B. utilizó dos mecheros para "prender fuego en el curso de un arroyo de aguas estacionales en el paraje La Estrella del arroyo La Parrilla, que discurre por el interior de las fincas de La Estrella y Las Carmonillas y delimita los términos municipales de El Garrobo, Gerena y Guillena".

Ello, a sabiendas de que "el fuego se extendería y así lo pretendía, al albergar dicho cauce abundante vegetación" como zarzas y adelfas y arbolado con ejemplares de chopo y acebuche, mientras su entorno estaba poblado además de pastizal y encinas, así como de "manchas dispersas de matorral de especies muy inflamables como la aulaga".

El incendio, según la sentencia condenatoria, afectó a varias fincas y parcelas pertenecientes a particulares, los ayuntamientos de El Garrobo, Gerena y Guillena y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); siendo el fuego declarado "a escasos dos kilómetros de la población de Las Pajanosas", perteneciente a Guillena, y "a unos 500 metros de la casa de uno de los guardas de la finca El Esparragal, quien estaba en esa casa con su familia".

GUIANDO A LOS BOMBEROS

Tras provocar el incendio, según la sentencia, el varón condenado por el mismo se situó en un puente elevado sobre el trazado de la autovía A-66 o de la Ruta de la Plata, "guiando con señas a las fuerzas de seguridad y a los servicios de extinción" que acudían a luchar contra las llamas. Según el relato de hechos probados, el acusado también "guió a agentes de la Guardia Civil hasta el lugar donde había escondido los dos mecheros" usados para provocar las llamas, manifestando a los efectivos que "unos espíritus" le habían indicado dicho lugar.

No obstante, un posterior registro policial de la caseta de ladrillo usada por este hombre como domicilio se saldó con el hallazgo de "dos mecheros de idénticas características a los encontrados en el lugar del incendio y una garrafa con restos de gasolina".

La sentencia declara además probado que Khalid N.B. "presenta un trastorno por dependencia del alcohol y trastorno psicótico con predominio de ideas delirante por el consumo de alcohol", lo que mermaba de manera moderada/grave sus capacidades volitivas e intelectuales en el momento de los hechos, calificados como delito de incendio forestal.

"INTERNAMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO"

Así, con la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica, y de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, Khalid N.B. resulta condenado a dos años de cárcel, una multa de 3.060 euros, la "medida de seguridad de internamiento para tratamiento médico en establecimiento adecuado a su alteración psíquica" por dos años y el pago de las costas del proceso judicial.

En materia de responsabilidad civil, ha de indemnizar con 12.742 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados por la extinción del incendio; con 67.858 euros a los dueños de la finca El Esparragal por los daños en la misma y a otros dos particulares, los ayuntamientos de El Garrobo, Gerena y Guillena y la CHG en lo que se determine de los daños por valor de 19.618 euros calculados respecto a los suelos de su titularidad, "caso que reclamen cantidades".

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como 'El Pequeño Nicolás', vuelve este jueves al banquillo de los acusados para encarar un tercer juicio, esta vez, acusado de falsificar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para que un amigo, al que habría pagado 6.000 euros, le suplantase en el examen de selectividad de 2012, por lo que se enfrenta a cuatro años y seis meses de cárcel.

La vista comienza maña Audiencia Provincial de Madrid, aunque está previsto que se extienda al 21 y el 25 de mayo. En esta ocasión, la Fiscalía le reclama cuatro años y medio de cárcel y una multa de 36.000 euros en calidad de cooperador necesario e inductor de un presunto delito de falsedad en documento oficial.

Según el informe policial entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que fue el que instruyó el caso, Francisco Nicolás consiguió un DNI con sus datos y la fotografía de su amigo Manuel Avello para que este último le hiciera la prueba de acceso a la universidad que se celebró en septiembre de 2012.

Para ello, el joven habría contado con la ayuda de una funcionaria de la comisaría de Tetuán. Acusada de haber tramitado el DNI falso a sabiendas de que lo era, el Ministerio Público pide para ella cuatro años de prisión y 2.160 euros de multa como autora de un delito de falsedad en documento oficial.

En cuanto al amigo que hizo el examen en nombre de 'El Pequeño Nicolás', el Ministerio Fiscal le señala como cooperador necesario proponiendo que sea condenado a otros cuatro años de cárcel y a una multa de 1.620 euros.

OTROS COMPINCHES

A fin de evitar flecos sueltos, Gómez Iglesias habría informado a sus compañeros de clase vía WhatsApp de que un amigo le haría selectividad. De acuerdo con el informe policial, incluso envió fotos del suplantador al chat para que le reconociesen y "lo integrasen en el grupo".

Varios compañeros de Francisco Nicolás aseguraron en sus declaraciones que tanto el amigo como ellos iban a ser recompensados por el encubrimiento. Uno de los jóvenes concretó que Avello cobró 6.000 euros por hacer el examen.

El jefe de estudios del Instituto J.Y.J. también estaba al tanto de los planes del joven. En su caso, debía conseguir información sobre el profesor que iba a encargarse de los alumnos del centro educativo durante los exámenes de selectividad, ya que si conocía a Francisco Nicolás "truncaría todas las posibilidades de ser suplantado" y, a cambio, Gómez Iglesias prometió trabajo a sus hijas y a la pareja de una de ellas.

Francisco Nicolás hizo creer a una de las hijas que tenía una "estrecha relación" con el presidente del Grupo Pascual, Tomás Florencio Pascual. Con este objetivo, creó una cuenta de correo electrónico simulando que era el alto cargo del grupo de lácteos y le escribió varios mensajes asegurándole que iba a ser contratada en la empresa, de tal modo que ésta dejó su puesto de trabajo.

Finalmente, 'El Pequeño Nicolás' obtuvo un 8,25 en la prueba de acceso a la universidad, pese a que su nota media de bachillerato era un 5,53, lo que le permitió ingresar en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En este centro estaba estudiando Derecho y Administración y Dirección de empresas cuando fue detenido.

TRES DÍAS DE JUICIO

Según han informado fuentes jurídicas, el primer día de juicio está prevista la formación de la Sala, la tramitación de las cuestiones previas, los interrogatorios de los tres acusados y la declaración en calidad de testigos de policías nacionales y del Inspector Jefe, J. Miguel T. S..

El viernes, 21 de mayo, declararán en calidad de testigos compañeros de clase de los procesados y varios empleados de la oficina de DNI y para el martes 25 de mayo está prevista la presentación de los informes periciales y los informes documentales propuestos por las partes.

El juicio proseguirá con las conclusiones e informes definitivos de calificación de cada una de las partes incursas en el procedimiento y concluirá con el acto voluntario de la toma de la denominada 'última palabra' de cada uno de los tres procesados, para quedar visto para sentencia.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha mostrado este miércoles su solidaridad con lo que está ocurriendo en Ceuta, apuntando que el archipiélago "conoce bien" lo que está viviendo al haber estado en una situación "similar", por lo que espera que todo ello sea una "oportunidad" para abordar los flujos migratorios.

Santana ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que ha convocado este mismo miércoles la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para abordar la situación de los menores que migran solos a Ceuta.

En este sentido, la consejera canaria de Derechos Sociales ha subrayado que lo de la ciudad autónoma se está convirtiendo en una situación de "emergencia humanitaria y migratoria", afirmando que "Canarias conoce bien lo que es vivir una situación similar" para, agregar, que de hecho lleva "un año y medio lidiando con esta situación".

Por ello, ha incidido "una vez más" en que el sentir del Gobierno de Canarias es que "no" se puede "dejar la responsabilidad solo a las comunidades autónomas receptoras de personas inmigrantes", subrayando que "no" puede ser una cuestión de solidaridad, sino de corresponsabilidad.

"Hay que regular y legislar a través de una ley para que el Estado también sea responsable de la tutela de estos niños y niñas", apostilló para añadir la necesidad de hacer un "reparto equilibrado" en base a los recursos de autonomías, ya que ha matizado que cada vez llegan "más familias, más menores de edad" no acompañados, por lo que entiende que habrá que adaptarse a los nuevos flujos migratorios.

"DESCONTENTO" CON LA GESTIÓN DE LA CRISIS MIGRATORIA

Asimismo, Santana ha afirmado que desde Canarias, tanto desde la sociedad como desde el propio Ejecutivo regional, "siempre" han trasladado al Gobierno central su "descontento por como se está gestionando la crisis migratoria" en el archipiélago.

"Espero que esto sea una oportunidad y no una marcha hacia atrás ahora que otra ciudad autónoma se ve también afectada por los flujos migratorios", apuntilló para agregar que se han podido ver en los medios de comunicación "imágenes trágicas que en Canarias hace mucho tiempo" que se están viendo.

Esto, dijo, espera que "despierte conciencia y haga de impulso para encontrar soluciones de una vez, no solo para Ceuta", para que le mostró toda su solidaridad, "sino también para Canarias".

Actualmente, Canarias tiene unos 2.700 menores bajo su tutela en 29 centros y recursos de acogida, cuando "su capacidad es para unos 500". Así, del total que tiene el Gobierno regional se han trasladado a otras comunidades 101 menores --25 a Extremadura, más de 40 a Cataluña y también a Castilla y León--, si bien ha insistido en que esto ha sido posible gracias al ofrecimiento de las comunidades, algo que agradeció pero reiteró que "debería ser una responsabilidad de todos y que por ley se obligara a todos".

La eurodiputada y secretaria Internacional de Podemos, Idoia Villlanueva, ha reafirmado la posición de su formación favorable a la libre determinación del pueblo saharaui, como define el derecho internacional, y ha defendido no ceder al "chantaje" de Marruecos, a la que ha acusado de generar la crisis migratoria en Ceuta con el fin de "presionar" y provocar "tensiones" en España.

También ha demandado un cambio de rumbo en la política migratoria de la UE para "no permitir que Marruecos y la extrema derecha cobarde y servil" utilicen a personas "para chantajear y difundir un discurso de odio". De esta forma, ha demandado "acabar con unos acuerdos migratorios que son la vergüenza de Europa".

En declaraciones difundidas en redes sociales, la dirigente de la formación morada ha señalado que se está asistiendo a un "nuevo episodio" en la "política de intento de chantaje de Marruecos a España", quizás el "más grave" en la "crisis" que atraviesa desde hace tiempo en la relación de vecindad entre ambos países.

Villanueva ha criticado que Marruecos haya decidido utilizar "a personas y familias en una situación de extrema vulnerabilidad", a sus propios ciudadanos, para "ejercer presión" y "generar tensiones políticas".

Sobre todo después de que España haya acogido al líder saharaui Brahim Ghali para tratar un caso grave de Covid-19, unido también a un aumento de las "aspiraciones expansionistas" en el sáhara occidental y los "bien preciados" recursos de pesca y minerales, tanto saharauis como canarios.

Por tanto, Villanueva ha subrayado que se tiene que ser "claro" y España tiene que defender su soberanía, lo que implica "no ceder a chantajes" que trata de ejercer Marruecos "a costa de la vida y los derechos fundamentales" de muchas personas, así como demandar el cumplimiento "estricto" del derecho internacional.

RECLAMA UNA POSTURA COMÚN DE LA UE

La dirigente de Podemos también ha aludido a que las "injerencias" de Marruecos, que también ha tenido conflicto con Alemania, "refuerza la necesidad de una postura común" en el seno de la Unión Europea, que debe estar presente también en las conversaciones con Marruecos y la sociedad civil.

TOCA ATENDER A LOS MIGRANTES CON TODAS LAS GARANTÍAS

Ante la crisis humanitaria, Villanueva ha dicho que ahora "toca atender" con "garantías" y respeto a los derechos humanos a todos los migrantes, entre ellos muchos niños.

En el plano comunitario, ha apelado a la necesidad de "corregir las deficiencias" de una política migratoria en la UE, que se ha demostrado "errática" e "inútil".

De esta forma, ha instado a ir "a la raíz" de los conflictos y las causas que derivan en la migración "forzosa", que evite "crisis humanitarias" como la vivida en Ceuta.

Finalmente, ha demandado nuevos instrumentos en política exterior de la UE, con un reparto "más justo" en la responsabilidad de los estados miembros y un "cambio de rumbo" a la estrategia desplegada hasta la fecha..

Esto "no pasa", a su juicio, "por más Frontex" (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y sí por el despliegue de más recursos para políticas de asilo "eficaz" y comprometida por los Derechos Humanos.