El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que su formación fiscalizará la gestión de los fondos europeos para combatir la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y ha advertido de que denunciará «cualquier atisbo, de arbitrariedad o irregularidad».

En una rueda de prensa retransmitida telemáticamente desde la sede del PP en Madrid para hacer balance de este año, Casado ha alertado de que no piensa «pasar ni una» y que realizará el seguimiento de cómo se ejecutan estos fondos con parlamentarios de su formación, pero también con exministros, ex secretarios de Estado o ex directores generales.

Todo ello antes de reconocer que ve «preocupante» lo conocido hasta ahora del esperado decreto ley para agilizar la gestión de los fondos europeos, y asegurar que «si se quitan las cortapisas y garantías a nivel administrativo, se tienen que reforzar a nivel parlamentario». «Si no, estaríamos conculcando en la honestidad, eficacia y pluralidad en el reparto de ayudas», ha dicho.

En este sentido, se ha referido al «diferencial de 400 millones» señalado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a Cataluña, y ha reclamado «equidad» en el reparto de fondos, para lo cual ha puesto como garantía una autoridad independiente para «evaluar dónde van esos fondos».

Sin profundizar en las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, ha señalado que Madrid es «similar en población, en renta hasta hace poco, y en peso en la economía nacional» con Cataluña.

CREE QUE CON UN ACUERDO CON EL PP LAS AYUDAS LLEGARÍA ANTES

Preguntado por la gestión de estos fondos, Casado ha insistido en su propuesta de una agencia independiente para gestionar las ayudas, pero también en alcanzar un acuerdo para el plan de reformas que debe acompañar a las mismas y que debe presentarse en Bruselas, subrayando que al Gobierno «le vendría mucho mejore para la rapidez en la su concesión ir a Bruselas con respaldo parlamentario».

«Si no, puede pasar como el año pasado», ha apostillado, haciendo referencia a que este año dejaron de ejecutarse 38.000 millones de euros procedentes de fondos comunitarios de cooperación y cohesión. En todo caso, ha afirmado que «no todo son los fondos» pues, si bien reconoce que «vienen muy bien» duda de que «sean la solución por sí mismos».

DUDA QUE LOS FONDOS «SEAN LA SOLUCIÓN POR SÍ MISMOS»

«Dudamos que los fondos sean la solución por sí mismos. Lo es por ahora la compra masiva de deuda pública por el Banco Central Europeo (BCE) de 330.000 millones este año. ¿Pero cómo vamos a refinanciar 300.000 millones el año que viene?», se ha preguntado, señalando a renglón seguido que, aun con un «rebote» de la economía «si la vacuna va muy bien», existe un riesgo de que España quede «rezagada» en la recuperación.

En este supuesto, ha advertido de que entonces el BCE «tendrá más difícil hacer programas de estímulo» y que en ese caso «habría que ir al programa Mede (Mecanismo Europeo de Estabilidad) de rescate directo». «Ese que el Gobierno no quiere por el estigma que supone en la financiación en los mercados internacionales», ha apostillado.

INSISTE EN APROVECHAR LOS FONDOS PARA BAJAR IMPUESTOS

Por otro lado, Casado ha recordado que la Comisión Europea permitirá la utilización de los fondos europeos para rebajar impuestos y ha reivindicado esa vía para evitar la quiebra de empresas, ante la dificultad de sectores para emplear subvenciones vinculadas a la digitalización, como los del ocio, la hostelería, la movilidad o la cultura, y la insuficiencia, a su juicio, de los planes de ayudas aprobados.

Para otros aspectos del plan de reformas, ha recordado que su propuesta pasa por atender a criterios de despoblación y eficiencia en la Administración en lo referido a la digitalización, la ‘mochila austriaca’ para el sistema de indemnización por despido, culminar los corredores de mercancía y tramos de alta velocidad ferroviarios y un plan de sostenibilidad hidráulica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes que el apoyo al independentismo catalán se vaya a pagar a costa de los madrileños que van a recibir 422 millones de euros menos del fondo REACT-EU procedentes de la Unión Europea para afrontar el impacto de la crisis generada por el coronavirus.

Así lo ha trasladado Ayuso en la Real Casa de Correos en rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno del año. «Tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña tienen escenarios sociales y económicos muy parecidos, y, sin embargo, el reparto perjudica claramente a nuestra Comunidad», ha criticado la presidenta regional, que ha insistido que ese dinero hace falta a todos.

Ayuso ha afirmado que el reparto de fondos europeos «está pensado contra los madrileños» y que, por ello, denunciarán «ese maltrato a Madrid en todas partes», en Bruselas y en España, ha detallado.

«No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y en el momento menos adecuado», ha lanzado la presidenta.

«NUNCA SE HA VISTO TANTA ARBITRARIEDAD CONTRA MADRID»

Es por ello que la presidenta, durante su discurso, ha trasladado que España «debe trabajar como un solo país fuerte contra la crisis económica, sin discriminaciones ni arbitrariedades» y que «nunca se ha visto tanta arbitrariedad así», ha alarmado en referencia a los fondos. «Denuncio el sectarismo que en muchas ocasiones ha habido contra la Comunidad de Madrid», ha recalcado.

Así, ha hecho un llamamiento a los socialistas de los que espera que sus portavoces de la Asamblea de Madrid les apoyen «en este momento», cuando deben «explicar la discriminación» por el hecho de que Cataluña vaya a recibir el 17% de estos fondos frente al 13% de Madrid, «aunque ambas tienen casi el mismo peso sobre el Producto Interior Bruto nacional».

En este punto, ha recordado que hace tiempo denunciaron que «los independentistas y Podemos» querían subirles los impuestos y que, «como no lo van a conseguir», han decidido «discriminarles» en el reparto de fondos de la Unión Europea. No obstante, a pesar de las «discrepancias», Ayuso ha ensalzado a su Gobierno, que se caracteriza «por el diálogo».

Ya al término de la rueda de prensa, a las preguntas de los periodistas, Ayuso ha reiterado que van a denunciar «todo aquello que vaya de manera directa en contra de los intereses de Madrid» y frente a todo lo que consideren «un atropello y que es perjudicial».

«En los próximos meses vamos a pedir a los organismos europeos que se tenga en cuenta que esos fondos van en parte destinados a las regiones que peor lo han pasado y que Madrid es una de ellas. Aquí, o se reactiva la economía, la clase media y el turismo o no hay país que levantar», ha lanzado la presidenta.

La presidenta del Ejecutivo madrileño, también ha aprovechado la intervención para hacer un balance de 2020. Ha indicado que, conforme a su promesa política de mantener los criterios que han hecho de la Comunidad de Madrid «el motor económico de este país» y a su compromiso «con la libertad», han mantenido «algunos desencuentros con el gobierno central, que no comparte sus políticas liberales».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Trabajo, la prórroga del real decreto por el que el se estableció una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas, con el fin de dar más margen a la negociación del diálogo social para acordar cuál debe ser la evolución del SMI el próximo año.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, con la prórroga aprobada hoy se garantiza la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del salario mínimo como garantía salarial para las personas trabajadoras, que gracias a esta extensión continuarán protegidas.

También se protege a los trabajadores que estaban pendientes de este SMI y que podrían haberse quedad en un limbo legal a partir del 31 de diciembre si no se hubiese aprobado esta prórroga.

El mes de febrero de este año fue cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que el se establecía una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta subida fue fruto del acuerdo.

Trabajo ha dejado claro que la prórroga tiene carácter temporal y que supone una prórroga del vigente SMI hasta que se apruebe el Real Decreto que lo fije para 2021, una vez se acuerde en el marco del diálogo social.

«Con la prórroga, también se garantiza la participación de los agentes sociales para fijar el SMI en un contexto social y económico de especial dificultad y de caminar en la senda de crecimiento de su cuantía en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del programa de Gobierno, y en el ámbito europeo e internacional«, indica el departamento que encabeza de Yolanda Díaz.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) ha acordado este martes una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicarse al particular contra el que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se querelló por seis delitos al considerarle el «instigador» de las protestas frente a su vivienda por la gestión del Ejecutivo de la pandemia del coronavirus, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha aceptado tanto la petición formulada por la Fiscalía de Madrid como la defensa de Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que prohibiera al querellado acercarse a su domicilio o lugar de trabajo, además de comunicarse con ellos por cualquier canal, si bien ha acordado la distancia solicitada por el Ministerio Público.

Los abogados de los líderes de Podemos han interesado que la orden de alejamiento fuera de 3 kilómetros, según han indicado las mismas fuentes consultadas.

Dichas peticiones se han realizado justo después de que el querellado, Miguel Ángel Frontera, haya declarado ante el juez. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia judicial, ha admitido su participación en las protestas frente a la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar.

En este sentido, según han indicado las fuentes consultadas, Frontera ha explicado que éstas han sido motivadas por la gestión en especial por la gestión que ha hecho Iglesias de las residencias de ancianos frente a la covid-19. La defensa del querellado, ejercida por la abogada Polonia Castellanos, ha solicitado el archivo de las actuaciones al entender que no hay ninguna prueba de la comisión de ningún delito.

IGLESIAS Y MONTERO DICEN SENTIR «MIEDO»

Iglesias y Montero comparecieron este lunes ante el juez por videoconferencia para ratificar la querella. Durante sus declaraciones afirmaron que sentían «miedo» de las protestas y que las «rutinas» de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados, han señalado las mismas fuentes jurídicas.

Iglesias presentó el pasado mes de julio una querella contra Miguel Ángel Frontera Díaz por los presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo «a diario» al menos desde el pasado 15 de mayo, «hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar», todo lo cual le produce una «grave alteración» de su vida cotidiana y de la de su familia.

GRABACIÓN DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

La querella hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona y, según consta en el escrito, «los medios de comunicación refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos.

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad», y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

«Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución», explica el escrito, que opina que la conducta de Frontera «no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia», concluye la querella.

Asimismo, destaca que el delito de acoso encaja con la conducta de Frontera, «puesto que ejerce una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo por parte del querellado o su pareja» y «se produce un atentado a la libertad de Don Pablo Iglesias puesto en el tiempo en que el querellado está en las inmediaciones de la vivienda, impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc».

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, concede una subvención de 29.000 euros a la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la RASD para ejecutar el proyecto ‘Apoyo a la manutención básica, salud, agua y medio ambiente y sensibilización’ ante la emergencia provocada en los campamentos de refugiados por la pandemia del COVID-19.

El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, ha recordado que el Sahara ha sido un continuo referente en los proyectos municipales de Cooperación al Desarrollo, con programas de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria desde 1991, dirigidos fundamentalmente a temas escolares y de sanidad.

Desde hace casi treinta años, ha recordado, la Asociación Riojana de Amigos del Sahara presenta en este Ayuntamiento la solicitud de subvención para desarrollar el Programa ‘Vacaciones en Paz’. Este proyecto, ha indicado, consiste en la acogida de niños saharauis en familias de Logroño para pasar los meses de julio y agosto.

«Tiene un marcado carácter humanitario, debido a las condiciones de extrema dureza que se sufre en los campamentos de refugiados con carencias de todo tipo (alimentación, sanidad, etc.)» El objetivo primordial de este programa, ha detallado, «más allá del disfrute de vacaciones de estos niños, son los reconocimientos y tratamientos médicos para ellos, ya que las mayores patologías que sufren son las relacionadas con los oídos y vista».

Además, ha apuntado, «el Ayuntamiento de Logroño mantiene una especial relación con la antigua Colonia del Sahara Occidental, especialmente con la Daira de Hagunia, ciudad que está cerca de El Aaiun y forma parte del territorio ocupado por Marruecos, con la que estamos hermanados».

Este año, la situación de pandemia mundial por COVID imposibilitó realizar esta actividad. Por ello, «la Asociación solicitó modificar el objeto del programa para el año 2020 y presentar un nuevo programa denominado ‘Apoyo a la manutención básica, salud, agua y medio ambiente y sensibilización: Emergencia frente a COVID19 en los campamentos de refugiados’, que se lleva en coordinación de la Media Luna Roja Saharaui».

Este programa, ha informado Iván Reinares, «va destinado a cubrir el déficit producido como consecuencia de la pandemia en los campos de refugiados. Por ello vamos a firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. para la concesión de una subvención de 29.000 euros».

El objetivo de esta subvención es cubrir el déficit en los sectores de alimentación, salud, agua y medio ambiente producido como consecuencia de la pandemia. De esta manera, ha especificado el concejal de Servicios Sociales, «en materia de alimentación, se pretende garantizar la canasta básica (harina, aceite, azúcar, arroz, lentejas, alubias, pasta) para 77.232 personas durante cinco meses y la distribución de productos frescos».

Por otra parte, ha detallado, en materia de salud, «se incidirá en la higiene, la prevención y adquisición de materiales y equipos de diagnóstico, medicamentos y materiales de protección frente al COVID-19; y se apostará por mejorar la calidad del agua y habilitar depósitos de 1 metro cúbico para familias y depósitos de 250 metros cúbicos para su almacenamiento y distribución.»

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD, José Tomás Navajas, ha concretado que esta ayuda se centrará en el mantenimiento del centro de aislamiento en el que se confina a las personas que entran a los campos de refugiados y en otra zona a las que dan positivo para contener así la propagación del virus.

José Tomás Navajas ha insistido en la crítica situación que están viviendo los campos de refugiados, «ya de por sí precaria, que se ha visto agravada al cerrarse el tránsito de personas, alimentos y de ayuda humanitaria, así como por la crítica situación política que sufre el pueblo saharaui tras la violación de Marruecos de la tregua».

Con esta subvención, ha destacado Iván Reinares, «el Ayuntamiento de Logroño espera paliar, en la medida de lo posible, la precariedad de la salud y la falta de medios, tanto en alimentación como en medicamentos, equipos, transporte de agua y residuos, que padecen los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, donde más de 200.0000 saharauis sobreviven en condiciones infrahumanas desde hace más de 40 años, cuya situación se ha agravado por la pandemia».

Asimismo, ha subrayado, «queremos manifestar nuestro apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 82 estados, para que pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, de acuerdo con el Plan de Paz acordado por la ONU en 1991 y apelamos a la responsabilidad de la Comunidad Internacional para que se implique en lograr la mejor solución pacífica y democrática, especialmente en estos momentos en los que Marruecos ha roto la tregua pactada y el alto al fuego en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, agravando la tensión en la zona».

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza ‘Entidades’, en la que se investiga al banco suizo HSBC, junto al Banco Santander y a BNP Paribas por un supuesto delito de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, al entender que no hay evidencias suficientes para mantener la acusación.

Esta investigación, que arrancó en 2016, deriva del análisis de la información obtenida de la base de datos proporcionada por Hervé Falciani en 2009, una lista con 130.000 titulares de cuentas sin declarar en la filial suiza del HSBC -700 de nacionalidad española- a la que se fueron sumando con posterioridad los elementos de la investigación practicada y que fueron surgiendo como consecuencia de la misma en el juzgado del que era titular hasta hace pocas semanas el magistrado José de la Mata –hoy en Eurojust–.

Los fiscales encargados de la causa, Juan José Rosa y Carmen Launa, señalan en su informe de 20 páginas que, si bien las actuaciones «podrían quedar incardinadas en el delito continuado de blanqueo de capitales» –atendiendo al artículo 301 del Código Penal– porque la operativa «ha contribuido al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delitos», se decantan finalmente por que se sobresea el asunto.

Y uno de los motivos que dan es que las numerosas evidencias afloradas durante el proceso indagatorio «podrían resultar insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal a título de dolo, a la vista de la ausencia de una prueba directa, inequívoca y sin fisuras» que acredite el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por Banco Santander y BNP Paribas a la entidad de alto riesgo HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas.

Cabe recordar que De la Mata en 2017 había imputado en esta pieza a una decena de directivos del Banco Santander y de BNP Paribas –en su mayoría destinados en departamentos de prevención de blanqueo de capitales– después de analizar la documentación aportada en los registros realizados a las dos entidades y tras estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

EL «RIESGO ASUMIDO» POR LOS RESPONSABLES DE SANTANDER Y BNP

Los fiscales apuntan que en este caso el trabajo llevado a cabo por los peritos judiciales «ha puesto de manifiesto la existencia de numerosos elementos que deberían haber alertado del importante riesgo asumido por los responsables de las entidades investigadas en la operativa llevada a cabo que facilitó la ocultación y el aprovechamiento del producto de los delitos». Y recuerdan que la operativa favorecía la ocultación del titular real de los fondos.

El Ministerio Fiscal apunta que «resulta difícil de justificar la ausencia absoluta de comunicaciones al SEPBLAC» (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) por parte del Santander y BNP Paribas cuando se hizo pública la identidad de los contribuyentes defraudadores españoles –identidades conocidas tras la revelación en medios de comunicación de la existencia de la Lista Falciani a finales de 2009–.

«Estas manifestaciones son extensivas a todos los investigados, tanto de Banco Santander como de BNP Paribas Securities Services, responsables en cada uno de sus ámbitos de las actuaciones a seguir en materia de blanqueo y de la calificación del riesgo», inciden.

Sobre la modalidad imprudente recogida en el delito de blanqueo de capitales recuerdan que el plazo de prescripción es de 5 años y dado que la pieza fue incoada en 2016 y las imputaciones son de 2017 «el único hecho que quedaría dentro del plazo indicado sería el relativo a la actuación de –uno de los -clientes– vinculado a una estafa piramidal investigada por la SEC, que traspasó sus valores al BBVA el 9 de octubre de 2013».

Con todo, señalan que «las dificultades de acreditación en este supuesto de que los valores depositados procediesen de una actividad delictiva impide otorgarle fuerza suficiente para que por sí solo pudiera dar lugar a la interrupción del plazo prescriptivo».

AUSENCIA DE JURISPRUDENCIA SOBRE REGULARIZACIONES

Además, los fiscales señalan específicamente respecto a las actuaciones investigadas en el marco del Banco Santander que existen movimientos de fondos ocultos vinculados al menos a seis condenados por delitos contra la Hacienda Pública y otro de los clientes investigados está actualmente pendiente de juicio oral por delitos constitutivos de fraude fiscal, cohecho y malversación.

Pero apuntan que una parte importante de esos movimientos de fondos corresponden a contribuyentes españoles que regularizaron su situación tributaria bien en 2010 tras la aportación de información por las autoridades francesas acogiéndose a la excusa absolutoria vigente en aquel momento, bien en 2012 a través de la Declaración Tributaria Especial –declaraciones voluntarias para regularización fiscal–.

Explican que la ley de 2012 que permitió esas declaraciones voluntarias señala que «la regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria», lo que sectores doctrinales consideran «excluye no solo el reproche penal de la conducta, sino el delito mismo».

Si bien el Ministerio Público plantea objeciones a este extremo, recalca que la «ausencia en el momento actual de jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional sobre la cuestión», unido a las evidentes dificultades técnicas que la resolución del problema plantea, «no otorgan certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en la sede de enjuiciamiento».

Por otro lado, en relación a la ocultación al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a los socios y al mercado en general de la participación significativa en Bankinter de la familia Botín, señalan que encaja en el tipo de delito societario, pero puntualizan que «la inexistencia de denuncia previa» impidió que fuera objeto de enjuiciamiento en sede penal.

Esto «introduce un elemento de distorsión en la conformación de la convicción sobre el reproche penal de las conductas de los responsables de aquellas entidades que colaboraron activamente en esta ocultación: Santander Investment y BNP Paribas Securities Services», concluyen.

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este martes que «no se puede descartar ninguna medida adicional» ante la evolución de la pandemia y ha señalado, respecto a si se prevén nuevas restricciones de las reuniones sociales en horario diurno, que hay que «tomarse en serio» las que están en vigor: «¿No sabemos todos que lo más seguro es quedarnos en casa, minimizar las relaciones? ¿Nos tienen que tratar como a niños?».

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell, preguntada por la «preocupación» del gobierno valenciano respecto al «tardeo» y la posibilidad de adoptar restringir las celebraciones de año nuevo en horario diurno.

Oltra ha señalado que «tal y como estamos ahora nos se puede descartar ninguna medida adicional» y ha insistido en que «la responsabilidad individual es fundamental» y que «la actitud más responsable es minimizar las relaciones sociales». «Todos lo sabemos», ha subrayado, antes de indicar que «no es obligado relacionarse».

«Cuando dicen que aún no se ha prohibido (el ‘tardeo’), ¿en serio? ¿No sabemos todos que lo más seguro es quedarnos en casa? ¿Minimizar las relaciones?¿Lo sabemos o no? ¿Nos tienen que tratar como a niños?¿En cuántos lugares han visto ‘prohibido bañarse’ y han sacado a un ahogado de allí?», ha expresado.

En la misma línea, ha agregado: «Si pone ‘prohibido bañarse’, no bañarse. Pero si pusiera ‘recomendado no bañarse, esto es peligroso’, ¿La recomendación cómo te la tienes que tomar?». «Debemos poner cada tres metros de un acantilado ‘prohibido asomarse, tirarse o ponerse en riesgo’? ¿En serio?».

La vicepresidenta se ha preguntado «cuánta gente se ha juntado con más de seis personas estas navidades» a pesar de estar restringido La vacuna seguimos siento nosotros, nuestra actitud y nuestra responsabilidad», ha insistido.

«Si continúa en esta línea, pues al final, si la gente solo entiende el palo y tentetieso, pues no sé. A mí me gustaría que se pudiera hacer la cosa de otra manera. Cuando Sanidad recomienda, más que una recomendación es plata o plomo, medidas o contagio. Tómense las recomendaciones como algo serio, porque es muy serio», ha aseverado.

Así, ha pedido «cumplir estrictamente» con el uso de mascarilla cuando no se está consumiendo, mantener las medidas de protección en los ambientes familiares: «Llegar a una casa y quitarse la mascarilla no es una buena opción». También ha llamado a no salir de fiesta y a felicitarse «a través de videoconferencia», que «no contagia».

Oltra ha reiterado que «como van evolucionando los acontecimientos, no se pueden descartar nuevas medidas» y que se están adoptando estas medidas «para orientar y obligar a esa responsabilidad individual».

Así, ha incidido en que la vacunación que empezó el domingo será un «proceso largo» y quedan «muchos meses» para la inmunidad de grupo, «al menos hasta el verano». «Porque Batiste esté vacunado eso no nos inmuniza al resto», ha recalcado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que, en su opinión, desde Podemos «atacan a los jueces» y buscan «controlarlos» porque este partido, que es objeto de una investigación por los contratos que suscribió con la consultora Neurona, tiene «muchas cosas que ocultar».

Así ha reaccionado a las palabras del presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha denunciado un trato desigual por parte de la Fiscalía al acusarla de imputar a Podemos «sin haber indicios» mientras sigue sin investigar al rey emérito, Juan Carlos I, pese a que en este caso sí «tiene indicios» de delitos.

Asens ha expresado esta opinión en Twitter después de que la Fiscalía Provincial de Madrid dijera que continúa sin ver indicios de que Podemos cometiera un presunto delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona para la campaña electoral de 2019, pero solicita al juez que mantenga la condición de investigado como persona jurídica en esta causa.

«Es habitual en Podemos que ataquen a los jueces y quiten importancia a sus propios delitos», ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede de Cs. A su juicio, la formación liderada por Pablo Iglesias «quiere controlar a los jueces» –a través del nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial– «porque probablemente tiene muchas cosas que ocultar».

Además, ha señalado que en Podemos «son los menos indicados para dar lecciones de moralidad», ya que su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha sido condenado por la Justicia en dos ocasiones, por la contratación irregular de su asistente y por intromisión ilegítima en el honor de un hombre asesinado al que acusó de haber violado a una mujer.

«ESPERANZAS» DE UN CAMBIO POLÍTICO EN CATALUÑA

Por otro lado, en relación con las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, la presidenta de Cs ha dicho que aún están trabajando en la elaboración de las candidaturas y que están a la espera de ver si la evolución de la pandemia del coronavirus permite que los comicios se celebran el 14 de febrero, como está previsto.

Según ha indicado, en Ciudadanos tienen «el mejor equipo» para gobernar «para todos los catalanes» e iniciar «una nueva etapa de prosperidad y convivencia» en esta comunidad que deje atrás el proceso independentista y «esa etapa tan negra que ha traído el separatismo».

«Yo tengo esperanzas en Cataluña y en el futuro», ha destacado. En este sentido, ha defendido que en 2018 «parecía imposible dar un vuelco a la situación política» en Andalucía y, sin embargo, el PP y Cs pudieron echar al PSOE de la Junta, y en Cataluña también puede haber un cambio si hay una alta participación electoral.

El portavoz del PP nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la vacuna contra el coronavirus no puede ser objeto de confrontación pero tampoco «un ejercicio de propaganda» por parte del Gobierno de España.

«Si el Gobierno hubiera hecho un ejercicio de transparencia y tuviéramos todos claro con la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuáles son los criterios de reparto, cuántas vacunas van a llegar, la distribución, calendario y grupos poblaciones, se habría evitado cualquier tipo de sospecha. Quien tiene en su mano despejar cualquier sospecha es el Gobierno de la Nación», ha manifestado desde Ciudad Universitaria, donde como alcalde ha presentado sus primeras estaciones de BiciMAD.

Almeida ha salido en defensa de la Comunidad porque «ha acreditado que les habían dicho que iban a llegar un número de vacunas y no ha llegado ese número». «¿Por qué no han llegado? Eso es lo que el Gobierno debe responder. El asunto de las vacunas debe estar ajeno a cualquier controversia porque es una esperanza para la sociedad española», ha sostenido el portavoz del PP, que ha insistido en que la vacuna «no puede ser un ejercicio de propaganda sino de transparencia».

LA PEGATINA EN LAS VACUNAS

El portavoz del PP nacional ha deseado que las vacunas hubieran llegado con una pegatina con la bandera de España. «Ojalá hubiese sido la bandera de España, era la bandera del Gobierno de España», ha puntualizado remarcando que él se siente orgulloso «del gobierno de España en general, no tanto de este gobierno».

«Cuando se hace un ejercicio de propaganda, al final pasa lo que pasa, que los españoles no tenemos un conocimiento exacto de cuál es el procedimiento de distribución o calendario», ha lamentado, tras añadir que cree que «ha habido un cierto aprovechamiento desde el punto de vista de la propaganda de lo que son las vacunas», cuando es de sobra conocido que las vacunas se han adquirido por compra centralizada en el ámbito de la Comisión Europea.

Almeida cree que lo más indicado hubiera sido «cierta contención por parte del Gobierno de la Nación en la utilización de las vacunas». En cuanto a la bandera de la Comunidad en el plástico que envolvía las mascarillas entregadas por el Gobierno regional a la ciudadanía, el alcalde se ha remitido a las explicaciones autonómicas para asegurar que, «desde luego, no tenían esa finalidad» propagandística.

«FALTA DE SENSIBILIDAD HACIA EL MUNICIPALISMO»

Almeida, por otro lado, ha tildado de «inadmisible» que los ayuntamientos reciban «cero euros» del Gobierno de España, vía Presupuestos Generales del Estado, para el año 2021. «Algunos ayuntamientos podemos estar en una mejor situación económica y tenemos remanentes, aunque también necesidades, pero hay mas de 3.000 en España que no los tienen», ha indicado.

«Las necesidades de los ciudadanos en Valencia o Zaragoza son las mismas que en Madrid o Barcelona y van a recibir cero euros de este gobierno. Esta falta de sensibilidad hacia el municipalismo es inadmisible», ha reprochado el también primer edil madrileño.

La candidata de JxCat a las elecciones catalanas, Laura Borràs, y el portavoz de Demòcrates de Cataluña, Toni Castellà, han alcanzado un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 14 de febrero con el objetivo de «hacer efectivo el mandato del 1-O para que Cataluña sea un estado independiente en forma de república».

En rueda de prensa telemática, Castellà ha explicado que, fruto del acuerdo, nueve miembros de Demòcrates se incorporarán a la lista de JxCat –6 por Barcelona, y uno por Girona, Tarragona y Lleida–, y han establecido que Titón Laïlla ocupe el puesto 16 en la candidatura y él la posición 25, pese a ser el ganador de las primarias internas de su partido.

En las elecciones de 2017, Demòcrates se presentó con ERC y formó parte del grupo parlamentario, un acuerdo que los republicanos extinguieron a principios de diciembre tras acusarles de participar en una reunión «con colectivos ultra e identitarios».

El acuerdo entre JxCat y Demòcrates se recoge en un documento que, bajo el título de ‘Leales al 1-O.

Activar la declaración de independencia de 2017’, expone que el objetivo que persiguen es hacer efectiva la constitución de Catalunya como un estado independiente en forma de república, que el movimiento independentista debe recuperar la estrategia ganadora del 1-O, y que están comprometidos a trabajar para activar la declaración de independencia.

«Nos reconocemos, y reconocemos a JxCat, como herramientas de liberación nacional, y queremos ser escrupulosamente leales con el mandato del 1-O y en no diferir de su aplicación sine die», reza el texto del acuerdo.

Según Borràs, JxCat es un partido independentista que representa un espacio de suma y transversalidad, pero ha advertido de que esto debe practicarse y sólo predicarse, y cree que en su partido y en Demòcrates han priorizado lo que les «une para poder avanzar inequívocamente hacia la independencia».

«Somos partidos nuevos con formas de hacer nuevas. Y compartimos esta fidelidad y lealtad al 1-O.El 1-O es sinónimo de unidad, de democracia e independencia. Esto nos une y lo compartimos», ha sostenido.

CONVERSACIONES CON PUIGDEMONT

Tras mantener diversas conversaciones con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; con el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y con Borràs, Castellà ha advertido de que las elecciones del 14 de febrero deben ser «plebiscitarias» y no autonómicas.

También ha mostrado su convencimiento de que Borràs «no será una presidenta independentista, será una presidenta dispuesta a hacer la independencia».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que ve «con una enorme preocupación como es lógico» el número de casos positivos por Covid en la región, y ha considerado que «el margen para ampliar el número de medidas está ya muy limitado», por lo que ha apelado a «intentar cumplir» con las establecidas.

Así, Vara ha apuntado que hay que «seguir extremando la responsabilidad de cada uno». «Creo que los márgenes para tomar más medidas que no sea un confinamiento y un cierre total del país, que en ningún caso en estos momentos nadie se la está planteando; el margen de ampliar el número de medidas está ya muy limitado, entonces hay que intentar cumplir con la determinación que hemos establecido», ha afirmado.

En rueda de prensa este martes en Mérida, Fernández Vara ha defendido que en la región «se están haciendo muy bien los rastreos» por lo que «se está haciendo un buen seguimiento a los contactos» y realizando PCRs a los mismos, lo que supone que «aparecen más positivos».

«Yo no me comparo, ni me comparaba cuando los datos eran mejores ni me comparo ahora cuando los datos pueden ser peores, porque esto no va de eso, hay que analizar, escudriñar el por qué de esos datos», ha resaltado al tiempo que ha indicado que hay que «seguir haciendo muy bien los rastreos» y «viendo donde están los casos».

A este respecto, ha destacado que «un 50 por ciento de los casos están en las ciudades y un 50 por ciento en los pueblos» por lo que ha dicho «que no solo parezca que hay casos en las ciudades o que solo hay casos en algunos sitios» porque «están bastante repartidos» lo que permite «hacer bastante bien los rastreos porque se hace un seguimiento claro».

De este modo, ha lamentado que «está habiendo un número de casos importante» que «tiene que hacer recapacitar sobre los días que vienen por delante». «Y tengo la sensación de que nos olvidamos de la noche a la mañana, es decir, a la hora que salgan los datos estaremos muy preocupados por los datos pero cuando veamos la información de mañana estaremos viendo a gente quejarse porque hemos cortado de 6 a 8 de la tarde los establecimientos abiertos al público», ha soltado.

En este sentido, el regidor extremeño ha defendido que las decisiones se han tomado «con prudencia» y «con mesura» y «pensando que sean lo mejor para todos siendo capaces de mantener también un mínimo la economía. Por ello, ha valorado que «cuando aparecen las caídas en términos de PIB o la caída del comercio minorista», en Extremadura «la caída ha sido inferior» porque están «intentando guardar un equilibrio sin que esto repercuta en una mayor gravedad para la salud de las personas.

Así, preguntado por si se deberían haber tomado medidas más duras como cerrar perimetralmente la región y las críticas al respecto, el presidente extremeño ha asegurado que tomaron las decisiones «convencidos» y sigue así porque «no están produciéndose los contagios por la gente de fuera que viene a Extremadura» sino por la movilidad dentro de la región.

«Nos estamos contagiando unos de otros, es decir, es el exceso de movilidad interna la que produce el aumento del número de casos y, además, ahora mismo si esa máxima fuera así, Extremadura está aislada perimetralmente, con esto debería de ser que dejara de haber contagios», ha enfatizado al tiempo que ha asegurado que son «las fiestas en las casas, las fiestas no controladas, los aforos no controlados en los espacios cerrados, es ahí donde se están produciendo los contagios».

PRESIÓN HOSPITALARIA

Por otra parte, sobre la presión hospitalaria en la región, Vara ha resaltado que «el hecho de que hasta ahora no» haya habido gripe «permite albergar esperanza de lo que puedan ser las próximas semanas» aunque ha advertido que esto «puede cambiar».

El presidente extremeño ha explicado que la Red de Vigilancia Epidemiológica «en estas fechas otros años ya había detectado un número significativo de casos» de gripe y este año «apenas sí se están detectando casos aunque alguno sí se ha declarado».

Por tanto, ha subrayado que «sería una buena noticia para las próximas semanas» que pudieran seguir «centrados en gestionar los recursos hospitalarios sin que apareciera un elemento añadido como es la gripe».

Además, Vara ha apuntado que el patrón «en estos momentos» es que «hay un importante número de contagios entre personas más jóvenes que no precisan hospitalización» pero esto «no quiere decir que no vaya a cambiar»; por lo que ha señalado que hay que trasladar a los jóvenes el mensaje de que «ellos pueden tener la sensación de que no les pasa nada pero sí les puede pasar a sus padres o a sus abuelos».

De este modo, el jefe del Ejecutivo extremeño ha asegurado que «en estos momentos» hay unos niveles de hospitalización «para en las próximas semanas tener capacidad para dar respuesta» y luego irán «adaptando los recursos a las necesidades» porque hay «margen para crecer» ya que tienen recursos de los que no han «hecho uso».

Finalmente, sobre la vacunación, Vara ha dicho que tiene la «intuición» de que va a haber «un apoyo masivo» a las vacunas. «Cien por cien no, noventa por ciento probablemente no, pero masivo sin duda ninguna», ha concluido.

El 97 por ciento de los Médicos Internos Residentes (MIR) considera que su formación se ha visto mermada a consecuencia de la pandemia, según un informe impulsado por las vocalías de médicos tutores y residentes de la Organización Médica Colegial (OMC), que tenía como objetivo analizar de qué manera se ha visto alterada la formación sanitaria especializada en los diferentes centros docentes de España durante la crisis sanitaria.

Concretamente, el sistema de formación sanitaria especializada (FSE) en España, conocido como MIR, se encuentra regido en un sistema dual que contempla un modelo de relación laboral recogido en el RD 1146/2006 y una relación de carácter formativo recogida en el RD 183/2008. No obstante, debido al estado de alarma generado por la pandemia por Covid-19, y para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, la FSE ha sufrido un desmantelamiento temporal en pos de la faceta laboral de los MIR. Es por ello que, con dicho estudio, se busca poner datos de hasta dónde ha alcanzado el perjuicio formativo en España.

Precisamente, según se refleja en el documento, este deterioro de la formación MIR viene dado por la alta participación de los residentes en áreas Covid, cifrada en un 70 por ciento. Debido a esto, el 50 por ciento de los residentes han visto interrumpido su programa formativo, lo que además ha provocado un importante impacto emocional en el 98 por ciento de los encuestados. Esto último también se relaciona con el hecho de que más del 70 por ciento de los residentes han notificado una percepción de sobrecarga laboral durante la crisis sanitaria.

Además, tal y como ha recalcado el representante nacional de Médicos Jóvenes y promoción de Empleo, el doctor Domingo Sánchez, el 50 por ciento de los residentes ha tenido que realizar un mayor número de guardias a consecuencia de la Covid, y la mitad continúa haciendo más guardias. En relación a esto, Sánchez también ha lamentado que el 50 por ciento de los residentes ha tenido que aumentar su jornada laboral, y casi el 70 por ciento de estos sin recibir remuneración económica por el trabajo realizado.

«Este documento revela el deterioro en el que se encuentra un sistema de formación que es el resultado de la suma de diferentes acciones concatenadas que han llevado al colapso del mencionado sistema de formación sanitaria especializada, y pone en evidencia la necesidad de un plan de acción para sacar de la situación crítica en la que se encuentra el sistema de formación de médicos especialistas en España», ha asegurado el doctor.

Por otro lado, según el informe, que recoge un total de 2.889 encuestas respondidas, de los residentes que han trabajado en el área Covid, la mitad de ellos considera que no le ha aportado nada a su formación; además, el 97 por ciento de los residentes ha perdido horas de formación en quirófano. Así las cosas, el 60 por ciento de los residentes piensa que sería necesaria la ampliación del periodo de residencia para compensar la formación perdida durante la pandemia.

Así, los autores del informe también han fijado una serie de propuestas de mejora, como un plan de acción que retome las auditorías formativas a nivel nacional y que, además, tenga como objetivo potenciar dichas herramientas para conocer y mejorar la situación de las unidades docentes en la actualidad.

Otra de las sugerencias pasa por la creación de una comisión ministerial que analice, con los agentes implicados, las consecuencias formativas que la pandemia ha tenido en estos residentes. En este sentido, desde las vocalías de la OMC también abogan por trabajar en el estudio de mecanismos de evaluación de la calidad de la formación sanitaria especializada, así como por la realización de un «libro blanco de la Formación Sanitaria Especializada», con la participación de los diferentes agentes implicados en la misma.

Otros de los puntos planteados son: trabajar en la modificación de los Reales Decretos RD 1146/2006 y RD 183/2008 para modificarlos y adaptarlos, llevando a cabo una actualización; tratar de aumentar la participación de representantes de residentes en los debates y tomas de decisiones que afecten a la FSE en España; y, por último, ofrecer a las diferentes unidades docentes el poder realizar una prórroga del contrato MIR de forma individualizada y según los déficits formativos de cada residente y especialidad.

EL PUNTO DE VISTA DE LOS TUTORES

Por su parte, el representante nacional de Médicos Tutores y Docentes, Francesc Feliu, ha puesto de manifiesto la «mala percepción» que tienen los tutores de la FSE durante la pandemia; en concreto, esta sensación es compartida por alrededor del 80 por ciento de los tutores. Según los datos, la docencia es considerada como peor o mucho peor en el 87 por ciento en consultas externas, el 74 por ciento en plantas de hospitalización, el 77 por ciento en quirófanos, el 70 por ciento en urgencias, el 60 por ciento en las guardias, y el 91 por ciento en relación a las sesiones clínicas donde participan los residentes.

Así, el doctor Feliú ha destacado que «la mayor sensación de un deterioro significativo de la docencia es en las sesiones clínicas, vital para la formación MIR, que solo se mantienen como antes de la pandemia en el 6 por ciento de los encuestados, admitiendo que no se realizan en este periodo en un porcentaje del 47 por ciento».

Además, según el informe, los residentes de especialidades quirúrgicas han visto reducidas las posibilidades de operar y entrar en quirófano en un 69 por ciento respecto la situación previa a la pandemia, y la percepción de la calidad de supervisión por parte de los tutores ha sido mucho menor en un 75 por ciento de los casos. Por otro lado, la capacidad de reorganizar las rotaciones, muy importante para los tutores, ha sido nula en más del 50 por ciento de las ocasiones. En cuanto al impacto emocional, el 80 por ciento de los tutores confiesa sentirse peor anímicamente y, de hecho, un tercio de estos profesionales se ha planteado renunciar a ser tutores.

Así las cosas, en representación de los tutores, Feliu ha puesto en valor la importancia de empoderar a este profesional, dotándolo del tiempo necesario para estar con su residente. Asimismo, ve necesario aumentar el número de tutores y de colaboradores docentes; agilizar los trámites burocráticos con el fin de poder acreditar a un mayor número de tutores y disminuir la ratio de alumnos por tutor, que actualmente se encuentra en un máximo de cinco. El especialista también apuesta por el fomento de cursos y formación online, así como por intentar prolongar la residencia en los casos donde sea necesario.

INSPECCIONES ASISTENCIALES

Por último, el director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Vicenç Martínez, ha reconocido que «la pandemia ha puesto sobre la mesa lo que ya se sabía y la crisis ha agudizado». Una de las medidas que ha propuesto para mejorar la formación de los residentes ha sido aumentar las inspecciones asistenciales «como oportunidad de mejora y que no se quede en un mero análisis de datos en los documentos, y es preciso conocer cómo lo está viviendo el propio residente», ha aseverado, aclarando que no serían «inspecciones punitorias».

Ha asegurado que la mejor manera de conocer la situación es hacer una inspección de la realidad, «revisar la evidencia, no limitarse a cumplimentar un cuestionario». Ha añadido que «una inspección continuada y con participación de las comunidades ayudaría notablemente; si los residentes están en su sitio, el sistema mejora mucho» ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resumido el año 2020 como el del «dolor, la solidaridad y la gratitud» y ha reconocido que ha sido «difícil para todos» aunque ha celebrado que la pandemia «no ha paralizado a la Comunidad de Madrid».

«Las palabras que definen el año que termina no pueden ser otras que dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud. La pandemia del Covid-19 ha ensombrecido cualquier actuación política o de gestión», ha trasladado Ayuso este martes en la Real Casa de Correos en un balance del año 2020.

Ha explicado que es el año del «dolor», por todos «los que no están, por miles de familias rotas que, además, no han podido despedir a sus seres queridos»; «extenuación» como descripción del esfuerzo de millones de personas en el combate contra la pandemia.

«Solidaridad» de «tantos que se lanzaron a ayudar a quienes no conocían pero que los necesitaban y «responsabilidad» porque «es la clave para evitar más contagios» y «gratitud» porque, tanto como gobernante y como ciudadana, es la palabra con la que puede «expresar su deuda» con una sociedad «que ha sabido comportarse digna y altruistamente en la situación más difícil que ha tocado vivir».

La dirigente autonómica ha reconocido que ha sido un año «extremadamente difícil para todos», pero cree que si se está dispuesto a afrontar «cada día los retos» que hay por delante, no le cabe «ninguna duda» de que la Comunidad de Madrid «seguirá siendo una de las regiones más competitivas de la Unión Europea».

En el resumen del año, Ayuso ha celebrado que la pandemia no ha conseguido «paralizar» a la Comunidad, algo de lo que se ha mostrado «muy orgullosa», así como del trabajo de cada uno de sus consejeros y funcionarios.

CUMPLIDOS O EN MARCHA EL 80% DE LOS ACUERDOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

La dirigente autonómica ha desgranado que han cumplido, o están en marcha, el 80% de los acuerdos que alcanzamos para el gobierno de coalición. «Ha sido una colaboración interna permanente, a pesar de la pandemia. Hemos creado comisiones y grupos de trabajo interdepartamentales ligados a las distintas consejerías que han tomado más de 100 medidas muy importantes en todos los ámbitos».

La comisión más significativa, a su juicio, ha sido la del Covid-19, en la que participaron prácticamente todas las consejerías y ha mantenido más de 60 reuniones.

Durante «estos tiempos tan difíciles», Ayuso ha indicado que «no han alimentado ni el victimismo ni el regionalismo», sino que han decidido «luchar contra el virus y no esperar a que les arrollara».

«Hemos peleado por la vida en todo momento. Dijimos desde el principio que teníamos que trabajar con el binomio Salud y Economía en el mejor equilibrio posible, y el tiempo ha demostrado que teníamos razón. En los peores meses de la pandemia, la sociedad madrileña actuó con decisión en todo momento y con gran generosidad», ha recordado.

MENCIÓN PARA EL HOSPITAL DE IFEMA Y RECUERDO PARA LOS MAYORES

En este punto, la presidenta ha celebrado que se pudo hacer de Ifema «un gran hospital en solo 36 horas; se habilitaron 22 hoteles medicalizados para sanitarios y otros 13 para pacientes; o se repartió comida tanto para alumnos con bajos recursos como para familias necesitadas».

Además, cree que «la responsabilidad y el cariño de los profesores y directivos de los colegios, institutos y universidades logró una vuelta a clase ejemplar». Esta vuelta a clase se ha conseguido, también, «gracias a la mayor bajada del número de alumnos por aula en la historia y a la incorporación de más de 20.000 profesores».

Ayuso también ha tenido palabras para «el colectivo más afectado: el de los mayores». «Me satisface a día de hoy comprobar que nuestra sociedad es consciente de este dolor y no ha pestañeado al decidir que el primer colectivo en recibir la vacuna haya sido, precisamente, el de los mayores, por ser los más vulnerables», ha señalado.

Tras este año, la jefa del Ejecutivo regional ha expresado su «confianza» ante el nuevo año 2021, que considera «será el comienzo de la recuperación de la normalidad social y de la recuperación económica de la Comunidad de Madrid».

Así, ha animado «a todos a afrontar el nuevo año con optimismo y manteniendo la misma humanidad con los más vulnerables, la solidaridad y la responsabilidad individual que, además de las vacunas, son la mejor fórmula para ir recuperando la libertad que el virus ha secuestrado».

«Los madrileños estarán orgullosos de su Comunidad, y todo aquel que venga a vivir aquí encontrará un lugar para vivir en libertad y para afrontar sus propios retos. Ha sido un año extremadamente difícil para todos, pero si confiamos en nosotros mismos, si estamos dispuestos a afrontar cada día los retos que tenemos por delante, no me cabe ninguna duda de que la Comunidad de Madrid seguirá siendo una de las regiones más competitivas de la Unión Europea», ha lanzado la presidenta.

LISTADO DE «LOS MAYORES LOGROS»

Durante su discurso, Ayuso ha recordado algunos de los logros y medidas puestas en marcha por su Gobierno como haber aprobado Madrid Nuevo Norte; el Programa de Inversión Regional, 75 millones de euros para facilitar el acceso al crédito a los autónomos y 20 millones para garantizar su liquidez con créditos al 0%.

Así, ha relatado que han aprobado en el Consejo de Gobierno más de 2.400 propuestas de las consejerías, han movilizado más de 50.000 efectivos para la coordinación del dispositivo de seguridad y emergencias por la pandemia, han llevado la fibra óptica a todos los municipios de menos de 2.500 habitantes de la región y han sacado el móvil de las aulas, entre otras medidas.

No obstante, Ayuso ha querido terminar «este listado de los mayores logros», subrayando la importancia de la construcción del hospital Enfermera Isabel Zendal con «1.000 camas y 50 Ucis construido en solo 100 días». «Será nuestra mejor arma para vencer a cualquier tipo de pandemia, tanto la actual como las que puedan llegar en el futuro», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este martes que «muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados de COVID-19», tras iniciarse la campaña de vacunación el pasado domingo.

En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros para presentar el informe de rendición de cuentas del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que la estrategia de vacunación «no solo va a salvar miles y miles de vida, sino que va a permitir entrar en la tercera etapa de esta emergencia hasta poder recuperar la ansiada normalidad».

Así, en este contexto ha defendido que «muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados». «Por eso hablamos del principio del fin», ha justificado. Al respecto, el presidente ha reivindicado, no obstante, que la «inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato».

Por ello, ha instado a «evitar esta tercera ola en las fiestas de Navidad». «Es nuestra prioridad colectiva. No podemos ni debemos bajar la guardia. Deben ser reforzadas las medidas de prevención. Sigue siendo imprescindible para el éxito del proceso de vacunación», ha reclamado a los españoles.

Dentro de su repaso a la actuación del Gobierno durante la pandemia, Sánchez ha reivindicado que «desde el estallido de la pandemia el Ejecutivo solo tuvo una prioridad innegociable: salvar vidas a toda costa». «Es lo que vamos a seguir manteniendo hasta vencer definitivamente al virus», ha asegurado.

Entre otros asuntos, el presidente del Gobierno ha puesto en valor la eficacia del estado de alarma, que «salvó vidas durante la primera ola, con medidas duras pero muy necesarias». Asimismo, ha recordado que, entre otras iniciativas, el Gobierno ha puesto en marcha una reserva estratégica de material sanitario o ha eliminado el IVA a entregas, importaciones y adquisición de estos productos básicos contra la pandemia.

También ha valorado el estudio de seroprevalencia como referente a nivel internacional para conocer el número de contagiados reales en España o el lanzamiento de la aplicación ‘Radar COVID’ para ayudar al rastreo de contactos de positivos. En este último apartado, el presidente ha informado de que la ‘app’ ya cuenta con 5,5 millones de descargas, pero ha lamentado que «todavía sigue siendo insuficiente».

En materia de investigación, Sánchez ha realizado una «mención muy especial a todas las iniciativas para promover la actividad investigadora». El presidente ha precisado que «este año es el de la pandemia pero también de la vacuna, de la ciencia». «Solo mediante el apoyo decidido a la ciencia podremos alcanzar la seguridad que tanto deseamos», ha sostenido.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que para 2021 «vamos a convertir la crisis del coronavirus en una oportunidad para avanzar» en áreas como salud, educación, servicios sociales, así como «transformar nuestro tejido productivo regional hacia un modelo más sostenible, digital, equitativo y respetuoso con el medio ambiente».

Andreu ha realizado, en la Bodega institucional de ‘La Grajera’, un balance del año 2020 y ha avanzado cuestiones del 2021 reconociendo que este año que acaba «ha sido durísimo».

Ante ello «es sano recordar a quienes ya no están con nosotros a causa de la enfermedad» así como lo es agradecer «profundamente el trabajo y el compromiso que han demostrado los hombres y mujeres de esta tierra durante la pandemia» y aprender «el valor de muchas cosas que desconocíamos».

DETECCIÓN PRECOZ

Desde el comienzo de la pandemia, ha recordado la presidenta, el virus en La Rioja «fue temprano y virulento» y desde el principio «apostamos por la detección precoz del virus. Este año se han realizado más de 232.000 pruebas diagnósticas, la mayoría PCRs».

Además, ha indicado, «tardamos una media de sólo 13 horas en dar a conocer el resultado de una prueba PCR (otras CCAA tardas de 24 horas a una semana).

A día de hoy, contamos con 154 rastreadores, 110 civiles y 45 militares, sumando además un equipo de rastreadores ‘puerta a puerta’ único en todo el país.

Por su parte, ha recordado, el Área Polivalente de Críticos ha pasado a disponer de 43 camas respecto a las 17 que contemplaba inicialmente el Hospital San Pedro desde su puesta en marcha en 2007.También se ha llevado a cabo la mayor reforma de Urgencias del San Pedro desde su construcción, se ha creado un nuevo Servicio de Urgencias Pediátricas, se ha redefinido el Hospital General de La Rioja como hospital de subagudos y pacientes crónicos».

TEJIDO INDUSTRIAL

A iniciativa del Gobierno, ha continuado, se llevó a cabo la reorientación de la producción de parte de nuestro tejido industrial regional hacia el diseño, la producción industrial y la certificación y homologación de material de protección sanitario.

Todo ello «nos permitió salvar vidas. No es algo que diga yo. Lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, lo ha dicho Fiscalía y ahora los están diciendo los juzgados de lo social y de lo contencioso-administrativo: hemos sido una de las CCAA que mejor ha protegido a su personal».

«Otra de las lecciones que deja este año es la importancia capital de la colaboración entre diferentes niveles de las Administraciones. En La Rioja, esta ha sido fructífera y leal».

En este sentido, ha explicado, «se han establecido protocolos de trabajo, se habilitado albergues y centros habilitados seguros, se ha doblado y hasta triplicado el apoyo económico a municipios que punto de pernoctación y se ha priorizado en el diagnóstico entre los trabajadores temporales agrarios por su altísima movilidad: sólo un 2 por ciento de positivos, un total de 35 trabajadores, de las 1.720 pruebas realizadas».

EDUCACIÓN

Otra de las lecciones que nos deja la pandemia «es el inmenso valor de disponer de un sistema educativo moderno y dotado de los suficientes recursos humanos y técnicos».

Además, ha reconocido, ahora comienzan a ver la luz estudios sobre el impacto que ha tenido el curso anterior en el desarrollo académico del alumnado. «Y las conclusiones no son halagüeñas». Por ello, «era imprescindible volver a las aulas para garantizar la igualdad de oportunidades».

Para Andreu, además, «los datos respaldan esa realidad: a cierre de trimestre (23 de diciembre), 79 casos activos (0,15% de la población escolar). Desde inicio de curso, 1.627 casos positivos acumulados, es decir, el 2,99% de los alumnos. Además, todos los casos en el ámbito externo de los centros, ninguno en el interno.Pese a la alarma que muchos generaron en verano, hemos conseguido que los colegios y los institutos riojanos sean lugares seguros».

MEDIDAS ECONÓMICAS

En el terreno económico «nuestro modelo productivo ha jugado esta vez a nuestro favor. La escasa dependencia del turismo internacional y el gran peso del sector primario y la industria agroalimentaria han sido factores que nos han permitido aguantar mejor el necesario parón de la actividad.

Otro factor fundamental para la presidenta han sido «las medidas económicas habilitadas por el Gobierno de España y el de La Rioja» como los 59,4 millones de euros en ayudas para apoyarles en el contexto del COVID-19 o los más de 20.000 expedientes tramitados o en tramitación con un equipo reforzado por 119 personas en ADER este año, frente a los 1.800 expedientes gestionados de media otros años.

También ha explicado que se han tramitado en La Rioja más de 4.000 ERTE «por un dispositivo especial de 80 personas, la mayor oleada de ERTE registrada en la serie histórica de esta comunidad».

«Todo lo anterior ha ayudado, sin duda, a que el PIB de La Rioja haya descendido el 4,4% en el tercer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior. Por ponerlo en contexto 1,7 puntos menos que Navarra (-6,1%), 3,3 puntos menos que País Vasco (-7,7%) y4,6 puntos menos que el conjunto nacional (-9%).

Además, los datos del paro de noviembre «sitúan a La Rioja por tercer mes consecutivo como la comunidad autónoma con menor tasa de paro: 12,31%, 4,18 puntos por debajo de la media nacional», afirma Andreu. «Gran parte de esas cifras esperanzadoras son fruto del diálogo constante y de los acuerdos alcanzados durante este año».

PIDE «RESPONSABILIDAD» PARA SACAR ADELANTE LOS PRESUPUESTOS

Además, Andreu ha apelado a la responsabilidad aunque asegura estar convencida de que «los grupos del Parlamento de La Rioja sacaremos adelante unos presupuestos necesarios para 2021».

Por lo que respecta a la salud, se dirigen 538,81 millones de euros. En este terreno me gustaría destacar que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) «sube un 25,09%. Vamos a contratar más personal sanitario, reforzar la atención primaria y la mejora de las infraestructuras sanitarias».

La consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud sube un 21,77 por ciento. A Educación se dirigen 343,16 millones de euros para impulsar la contratación de docentes, la reducción de las ratios o la gratuidad de 0 a 3 años.

Y la consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública se incrementa un 22,14 por ciento. A los servicios sociales se destinan 153,60 millones de euros para proteger a los más vulnerables.

Para Andreu «los nuevos presupuestos refuerzan, en suma, la inversión en sanidad, educación y servicios sociales. Son un espaldarazo a la educación, a la innovación y a la investigación. Traen más ayudas económicas para las empresas riojanas y autónomos y más políticas de apoyo social a las familias más vulnerables».

«ESPERANZA E ILUSIÓN»

Finalmente, ha reconocido, «tengo esperanzas e ilusión ante el horizonte próximo que ya se dibuja». En este sentido, ha reconocido, los fondos habilitados por la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, «suponen una respuesta institucional histórica en el momento más necesario».

De cara a 2021, La Rioja «va a aprovecharlo y va a convertir la crisis del coronavirus en una oportunidad. Y lo vamos a hacer apostando por nuestras ventajas competitivas y construyendo proyectos competitivos en las áreas en las que somos los mejores. «Estoy convencida de que ‘La ciudad del envase y el embalaje’, ‘El Valle de la Lengua’, el proyecto de la ‘Enorregión’ o ‘el Territorio digital de servicios’ van a ser palancas de transformación para La Rioja», ha concluido.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por querer «indultar y perdonar a cuatro o cinco políticos que han cometido errores gravísimos» en vez de conceder «ayudas directas para las familias» de españoles que están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

En una comparecencia en la que ha hecho balance del año político, Arrimadas ha calificado de «sorprendente e indignante» que varios cargos del Gobierno, entre ellos Carmen Calvo y José Luis Ábalos, hayan abierto la puerta a la medida de gracia para los dirigentes independentistas en prisión.

«Piensa más en sus socios, en un grupo privilegiado de políticos que quisieron saltarse las leyes, que en 47 millones de españoles. Menos indultos a políticos separatistas y más ayudas directas», ha insistido la líder de la formación naranja, que cree que la concesión de indultos hará «mucho daño a millones de españoles».

Arrimadas, que ha reconocido que la gestión de la pandemia no habría «sido fácil para ningún gobierno», ha criticado a Sánchez por ponerse la «medalla» de logros como la llegada de las vacunas pero no comparecer nunca para hablar de restricciones, como a su juicio si hacen otros líderes europeos.

«Ser presidente del Gobierno es serlo para lo bueno y para lo malo. Otros referentes lo han asumido a las duras y a las maduras», ha sostenido Arrimadas, que ha pedido al Gobierno que trabaje «más para proteger a los españoles» que para proteger «la imagen» de Sánchez. «Que trabaje más para gestionar la pandemia que la comunicación de la pandemia», ha añadido.

SE ES PRESIDENTE «PARA LO BUENO Y PARA LO MALO»

Por ello, y ante la tercera ola que marcará los «próximos meses», Arrimadas ha pedido más «liderazgo» a Sánchez y a un Gobierno que no se ha «preparado» para un eventual aumento de casos, sino que ha «derivado la responsabilidad a las comunidades autónomas».

«Como muchos sanitarios y expertos han señalado que volveremos a sufrir una ola con un daño muy grave», ha repetido, apuntado a la vacunación como un «motivo de esperanza» y como el «gran logro de la ciencia, del sector sanitario y de la Unión Europea.

Ante la inacción de Sánchez, Arrimadas ha querido la «responsabilidad y seriedad» de la sociedad española, que ha superado la del propio Gobierno. Así, y antes de la comparecencia del presidente, la líder de Cs ha criticado el informe sobre los objetivos de la investidura anunciado por el Ejecutivo.

«Hoy se presenta ese análisis como un examen en que los profesores han sido elegidos a dedo por Sánchez. Pudiera tener gracia si fuera 28 de diciembre y una inocentada, pero no lo es. La valoración del gobierno la harán españoles en base a datos de verdad como los fallecidos, los datos del PIB y no supuestos expertos elegidos a dedo», ha apostillado.

Pese a los reproches al Gobierno de coalición, la presidenta de Cs ha recordado que su formación fue la primera en tender «la mano» para la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado de «emergencia nacional», anticipándose a las «consecuencias desastrosas» de la COVID-19.

«Desde entonces», ha continuado Arrimadas, España ha podido ver la labor de «oposición responsable» de Cs, que consiguió «frenar la subida de impuestos» en su negociación de las cuentas públicas, y que habrían repercutido al «bolsillo de los españoles».

A su juicio, la «oposición no es una sala de espera en la que se está hasta que te toca gobernar». «Lo hemos demostrado con el estado de alarma y con los Presupuestos, y también en las autonomías donde gobernamos», ha aseverado, recordando que Cs ha participado en la elaboración de los Presupuestos de Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias o Cantabria.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, se pondrá en contacto con el presidente Pedro Sánchez para hablar del Programa de Recuperación y Resiliencia, Euskadi Next, aprobado este martes por el Gobierno Vasco, y departir con él sobre la cogobernanza con las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos.

Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria para presentar el Programa Euskadi Next, por el que la Comunidad Autónoma Vasca aspira a recibir 5.700 millones de fondos europeos y a activar 13.200 millones en cinco años con un total de inversiones. Los 180proyectos se remitirán esta misma semana al Gobierno del Estado.

El presidente del Ejecutivo Vasco ha indicado que mantienen conversaciones con el central «absolutamente francas» y cree que este es «consciente de la necesidad de una gestión en la que participen las comunidades autónomas también».

«Yo tengo la esperanza de que, en el seno del Estado español, la gobernanza de los fondos europeos y más los que afectan al mecanismo de reactivación y resiliencia, puedan ser una manera de gestionarla, tal como nosotros proponemos», ha destacado.

El Gobierno Vasco espera que Euskadi tenga capacidad de actuación en la gestión de los fondos y confía en que el sistema sea similar al utilizado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). «Es muy difícil poder gestionar esta cantidad de inversiones tan importantes con unos corsés que dificulten la gestión», ha afirmado el consejero de Economia y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha acompañado al Lehendakari en la rueda de prensa.

Iñigo Urkullu y Azpiazu han mostrado su deseo de que esta propuesta se acepte porque, además, están de acuerdo otras comunidades autónomas y «posiblemente también el Estado».

Urkullu ha precisado que él planteo este sistema de gobernanza en la conferencia de presidentes del pasado 26 de octubre, en la que participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «Planteamos la cogobernanza o la gobernanza multinivel en las regiones, naciones sin estado o comunidades autónomas», ha añadido.

Este mismo miércoles el lehendakari se pondrá en contacto con Pedro Sánchez y Pedro Azpiazu con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que son los encargados de recepcionar y mantener la comunicación sobre la presentación de los proyectos para los fondos europeos.

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha firmado en la tarde de este lunes un decreto acerca de las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021 por el que, como consecuencia de la pandemia, suspende los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales en los que se haga uso de la vía pública.

El su primer punto, el texto subraya que la suspensión afecta de los actos y celebraciones que «estando previstos en las Reglas» de las citadas corporaciones o «habiéndose anteriormente permitido por la Autoridad Eclesiástica» tengan carácter de culto externo, «hasta que no se tome otra decisión al respecto», según el decreto, publicado en la web del Arzobispado y consultado por Europa Press.

«Teniendo en cuenta la complejidad organizativa de las manifestaciones externas de la religiosidad popular» que tiene lugar en la Semana Mayor, así como en los días previos de la Cuaresma, «nos vemos obligados a tomar medidas extraordinarias que colaboren a la atenuación de la expansión de la pandemia del Covid», según señala el decreto.

El documento destaca que «lamentablemente» la persistencia de altos niveles de incidencia de la enfermedad «como las previsiones anunciadas para la distribución de las vacunas, siguen desaconsejando» para los próximos meses, «a juicio de las distintas autoridades civiles y sanitarias consultadas, la concentración de grandes grupos de personas».

En cuanto a los cultos internos, al igual que otros litúrgicos y de piedad o devoción, establecidos en las Reglas de las hermandades y cofradías, «podrán celebrarse respetando las disposiciones recogidas en nuestro decreto de 17 de julio de 2020», así como la normativa sanitaria «vigente en cada momento».

El decreto también aborda la cuestión de las convocatorias de elecciones en las hermandades y los cabildos generales. Al respecto establece que se requerirán para su celebración la autorización del delegado episcopal para Asuntos Jurídicos, «que deberá solicitarse con, al menos, 30 días de antelación».

Monseñor Asenjo insiste en este decreto en que la Semana Santa «no queda suspendida», por lo que exhorta a grupos eclesiales y fieles a vivir «con hondura e intensidad renovadas» las celebraciones litúrgicas de las jornadas de Semana Santa y especialmente el Triduo Sacro.

Asimismo, el arzobispo ha pedido a las hermandades que dispongan de «ejercicios de piedad» para sus hermanos el día en el que correspondería a la corporación efectuar su estación de penitencia a la Catedral. Además, ha encomendado a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla, «el final de la pandemia y consuelo para quienes sufren esta situación».

Desde el Consejo de Hermandades y Cofradías, por el momento, han declinado realizar declaraciones sobre la supensión de las procesiones en Semana Santa y, según fuentes de la institución consultadas por Europa Press, será el miércoles cuando el presidente del órgano cofradiero con sede en San Gregorio, Francisco Vélez, se pronuncie al respecto.

Sevilla no tendrá, por tanto, Fiestas de Primavera en 2021, ya que el pasado día 17 de diciembre, el alcalde, Juan Espadas, anunciaba la suspensión de la Feria de Abril al no estar garantizada la seguridad sanitaria de los ciudadanos para su celebración, teniendo en cuenta que se prevé que en ese momento sólo un 30 por ciento de la población esté inmunizada ante la Covid-19, «lejos» de la inmunidad necesaria para las importantes concentraciones que se producen en estas fiestas de la ciudad.

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los nombres de los 15 técnicos que formaban parte del comité que asesoró al Gobierno en mayo y junio sobre la desescalada en las comunidades autónomas durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, según consta en una resolución del Portal de Transparencia a respuesta de la petición de ‘Maldita.es’.

En concreto, los expertos que formaron parte de este comité fueron 14 técnicos del Ministerio de Sanidad: Fernando Simón, María José Sierra, Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez y Paloma González Yuste; a los que hay que sumar un experto externo, el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), Javier Segura del Pozo.

Simón, como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y Sierra, su ‘número dos’, lideraban este comité. Junto a ellos, Berta Suárez es jefa de Área del CCAES; Carmen Varela es científica titular del Centro Nacional de Epidemiología (CNE); Pilar Soler es técnico superior de la Dirección General de Salud Pública; y Pello Latasa es el actual director general de Salud Pública de La Rioja pero era técnico del CCAES.

Además, Elena Vanessa, Silvia Rivera y Lucía García San Miguel son técnicas del CCAES y Paloma González epidemióloga también del CCAES; Óscar Pérez y Susana Monge son médicos adscritos a este organismo; Carmen Olmedo es jefa de Área de Programas de Vacunación del Ministerio; y María C. Vázquez pertenece a la Dirección General de Salud Pública.

La mayoría de estos expertos firmaron la carta en la revista científica ‘The Lancet’ en la que el doctor Simón defendió la gestión hecha en España y criticó la politización de la pandemia. Junto a Simón, participaron en este documento María José Sierra, Susana Monge, Berta Suárez Rodríguez, Lucía García San Miguel, Silvia Rivera Ariza, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Óscar Pérez Olaso, Pello Latasa, Bernardo Guzmán Herrador, Lidia Redondo-Bravo, Montserrat Gamarra Villaverde y Jesús Pérez Formigó. Es decir, nueve de los 15 miembros del comité de expertos de desescalada suscribieron esa carta.

En su texto, los firmantes señalaron que han contado con expertos externos que les han asesorado a la hora de tomar decisiones estratégicas. «La colaboración entre la administración de salud pública y más de 30 sociedades científicas ha estado en curso desde enero, y expertos externos han asesorado decisiones estratégicas. Existen múltiples grupos de trabajo interterritoriales, desde niveles técnicos hasta altamente políticos, que se reúnen al menos una vez por semana, logrando un diálogo interterritorial fluido y una toma de decisiones coordinada», afirmaron.

En la resolución dada a conocer este martes, Sanidad justifica que «la elaboración de informes técnicos de valoración de la epidemia de COVID-19 en cada una de las CCAA durante el proceso de desescalada realizado en los meses de mayo y junio fue responsabilidad del Ministerio a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del CCAES». De la misma forma, argumentan que «este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación».

SOLICITUDES ANTE TRANSPARENCIA

Hace apenas una semana, el Ministerio respondió a la solicitud presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), informando al organismo sobre los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada de las comunidades autónomas. Sin embargo, hasta hoy no se conocía con detalle la identidad de estos técnicos.

El pasado 30 de noviembre, el CTBG ordenó a Sanidad que, en el plazo de diez días, diera a conocer los nombres del por considerar que no se vulneraba el derecho a la protección de datos y, por contra, favorecía el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».

Así, daba la razón a un abogado que reclamó la intervención de Transparencia el pasado 6 de mayo, el mismo día en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos. En concreto, este abogado reclamaba a Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

En un primer momento, Sanidad respondió al requerimento el pasado 10 de diciembre, dentro de los diez días de plazo habilitados, en la que eludió dar a conocer los nombres del comité de expertos. El Ministerio argumentó que la propia Ley de Transparencia le obliga a pedir antes a estos expertos que se pronuncien sobre la citada solicitud de información.

La semana pasada, Sanidad otorgó a Transparencia esta información una vez que «todos los técnicos han prestado su consentimiento sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal». «Por lo que se cumpliría así la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre sus datos protegidos», argumentó el Ministerio.

En su comunicado, el Ministerio defendió que, negándose a publicar estos nombres, «ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo estando amparados por el artículo 14.1.h) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad».

La respuesta de Sanidad a Transparencia recoge que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la epidemia de la COVID-19 en cada una de las CCAA durante el proceso de desescalada durante mayo y junio «fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias». «Este trabajo se realizó de forma coordinada con las consejerías de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación», justificó Sanidad.

En su respuesta al CTBG, Sanidad también esgrimió que «la elaboración de los informes técnicos generados durante el proceso fue realizada por un equipo de profesionales formado por técnicos adscritos al Ministerio de Sanidad y técnicos designados por cada una de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y funciones». Asimismo, especificó que «estos técnicos trabajaron en equipo compartiendo la información disponible y revisando de forma conjunta la evaluación de la situación».

El pasado 13 de diciembre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó que estos expertos son «funcionarios» que tienen derecho a «proteger su intimidad». «No tengo inconvenientes en dar los nombres pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?», añadió en una entrevista en el programa ‘Salvados’ de La Sexta.

Medio centenar de informadores han sido asesinados en 2020, según el ‘Balance Anual de agresiones contra periodistas en todo el mundo’, cuya segunda parte publica Reporteros Sin Fronteras (RSF) este 29 de diciembre. La organización ha llamado la atención en el hecho de que baje el número de periodistas que pierden la vida en zonas de guerra, mientras cada vez hay más asesinatos de periodistas en países en paz.

En 2016, el 58% de los periodistas asesinados murió en zonas de conflicto, mientras que, en la actualidad, la proporción de periodistas asesinados en zonas devastadas por la guerra (Siria, Yemen) o plagadas de conflictos de media o baja intensidad (Afganistán, Irak) se sitúa en el 32%. el 68% de los periodistas asesinados se encuentran en países en paz, en particular en México (8 asesinatos), India (4), Pakistán (4), Filipinas (3) y Honduras (3).

De la totalidad de periodistas asesinados en 2020, el 84% fueron señalados y eliminados de forma deliberada, frente al 63% de 2019. Algunos de estos crímenes han sido, según RSF, «especialmente atroces».

En este sentido, han recordado casos como el ocurrido en México, donde el periodista del diario El Mundo Julio Valdivia Rodríguez, fue encontrado decapitado en el estado de Veracruz; y su colega Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del medio digital de información local Punto x Punto Noticias, fue cortado en pedazos en la ciudad de Acapulco.

En India, al periodista Rakesh Singh «Nirbhik», del diario Rashtriya Swaroop, lo quemaron vivo después de rociarlo con gel hidroalcohólico altamente inflamable, mientras que el periodista Isravel Moses, corresponsal de un canal de televisión en el estado de Tamil Nadu, fue asesinado a machetazos.

En Irán, Rouhollah Zam, administrador del canal Amadnews de Telegram y condenado a muerte tras un juicio injusto, fue ejecutado en la horca. En este país, y a pesar de que se sigue ajusticiando a sentenciados a muerte, hacía 30 años que no se sometía a un periodista al arcaico y bárbaro castigo de la pena capital.

«La violencia del mundo sigue azotando a los periodistas», ha lamentado el secretario general de RSF, Christophe Deloire. «Una parte del público considera que los periodistas son víctimas de los riesgos de su oficio, pero cada vez sufren más ataques cuando investigan o informan sobre temas delicados. Lo que se ha debilitado es el derecho a la información, que es un derecho de todos los seres humanos».

Como en años anteriores, las coberturas más peligrosas siguen siendo las investigaciones sobre casos de corrupción local y malversación de fondos públicos (10 muertos en 2020), o sobre la mafia y el crimen organizado (4 muertos). Lo que sí es una novedad en 2020 es que 7 periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas.

En Irak, el modus operandi es siempre el mismo, según RSF: hombres armados no identificados disparan a la cabeza a los periodistas durante las manifestaciones. Así han sido asesinados tres reporteros, mientras que un cuarto murió en el Kurdistán mientras intentaba escapar de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Asimismo, en Nigeria, dos periodistas han sido víctimas del clima de violencia en el que se desarrollan las protestas, que denuncian en particular la brutalidad de una unidad policial encargada de la lucha contra la delincuencia. En Colombia, un reportero de un medio comunitario fue asesinado a tiros mientras cubría una manifestación de comunidades indígenas que protestaban contra la privatización de tierras en su región. Igual que en otros casos, la manifestación fue violentamente dispersada por la policía, el ejército y las fuerzas antidisturbios.

En su Balance Anual 2020 de ‘Periodistas Encarcelados, Secuestrados y Desaparecidos’, publicado el 14 de diciembre, RSF contabilizó 387 periodistas presos por hacer su trabajo de información, una cifra en máximos históricos en lo que se refiere a periodistas encarcelados.

El año 2020 también se caracteriza por un aumento del 35% en el número de mujeres detenidas arbitrariamente, y porque cuando el virus comenzó a propagarse por todo el mundo, se cuadruplicó la cifra de detenciones. Asimismo, 14 periodistas detenidos en relación con su cobertura de la epidemia de Covid-19 permanecen en prisión en la actualidad.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado el 2020 como un año de «enorme complejidad» y ha resaltado los 344 millones destinados por la región para hacer frente a la pandemia.

El líder del Ejecutivo regional ha realizado este martes un balance del año que está a punto de finalizar en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha dicho «todo o casi todo» lo ha dominado en 2020 la pandemia.

De esta forma, además de tener palabras de recuerdo ante los «dolorosos números» que representan las víctimas y el sufrimiento de las familias, Fernández Vara ha puesto en valor el «gigantesco esfuerzo» realizado con los 344 millones de euros destinados por la Junta para combatir el coronavirus.

Este importe representa una «parte importantísima» de los recursos regionales que, al ser una situación sobrevenida, ha reconocido, no estaban contemplados en los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020.

Asimismo, el presidente autonómico ha puesto de relevancia que 29 millones de euros tendrán su proyección en el próximo ejercicio del año 2021.

Al mismo tiempo, ha querido valorar, el esfuerzo realizado en todo este tiempo por la Unión Europea (UE), el Gobierno de España, la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y los ayuntamientos de la región para dar una respuesta a los efectos de la pandemia en la sociedad.

AGENDA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

En su intervención, Fernández Vara también se ha detenido en la Agenda para la Reactivación Social y Política de Extremadura y ha puesto de relevancia no solo lo que supone de concertación social, algo que va a ser una constante a lo largo de toda la legislatura, ha dicho, sino que nació de un apoyo «muy significativo» de los grupos políticos.

Así, de ese documento se va a derivar gran parte del trabajo de la Junta en los próximos años, aunque ya este se han desarrollado algunas estrategias, como la Estrategia de Empleo, el Pacto por la Ciencia, que verá la luz en las próximas semanas, o el Plan Integrado de Energía y Clima, que va a sentar las bases del liderazgo regional en energías limpias en este decenio.

También ha añadido Vara que va a incorporar en las próximas semanas y meses las consecuencias de lo que ha sido el trabajo «largo e intenso» de este año en lo que significa la logística, la movilidad o todo lo que tiene que ver con el reto demográfico.

Por otro lado, en su balance ha recalcado Vara el «esfuerzo inversor» realizado, sobre todo el en último trimestre, en el que se han desarrollado muchas licitaciones en el ámbito educativo, que solo en colegios y reformas se han traducido en 40 millones de euros, además de en infraestructuras hidráulicas, cooperación, así como en decretos de ayudas a determinados sectores.

«IMPORTANTÍSIMO CRECIMIENTO» DE LOS PGEx

También se ha referido Guillermo Fernández Vara a que la Junta de Extremadura ha llevado a la cámara unos presupuestos para 2021 con un «importantísimo crecimiento» para estos tiempos de crisis.

Asimismo, ha remarcado que la «peor parte» del trabajo de los representantes públicos en estos últimos meses y en los próximos estará en hacer posible que con los fondos de recuperación que Europa va a poner a disposición de los Estados miembros a partir de abril haya un «número importante» de proyectos que vengan a desarrollarse a Extremadura.

«Esto no puede ser flor de un día, tiene que ser flor de muchos días, de muchas reuniones, de mucho trabajo. Mañana será un ejemplo en el Ministerio de Transición Ecológica, porque lo que pretendemos es que cuando llegue el momento haya un importante número de proyectos que se desarrollen en Extremadura, bien por parte de la Unión Europea, bien por parte del Gobierno de España, bien por parte de la Junta de Extremadura, de las diputaciones provinciales o ayuntamientos», ha aseverado.

GRAN COLABORACIÓN CON EMPRESARIOS Y SINDICATOS

En otro momento, Fernández Vara ha puesto de relieve que se ha mantenido una «gran colaboración» con el sector empresarial de Extremadura y los sindicatos para intentar enviar al Gobierno de España una Agenda para la Reactivación Social y Política con un portfolio de proyectos que es «absolutamente imprescindible» para entender la trascendencia de los momentos que quedan por vivir.

«Nunca en Extremadura había habido la opción de poderse invertir tantos recursos en sectores estratégicos en tan poco tiempo y esto es algo que lo vamos a poder ver en el horizonte. Ya lo estamos viendo en el sector energético, pero vamos a poder ver también en el sector de la digitalización, en el sector de la movilidad, en el sector de la logística, en el sector del turismo, en el sector de la cultura«, ha añadido.

Por ello, el líder del Ejecutivo regional se ha mostrado «persuadido» de que vienen momentos que van a ser trascendentales para el futuro «siempre y cuando» se sea capaz de vencer de una vez por todas a la pandemia, de la que ya se cuenta con una «parte de la solución», que es la vacuna.

De esta forma, ha implorado a la ciudadanía que ahora más que nunca no se olvide de que van a tener transcurrir muchos meses hasta que haya un porcentaje por encima del 50 por ciento vacunado que sería una inmunidad de rebaño importante, y que se debe seguir manteniendo la vigilancia, la prevención y la protección de la salud.

«En definitiva, ha sido un año de una enorme complejidad, que no es un año para olvidar, yo creo que no deberíamos olvidar nunca lo que ha ocurrido, primero por recordar a los que más lo han sufrido, segundo por agradecer siempre a los que más han trabajado para combatirlo y tercero porque de aquí hay que sacar muchas enseñanzas», ha añadido.

«No todo lo que se hizo estaba bien hecho, no todas las decisiones que se tomaron se convirtieron finalmente en aciertos y eso hay que reconocerlo como un elemento fundamental y básico para crecer», ha apuntado.

También ha invitado a realizar un «esfuerzo colectivo» para poner lo mejor de todos y no perder demasiado tiempo en «discusiones inútiles» como «qué pegatinas deben llevar las vacunas».

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha confiado en que 2021 sea «un año de serenidad y de altura institucional» para «fortalecer la convivencia» en la Comunidad foral. Así lo ha afirmado en su mensaje de fin de año, en el que ha hecho balance de este ejercicio marcado por la pandemia del Covid-19.

Recordando «el dolor generado» por el coronavirus, la presidenta ha apostado por reforzar la convivencia para afrontar la «triple crisis sanitaria, social y económica» generada por la pandemia, «porque sin convivencia no hay prosperidad». Y ha confiado en hacerlo a través de un plan «que contribuya al impulso de Navarra, generando un entorno de confianza y ejemplar en la manera de convivir», que atraiga talento, inversiones e intensifique la marca Navarra.

La presidenta se ha referido en su discurso de fin de año a la excepcionalidad del ejercicio que ahora termina, marcado por la pandemia del Covid-19, que ha dejado en Navarra más de 950 muertos y miles de infectados. «Este virus está dejando mucho dolor en tantas y tantas personas y familias que han perdido a un ser querido o han sufrido o sufren la enfermedad», ha asegurado.

Chivite ha señalado que la vacuna, que este pasado domingo comenzó a suministrarse a mayores y personal sociosanitario, es «una importante noticia para abordar con esperanza el nuevo año», aunque ha invitado a no bajar la guardia. «Vamos a tener más herramientas para hacer frente al virus. Y eso nos permitirá a su vez avanzar en la recuperación poco a poco con cierta normalidad, pero nos quedan aún meses difíciles», ha asegurado.

Así, la presidenta ha solicitado a la población navarra «responsabilidad» para mantener las medidas de prevención y acatar las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus. «Esa responsabilidad está siendo fundamental para luchar contra el Covid-19 y ese esfuerzo tendrá la recompensa de las vidas salvadas», ha subrayado.

Del mismo modo, María Chivite ha agradecido de nuevo «la implicación y dedicación de los profesionales de tantos sectores que, desde que comenzó la pandemia, nos han facilitado la vida y nos han atendido», desde personal sanitario y sociosanitario hasta de limpieza, logística y atención al cliente, pasando por seguridad y emergencia.

Chivite ha defendido que «tener una Navarra fuerte contribuirá a una mejor salida de la crisis generada por el Covid-19». «Tenemos talento, tenemos mimbres sólidos y estamos en buena posición para avanzar hacia una recuperación marcada por un nuevo modelo de desarrollo social y económico», ha señalado. Un modelo en el que la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión social y territorial «jugarán un papel esencial», ha asegurado.

La presidenta ha afirmado que esas premisas son las que subyacen en el Plan Reactivar Navarra y en el fondo de recuperación europea Next Generation, al que la Comunidad foral opta para «acelerar las transformaciones e impulsar las inversiones que Navarra necesita para dar un salto adelante como comunidad».

Según ha señalado, el primer paso hacia esa recuperación ha sido la aprobación de los Presupuestos para el próximo año, fruto de «la responsabilidad y altura de miras de todos los partidos que han entendido que estamos en una situación extraordinaria».

En este sentido, Chivite ha añadido que «la ciudadanía navarra es plural y se reconoce en la pluralidad y la diversidad». «Por eso, valora los acuerdos y no entiende que, pudiendo avanzar en calidad cívica y democrática, se opte por la polarización y la autoexclusión», ha asegurado la presidenta.

En esta línea, ha insistido en que «todos somos corresponsables de la construcción de la marca Navarra o de su deterioro» y ha invitado a trabajar por mejorarla día a día. «Hagamos más Navarra, hagamos mejor Navarra», ha enfatizado, señalando que esa marca se alimenta «de intangibles» en lo que toda la ciudadanía puede contribuir: «Talento, audacia, valentía en las políticas públicas, decisión empresarial, trabajo, compromiso con el desarrollo igualitario, prosperidad, convivencia pacífica y confianza en el sistema».

La campaña ‘Digitalización Sostenible’, que arrancó el 6 de noviembre para implicar al tejido empresarial de toda España en la recogida selectiva de dispositivos electrónicos con la finalidad solidaria de reducir la brecha digital y contribuir al fomento del acceso universal a la tecnología, ha llegado al ecuador con el compromiso de más de 65 empresas adheridas, entre las que se encuentran multinacionales y pymes de todo el Estado, además de autónomos que quieren sumar su grano de arena en esta lucha.

Además, un total de 22 ONG han solicitado ser receptoras de los dispositivos donados para distribuirlos entre personas y colectivos con dificultades de acceso a la tecnología.

Madrid, con 20 empresas, lidera la campaña solidaria en número de compañías adheridas, seguida por Valencia, con 9; Valladolid, con 7; y Navarra, con 5. Sin embargo, compañías de mayor y menor tamaño de un total de 20 ciudades españolas han reclamado contenedores de recogida de dispositivos en sus centros de trabajo.

Hasta el momento, los organizadores de la acción han proporcionado a las empresas 102 contenedores de recogida y se han movilizado ya alrededor de 1.500 equipos dispositivos entre tabletas, móviles o teclados.

En la otra cara de la acción solidaria se sitúan las ONG receptoras de los equipos reacondicionados. Hasta la fecha, un total de 22 entidades, muchas de ellas con representación en todas las capitales españolas, ya han solicitado ser receptoras de los dispositivos electrónicos. Cáritas España, Proyecto Educamos Contigo, Fundación San Juan de Dios o Fundación Secretariado Gitano son algunas de las entidades que esperan recibir los equipos reacondicionados para distribuirlos entre personas con dificultades de acceso a la tecnología.

La idea original de ‘Digitalización Sostenible’ surgió de la empresa de hipermercados y supermercados Alcampo, que planteó a Fundación Ecotic llevar a cabo una recogida selectiva de ordenadores y tabletas en empresas. Partiendo de esta propuesta, Fundación CEOE y los principales Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en el ámbito del reciclaje electrónico (Fundación Ecotic, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Fundación Ecolec, Ecolum, y ERP España), decidieron aliarse para impulsar esta campaña solidaria a nivel estatal, contando con la colaboración del estudio de ecoinnovación inèdit y de la Fundación SEUR.

A los ordenadores, las tabletas y los móviles recogidos en las empresas se les dará una segunda vida, a fin de ayudar a personas con dificultades de acceso a la tecnología, y reducir a su vez la generación de residuos para proteger el medio ambiente. Para ello, los ordenadores y tabletas se recogen y se reacondicionarán para después proceder a la entrega en centros educativos y de formación, a menores y personas en riesgo de exclusión, a residencias de personas mayores, y a otras personas y colectivos que los necesiten, todo ello a través de ONG que hayan solicitado ser receptoras.

A su vez, éstas últimas otorgarán a las empresas participantes que lo requieran un certificado de donación, acreditando los equipos entregados.

Los Sistemas Colectivos implicados han puesto a disposición de todas las empresas que participan en la acción contenedores para la recogida selectiva de los dispositivos en desuso, que aportan tanto las propias direcciones empresariales como sus trabajadores a nivel particular. La Fundación SEUR será la encargada de distribución de los equipos reacondicionados entre las entidades sociales receptoras.

Por su parte, el estudio de ecoinnovación inèdit ha realizado un estudio de huella de carbono que permitirá poner cifras del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero al alargar la vida útil de los diferentes dispositivos mediante el proceso de recuperación y acondicionamiento de los ordenadores donados. Se proporcionará una acreditación que permitirá que los Sistemas Colectivos puedan facilitar a las empresas que hayan aportado equipos al proyecto un documento en el que se indicará la reducción de su huella de carbono en función de los equipos donados por cada una de ellas.