El Consejo General Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha hecho llegar a las autoridades sanitarias autonómicas a través de sus Consejos Autonómicos y Colegios provinciales una batería de acciones destinadas a cooperar y garantizar el mayor éxito posible en la campaña de vacunación frente a la Covid-19, tales como desmentir bulos, dar información fiable y colaborar en programas de adherencia y farmacovigilancia sobre vacunas.

La primera de estas medidas es la que se refiere a la información. Tal y como recuerdan desde la organización colegial, las vacunas están siendo objetivos de numerosas ‘fake news’ que favorecen la desconfianza en los ciudadanos. Por ello, el Consejo General ha puesto a disposición de las autoridades la red de más de 22.000 farmacias españolas como puntos de información segura.

En este sentido, cabe recordar que los farmacéuticos, como profesionales sanitarios, cuentan con una formación y una capacitación técnica de primer nivel que, junto con la confianza de pacientes y ciudadanos, les convierte en los prescriptores de información esenciales para desmentir bulos y acabar con la desinformación.

«Podemos y queremos ser puntos de información veraz para la sociedad y ofrecer certidumbre a los pacientes, en momentos tan delicados como estos. Lo hemos hecho durante toda la pandemia y queremos seguir haciéndolo», ha recordado el presidente del Consejo, Jesús Aguilar.

Para hacerlo, el Consejo, que ha consensuado con el Ministerio de Sanidad y el resto de profesionales sanitarios la estrategia de vacunación que se va a llevar a cabo, pone en marcha este martes un completo programa de formación y actualización de vacunación en COVID 19 para farmacéuticos y remitió la pasada semana a toda la red de farmacias la información que el Ministerio ha elaborado. Estas acciones constituyen el inicio de una amplia batería de actuaciones que el Consejo está diseñando para que la Campaña de vacunación consiga los objetivos de cobertura del 70 por ciento de la población española.

«Aún queda mucho por hacer en cuanto a sensibilización, información y educación sanitaria, ya que, según los datos recogidos en una encuesta puesta en marcha por el Consejo a través de la Red de Farmacias, a día de hoy, el 51 por ciento de los encuestados se vacunaría, el 33 por ciento estaría indeciso y el resto no se vacunaría», afirma Aguilar.

Junto con lo anterior, el Consejo también se ha ofrecido a establecer conjuntamente con las autoridades autonómicas, programas de adherencia y seguimiento de las pautas vacunales, para garantizar la efectividad de las vacunas, sobre todo de aquellas que precisan de dos dosis. Los farmacéuticos que ejercen en los diferentes ámbitos asistenciales (hospitales, Atención Primaria, farmacias comunitarias y centros sociosanitarios) son los responsables de este tipo de programas, por lo que su cooperación con el resto de profesionales sanitarios es fundamental para un eficaz seguimiento del cumplimiento de las pautas vacunales.

La tercera de las medidas más importantes es la participación de los farmacéuticos en la farmacovigilancia. La profesión farmacéutica desempeña una función estratégica para garantizar el seguimiento en aspectos relativos a la seguridad de este tipo de vacunas, ya que además colabora habitualmente en programas específicos de Farmacovigilancia y en otros que se puedan implementar en el marco de la estrategia de vacunación generalizada. No solo entre la población que accede a las farmacias, sino también en la que se encuentra en centros sociosanitarios, que también son atendidos por estos establecimientos sanitarios.

«Los farmacéuticos estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos, ya sea a iniciativa nuestra o a iniciativa de las autoridades sanitarias», ha recordado Aguilar, quien se ha reafirmado asegurando que «tanto autoridades como pacientes tienen que tener la certeza de que los farmacéuticos estamos dispuestos a todo para ayudar a doblegar el virus».

La vivienda comunitaria San Marcos de Cudeiro, en Ourense, ha sido la primera del área sanitaria en vacunar, este martes, a sus trabajadores y usuarios, entre ellos el nonagenario Inocencio Corbal, el primero en recibir su dosis, que ha expresado su ilusión en poder, por fin, abrazar a su nieta, de dos meses, que solo ha podido ver a distancia.

«Tengo ganas de poder coger a mi nieta, aún no he podido hacerlo porque solo tiene dos meses. La ví, pero fue desde el coche», ha dicho el propio Corbal a los medios tras recibir su primera dosis de inmunización y abrir con ello la campaña de vacunación en Ourense.

Acompañado de los sanitarios que se encargaron del proceso de vacunación y a las puertas de la residencia, Inocencio Corbal ha contado las primeras sensaciones. «Es una satisfacción, ahora estamos bien con la vacuna metida, le recomiendo a todo el mundo que la ponga», ha dicho el nonagenario, que ha afirmado no haber sentido «ningún dolor». «Mañana mismo pondría otra si fuese necesario», ha añadido.

La campaña de inmunización gallega, iniciada en Santiago de Compostela el domingo, ha proseguido este martes, de forma simultánea, en una residencia de cada área sanitaria. En el caso de Ourense, ha sido la vivienda comunitaria San Marcos, donde se han vacunado a sus 20 usuarios y seis de sus trabajadores.

El gerente del Área Sanitaria, Félix Rubial ha manifestado «la gran emoción» que ha supuesto iniciar la campaña. «No sabría decir si ha sido el principio del fin o el final del principio, pero, sin duda, sí estamos ante un punto de inflexión en el abordaje de la enfermedad», ha reflexionado.

Por su parte, el gerente de la vivienda, Gabriel Rúa, ha subrayado «la enorme alegría» que ha conllevado la vacunación de los usuarios del centro. «Lo estábamos deseando desde hace meses, porque hubo momentos muy duros», ha dicho, poniendo de ejemplo el inicio de la primera ola.

«Nos quedábamos aquí día y noche para evitar riesgos y era muy triste y doloroso ver cuando venían familiares y no se podían acercar o abrazar, todos terminaban llorando», ha explicado Gabriel Rúa, que ha confiado en que las vacunas «sean el inicio para poder empezar a quitarse las mascarillas y poder recuperar los abrazos y los besos y que las lágrimas ya solo sean de felicidad».

La subdirectora de enfermería, Josefa Rodríguez Araújo, ha explicado que la campaña empezó por esta residencia de mayores por motivos médicos, dado que «las primeras en recibir las vacunas serán aquellas que no han tenido casos positivos, como esta, por razones de seguridad y precaución».

El líder del PP, Pablo Casado, ha adelantado este martes que apoyará al Gobierno «para cualquier medida que refuerce la Monarquía», pero dejando claro que cualquier paso en este sentido debería hacerse en el marco de una ley orgánica y no mediante una reforma de la Constitución. Tras defender la labor «impecable» y el «reinado ejemplar» de Felipe VI, ha recalcado que cualquier reforma de este tipo «solo se puede llevar a cabo si hay un gran acuerdo entre el PP y el PSOE».

«El Gobierno contará con el apoyo del PP para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado y refuerce a la Monarquía como la forma que todos los españoles eligieron en referéndum para articular el Estado», ha asegurado Casado en la rueda de prensa en la que ha hecho balance de 2020.

El líder de los ‘populares’ ha subrayado que «todo lo que esa reforzar la Monarquía» será «bienvenido» y ha indicado que para cualquier medida de este tipo se requiere el apoyo del primer partido de la oposición al que, según ha señalado, el Gobierno aún no le ha planteado nada en este sentido.

DENUNCIA LOS «ATAQUES» DE IGLESIAS Y SOCIOS DE SÁNCHEZ

Casado ha denunciado que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y varios ministros de Podemos se dediquen a «atacar abiertamente a la Monarquía» y que también los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo «arremetan contra Felipe VI».

El presidente del PP ha afirmado que esos partidos están buscando además «revisionar el periodo histórico de la Transición y de la propia Constitución», que «consagra a la Monarquía y al Rey como símbolo de la unidad y permanencia de la nación española».

«Esperemos que el PSOE no haga más equilibrismos. O se está con los que defendemos la Monarquía y la Constitución o se está con los que la atacan. Los demás funambulismos acaban mal, pero acaban mal para todos los españoles», ha avisado.

Al ser preguntado entonces si el PP estaría abierto a negociar una ley la Corona y si cree que sería necesaria para reforzar a la Monarquía, Casado ha insistido en que «todo lo que sea reforzar la Monarquía, bienvenido sea» pero ha indicado que debe ser el Ejecutivo el que contacte con el principal partido de la oposición porque ese tipo de reformas, ha dicho, «solo se puede llevar a cabo si hay un gran acuerdo entre el PP y el PSOE».

«NO ES MOMENTO DE ABRIR LA CAJA DE PANDORA»

Dicho esto, ha dejado claro que el PP no está «por la labor» de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que, a su juicio, con la «crisis institucional» por la que atraviesa España «no es momento de abrir la caja de pandora con una crisis constituyente» en la que se puede saber «como se empieza y no cómo se acaba».

Casado ha explicado que ni hay mayorías ni interlocutores para llevar a cabo esa reforma de la Carta Magna pero no ha descartado una Ley Orgánica de la Corona si es para «reforzarla» y «continuar con el reinado renovador» que Felipe VI inauguró hace seis años y que está comprometido «con la transparencia, la ejemplaridad y los principios cívicos, morales y éticos». En el fondo es lo que está haciendo la Casa Real una vez que aprobó esa regulación respecto a su transparencia y el ejercicio de sus funciones», ha apostillado.

Al ser preguntado si el PP aceptaría algún acuerdo para acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado que recoge la Constitución, Casado ha afirmado que la jefatura del Estado se está desempeñando por Felipe VI «de forma impecable» y, por tanto, «no hay necesidad de una modificación legal para reforzar» lo que, a su juicio, es un «reinado ejemplar».

Sin embargo, ha insistido en que si el Gobierno plantea el «reforzamiento de la institución» frente a los «ataques de sus propios socios», el PP estaría dispuesto a que «eso se haga y así no hay más discusiones» porque son «un partido de Estado». A su entender cualquier modificación de la arquitectura del Estado debe hacerse con el consenso del PSOE y el PP.

«Si el Gobierno considera que hay que hacer alguna modificación para reforzar ese papel y que no quede absolutamente ni un resquicio de posibles críticas a sus socios, estamos dispuestos a estudiarlo siempre que sea para fortalecer la institución», ha abundado el líder de los ‘populares’.

Eso sí, Casado ha subrayado que «el problema» no es la Monarquía, la Constitución, la oposición o los medios de comunicación sino el Gobierno con la «división, la radicalidad y el cúmulo de incompetencias que está acumulando. «Ellos tendrán que decir de qué lado están», ha enfatizado, para echar en falta al «socialismo clásico» frente al «partido sanchista actual».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este martes al Gobierno central su criterio «político» para establecer el reparto de los fondos europeos de recuperación ‘REACT-EU’. A Galicia llegarán unos 440 millones de euros, una cifra que Feijóo estima entre 100 millones y 260 millones inferior a la que debería recibir.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la última reunión del año de su Ejecutivo, el presidente se ha dicho «sorprendido» por un reparto que «rompe todos los criterios de financiación» previos: «El Gobierno de España deroga el sistema de financiación de las comunidades y ni siquiera cumple los criterios que establece la Unión Europea para las regiones de los Estados miembro».

Y es que, de acuerdo con sus cifras, si España siguiese las recomendaciones de la UE, Galicia debería recibir «100 millones de euros más» –en torno a 540 millones en total–; y, si se siguiese el sistema de financiación autonómico, recibiría «220 millones de euros más» –660 millones–.

«Llueve sobre mojado. Nos perjudicaron en el reparto de fondos covid, salimos especialmente perjudicados en los Presupuestos Generales del Estado y volvemos a salir perjudicados en los fondos europeos ‘React'», ha recalcado el presidente de la Xunta.

«MANTENER LA MAYORÍA PARLAMENTARIA»

En este contexto, Feijóo ha sospechado de los motivos «políticos» que llevan a efectuar esta distribución de las cuantías: «Sirve exclusivamente para mantener la mayoría parlamentaria del Gobierno perjudicando a las comunidades cumplidoras».

«Siempre hay el mismo razonamiento. Si ustedes miran qué comunidades ganan siempre, es la misma: Cataluña. ¿Y qué comunidades pierden? Siempre son las mismas: Castilla y León, Galicia y otras», ha explicado.

Este criterio de favorecer a los «socios parlamentarios» del Gobierno, supone además «romper la tendencia de que los fondos europeos se reparten con criterios previamente conocidos y objetivos». «Ayer (este lunes) nos dieron esta información sin discusión y se nos dice que esto (440 millones) es lo que nos toca», se ha quejado Feijóo.

En resumen, todo esto se enmarca, para el presidente gallego, «una carrera de cómo ir descapitalizando la Comunidad Autónoma en el ámbito del sistema de financiación que estaba pactado hace muchos años y que ya no era el mejor sistema».

Las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae reclaman cambios en el sistema de formación mediante la aplicación de 50 nuevas medidas que se ajusten a «las necesidades reales» de los autónomos y sus empresas.

Tras una jornada ‘online’ en la que se han presentado los resultados del estudio para la detección de la importancia de la formación, tipología y sistema formativo más adecuado para el trabajador autónomo, las tres organizaciones apuestan por cambios sustanciales en el acceso a la formación para mejorar las competencias digitales del colectivo.

Además, los representanes han desaprobado los contenidos, duración, metodología y horarios de las acciones formativas que se ofrecen, ya que «nada o poco» tienen que ver con las singularidades del autónomo que sufre una «excesiva» carga de trabajo y que tiene que compatibilizar su jornada laboral, su vida familiar y la formación.

El estudio recomienda establecer procesos abiertos de acreditación de competencias profesionales y experiencia profesional para que los autónomos puedan acceder a itinerarios formativos más extensos ligados a los certificados de profesionalidad.

UN MODELO DE FORMACIÓN «MÁS SENCILLO» Y CON MENOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS

El responsable de Uatae, Valeriano Gómez, ha asegurado que el modelo de formación debe ser «más sencillo» y con menos trámites burocráticos en la percepción de las ayudas a la formación.

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha destacado que tan solo el 1% de los autónomos españoles ha podido acceder a las acciones formativas desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). «Es el dato más bajo de todos los países más desarrollados del marco de la Unión Europea», ha añadido.

Asimismo, el secretario general de ATA, José Luis Perea, ha propuesto una estrategia nacional de impulso a la formación que adapte las empresas a un entorno productivo cambiante y mejore su competitividad a través de la digitalización.

Además, otro objetivo del plan es fomentar la colaboración público-privada y la participación en el sistema de las organizaciones de autónomos o que el modelo de financiación sea «totalmente transparente».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que su formación fiscalizará la gestión de los fondos europeos para combatir la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y ha advertido de que denunciará «cualquier atisbo, de arbitrariedad o irregularidad».

En una rueda de prensa retransmitida telemáticamente desde la sede del PP en Madrid para hacer balance de este año, Casado ha alertado de que no piensa «pasar ni una» y que realizará el seguimiento de cómo se ejecutan estos fondos con parlamentarios de su formación, pero también con exministros, ex secretarios de Estado o ex directores generales.

Todo ello antes de reconocer que ve «preocupante» lo conocido hasta ahora del esperado decreto ley para agilizar la gestión de los fondos europeos, y asegurar que «si se quitan las cortapisas y garantías a nivel administrativo, se tienen que reforzar a nivel parlamentario». «Si no, estaríamos conculcando en la honestidad, eficacia y pluralidad en el reparto de ayudas», ha dicho.

En este sentido, se ha referido al «diferencial de 400 millones» señalado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a Cataluña, y ha reclamado «equidad» en el reparto de fondos, para lo cual ha puesto como garantía una autoridad independiente para «evaluar dónde van esos fondos».

Sin profundizar en las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, ha señalado que Madrid es «similar en población, en renta hasta hace poco, y en peso en la economía nacional» con Cataluña.

CREE QUE CON UN ACUERDO CON EL PP LAS AYUDAS LLEGARÍA ANTES

Preguntado por la gestión de estos fondos, Casado ha insistido en su propuesta de una agencia independiente para gestionar las ayudas, pero también en alcanzar un acuerdo para el plan de reformas que debe acompañar a las mismas y que debe presentarse en Bruselas, subrayando que al Gobierno «le vendría mucho mejore para la rapidez en la su concesión ir a Bruselas con respaldo parlamentario».

«Si no, puede pasar como el año pasado», ha apostillado, haciendo referencia a que este año dejaron de ejecutarse 38.000 millones de euros procedentes de fondos comunitarios de cooperación y cohesión. En todo caso, ha afirmado que «no todo son los fondos» pues, si bien reconoce que «vienen muy bien» duda de que «sean la solución por sí mismos».

DUDA QUE LOS FONDOS «SEAN LA SOLUCIÓN POR SÍ MISMOS»

«Dudamos que los fondos sean la solución por sí mismos. Lo es por ahora la compra masiva de deuda pública por el Banco Central Europeo (BCE) de 330.000 millones este año. ¿Pero cómo vamos a refinanciar 300.000 millones el año que viene?», se ha preguntado, señalando a renglón seguido que, aun con un «rebote» de la economía «si la vacuna va muy bien», existe un riesgo de que España quede «rezagada» en la recuperación.

En este supuesto, ha advertido de que entonces el BCE «tendrá más difícil hacer programas de estímulo» y que en ese caso «habría que ir al programa Mede (Mecanismo Europeo de Estabilidad) de rescate directo». «Ese que el Gobierno no quiere por el estigma que supone en la financiación en los mercados internacionales», ha apostillado.

INSISTE EN APROVECHAR LOS FONDOS PARA BAJAR IMPUESTOS

Por otro lado, Casado ha recordado que la Comisión Europea permitirá la utilización de los fondos europeos para rebajar impuestos y ha reivindicado esa vía para evitar la quiebra de empresas, ante la dificultad de sectores para emplear subvenciones vinculadas a la digitalización, como los del ocio, la hostelería, la movilidad o la cultura, y la insuficiencia, a su juicio, de los planes de ayudas aprobados.

Para otros aspectos del plan de reformas, ha recordado que su propuesta pasa por atender a criterios de despoblación y eficiencia en la Administración en lo referido a la digitalización, la ‘mochila austriaca’ para el sistema de indemnización por despido, culminar los corredores de mercancía y tramos de alta velocidad ferroviarios y un plan de sostenibilidad hidráulica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes que el apoyo al independentismo catalán se vaya a pagar a costa de los madrileños que van a recibir 422 millones de euros menos del fondo REACT-EU procedentes de la Unión Europea para afrontar el impacto de la crisis generada por el coronavirus.

Así lo ha trasladado Ayuso en la Real Casa de Correos en rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno del año. «Tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña tienen escenarios sociales y económicos muy parecidos, y, sin embargo, el reparto perjudica claramente a nuestra Comunidad», ha criticado la presidenta regional, que ha insistido que ese dinero hace falta a todos.

Ayuso ha afirmado que el reparto de fondos europeos «está pensado contra los madrileños» y que, por ello, denunciarán «ese maltrato a Madrid en todas partes», en Bruselas y en España, ha detallado.

«No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y en el momento menos adecuado», ha lanzado la presidenta.

«NUNCA SE HA VISTO TANTA ARBITRARIEDAD CONTRA MADRID»

Es por ello que la presidenta, durante su discurso, ha trasladado que España «debe trabajar como un solo país fuerte contra la crisis económica, sin discriminaciones ni arbitrariedades» y que «nunca se ha visto tanta arbitrariedad así», ha alarmado en referencia a los fondos. «Denuncio el sectarismo que en muchas ocasiones ha habido contra la Comunidad de Madrid», ha recalcado.

Así, ha hecho un llamamiento a los socialistas de los que espera que sus portavoces de la Asamblea de Madrid les apoyen «en este momento», cuando deben «explicar la discriminación» por el hecho de que Cataluña vaya a recibir el 17% de estos fondos frente al 13% de Madrid, «aunque ambas tienen casi el mismo peso sobre el Producto Interior Bruto nacional».

En este punto, ha recordado que hace tiempo denunciaron que «los independentistas y Podemos» querían subirles los impuestos y que, «como no lo van a conseguir», han decidido «discriminarles» en el reparto de fondos de la Unión Europea. No obstante, a pesar de las «discrepancias», Ayuso ha ensalzado a su Gobierno, que se caracteriza «por el diálogo».

Ya al término de la rueda de prensa, a las preguntas de los periodistas, Ayuso ha reiterado que van a denunciar «todo aquello que vaya de manera directa en contra de los intereses de Madrid» y frente a todo lo que consideren «un atropello y que es perjudicial».

«En los próximos meses vamos a pedir a los organismos europeos que se tenga en cuenta que esos fondos van en parte destinados a las regiones que peor lo han pasado y que Madrid es una de ellas. Aquí, o se reactiva la economía, la clase media y el turismo o no hay país que levantar», ha lanzado la presidenta.

La presidenta del Ejecutivo madrileño, también ha aprovechado la intervención para hacer un balance de 2020. Ha indicado que, conforme a su promesa política de mantener los criterios que han hecho de la Comunidad de Madrid «el motor económico de este país» y a su compromiso «con la libertad», han mantenido «algunos desencuentros con el gobierno central, que no comparte sus políticas liberales».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Trabajo, la prórroga del real decreto por el que el se estableció una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas, con el fin de dar más margen a la negociación del diálogo social para acordar cuál debe ser la evolución del SMI el próximo año.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, con la prórroga aprobada hoy se garantiza la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del salario mínimo como garantía salarial para las personas trabajadoras, que gracias a esta extensión continuarán protegidas.

También se protege a los trabajadores que estaban pendientes de este SMI y que podrían haberse quedad en un limbo legal a partir del 31 de diciembre si no se hubiese aprobado esta prórroga.

El mes de febrero de este año fue cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que el se establecía una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta subida fue fruto del acuerdo.

Trabajo ha dejado claro que la prórroga tiene carácter temporal y que supone una prórroga del vigente SMI hasta que se apruebe el Real Decreto que lo fije para 2021, una vez se acuerde en el marco del diálogo social.

«Con la prórroga, también se garantiza la participación de los agentes sociales para fijar el SMI en un contexto social y económico de especial dificultad y de caminar en la senda de crecimiento de su cuantía en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del programa de Gobierno, y en el ámbito europeo e internacional«, indica el departamento que encabeza de Yolanda Díaz.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) ha acordado este martes una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicarse al particular contra el que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se querelló por seis delitos al considerarle el «instigador» de las protestas frente a su vivienda por la gestión del Ejecutivo de la pandemia del coronavirus, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha aceptado tanto la petición formulada por la Fiscalía de Madrid como la defensa de Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que prohibiera al querellado acercarse a su domicilio o lugar de trabajo, además de comunicarse con ellos por cualquier canal, si bien ha acordado la distancia solicitada por el Ministerio Público.

Los abogados de los líderes de Podemos han interesado que la orden de alejamiento fuera de 3 kilómetros, según han indicado las mismas fuentes consultadas.

Dichas peticiones se han realizado justo después de que el querellado, Miguel Ángel Frontera, haya declarado ante el juez. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia judicial, ha admitido su participación en las protestas frente a la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar.

En este sentido, según han indicado las fuentes consultadas, Frontera ha explicado que éstas han sido motivadas por la gestión en especial por la gestión que ha hecho Iglesias de las residencias de ancianos frente a la covid-19. La defensa del querellado, ejercida por la abogada Polonia Castellanos, ha solicitado el archivo de las actuaciones al entender que no hay ninguna prueba de la comisión de ningún delito.

IGLESIAS Y MONTERO DICEN SENTIR «MIEDO»

Iglesias y Montero comparecieron este lunes ante el juez por videoconferencia para ratificar la querella. Durante sus declaraciones afirmaron que sentían «miedo» de las protestas y que las «rutinas» de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados, han señalado las mismas fuentes jurídicas.

Iglesias presentó el pasado mes de julio una querella contra Miguel Ángel Frontera Díaz por los presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo «a diario» al menos desde el pasado 15 de mayo, «hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar», todo lo cual le produce una «grave alteración» de su vida cotidiana y de la de su familia.

GRABACIÓN DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

La querella hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona y, según consta en el escrito, «los medios de comunicación refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos.

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad», y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

«Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución», explica el escrito, que opina que la conducta de Frontera «no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia», concluye la querella.

Asimismo, destaca que el delito de acoso encaja con la conducta de Frontera, «puesto que ejerce una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo por parte del querellado o su pareja» y «se produce un atentado a la libertad de Don Pablo Iglesias puesto en el tiempo en que el querellado está en las inmediaciones de la vivienda, impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc».

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, concede una subvención de 29.000 euros a la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la RASD para ejecutar el proyecto ‘Apoyo a la manutención básica, salud, agua y medio ambiente y sensibilización’ ante la emergencia provocada en los campamentos de refugiados por la pandemia del COVID-19.

El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, ha recordado que el Sahara ha sido un continuo referente en los proyectos municipales de Cooperación al Desarrollo, con programas de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria desde 1991, dirigidos fundamentalmente a temas escolares y de sanidad.

Desde hace casi treinta años, ha recordado, la Asociación Riojana de Amigos del Sahara presenta en este Ayuntamiento la solicitud de subvención para desarrollar el Programa ‘Vacaciones en Paz’. Este proyecto, ha indicado, consiste en la acogida de niños saharauis en familias de Logroño para pasar los meses de julio y agosto.

«Tiene un marcado carácter humanitario, debido a las condiciones de extrema dureza que se sufre en los campamentos de refugiados con carencias de todo tipo (alimentación, sanidad, etc.)» El objetivo primordial de este programa, ha detallado, «más allá del disfrute de vacaciones de estos niños, son los reconocimientos y tratamientos médicos para ellos, ya que las mayores patologías que sufren son las relacionadas con los oídos y vista».

Además, ha apuntado, «el Ayuntamiento de Logroño mantiene una especial relación con la antigua Colonia del Sahara Occidental, especialmente con la Daira de Hagunia, ciudad que está cerca de El Aaiun y forma parte del territorio ocupado por Marruecos, con la que estamos hermanados».

Este año, la situación de pandemia mundial por COVID imposibilitó realizar esta actividad. Por ello, «la Asociación solicitó modificar el objeto del programa para el año 2020 y presentar un nuevo programa denominado ‘Apoyo a la manutención básica, salud, agua y medio ambiente y sensibilización: Emergencia frente a COVID19 en los campamentos de refugiados’, que se lleva en coordinación de la Media Luna Roja Saharaui».

Este programa, ha informado Iván Reinares, «va destinado a cubrir el déficit producido como consecuencia de la pandemia en los campos de refugiados. Por ello vamos a firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. para la concesión de una subvención de 29.000 euros».

El objetivo de esta subvención es cubrir el déficit en los sectores de alimentación, salud, agua y medio ambiente producido como consecuencia de la pandemia. De esta manera, ha especificado el concejal de Servicios Sociales, «en materia de alimentación, se pretende garantizar la canasta básica (harina, aceite, azúcar, arroz, lentejas, alubias, pasta) para 77.232 personas durante cinco meses y la distribución de productos frescos».

Por otra parte, ha detallado, en materia de salud, «se incidirá en la higiene, la prevención y adquisición de materiales y equipos de diagnóstico, medicamentos y materiales de protección frente al COVID-19; y se apostará por mejorar la calidad del agua y habilitar depósitos de 1 metro cúbico para familias y depósitos de 250 metros cúbicos para su almacenamiento y distribución.»

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD, José Tomás Navajas, ha concretado que esta ayuda se centrará en el mantenimiento del centro de aislamiento en el que se confina a las personas que entran a los campos de refugiados y en otra zona a las que dan positivo para contener así la propagación del virus.

José Tomás Navajas ha insistido en la crítica situación que están viviendo los campos de refugiados, «ya de por sí precaria, que se ha visto agravada al cerrarse el tránsito de personas, alimentos y de ayuda humanitaria, así como por la crítica situación política que sufre el pueblo saharaui tras la violación de Marruecos de la tregua».

Con esta subvención, ha destacado Iván Reinares, «el Ayuntamiento de Logroño espera paliar, en la medida de lo posible, la precariedad de la salud y la falta de medios, tanto en alimentación como en medicamentos, equipos, transporte de agua y residuos, que padecen los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, donde más de 200.0000 saharauis sobreviven en condiciones infrahumanas desde hace más de 40 años, cuya situación se ha agravado por la pandemia».

Asimismo, ha subrayado, «queremos manifestar nuestro apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 82 estados, para que pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, de acuerdo con el Plan de Paz acordado por la ONU en 1991 y apelamos a la responsabilidad de la Comunidad Internacional para que se implique en lograr la mejor solución pacífica y democrática, especialmente en estos momentos en los que Marruecos ha roto la tregua pactada y el alto al fuego en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, agravando la tensión en la zona».

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza ‘Entidades’, en la que se investiga al banco suizo HSBC, junto al Banco Santander y a BNP Paribas por un supuesto delito de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, al entender que no hay evidencias suficientes para mantener la acusación.

Esta investigación, que arrancó en 2016, deriva del análisis de la información obtenida de la base de datos proporcionada por Hervé Falciani en 2009, una lista con 130.000 titulares de cuentas sin declarar en la filial suiza del HSBC -700 de nacionalidad española- a la que se fueron sumando con posterioridad los elementos de la investigación practicada y que fueron surgiendo como consecuencia de la misma en el juzgado del que era titular hasta hace pocas semanas el magistrado José de la Mata –hoy en Eurojust–.

Los fiscales encargados de la causa, Juan José Rosa y Carmen Launa, señalan en su informe de 20 páginas que, si bien las actuaciones «podrían quedar incardinadas en el delito continuado de blanqueo de capitales» –atendiendo al artículo 301 del Código Penal– porque la operativa «ha contribuido al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delitos», se decantan finalmente por que se sobresea el asunto.

Y uno de los motivos que dan es que las numerosas evidencias afloradas durante el proceso indagatorio «podrían resultar insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal a título de dolo, a la vista de la ausencia de una prueba directa, inequívoca y sin fisuras» que acredite el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por Banco Santander y BNP Paribas a la entidad de alto riesgo HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas.

Cabe recordar que De la Mata en 2017 había imputado en esta pieza a una decena de directivos del Banco Santander y de BNP Paribas –en su mayoría destinados en departamentos de prevención de blanqueo de capitales– después de analizar la documentación aportada en los registros realizados a las dos entidades y tras estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

EL «RIESGO ASUMIDO» POR LOS RESPONSABLES DE SANTANDER Y BNP

Los fiscales apuntan que en este caso el trabajo llevado a cabo por los peritos judiciales «ha puesto de manifiesto la existencia de numerosos elementos que deberían haber alertado del importante riesgo asumido por los responsables de las entidades investigadas en la operativa llevada a cabo que facilitó la ocultación y el aprovechamiento del producto de los delitos». Y recuerdan que la operativa favorecía la ocultación del titular real de los fondos.

El Ministerio Fiscal apunta que «resulta difícil de justificar la ausencia absoluta de comunicaciones al SEPBLAC» (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) por parte del Santander y BNP Paribas cuando se hizo pública la identidad de los contribuyentes defraudadores españoles –identidades conocidas tras la revelación en medios de comunicación de la existencia de la Lista Falciani a finales de 2009–.

«Estas manifestaciones son extensivas a todos los investigados, tanto de Banco Santander como de BNP Paribas Securities Services, responsables en cada uno de sus ámbitos de las actuaciones a seguir en materia de blanqueo y de la calificación del riesgo», inciden.

Sobre la modalidad imprudente recogida en el delito de blanqueo de capitales recuerdan que el plazo de prescripción es de 5 años y dado que la pieza fue incoada en 2016 y las imputaciones son de 2017 «el único hecho que quedaría dentro del plazo indicado sería el relativo a la actuación de –uno de los -clientes– vinculado a una estafa piramidal investigada por la SEC, que traspasó sus valores al BBVA el 9 de octubre de 2013».

Con todo, señalan que «las dificultades de acreditación en este supuesto de que los valores depositados procediesen de una actividad delictiva impide otorgarle fuerza suficiente para que por sí solo pudiera dar lugar a la interrupción del plazo prescriptivo».

AUSENCIA DE JURISPRUDENCIA SOBRE REGULARIZACIONES

Además, los fiscales señalan específicamente respecto a las actuaciones investigadas en el marco del Banco Santander que existen movimientos de fondos ocultos vinculados al menos a seis condenados por delitos contra la Hacienda Pública y otro de los clientes investigados está actualmente pendiente de juicio oral por delitos constitutivos de fraude fiscal, cohecho y malversación.

Pero apuntan que una parte importante de esos movimientos de fondos corresponden a contribuyentes españoles que regularizaron su situación tributaria bien en 2010 tras la aportación de información por las autoridades francesas acogiéndose a la excusa absolutoria vigente en aquel momento, bien en 2012 a través de la Declaración Tributaria Especial –declaraciones voluntarias para regularización fiscal–.

Explican que la ley de 2012 que permitió esas declaraciones voluntarias señala que «la regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria», lo que sectores doctrinales consideran «excluye no solo el reproche penal de la conducta, sino el delito mismo».

Si bien el Ministerio Público plantea objeciones a este extremo, recalca que la «ausencia en el momento actual de jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional sobre la cuestión», unido a las evidentes dificultades técnicas que la resolución del problema plantea, «no otorgan certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en la sede de enjuiciamiento».

Por otro lado, en relación a la ocultación al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a los socios y al mercado en general de la participación significativa en Bankinter de la familia Botín, señalan que encaja en el tipo de delito societario, pero puntualizan que «la inexistencia de denuncia previa» impidió que fuera objeto de enjuiciamiento en sede penal.

Esto «introduce un elemento de distorsión en la conformación de la convicción sobre el reproche penal de las conductas de los responsables de aquellas entidades que colaboraron activamente en esta ocultación: Santander Investment y BNP Paribas Securities Services», concluyen.

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este martes que «no se puede descartar ninguna medida adicional» ante la evolución de la pandemia y ha señalado, respecto a si se prevén nuevas restricciones de las reuniones sociales en horario diurno, que hay que «tomarse en serio» las que están en vigor: «¿No sabemos todos que lo más seguro es quedarnos en casa, minimizar las relaciones? ¿Nos tienen que tratar como a niños?».

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell, preguntada por la «preocupación» del gobierno valenciano respecto al «tardeo» y la posibilidad de adoptar restringir las celebraciones de año nuevo en horario diurno.

Oltra ha señalado que «tal y como estamos ahora nos se puede descartar ninguna medida adicional» y ha insistido en que «la responsabilidad individual es fundamental» y que «la actitud más responsable es minimizar las relaciones sociales». «Todos lo sabemos», ha subrayado, antes de indicar que «no es obligado relacionarse».

«Cuando dicen que aún no se ha prohibido (el ‘tardeo’), ¿en serio? ¿No sabemos todos que lo más seguro es quedarnos en casa? ¿Minimizar las relaciones?¿Lo sabemos o no? ¿Nos tienen que tratar como a niños?¿En cuántos lugares han visto ‘prohibido bañarse’ y han sacado a un ahogado de allí?», ha expresado.

En la misma línea, ha agregado: «Si pone ‘prohibido bañarse’, no bañarse. Pero si pusiera ‘recomendado no bañarse, esto es peligroso’, ¿La recomendación cómo te la tienes que tomar?». «Debemos poner cada tres metros de un acantilado ‘prohibido asomarse, tirarse o ponerse en riesgo’? ¿En serio?».

La vicepresidenta se ha preguntado «cuánta gente se ha juntado con más de seis personas estas navidades» a pesar de estar restringido La vacuna seguimos siento nosotros, nuestra actitud y nuestra responsabilidad», ha insistido.

«Si continúa en esta línea, pues al final, si la gente solo entiende el palo y tentetieso, pues no sé. A mí me gustaría que se pudiera hacer la cosa de otra manera. Cuando Sanidad recomienda, más que una recomendación es plata o plomo, medidas o contagio. Tómense las recomendaciones como algo serio, porque es muy serio», ha aseverado.

Así, ha pedido «cumplir estrictamente» con el uso de mascarilla cuando no se está consumiendo, mantener las medidas de protección en los ambientes familiares: «Llegar a una casa y quitarse la mascarilla no es una buena opción». También ha llamado a no salir de fiesta y a felicitarse «a través de videoconferencia», que «no contagia».

Oltra ha reiterado que «como van evolucionando los acontecimientos, no se pueden descartar nuevas medidas» y que se están adoptando estas medidas «para orientar y obligar a esa responsabilidad individual».

Así, ha incidido en que la vacunación que empezó el domingo será un «proceso largo» y quedan «muchos meses» para la inmunidad de grupo, «al menos hasta el verano». «Porque Batiste esté vacunado eso no nos inmuniza al resto», ha recalcado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que, en su opinión, desde Podemos «atacan a los jueces» y buscan «controlarlos» porque este partido, que es objeto de una investigación por los contratos que suscribió con la consultora Neurona, tiene «muchas cosas que ocultar».

Así ha reaccionado a las palabras del presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha denunciado un trato desigual por parte de la Fiscalía al acusarla de imputar a Podemos «sin haber indicios» mientras sigue sin investigar al rey emérito, Juan Carlos I, pese a que en este caso sí «tiene indicios» de delitos.

Asens ha expresado esta opinión en Twitter después de que la Fiscalía Provincial de Madrid dijera que continúa sin ver indicios de que Podemos cometiera un presunto delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona para la campaña electoral de 2019, pero solicita al juez que mantenga la condición de investigado como persona jurídica en esta causa.

«Es habitual en Podemos que ataquen a los jueces y quiten importancia a sus propios delitos», ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede de Cs. A su juicio, la formación liderada por Pablo Iglesias «quiere controlar a los jueces» –a través del nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial– «porque probablemente tiene muchas cosas que ocultar».

Además, ha señalado que en Podemos «son los menos indicados para dar lecciones de moralidad», ya que su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha sido condenado por la Justicia en dos ocasiones, por la contratación irregular de su asistente y por intromisión ilegítima en el honor de un hombre asesinado al que acusó de haber violado a una mujer.

«ESPERANZAS» DE UN CAMBIO POLÍTICO EN CATALUÑA

Por otro lado, en relación con las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, la presidenta de Cs ha dicho que aún están trabajando en la elaboración de las candidaturas y que están a la espera de ver si la evolución de la pandemia del coronavirus permite que los comicios se celebran el 14 de febrero, como está previsto.

Según ha indicado, en Ciudadanos tienen «el mejor equipo» para gobernar «para todos los catalanes» e iniciar «una nueva etapa de prosperidad y convivencia» en esta comunidad que deje atrás el proceso independentista y «esa etapa tan negra que ha traído el separatismo».

«Yo tengo esperanzas en Cataluña y en el futuro», ha destacado. En este sentido, ha defendido que en 2018 «parecía imposible dar un vuelco a la situación política» en Andalucía y, sin embargo, el PP y Cs pudieron echar al PSOE de la Junta, y en Cataluña también puede haber un cambio si hay una alta participación electoral.

El portavoz del PP nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la vacuna contra el coronavirus no puede ser objeto de confrontación pero tampoco «un ejercicio de propaganda» por parte del Gobierno de España.

«Si el Gobierno hubiera hecho un ejercicio de transparencia y tuviéramos todos claro con la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuáles son los criterios de reparto, cuántas vacunas van a llegar, la distribución, calendario y grupos poblaciones, se habría evitado cualquier tipo de sospecha. Quien tiene en su mano despejar cualquier sospecha es el Gobierno de la Nación», ha manifestado desde Ciudad Universitaria, donde como alcalde ha presentado sus primeras estaciones de BiciMAD.

Almeida ha salido en defensa de la Comunidad porque «ha acreditado que les habían dicho que iban a llegar un número de vacunas y no ha llegado ese número». «¿Por qué no han llegado? Eso es lo que el Gobierno debe responder. El asunto de las vacunas debe estar ajeno a cualquier controversia porque es una esperanza para la sociedad española», ha sostenido el portavoz del PP, que ha insistido en que la vacuna «no puede ser un ejercicio de propaganda sino de transparencia».

LA PEGATINA EN LAS VACUNAS

El portavoz del PP nacional ha deseado que las vacunas hubieran llegado con una pegatina con la bandera de España. «Ojalá hubiese sido la bandera de España, era la bandera del Gobierno de España», ha puntualizado remarcando que él se siente orgulloso «del gobierno de España en general, no tanto de este gobierno».

«Cuando se hace un ejercicio de propaganda, al final pasa lo que pasa, que los españoles no tenemos un conocimiento exacto de cuál es el procedimiento de distribución o calendario», ha lamentado, tras añadir que cree que «ha habido un cierto aprovechamiento desde el punto de vista de la propaganda de lo que son las vacunas», cuando es de sobra conocido que las vacunas se han adquirido por compra centralizada en el ámbito de la Comisión Europea.

Almeida cree que lo más indicado hubiera sido «cierta contención por parte del Gobierno de la Nación en la utilización de las vacunas». En cuanto a la bandera de la Comunidad en el plástico que envolvía las mascarillas entregadas por el Gobierno regional a la ciudadanía, el alcalde se ha remitido a las explicaciones autonómicas para asegurar que, «desde luego, no tenían esa finalidad» propagandística.

«FALTA DE SENSIBILIDAD HACIA EL MUNICIPALISMO»

Almeida, por otro lado, ha tildado de «inadmisible» que los ayuntamientos reciban «cero euros» del Gobierno de España, vía Presupuestos Generales del Estado, para el año 2021. «Algunos ayuntamientos podemos estar en una mejor situación económica y tenemos remanentes, aunque también necesidades, pero hay mas de 3.000 en España que no los tienen», ha indicado.

«Las necesidades de los ciudadanos en Valencia o Zaragoza son las mismas que en Madrid o Barcelona y van a recibir cero euros de este gobierno. Esta falta de sensibilidad hacia el municipalismo es inadmisible», ha reprochado el también primer edil madrileño.

La candidata de JxCat a las elecciones catalanas, Laura Borràs, y el portavoz de Demòcrates de Cataluña, Toni Castellà, han alcanzado un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 14 de febrero con el objetivo de «hacer efectivo el mandato del 1-O para que Cataluña sea un estado independiente en forma de república».

En rueda de prensa telemática, Castellà ha explicado que, fruto del acuerdo, nueve miembros de Demòcrates se incorporarán a la lista de JxCat –6 por Barcelona, y uno por Girona, Tarragona y Lleida–, y han establecido que Titón Laïlla ocupe el puesto 16 en la candidatura y él la posición 25, pese a ser el ganador de las primarias internas de su partido.

En las elecciones de 2017, Demòcrates se presentó con ERC y formó parte del grupo parlamentario, un acuerdo que los republicanos extinguieron a principios de diciembre tras acusarles de participar en una reunión «con colectivos ultra e identitarios».

El acuerdo entre JxCat y Demòcrates se recoge en un documento que, bajo el título de ‘Leales al 1-O.

Activar la declaración de independencia de 2017’, expone que el objetivo que persiguen es hacer efectiva la constitución de Catalunya como un estado independiente en forma de república, que el movimiento independentista debe recuperar la estrategia ganadora del 1-O, y que están comprometidos a trabajar para activar la declaración de independencia.

«Nos reconocemos, y reconocemos a JxCat, como herramientas de liberación nacional, y queremos ser escrupulosamente leales con el mandato del 1-O y en no diferir de su aplicación sine die», reza el texto del acuerdo.

Según Borràs, JxCat es un partido independentista que representa un espacio de suma y transversalidad, pero ha advertido de que esto debe practicarse y sólo predicarse, y cree que en su partido y en Demòcrates han priorizado lo que les «une para poder avanzar inequívocamente hacia la independencia».

«Somos partidos nuevos con formas de hacer nuevas. Y compartimos esta fidelidad y lealtad al 1-O.El 1-O es sinónimo de unidad, de democracia e independencia. Esto nos une y lo compartimos», ha sostenido.

CONVERSACIONES CON PUIGDEMONT

Tras mantener diversas conversaciones con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; con el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y con Borràs, Castellà ha advertido de que las elecciones del 14 de febrero deben ser «plebiscitarias» y no autonómicas.

También ha mostrado su convencimiento de que Borràs «no será una presidenta independentista, será una presidenta dispuesta a hacer la independencia».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que ve «con una enorme preocupación como es lógico» el número de casos positivos por Covid en la región, y ha considerado que «el margen para ampliar el número de medidas está ya muy limitado», por lo que ha apelado a «intentar cumplir» con las establecidas.

Así, Vara ha apuntado que hay que «seguir extremando la responsabilidad de cada uno». «Creo que los márgenes para tomar más medidas que no sea un confinamiento y un cierre total del país, que en ningún caso en estos momentos nadie se la está planteando; el margen de ampliar el número de medidas está ya muy limitado, entonces hay que intentar cumplir con la determinación que hemos establecido», ha afirmado.

En rueda de prensa este martes en Mérida, Fernández Vara ha defendido que en la región «se están haciendo muy bien los rastreos» por lo que «se está haciendo un buen seguimiento a los contactos» y realizando PCRs a los mismos, lo que supone que «aparecen más positivos».

«Yo no me comparo, ni me comparaba cuando los datos eran mejores ni me comparo ahora cuando los datos pueden ser peores, porque esto no va de eso, hay que analizar, escudriñar el por qué de esos datos», ha resaltado al tiempo que ha indicado que hay que «seguir haciendo muy bien los rastreos» y «viendo donde están los casos».

A este respecto, ha destacado que «un 50 por ciento de los casos están en las ciudades y un 50 por ciento en los pueblos» por lo que ha dicho «que no solo parezca que hay casos en las ciudades o que solo hay casos en algunos sitios» porque «están bastante repartidos» lo que permite «hacer bastante bien los rastreos porque se hace un seguimiento claro».

De este modo, ha lamentado que «está habiendo un número de casos importante» que «tiene que hacer recapacitar sobre los días que vienen por delante». «Y tengo la sensación de que nos olvidamos de la noche a la mañana, es decir, a la hora que salgan los datos estaremos muy preocupados por los datos pero cuando veamos la información de mañana estaremos viendo a gente quejarse porque hemos cortado de 6 a 8 de la tarde los establecimientos abiertos al público», ha soltado.

En este sentido, el regidor extremeño ha defendido que las decisiones se han tomado «con prudencia» y «con mesura» y «pensando que sean lo mejor para todos siendo capaces de mantener también un mínimo la economía. Por ello, ha valorado que «cuando aparecen las caídas en términos de PIB o la caída del comercio minorista», en Extremadura «la caída ha sido inferior» porque están «intentando guardar un equilibrio sin que esto repercuta en una mayor gravedad para la salud de las personas.

Así, preguntado por si se deberían haber tomado medidas más duras como cerrar perimetralmente la región y las críticas al respecto, el presidente extremeño ha asegurado que tomaron las decisiones «convencidos» y sigue así porque «no están produciéndose los contagios por la gente de fuera que viene a Extremadura» sino por la movilidad dentro de la región.

«Nos estamos contagiando unos de otros, es decir, es el exceso de movilidad interna la que produce el aumento del número de casos y, además, ahora mismo si esa máxima fuera así, Extremadura está aislada perimetralmente, con esto debería de ser que dejara de haber contagios», ha enfatizado al tiempo que ha asegurado que son «las fiestas en las casas, las fiestas no controladas, los aforos no controlados en los espacios cerrados, es ahí donde se están produciendo los contagios».

PRESIÓN HOSPITALARIA

Por otra parte, sobre la presión hospitalaria en la región, Vara ha resaltado que «el hecho de que hasta ahora no» haya habido gripe «permite albergar esperanza de lo que puedan ser las próximas semanas» aunque ha advertido que esto «puede cambiar».

El presidente extremeño ha explicado que la Red de Vigilancia Epidemiológica «en estas fechas otros años ya había detectado un número significativo de casos» de gripe y este año «apenas sí se están detectando casos aunque alguno sí se ha declarado».

Por tanto, ha subrayado que «sería una buena noticia para las próximas semanas» que pudieran seguir «centrados en gestionar los recursos hospitalarios sin que apareciera un elemento añadido como es la gripe».

Además, Vara ha apuntado que el patrón «en estos momentos» es que «hay un importante número de contagios entre personas más jóvenes que no precisan hospitalización» pero esto «no quiere decir que no vaya a cambiar»; por lo que ha señalado que hay que trasladar a los jóvenes el mensaje de que «ellos pueden tener la sensación de que no les pasa nada pero sí les puede pasar a sus padres o a sus abuelos».

De este modo, el jefe del Ejecutivo extremeño ha asegurado que «en estos momentos» hay unos niveles de hospitalización «para en las próximas semanas tener capacidad para dar respuesta» y luego irán «adaptando los recursos a las necesidades» porque hay «margen para crecer» ya que tienen recursos de los que no han «hecho uso».

Finalmente, sobre la vacunación, Vara ha dicho que tiene la «intuición» de que va a haber «un apoyo masivo» a las vacunas. «Cien por cien no, noventa por ciento probablemente no, pero masivo sin duda ninguna», ha concluido.

El 97 por ciento de los Médicos Internos Residentes (MIR) considera que su formación se ha visto mermada a consecuencia de la pandemia, según un informe impulsado por las vocalías de médicos tutores y residentes de la Organización Médica Colegial (OMC), que tenía como objetivo analizar de qué manera se ha visto alterada la formación sanitaria especializada en los diferentes centros docentes de España durante la crisis sanitaria.

Concretamente, el sistema de formación sanitaria especializada (FSE) en España, conocido como MIR, se encuentra regido en un sistema dual que contempla un modelo de relación laboral recogido en el RD 1146/2006 y una relación de carácter formativo recogida en el RD 183/2008. No obstante, debido al estado de alarma generado por la pandemia por Covid-19, y para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, la FSE ha sufrido un desmantelamiento temporal en pos de la faceta laboral de los MIR. Es por ello que, con dicho estudio, se busca poner datos de hasta dónde ha alcanzado el perjuicio formativo en España.

Precisamente, según se refleja en el documento, este deterioro de la formación MIR viene dado por la alta participación de los residentes en áreas Covid, cifrada en un 70 por ciento. Debido a esto, el 50 por ciento de los residentes han visto interrumpido su programa formativo, lo que además ha provocado un importante impacto emocional en el 98 por ciento de los encuestados. Esto último también se relaciona con el hecho de que más del 70 por ciento de los residentes han notificado una percepción de sobrecarga laboral durante la crisis sanitaria.

Además, tal y como ha recalcado el representante nacional de Médicos Jóvenes y promoción de Empleo, el doctor Domingo Sánchez, el 50 por ciento de los residentes ha tenido que realizar un mayor número de guardias a consecuencia de la Covid, y la mitad continúa haciendo más guardias. En relación a esto, Sánchez también ha lamentado que el 50 por ciento de los residentes ha tenido que aumentar su jornada laboral, y casi el 70 por ciento de estos sin recibir remuneración económica por el trabajo realizado.

«Este documento revela el deterioro en el que se encuentra un sistema de formación que es el resultado de la suma de diferentes acciones concatenadas que han llevado al colapso del mencionado sistema de formación sanitaria especializada, y pone en evidencia la necesidad de un plan de acción para sacar de la situación crítica en la que se encuentra el sistema de formación de médicos especialistas en España», ha asegurado el doctor.

Por otro lado, según el informe, que recoge un total de 2.889 encuestas respondidas, de los residentes que han trabajado en el área Covid, la mitad de ellos considera que no le ha aportado nada a su formación; además, el 97 por ciento de los residentes ha perdido horas de formación en quirófano. Así las cosas, el 60 por ciento de los residentes piensa que sería necesaria la ampliación del periodo de residencia para compensar la formación perdida durante la pandemia.

Así, los autores del informe también han fijado una serie de propuestas de mejora, como un plan de acción que retome las auditorías formativas a nivel nacional y que, además, tenga como objetivo potenciar dichas herramientas para conocer y mejorar la situación de las unidades docentes en la actualidad.

Otra de las sugerencias pasa por la creación de una comisión ministerial que analice, con los agentes implicados, las consecuencias formativas que la pandemia ha tenido en estos residentes. En este sentido, desde las vocalías de la OMC también abogan por trabajar en el estudio de mecanismos de evaluación de la calidad de la formación sanitaria especializada, así como por la realización de un «libro blanco de la Formación Sanitaria Especializada», con la participación de los diferentes agentes implicados en la misma.

Otros de los puntos planteados son: trabajar en la modificación de los Reales Decretos RD 1146/2006 y RD 183/2008 para modificarlos y adaptarlos, llevando a cabo una actualización; tratar de aumentar la participación de representantes de residentes en los debates y tomas de decisiones que afecten a la FSE en España; y, por último, ofrecer a las diferentes unidades docentes el poder realizar una prórroga del contrato MIR de forma individualizada y según los déficits formativos de cada residente y especialidad.

EL PUNTO DE VISTA DE LOS TUTORES

Por su parte, el representante nacional de Médicos Tutores y Docentes, Francesc Feliu, ha puesto de manifiesto la «mala percepción» que tienen los tutores de la FSE durante la pandemia; en concreto, esta sensación es compartida por alrededor del 80 por ciento de los tutores. Según los datos, la docencia es considerada como peor o mucho peor en el 87 por ciento en consultas externas, el 74 por ciento en plantas de hospitalización, el 77 por ciento en quirófanos, el 70 por ciento en urgencias, el 60 por ciento en las guardias, y el 91 por ciento en relación a las sesiones clínicas donde participan los residentes.

Así, el doctor Feliú ha destacado que «la mayor sensación de un deterioro significativo de la docencia es en las sesiones clínicas, vital para la formación MIR, que solo se mantienen como antes de la pandemia en el 6 por ciento de los encuestados, admitiendo que no se realizan en este periodo en un porcentaje del 47 por ciento».

Además, según el informe, los residentes de especialidades quirúrgicas han visto reducidas las posibilidades de operar y entrar en quirófano en un 69 por ciento respecto la situación previa a la pandemia, y la percepción de la calidad de supervisión por parte de los tutores ha sido mucho menor en un 75 por ciento de los casos. Por otro lado, la capacidad de reorganizar las rotaciones, muy importante para los tutores, ha sido nula en más del 50 por ciento de las ocasiones. En cuanto al impacto emocional, el 80 por ciento de los tutores confiesa sentirse peor anímicamente y, de hecho, un tercio de estos profesionales se ha planteado renunciar a ser tutores.

Así las cosas, en representación de los tutores, Feliu ha puesto en valor la importancia de empoderar a este profesional, dotándolo del tiempo necesario para estar con su residente. Asimismo, ve necesario aumentar el número de tutores y de colaboradores docentes; agilizar los trámites burocráticos con el fin de poder acreditar a un mayor número de tutores y disminuir la ratio de alumnos por tutor, que actualmente se encuentra en un máximo de cinco. El especialista también apuesta por el fomento de cursos y formación online, así como por intentar prolongar la residencia en los casos donde sea necesario.

INSPECCIONES ASISTENCIALES

Por último, el director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Vicenç Martínez, ha reconocido que «la pandemia ha puesto sobre la mesa lo que ya se sabía y la crisis ha agudizado». Una de las medidas que ha propuesto para mejorar la formación de los residentes ha sido aumentar las inspecciones asistenciales «como oportunidad de mejora y que no se quede en un mero análisis de datos en los documentos, y es preciso conocer cómo lo está viviendo el propio residente», ha aseverado, aclarando que no serían «inspecciones punitorias».

Ha asegurado que la mejor manera de conocer la situación es hacer una inspección de la realidad, «revisar la evidencia, no limitarse a cumplimentar un cuestionario». Ha añadido que «una inspección continuada y con participación de las comunidades ayudaría notablemente; si los residentes están en su sitio, el sistema mejora mucho» ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resumido el año 2020 como el del «dolor, la solidaridad y la gratitud» y ha reconocido que ha sido «difícil para todos» aunque ha celebrado que la pandemia «no ha paralizado a la Comunidad de Madrid».

«Las palabras que definen el año que termina no pueden ser otras que dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud. La pandemia del Covid-19 ha ensombrecido cualquier actuación política o de gestión», ha trasladado Ayuso este martes en la Real Casa de Correos en un balance del año 2020.

Ha explicado que es el año del «dolor», por todos «los que no están, por miles de familias rotas que, además, no han podido despedir a sus seres queridos»; «extenuación» como descripción del esfuerzo de millones de personas en el combate contra la pandemia.

«Solidaridad» de «tantos que se lanzaron a ayudar a quienes no conocían pero que los necesitaban y «responsabilidad» porque «es la clave para evitar más contagios» y «gratitud» porque, tanto como gobernante y como ciudadana, es la palabra con la que puede «expresar su deuda» con una sociedad «que ha sabido comportarse digna y altruistamente en la situación más difícil que ha tocado vivir».

La dirigente autonómica ha reconocido que ha sido un año «extremadamente difícil para todos», pero cree que si se está dispuesto a afrontar «cada día los retos» que hay por delante, no le cabe «ninguna duda» de que la Comunidad de Madrid «seguirá siendo una de las regiones más competitivas de la Unión Europea».

En el resumen del año, Ayuso ha celebrado que la pandemia no ha conseguido «paralizar» a la Comunidad, algo de lo que se ha mostrado «muy orgullosa», así como del trabajo de cada uno de sus consejeros y funcionarios.

CUMPLIDOS O EN MARCHA EL 80% DE LOS ACUERDOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

La dirigente autonómica ha desgranado que han cumplido, o están en marcha, el 80% de los acuerdos que alcanzamos para el gobierno de coalición. «Ha sido una colaboración interna permanente, a pesar de la pandemia. Hemos creado comisiones y grupos de trabajo interdepartamentales ligados a las distintas consejerías que han tomado más de 100 medidas muy importantes en todos los ámbitos».

La comisión más significativa, a su juicio, ha sido la del Covid-19, en la que participaron prácticamente todas las consejerías y ha mantenido más de 60 reuniones.

Durante «estos tiempos tan difíciles», Ayuso ha indicado que «no han alimentado ni el victimismo ni el regionalismo», sino que han decidido «luchar contra el virus y no esperar a que les arrollara».

«Hemos peleado por la vida en todo momento. Dijimos desde el principio que teníamos que trabajar con el binomio Salud y Economía en el mejor equilibrio posible, y el tiempo ha demostrado que teníamos razón. En los peores meses de la pandemia, la sociedad madrileña actuó con decisión en todo momento y con gran generosidad», ha recordado.

MENCIÓN PARA EL HOSPITAL DE IFEMA Y RECUERDO PARA LOS MAYORES

En este punto, la presidenta ha celebrado que se pudo hacer de Ifema «un gran hospital en solo 36 horas; se habilitaron 22 hoteles medicalizados para sanitarios y otros 13 para pacientes; o se repartió comida tanto para alumnos con bajos recursos como para familias necesitadas».

Además, cree que «la responsabilidad y el cariño de los profesores y directivos de los colegios, institutos y universidades logró una vuelta a clase ejemplar». Esta vuelta a clase se ha conseguido, también, «gracias a la mayor bajada del número de alumnos por aula en la historia y a la incorporación de más de 20.000 profesores».

Ayuso también ha tenido palabras para «el colectivo más afectado: el de los mayores». «Me satisface a día de hoy comprobar que nuestra sociedad es consciente de este dolor y no ha pestañeado al decidir que el primer colectivo en recibir la vacuna haya sido, precisamente, el de los mayores, por ser los más vulnerables», ha señalado.

Tras este año, la jefa del Ejecutivo regional ha expresado su «confianza» ante el nuevo año 2021, que considera «será el comienzo de la recuperación de la normalidad social y de la recuperación económica de la Comunidad de Madrid».

Así, ha animado «a todos a afrontar el nuevo año con optimismo y manteniendo la misma humanidad con los más vulnerables, la solidaridad y la responsabilidad individual que, además de las vacunas, son la mejor fórmula para ir recuperando la libertad que el virus ha secuestrado».

«Los madrileños estarán orgullosos de su Comunidad, y todo aquel que venga a vivir aquí encontrará un lugar para vivir en libertad y para afrontar sus propios retos. Ha sido un año extremadamente difícil para todos, pero si confiamos en nosotros mismos, si estamos dispuestos a afrontar cada día los retos que tenemos por delante, no me cabe ninguna duda de que la Comunidad de Madrid seguirá siendo una de las regiones más competitivas de la Unión Europea», ha lanzado la presidenta.

LISTADO DE «LOS MAYORES LOGROS»

Durante su discurso, Ayuso ha recordado algunos de los logros y medidas puestas en marcha por su Gobierno como haber aprobado Madrid Nuevo Norte; el Programa de Inversión Regional, 75 millones de euros para facilitar el acceso al crédito a los autónomos y 20 millones para garantizar su liquidez con créditos al 0%.

Así, ha relatado que han aprobado en el Consejo de Gobierno más de 2.400 propuestas de las consejerías, han movilizado más de 50.000 efectivos para la coordinación del dispositivo de seguridad y emergencias por la pandemia, han llevado la fibra óptica a todos los municipios de menos de 2.500 habitantes de la región y han sacado el móvil de las aulas, entre otras medidas.

No obstante, Ayuso ha querido terminar «este listado de los mayores logros», subrayando la importancia de la construcción del hospital Enfermera Isabel Zendal con «1.000 camas y 50 Ucis construido en solo 100 días». «Será nuestra mejor arma para vencer a cualquier tipo de pandemia, tanto la actual como las que puedan llegar en el futuro», ha concluido.