La concejal de Salud del Ayuntamiento de Bonares (Huelva), Rocío Galán, ha presentado este jueves su dimisión tras conocerse que la pasada semana recibió una vacuna frente al Covid-19 sin corresponderle, tal y como ha confirmado el alcalde de la localidad, el socialista Juan Antonio García.

García convocó este mismo jueves al mediodía una reunión con su equipo de gobierno para abordar la cuestión ya que circulaba el rumor de esta vacunación en el pueblo y quería esclarecer lo acontencido.

De hecho, en el grupo de Whatsapp de los portavoces municipales este miércoles desde el PP preguntaron al alcalde si conocía que un miembro de su equipo se había vacunado y le pedían que aclarara este aspecto. Así las cosas y ante las distintas informaciones que circulaban por el pueblo, García se dispuso a esclarecer los hechos. «Quería hablar con mi equipo directamente y por eso convoqué la reunión», la cual incluso se ha adelantado y se ha celebrado al mediodía.

Por ello, el alcalde ha dejado claro que «hay que ser determinantes» y ha asegurado que, ante este comportamiento, «no le iba a templar el pulso». No obstante, agradece que haya sido la edil la que haya presentado su dimisión, toda vez que ha lamentado su error porque la concejal «ha trabajado mucho este tiempo».

Por su parte, ha precisado que no ha sido necesario pedirle su renuncia puesto que ha sido la propia Galán quien ha presentado su dimisión, que este viernes se registrará en el Ayuntamiento y el próximo jueves irá en el orden del día del pleno municipal.

La concejal, que llegó al equipo de gobierno en este mandato, ha reconocido «el error» en «un momento de debilidad» y ha pedido disculpas por ello. Como ha explicado el alcalde, ésta les ha comentado que fue al centro de salud a acompañar a su hija, la cual iba a ser vacunada al realizar sus prácticas en el mismo.

Así, dice que, una vez allí, le comentaron que «sobraba una vacuna» y que «por no desperdiciarla» le dijeron que si se la ponía. El alcalde ha asegurado que la edil les ha comentado que dudó, pero finalmente accedió. Ante esto, el alcalde ha hecho hincapié en que, ante la complicada situación actual, no se pueden admitir errores «graves» como éste y ha incidido en la relevancia de seguir los protocolos correspondientes, de manera que «hay que vacunarse cuando a uno le toque».

PP: «NO PUEDE SALTARSE LA COLA»

De otro lado, desde el PP de Bonares pidieron este mismo jueves explicaciones al alcalde de la localidad, Juan Antonio García, tras verificarse que la vacunación de la edil sin corresponderle, toda vez que incidieron en que, de ser así, ésta debía dimitir.

En declaraciones, el presidente del PP de Bonares y diputado provincial, Santiago Ponce, ha remarcado que «por dos vías» ha podido contrastar que la edil recibió la vacuna en el centro de salud de la localidad.

Asimismo, ha explicado que este miércoles le comunicaron al alcalde por un grupo de Whatsapps del grupo de portavoces del Ayuntamiento esta situación sobre un miembro de su equipo y el alcalde les comunicó que se va a informar al respecto.

Del mismo modo, Ponce ha remarcado que la concejal «no puede saltarse la cola» y recibir la vacuna «sin pertenecer al grupo de sanitarios o grupo de riesgo, según los protocolos establecidos». «Antes podrían haber vacunado a un gran dependiente del pueblo o a cualquier mayor que está esperando su turno para recibir su dosis», ha subrayado en una nota de prensa.

Ponce ha manifestado que es «intolerable que se salten la normativa» que deja claramente cuáles son los grupos prioritarios para que se le administre la vacunación «sin que presuntamente esta persona pertenezca a alguno de ellos para recibir la primera fase de la inmunización».

Un ciudadano portugués acusado de varios delitos contra la seguridad vial y de atentado, y que ha sido juzgado este jueves en Vigo, ha negado los hechos ante el tribunal, y ha asegurado que fue un vehículo de la Policía el que lo embistió a él, tras una persecución por la autovía A-55, entre Vigo y O Porriño.

Los hechos se remontan a la madrugada del 14 de agosto de 2019 cuando, según la Fiscalía, el acusado, Alexandre Manuel R.V., estaba en su coche, parado en un semáforo en un cruce al final de la Avenida de Madrid, a la altura del Seminario. Al percatarse de la presencia de una patrulla de la Policía Nacional, el conductor acusado dio un ‘acelerón’ y, saltándose el semáforo en rojo, se dio a la fuga por la autovía.

El ministerio público sostiene que fue circulando de forma temeraria, y haciendo caso omiso a las indicaciones del vehículo policial para que parase. A la altura de la salida de O Porriño, el conductor dejó la autovía y maniobró de forma brusca para evitar un control de la Guardia Civil que estaba en la zona con el fin de interceptarlo.

El acusado, tras hacer esa maniobra, enfiló una carretera en Sanguiñeda (Mos) y se incorporó de nuevo a la autovía en dirección a Vigo, aunque lo hizo en sentido contrario y circuló así a lo largo de 7,5 kilómetros, de forma peligrosa y poniendo en riesgo no solo a los vehículos policiales (incluida una patrulla de Policía Local que trató de frenar su huida), sino también a otros coches particulares que circulaban por el vial.

Ya de vuelta en Vigo, el conductor intentó salir de la autovía en la curva de Segade y, debido a la velocidad, remontó el talud e hizo un trompo. De ese modo, el coche se detuvo y quedó mirando en dirección al coche de la Guardia Civil, que lo iba persiguiendo. A continuación, reanudó la marcha con la intención de colisionar de frente con el vehículo policial, que tuvo que realizar una maniobra evasiva, pero que no pudo evitar un choque frontolateral.

Tras esa colisión, el acusado volvió a la autovía, pero un vehículo de la Policía Nacional, que también participaba en la persecución, le salió al pasó y lo obligó a apartarse a un lado, hasta que quedó atrapado entre el guardarraíl y un talud de hormigón.

La acusación pública sostiene, asimismo, que una vez sacado del vehículo y detenido, el procesado, pese a tener síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, se negó a someterse a las pruebas.

NIEGA LOS HECHOS

En el juicio celebrado este jueves en el Penal 1 de Vigo, el acusado (que solo respondió a las preguntas de su letrada defensora) negó estos hechos y aseguró que no conducía bajo los efectos del alcohol, que estaba parado en el semáforo delante del Seminario y que reanudó la marcha con normalidad cuando el semáforo se puso verde.

Según su relato no se percató de que la Policía lo había requerido para que parase y creyó que los dispositivos luminosos «eran de una ambulancia». Aunque no ha dado detalles de por qué emprendió la huida, sí ha señalado que, cuando circulaba de regreso a Vigo y quiso salir de la autovía, un coche de Policía lo embistió por detrás.

Asimismo, Alexandre Manuel ha relatado que, como consecuencia de ese choque, resultó herido en un brazo y que, pese a que reclamó asistencia médica, no fue trasladado a un centro sanitario. Del mismo modo, ha asegurado ante el tribunal que los agentes que lo sacaron del coche lo agredieron.

TESTIGOS POLICIALES

Todos los testigos policiales que han comparecido este jueves ante el tribunal han coincidido en señalar que el acusado realizó una conducción temeraria, alcanzando picos de velocidad de entre 140 y 160 kilómetros por hora, que circuló varios kilómetros en sentido contrario, y que puso en peligro la seguridad de otros conductores.

Los agentes de Policía Nacional que iniciaron la persecución han explicado que, estando el coche del sospechoso parado en un semáforo, les llamó la atención que el conductor realizaba «varios acelerones», por lo que se pusieron detrás de él y le alertaron con los dispositivos luminosos y acústicos. El conductor, haciendo caso omiso, no esperó al cambio de fase del semáforo y emprendió la huida a toda velocidad por la autovía.

Tanto los funcionarios de Policía Nacional como Local y los agentes de la Guardia Civil han ratificado la versión sostenida por la acusación pública, incluyendo el delito de atentado, puesto que el conductor encausado, poco antes del final de la persecución, embistió «deliberadamente» al vehículo de la Guardia Civil.

Además, los efectivos de la agrupación de Tráfico del Instituto Armado han corroborado que el conductor presentaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pese a lo cual se negó en reiteradas ocasiones a someterse a las pruebas.

DELITOS Y CONDENAS

Por estos hechos, la Fiscalía considera a Alexandre Manuel R.V. autor de un delito de conducción temeraria, un delito de atentado contra agentes con medio peligroso, un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio y otro delito por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

El ministerio público reclama para él penas que suman 7 años y tres meses de prisión, así como la privación del derecho a conducir y la pérdida del carné. También pide que indemnice a los dos agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos en la colisión, y a los que deberá abonar una suma de más de 16.000 euros.

Por su parte, la acusación particular se ha sumado a las peticiones de la Fiscalía, salvo en el delito de la conducción bajo los efectos del alcohol, que no ve probado. Asimismo, además de la responsabilidad civil, reclama para los agentes que sean indemnizados por lucro cesante, en relación a las productividades que dejaron de percibir por estar de baja (que suman algo más de 2.000 euros entre los dos).

Finalmente, la defensa ha mantenido que los efectivos policiales persiguieron al acusado «sin razón alguna», «lo embistieron» y le negaron la atención médica que reclamaba. Así, ha rechazado que su defendido condujese ebrio, que se hubiera saltado semáforo alguno o que hubiera atentado contra los efectivos de la Guardia Civil, por lo que ha pedido su libre absolución o, en todo caso, una condena solo por conducción temeraria.

El Parlamento Europeo ha reiterado este jueves su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, instando a los estados miembros de la UE a reconocer la continuidad de la Asamblea Nacional votada en 2015 y a Guaidó como su máximo representante.

En una resolución, la Eurocámara señala que «no reconoce ni la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional establecida el 5 de enero de 2021», al basarse en unas elecciones no democráticas.

Los eurodiputados piden al Consejo y los Estados miembros que reconozcan la continuidad constitucional de la Asamblea de 2015, al ser la última institución que fue votada libremente por los venezolanos.

El Parlamento Europeo, con esta resolución aprobada con 391 votos a favor, 119 en contra y 177 abstenciones, sigue siendo la única institución comunitaria que reconoce el estatus de Guaidó, pues no existe unanimidad en la UE, con dos estados miembro, Italia y Grecia, que evitan reconocerle.

La moción sale adelante con el voto de los ‘populares’, conservadores y liberales y la abstención en bloque de los socialistas. Fuentes socialdemócratas aseguran que el grupo se remite a lo pactado a nivel de la UE y a la posición defendida por el Alto Representante, Josep Borrell. En contra se han expresado los Verdes y La Izquierda unitaria.

La única salida a la crisis política de Venezuela es «una vía política, pacífica y democrática, con unas elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales dignas de crédito, inclusivas, libres, justas y transparentes», recoge el texto.

Del mismo modo, los eurodiputados piden la liberación incondicional e inmediata de más de 350 presos políticos en Venezuela y reiteran la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de los derechos humanos en el país.

Esta moción llega cuando en el seno de los Veintisiete se estudian los siguientes pasos a dar en el contexto venezolano después de no reconocer la legitimidad de la votación, ni de la Asamblea Nacional constituida en enero, pero evitar dar un espaldarazo claro a Guaidó.

En un comunicado pactado a Veintisiete tras la inauguración de la nueva Asamblea, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, evitó referirse al líder opositor como presidente interino, aunque mostró su disposición a tratar con él y los diputados de la anterior Asamblea, a los que considera interlocutores válidos.

GUAIDÓ, AGRADECIDO

Guaidó ha agradecido la «firme declaración de apoyo» del Parlamento Europeo, por considerar que reconoce las elecciones de diciembre de 2015 como «la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral», según ha informado su equipo.

El pueblo de Europa ha sido un gran amigo del pueblo venezolano en nuestros momentos de mayor necesidad y esto es algo que nunca olvidaremos», ha declarado Guaidó, que ve en este apoyo «un paso muy importante» hacia la consecución de un «gobierno de emergencia» y la celebración de elecciones «verdaderamente libres y justas.

El dirigente venezolano ha aprovechado para exhortar a otros foros internacionales, en concreto la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Seguridad de la ONU, a que «sigan el audaz liderazgo de Europa» y también tomen medidas para garantizar la seguridad de los diputados de la Asamblea que encabeza Guaidó.

Ciudadanos quiere que el Gobierno explique por qué el contrato otorgado a la multinacional Indra para el mantenimiento de la app Radar Covid –para el rastreo de los casos de coronavirus en España– se adjudicó «sin publicidad» previa y con tramitación «de emergencia», y ha advertido de la «opacidad» que, a su juicio, rodea a este proyecto.

A través de una batería de preguntas registradas este jueves en el Congreso, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la diputada María Muñoz solicitan conocer las razones del Ejecutivo para «adjudicar de urgencia y sin publicidad» ese contrato y le piden qué detalle cuál es el objeto del mismo.

Según indican, hay una crítica que persigue desde el principio a la aplicación diseñada por la Secretaría de Estado de Digitalización (Sedia) por «la opacidad que rodea al proyecto».

El partido naranja señala que hubo un primer contrato «negociado sin publicidad y adjudicado de emergencia» a Indra por 330.537 euros, con un plan de ejecución de Radar Covid a cinco meses desde el pasado 15 de junio, y que esa misma compañía recibió, también de emergencia y sin publicidad, otro contrato, publicado en el BOE el 9 de diciembre, para el mantenimiento, el soporte y la evolución de la app durante dos años por un importe de 1,4 millones.

Además, critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez nunca llegara a publicar «un informe detallado sobre los resultados» de la prueba piloto que se llevó a cabo con Radar Covid en la isla canaria de La Gomera el pasado verano.

SOLO 32.000 INFECTADOS HAN REGISTRADO SU POSITIVO

Ciudadanos destaca en su iniciativa que en España la app para el seguimiento de la epidemia de Covid-19 no se puso en marcha hasta mediados de agosto, pese a que la Comisión Europea había facilitado ya unas recomendaciones detalladas en abril a los países de la UE, y que cinco meses después ha sido tachada de «fracaso» por expertos y científicos.

Según recuerda Cs, Sánchez ya admitió en diciembre que las descargas de Radar Covid entre la población eran «insuficientes». Esta herramienta ha llegado a la tercera ola de la pandemia con solo 6,6 millones de descargas, según las cifras oficiales, y «su eficacia sigue en entredicho por el bajo porcentaje de personas que la han utilizado para comunicar su positivo» en la prueba diagnóstica «y advertir así a los contactos estrechos», indica.

Concretamente, solo 31.978 infectados lo han reportado en la plataforma desde el 1 de septiembre, lo que representa apenas un 2% del total de casos registrados. Según la Sedia, para poder trazar y seguir los focos de infección y realizar rastreos de manera eficaz se necesitan, al menos, 9 millones de usuarios, que se traducirían en una reducción del contagio del 30%.

Por todo ello, Ciudadanos quiere saber qué opinión le merece al Gobierno la utilización de la app y si cree que ha cumplido con los objetivos de rastreo, detección y prevención que se plantearon. También le pregunta cuáles han sido los factores que han impedido una implantación y utilización masiva y qué mejoras se prevén en el futuro para corregir este aspecto.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido mantener de manera cautelar las elecciones catalanas para el 14 de febrero: «Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud».

En una declaración institucional sin preguntas y de manera telemática, que ha hecho desde el Palau de la Generalitat acompañado del resto del Govern, ha sostenido que la decisión del tribunal es un intento de «condicionar» la política catalana desde la justicia y considera que supone un perjuicio hacia los ciudadanos.

También ha criticado que el TSJC no haya resuelto todavía el fondo del asunto –lo hará antes del 8 de febrero–, por lo que cree se mantendrá esta situación de «incertidumbre» una vez haya comenzado la campaña electoral.

«Mantiene la cuestión abierta y la incertidumbre que afecte de pleno a una campaña y una deliberación que son partes indispensables de cualquier proceso electoral», ha reprochado.

Aragonès ha insistido en que el Govern decidió posponer las elecciones para «preservar» el derecho a voto y el de la salud a la ciudadanía, y ha recalcado que se hizo con el consenso de los partidos catalanes.

El vicepresidente ha asegurado que todavía no han recibido la notificación formal de la decisión del TSJC y ha dicho que, cuando la reciben, la valorarán y se pondrán a disposición de los medios de comunicación para recibir las preguntas de los periodistas que no se han permitido en esta comparecencia.

INHABILITACIÓN DE SOLÉ

Aragonès también se ha referido a la inhabilitación del conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, –precisamente el encargado de organizar las elecciones– por el 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida).

Para él, es un día triste para los ciudadanos con convicciones democráticas: «Hoy tenemos una nueva muestra de la represión del Estado español hacia el independentismo y también para los que defienden el derecho a voto».

Considera que la sentencia «no obedece a ninguna lógica de justicia, solo se entiende desde el prisma de aquellos que buscan la venganza» por el 1-O, y ha tildado a Solé como una nueva víctima de la que ve como una causa general contra el independentismo.

Ha señalado que Solé es el primer alcalde inhabilitado por el 1-O, por situarse «al lado de la democracia y la libertad», y considera que con esta sentencia también se condena a todos los ciudadanos que votaron ese día.

Asimismo, ha afirmado que de esta manera no se avanzará hacia una solución del conflicto catalán: «La represión nunca formará parte de la solución, solo agrava un problema que hoy está enquistado y nos aleja de una solución que, inevitablemente y hoy más que nunca, pasa por la amnistía y el derecho a la autodeterminación».

«El Govern no descansará nunca, ni un instante para conseguir que se haga justicia. Hoy, ante la sentencia que inhabilita al conseller Solé, reafirmamos nuestro compromiso con la amnistía, con la autodeterminación y con la república catalana», ha concluido, y ha reclamado el fin de la judicialización, la libertad de los presos del 1-O, el retorno de los dirigentes en el extranjero y un referéndum.

El Instituto de las Mujeres ha publicado la ‘Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas’ que tiene como objetivo facilitar el cumplimiento del decreto por el que se regulan estos planes y su registro, y que ha entrado en vigor recientemente.

Según el organismo, este documento proporciona una metodología «práctica y sencilla» para abordar con éxito el proceso de implantación de los planes de igualdad.

La guía se estructura en dos bloques: uno teórico, en el que se explica el procedimiento de negociación y elaboración del plan; y otro de carácter más práctico que ofrece herramientas y modelos que las empresas pueden descargar y adaptar a su organización y necesidades.

El Instituto precisa que el primero de los bloques contiene cinco apartados, uno por cada fase del proceso, que incluyen la puesta en marcha, la realización del diagnóstico, el diseño, la aprobación y el registro del plan, así como su implantación, seguimiento y evaluación.

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

Mientras, el segundo bloque contiene un total de dieciocho anexos, agrupados también por fases, en los que se pueden encontrar las herramientas y modelos de apoyo para cada una de ellas.

Estos contenidos, indica el organismo, se irán actualizando según se desarrollen los instrumentos y medidas previstas en el decreto sobre igualdad retributiva.

Con la publicación de esta Guía, el Instituto de las Mujeres contribuye al cumplimiento de los Objetivos 5 (Igualdad de Género) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por Naciones Unidas.

FORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS

El Instituto de las Mujeres celebrará, además, un webinario formativo para empresas y otras acciones para la igualdad en el ámbito empresarial, que tendrá lugar el 26 de enero.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha en colaboración con la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bajo el nombre de ‘Obligaciones en materia de igualdad: medidas y planes de igualdad’, dirigido a representantes de empresas, se analizará el contenido de esta nueva guía.

Por otra parte, el Instituto de las Mujeres acaba de publicar la ‘Guía de Buenas Prácticas para la atracción y retención de talento y la promoción profesional con perspectiva de género’, para favorecer la participación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad y, en última instancia, avanzar hacia la plena igualdad de género en el ámbito laboral.

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, una norma que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, de Podemos, había anunciado como una medida a impulsar desde su departamento.

La portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, ha señalado que los objetivos de esta norma son «garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación».

A través de un comunicado, el socio mayoritario del Gobierno de coalición ha indicado que esta norma ya se había presentado en dos ocasiones en el Parlamento, cuando el PSOE no gobernaba, pero en ninguno de los casos se llegó a aprobar. En concreto, recuerdan que esta iniciativa estuvo liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo. Para Lastra, no habría mejor «homenaje» para él que «dar a la sociedad esta ley por la que tanto luchó».

En cuanto a su contenido, indican que se basa en dos principios fundamentales: el derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato. De este modo, apuntan, «se da cumplimiento a lo recogido en los últimos programas electorales y a las resoluciones del 39 Congreso Federal».

HABLADO CON UNIDAS PODEMOS

Cabe destacar que la Ley de igualdad de trato y no discriminación es una de las iniciativas a las que se ha referido la ministra de Igualdad entre los objetivos de su departamento para la legislatura. De hecho, Montero cuenta en el ministerio con una dirección de general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, liderada por Rita Bosaho.

En el Plan de Igualdad previo a la crisis generada por la Covid19, el Ministerio incluía, entre otras medidas, seis leyes nuevas a poner en marcha, entre las que se incluyen la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley contra la Trata, la Ley para la Igualdad Social, la Ley Trans, la Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación y la Ley de Tiempo.

Fuentes de la formación socialista han asegurado que se ha puesto al corriente a Unidas Podemos de esta iniciativa y dicen que su texto va más allá de la ley de libertad sexual en la que trabaja Igualdad. El grupo confederal confirma que se le había informado sobre este texto.

EN CONTEXTO DE CRISPACIÓN

Los socialistas destacan, además, que esta norma toma en la actualidad «más fuerza» que en sus presentaciones anteriores ya que, según señalan, el país está en «un contexto de crispación y radicalización» por «la presencia en las instituciones de la ultraderecha, apoyada por la derecha tradicional.

Esto, explican, «hace más necesario que nunca» dotar al país de «herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad».

«La proposición de ley integral nace con la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas», apunta el PSOE.

El texto registrado

, regula el derecho a la igualdad de trato y nos discriminación en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social: empleo, trabajo, educación, atención sanitaria, servicios sociales, acceso a la oferta al público de bienes y servicios, seguridad ciudadana o vivienda, entre otros.

UN ORGANISMO QUE ACTÚE DE OFICIO

Además recoge la incorporación en el marco jurídico español, al igual que en el resto de Europa, de las directrices que la propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que en sus artículos garantiza el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

El PSOE también propone la creación de un comisionado denominado ‘Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación’, que debe ser «un organismo independiente y unipersonal» y con recursos de la Administración Pública. Este organismo podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.

Del mismo modo, se amplía el concepto de discriminación, al introducir en el derecho antidiscriminatorio español definiciones para la discriminación por asociación o la discriminación múltiple e interseccional.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, mantuvo este jueves una reunión con el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba Pera, a quien trasladó la preocupación del municipio con la migración.

«Este es un municipio que ha acogido históricamente a migrantes que están integrados en el tejido socioeconómico de la ciudad y ahora, la llegada de manera desordenada, teniendo en cuenta que éste no es el destino final, genera un colapso en los servicios de atención y mucha frustración en quienes han iniciado dicho viaje», comenta en una nota del consistorio.

En este particular, Bermúdez le entregó al secretario de Estado un detallado informe del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), en el que se hace constar las diferentes situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes acogidos en los diferentes recursos, tanto de aquellas personas que salen de los CIE, como aquellas que solicitan asilo en primera acogida, a las que se suman las que usan recursos humanitarios y en dispositivos de acogida de manera integral.

Bermúdez incidió ante González-Barba en que se necesita que el Gobierno de España «tome medidas definitivas respecto al drama de la inmigración, tanto para garantizar una atención digna a inmigrantes a su llegada a Canarias, como para que se produzca una mayor coordinación entre diferentes ministerios implicados y la delegación del Gobierno».

En su opinión, «habría que generar políticas coordinadas con Europa para permitir que el flujo de la migración sea efectivo y se permita alcanzar a los migrantes su destino de manera ordenada», al tiempo que abundó en que, además, se precisa que la UE «genere políticas efectivas en países tradicionalmente emisores de migrantes que mitiguen su necesidad de salida hacia diferentes puntos de Europa.

En otro momento de la reunión, el alcalde adelantó al secretario de Estado para la UE que Santa Cruz «aspira a obtener 619 millones para hacer posible la ejecución de 191 proyectos que pretenden recuperar el municipio y transformar la capital».

QUE LOS FONDOS EUROPEOS PRIORICEN A LAS ISLAS

En este capítulo, argumentó que «el Estado debe tener en cuenta que la situación económica en Canarias es peor que la del resto de España, dado el cero turístico que impide la recuperación de las islas».

Precisamente por ello, señaló que «los proyectos pretenden mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, con la intención de convertir el municipio en una referencia por su capacidad para atraer inversiones y hacer de esta una ciudad un lugar más sostenible, tanto para generar riqueza como para vivir».

Bermúdez recordó también que sería fundamental «establecer unos criterios objetivos para la adjudicación de recursos financieros de carácter europeo, apostando por una modificación de la normativa que permita dar mayor flexibilidad a la gestión de dichos proyectos, haciéndola más eficaz».

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha alertado este jueves de que está «en riesgo» el procedimiento electoral después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya acordado mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero, después de recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat.

Así lo ha manifestado en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, que se ha hecho de forma telemática y sin preguntas, acompañada por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y por el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, al que el TSJC ha condenado también este mismo jueves por un delito de desobediencia grave el 1-O a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros.

Para Budó, la decisión del TSJC sobre las elecciones pone «en riesgo no sólo la salud de los votantes, sino también el procedimiento electoral al quedar alterados los procedimientos reglados».

Así, ha lamentado que el tribunal suspenda el aplazamiento electoral hasta el 30 de mayo teniendo en cuenta que fue una decisión fruto «de la mayoría de los partidos», y pese a ello ha recalcado que el Govern estará a la altura del momento y de los ciudadanos.

El derecho a votar y respetar el resultado y los procedimientos está hoy también en cuestión», ha apuntado Budó, tras asegurar que se ha evidenciado un clamor en otros sociedades democráticas del mundo a la hora de pedir que se respete la voluntad de la gente expresada en las urnas.

En relación al fallo del TSJC sobre Solé por el 1-O, ha reprochado que se intente privar al conseller de su cargo público «legítimo y democrático y de su derecho a la participación política».

RECUERDA A TORRA

«No es la primera vez que pasa. Hace un año, el presidente Quim Torra sufrió la misma represión por defender un derechos fundamental como es la libertad de expresión», ha sostenido la también consellera de Presidencia.

Tras reivindicar que en democracia los presidentes y los consellers los ponen los ciudadanos, ha lamentado «la doble injerencia externa» de los tribunales en la vida política de Cataluña y ha añadido que no están dispuestos a normalizar esta situación.

«No aceptamos estas sentencias injustas, y seguiremos adelante con todos los mecanismos políticos y jurídicos que tengamos para combatirlas. Y nos fortalecemos porque, ante tanta injusticia, nuestras convicciones se reafirman más que nunca», ha zanjado.

Obispos de diferentes países del mundo, entre ellos el español Joan Enric Vives Sicilia, arzobispo de Urgell, –en nombre de la Conferencia Episcopal Española– han pedido a la comunidad internacional que urja a Israel a que las vacunas contra la Covid-19 sean accesibles para los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, porque consideran que es una «responsabilidad moral y legal».

«La comunidad internacional debe urgir a Israel sobre la responsabilidad que tiene, moral, legal y humanitaria, de hacer que las vacunas contra el Covid-19 sean accesibles para los palestinos en Cisjordania y Gaza, prestando atención al mensaje del Papa Francisco de que ‘ante un desafío que no conoce fronteras, no podemos levantar muros'», subrayan los prelados en un comunicado.

Así lo reclaman en el mensaje final de la reunión de la Coordinadora de los obispos de Tierra Santa, que ha tenido lugar como cada año por estas fechas aunque, en esta ocasión, por primera vez, los obispos no han podido encontrarse en Tierra Santa debido a la pandemia.

En todo caso, aunque el encuentro se ha celebrado de forma virtual, los prelados han escuchado testimonios de cristianos de Cisjordania, Gaza e Israel y han concluido que queda «dolorosamente claro que hoy se dan menos motivos para la esperanza que en cualquier otro momento de la historia reciente».

En primer lugar, los prelados advierten de que los desafíos para la salud del Covid-19 «se ven agravados» en la zona «por el conflicto, la ocupación y el bloqueo. Además, ponen de manifiesto que «la ausencia de peregrinos ha agravado las dificultades económicas generalizadas, ha incrementado el desempleo y ha empujado a muchas más familias a la pobreza».

Por otro lado, señalan que «la falta de progreso político, junto con la implacable expansión de los asentamientos ilegales y el impacto de las leyes del Estado-Nación de Israel continúan erosionando cualquier esperanza de una solución pacífica con dos estados».

En este contexto, hacen un llamamiento a «fortalecer la solidaridad» con las personas que viven en Tierra Santa y piden «a los dirigentes israelíes y palestinos que se comprometan nuevamente con las negociaciones directas».

Igualmente, instan a los demás gobiernos a «renovar su participación activa en la búsqueda de una paz justa, apoyando las negociaciones directas entre todas las partes, defendiendo el derecho internacional y reafirmando la pluralidad de Jerusalén, dada su importancia única para judíos, cristianos y musulmanes.

También destacan la importancia «vital» de las escuelas católicas, las clínicas, los hospitales y otros proyectos sociales, incluido el trabajo de Cáritas, aunque afirman que «se encuentran bajo una fuerte presión».

Finalmente, los obispos dicen esperar «con impaciencia el momento en que los cristianos de todo el mundo puedan volver a realizar peregrinaciones a Tierra Santa».

Para llegar a estas conclusiones, los prelados han asistido a diversos diálogos con el responsable del Patriarcado latino de Jerusalén, Sami el-Youseff, con el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, el nuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Leopoldo Girelli, con la comunidad cristiana en Gaza, y con jóvenes israelíes y palestinos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra la «falta de rigor» del Gobierno central por no acceder a la petición formulada por varias comunidades, entre ellas la gallega, de adelantar el toque de queda. Además, se ha preguntado si la negativa del Ejecutivo central está vinculada con las elecciones catalanas, en las que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, es candidato del PSC.

«Ni gestiona ni deja gestionar», ha afeado, antes de esgrimir que el comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico en la pandemia veía clave esta «herramienta».

Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Feijóo ha confesado «sorpresa y frustración» por comprobar que, pese a que «la mayoría» de autonomías pidieron «formalmente» en el Consejo Interterritorial de la Salud esta «flexibilidad» en el adelanto del toque de queda, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez impide «trabajar con herramientas» que las comunidades «necesitan» para hacer frente a la covid-19.

El presidente gallego ha esgrimido que comunidades con gobiernos de distintos colores políticos (nacionalistas, socialistas o populares) se sumaron a la petición, por lo que no «hay diferencia ideológica» en la solicitud. Enfrente, sí ha constatado «falta de rigor» por parte del Gobierno central y, en concreto, del Ministerio de Sanidad.

«No podemos más que lamentar públicamente la falta de rigor ya no de quién gestiona la pandemia porque no lo hace, sino de quien no la deja gestionar. Estamos acostumbrados a que no hagan cosas, pero pedimos que nos dejen trabajar», ha exigido, antes de incidir en que, a la vista de la opinión de los expertos, no adelantar el toque de queda es «un error» cuyas consecuencias «se están pagando».

«NO PIDO QUE LO HAGA, SINO QUE ME LO DEJE HACER»

En el turno de preguntas, el presidente gallego ha incidido en la «irresponsabilidad» de esta decisión y ha insistido en su «estupefacción» por ello, antes de recalcar que para ningún presidente es «plato de gusto» decirle a los ciudadanos que tienen toque de queda a las 20,00 horas.

«Ninguno lo hace por capricho, por sus colores políticos o para desgastar al Gobierno central», ha afirmado y se ha vuelto a remitir a la recomendación de los expertos. De hecho, ha subrayado que, de haber algún «desgaste», será el del Ejecutivo autonómico que adopta la decisión.

«Yo ya no pido que el Gobierno fije un toque de queda en España a las 20,00 horas. Le pido que me lo deje hacer y yo asumo mis responsabilidades y las consecuencias de esas decisiones», ha sentenciado, para insistir que tanto él como el resto de autoridades autonómicas que han pedido dar este paso lo hacen con el ánimo de «acertar, salvar vidas y proteger el sistema sanitario».

«¿QUÉ HAY DETRÁS?»

«Somos responsables y no podemos entender qué está pasando, qué es lo que hay detrás para negar lo que se pide», ha advertido, antes de preguntarse «si hay algún interés» en negarse a acceder a lo que piden «la mayoría» de autonomías porque «alguna otra Comunidad» está en medio de un proceso electoral –los comicios en Cataluña están previstos para el 14 de febrero–.

Feijóo también se ha preguntado si «realmente» se va a «mezclar la pandemia» con procesos electorales en otra Comunidad que «beneficien o perjudiquen» a un determinado partido, antes de concluir que «no» entiende la actitud del Gobierno y de incidir en que este tipo de actitudes ponen en cuestión la denominada «cogobernanza».

MANTIENE SU RECHAZO AL TÉRMINO «TOQUE DE QUEDA»

Por otra parte, preguntado al respecto, ha defendido que no considera que se le deba «reprender» por pedir ahora el toque de queda y ha incidido en que, en su día, lo que dijo (y en lo que se ha reafirmado) es que ve «un error» hablar de «toque de queda» y de «estado de alarma» en España.

A su modo de ver, debería haber una ley para gestionar la pandemia y el uso de «determinados conceptos» tiene «costes reputacionales» para España. Así, ha concluido que no le gusta la terminología de «toque de queda» o «estado de alarma», pero «es la que hay».

La Plataforma per la Llengua ha impulsado un decálogo de iniciativas y propuestas para el audiovisual en Cataluña que busca que las formaciones políticas se comprometan a garantizar una mayor presencia del catalán en el sector audiovisual, algo que consideran «imprescindible para el pleno desarrollo» de la cultura catalana, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Acadèmia del Cinema Català y el Clúster Audiovisual de Catalunya, entre otras entidades.

Lo han explicado en rueda de prensa este jueves la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana; la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, el exconseller de Cultura de la Generalitat Joan Manuel Tresserras, y el presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant.

Plana ha alertado en su intervención de la situación de la lengua catalana, que considera particularmente grave en el caso de los jóvenes –ha dicho que solo el 19,6% de la población barcelonesa de entre 15 y 29 años usa hoy el catalán como lengua habitual, mientras que en 2013 era el 30%–, y en este sentido considera el audiovisual como un sector «estratégico» para acercarse a los jóvenes.

Ha remarcado también que en el decálogo piden una ley de cine actualizada, pero ha dicho que por el momento por lo menos «querrían hacer cumplir la que tienen», que determina que la cuota de cine en catalán que se exhibe en las salas tiene que ser del 50% –una cuota que el Tribunal Constitucional redujo al 25%–, pese a que en 2018 este porcentaje fue del 2,1%, según ha dicho.

Asimismo, considera que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) está infrafinanciada –piden que cada ciudadano pague 60 euros, frente a los 32 que han explicado que pagan ahora–, así como el acercamiento del audiovisual a todos los territorios de habla catalana: «Hay que recordar que tenemos un mercado potencial de 10 millones de personas», ha dicho.

El exconseller Tresserras ha dicho que no hay «proyecto político que se precie que no considere la adaptación a la era digital como un tema capital», y considera que en Catalunya no se ha estado lo suficientemente atento a la relevancia del audiovisual ni a lo que su juicio es una descapitalización en el sistema de información, comunicación, educación y cultura.

«RESOLVER EL TEMA DE TV3 Y EL DE LOS PRESUPUESTOS»

Passola ha dicho sentirse indignada y avergonzada por la situación de la lengua catalana –la cuota de cine producido en catalán ha pasado del 7% al 0,3% en diez años, según ha explicado– y ha dicho que el decálogo para ella se resume en dos ideas principales: «Hay que resolver el tema de TV3 y hay que resolver el tema de los presupuestos», ha dicho.

Considera que TV3 ya no funciona como «un motor de normalización lingüística», y que el audiovisual catalán no está lo suficientemente financiado.

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

A su vez, Rutllant ha destacado el papel que a su juicio debe tener el desarrollo de la industria del audiovisual en catalán: «Si hay industria, habrá contenido en catalán», ha dicho.

En este sentido, destaca dos iniciativas del decálogo: la creación de un parque audiovisual en el que «se puedan hacer producciones de gran nivel», y la de un parque tecnológico para que la industria sea más competitiva en las nuevas tecnologías.

LA RESPUESTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Al ser preguntados por la respuesta que han obtenido de momento de los partidos políticos, Plana ha respondido que en los partidos que a su juicio «son de tradición democrática», la respuesta ha sido positiva, exceptuando el PSC que todavía no se ha decidido.

Tresserras ha cerrado el acto diciendo que aunque el decálogo presente una lista de problemas y sea un grito de alerta, también «existe la posibilidad de revertir las cosas si se consiguen amplios consensos políticos».

La Reina Letizia ha mantenido este jueves por primera vez una reunión con miembros del Patronato y el equipo directivo de Fundación Telefónica para conocer de primera mano el trabajo que realiza la entidad a través de sus cuatro áreas de actuación: empleabilidad, educación, cultura digital y voluntariado.

Además, se le ha informado de todas las iniciativas acometidas durante la pandemia para ayudar a la sociedad y del fuerte compromiso para seguir haciéndolo en el plan estratégico de 2021.

A su llegada a la sede de Fundación Telefónica, en la Gran Vía de Madrid, donde se ha celebrado la reunión, al mismo tiempo presencial y en remoto, la Reina ha sido recibida en primer lugar por el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y por el presidente de Fundación Telefónica, César Alierta.

Posteriormente, la han saludado el director de Estrategia y Asuntos Públicos de Telefónica, Eduardo Navarro, y la directora general de Fundación Telefónica, Carmen Morenés. Una vez en la sala de reuniones, la Reina ha podido saludar en remoto al equipo directivo al completo de Fundación Telefónica.

Al inicio de la sesión de trabajo, la directora general, Carmen Morenés, ha intervenido agradeciendo el interés de la Reina Letizia por querer conocer de primera mano la labor de la entidad.

Carmen Morenés también ha querido poner en valor el trabajo que ha realizado la institución durante la pandemia.

El pasado 2020, el propósito de Fundación Telefónica cobró más sentido que nunca y la entidad se anticipó a las necesidades impuestas por el confinamiento gracias a la digitalización de sus proyectos.

De esta forma, contribuyó a que la formación y la educación para la nueva empleabilidad no parasen, impulsó la reflexión de ideas y soluciones que ayudarán a comprender el futuro y sumó fuerzas con otras entidades, a través de su voluntariado, para estar al lado de quienes más lo necesitaban.

A continuación, los responsables de los proyectos en los que trabaja la Fundación han contado en detalle las líneas estratégicas más relevantes en empleabilidad, educación, voluntariado y cultura y conocimiento, que se llevarán a cabo en 2021.

Así, le han trasladado a la Reina que Fundación Telefónica seguirá apostando por la educación como la principal palanca de cambio para la autonomía de las personas, que continuará adaptando la formación a los nuevos perfiles que reclama el mercado laboral; que continuará impulsando un hub de conocimiento que lidere la reflexión y el debate de las ideas que están cambiando el mundo y que seguirá sumando fuerzas con otras instituciones y entidades para lograr una sociedad más inclusiva, justa y solidaria.

Por ello, Fundación Telefónica seguirá poniendo la mirada en el futuro y trabajará para conectar a las personas con las competencias digitales y el acceso al conocimiento, necesarios para afrontar en igualdad de condiciones los retos de esta era digital.

De este modo, durante este 2021, continuará trabajando para desarrollar proyectos con ‘alma’ digital, proyectos con vocación global y proyectos inclusivos.

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que aclare varias cuestiones relativas al principio de acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar que considera que la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, no dejó claras durante su comparecencia en el Congreso, en particular en lo relativo al cumplimiento de la ley y en materia fiscal.

En una pregunta al Gobierno presentada en el Congreso de los Diputados, Cs pide conocer los mecanismos que habrá «para garantizar que las autoridades gibraltareñas cumplen con la armonización fiscal que deben realizar, tanto en IVA e impuestos especiales como en sociedades o IRPF y qué consecuencias o medidas correctivas tendrá un posible incumplimiento en este sentido».

Asimismo, los de Inés Arrimadas quieren que el Gobierno aclare las medidas previstas para «asegurar el cumplimiento de la legalidad por parte de las autoridades de Gibraltar, especialmente en lo relativo a la protección medioambiental y al respeto de soberanía española sobre las aguas territoriales que rodean el Peñón».

González Laya compareció el miércoles ante la Comisión Mixta para la UE para dar a conocer a los grupos parlamentarios el principio de acuerdo sellado entre Madrid y Londres el 31 de diciembre sobre Gibraltar, el cual deberá servir de marco ahora para un acuerdo entre Reino Unido y la UE sobre el Peñón, que se espera que esté listo en seis meses y que una vez alcanzado haría que este territorio entrara a formar parte de Schengen.

En Ciudadanos consideran que la ministra «dejó sin contestar algunos asuntos que son de especial relevancia para evitar la competencia desleal de Gibraltar con la comarca andaluza de Campo de Gibraltar».

En este sentido, piden también que se aclare la legislación que se aplica a la circulación de personas y mercancías mientras se negocia el acuerdo entre la UE y Reino Unido y por tanto «se cumplan los requisitos necesarios del Espacio Schengen y pueda caer la Verja».

Además, solicitan detalles sobre los «obstáculos» que deben esperar en los próximos meses y hasta que se produzca la caída de la Verja «los andaluces que tengan que cruzarla cada día para trabajar». En su intervención, la ministra dijo que durante este periodo se apostará por «la flexibilización de los controles» dentro de la legalidad con vistas a «evitar una situación traumática».

DETALLES SOBRE EL FONDO DE COHESIÓN

Por otra parte, Ciudadanos ha presentado otra segunda pregunta parlamentaria en relación con el acuerdo sobre Gibraltar interesándose por saber «cómo y cuándo se conformará el Fondo de Cohesión para las inversiones en el Campo de Gibraltar previsto en el preacuerdo alcanzado».

Igualmente, solicitan que se especifique de dónde procederán las aportaciones económicas a dicho fondo, más allá de fondos de la UE, y «qué cuantía» aportaría el Gobierno al mismo.

Además, piden que se expliquen las prioridades que defenderá el Gobierno en lo que se refiere a «la toma de decisiones sobre cómo, cuánto y en qué se invierte» el dinero de dicho fondo y qué instituciones españolas participarían en dicha toma de decisión.

El Ministerio de Justicia ha abierto este jueves la fase de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, una iniciativa legislativa que ha definido como una «apuesta firme» por la mediación y otros medios adecuados de solución de conflictos.

El departamento que dirige Juan Carlos Campo ha publicado el borrador en su página web, coincidiendo con los actos de celebración por el Día Europeo de la Mediación, iniciándose así el trámite de audiencia e información públicas.

Como novedad, se ha elaborado un formulario con el que Justicia pretende «facilitar y animar a la participación en esta fase de la tramitación del anteproyecto, que supone la apuesta firme del Ministerio por la mediación y otros medios adecuados de solución de conflictos», según ha informado en un comunicado.

El Ministerio ha confiado en que esta fase de audiencia pública «permitirá mejorar el texto mediante las aportaciones que se formulen por la ciudadanía, así como por las organizaciones o asociaciones legalmente establecidas».

Campo ya avanzó el miércoles, durante el acto inaugural del Día Europeo de la Mediación, que este 21 de enero se abriría a audiencia pública el anteproyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre.

En dicho acto, incidió en que se buscará la «cogobernanza» para mejorar el texto actual. «La primera palabra la tiene el Ministerio, pero la palabra final la tienen el resto de ministerios, las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, los actores del sector justicia», dijo, invitando a todos estos agentes a hacer sus aportaciones con «rigor», para lograr la «excelencia», y con «complicidad», para reconocer «cada sensibilidad, necesidad y capacidad».

El ministro explicó que este anteproyecto de ley persigue un «doble objetivo»: «aumentar la sostenibilidad y reducir la litigiosidad», por un lado, y «promover la cohesión social a través de nuevas fórmulas para solucionar determinadas controversias desde el diálogo y la negociación», por otro.

Se trata, contó Campo, de que un tercero ajeno a las partes en conflicto las ayude a encontrar una solución «más ágil, más eficiente y más satisfactoria», impulsados también por «incentivos económicos y procesales». Si se consiguiera resolver así uno de cada cuatro conflictos, se podrían ahorrar 380 millones de euros, calculó.

APOYO DEL CGPJ A LA MEDIACIÓN

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha querido reiterar este jueves su apoyo a la mediación como medio alternativo de resolución de controversias, recordando que es también una forma de administrar justicia y apuntando a esta vía como «respuesta idónea» ante la creciente litigiosidad por la pandemia de coronavirus.

Con ocasión del Día Europeo de la Mediación, ha ratificado en un comunicado «la relevancia y la trascendencia social que tiene la misma para la resolución de conflictos mediante el acuerdo voluntariamente alcanzado por las partes con la intervención de un mediador».

El órgano de gobierno de los jueves ha aclarado que «la mediación es justicia», ya que se trata de «una nueva vertiente del derecho de acceso a la justicia». «No se trata de una justicia sin jueces, sino de una herramienta de los jueces al servicio de la justicia», ha afirmado, abogando por «introducir mecanismos que faciliten y reconozcan la labor del juez en la búsqueda de acuerdos».

Además, ha considerado que, ante «el más que previsible incremento de la litigiosidad y, por ende, de los procedimientos judiciales que se vislumbra como consecuencia de la pandemia», la mediación puede ser «una respuesta idónea en no pocos supuestos», razón por la cual ha avanzado que seguirá fomentando su uso con «entusiasmo e intensidad» en el marco de sus competencias.

No obstante, el CGPJ ha advertido de que, trece años después de la directiva europea sobre mediación y nueve años desde las primeras leyes españolas al respecto, aún queda un «amplísimo camino» por recorrer hasta lograr «una implantación normalizada de los medios de solución de las controversias». En este sentido, ha citado los informes de la UE que reflejan un desconocimiento generalizado en los estados miembros sobre estos métodos.

En este contexto, ha considerado necesario «hallar y establecer nuevas fórmulas para incentivar la mediación desde el punto de vista social, profesional, económico y fiscal», así como «reconocer el uso de esta herramienta en la valoración y el reconocimiento de la carga de trabajo, los rendimientos y la actividad profesional de la carrera judicial». En concreto, ha propuesto promover un modelo para evitar la «actual dispersión de modelos» y crear servicios o unidades funcionales de mediación.

UN MANDATO «MÁS QUE VENCIDO»

En otro orden de cosas, el Consejo General del Poder Judicial –que lleva más de dos años en funciones– ha aprovechado la oportunidad para recordar que su mandato «a día de hoy está más que vencido».

A este respecto, ha señalado que, «agotado con creces su mandato, es precisa para los próximos años una estrategia de largo plazo para reorientar e impulsar con nuevas iniciativas el funcionamiento de la justicia, así como su actividad en favor de la mediación y de los medios adecuados de solución de controversias».

«Por ello resulta imperiosamente necesario que las Cortes Generales y los grupos parlamentarios, los diputados y senadores, y los miembros del Gobierno cumplan de manera urgente con su obligación constitucional de renovar el CGPJ», ha reclamado.