El gasto en recuperación un año después del inicio de la pandemia no cumple con uno de los compromisos de la reconstrucción, que las naciones aseguraron que sería más verde y sostenible, según un análisis del gasto realizado por la Universidad de Oxford y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que asegura que apenas se destina el 18 por ciento de los fondos a la recuperación "verde".

El informe '¿Estamos reconstruyendo mejor? La evidencia de 2020 y Caminos para una Recuperación Verde e Inclusiva' pide a los Gobiernos que inviertan de manera "más sostenible" y aborden las desigualdades a medida que estimulan el crecimiento a raíz de la devastación provocada por la pandemia.

En concreto, analiza los esfuerzos realizados por 50 economías hasta el momento en materia de la recuperación y el rescate fiscal provocado por el COVID-19 y refleja que de los 368.000 millones de dólares, apenas 14.600 millones dólares gastados en 2020 fueron "ecológicos".

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha advertido de que la humanidad se está enfrentando a la pandemia, a la crisis económica y a un colapso ecológico". "N podemos permitirnos perder en ningún frente. Los gobiernos tienen una oportunidad única de poner a sus países en trayectorias sostenibles que priorizan las oportunidades económicas, la reducción de la pobreza y la salud planetaria a la vez: el Observatorio les brinda las herramientas para navegar hacia recuperaciones más sostenibles e inclusivas", ha manifestado.

Por su parte, el investigador principal del Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de Oxford y autor del informe Brian O'Callaghan, considera que a pesar de los pasos positivos hacia una recuperación sostenible de COVID-19 de algunas naciones líderes, "el mundo hasta ahora no ha logrado igualar las aspiraciones de reconstruir mejor".

"Las oportunidades de gastar sabiamente en la recuperación aún no han terminado. Los gobiernos pueden aprovechar este momento para asegurar la prosperidad económica, social y ambiental a largo plazo", emplaza.

Por su parte, el Administrador del PNUD, Achim Steiner, ha subrayado que la capacidad para informar y monitorizar mejor las inversiones realizadas por los países para abordar los efectos socioeconómicos de la pandemia es "vital" para mantener la recuperación ecológica e inclusiva por buen camino.

En ese sentido, ha destacado que el Observatorio de Recuperación Global y la Plataforma de Futuros de Datos del PNUD ofrecen a los responsables de la formulación de políticas un nuevo y rico conjunto de puntos de datos y conocimientos.

"Ampliar el acceso a dichos recursos ayudará a aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de las inversiones que se están realizando ahora y sus impacto en nuestro futuro sostenible", ha añadido.

En la misma línea, el profesor de Economía Ambiental de Oxford, Cameron Hepburn explica que el informe es una "llamada de atención" ya que los datos del Observatorio de Recuperación Global muestran que no se está reconstruyendo mejor, "al menos todavía.

"Sabemos que una recuperación ecológica sería una ventaja para la economía y el clima; ahora tenemos que seguir adelante", añade.

El informe incide en que la recuperación verde puede traer un crecimiento económico más fuerte, mientras ayuda a cumplir los objetivos ambientales globales y aborda la desigualdad estructural.

Para evitar que se desvanezcan décadas de progreso contra la pobreza, los países de bajos ingresos necesitarán una financiación sustancial en condiciones favorables de los socios internacionales.

Por otro lado, el estudio concluye que apenas el 18 por ciento de los 341.000 millones de euros de gasto fueron gasto verde y este fue aportado "principalmente" por un pequeño grupo de países de altos ingresos. Por eso, insiste en que hasta ahora, el gasto en recuperación global ha perdido la oportunidad de invertir en verde.

EL GASTO VERDE DE ESPAÑA SE VA EN SUBSIDIOS

Asimismo, señala que se invirtieron 66.100 millones de dólares en energía baja en carbono, en gran parte gracias a los subsidios españoles y alemanes para proyectos de energía renovable e inversiones en hidrógeno e infraestructura.

En cuanto al transporte ecológico, el informe constata que a nivel mundial se anunciaron 86.100 millones de dólares para el transporte ecológico a través de transferencias y subsidios de vehículos eléctricos, inversiones en transporte público, infraestructura para bicicletas y caminatas.

También se han prometido 35.200 millones de dólares para mejoras en edificios ecológicos con el fin de aumentar la eficiencia energética, principalmente a través de modernizaciones, especialmente en Francia y el Reino Unido y otros 56.300 millones de dólares para capital natural o soluciones basadas en la naturaleza, como regeneración de ecosistemas o reforestación.

Sin embargo, expone que dos quintas partes se destinaron a parques públicos y medidas contra la contaminación, especialmente en Estados Unidos y China, para mejorar la calidad de vida y abordar las preocupaciones ambientales.

Por último, en cuestión de I+D, se han anunciado 28.900 millones de dólares en I+D. La I+ D ecológica incluye tecnologías de energía renovable, tecnologías para descarbonizar sectores como la aviación, los plásticos y la agricultura, y el secuestro de carbono. Sin avances en I+D ecológico, cumplir los objetivos del Acuerdo de París requeriría cambios de gran alcance en los precios y el estilo de vida.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de que entre enero y febrero de este año se han destruido cerca de 20.000 empresas, "truncando la recuperación registrada desde agosto", al no contar con apoyos suficientes, según ha señalado en un comunicado.

En febrero, el número de empresas con asalariados inscritas a la Seguridad Social fue de más de 1,2 millones, lo que supone una reducción del 3,6% en comparación con febrero de hace un año (-48.337), según ha puesto de relieve Cepyme.

La patronal ha recordado que el inicio de la pandemia supuso "un duro golpe" para el tejido productivo, con la pérdida de más de 91.000 empresas entre marzo y abril, aunque ha apuntado que la recuperación de la actividad ayudó a que se recuperasen más de 57.000 hasta finales de año.

"No obstante, casi un año después, las pérdidas acumuladas que han registrado las empresas durante meses, debido a las restricciones a la actividad, y la falta de expectativas a corto y medio plazo están provocando un fuerte repunte en el cierre de empresas pese incluso a la moratoria concursal", ha apuntado.

Teniendo en cuenta el tamaño, las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores) y las medianas (de 50 a 249) han sido las que han sufrido un mayor impacto, con caídas del 6,7% y del 6,1% (-10.404 y -1.555, respectivamente). No obstante, en términos absolutos las microempresas son las que se sitúan a la cabeza, con un descenso de 35.200 empresas (-3,2%).

Teniendo en cuenta los sectores de actividad, la mayor pérdida de empresas se ha registrado en el sector servicios (-5,3%) y en la industria (-2,3%). De hecho, ambos acumulan una pérdida de más de 54.500 empresas en comparación con un año atrás.

Según Cepyme a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una de cada ocho empresas de la hostelería ha desparecido en el último año por el Covid (-13%), seguido de las actividades artísticas y de entretenimiento (-10,6%), de otros servicios (-7,3%) y de transporte (-7,7%).

Por comunidades autónomas, la destrucción de tejido empresarial más abultada se ha dado en Baleares (-6,7%), Canarias (-6,6%) y Comunidad Valenciana (-5,4%). En términos absolutos, Comunidad Valenciana (-8.150), Cataluña (-7.524) y Madrid (-5.491) fueron las regiones donde más empresas se han destruido en el último año.

Cepyme ha avistado que a medida que se prolongue esta crisis y no se acompañe con unas medidas "más eficaces y bien instrumentadas de apoyo a la empresa, se incrementa de forma intensa el riesgo de destrucción de empresas".

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de que se diseñen medidas e instrumentos de apoyo a las empresas que sean eficientes y que "se adapten al tamaño y la realidad de las empresas y que contribuyan a paliar los diferentes problemas" que se manifiestan tanto de liquidez como de solvencia, "ya que llevarían a la inviabilidad del negocio.

También ha puesto de relieve que las ayudas directas son necesarias para compartir el gasto del impacto económico de las restricciones, que en este momento lo están asumiendo por completo las empresas y que, según cálculos de la patronal, se sitúan en el umbral de entre los 1.200 y los 1.800 millones a la semana.

La Comisión Europea aprobó el pasado 4 de marzo una nueva legislación que da la inspección técnica la responsabilidad de la recopilación de datos sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en turismos y vehículos comerciales ligeros.

La norma contempla la forma en la que los Estados miembro del bloque deberán hacer el seguimiento y la notificación de los datos sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de turismos y vehículos comerciales ligeros, así como de la información sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible o energía de dichos vehículos obtenidos en condiciones reales.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), califican esta norma como "un avance importante" que muestra la importancia de las estaciones de ITV para reducir el impacto medioambiental de los sistemas de transporte.

Las inspecciones técnicas de vehículos constituyen un elemento esencial para minimizar el impacto medioambiental de los sistemas de transporte", ha destacado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, quien ha agregado que "esta normativa convierte a la ITV en un colaborador clave para las Administraciones Estatales y Europeas en la recolección de datos relativos al consumo de combustible y energía obtenidos en condiciones reales y, consecuentemente, las emisiones de CO2 de los vehículos turismos y comerciales ligeros.

De acuerdo con los artículos 10 y 11 del nuevo reglamento de ejecución 2021/392, a partir del 20 de mayo de 2023, la entidad encargada de recopilar la información sobre los consumos de combustible y energía obtenidos en condiciones reales de circulación para los Estados Miembros son las estaciones de ITV.

No obstante, los Estados miembro pueden decidir reportar esta información a la Comisión antes de la fecha indicada.

Con la nueva norma, la información que se va recopilar a los matriculados, a través del interfaz electrónico de conexión de los vehículos, será el número de identificación del vehículo, las emisiones medias de CO2, combustible o energía eléctrica consumida, distancia total recorrida y, en aquellos vehículos con más de un sistema de energía, combustible y/o energía consumida y la distancia total recorrida con cada uno de los sistemas.

El plazo para acogerse al Bono de Turismo de Euskadi, que puede ser utilizado en restauración, hostelería y empresas turísticas se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021 y, a partir de este viernes, se abrirá un nuevo proceso de adhesión de empresas que llegará hasta el 26 de marzo. Los 466.250 bonos en hostelería y turismo movilizarán un mínimo de 14 millones de euros en compras, según ha indicado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

Además, ha apuntado que el citado departamento, junto a las Diputaciones forales, los ayuntamientos de las tres capitales y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, firmaron un acuerdo "pionero" en 2020 para el lanzamiento de bonos al consumo conjuntos, denominado "Euskadi Bono Denda" y "Euskadi Turismo Bono" con el fin de poder ayudar a estos sectores, que eran de los más afectados por el impacto de la pandemia.

No obstante, debido a las diferentes restricciones y limitaciones a la movilidad, el Bono Turismo no pudo ser activado, por lo que se decidió ampliar su plazo hasta que la situación pandémica mejorase, y este jueves se publica la orden de ampliación del plazo para su uso del 13 de abril al 31 de diciembre de 2021, por lo que, a partir de este viernes, se abrirá un nuevo proceso de adhesión de empresas que llegará hasta el 26 de marzo.

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Por tanto, las compañías que no se inscribieron en su momento y que deseen hacerlo ahora, pueden registrase a través de la web desde este viernes y hasta el 26 de marzo. Posteriormente se actualizarán todos los contenidos de la plataforma con los nuevos establecimientos y a partir del 13 de abril se podrá hacer uso de ellos.

Según han indicado, no es necesario adquirirlos previamente, sino que se deberán solicitar en los propios establecimientos que se elijan y estén adheridos al programa. Todos los establecimientos y empresas adheridas estarán visibles para las personas consumidoras en www.euskaditurismobono.eus.

Los bonos buscan revitalizar a los sectores "más castigados por la crisis", así como contribuir a activar el consumo en las familias que también se han visto afectadas. En este sentido, se trata, según han dicho, de una fórmula para dinamizar la actividad de la restauración, la hostelería y el turismo, promoviendo su repercusión en el ámbito local y comarcal.

Los bonos serán aplicados las personas físicas mayores de 18 años que residan en Euskadi o visiten la Comunidad Autónoma Vasca desde otros lugares, pero no se emitirán bonos físicos, sino que se gestionarán en el propio establecimiento en el que se decida gastarlos.

Estas ayudas se basan en el modelo de vale descuento y cuentan con tres modalidades. Las modalidades 1 y 2 se dirigen a los establecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de interés turístico y suponen descuentos de 5 o 10 euros para compras mínimas de 20 o 40 euros respectivamente.

En la tercera modalidad el descuento será de 20 euros para compras mínimas de 60 euros en los establecimientos de alojamiento turístico. Se podrán adquirir hasta 2 bonos por establecimiento con un límite máximo de 40 euros de descuento total por persona.

"Euskadi Turismo Bono" está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas de Euskadi relacionadas con turismo y hostelería, como pueden ser establecimientos de alojamiento; guías turísticos; empresas turísticas de mediación y organización de servicios turísticos; establecimientos de restauración y de hostelería; empresas de actividades deportivas en la naturaleza como el turismo activo, y de aventura; empresas de transporte turístico; empresas dedicadas a la divulgación del patrimonio cultural, gastronómico y natural y centros recreativos.

Un 83% de los trabajadores españoles cree que sus empresas deberían centrarse más en los problemas sociales y medioambientales, según el 'Informe Entornos de Trabajo Sostenibles 2021' realizado por Epson a partir de 4.000 personas encuestadas de 26 países diferentes.

Este informe analiza las medidas y actitudes frente a la sostenibilidad de empresas, empleados, consumidores y la sociedad en general, aportando una visión del antes, durante y post Covid-19. El documento concluye que la sostenibilidad es un factor decisivo para que las empresas cumplan con las expectativas de clientes, empleados y la sociedad en la época post Covid-19.

Con este estudio, Epson desgrana las oportunidades y amenazas resultantes del nuevo contexto con el objetivo de contribuir a apoyar los planes de recuperación empresariales para un futuro más sostenible y económicamente viable, así como para que las organizaciones puedan dar respuesta a las expectativas de los grupos de interés.

Además, para la elaboración del informe, la compañía realizó una serie de debates empresariales para contar de primera mano con la visión de organizaciones referentes en España como Banc Sabadell, Unilever, Telefónica y Fundación Privada Empresa & Clima.

La sostenibilidad marca el rumbo hacia el éxito de las compañías y es decisiva para cumplir con las expectativas de clientes, empleados y sociedad en general, hasta el punto que aquellas organizaciones que no sepan adaptarse a un cambio de modelo en el que la sostenibilidad, la economía circular y la responsabilidad social estén en el centro de su negocio podrían ver comprometida su continuidad", remarca Ernest Quingles, VP Epson Europe & CEO Epson Francia, España y Portugal.

El estudio de Epson destaca que no solo los empleados demandan a las empresas un compromiso más activo en cuanto a la sostenibilidad, sino que es una preocupación prioritaria para el conjunto de la sociedad. En concreto, un 80% de los españoles considera importante hacer frente a los retos ambientales y sociales, una cifra por encima de la media de los países encuestados que se sitúa en un 71%.

A pesar de que la sostenibilidad se muestra muy presente en el 'mindset' empresarial, este estudio señala que el tejido empresarial aún tiene por delante un largo camino para integrarlas de una manera firme en sus hojas de ruta hacia la recuperación post-pandemia.

Así lo pone de manifiesto el hecho de que el 29% de los profesionales con poder de decisión crea que las consideraciones sobre el impacto medioambiental y social están totalmente integradas en los planes de recuperación empresarial y de regreso al trabajo post Covid-19, una cifra que desciende al 25% atendiendo a la percepción de los propios empleados.

Los autores también ven significativo que solo el 34% de las empresas españolas considere que la sostenibilidad va a ser más importante en la era post-pandemia, si bien hay que matizar que la gran mayoría de las compañías afirma que ya era un aspecto fundamental anteriormente, por lo que la Covid-19 no ha aumentado su importancia, sino que ha acelerado la implantación de iniciativas sostenibles y sociales.

Otro dato relevante que señala el informe es que entre las empresas españolas que esperan ver un aumento considerable en sus beneficios a 5 años vista, el 81% da mucha importancia a las cuestiones de impacto ambiental y social.

Por otro lado, el informe de Epson determina que España es el segundo país de todos los encuestados donde hay una mayor preferencia por el teletrabajo post Covid-19, con un 35% de los encuestados que constata que les gustaría seguir en esta modalidad en un futuro. El informe también destaca que España es el segundo país donde más compañías ya tienen claro que seguirán apostando por fórmulas mixtas de trabajo (presencial y online) en el mañana, sumando un total de un 22%.

Asimismo, España destaca también por posicionarse en el 5º lugar, de 26 países de EMEA, en situar la tecnología como factor clave para mejorar la sostenibilidad de la empresa.

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Precisamente, el 'Informe Entornos de Trabajo Sostenibles 2021' subraya que avanzar hacia organizaciones más sostenibles es un ejercicio relacionado con una transformación cultural que aúne un cambio de actitud con los principales avances tecnológicos.

La tecnología es un factor crítico en lo que se refiere a la planificación futura de los equipos de trabajo e infraestructuras. Los empleados en España, tanto en oficinas como en modelos de teletrabajo, afirmaron que los factores medioambientales deberían jugar un papel fundamental en el equipamiento que utilizan, con un 71% que requiere que el equipamiento de trabajo sea duradero, energéticamente eficiente y/o reduzca los residuos.

El informe apunta que los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de las TI serán los grandes impulsores de la sostenibilidad en la empresa, situándose a la cabeza en la planificación de un futuro empresarial más sostenible debido a que cuentan con una mejor perspectiva y conocimiento de soluciones tecnológicas más sencillas que ya están disponibles, un hecho que les coloca en mejor posición para implementarlas y monitorizar su impacto.

El informe de Epson señala que muchas empresas relacionan la sostenibilidad con grandes proyectos que suponen unas inversiones elevadas, como la instalación de paneles solares o turbinas eléctricas. Sin embargo, la mejora de la tecnología de oficina es de fácil implantación y ayuda a las empresas a funcionar de una manera más sostenible y eficiente, ofreciendo a la vez una mejora en la rentabilidad.

De este modo, Ernest Quingles destaca los beneficios medioambientales de la tecnología de inyección de tinta: "Si todas las impresoras láser de Europa se cambiaran por impresoras de tecnología sin calor business inkjet de Epson, se ahorraría cada año la energía suficiente para reducir las emisiones de CO2 en 410 millones de kilogramos y supondría un ahorro en costes energéticos de hasta 152 millones de euros al año.

"PaperLab, la primera recicladora de papel de oficina que convierte el papel usado en nuevo mediante un proceso en seco, es una de nuestras principales disrupciones tecnológicas basada en la economía circular que preserva los recursos hídricos, al requerir un 95% menos de agua, reduce el CO2 y permite ahorrar en recursos forestales", añade.

Por último, el estudio constata que la edad tiene un gran impacto en la forma en que las organizaciones responden al imperativo de la sostenibilidad pues tanto las empresas más establecidas (más de 10 años) como los Baby Boomers (de 54 años o más) conceden una menor importancia a los problemas ambientales y sociales; mientras que la Generación Z (menor de 22 años), los Millennials (22-37 años) y las empresas emergentes clasifican de manera clara estas preocupaciones como principales prioridades. Además, esos valores también se reflejan en los consumidores más jóvenes.

Asimismo, si se atiende a la madurez de las empresas, existe un cambio de actitud evidente ya que un 88% de las start-ups españolas establece como prioridad la consecución de objetivos medioambientales y sociales, mientras que esta cifra desciende al 73% en el caso de las empresas de más de diez años.

La compañía tecnológica Indra ha ganado nuevos contratos para desplegar en China hasta treinta y cinco sistemas de ayuda a la navegación que reforzarán la seguridad en aeropuertos y principales rutas aéreas del país.

Los nuevos contratos elevan a más de 950 el número de sistemas de este tipo implantados por la compañía en China, a los que se suman los radares, sistemas de automatización instalados en centros de control y torres, comunicaciones y sistemas de información, que elevan a más de 1.000 el total de sistemas desplegados.

En concreto, Indra entregará sistemas DVOR y DME, que permiten a las aeronaves determinar el ángulo y distancia a la que se encuentran de un punto en tierra para realizar aproximaciones de precisión a los aeropuertos y seguir aerovías una vez en ruta.

Los nuevos sistemas serán suministrados por el equipo de Indra en Australia y desplegados con la ayuda de los profesionales de la compañía en Pekín.

El trabajo realizado desde los centros de Indra en estos dos países ha permitido a la compañía superar las limitaciones de movilidad impuestas por la Covid y seguir prestando servicio con normalidad a sus clientes en toda la región de Asia-Pacífico, un mercado en el que la aviación ya se está recuperando.

La presencia de Indra en el mercado de tráfico aéreo de China es muy amplia. Los centros de control en ruta de Chengdu y Xian gestionan con sistemas de Indra el espacio aéreo superior de ocho regiones que suman un total de 4,2 millones de kilómetros cuadrados.

La compañía también ha equipado el centro de control de área terminal (TMA) de Chengdu con el sistema Indra Air Automation. En el ámbito de la vigilancia aérea, ha desplegado una red de radares que controla los movimientos aéreos en el 60% de China.

EL FUTURO DE LA NAVEGACIÓN.

Indra ya está trabajando en los sistemas de ayuda a la navegación del futuro. Entre ellos, destacan los sistemas de aterrizaje de precisión por satélite GBAS (categoría GAST D), que ofrecen una trayectoria de aproximación para el aterrizaje mucho más eficiente y segura.

La compañía forma parte de la Alianza europea GBAS que está promoviendo la adopción de esta tecnología en los aeropuertos del continente.

Cada sistema GBAS ofrece capacidad para gestionar hasta 48 aproximaciones simultáneamente, cubriendo todas las pistas y helipuertos de un aeropuerto, a diferencia de los ILS, que deben instalarse en la cabecera de cada pista. Su precisión permite además realizar descensos más pronunciados y cortos, lo que contribuye a ahorrar combustible y reducir la contaminación acústica.

El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP y el BNG han confirmado este jueves en el Pleno del Congreso su apoyo a la despenalización de las coacciones de los piquetes de huelga, una reforma del Código Penal que llegará al Senado sin cambios tras el rechazo de las enmiendas presentadas por el PP, Vox y el PNV, partidarios de mantener esas penas de prisión, con mayor o menor dureza.

En una primera votación este jueves, el Pleno ha tumbado esas enmiendas. Sin embargo, será a última hora de la mañana de este jueves cuando el hemiciclo se pronuncie sobre el conjunto de la reforma, que quedará aprobada en sus términos originales para su remisión al Senado.

Además de los apoyos ya anunciados en las intervenciones de las formaciones citadas, el Gobierno espera contar, al menos, con los de Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias para superar de forma más holgada los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta, necesaria en este caso ya que se trata de una reforma del Código Penal, que tiene carácter orgánico.

UNA DEUDA PENDIENTE CON EL SINDICALISMO

Durante el debate de la iniciativa, al que ha asistido en parte el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la diputada del PSOE Andrea Fernández ha celebrado este día como "histórico", pues considera que esta derogación salda "una de las deudas pendientes que como demócratas" tienen "con el sindicalismo".

Fernández ha reprochado a las fuerzas enmendantes de la derecha que "no pueden contraponer una libertad genérica (el trabajo) con un derecho fundamental (el de huelga)". "Es necesario que entendamos que la protesta tiene que protegerse, porque es consustancial con la democracia", ha reivindicado.

"En una huelga, el piquete más efectivo es el de la patronal", ha aseverado Aina Vidal, de En Comú Podem (Unidas Podemos), que cree que estas penas de cárcel, introducido por el PP en mayoría absoluta "a raíz de sus políticas psicópatas" en la anterior crisis "va en contra del espíritu de la norma". "Convierte al Código Penal en una ley 'antihuelga', que criminaliza la actividad de sindicalistas o de los propios huelguistas", ha dicho.

¿HABRÁ PENAS MÁS DURAS POR EL DELITO DE COACCIONES?

Por su parte, las formaciones de la derecha parlamentaria han advertido del riesgo de que esta despenalización acabe con penas más duras para las coacciones de los piquetes, al estar más castigado el delito de coacciones, o incluso que se aumenten por contabilizarse tantos delitos como personas coaccionadas, algo que ha señalado el 'popular' Jaime de Olano.

Este diputado ha defendido la redacción vigente del artículo 315, pues cree que "protege al trabajador en las dos esferas", y también ha cargado contra "el trato de favor a encausados o procesados por este delito" que busca la iniciativa, al contemplar la revisión de las sentencias dictadas. "Esto es muy peligroso, mañana lo harán con independentistas condenados por sedición", ha alertado.

"No consideramos acertada la simple y llana derogación", ha manifestado Mikel Legara, portavoz legal del PNV, que ha anticipado un posible "efecto bumerán" con mayores penas por el delito de coacciones, mientras que Juan José Aizcorbe (Vox) ha cargado contra "una bochornosa exposición de motivos impropio de una democracia saludable", pues cree que con ella se busca "ajustar cuentas, plasmar cuitas políticas o publicitar relatos".

Junto a estas enmiendas, el Congreso también ha rechazado la enmienda del PDeCAT para mandatar al Gobierno a regular el derecho a la huelga, una necesidad que, tal y como ha defendido su diputado Genís Boadella, abierto a apoyar la derogación, "es incomprensible que a fecha de hoy esté regulado todavía en términos preconstitucionales".

Ciudadanos no ha presentado enmiendas, pero su diputado Pablo Cambronero ha avanzado su rechazo, argumentando que habrían aceptado una rebaja de las penas pero no una despenalización de un hecho punible, el de las coacciones, recogido en el Código Penal. Además, ha asegurado que no considera "urgente" esta derogación.

APOYO A LA REFORMA PERO, ¿CUÁNDO SE DEROGA LA 'LEY MORDAZA'?

Frente al bloque de las formaciones de la derecha, las formaciones de Gobierno PSOE y Unidas Podemos han contado con el respaldo a esta derogación del resto de grupos a la izquierda de la Cámara que, eso sí, han pedido al Ejecutivo más pasos en la derogación de normas aprobadas en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

"Hay que ser más valientes, mucho más, porque esta derecho no sería tan blanda si estuviera en el poder", ha implorado Jordi Salvador (ERC), pidiendo la derogación de toda la 'Ley Mordaza' y subrayando que "ningún derecho legal se consiguió sin lucha ni huelga". "Se puede ser liberal, pero lo de hoy (la postura de los partidos de la derecha) es franquismo puro y duro. Salgan un poco de la caverna", ha espetado.

Nestor Rego (BNG) ha recordado que esta derogación forma parte del acuerdo de investidura alcanzado para apoyar a Pedro Sánchez, pero que también las de las reformas de pensiones y laboral, y Albert Botrán (CUP) ha lamentado cómo hay grupos que "sólo se acuerdan del derecho del trabajo cuando hay huelga". "No se debe confundir el derecho al trabajo con el derecho a hacer el esquirol, que no existe", ha concluido.

A MÁS SINDICALISMO Y ORGANIZACIÓN, MEJORES SALARIOS

El portavoz laboral de EH-Bildu, Oskar Matute, ha lamentado "el último intento desesperado de la patronal a través de sus terminales políticas" para frenar la derogación, destacando que la propuesta del PNV pasaba por castigar con penas de cárcel a acciones que pudieran conducir a una huelga. "¿Es eso punible?", se ha preguntado, subrayando que "nadie hace huelga ni va a la huelga por capricho, se hace por necesidad".

Finalmente, ha apuntado cómo se señala al País Vasco y a Navarra "como unos privilegiados dentro del Estado" por sus niveles de renta y mejores salarios, cuando es "la zona de Europa con más huelgas en el siglo XXI. "¿Se han parado a pensar que una base sindical organizada y fuerte tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores?", se ha preguntado.

El número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país se desplomó un 73,9% el pasado mes de enero respecto al mismo mes de 2020, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso se debe a las restricciones de movilidad tanto nacionales como internacionales provocadas por el coronavirus. De hecho, en total sólo 776.000 viajeros usaron el avión en enero para sus desplazamientos. A esto se suma también un retroceso en los viajeros en tren. Así, los usuarios de los trenes AVE apenas alcanzaron los 382.000 usuarios, un 77,2% menos que en igual mes de 2020.

Según la estadística de transporte de viajeros del INE, que refleja el impacto de la pandemia en el uso de los distintos medios de transporte, el número de usuarios del transporte público bajó en enero un 51,1% en tasa anual, hasta los 206,8 millones de pasajeros.

El transporte urbano disminuyó un 51,9% en tasa anual y el interurbano un 54,2%, destacando dentro de este último la caída de casi el 74% del transporte aéreo debido a las restricciones de movilidad provocadas por el coronavirus.

La tasa de variación del número de pasajeros del transporte público del mes de enero respecto a diciembre fue del -14,3%. Un dato que contrasta con el pasado año cuando creció un 3,9% y mucho más con 2008 cuando la evolución de la tasa mensual de viajeros en el mes de enero en el transporte público aumentó un 6,3%.

EL TRANSPORTE URBANO BAJA UN 51,9%.

El transporte urbano fue utilizado por más de 127,8 millones de viajeros en enero, un 51,9% menos que en el mismo mes del año 2020.

El transporte por metro disminuye un 50,8% en tasa anual. El metro de Sevilla presenta el mayor descenso, del 60,4%, y el de Bilbao el menor, del 40,6%. Madrid cayó un 50,9% y Barcelona 51,7%.

Entre las ciudades que poseen metro, la mayor bajada en el transporte por autobús se registra en Madrid (-63,2%), y la menor en Bilbao (-36,8%).

El transporte urbano por autobús disminuyó un 52,6% en enero respecto al mismo mes de 2020. Todas las comunidades presentan tasas anuales negativas. Los mayores descensos se dan en Región de Murcia (-63,4%), Comunidad de Madrid (-62,5%) y Castilla - La Mancha (-61,9%). Por su parte, Canarias (-37,4%), País Vasco (-40,2%) y Aragón (-44,2%) registran los menores descensos en el transporte por autobús.

Por lo que se refiere al transporte interurbano más de 52,8 millones de viajeros utilizan el transporte interurbano en enero, lo que supone un descenso del 54,2% respecto al mismo mes de 2020.

Por tipo de transporte, el aéreo baja un 73,9%, el marítimo un 65,9%, por autobús un 54,4%, y por ferrocarril un 52,7%. Cercanías disminuye un 53,8% en el transporte por autobús y un 50,8% en el transporte por ferrocarril. La media distancia bajó un 54,3% en el transporte por autobús y un 64,6% en el ferroviario.

Por último, la larga distancia disminuyó un 78,9% en el transporte por autobús y un 75% en el ferrocarril. Dentro de este último, el AVE baja un 77,2%.

Los datos del INE muestran que más de 26,1 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional el pasado mes de enero, lo que supone un descenso del 38,2% en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial bajó un 21,1% y superó los 24,2 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar se reduce un 22,6% y el laboral un 16%.

Por su parte, el transporte discrecional disminuye un 83,4% respecto al mismo mes del año 2020, con más de 1,9 millones de viajeros.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que está ya todo "organizado y terminado" para aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario el decreto ley sobre el paquete de ayudas de 11.000 millones destinados a empresas, tras no poder darle 'luz verde' el martes por la necesidad de ultimar "cuestiones técnicas".

"Está todo organizado y terminado. Le faltaba alguna cuestión porque es muy complejo y en términos técnicos ha requerido gran esfuerzo de trabajo", ha afirmado Montero en una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE.

La idea del Gobierno es que dichas ayudas puedan llegar en el "menor plazo de tiempo", aunque la titular de Hacienda ha admitido que hablar de "días" sería "muy arriesgado", porque hace falta un trabajo de garantías jurídicas que permita asegurar que "el dinero llega y se emplea para los fines que está previsto".

La ministra ha vuelto a negar "discrepancias" en el seno del Ejecutivo sobre el plan, negando que por esta razón se haya pospuesto la aprobación de un decreto que pretende que las empresas dispongan de recursos para evitar problemas de solvencia sobre todo en aquellos sectores que han sufrido más la caída de su actividad por la crisis, como el turismo la hostelería y el comercio.

A un día de que se apruebe el paquete de ayudas anunciado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados, la ministra no ha querido adelantar los detalles del mismo, como la cantidad de ayudas directas finalmente estipuladas o el papel que tendrán las comunidades autónomas en la distribución de las ayudas.

Sin embargo, Montero ha recalcado que las comunidades "siempre van a formar parte" de cualquier iniciativa que ponga en marcha el Gobierno. "Hay competencias compartidas y repartidas entre todas las administraciones y siempre que hay una iniciativa legislativa tenemos en mente a las comunidades autónomas", ha señalado.

DESCARTA RETIRAR LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS ANTICIPADAMENTE

La ministra ha recordado que el año pasado el Gobierno puso a disposición del tejido productivo más de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) y que en lo va de año ya se ha destinado un 2%. "Con este trabajo esperamos que se permita que esta crisis derivada de la pandemia se salde de una manera distinta a como se han saldado otras, que ha sido con despidos y la expulsión del mercado laboral, sobre todo de personas vulnerables", ha señalado la ministra.

En este sentido, la ministra ha asegurado que el Gobierno está convencido de que en este momento hay que practicar políticas anticíclicas y que no se pueden retirar anticipadamente los estímulos económicos, ya que "sería un error".

La ministra ha anticipado así que la consolidación fiscal tendrá que llegar en el momento en el que la economía tenga unas cifras que permita saber que el país está en una situación de prepandemia o a un nivel cercano.

DEBATE SOBRE LA FUTURA LEY DE VIVIENDA

Preguntada sobre la futura Ley de Vivienda, la titular de Hacienda ha dejado claro que está habiendo debate entre las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno, pero que el acuerdo de investidura es el que marca el camino a seguir.

"¿Qué dice el acuerdo? Que el Gobierno pondría en marcha medidas para impedir que se produjeran subidas abusivas por el alquiler como las que se han producido hasta ahora en el centro de las grandes ciudades por los pisos turísticos", ha recordado.

Asimismo, ha dejado claro que el Ejecutivo va a impedir que haya precios del alquiler abusivos y que está en estos momentos debatiendo cuál es el instrumento que mejor garantiza que no se produzca esta subida abusiva respetando la seguridad jurídica.

Los repartidores han mostrado su decepción y se sienten "ninguneados", después de que anoche el Gobierno y los agentes sociales alcanzaran un acuerdo en la denominada 'Ley rider', según han informado las asociaciones RepartidoresUnidos.org y APRA, que consideran que este acuerdo "es inadmisible y una vergüenza" al no contar con ellos.

El portavoz de RepartidoresUnidos.org, Gustavo Gaviria, ha recordado que en este tiempo han intentado formar parte de las negociaciones. "Hemos enviado peticiones de reunión hasta siete veces y hemos salido más de 2.000 personas a la calle en tres ocasiones para expresar que no estamos de acuerdo, y que esto tendrá un impacto muy negativo para nosotros. Y nadie nos ha escuchado", ha lamentado.

Por su parte, el presidente de APRA, Jordi Mateo, ha señalado que el colectivo de repartidores están "enfadados, decepcionados y nos sentimos ninguneados". "Si queda algo por hacer, seguiremos insistiendo. Esto no es la Ley Rider, es la Ley Anti Rider".

Desde RepartidoresUnidos.org y APRA están a la espera de conocer el documento final para comprobar si el documento "encima se aprobará por decretazo o si pasará por el Congreso de los Diputados". "En este segundo caso, iniciaremos una nueva campaña dirigida a los diputados para que comprendan que su no es el último salvavidas del sector", han señalado.

Los colectivos de repartidores aseguran que esta norma "dejará a muchos 'riders' sin trabajo". "Aquellos que realmente son autónomos y que tienen varios trabajo, aquellos que lo combinan con otro proyecto o la familia, aquellos que lo han utilizado para entrar al mercado laboral porque en todas partes les decían que no, aquellos que acaban de llegar al país y tienen muchas puertas cerradas. Todos estos, fuera a la calle", han advertido.

Las plataformas han convocado una nueva concentración de 'riders' para este jueves a las 11.30 horas delante del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que coincide con la presentación de la ministra Yolanda Díaz, del acuerdo alcanzado anoche con CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

En el texto acordado por las partes se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido de que las entidades financieras están "obligadas" a evolucionar sus modelos de negocio para afrontar el futuro, para lo que la inversión en tecnología es "necesaria, pero no suficiente", pues debe impulsarse un cambio cultural en las compañías desde la alta dirección.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la jornada empresarial 'Las nuevas tendencias de la banca' organizada por El Economista, en la que la subgobernadora ha reconocido que, si bien el alto grado de competencia impulsado por la digitalización "es un hecho", también se observa "un alto nivel de cooperación", tanto entre las entidades como con terceros.

En cualquier caso, ha advertido de que las entidades deben analizar si su modelo de negocio es sostenible en el tiempo para establecer las líneas estratégicas que le permitan responder a las necesidades del mercado.

"Por supuesto, la inversión en tecnología es condición necesaria, pero no suficiente, para esta evolución del modelo. Ha de venir acompañada de la motivación y el compromiso de los empleados. Para ello, deben abordar un cambio cultural que, sin duda, tiene que ser impulsado por la alta dirección", ha resaltado.

Para el diseño de la nueva estrategia, la subgobernadora ha apuntado que la clientela digital demanda una experiencia de usuario óptima y una oferta de productos totalmente personalizada, mientras que "no considera muy relevante que su banco cuente con una extensa red de sucursales".

Delgado también ha destacado que la digitalización posibilita mejoras en la eficiencia de los procesos internos, reducción de costes o captación de nuevos clientes y defensa ante nuevos competidores, si bien "debe potenciar la capacidad de análisis de los datos disponibles", algo que posibilitan tecnologías como el big data o la inteligencia artificial.

En esta línea, ha aprovechado para poner de manifiesto la importancia de cumplir con la normativa de protección de datos personales y garantizar su seguridad, cubriendo aspectos como su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

"Es evidente que el contexto actual de rentabilidad dificulta afrontar planes de mejora tecnológica que impliquen elevadas inversiones, aunque dichas inversiones son cada vez más necesarias para la cuenta de resultados futura", ha asegurado.

UN CAMINO QUE ENTRAÑA RIESGOS, PERO QUE HAY QUE RECORRER

Durante su intervención, Delgado ha reconocido que las nuevas tecnologías, además de aportar grandes oportunidades, también conllevan riesgos que hay que gestionar adeucadamente, como pueden ser la pérdida de control de los procesos en la nube, el riesgo derivado del uso de soluciones inmaduras, la mayor dependencia de terceros, el ciberriesgo o adoptar decisiones de negocio basadas en tecnologías innovadoras " que se conviertan en cajas negras o se desvíen del comportamiento deseado".

"Sin duda, se presentarán múltiples retos, pero creo firmemente que es un camino que hay que recorrer", ha sostenido la subgobernadora del Banco de España.

Exolum, antigua CLH, ha sido una de las 14 empresas galardonadas en la segunda edición de los premios UK-Spain Business, que reconocen la innovación, la colaboración y el emprendimiento empresarial de catorce empresas españolas y británicas, informó la compañía.

Los premios UK-Spain Business distinguen a compañías que, a través de su actividad empresarial en España y en Reino Unido, han impulsado la relación comercial entre los dos países.

El galardón se entregó en una gala virtual presidida por el embajador británico, y que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Inversión británico, Gerry Grimstone, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

En concreto, Exolum, ha recibido el premio en la categoría de 'Growth in the UK', por la importante expansión que la compañía ha realizado en el último año en el país.

A finales de 2020 la compañía incorporó 15 nuevas terminales de almacenamiento de productos líquidos de las cuales 11 están situadas en Reino Unido. Con esta adquisición, Exolum ha consolidado su presencia en el mercado británico al tiempo que ha iniciado las operaciones en el resto de Europa.

Además, el grupo ha ampliado la actividad al almacenamiento, gestión y transporte de nuevos productos líquidos, especialmente químicos, y ha comenzado a operar en nuevos sectores, como son los eco-carburantes, la economía circular o el desarrollo de nuevos vectores energéticos.

En la actualidad, Exolum cuenta con más de 2.300 profesionales y opera en ocho países gestionando una red de oleoductos de más de 6.000 kilómetros, 68 terminales de almacenamiento y 45 instalaciones aeroportuarias, todo ello con una capacidad total de más de 11 millones de metros cúbicos.

GALARDONADOS

En cuanto al resto de galardones otorgados por la Embajada británica en España, en la categoría 'Growth in the UK' han resultado premiados, además de Exolum, Vidrala y Cellnex.

En la categoría 'Driving Innovation' Highview Power e Idiada; en lacategoría 'Winning Business in Spain', Sygnature Discovery; en lacategoría 'Collaboration and Partnership in Business', Laconicum y Biocat; en la categoría 'New UK investor', Gabitel y Aernnova; en lacategoría 'Best British Employer in Diversity and social Inclusion* y *Best British Investment in Sustainability*, otorgada por la Cámara de Comercio Británica en España, Mitie y Croda International.

Por último, en la categoría 'Spanish investment in the UK' y 'Business in the UK' otorgada por Santander han resultado galardonados Lookiero y Wallbox.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado este jueves que el Gobierno Vasco tratará de que se mantenga la actividad industrial en los terrenos del astillero de La Naval en la localidad vizcaína de Sestao, aunque ha destacado que "hay que respetar" el proyecto del grupo belga VPG que, como adjudicatario de la parcela, construirá allí un parque logístico.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, Azpiazu ha indicado que el deseo del Ejecutivo autónomo es que en los terrenos de La Naval haya una actividad importante, que "si es en torno a la industria, mucho mejor", y, de esa manera, "dar un impulso" a Sestao.

Así, ha señalado que aún no conocen cuáles son las intenciones del grupo belga y cuál va a ser su proyecto empresarial para la zona, aunque ha insistido en que lo que desea el Gobierno Vasco es que se mantenga la actividad industrial, "si es posible".

"Debemos respetar el proyecto empresarial de VPG. Ellos han ganado y a ver lo que hacen. Creo que, si llegamos a un acuerdo a través del diálogo y hay un pequeño equilibrio entre lo que van a hacer ellos y lo que queremos nosotros, mucho mejor", ha señalado.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda ha considerado que "se puede decir que Euskadi aún es industrial", aunque ha recordado que "los servicios también están ahí y son beneficiosos para crear empleo e impulsar la economía.

En su opinión, la cuestión "no es decir no a los servicios o sí a la industria", ya que, aunque Euskadi tenga "más experiencia" en el sector industrial, "cuando pensamos en los servicios no solo podemos pensar en sol y playa, sino que también hay servicios sólidos, relacionados con la industria, que son muy beneficiosos para impulsar la economía junto a la industria".

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, Pedro Azpiazu ha indicado que todo lo relacionado con los fondos europeos de recuperación "aún está muy revuelto", aunque espera que Euskadi logre "una gran cantidad de recursos" gracias a los proyectos presentados en el programa Euskadi Next 2021-2026.

El consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que el Gobierno Vasco continúa trabajando en esta cuestión tanto de manera interna como con las diputaciones forales y los ayuntamientos.

"Veremos cuándo comenzará a llegar el dinero y cuánto llegará. A ver si logramos una gran cantidad de recursos, porque van a ser necesarios para impulsar proyectos transformadores, ya que debemos darle un gran cambio a nuestra economía para impulsarla, y ahora es la oportunidad", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo autónomo ya ha puesto en marcha programas dirigidos a las PYMEs y que, cuando lleguen los recursos europeos, diseñara nuevos programas para que esa financiación llegue "a todas las empresas y a todos los territorios", ya que, en su opinión, "así será más sencillo para las PYMEs lograr ese dinero".

"Hay grandes empresas en Euskadi, pero la mayoría son PYMEs. Esa es la realidad y hay que tenerla en consideración, por lo que también se les deberá ayudar", ha añadido.

PROPUESTA DE EH BILDU

Por último, Azpiazu se ha referido a la propuesta realizada este pasado miércoles por EH Bildu al PNV para "defender juntos en Madrid" los proyectos que aspiran a ser beneficiarios de los fondos europeos, y ha invitado a la coalición sobernista a que apoye la propuesta que el Gobierno Vasco ya ha presentado al central, porque se ha realizado "teniendo en cuenta a diputaciones, ayuntamentos y empresas".

"Hemos hecho el proyecto Euskadi Next teniendo en consideración las opiniones y los proyectos de todos, y lo hemos llevado a Madrid, porque es lo que le toca al Gobierno. A partir de ahí, el resto entra en el ámbito de la política. Yo les invitaría (a EH Bildu) a apoyar nuestro proyecto en Madrid", ha reiterado.

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana con su escalada y ha encadenado su decimoquinta subida consecutiva, tras encarecerse hasta un 0,85%, consolidándose así en niveles pre-Covid-19, antes de que se declarara el estado de alarma en marzo de 2020 por la pandemia, y acumulando una subida del 15,6% desde noviembre.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 0,85% respecto a la semana anterior, para situarse en los 1,293 euros, su nivel más alto desde principios de marzo de 2020, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Por su parte, el precio del gasóleo se ha encarecido un 0,68% esta semana, para elevarse hasta los 1,173 euros el litro, su nivel más elevado también desde la segunda semana de marzo del año pasado.

Desde la segunda semana de noviembre, el precio del gasóleo acumula una subida de en torno al 15,68%, mientras que en el caso de la gasolina es un 13,2% más caro.

Así, el precio de ambos carburantes se consolida en máximos desde la primera quincena de marzo, cuando empezó a descender de forma acelerada en pleno confinamiento por la crisis del Covid-19.

Este incremento en el precio de la gasolina y del gasóleo ha ido de la mano de una recuperación en los precios del petróleo en las últimas semanas.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves por encima de los 68,6 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a unos 65,21 dólares, con una subida de unos cinco dólares con respecto a hace una semana.

SUBIDAS DESDE LOS MÍNIMOS DE MAYO.

De esta manera, los carburantes consolidan las subidas que ya empezaron a registrar a lo largo del periodo estival, con incrementos desde el pasado mes de mayo, cuando descendieron a mínimos por el desplome registrado durante el confinamiento por el coronavirus.

No obstante, la gasolina sigue estando más barata en España respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,426 euros y 1,484 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,285 euros en la UE y 1,314 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.