El Gobierno trasladó durante el año 2020 a un total de 877 migrantes desde el archipiélago de Baleares a la Península, de los cuales 10 eran mujeres. No había entre ellos ningún menor de edad.

Así lo ha asegurado el Ejecutivo a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Vox, en la que cuestionaban al Gobierno sobre los traslados de migrantes desde las Islas Baleares y pedían que se precisara el número de mujeres y menores que habrían viajado a la Península.

El equipo de Pedro Sánchez ha precisado, además, que los traslados que se realizan de estas personas se están llevando a cabo en coordinación con todos los actores implicados, de manera que cada migrante derivado al Programa de atención humanitaria es asignado a una plaza de acogida, sin que dicha asignación esté condicionada a limitación alguna respecto a su derecho a la libertad deambulatoria.

Además, precisa que a todas las personas llegadas se les aplican las medidas previstas en el protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19, con el objetivo de evitar los contagios entre los migrantes y entre los migrantes y las personas que les atienden a su llegada.

Los 877 migrantes trasladados desde Baleares se incluyen dentro de los 2.035 traslados que, en total, ha realizado el Gobierno durante el año pasado, en concreto, entre junio y diciembre de 2020, de las que ya había informado en semanas anteriores.

DESTINO DE LOS MIGRANTES

Sin embargo, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos, especifica que estos traslados se han realizado a los puertos de Cádiz y Huelva (principalmente este segundo) y a los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Málaga y, en ocasiones puntuales, Alicante, Barcelona, Zaragoza.

Del mismo modo, explica que Las ciudades principales donde se han destinado los grupos de vulnerables son Arcos de la Frontera, La Rinconada, Teruel, Cádiz, Málaga, Cullera, Roquetas de Mar, Barcelona, Madrid, Almería, Sevilla, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Zaragoza, Bilbao, Valencia y Puente Genil.

Del mismo modo, el Gobierno informa de que la acogida viene determinada por las circunstancias personales de los inmigrantes que se van a trasladar y las necesidades que hay que atender, así como el número de plazas que hay disponibles en cada momento y las características de la entidad de acogida.

El abogado Jesús Santos, que representa al PP en el juicio por el presunto pago con dinero procedente de la caja ‘b’ de la reforma de la sede nacional del partido, ha criticado la actuación de las acusaciones populares en este procedimiento y ha asegurado que su objetivo es el «desgaste y el escarnio al adversario político».

Así lo ha dicho en la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, en la que las distintas partes han expuesto ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal sus cuestiones previas.

El abogado del PP, que ha recordado que ya solicitó a la Sala, sin éxito, que las cinco acusaciones populares se acumularan en una sola, ha criticado la finalidad que tiene cada una de ellas en esta causa.

Así, ha tratado de describir sus «vinculaciones políticas» apuntando, entre otros detalles, que uno de los abogados de Izquierda Unida es el diputado Enrique Santiago; que la acusación ejercida por Adade es una «asociación vinculada al PSOE»; o que el representante de Observatori Desc es el abogado Gonzalo Boye, quien también defiende al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Con todo ello, el letrado Jesús Santos se ha adherido a la «brillante» exposición que ha hecho el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que ha invocado las conocidas como ‘doctrina Botín’ y ‘doctrina Atuxa’ sobre la falta de legitimidad de las acusaciones populares cuando el Ministerio Público no acusa por un delito.

En este procedimiento, las acusaciones populares atribuyen a la formación política un presunto delito fiscal relacionado con el Impuesto de Sociedades de 2008, del que no acusan ni Anticorrupción ni la Abogacía del Estado.

En esta línea, ha recordado la jurisprudencia del Supremo que señala que las acusaciones populares «no son una pieza esencial del proceso penal» y ha solicitado que limite la actuación de éstas al considerar «sonrojante» que hayan acusado por hechos que el auto de transformación a procedimiento abreviado –por el que se dio por concluida la instrucción– declaró prescritos y sobreseídos.

Por otro lado, ha criticado que hayan dirigido escritos de acusación por el delito de organización criminal, cuando ni siquiera estaba «vigente el momento de los hechos», o que llamen a declarar a testigos que no guardan ninguna relación con los hechos que se van a enjuiciar.

NUEVOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN

Por ello, ha pedido que se «expulsen» todos los escritos de acusación provisional presentados por las acusaciones populares y que se anule el auto de apertura de juicio oral –por el que se sentó en el banquillo al extesorero del PP Luis Bárcenas y a otros cuatro acusados, más el PP como responsable civil subsidiario–, ya que contempla las acusaciones que se han formulado contra ellos.

Para subsanar errores, el abogado de la formación política ha instado al tribunal a que dé un plazo a las acusaciones populares para que presenten nuevos escritos de acusación o para que se adhieran a la Fiscalía Anticorrupción, que no cree que el PP hubiera cometido un delito fiscal.

Asimismo, el abogado Jesús Santos ha pedido al tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón que haga una «nueva valoración» sobre la «pertinencia» de las pruebas solicitadas por las acusaciones populares.

TESTIGOS «IMPERTINENTES» E «INJUSTIFICADOS»

La defensa del PP considera que la pretensión de éstas de llamar a un «porcentaje tremendo de testigos que ni siquiera han pasado por la instrucción» es «impertinente» e «injustificada».

En este sentido, además de destacar que de muchos de los testigos no se aportan «dato alguno» sobre la relación que tienen con este juicio, no ve la utilidad de las testificales relacionadas con el contrato de Fitur en 2004 o con la adjudicación del contrato de basuras de Toledo a la empresa Sufi, que ya fue archivado.

Tampoco considera pertinente que comparezcan empresarios que figuran como donantes en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, ya que el Juzgado Central de Instrucción número 5 mantiene abierta una pieza separada relacionada con estos hechos.

Por este mismo motivo rechaza que se llame a declarar como testigo a los supuestos «destinatarios de complementos salariales» procedentes de la presunta caja ‘b’ a los que apuntó Bárcenas en su escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción semanas antes de que se iniciara el juicio.

«Lo único por lo que se pretende traer a expresidentes, secretarios generales y altos cargos del PP es para el desgaste y escarnio del adversario político», ha afirmado Jesús Santos, que ha añadido que la intención de que estas personas «desfilen» por la Audiencia Nacional es «contribuir al circo mediático».

Está previsto que en este juicio declaren como testigos el expresidente del Gobierno y ex líder del PP Mariano Rajoy, los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado y actual senador Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, entre otros, aunque aún no hay fecha para ello. En la lista de testigos también figura el expresidente del Gobierno José María Aznar.

El abogado del PP ha incluido en sus críticas a la defensa de Bárcenas –ejercida por Gustavo Galán–, a quien ha acusado de contribuir en dicho «circo» por plantear al tribunal la posibilidad de que se celebre un careo entre extesorero del PP y expresidente del Ejecutivo si ambos manifiestan contradicciones en sus respectivas declaraciones sobre la supuesta contabilidad paralela del partido.

También por pedir a última hora que testifiquen cuatro periodistas sobre su supuesto conocimiento de la existencia de una grabación en la que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta relacionaba a Rajoy con el pago de sobresueldos.

Con todo ello, Santos ha solicitado al tribunal que suspenda la vista hasta que valore «con la necesaria profundidad» todas las cuestiones planteadas, al entender que no pueden esperar al dictado de la sentencia.

«Si se mantuvieran toda la prueba propuesta por las acusaciones populares sería un ataque al derecho de honor a mi mandante, el PP», ha concluido el letrado.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este lunes en Barcelona, de cara a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, que la formación naranja es «la garantía de la lucha contra la corrupción», porque los demás partidos «la amparan o la ocultan».

«Solo queda Ciudadanos como garantía de lucha contra la corrupción», «nos hemos quedado como el único partido que puede enarbolar con dignidad y orgullo la bandera de la regeneración», ha dicho a los medios de comunicación acompañado por el candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa.

Bal ha hecho estas declaraciones junto al Palau de la Música Catalana, donde ha recordado que, en su etapa como abogado del Estado, participó en la acusación particular por los delitos fiscales del ‘caso Palau’, el desfalco millonario cometido por Fèlix Millet y Jordi Montull y del que también se benefició Convergència.

Asimismo, ha destacado que dirigió la acusación del Estado por los asuntos de la familia Pujol y el ‘caso 3’, también relativo a Convergència, y estuvo en el juicio de la primera época de actividades de la trama ‘Gürtel’, que afecta a cargos del PP.

Bal ha señalado que ahora, como diputado y dirigente de Ciudadanos, mantiene el mismo compromiso con la «transparencia» y con el correcto uso de los fondos públicos para evitar que se destinen a beneficios puramente privados o partidistas.

CORRUPCIÓN EN PARTIDOS NACIONALISTAS, EL PSC Y EL PP

Según ha destacado, la formación naranja ha interrogado a los Pujol en el Parlament de Cataluña, ha preguntado al extesorero del PP Luis Bárcenas en el Congreso, consiguió la dimisión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán como diputado y senador por el caso de los ERE en Andalucía y ahora pide un compromiso de todos los partidos para cesar o expulsar a los políticos que se vacunen contra el coronavirus antes de que les toque.

Mientras tanto, lo que hacen otros partidos es, a su juicio, «amparar u ocultar la corrupción». Por ejemplo, ha criticado que Junts per Catalunya tenga como candidata a la Generalitat a Laura Borràs, imputada por varios delitos de corrupción, y ha mencionado a ERC y los empresarios que presuntamente utilizaron sus influencias en la Generalitat para mediar en contratos sanitarios durante la pandemia del coronavirus.

Carrizosa, por su parte, ha lamentado que el PSC no haya apartado a su presidenta y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, investigada por una supuesta trama de desvío de fondos y que, según ha dicho, «no se haya «escuchado una palabra» sobre este asunto por parte del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ni del aspirante a la Presidenta de la Generalitat, Salvador Illa.

Igualmente, el portavoz parlamentario ha censurado que el PP insista en que la trama Gürtel «es cosa del pasado» y que «no tiene nada que ver con ellos», en lugar de aportar toda la documentación que tenga al respecto.

En el mismo sentido, Carrizosa ha afeado a los dirigentes ‘populares’ su actitud ante el juicio que comienza este lunes por las obras en la sede nacional del partido, presuntamente financiadas con dinero en negro.

«El PP arrastra sus pies, vemos cómo se desmarca en vez de tomar medidas de colaborar con la justicia y garantizar que esto no va a volver a ocurrir; se sacan las pulgas de encima», ha manifestado.

En cuanto a Vox, Bal ha indicado que algunos de sus miembros estuvieron antes en el PP «cobrando sobresueldos» que repartía el extesorero Luis Bárcenas.

PSOE Y PODEMOS «TIENEN MUCHO QUE ESCONDER»

También ha enumerado cuestiones que afectan a Podemos, como las investigaciones judiciales por financiación irregular, el ‘caso Neurona’, la tarjeta SIM del teléfono móvil de Dinna Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, y la «niñera» de la hija menor de Iglesias e Irene Montero «pagada con fondos públicos».

«Ellos, que decían que habían venido a limpiar la política, han caído en el barro de la política en cuanto se han subido a los coches oficiales y han pisado la moqueta de los despachos», ha dicho sobre Podemos.

Por último, ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos rechazaran en la Cámara Baja la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción presentada por Ciudadanos, y ha atribuido esta posición a que «quieren amparar y disculpar la corrupción, no luchar contra ella», porque «tienen mucho que esconder».

Volviendo al ámbito de Cataluña, el dirigente de Cs ha afirmado que, ante los casos de corrupción de Convergència y ahora de Esquerra, el PP y el PSOE «han mirado para otro lado porque les interesaba» pactar con esas formaciones nacionalistas para que en el Congreso apoyasen investiduras de presidentes del Gobierno o los Presupuestos Generales del Estado.

INSISTE EN QUE EL PSC QUIERE PACTAR CON ERC

Precisamente, la formación naranja ha publicado un vídeo electoral este lunes en el que hace un repaso de los acuerdos entre el PSC y Esquerra a lo largo de los años y advierte de que los socialistas pretenden formar un gobierno tripartito en Cataluña con ERC y con En Comú Podem. «Todos sabemos lo que hará el PSC con tu voto, se lo regalará a los independentistas. Si pueden, lo volverán a hacer. El 14-F, no te la juegues, vota Ciutadans», dice.

Para Carrizosa, en estos comicios los catalanes deben elegir entre dos modelos, uno «continuista con el separatismo o un tripartito, que descuida los problemas de los catalanes»; y otro basado en el cambio y en dejar atrás el proceso independentista, que es el de Cs, ha dicho.

El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Magdy Martínez Solimán, ha confiado que la reforma de la cooperación que ha puesto en marcha el Gobierno y que prevé la adopción de una nueva ley en esta materia goce del «consenso» de todas las fuerzas políticas, al tiempo que ha criticado a quienes defienden que ahora es el momento de mirar hacia España y no ayudar a otros países.

Martínez, que ha participado este lunes en la jornada organizada por Oxfam Intermón ‘El futuro de la cooperación internacional ante la crisis COVID-19 y el papel de España’, ha reconocido «sin eufemismos que esta ha sido una década perdida» para la cooperación española y que como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está muy deteriorada».

Por ello, es importante la reforma que se ha puesto en marcha de este ámbito y en particular la nueva Ley de Cooperación Internacional que vendrá a sustituir a la existente de 1998. En este sentido, el director de AECID ha defendido que «para tener éxito en esta reforma necesitamos generar un consenso» como el que hubo entonces, cuando los socialistas ofrecieron «consenso de Estado» al presidente José María Aznar en torno a esta ley.

«¿Ocurrirá lo mismo este año?», ha preguntado, reconociendo que hay «perspectivas más conservadoras» y que «otorgan un papel distinto al Estado». Sin embargo, se ha mostrado confiado en que si el informe que va a elaborar la subcomisión que se ha creado en el Congreso y que debería servir de base al Gobierno «es consensuado y constructivo habremos avanzado mucho en los siguientes pasos positivos y por nosotros no va a quedar».

En todo caso, ha apostado por «no enredarnos con las palabras» puesto que, según él, existe un deseo compartido de una «cooperación más fuerte, más potente y con más impacto» y la Agenda 2030 ofrece «un horizonte común» compartido por las distintas fuerzas políticas.

RECHAZO AL NEGACIONISMO

Por otra parte, Martínez ha defendido con firmeza la importancia y la necesidad de la ayuda a la cooperación en un contexto como el actual. Así ha criticado a quienes han adoptado un «discurso negacionista que dice que la cooperación no sirve para nada o que este no es el momento de la cooperación» sino de «pensar en nosotros mismos y de protegernos».

El director de la AECID se ha mostrado partidario de combatirlo porque «lo primero no es verdad y lo segundo no es correcto». «No es verdad que no sirva para nada», ha esgrimido, incidiendo en que con ella se salvan vidas, se apuntalan democracias y se propugnan los Derechos Humanos y la igualdad, entre otros.

Además, ha refutado la tesis de que «España es incapaz de hacer las dos cosas», ayudarse a sí misma y a otros, porque si lo fuera «estaríamos describiendo un país muy pobre». Así pues, ha añadido, el país está frente a una decisión trascendental de «quiénes somos, egoístas o solidarios, mezquinos o generosos» y de ponerse a la altura de sus responsabilidades.

La cooperación española, ha señalado Martínez en su intervención, se enfrenta a tres grandes retos: la «cantidad», ya que requiere de una inversión seria porque «por debajo de cierto umbral nuestra cooperación simplemente no es creíble»; la «calidad», que exige que «hagamos mejor las cosas»; y la «coherencia» apostando por «grandes ejes directores» en lugar de «pequeñas piezas de un puzle excesivamente fracturado» como hasta ahora.

En esta línea, de cara a la «reforma en profundidad» prevista, ha apostado por una cooperación descentralizada y dotada de más medios, centrada no solo en la transferencia de recursos, que debe ser «más ágil y más mirando al resultado» y no tanto con una actitud de «contable» y la sospecha presente de un «mal uso de los fondos».

Asimismo, es necesario remodelar la arquitectura actual, con una AECID «reforzada» que sea la que tire y apoye al resto de actores de la cooperación, y también «dignificar las condiciones» de quienes trabajan en este sector.

Igualmente debe ser «valiente» a la hora de fijar sus objetivos, con la vista puesta en alcanzar la meta del 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) pero cumpliendo antes el objetivo del 0,5 por ciento fijado por el Gobierno para el final de esta legislatura. Además, se debería estipular que el 20 por ciento de los fondos fueran a países menos avanzados y que el 10 por ciento se destinara a ayuda humanitaria.

EL PP PIDE ACUERDO Y NO CONSENSO

En el acto también han participado portavoces de grupos parlamentarios en la Comisión de Cooperación del Congreso. La ‘popular’ Paloma Gázquez Collado ha confiado en que la nueva ley, como la de 1998, se adopte «por acuerdos, no por consenso, porque consenso viene de consentir» y que se ciña a la Agenda 2030, algo que según ella es «asumible por cualquier grupo». Además, ha reclamado que «la AECID tenga un papel más relevante y una mayor transparencia».

Por su parte, la socialista María Guijarro ha incidido que en este proceso para la elaboración de la ley «tan importante es el contenido como el proceso» en sí mismo, y que este cuente con la mayor participación posible y «el mayor consenso posible, sin dejarnos líneas rojas» porque «es una política de Estado».

A su vez el diputado de Podemos Pedro Antonio Honrubia ha destacado que se abre una «una oportunidad» para determinar «cuáles queremos que sean los fundamentos políticos de la cooperación para las próximas décadas» teniendo en cuenta «la pluralidad y diversidad de opiniones en el arco parlamentario».

Entretanto, el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, ha apostado entre otras cosas por un mayor papel de la sociedad civil, por que la lucha contra la desigualdad sea un «eje vertebrador» y por escuchar las voces de las víctimas de la desigualdad a la hora de elaborar políticas y programas.

En este sentido, ha reivindicado por un «enfoque feminista» en el que la defensa de los derechos de mujeres y niñas ocupe un lugar central en todas las acciones y por dar más recursos a las organizaciones de mujeres con vistas a su empoderamiento.

En nombre de la Coordinadora de las ONG de Desarrollo, Marta Iglesias ha defendido que en esta reforma se debe cuidar lo que ya hace bien la cooperación española y sobre todo su capital humano y ha coincidido que es necesaria una AECID más fuerte, más recursos y que la cooperación «esté conectada con la ciudadanía».

El Ministerio Fiscal ha defendido este lunes durante el juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y otros acusados por el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP con dinero procedente de la caja ‘b’ del partido, que no debe ser objeto de enjuiciamiento el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por ello.

Durante la fase de cuestiones previas con la que ha comenzado la vista, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha apuntado que tampoco se debe tratar en este juicio el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede.

Mantiene esta posición apoyándose en jurisprudencia, en concreto en la denominada doctrina ‘Botín’, para recalcar que no se puede seguir adelante con estas acusaciones porque únicamente las defienden acusaciones populares.

Asimismo, tampoco considera que Bárcenas pueda ser juzgado por apropiación indebida, como cooperador necesario del ya difunto Álvaro Lapuerta (extesorero del PP), de dinero de la caja ‘b’ para la compra de acciones de Libertad Digital, y esto lo sustenta en que es cosa juzgada y hay prescripción del delito. Este asunto se vio en el juicio por la primera etapa de ‘Gürtel’.

TAMPOCO VE DELITO ELECTORAL

Además, el fiscal ha apuntado que a pesar de que diversas acusaciones hablan en sus escritos de acusación de delitos electorales «la prueba que se propone puede resultar inútil» por lo que piden que se reconsidere.

Al hilo, ha mantenido que el juez instructor negó realizar las pruebas solicitadas al respecto por diferentes acusaciones. «No ha sido objeto de investigación y no ha sido imputado por ello ninguno de los acusados», ha añadido.

Sobre la parte que se investigó en instrucción relacionada con el asunto ‘Sufi’, que tiene que ver con un contrato de gestión de basuras de la ciudad de Toledo, ha apuntado que se excluyó durante la investigación en favor de un juzgado de Toledo. Por eso considera que se debe desestimar la testifical de, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que propone la acusación popular de Adade. «Si no se va a enjuiciar esos hecho tampoco tienen por qué testificar», ha dicho.

Tras la exposición por parte del fiscal, tanto la Abogacía del Estado como las acusaciones populares han declinado proponer ninguna cuestión previa al arranque de las declaraciones de los acusados ante el tribunal. Pero quien sí ha intervenido han sido las diferentes defensas de los acusados.

EVITAR «FUEGOS DE ARTIFICIO»

Por parte de la defensa de Gonzalo Urquijo, administrador de Unifica, se ha solicitado al tribunal que se expulsen del juicio oral aquellos hechos que no se enjuician para evitar «fuegos de artificio», y han añadido que desde su punto de vista la Audiencia Nacional no debería haber atendido esta causa porque es más propia de los juzgados madrileños.

Con todo, ha interesado la prescripción para su defendido de los tres delitos fiscales de los que se le acusa como administrador de la empresa que realizó las obras de reforma en Génova 13. En concreto se ha referido al delito fiscal contra la Hacienda Pública relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 para subrayar que estaría prescrito dado que no cabe la figura de delito continuado en este caso.

También ha alegado que habría prescripción para el delito por el impuesto de sociedades de 2007, ya que expiraba en junio de 2013. Y ha recordado que en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ hay apuntadas salidas en favor de Urquijo en 2006 y en 2008, pero no se hallan apuntes de 2007.

El abogado, Luis Jordana de Pozas, también se ha referido al presunto delito que su cliente habría cometido en relación con el IVA de 2010 y ha recordado que no es objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal, sólo por la Abogacía del Estado. Al hilo, ha indicado que según doctrina de los tribunales económicos administrativos incardinados en el Ministerio de Hacienda la Administración «no puede revisar» con ocasión del periodo no prescrito los saldos de periodos ya prescritos.

Además, ha añadido que solicita la expulsión de los escritos de acusación de las acusaciones populares que van «más allá del objeto del procedimiento», y que se rechace la práctica de pruebas que no estén relacionadas con el impuesto de sociedades de 2007 y con el IVA de 2010.

«ESTA NO ES NUESTRA GUERRA»

La defensa de Belén García, acusada como socia de Unifica, ha apuntado durante su turno que a su cliente no se le cita como investigada hasta 2014 por lo que la prescripción del delito relacionado con el impuesto de sociedades de 2007 «es de una evidencia palmaria».

Sobre el delito relacionado con el pago del IVA de 2010 se ha ceñido a lo expuesto por el abogado de Urquijo y ha reiterado que la premisa fundamental en ese tipo fiscal es que cada delito y cada ejercicio se castigan separadamente». Al hilo, ha apostillado que esto «es derecho puro y duro, no política» y ha advertido de que «la guerra de Bárcenas con el PP» no es ni su guerra ni su circo.

Por eso, ha pedido para su patrocinada que se le libere de la carga de la pena de banquillo y ha solicito sin demora que la Sala decida sobre los delitos que le imputan y que dicte en consecuencia auto de prescripción.

«INFRACCIÓN PROCESAL»

EL letrado de la acusada Laura Montero, quien fuera empleada de Unifica, ha solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral para su mandante alegando que se mantiene sólo por acusaciones populares, algo que es una «infracción procesal».

Al hilo ha explicado que la causa comienza por una supuesta contabilidad ‘b’ del PP y que ese fue el motivo por el que entran las acusaciones populares con el objetivo de defender el correcto funcionamiento de la administración pública.

«Pero eso se ha diluido, actualmente se juzga el delito fiscal de Unifica», ha apuntado para acto seguido recalcar que Montero «no es ni actor terciario» y que la acusación contra ella es de «trazo grueso» porque no se precisa su participación en los hechos.

Por eso, ha incidido en que se debe resolver y solucionar la situación de su cliente porque lleva siete años soportando la pena de banquillo «con peticiones de pena exageradas y con embargos millonarios».

Por su parte, la defensa de Unifica, que comparece como responsable civil, ha precisado que la empresa no está cerrada a día de hoy pero que de facturar millones ha reducido el negocio hasta quedarse con un solo trabajador y tener unos beneficios cien veces menores a cuando estalló esta causa. «Y no se cierra por orgullo de sus dueños, que se niegan a que lo que lograron con tanto esfuerzo se cierre por este procedimiento», ha dicho.

Además, ha pedido que los acusados de Unifica sean dispensados de la obligación de acudir a las sesiones de la vista porque siguen manteniendo actividad profesional, y ha presentado un informe pericial que contradice los informes de la agencia tributaria sobre los que se sostienen las acusaciones de delitos fiscales.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que no quieren contar con «ningún apoyo» de Vox para investir al candidato del PSC, Salvador Illa, y que tampoco van a formar un Gobierno con independentistas.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialistas de Ferraz, tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que ha rechazado plantearse «escenarios de debilidad» hablado de posibles alianzas o «apoyos externos» antes de que se celebren las elecciones catalanas el 14 de febrero.

A este respecto, el ministro de Transportes ha asegurado que salen a ganar y que no van a «expresar su debilidad» hablando de la posibilidad de necesitar el apoyo de otras formaciones, antes de que se pronuncien los ciudadanos con las urnas y comprueben el grado de confianza que les dan.

«NINGÚN APOYO DE LA ULTRADERECHA»

En todo caso, ha reafirmado el planteamiento que Illa ya ha manifestado sobre su intención de no formar parte de un Gobierno con independentistas, y también su rechazo a contar «con ningún apoyo de la ultraderecha».

Ábalos también ha rechazado comentar la posibilidad de que haya que repetir las elecciones si la fragmentación del parlamento y la falta de acuerdo entre los partidos impiden la formación de un nuevo gobierno en Cataluña.

«Nosotros salimos a ganar la confianza de los catalanes, ese es nuestro objetivo, ganar el mayor número de votos posible. Eso es ahora mismo lo que centra nuestra atención y en lo que estamos ocupados», ha enfatizado.

Así, ha señalado que los partidos que admiten ahora que necesitarán a otros para gobernar «no hace sino expresar su debilidad». «Eso es que no se valen por si mismos. Nosotros queremos generar un caudal de confianza en nosotros mismos y ya los ciudadanos decidirán luego cuál es el grado de confianza que nos conceden», ha ahondado.

También ha señalado que «el PP está preocupado por que Vox no le sobrepase», y por eso «manda a lo más extremista que tiene» y a quienes «no creen en Cataluña» a hacer campaña. «Lo que más les preocupa es que les sobrepase la extrema derecha», ha recalcado.

En este punto, Ábalos ha destacado que ese no es el caso de los socialistas catalanes y que, por eso, ellos están centrando en confrontar las posiciones y proyectos políticos «que niegan que haya una Cataluña en convivencia».

«Estamos en contra del unilateralismo, todo ello, por supuesto, desde una posición de respeto a la legalidad y a la Constitución», ha aclarado.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho discrepar «absolutamente» de las palabras del líder de Podemos y también vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que cuestionaba la plena normalidad democrática de España por los presos del procés. La dirigente socialista ha recalcado que España tiene «la normalidad propia de un Estado de Derecho» donde a todos se les aplican las leyes por igual.

En una entrevista en el diario Ara, Iglesias ha asegurado que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión (Oriol Junqueras, de ERC) y otro en Bruselas» (Carles Puigdemont de Junts).

Al ser preguntada si también piensa que en España no hay plena normalidad democrática, Carmen Calvo ha admitido que discrepa «absolutamente», ha defendido que España es «una democracia seria» y se ha remitido a la campaña electoral en la que están participando los líderes del procés.

«Tenemos la normalidad propia de un Estado de Derecho donde se aplican la leyes a todos por igual –ha subrayado–, y en ese sentido, tenemos en campaña una oportunidad interesantísima para sacar a Cataluña de una década muy frustrante, con normalidad de carácter político».

A su juicio, «todo el que quiere y puede participa» en la campaña y «quien no participa es porque huyó de su país». Además, sostiene que el Estado de Derecho «garantiza el desenvolvimiento de una campaña y unas elecciones».

NO VE RIESGOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES

En declaraciones a los medios tras asistir a la presentación de la campaña ‘No More Matildas’ en la Oficina del Parlamento Europeo en España, la vicepresidenta primera ha asegurado que tampoco ve riesgos en la celebración de las elecciones catalanas de este domingo pues, pese a la pandemia del coronavirus, se pueden celebrar los comicios con seguridad, como se han llevado a cabo en otros países del mundo.

Es más, y en velada comparación con el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha querido dejar claro que las urnas del 14F son las «legales y legítimas».

A su juicio, hay que «pasar página» de lo que ha vivido Cataluña desde la «intentona frustrada del independentismo». «Como partido, somos la salida de este túnel de frustración, de negación de la realidad –ha afirmado–. Se han abandonado las políticas que importaban, la sanidad, la educación, la protección social, el desarrollo económico de Cataluña, que se ha visto mermado con esta intentona frustrada del independentismo».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes que «es posible que la próxima semana» pueda «haber algún respiro» en las restricciones en vigor en la Comunidad gallega para frenar la Covid-19 pero, de momento, «han de continuar».

Así lo ha manifestado el mandatario autonómico a preguntas de los medios sobre la reunión de este martes del comité clínico y la situación en Galicia de la pandemia por la Covid-19.

Feijóo ha asegurado que este martes por la tarde en la reunión del comité «se va a valorar la situación de los nuevos contagios», así como la postividad, sobre la que ha destacado que el último dato ha sido «el mejor de la serie» con «sólo 500 nuevos infectados cuando llegamos a tener 2.000».

Por tanto, ha comentado que en el comité de expertos, que él preside, «se mirará ayuntamiento por ayuntamiento». «Viendo cuál es la previsión de curva, si la previsión de curva de tope de contagios, tope de UCI y tope de ingresos vemos se consolida la bajada, mañana (martes) sin duda haremos un resumen más positivo de lo que hemos podido ir haciendo», ha abundado el presidente gallego.

Con todo, el mandatario autonómico ha avanzado que «es posible que la próxima semana», entre mediados y finales, se pueda «dar algún respiro a las familias» que, ha agregado, «lamentablemente están padeciendo como pacientes, pero también las que están padeciendo desde el punto de vista económico».

FECHA DE ANÁLISIS

«Pero si me pregunta si va a haber nuevas restricciones, entiendo que no y, si me pregunta si vamos a disminuir, lamentablemente entiendo que no; las restricciones de momento han de continuar», ha puntualizado Feijóo, quien ha recordado que las medidas en vigor acordadas el 27 de enero «tienen una fecha de análisis: el 17 de febrero». «Hemos de esperar a la siguiente semana y tomar decisiones en su caso», ha matizado.

De este modo, el comité clínico volverá a reunirse este martes por la tarde en Santiago de Compostela para analizar la evolución de la pandemia en lo que respecta a Galicia, donde se registra desde hace varios días una tendencia descendente de los casos activos y contagios.

«DATO OPTIMISTA»

El titular del Ejecutivo gallego ha valorado que los últimos datos registrados «han sido los mejores» desde diciembre, con unas 23.000 entre PCR y test de antígenos hechos «y la positividad bajó al 4,5%».

«Es el primer dato optimista que tenemos desde cuando teníamos una positividad del 12%», ha afirmado el mandatario autonómico, quien considera que «invita al optimismo», pero, ha reconocido, «es un optimismo muy condicionado porque la presión hospitalaria sigue siendo alta».

«Lo que más nos preocupa es en las UCI. Estamos por debajo de 19.000 nuevos contagiados, bajar de los 20.000 –casos activos– es también una muy buena noticia, pero hay todavía presión hospitalaria y en UCI que no nos permite considerar el fin de esta ola», ha explicado.

Por ello, ha resaltado que «esta semana va a ser determinante cómo va evolucionando la positividad y el número de nuevos casos». «Y la próxima semana probablemente hablaríamos de cual es la situación», ha comentado para evaluar cambios. «Es posible que la próxima semana, a mediados o finales, podamos dar algún respiro», ha concluido.

El Partido Feminista de España y el Instituto de Política Social (IPS) ofrecerán este martes 9 de febrero una rueda de prensa conjunta ante el Congreso de los Diputados para manifestar su «absoluto» rechazo al borrador de la Ley Trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que consideran una «atrocidad» contra los menores y las mujeres.

«Estamos absolutamente en contra y si se llega aprobar va a ser una legislación que perjudique a mujeres y menores sin duda ninguna. Mañana queremos exponerlo con más detalle para que conste, porque si guardásemos silencio, diríase que prestamos consentimiento a semejante atrocidad», ha explicado la fundadora y presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón.

El Partido Feminista de España se define como un partido marxista-feminista. Fue constituido en el año 1979 y lucha por el acceso al poder político, económico y social de las mujeres. Hace un año, la formación fue expulsada de Izquierda Unida por «mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU» poco después de que el Partido Feminista mostrara su oposición a llevar a cabo leyes de transexualidad.

Para Falcón, la Ley Trans supone la «invisibilización de las mujeres» pues «los hombres pueden salir a la calle y decir ‘soy mujer’ y copar las cuotas femeninas en la política, la universidad o las artes. Además, a su juicio, puede convertir a los menores en «personajes monstruosos a los que se va a hormonar y someter a operaciones quirúrgicas».

En cuanto al hecho de unirse en esta convocatoria al Instituto de Política Social, Lidia Falcón ha defendido que son «un partido no una secta» y que están «con todos aquellos» que estén en su «línea de lucha». «Si en otras cosas no estamos de acuerdo, lo diremos, no es una asociación, es una rueda de prensa conjunta para exponer los argumentos en los que estamos de acuerdo», ha subrayado.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de la abstención de Vox en la votación del decreto para la gestión de los fondos europeos. «El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le ha dado las gracias, a ver si tenemos un poco de moral democrática», ha pedido la presidenta del Partido Feminista.

Tampoco le preocupan a Falcón las críticas que han recibido por redes sociales ante esta convocatoria porque considera que son «matones» y que «nadie tiene derecho a hacer un escrache o tirar piedras» a dos formaciones políticas que se reúnen en un momento determinado porque están de acuerdo.

Por su parte, el Instituto de Política Social es una entidad cívica encabezada desde 2017 por Pablo Hertfelder, que trabaja por la promoción de la familia, de las políticas sociales, que se ha movilizado en contra del aborto y a favor de la libertad religiosa.

UN «HITO» QUE «NO TIENE QUE VER CON IDEOLOGÍAS»

El fundador y presidente del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder, que estará presente este martes en la rueda de prensa para mostrar que «los hombres son aliados del feminismo, no enemigos», ha precisado que esta coordinación entre el partido feminista «que la gente lo categoriza de izquierda y el IPS, al que la gente lo categoriza de derecha», será «un hito que no ha ocurrido nunca.

«Esto no es cosa de ideologías», ha puntualizado Hertfelder sino, según ha dicho, de unirse en «esta batalla» contra la ley trans, que consideran «un atropello contra los niños y contra los derechos de la mujer». «Es una ley perversa para los menores», ha aseverado.

Al conocer el borrador de la ley, el Instituto de Política Social decidió ponerse en contacto con el Partido Feminista para sentarse a dialogar y decidieron mostrar conjuntamente su rechazo a la norma.

Según ha explicado Hertfelder, debido a esta convocatoria han recibido «un montón de críticas e insultos» por las redes sociales y les han «amenazado con varios escraches», incluso con «lanzar piedras» este martes, algo que han puesto en conocimiento de la Policía para que tome medidas de protección, según ha indicado.

«Mañana queremos dirigirnos a la sociedad, decir a los padres que no están solos y defender los derechos de la mujer, porque esta ley es un ‘terminator’ de los derechos de la mujer», ha subrayado Hertfelder.

En un primer momento, entre los participantes en la rueda de prensa también figuraba la Confluencia del Movimiento Feminista, si bien finalmente se ha desmarcado al enterarse «por el cartel» de que entre los convocantes se encontraba el Instituto de Política Social, con el no comparten los «postulados» y que «no defiende la agenda feminista», más allá de este asunto concreto de la Ley Trans, según han explicado fuentes de la Confluencia Feminista.

Pacientes con discapacidad visual, representados por la asociación Acción Visión España, y por el Foro Español de Pacientes (FEP), han trasladado a los representantes de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la necesidad de trabajar, junto a las autoridades sanitarias, en la elaboración de un plan integral de prevención de la ceguera.

La alta miopía, la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la retinopatía diabética, y el glaucoma son las principales patologías que acaban provocando ceguera, siendo la DMAE la principal causa de ceguera legal en España. Dichas patologías implican una mayor atención sanitaria, mayor dependencia, pérdida de calidad de vida, pérdida de capital de trabajo, dificultades en el aprendizaje y barreras de acceso.

En este sentido, el presidente de Acción Visión España, Andrés Mayor, ha expresado que «es fundamental que en España se disponga de una estrategia y un marco de actuación común en torno al cribado, diagnóstico precoz y tratamiento tempranos de la ceguera, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), para frenar unas patologías que tienen un fuerte impacto, no solo en la calidad de vida de los pacientes sino también en el gasto sanitario».

Esta reclamación está en sintonía con una Proposición No de Ley (PNL) que fue aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre. En ella, se instaba al Gobierno a establecer un marco de actuación para abordar la ceguera evitable, desde la prevención, a la rehabilitación, adoptando medidas en la línea de las recomendaciones del primer ‘Informe mundial sobre la visión’, publicado por la OMS. Además, también reclamaban impulsar el seguimiento y la coordinación de estas medidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

«Desde Acción Visión estamos muy satisfechos por el apoyo de los grupos parlamentarios para mejorar las necesidades desatendidas de las personas con discapacidad visual o ceguera, especialmente si esta es evitable», asegura Mayor, y prosigue: «ahora lo único que pedimos es que este compromiso adquirido no quede solo en una declaración de intenciones y que pueda materializarse en medidas concretas, tanto a nivel nacional como autonómico».

Durante su intervención, el presidente de FEP, Andoni Lorenzo, ha destacado «la ausencia de planes integrales, junto a otras cuestiones como el envejecimiento demográfico o la creciente presión asistencial, son los principales obstáculos para frenar estas patologías», ha señalado, añadiendo que, por este motivo, es necesario «trabajar todo de forma coordinada, ya que es la clave para conseguir mejorar el abordaje de estos pacientes en nuestro país».

La Federación Estatal Lesbianas, Gais, Transexual y Bisexuales (FELGTB) ha advertido este lunes de los resultados de una investigación realizada por la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) de la que se desprende que un 10% de las mujeres trans se han visto obligadas a dormir en la calle al menos una vez en la vida.

El mismo estudio, también recoge, además, que un 16% de estas mujeres ha tenido que alojarse temporalmente en casa de familiares o amistades.

Estos datos se complementan, según destaca la FELGTB, con otro trabajo publicado por la ONG Faciam y realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, en el que se constata un nuevo perfil emergente entre las personas que se encuentran sin hogar que hace referencia a su identidad de género. En concreto, revela que la primera causa de sinhogarismo de las personas LGTBI sin hogar es la expulsión del domicilio familiar debido al rechazo de la familia.

Este fue el caso de Luna, de 27 años y residente en Madrid, a quien su madre echó de casa pese a que era estudiante y no tenía ingresos propios cuando se enteró de que era una mujer trans, ha explicado la entidad.

«Le dije a mi madre que era una mujer cuando tenía 22 años, pero ella no quiso aceptarlo. Me dijo que, por favor, no volviera a hablar con ella de eso. Yo retrasé entonces el inicio de mi transición, pero tres años después me vio unos mensajes en el móvil en los que yo hablaba como chica con un chico que estaba conociendo. Entonces, ella me echó de casa», ha narrado Luna.

INESTABILIDAD LABORAL

Tal y como relata la protagonista, primero se fue a casa de unos amigos, pero finalmente terminó alojándose en una fundación y en centros para personas sin hogar donde el personal, cuenta Luna, le hablaba en masculino y le relacionaban con frecuencia con la prostitución.

En la actualidad, vive con su novio, pero pese a ser licenciada enRelaciones Internacionales sigue sin tener una situación laboral estable y no ha encontrado trabajo «de lo suyo», según ha explicado. «Estuve trabajando en una residencia de mayores hasta que el familiar de un residente le dijo al centro que si seguían teniendo a una persona como yo a cargo de su padre, se lo llevaría. Me despidieron alegando cosas que no eran ciertas», ha declarado.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha denunciado que «las personas trans, además de enfrentarse en muchos casos a la transfobia familiar, tienen que enfrentarse a múltiples discriminaciones en el ámbito laboral».

En este sentido, recuerda que, según la FRA, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo. Además, alerta de que estas personas también suelen tener problemas a la hora de buscar un alquiler.

PIDEN QUE SE APRUEBE LA LEY TRANS

Según, Alfonso Lara, responsable de la Línea Arcoíris de FELGTB, servicio telefónico de atención al colectivo, «la mayoría de las llamadas» que recibe la entidad están relacionadas con «información sobre recursos de alojamiento para personas sin hogar son de mujeres trans».

Y es que, tal como recuerda la presidenta Sangil, «las personas trans son las más vulnerables del colectivo y sufren unos índices muy elevados de sinhogarismo, desempleo y agresiones tanto físicas como emocionales».

«Necesitamos que se apruebe con urgencia esta legislación que servirá como escudo frente a las violencias. Nos urge que se garantice el derecho de autodeterminación, así como medidas que fomenten nuestra inclusión sociolaboral», ha declarado, en referencia a la Ley Trans que ha redactado el Ministerio de Igualdad sobre esta materia.

Sangil recuerda que «las personas trans que son expulsadas de sus hogares entran en una rueda de la que es difícil salir porque son sistemáticamente discriminadas por el mercado laboral cuando intentan buscar empleo. Es por ello que exige «medidas para fomentar la inserción laboral de este colectivo que actualmente está en riesgo de exclusión».

«A día de hoy, las personas trans no son iguales al resto ante la ley, ni tenemos las mismas oportunidades a la hora de buscar un empleo o de alquilar una vivienda. Tenemos que conseguir consensos que pongan fin a estas situaciones», ha asegurado la presidenta deFELGTB.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado este lunes, coincidiendo con las declaraciones que está realizando el extesorero del PP Luis Bárcenas, que los afiliados del PP apostaron por Pablo Casado en el congreso extraordinario celebrado en julio de 2018 por su «compromiso con la ejemplaridad». Dicho esto, ha subrayado que la actual dirección del PP no va a «dejar pasar ni una conducta que no sea correcta».

Así se ha pronunciado Montesinos en declaraciones a los medios de comunicación en Prat de Llobregat (Barcelona), en un acto de apoyo al PP catalán, justo el mismo día que arranca el juicio sobre el presunto pago de las reformas de la sede nacional del PP con dinero procedente de la caja ‘b’ del partido.

Montesinos –sin esperar a las preguntas de los periodistas– ha asegurado que quería decir «bien claro», con «toda tranquilidad» pero también «con todo orgullo y firmeza» que el PP es «un partido ejemplar» que «no permite conductas irregulares».

«Soy miembro de la dirección del PP y los afiliados del PP apostaron por Casado en el congreso extraordinario por su compromiso con la ejemplaridad y con la transparencia, y por su mensaje de que no vamos a dejar pasar ni una conducta que no sea ejemplarizante y que no sea correcta», ha enfatizado.

Es más, el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que él dio el salto del periodismo a la política por el «compromiso» de Casado con la «ejemplaridad» y porque cree en su proyecto de defensa del interés general de los españoles.

«NOS JUGAMOS TODOS MUCHO EN LAS ELECCIONES DEL DOMINGO»

El dirigente del PP ha llamado a acudir a votar en las elecciones catalanas que se celebran el próximo domingo. «Hay que ir a votar. El votante constitucionalista y moderado tiene que llenar de papeletas las urnas. Nos jugamos todos mucho en las elecciones del domingo», ha manifestado.

Montesinos ha hecho ese llamamiento también a los hosteleros, a los comerciantes y a los autónomos porque si se logra que el PP sea «decisivo» tras esas elecciones catalanas habrá un Gobierno de la Generalitat «centrado en los verdaderamente importante», como «reactivar» la economía con «ayudas directas» a las empresas o impulsar un plan de lucha contra la «okupación.

Así, ha afirmado que el PP quiere que las empresas vuelvan a Cataluña y que esta autonomía sea un motor económico de España. Para ello, ha recalcado que se necesitan gobernantes «solventes» y «serios» que dejen a un lado la «crispación y la confrontación».

«Vayamos masivamente a las urnas, votar es seguro y nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de todos los catalanes y pasar del radicalismo y la división a un gobierno centrado en los problemas reales de los catalanes», ha proclamado.

«AFRONTAMOS LA RECTA FINAL CON GANAS E ILUSIÓN»

Montesinos, que ha afirmado que su partido afronta esta recta final de campaña con «ganas» e «ilusión», ha hecho hincapié en la necesidad de que haya una «participación masiva». «Es importantísimo que los catalanes se conciencien de que hay que acudir masivamente a votar», ha reiterado.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha subrayado que acudir a votar el día 14 de febrero es «tan seguro» como ir a hacer la compra, acudir a la farmacia o ir a comprar el pan. «Con esa apelación al voto masivo en las próximas elecciones, vamos a echar el resto en esta recta final de la campaña electoral», ha finalizado.

El Papa ha denunciado que el enfoque del capitalismo neoliberal, así como la «desregulación de los mercados» que apunta a maximizar las ganancias sin límites «éticos», «sociales» o «ambientales» sonun «terreno fértil» para la trata de personas.

«Si se sigue esta lógica, existe solamente el cálculo de ventajas y desventajas. Las decisiones no se toman en función de criterios éticos, sino en función de los intereses dominantes, a menudo hábilmente revestidos de una apariencia humanitaria o ecológica. Las decisiones no setoman mirando a las personas: las personas son uno de los números, también para explotar», ha señalado Francisco en un video mensaje.

El Papa ha lanzado este mensaje con motivo del Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata que se celebra el 8 de febrero en conmemoración de Santa Josefina ‘Bakitha’, la religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima del tráfico humano.

Para celebrar esta iniciativa, que este año lleva como título ‘Economía sin trata de personas’, el Vaticano ha organizado una maratón de oración, que a causa de la pandemia se realiza este lunes de manera online.

Francisco ha señalado de este modo que «una economía sin trata es una economía valiente». Por ello, ha reivindicado el «valor», pero no en el sentido «de temeridad, de operaciones arriesgadas en busca de ganancias fáciles» sino «el valor de la construcción paciente, de la planificación que no mira siempre y sólo a la ventaja a muy corto plazo, sino a los frutos a medio y largo plazo y, sobre todo, a las personas».

Del mismo modo, el Papa ha denunciado que en tiempos de fuerte crisis la trata de personas «prolifera» de manera que ha llamado a reforzar una economía que «responda a la crisis de una manera que no sea miope, sino duradera y sólida».

A este respecto, ha pedido también una economía «que cuide el trabajo, creando oportunidades de empleo que no exploten al trabajador mediante condiciones laborales degradantes y horarios extenuantes». Tras constatar cómo la pandemia de Covid-19 ha exacerbado y empeorado las condiciones de explotación laboral, ha apelado «a la solidez» que surge de saberse «responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común».

Ocho feministas de larga trayectoria han advertido este lunes de la «propaganda» que, a su juicio, contiene el borrador de la Ley Trans del Ministerio de Igualdad. Un texto que, según han denunciado, es «aún peor» de lo que se temían.

Se trata de las mismas activistas que redactaron una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un grupo formado por las exdiputadas socialistas Ángeles Álvarez y Juana Serna; las escritoras y articulistas Laura Freixas y Marina Gilabert; las filósofas Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda y Victoria Sendón de León, quien también es fundadora de la Fundación Matria; y la miembro del Consejo de Estado Amelia Valcárcel.

Ahora, a través de un comunicado, estas mujeres han denunciado que la norma que ha presentado el equipo de Irene Montero es un «retroceso» en derecho humanos y en las políticas de igualdad entre los sexos.

En concreto, indican que «pone peligro a la infancia» al hablar de menores trans. «No es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil», apuntan.

A su juicio, el texto, que llaman ‘Ley Montero’, «fomenta» que estos niños tomen «decisiones no informadas, sino inducidas» a edades en las que «ni el cuerpo ni el cerebro se han desarrollado» y les «aboca» al uso de bloqueadores de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado. «Eso les expone a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos pues para ellos es suficiente expresar ‘me siento/soy'», explican.

Las feministas denuncian la intención de Igualdad de mantener el concepto de ‘identidad trans’ en menores de forma «empecinada» y «contra el criterio de los profesionales que trabajan en las unidades de endocrinología y que han indicado que un 85% de menores desisten del supuesto ser trans cuando superan la pubertad».

DESPATOLOGIZACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO

«Como consecuencia de estas políticas educativas, que ya están siendo cuestionadas en Reino Unido tras las denuncias presentadas por jóvenes que fueron encaminadas a esos tratamientos, el número de niñas y niños atendidos por la clínica británica Tavistock, especializada en identidad de género, se incrementó en más de un 4.000% en menos de 10 años, y en la comunidad de Cataluña, activamente implicada en estas políticas, el incremento fue de más del 2.200%, siendo el 70% niñas que piden transicionar a niños», recoge el comunicado.

También rechazan la «despatologización» de la transexualidad que se recoge en la ley, apuntando que «certificar no es patologizar» y que «toda medida no común se certifica, desde el carnet de conducir al grado de discapacidad».

Del mismo modo, critican que una norma como esta «rebaja los fines con los que en su día se aprobó la ley de violencia contra las mujeres», ya que las propuestas que realizan «la acerca a la ‘violencia intrafamiliar planteada por la extrema derecha».

«El género es la construcción cultural de los estereotipos sexuales. Al dar carta de naturaleza a las identidades de género, el borrador de ley afianza el sexismo jerárquico que estos estereotipos comportan», advierten las feministas. Es por ello que creen que el reconocimiento jurídico de la identidad de género, que se recoge en la Ley Trans, «vacía de contenido la categoría ‘sexo’ y la convierte en algo subjetivo».

«Si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes», apuntan.

«ES INCONSTITUCIONAL»

Tras exponer estos argumentos, las activistas señalan que la norma de Igualdad contiene «algunos preceptos» que son «claramenteinconstitucionales». Así, critican que «su falta de claridad lingüística atenta a la seguridad jurídica exigida por el artículo 9.3 de la Constitución española»; o que el término género «se confunde a lo largo del texto con el sexo», que, según explican, es «la conceptuación que divide a las personas biológicamente en mujeres y hombres».

Es por ello que consideran que «lejos de afianzar la igualdad entre los sexos», esta norma «es un retroceso» debido a las «muchas insuficiencias» que tiene, además de otras que, indican, no pueden exponer.

IU ha defendido la condonación de deuda que mantienen los estados miembros con el Banco Central Europeo (BCE), al entender que «tiene bastante sentido» para avanzar en la recuperación ante la crisis del Covid-19, y ha reclamado también reformar la función del organismos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa telemática la portavoz de la dirección federal de IU y eurodiputada, Sira Rego, en referencia al manifiesto suscrito por alrededor de un centenar de economistas europeos en el que proponen un pacto por el que el BCE cancele la deuda de los Estados miembros y estos a cambio destinen esas partidas a la reconstrucción ecológica y social. Entre los firmantes están la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez.

Rego ha recordado que la cancelación de deuda es una demanda de IU trasladada desde hace tiempo y ha dicho que debería considerarse como una «anomalía» es el funcionamiento del Banco Central Europeo, que no está cumpliendo la función que debería tener para los estados miembros.

«TIENE BASTANTE SENTIDO AHORA»

«Tiene bastante sentido es un momento de crisis, casi de cambio de paradigma como el actual, condonar la deuda para, precisamente, utilizar esos recursos para impulsar lo público, reforzar el empleo y remodelar los intereses industriales», ha defendido Rego.

La dirigente de IU ha destacado que la fórmula de la condonación de deuda no es nueva, pues se empleó para salir de la crisis ocasionada por la II Guerra Mundial, y ha criticado la «preocupación» expresada por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que en su costumbre «conservadora» ha rechazado esta opción.

Por tanto, es un «buen momento» para «reorientar» la economía para «salir de este entuerto» provocado por la pandemia «para salir mejor». «El marco es perfectamente posible», ha zanjado.

VACUNAS

A su vez, ha insistido en la «preocupación» de su formación ante la producción de las vacuas ante el coronavirus, precisamente cuando se empieza a utilizar la distribuida por AstraZeneca y ya se conoce que a Europa llegarán por ahora el 50% de las dosis previstas.

Al respecto, Rego ha reconocido que temen «posible alteraciones del calendario de vacunación» por falta de dosis y ha cargado contra los procesos «extremadamente complejos» de la UE para disponer de unidades.

En esta línea y a tenor de las ganancias por parte de las compañías farmacéuticas, la portavoz de la dirección de IU ha destacado que el problema radica en la producción y en el control de las patentes por parte de estas compañías, que está suponiendo un «verdadero problema» para hacer frente a la pandemia.

De este modo, Rego ha subrayado que la solición pasa por la suspensión temporal de las patentes para «ser eficaces» en la producción y poder «salvar vidas, que es de lo que se trata».

En cuanto a la aprobación del mecanismo de Recuperación y Resiliencia que abordará el Parlamento europeo esta semana, ha manifestado que trabajarán para que el reparto sea «justo y refuerce lo público».

La portavoz de IU también ha defendido que se articule una visión «municipalista» en el criterio de reparto de fondos de recuperación y ha cargado, además, contra el PP y Ciudadanos que, a su juicio, tratan de mantener una «condicionalidad de los fondos» ligad a los «recortes y los hombres de negro».

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avisado de la necesidad de que el Gobierno sea «riguroso» con la ‘Ley Trans’ que promueve el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero para evitar abrir otros debates que afecten a los derechos de las mujeres, entre los que ha citado los vientres de alquiler, contra los que los socialistas están en contra.

Éste ha sido precisamente uno de los asuntos que se han tratado durante la reunión, este lunes, de la Comisión Ejecutiva del partido a raíz de las divergencias que los dos socios del Gobierno están evidenciando sobre un texto entre cuyas medidas destaca la despatologización de la transexualidad y la apuesta por la autodeterminación de género de las personas trans.

En la rueda de prensa posterior, Ábalos ha comenzado poniendo de relieve que cada vez que España ha avanzado en derechos «siempre ha habido un Gobierno socialista al frente», como lo demuestran las leyes contra la violencia de género, igualdad o el matrimonio igualitario, y que así va a seguir en relación «con el reconocimiento de la dignidad de las personas trans».

En este punto, el ‘número tres’ del PSOE ha recordado que en 2017 su partido llevó al Congreso una iniciativa en favor de los derechos de las personas trans pero que no pudo ver la luz por la convocatoria de las elecciones de marzo de 2019.

En todo caso, ha querido dejar claro que los socialistas quieren hacer un reconocimiento de la dignidad de las personas trans para que tenga «el trato que merecen» y avanzar en sus derechos pero, eso sí, «sin negar las políticas de lucha por la igualdad».

PIDE EVITAR LA CONFRONTACIÓN

Por tanto, ha pedido «dejar de confrontar» con este asunto y ser, como en otras leyes, «absolutamente rigurosos» en el plano de la constitucionalidad porque «el PP tiene por costumbre recurrir todas las leyes que supongan avance de las personas» para evitar «que lo que no ganan por una forma lo intenten ganar por otra».

En este punto, se le ha preguntado sobre cuáles son los requisitos que el PSOE pone encima de la mesa para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos en torno a esta ley, teniendo en cuenta la similitud de la proposición de ley que en su día impulsó el PSOE y el borrador de la ley redactado por el departamento que capitanea Irene Montero.

A este respecto, Ábalos ha rechazado que el borrador de la ‘Ley Trans’, que consta de 39 artículos y otras tantas disposiciones, sea «lo mismo» que la reforma de 2017 que promovió el PSOE, que contaba con tres artículos. «No puedo entrar en detalle pero es evidente que nosotros teníamos mayor ambición», ha comentado.

En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de no entrar en confrontación en torno a esta norma y que «todo termine integrándose» en el ámbito de la igualdad y, en concreto, en el de las mujeres».

NO SE PUEDE ABORDAR ESTE ASUNTO «A LA LIGERA»

El dirigente del PSOE y ministro de Transporte sostiene que éste un tema «delicado, complejo y muy sensible» y, como tal, «no se puede abordar de modo ligero» pero también cree que no atajar los problemas que surjan «en sus justos términos» puede abrir la puerta a otros debates que puedan afectar a los derechos de las mujeres, como son los vientre de alquiler.

«Parece que la batalla por la igualdad siempre se haga a costa de las mujeres cuando la igualdad debe ser absolutamente transversal», ha aseverado Ábalos. Con todo, ha recalcado que se ha presentado es un borrador y que aún queda «mucho por discutir», pero se ha mostrado convencido de que PSOE y Unidas Podemos vean reflejadas su sensibilidades en esa ley y que el conjunto del movimiento feminista la vea como un avance en derechos de las personas en materia de igualad.

El Grupo Parlamentario Socialista en Baleares (PSIB) ha defendido los protocolos de vacunación y ha asegurado que «las personas que se han vacunado en Baleares hasta el día de hoy ha sido por criterios técnicos y no políticos».

Según ha defendido la portavoz de los Socialistas en el Parlament balear, Sílvia Cano, este lunes en una rueda de prensa, «la gestión de la pandemia ha sido eficaz en Baleares, donde se han seguido los protocolos de vacunación y se han tomado medidas que a pesar de ser impopulares han permitido salvar vidas y reducir contagios».

Por ello, ha continuado Cano, la comparecencia de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, este martes en el Parlament balear a petición propia «se ha de considerar un gesto de buena voluntad y transparencia». La de este martes día 9 de febrero será la sexta comparecencia de Gómez en el Parlament balear desde el inicio de la pandemia.

PROCESO Y PROTOCOLO DE VACUNACIÓN

Respecto del proceso de vacunación, la portavoz de los Socialistas en el Parlament ha recordado que ya se han aplicado el 99,3% de las dosis recibidas y ya se ha completado la vacunación en residencias.

Asimismo, ha remarcado que durante este mes llegarán a las islas 83.600 vacunas, que «permitirán avanzar de forma importante en la inmunización de los colectivos más vulnerables».

En cuanto al cumplimiento de los protocolos de vacunación, Cano ha defendido que «el listado de personas a vacunar se ha elaborado bajo criterios técnicos, no políticos y que ningún cargo no se ha saltado la cola. Si alguien se vacuna fuera de los protocolos, desde el PSIB se será los primeros en pedir responsabilidades», ha expresado.

La socialista, en este contexto, también ha querido recordar que «el primer objetivo era blindar las residencias, sin excepciones, para evitar muertes y contagios» y que «se ha vacunado a personal técnico que gestiona directamente la pandemia, que entra dentro del protocolo establecido por el hecho de trabajar en contacto directo con usuarios de residencias y enfermos crónicos, los que, en caso de no vacunarse, habrían supuesto un riesgo para la salud pública.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Por otra parte, respecto la gestión de la pandemia de la COVID-19, la portavoz de los Socialistas en el Parlament balear ha insistido en que esta ha sido «eficaz» y «ha servido para salvar vidas y reducir el número de personas contagiadas».

«Las medidas tomadas por el Govern funcionan y sirven para bajar la curva, como demuestra que Baleares haya pasado de ser la comunidad autónoma con mayor incidencia de la COVID-19 a estar entre las tres que menos tienen», ha enfatizado Cano, quien ha añadido que esto ha sido posible «gracias a la responsabilidad de la ciudadanía, pero también a que el Ejecutivo autonómico ha pensado en salvar vidas mientras otros pensaban en salvar la campaña de Navidad».

«El Govern y el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que las medidas tomadas han podido ser impopulares, pero, también, han sido contundentes, incluso, posteriormente, imitadas por otras CCAA», ha aseverado Cano, quien ha advertido que «no es momento ahora de relajarse ya que supondría tirar atrás todo lo conseguido». «La bajada de casos en Mallorca y ver como la tendencia que se traslada a otras Islas, tiene que dar fuerzas para continuar», ha señalado.

La portavoz parlamentaria socialista ha vuelto a lamentar, además, que la gestión de la pandemia se haya hecho sin ayuda del principal partido de la oposición en las Islas, un Partido Popular que «no quería mascarillas obligatorias, quería retrasar el inicio del curso escolar, ha ridiculizado las medidas puestas en marcha y prefería salvar Navidad», ha recordado, al mismo tiempo que ha criticado que el partido que lidera Biel Company haya pasado «de querer fulminar la Oficina Anticorrupción a utilizarla de manera interesada».

RECURSOS CONTRA LA PANDEMIA

Por otra parte, Cano ha hecho alusión a los recursos que el Govern ha dispuesto en la lucha contra la pandemia.

En esta línea, ha puesto de ejemplo que los presupuestos para 2021 contemplan la partida más alta de la historia en salud en Baleares, la contratación de más de 900 nuevos profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia, el tener 421 rastreadores en la comunidad, que se han hecho cribas masivas en las que se han roto más de 900 cadenas de contagios y que se han hecho más de 80.000 controles en puertos y aeropuertos.

Todas estas actuaciones, ha destacado, se han visto favorecidas por «el fortalecimiento de la sanidad pública que viene realizando el Govern desde 2015 y que ha permitido a Baleares afrontar la pandemia mejor preparada que otros territorios».

PAPELES DE BÁRCENAS

Por otra parte, Cano se ha referido a las presuntas negociaciones del extesorero del PP José Luis Bárcenas con la dirección nacional del partido para que no destapará lo que sabe; así como al inicio este lunes del juicio por la presunta caja ‘b’ del PP.

«No se ha escuchado a Prohens, miembro de la dirección nacional, ni a Company decir nada al respeto», ha recordado la socialista, quien ha añadido que «lo mejor que le pudo pasar en este país fue una moción de censura que dio un Gobierno presidido por Pedro Sánchez para limpiar las instituciones de la corrupción sistematizada e institucionalizada del PP, un partido que necesita más años de oposición para regenerarse».