El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta en su Pleno extraordinario de este jueves la designación de ocho vacantes en la cúpula judicial, tres de ellas en el Tribunal Supremo, y lo hace tras un nuevo fiasco en el proceso de renovación de este órgano y más dividido que en las últimas ocasiones de cara a llegar al consenso necesario para lograr un acuerdo.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que seguramente se proceda a la votación de los candidatos, si bien no es tan seguro que la mayoría de ellos alcancen los apoyos suficientes para salir elegidos.

Entre las razones, el hartazgo existente tras el último intento de renovación entre los grupos parlamentarios y las recurrentes decisiones del presidente, Carlos Lemes, para llevar y retirar las designacionies en función de los avatares políticos.

Los nombramientos fueron incluidos por Lesmes a petición de ocho de los vocales después de que éste decidiera incialmente no incluir la designación de las vacantes, dadas las noticias que auguraban un inminente acuerdo parlamentario para renovar a los vocales que finalmente no se ha producido.

ULTIMOS NOMBRAMIENTOS POR LA REFORMA

Para algunos vocales, esta es de la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual. Fuentes parlamentarias han señalado que un mes después la reforma podría quedar aprobada en el Senado.

Los ochos vocales que realizaron la propuesta de realizar ahora estos últimos nombramientos pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto. Conforman el grupo de los que vienen apoyando las designaciones en los últimos meses, todas ellas aprobadas con un amplio consenso.

Todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión de mañana según las fuentes consultadas.

Los cargos en cuestión son los siguientes: dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares– y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretenden nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, declarará como investigado este jueves en el Tribunal Supremo (TS) por, presuntamente, haber dado una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El juez instructor Antonio del Moral le ha citado a las 10.30 horas de mañana en el marco de la causa abierta contra el dirigente ‘morado’ en el mes de septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones.

Del Moral le esperaba en principio para el pasado 28 de enero, pero aplazó la declaración a petición de la defensa de Rodríguez después de que ésta le comunicara que el diputado canario padecía COVID-19. Ahora, su procuradora ha informado al juez de que ya ha recibido el alta médica.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado, con lo que pasó a ser aforado ante el TS. El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al alto tribunal con los indicios de la actuación del parlamentario.

Del Moral ofreció a Rodríguez la posibilidad de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero éste declinó la comparecencia, fijada para el pasado 19 de octubre, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juez de La Laguna. Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible pedir el suplicatorio para tomarle declaración.

Rodríguez decidió no acudir al alto tribunal antes del suplicatorio, desde el «respeto a los procesos judiciales establecidos». «En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica», recalcó entonces.

LA FISCALÍA PIDE UN AÑO DE CÁRCEL

Sobre los hechos atribuidos al diputado, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El asunto a investigar, según la Fiscalía, se remonta a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Conforme a los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos.

Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como ‘pancartazos’ y puñetazos. Su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el TS abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

Aitor Aritzeta, doctor en Psicología de la Universidad del País Vasco y profesor e investigador de la misma, ha asegurado que los sistemas de actualización de las habilidades para la conducción en España son «muy anacrónicos» y ha señalado que «no están adaptados a los diferentes tipos de edad».

Así lo ha indicado este miércoles el experto, que ha comparecido ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.

«Las habilidades que muestra cada colectivo deberían exigir que estos test médicos se adaptarán a sus capacidades y habilidades», ha declarado, para después añadir que, a su juicio, son estos exámenes médicos los que deberían «establecer los puntos de corte a través o a partir de los cuales una persona se incapacitaría a la hora de conducir».

En este sentido, el doctor Aritzeta ha rechazado como «una estrategia adecuada» la idea de «establecer una edad biológica previamente» que determine una edad máxima para poder conducir.

Preguntado por la conveniencia de reducir la edad mínima de conducir a los 16 años, el doctor en Psicología ha rechazado esta posibilidad en base a los resultados de investigaciones realizadas que indican que jóvenes conductores de motocicletas tenían comportamientos «fundamentalmente de alto riesgo».

En relación con la estrategia a seguir para reducir la accidentalidad, Aitor Aritzeta ha señalado que la manera «más efectiva» de modificar actitudes y comportamientos de riesgo en la conducción es «modificar los valores culturales establecidos en la sociedad».

Emiliano Moreno, experto en seguridad vial, ha indicado que para definir una «verdadera» política de Estado de Seguridad Vial es necesario elaborar una ley integral sobre esta materia, y ha añadido que, para poder definir la estrategia, «hace falta conocimiento, crear conocimiento, gestionar el conocimiento».

De esta forma, Emiliano Moreno considera importante analizar los problemas «desde el punto vista fáctico, desde el punto vista reflexivo y desde el punto vista generativo» y así conocer la dimensión de los mismos.

Finalmente, el profesor Andrés Luis Romera Zarza ha defendido la necesidad de ir hacia vehículos cada vez más ecológicos y más seguros, pero que a la vez sean accesibles para la ciudadanía. «Lo que no es normal, es que la vida media de los camiones, de los autobuses, de las furgonetas y de las motos esté por encima de los 15 años y que los turismos estén ya por encima de los doce años y aproximándose a los trece de vida media», ha avisado.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha pedido elaborar una «estrategia demográfica que esté por encima de la ‘coyuntura política'» y que tenga «estabilidad y durabilidad» para que se puedan ver los sus resultados a largo plazo.

Así lo ha indicado durante una jornada de expertos organizada por The Family Watch, bajo el título ‘La demografía en España y la sostenibilidad del sistema’.

Para Olesti, hace falta examinar «por qué no nacen suficientes niños y qué es lo que impide que los jóvenes tengan hijos: cuáles son los obstáculos en su camino y cómo se les puede ayudar a superarlos».

Aspectos clave para ello, según ha dicho, son la «flexibilidad» en los horarios y en el espacio laboral, la «corresponsabilidad» y «reconocer el valor de la maternidad».

Por su parte, el profesor ordinario de Economía en IESE Business School, Javier Díaz-Giménez, ha precisado que «la situación demográfica en España no se solucionará sin una apuesta clara por la educación, que ayudará a la mejora de la calidad en el empleo, y como consecuencia de ello, a la sostenibilidad de las pensiones».

El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta de Galicia, Jacobo Rey, ha puesto el ejemplo de la recientemente aprobada Ley de Impulso Demográfico, que trata de ayudar a paliar la situación de natalidad en una de las comunidades más despobladas de Europa, y la segunda más envejecida de España.

«Las familias tienen que sentir el apoyo de la administración, para que, desde todos los puntos de vista –conciliación, empleo, familia, juventud, envejecimiento–, se ayude desde el consenso político a mejorar unas cifras demográficas, que, sin esta Ley, no dejarán de caer», ha señalado.

Mientras, el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado que hay que «empoderar a las ‘CEO’ de las familias, que son las mujeres y paliar la pobreza materno-infantil que cada vez se está dando más en el país».

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que permanecía en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como principal encausado en el caso ‘Tándem’, ha salido por su propio pie del centro penitenciario de Estremera a las 18.36 horas. «Voy a defenderme», ha señalado a los medios congregados.

Con una sudadera con la bandera de España, su ya icónica gorra y un parche negro tapando su ojo –padece secuelas de un episodio derivado de la hipertensión–, el comisario ha salido arropado por su abogado Antonio José García Cabrera y, tras unas breves declaraciones a los medios, ha abandonado el lugar en un vehículo conducido por su mujer Gemma Alcalá, también investigada en Tándem.

Su excarcelación se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordara su libertad provisional con medidas cautelares este mismo miércoles, después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.

Esas medidas orientadas a evitar su fuga consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

El comisario ha señalado a los medios que «por mucho maltrato y por muchas torturas» que ha recibido estando en prisión sigue vivo, y ha añadido que eso «es una putada para los que intentaron» acabar con él. Con todo, ha apuntado que ahora, si bien le han dejado «un poco inutilizado el ojo» le han «acelerado las neuronas» y lo único que quiero es defenderse.

«Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara», ha añadido para acto seguido cargar contra el director de la prisión, que ha actuado «como cancerbero» y que ha recibido «órdenes políticas» contra él.

LA CATARSIS DE ESPAÑA

Además, ha lamentado haber pasado tanto tiempo en prisión por culpa de «esa historieta de que iba a huir», algo que ha señalado que es mentira, y ha explicado que dado que se ha decidido «hacer un corte epistemiológico, una catarsis de España», él está «encantado de que eso ocurra».

Y ya de primeras ha adelantado que este jueves irá por su propio pie a la Audiencia nacional a declarar por dos de las más de 30 piezas por las que está siendo investigados en Tándem. Aunque también ha adelantado que en estos días se dedicará a descansar un poco porque está a punto de cumplir 70 años y dejó a su hija con nueve y ahora tiene trece.

Con verbo rápido, Villarejo ha recordado que durante este tiempo nunca se ha negado a declarar, ni ante el juez ni ante «los amigos de Podemos», y ha apuntado sus sospechas sobre el hecho de que le incautasen 40 teras de información y que «de pronto la inmensa mayoría o no la pueden desencriptar o no le dan copia al abogado».

LA MEDICINA DE SANZ ROLDÁN

Además, ha reprochado que se le denomine excomisario –sigue siéndolo a pesar de estar jubilado– y ha incidido en que le hubiera gustado que los medios recordaran «lo de la presunción de inocencia». También ha repetido lo que ya le trasladó a los diputados de Vox cuando le visitaron hace unos días: «Las cloacas no generan mierda, la limpian».

Antes de abandonar el aparcamiento de Estremera, ha apuntado que a los pocos días de entrar en prisión le mandó una carta al magistrado instructor «diciendo que todo mi archivo se pusiera en manos del CNI», y esto a pesar de que le debe, dice, a su ex director Félix Sanz Roldán «este tipo de medicación para pensar sobre el bien y el mal».

Incluso ha tenido tiempo para una reflexión sobre el emérito, del que ha dicho que es «injusto lo que le ocurre» después de tanto como le deben los españoles, y ha apuntado que «hay intereses». «Yo voy a confiar en la justicia, me pueden robar todo pero no que siga confiando en la justicia, porque entonces mi vida no tendría sentido», ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este jueves en el acto simbólico organizado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid) en el que se escenificará la destrucción de más de 1.300 armas pertenecientes a organizaciones terroristas, entre ellas las usadas por una decena de comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002.

Con el acto, al que se ha invitado a autoridades del Poder Judicial y representantes de gobiernos autonómicos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se pondrá en marcha el proceso de destrucción definitiva –previa autorización judicial– de 1.377 armas completas y 19 piezas fundamentales que permanecían bajo custodia de la Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, cuerpo competente en esta materia.

Según ha explicado el Ministerio del Interior, son armas de fuego intervenidas a comandos terroristas de ETA y del PCE(r)-GRAPO en operaciones policiales desarrolladas en España, sujetas a sumarios instruidos por los distintos juzgados centrales de la Audiencia Nacional entre 1977 y 2005. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno de este órgano judicial dictó una resolución en la que autorizó la destrucción de todo este armamento.

Quedan fuera de esta encomienda de destrucción las armas aún sujetas a procedimientos judiciales todavía en instrucción en la Audiencia Nacional y las entregadas por las autoridades francesas en febrero de 2018, que formaban parte de una cincuentena de procedimientos judiciales instruidos en ese país entre 1999 y 2009.

INFRAESTRUCTURAS ETARRAS

En cuanto a la tipología de las armas, se van a destruir 697 pistolas, 172 revólveres y 274 subfusiles; el resto son fusiles de asalto, rifles de precisión y escopetas de ánima lisa.

El 90% de las armas destruidas corresponde a la banda terrorista ETA, incautadas a diferentes comandos en distintas operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil contra infraestructuras en Navarra, Barcelona, Donostia-San Sebastián, Vizcaya y Madrid.

Según el Ministerio, el listado de comandos de ETA al que pertenecen las armas son el Motrico, desarticulado en 1978; Donibane (1981); Pepe Barrios (1984); Olloki (1986); Txalupa (1987); Txarito (1988); Lambroa (1994); Sugoy (1996); Galizia (1996); Andalucía (1998); Bakartxo (2002).

Respecto del armamento intervenido al PCE(r)-GRAPO destruido en la ceremonia de este jueves, destacan las pistolas Star 9 mm o los revólveres Astra incautados a esta organización terrorista en distintas operaciones policiales desarrolladas en Madrid, Barcelona y Santiago Compostela.

Terminado el acto celebrado este jueves, todo este armamento será trasladado por la Guardia Civil a una fundición, donde se procederá a su definitiva destrucción. La Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid levantará acta de todo el proceso, del que dará cuenta una vez concluido a la Audiencia Nacional.

CRÍTICAS DESDE ALGUNOS SECTORES

El acto organizado por iniciativa del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha despertado algunas críticas como la de la portavoz en la Comisión de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, que considera que Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «quieren un baño de multitudes para blanquear su indignidad», en referencia a cuestiones como el acercamiento de etarras o el apoyo parlamentario de EH Bildu.

La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ha anunciado que no acudirá a un acto porque considera que el Gobierno busca «tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo», citando los más de 150 acercamientos de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra aprobados por el Ejecutivo de Sánchez.

La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, ha protagonizado este miércoles en el Congreso un rifirrafe con las representantes de PP y Vox en la Comisión de Igualdad, a cuenta de la brecha salarial.

Landaburu ha acudido a la Cámara baja invitada por el órgano a comparecer para informar sobre la brecha salarial existente en el país, dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Igualdad.

Durante el turno de preguntas, la portavoz de Vox en esta materia, Carla Toscano, ha cuestionado a la secretaria general de UATAE por la posibilidad de que «por características biológicas y psicológicas» hubiera «más hombres que prefieren ser autónomos» y que la elección de las mujeres de anteponer la materinidad fuera «una decisión libre».

«Yo no sé si ella tiene un problema cultural o físico, si lo tiene que se lo trate, por favor, el resto de mujeres autónomas no somos minusválidas en términos intelectuales, ni físicos con respecto a los varones», ha contestado la compareciente, generando las protestas de Vox.

CRÍTICAS AL PP

Otra de las diputadas de la formación presentes en la comisión, Lourdes Méndez, ha calificado de inadmisible que «a una diputada, una compareciente le diga eso en esos términos», a lo que Landaburu ha replicado que se «niega a admitir, ni a escuchar» que las mujeres tengan «problemas biológicos o intelectuales».

No ha sido el único rifirrafe de la sesión, ya que la representante de UATAE ha molestado también al PP con sus respuestas a las cuestiones que le había planteado la portavoz ‘popular’ de Igualdad, Edurne Uriarte.

La diputada preguntó a Landaburu si tenía datos sobre brecha salarial en autónomas en los últimos años y, específicamente sobre discriminación en el acceso de las mujeres a puestos directivos. También le ha cuestionado sobre la importancia de la financiación.

Sobre los datos de mujeres directivas, la compareciente le ha preguntado a Uriarte si «no le parece suficiente que en el Ibex-35 haya sólo 3 mujeres en las presidencias» o que «en la mitad el Ibex-35 no se cumpla con los requisitos minínimos de representación de las mujeres. «¿Le parece que es porque somos más tontas, que no queremos dirigirlas, que nos gusta más ser cajeras?», le ha preguntado.

En cuanto a la financiación, destacó el avance que supusieron los microcréditos puestos en marcha para las mujeres autónomas «con el primer Ministerio de Igualdad». Una iniciativa con la que, criticó, el PP «acabó en cuanto llegó».

TURNO POR ALUSIONES

Estas palabras provocaron el enfado en la bancada del PP, que reprochó a Landaburu que se metiera en un debate que la formación «no ha planteado». Uriarte, además, pidió un turno por alusiones al considerar que la representante de UATAE estaba poniendo en duda sus «opiniones o ideas sobre la discriminación».

En este contexto, la diputada ha recomendado a la compareciente su «último libro» en que, según ha explicado, tiene «las respuestas» de su opinión sobre este tema.

Esta intervención ha sido cortada por la presidenta de la Comisión, la socialista Pilar Cancela, quien ha reprochado a Uriarte que este turno es para referirse a las «alusiones concretas» y no «para hablar de su libro». «La compareciente tiene el derecho a la libertad de expresión, como nosotras, y podrá manifestar lo que considere. Otra cosa es que estemos de acuerdo», ha finalizado la presidenta su intervención.

Esta situación vivida en el órgano del Congreso ha sido denunciada en Twitter por la portavoz de Igualdad de Unidas Podemos, Sofía Castañón. «Siento un profundo bochorno viendo cómo la ultraderecha de Vox y del PP (que no han diferido en las lamentables formas) ha tratado a una compareciente que exponía la situación de desigualdad en el trabajo autónomo. En estos años no había visto cosa igual. Inadmisible», ha escrito.

UGT EXIGE MEDIDAS AL GOBIERNO Y A LAS EMPRESAS

En la misma sesión también ha participado la vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, quien ha señalado que, «en un momento como el actual en el que se hace uso y abuso de quién es constitucionalista y quién no», no habría «nada más constitucionalista que respetar el artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad entre mujeres y hombres».

Durante su intervención ha instado al Gobierno adoptar medidas para erradicar las discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado laboral, entre ellas la derogación de la reforma laboral de 2012 o más recursos económicos para hacer posible y vigilar el cumplimiento de las leyes.

En cuanto a las empresas, Antoñanzas reclama «compromisos e implicación en la puesta en marcha de los planes de igualdad y los registros salariales, dos herramientas que van a permitir conocer de manera más precisa dónde se produce la infravaloración del trabajo de las mujeres».

Del mismo modo, ha criticado que salga «barato» no cumplir con la igualdad, pese al elevado coste que puede tener para el país y ha demandado «elevar la cuantía de las sanciones cuando se trate con incumplimientos en materia de igualdad entre mujeres y hombres», lo que exige modificar la Ley de Infracciones y sanciones del orden Social.

Crear Comités de Brecha Salarial de Género, la trasposición de la directiva europea sobre conciliación, impulsar la creación de escuelas infantiles públicas y gratuitas o incentivar medidas dirigidas a la promoción de mujeres en todos los sectores, son otras de las reclamaciones de la compareciente durante su intervención.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la propuesta del juez instructor Pablo Llarena de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que precise el alcance de las euroórdenes emitidas contra el ex president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig, después de que los jueces belgas se negaran a entregar a este último.

En una providencia del pasado 25 de febrero, Llarena propuso acudir al TJUE para que aclare las razones por las que se puede pedir y denegar una euroorden a fin de «poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes europeas de detención contra todos o algunos de los procesados».

El magistrado del Supremo dio traslado a las partes para que indicaran si estaban de acuerdo en plantear la cuestión prejudicial y en qué términos. La Fiscalía del alto tribunal ya le ha contestado en un escrito, donde manifiesta que no solo ve «procedente» sino incluso «necesario» llamar a la puerta del TJUE.

Llarena busca que el TJUE establezca si la decisión de la Justicia belga de no detener y entregar a Puig a las autoridades españolas para que responda por presuntos delitos de malversación y desobediencia, por considerar que hay un grave riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, se ajusta a las normas comunitarias.

Los jueces belgas fundaron ese supuesto riesgo en dos motivos, que el Supremo no sería el tribunal competente para asumir la causa del ‘procès’ y que se podría vulnerar la presunción de inocencia, todo ello –según ha recordado el Ministerio Público– en base a las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias formuladas el 27 de mayo de 2019 acerca de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los fiscales se han anticipado declarando que la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas «es completamente arbitraria y supone una violación del derecho de la Unión regulador de la orden europea de detención y entrega como mecanismo de cooperación entre los estados miembros, y una quiebra de los principios de reconocimiento mutuo, confianza mutua y cooperación leal que rigen el espacio judicial europeo».

«COMPARTIMOS LOS MISMOS VALORES»

Por ello, y sin perjuicio de las preguntas que puedan formular al TJUE el propio Llarena y las demás partes, el Ministerio Público ha planteado tres. En primer lugar, si la autoridad judicial del Estado donde debe ejecutarse la euroorden puede no hacerlo por motivos distintos a los que aparecen recogidos en la Decisión Marco sobre las órdenes europeas de detención y entrega.

A su juicio, «en el presente caso el tribunal belga se ha excedido al realizar una interpretación contraria a la jurisprudencia del TJUE, que atribuye en sus últimas sentencias la protección de los derechos fundamentales al juez de emisión, teniendo en cuenta que todos los estados miembros compartimos los mismos valores y somos parte del mismo sistema judicial».

Así, los fiscales han argumentado que la posibilidad de que sea el juez de ejecución, y no el de emisión, el que analice si hay vulneración de derechos fundamentales es «excepcionalísima», siendo posible solo «cuando se trate de afectación a la integridad de las personas, como podría ser la situación de las cárceles». Sin embargo, han subrayado que «nada consta en la sentencia belga».

EL SUPREMO, AVALADO POR EL CONSTITUCIONAL

En segundo lugar, han propuesto a Llarena que pregunte al TJUE si el Estado de ejecución de la euroorden puede rechazarla «fundándose en el erróneo argumento de que la competencia respecto de los no aforados del TS solo se basa en criterios jurisprudenciales, sin que existan preceptos legales que la establezcan».

Aquí, han vuelto a adelantar la respuesta enunciando los preceptos legales que «establecen meridianamente esa extensión de la competencia cuestionada respecto de los no aforados» –los 57.2 y 70.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; el 57.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); y los 17.1, 17.2 y 272 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)–.

Además, han recordado que en una reciente sentencia, en la que desestimó el recurso de la ex consellera Meritxell Borràs, el Tribunal Constitucional avaló la competencia del TS sobre el ‘procès al declarar que «tiene una incuestionable base legal explícita».

«El Tribunal Supremo no solo era un órgano judicial preexistente, regulado por ley y no excepcional, sino que además su competencia objetiva está legalmente prevista en el caso que nos ocupa», han reivindicado.

En cualquier caso, la Fiscalía del Supremo ha enfatizado que «entre las facultades del Estado de ejecución no se encuentra la de cuestionar la competencia de la autoridad judicial del Estado de emisión».

RESTA IMPORTANCIA A LA ONU

Ya por último, el Ministerio Público ha lanzado una tercera pregunta al TJUE para esclarecer si se puede no ejecutar una euroorden por «las conclusiones de un grupo de trabajo de Naciones Unidas, en las que se afirma, sin base objetiva alguna, la existencia de riesgos de lesión de la presunción de inocencia cuando ni siquiera se ha celebrado el juicio para el reclamado rebelde».

En este sentido, ha defendido que «las decisiones y conclusiones de ese grupo de trabajo no son vinculantes», sacando a relucir para ello sentencias del TS y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y ha destacado que en este caso el dictamen de la ONU «contiene simples especulaciones sin fundamento objetivo alguno».

Igualmente, ha señalado que la posible violación de la presunción de inocencia «solo podría valorarse anticipadamente sobre la seria posibilidad de que pudiera dictarse una sentencia condenatoria sin pruebas de cargo».

En este punto, la Fiscalía ha considerado «absolutamente inaceptable que se proclame ese riesgo por un Estado de la UE respecto al sistema judicial de otro Estado miembro, y en un proceso penal en el que se han respetado escrupulosamente los derechos y garantías fundamentales de los justiciables, cuando el reclamado no ha sido juzgado aún, ni se ha dictado sentencia que pudiera incurrir en la violación de ese derecho constitucional».

El Gobierno ha cifrado en 11 las personas detenidas y encarceladas preventivamente desde 2018 por terrorismo en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en el Congreso de los Diputados en la que este grupo pedía información sobre terroristas «infiltrados» en las redes de migración y las medidas adoptadas para enfrentarse a esta problemática.

«Cabe señalar que en la actualidad y desde 2018, han ingresadopreventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen», señala el Ejecutivo en su respuesta por escrito.

El Gobierno contestaba de forma escueta a sendas preguntas de Vox sobre medidas de refuerzo adoptadas en la lucha contra el terrorismo tras la crisis migratoria sufrida durante el año 2020, «así como previsiones acerca de adoptar alguna política efectiva en la lucha contra el terrorismo infiltrado por la inmigración».

El partido que lidera Santiago Abascal también solicitaba en otra pregunta el número de inmigrantes irregulares que han sido encarcelados preventivamente «por integración en una organización terrorista desde el año 2018, así como control posterior sobre la localización de dichos inmigrantes provenientes de países con una fuerte carga yihadista».

En su respuesta de 18 de febrero, el Gobierno realiza una breve introducción en la que recuerda que los protocolos y medidas de actuación en la lucha contra el terrorismo «se encuentran amparados en la regulación de materias clasificadas, en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996».

Desde 2012, según datos del Ministerio del Interior acumulados hasta el 1 de marzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 412 personas vinculadas al terrorismo yihadista en un total de 230 operaciones.

BATERÍA DE PREGUNTAS

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contestado recientemente a una batería de preguntas por escrito firmadas por los diputados de Vox, entre otras cuestiones sobre las «órdenes de actuación impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar los traslados de inmigrantes irregulares desde las Islas Canarias a Granada y al resto de ciudades de España».

El Gobierno se remite al ámbito de competencias del Ministerio del Interior para señalar de forma sucinta que «no existe ninguna obligación legal por parte de la Policía Nacional de tener conocimiento del paradero de los inmigrantes irregulares una vez que quedan en libertad y tras ser identificados».

Según los datos de Interior, más de 41.800 inmigrantes llegaron a España en 2020, un 29% más que en 2019, 23.023 de ellos a Canarias, aunque la llegada a las islas sigue cayendo tras contabilizarse 109 personas en la segunda quincena de febrero –llegaron a ser 5.351 los primeros 15 días de noviembre–. Las cifras, no obstante, son superiores aún en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional rechazó dos Proposiciones No de Ley presentadas por Vox para instar al Gobierno, por un lado, a declarar la llegada masiva de inmigrantes ilegales como «situación de interés para la Seguridad Nacional», y por otro, a «prevenir la infiltración yihadista a través de los flujos de inmigración ilegal».

«La situación que vive España en estos momentos y específicamente Canarias es de auténtica invasión migratoria», aseguró la diputada de Vox Macarena Olona, criticando la política de «efecto llamada» del Gobierno. Este partido se remitía a «informaciones publicadas» para sostener que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas advierten de la «posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares».

La Fiscalía de Barcelona ha reclamado condenar a 10 meses de prisión a un votante de Vox que durante las elecciones municipales y europeas de mayo de 2019 agredió a dos apoderados de ERC y CUP en un colegio electoral de Barcelona.

En el escrito de acusación, el fiscal relata que el acusado entró a la sede electoral sobre las 19 horas y, al ver la credencial que llevaba el apoderado de la CUP, le gritó: ‘Tú no vas a meter ningún voto en mi sobre, yo soy de Vox’, ‘Hijo de puta’, ‘Estos lo que quieren es romper España’, ‘Rojo de mierda’.

El fiscal considera que lo hizo «guiado por el propósito de ridiculizarlo poniendo en entredicho su papel como apoderado de un partido político al que vincula una tendencia ideológica propia de colectivos de extrema izquierda independentista, que desprecia».

Al pasar junto al apoderado de ERC, que según el fiscal equipara ideológicamente a la CUP, le señaló con el dedo y le dijo «puto independentista, os estáis cargando el país».

Después de votar, se giró hacia el apoderado de la CUP y le gritó ‘maricon de mierda’ intentando abalanzarse sobre él, lo que impidieron otros apoderados.

Sin embargo, sí que alcanzó al apoderado de ERC, a quien «le propinó un puñetazo en la cara, sufriendo eritemas en pabellón auricular y en hemicara izquierda».

MULTA DE 5.400 EUROS

El fiscal afirma que el acusado pretendía exponer a los representantes de ERC y CUP «a la burla del resto de apoderados y demás miembros de la mesa electoral despreciando su ideología, consciente de que con ello hería su amor propio a la vez que perturbaba el pacifico desarrollo del ejercicio del derecho al voto de los demás».

El hombre fue a votar con una camiseta con la inscripción ‘AHTR’, que evoca la frase ‘Adolf Hitler tenía razón’, y en sus redes sociales muestra «un tatuaje que dibuja la figura de un skinhead crucificado y ropa que incorpora figuras y lemas que evocan personajes y colectivos vinculados a ideologías de extrema derecha, como HSM Hogar Social Madrid».

Por estos hechos, el fiscal pide condenarle por un delito contra la integridad moral, por lesiones y por delito electoral, e imponerle una multa de 5.400 euros.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante ha reconocido que el profesorado durante el año de prácticas «debe cobrar los trienios y sexenios que tenía ya reconocidos como profesor o profesora interina», según informa UGT Enseñanza PV.

La sentencia reconoce el derecho del demandante, un afiliado a UGT Enseñanza PV, «a percibir durante el periodo que ha sido funcionario en prácticas, desde el 1 de septiembre de 2019, las retribuciones que venía percibiendo como funcionario interino, con los intereses e incrementos salariales correspondientes».

Esto supone, en el caso concreto del demandante, profesor técnico de FP de Mantenimiento de Vehículos, el reconocimiento y pago de un montante total superior a 3.500 euros, «cantidad de la que injustamente se había visto privado durante el curso que estuvo realizando la fase de prácticas del concurso oposición, pese a seguir desarrollando su trabajo docente en las mismas condiciones que lo hacía cuando lo desarrollaba como profesor interino y lo sigue desarrollando ahora, como profesor fijo o de carrera», recalca la organización sindical.

La resolución judicial expone que «el artículo 2 del Real Decreto 456/1986 prevé que quienes a la entrada de dicha norma, se encontrasen en período de prácticas o desarrollando cursos selectivos de los previstos en el artículo 22 del Real Decreto 2223/1984, serían nombrados funcionarios en prácticas y percibirían una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo en el que esté clasificado el cuerpo o escala en el que aspiren a ingresar.

En tal caso, prevé dicho artículo, que los funcionarios en prácticas que ya prestaban servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral, deben optar al comienzo del período de prácticas por percibir las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios que tengan reconocidos».

«En el caso que nos ocupa, concurre este concreto supuesto. El demandante ocupaba puesto de funcionario interino y tras adquirir la condición de funcionario fijo, optó, durante el período de prácticas, por las retribuciones que venía percibiendo con anterioridad. Por ello, se estima el recurso y se deja sin efecto la resolución recurrida, accediendo a la petición del demandante», dice la sentencia, que es firme.

«RESUELVE UNA SITUACIÓN DE INJUSTICIA»

Para UGT Enseñanza PV, se trata de «una decisión muy importante porque sirve para resolver una situación de injusticia que estaba cometiendo con el profesorado en prácticas, porque, paradójicamente en esta situación intermedia entre la situación del profesorado interino y la situación del profesorado de carrera, se dejaban de cobrar estos complementos retributivos vinculados a la antigüedad y la formación».

El sindicato avanza que exigirá a la Conselleria de Educación la aplicación de este pronunciamiento a todo el profesorado que se encuentre en la situación administrativa de funcionariado en prácticas y a instar a todo el profesorado que haya pasado por esta situación a que reclame judicialmente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la política de «cooperación» que se ha emprendido con Reino Unido respecto a Gibraltar en lugar de la «confrontación» pero sin renunciar así a las demandas de soberanía sobre el Peñón.

Durante su participación en un simposio organizado por la German Society de la London School of Economics and Political Science (LSE), ha puesto en valor los varios acuerdos alcanzados entre Reino Unido y España para solventar el Brexit y el memorándum de entendimiento sobre Gibraltar que sentará las bases para un futuro acuerdo entre Londres y la UE sobre el Peñón.

Respecto a esta última cuestión, ha resaltado que se ha puesto de manifiesto «cómo sin abandonar nuestros intereses y demandas hemos optado por la colaboración y la cooperación en lugar de la confrontación».

«El futuro de Gibraltar no tiene que ser un factor irritante en nuestras relaciones bilaterales», ha reivindicado el presidente del Gobierno, apostando por que en lugar de ello pueda servir como ejemplo de «cómo prevemos que pueda ser la relación de Reino Unido con la UE y con España».

En este sentido, ha defendido un «enfoque pragmático» en la relación bilateral puesto que hay «muchas áreas de interés mutuo» en las que trabajar juntos y ha incidido en que la salida de Reino Unido de la UE puede ser una «oportunidad de impulsar nuestras relaciones bilaterales».

Así, ha apostado en primer lugar por «establecer una nueva alianza estratégica mediante un diálogo robusto que profundice nuestras comunicaciones regulares a todos los niveles».

En segundo lugar por «una nueva asociación económica» que impulse las relaciones ya existentes para lograr su «pleno potencial», dentro de la que ha identificado varias áreas en las que se puede profundizar como los servicios financieros, infraestructuras, energías renovables o transportes.

Y tercero, ha señalado, «una nueva asociación de seguridad», para la que se prevé un nuevo acuerdo de seguridad y defensa. Sánchez ha sostenido que la cooperación a nivel policial y judicial entre los dos países «ya es muy intensa», pero ha incidido en que la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad podrían «beneficiarse de nuevas vías de colaboración».

Tras apostar igualmente por no dejar de lado las relaciones culturales y sociales, ha recalcado que «Reino Unido ha dejado la UE pero no Europa» y por tanto ambos países comparten ideas y valores y pueden trabajar juntos a nivel internacional e incluso desarrollar estrategias conjuntas.

TRABAJAR PARA REFORZAR LA RELACIÓN

«En el Gobierno español estamos dispuestos a trabajar para reforzar las relaciones con Reino Unido lo máximo posible porque queremos cumplir con nuestros ciudadanos», ha asegurado Sánchez, reconociendo que «las expectativas son altas» en este sentido y que por tanto hay que «hacer todo lo posible» para lograrlo.

En este sentido, ha recalcado que aunque hay que redefinir la relación bilateral, España y Reino Unido comparten «valores» y ven el mundo en muchas cuestiones «con los mismos ojos». Por eso necesitamos reforzar nuestra colaboración en seguridad, defensa, educación, cultura o muchos asuntos en el ámbito económico, como los servicios financieros», ha afirmado.

«Creo que es muy importante la actitud, y la actitud del Gobierno de España y la de Reino Unido está siendo muy positiva. Con esa actitud podemos de verdad redefinir esta relación», ha enfatizado.

Los grupos parlamentarios de Cs, el PSC y el PP han pedido este miércoles que los Mossos d’Esquadra no formen parte de las negociaciones sobre la investidura y el futuro Govern.

En el turno de réplica al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper en la diputación permanente del Parlament, los comuns han destacado la necesidad de abordar las causas de las protestas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y la CUP ha avisado de que hay agentes de extrema derecha en los cuerpos policiales.

En la sesión han abordado sobre los altercados producidos desde el 16 de febrero, que han dejado 136 detenidos, 27 heridos, 73 agentes lesionados, 375 contenedores quemados y 152 locales saqueados, ha detallado.

Carlos Carrizosa (Cs) ha sostenido que la intervención de Sàmper confirma que pretenden articular un ejecutivo independentista con la CUP, y ha acusado al Govern de dar alas a los violentos y de menoscabar el principio de autoridad de los agentes, así como de «obstaculizar y hacerse el sueco para que el Parlament no apoye a la policía catalana y condene la violencia».

El socialista David Pérez ha advertido de que los Mossos deben quedar fuera de las negociaciones del futuro Govern, y ha dicho que se debe condenar la violencia sin matices, cuando ha oído ‘peros’ en la intervención de este mismo miércoles del vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, que ha hablado del malestar social de los jóvenes: «No justifica en absoluto prender fuego ni al mobiliario ni a vehículos con agentes dentro, ni el pillaje, ni robos ni saqueos».

Desde el PP, Alejandro Fernández ha subrayado que las condenas deben hacerse sin matices, y ha criticado que se haya incluido el debate del cambio del modelo policial en la negociación del próximo Govern : «Ese pacto, ese diálogo y ese acuerdo nunca pueden hacerse a costa de la ley ni a costa de condenar la violencia», por lo que no se puede negociar con nadie hasta que no la condene, ha dicho en referencia a la CUP, sin citarla.

Jéssica Albiach (En Comú Podem) le ha replicado que «no es justificar, es que como representantes públicos se debe saber leer lo que está pasando en la calle y entender a qué se deben los estallidos de rabia, impotencia y frustración», y se ha preguntado quién llevará a cabo las tareas atribuidas a la Brigada Móvil (Brimo) si se disuelve.

Vidal Aragonés ha remarcado que desde la CUP no simpatizan con la policía porque sus agentes han optado por construir su vida en contra de los intereses de la mayoría popular, según él, y ha dicho que hay sectores de extrema derecha en los cuerpos policiales, tras lo que ha defendido a Arran, ante críticas de Carrizosa por llevar una camiseta de la organización juvenil.

PARTIDOS DEL GOVERN

La republicana Anna Caula ha excluido la violencia del derecho a la protesta, y ha asegurado: «La violencia genera violencia, y la represión como herramienta política también genera violencia, sea institucional o física», y ha abogado por avanzar en la transparencia de los cuerpos policiales.

El diputado de Junts Lluís Guinó ha condenado de forma contundente la violencia, y ha proclamado que los Mossos d’Esquadra son una policía claramente democrática, y que defenderlos es «compatible con hacer revisiones críticas de dispositivos y abrir expedientes necesarios como consecuencia de una mala praxis».

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha señalado este miércoles la necesidad de afrontar el futuro tras la pandemia derivada de la Covid-19 desde el liderazgo feminista y ha reivindicado que el «siglo XXI es el siglo de las mujeres».

«Ejerzamos un liderazgo participativo, con perspectiva de igualdad, que cohesione social y territorialmente para que nuestro trabajo esté impregnado de justicia social», ha expuesto la máxima representante de la Cámara Alta durante la inauguración de las ‘V Jornadas de Igualdad’ de la Policía Nacional.

Durante su intervención, Llop ha destacado que precisamente la Covid-19 «ha puesto de manifiesto que hay riesgos de retroceso» porque, según ha explicado, todavía no se han consolidado todos los derechos igualitarios y porque los datos muestran «un desequilibrio entre hombres y mujeres que se ha agravado». «Pensábamos que habíamos alcanzado la igualdad real, pero hemos recibido un baño de realidad que se suma a los efectos devastadores de la pandemia», ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que, entre las consecuencias que ha dejado el coronavirus, se ha observado que las mujeres son las más afectadas por el desempleo, la precariedad, la desigualdad salarial, las bajas laborales y que «sobre ellas han recaído de nuevo los cuidados familiares, de las personas dependientes, de los niños confinados por contagios en clase, así como la mayor exposición a la violencia en el hogar», ha enfatizado Llop.

Asimismo, ha puesto de relieve que la pandemia ha acelerado el acceso a las tecnologías de la información y las redes sociales, y con ellas, «la vulnerabilidad de los menores de edad, en especial de los adolescentes». En este contexto, ha apuntado que la desigualdad de género, la violencia machista y el sexismo también están presentes en fenómenos como el ciberacoso, el ‘sexting’, el ‘grooming’, la pornografía, la prostitución o la hipersexualización infantil.

FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En esta clave, Llop ha manifestado la importancia de la formación con perspectiva de género en campos como la inteligencia artificial. Además de la especialización en la investigación policial, ha mencionado la necesidad del «tratamiento específico que deben recibir las víctimas de los delitos relacionados con la vulneración del derecho humano a la igualdad».

Para Llop, es «imprescindible una formación de los operadores policiales y jurídicos alejada de estereotipos sexistas que remuevan obstáculos a la debida diligencia a la que el Estado español está obligado por los convenios internacionales».

A este respecto, ha advertido del riesgo de nuevos sesgos en la inteligencia artificial aplicada a empresas, debido a recientes descubrimientos de algoritmos discriminatorios en la contratación de personal o en la concesión de crédito en perjuicio de las mujeres. Ha explicado que los algoritmos informáticos están «elaborados por hombres en una abrumadora mayoría», por lo que ha animado a las jóvenes a adentrarse en las nuevas tecnologías para alcanzar una presencia paritaria.

Por ello, ha resaltado la necesidad de introducir en los algoritmos elementos correctores y formar con perspectiva de género, «que es dar una herramienta más a la inteligencia, ver donde no se ve». «O se introduce en la inteligencia artificial los elementos neutralizadores de sexismo, en suma, de ética, o no avanzaremos ni un ápice, sino que, al contrario, retrocederemos. Démosle la vuelta y utilicémosla para destruir los estereotipos sexistas, porque solo así estaremos creando un mundo más justo e igualitario», ha advertido.

Al inicio del acto, la presidenta del Senado ha expresado, en su nombre y en el de la Cámara Alta, su solidaridad con quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber y sus familias y ha agradecido «la gran labor desarrollada por la Policía Nacional ante el impacto de la Covid-19 con la finalidad de garantizar la salud y la seguridad de la ciudadanía».

Un reconocimiento que Llop ha hecho extensible al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los hombres y mujeres – militares, médicos, sanitarios, servicios sociales y demás profesionales y funcionarios- «que han estado y continúan estando en primera línea de lucha frente a la pandemia».

Durante el pasado febrero, 14 personas perdieron la vida por ahogamiento en los espacios acuáticos en España, lo que supone el peor registro de la serie desde 2017, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Pese a ello, el INA pone de manifiesto que son seis muertes menos en los primeros meses de este año respecto a 2020, ya que entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 han fallecido ahogadas veinticuatro personas, frente a las 31 que se registraron en el mismo período del año pasado, en el que hubo un día más al ser bisiesto.

Durante febrero de este año, hubo ahogamientos no intencionales en seis territorios autonómicos. Cinco casos se produjeron en Andalucía, cuatro en Canarias, dos en Galicia y uno en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Melilla.

En lo que va de año, Andalucía, con ocho muertes, lo que supone el 33,3 por ciento de las veinticuatro acumuladas, y Canarias, con seis y el 25 por ciento, acumulan casi seis de cada diez fallecimientos y por segundo mes consecutivo, este 2021, la comunidad andaluza está por encima de la canaria en número de ahogamientos mortales, en contra de la tendencia de los últimos años en la que las islas están a la cabeza de esta estadística hasta junio.

En enero fue Extremadura, con cuatro fallecimientos, los mismos que mantiene en febrero, la que encabezó el listado territorial, en el que le siguen en el cómputo del año, hasta el 28 de febrero, Castilla y León y Galicia, que suman dos ahogamientos en cada caso, mientras que Comunidad Valenciana y Melilla aparecen con el registrado el mes pasado.

En febrero, doce de las catorce víctimas fueron hombres, lo que mantiene prácticamente invariado el porcentaje con el acumulado del año (80% el mes frente al 79% el bimestre).

En cambio, las muertes en playa han subido 51 puntos en febrero respecto al mes anterior y sitúan el porcentaje de fallecimientos en el segundo mes del año en este espacio acuático en el 71 por ciento de los casos, diez de los catorce, modificación sustancial que también se da en la nacionalidad de las víctimas, ya que en enero fueron mayoritariamente españolas, el 80 por ciento (ocho de los diez casos), mientras que en febrero han bajado a cuatro de los catorce, un 28,9 por ciento.

Lo que no se modifica, según los datos del INA de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, es la ausencia de servicio de socorrismo en la práctica totalidad de los lugares donde se produjeron los sucesos, que carecían de él en todos los casos menos en uno. No obstante, señalan que en enero hubi ausencia en todos los lugares.

En febrero bajó el tramo de edad de las personas fallecidas, al situarse el 35,7 por ciento de los casos en el de 18 a 34 años, frente al 60 por ciento de los sucesos en el de 45 a 64 en enero, y las horas de los accidentes se repartieron entre las 8.00 y las 18.00 horas, destacando el segmento de las 10.00 a 12.00, en el que ocurrieron el 35,7 por ciento de las muertes.

La Fiscalía Superior de Cataluña no ve indicios de prevaricación en que la Generalitat no se persone como acusación particular en causas por delitos de atentado a agentes de Mossos d’Esquadra si estos no resultaron heridos en el incidente.

En este sentido, el fiscal superior, Francisco Bañeres, ha archivado una demanda de los representantes de Cs Carlos Carrizosa y Mari Luz Guilarte, quienes denunciaron que la Conselleria de Interior, por orden de los servicios jurídicos de la Generalitat, se apartara de una causa por desórdenes y atentado en la que ningún agente resultó herido.

La denuncia también recogía las declaraciones del conseller Miquel Sàmper ante el Parlament en noviembre de 2020, en las que expuso que en varias causas la acusación no se ha centrado en el delito de lesiones «sino en el que tiene más carga punitiva y penal y privativa de libertad, que es el delito de atentado y el delito de desobediencia», lo que tachó de poco coherente.

En esa intervención, Sàmper recordó que los funcionarios heridos durante su función tienen garantizada la asistencia jurídica de la Generalitat, y señaló que este criterio debería aplicarse a manifestantes de cualquier ideología.

Sàmper dijo que el Govern trabajaba para acordar un criterio claro y anunciarlo en una o dos semanas, aunque la Generalitat ha mantenido la acusación por presuntas lesiones en juicios celebrados este año, como en el caso del manifestante que se enfrenta a hasta cinco años y medio de prisión por supuestamente lesionar la muñeca de un policía durante la protesta ‘Holi’ contra Jusapol en 2018.

Cs consideró en su denuncia que se trataba de «una arbitrariedad jurídica» contraria a los derechos de los agentes, y acusó al Govern de hacer un uso partidista de los servicios jurídicos, dado que la mayoría de causas por desórdenes y atentado de los últimos meses han afectado a manifestantes independentistas.

CRITERIOS «EXCLUSIVAMENTE POLÍTICOS»

El fiscal archiva la denuncia en la misma resolución en la que la da por recibida, al considerar que las decisiones de la Generalitat modificó el criterio en sus actuaciones jurídicas al retirarse de la causa «sin que las mismas infrinjan la legislación».

Al no haber ningún agente lesionado, remarca que es potestad del Govern decidir si mantiene o no la acusación, y la decisión «no puede ser calificada como prevaricadora o contraria al ordenamiento jurídico».

Además, señala que no se conoce una orden de Sàmper al respecto sino solo sus declaraciones en el Parlament, y si la hubiese tampoco sería delito porque se basa en «criterios exclusivamente políticos en el marco de la acción de gobierno»

Al menos 1 de cada 7 niños y jóvenes, lo que supone un total de 332 millones, ha vivido bajo políticas de confinamiento obligatorio o recomendado durante al menos nueve meses desde el comienzo de la pandemia, lo que ha puesto en riesgo su salud mental y su bienestar, según advierte UNICEF en un nuevo informe, donde insta a una mayor inversión en servicios de salud mental.

Si bien casi todos los niños del mundo han vivido alguna forma de confinamiento intermitente durante el pasado año, el nuevo análisis de UNICEF, realizado a partir de datos del Rastreador de las Respuestas Gubernamentales a la COVID-19 de Oxford, identifica algunas de las condiciones de confinamiento más duraderas en todo el mundo.

Según el análisis, de los 332 millones, 139 millones de niños a nivel global han vivido bajo confinamiento nacional obligatorio durante al menos 9 meses desde que la COVID-19 fue declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020; es decir, debían quedarse en casa obligatoriamente, salvo algunas excepciones como niños que viven en países como Paraguay, Perú y Nigeria. El resto, 193 millones, ha vivido bajo recomendaciones nacionales de quedarse en casa durante ese mismo espacio de tiempo.

«Con los confinamientos nacionales y las limitaciones de movimiento derivadas de la pandemia, ha sido un largo año para todos nosotros, pero especialmente para los niños. Cuando día tras día- estás lejos de tus amigos y tus seres queridos, y quizás incluso atrapado en casa con un agresor, el impacto es significativo», asegura la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

A su juicio, «muchos niños se han quedado abandonados sintiendo miedo, soledad, ansiedad y preocupación por su futuro. Debemos salir de esta pandemia con una aproximación mejor a la salud mental de los niños y adolescentes, y eso empieza dando al tema la atención que merece».

A medida que la pandemia entra en su segundo año, el impacto sobre la salud mental y el bienestar psicosocial de niños y jóvenes empieza a pasar factura. Una reciente encuesta de UNICEF U-Report dirigida a jóvenes en Latinoamérica y Caribe, que obtuvo más de 8.000 respuestas, reveló que más de una cuarta parte de los encuestados había experimentado ansiedad, y el 15 por ciento depresión.

Incluso antes de la pandemia, los niños y jóvenes soportaban el peso de los riesgos de la salud mental, ya que la mitad de todos los desórdenes mentales se desarrollan antes de los 15 años y el 75% antes de la primera edad adulta. De hecho, recuerdan que la mayoría de las 800.000 personas que se suicidan cada año son jóvenes, y las autolesiones son la tercera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 19 años, con las tasas más altas entre las adolescentes chicas. Se estima que a nivel mundial 1 de cada 4 niños vive con un progenitor que tiene un desorden mental.

Los datos presentados se han obtenido del Panel de control de UNICEF sobre las respuestas gubernamentales a la COVID-19 y las poblaciones afectadas, que a su vez se basa en datos del Rastreador de las Respuestas Gubernamentales a la COVID-19 de Oxford y la División de Población DAES de las Naciones Unidas, recopilados entre el 11 de marzo de 2020 y el 22 de febrero de 2021.

LOS NIÑOS, VULNERABLES FRENTE A LA PANDEMIA

Los confinamientos han dejado a muchos niños que experimentan violencia, negligencia o abuso en el hogar, a merced de sus abusadores y sin el apoyo de maestros, entorno familiar y comunidades. Los niños de grupos de población vulnerables -como los que viven y trabajan en la calle-, los niños con discapacidades y los niños que viven en situaciones de conflicto corren el riesgo de que sus necesidades de salud mental pasen desapercibidas por completo.

Unicef recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la pandemia de COVID-19 ha alterado o interrumpido los servicios esenciales de salud mental en el 93% de los países de todo el mundo, mientras que la demanda de apoyo a la salud mental está creciendo. En un estudio llevado a cabo en 194 ciudades de China, el 16% de los encuestados reportó síntomas de depresión de moderados a severos durante la pandemia, y el 28% síntomas de ansiedad de moderados a graves.

En respuesta a ello, UNICEF está apoyando a los gobiernos y las organizaciones aliadas para priorizar y adaptar a los niños los servicios que prestan. Por ejemplo, en Kazajistán, UNICEF ha lanzado una plataforma online de servicios de asesoramiento individual para niños, además de proporcionar formación a distancia para especialistas de salud mental en las escuelas. En China, UNICEF y la empresa de redes sociales Kuaishou lanzaron un reto online para ayudar a reducir la ansiedad en los niños.

A finales de este año, UNICEF dedicará uno de sus informes insignia, el llamado Estado Mundial de la Infancia, que se publica cada dos años, a la salud mental de niños y adolescentes. Es parte de los esfuerzos de la organización por aumentar la conciencia sobre este desafío global, proponer soluciones e instar los gobiernos a que presten mayor atención al problema.

«Si bien no apreciamos lo suficiente esta urgencia antes de la pandemia de COVID-19, seguramente sí lo hagamos ahora. Los países deben invertir notablemente en la ampliación de los servicios de salud mental y el apoyo a los jóvenes y sus cuidadores en las comunidades y las escuelas. También necesitamos programas de crianza ampliados para garantizar que los niños de familias vulnerables obtengan el apoyo y la protección que necesitan en sus hogares», ha añadido Fore.

Los populares lucenses han pedido al Gobierno central que tengan en cuenta las alegaciones presentadas por comunidades, ayuntamientos y sindicatos agrarios al proyecto de orden ministerial promovido por el Gobierno central de incluir todas las poblaciones de lobo de España en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe), lo que supone el veto a que se pueda cazar.

El PP, en el marco del procedimiento de consulta pública previa de dicha orden, han trasladado su «absoluto rechazo» ante esta medida que consideran «injustificada, innecesaria e inoportuna», por lo que solicitan, una vez más, al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez que desista de su tramitación.

Así lo han trasladado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano; y la presidenta provincial, Elena Candia; acompañados del diputado en el Congreso Joaquín García Díez; del senador, José Manuel Barreiro, y del alcalde de Friol, José Ángel Santos, entre otros dirigentes populares.

Todos ellos pudieron conocer ‘in situ’ cómo afectará a los ganaderos esta norma durante la visita a la comunidad de montes vecinales de Carballo, en Friol, que cuenta con 700 hectáreas de monte en las que crían caballos, cabras y cerdos de la raza celta.

Segundo ha trasladado el presidente de la comunidad, Ángel Buján, «en los últimos años hubo más de 200 pérdidas a causa del lobo». «Tenemos que convivir con el lobo, pero no podemos pagar la factura los mismos de siempre, los ganaderos», ha añadido.

DE OLANO: MEDIDA «AUTORITARIA, ARBITRARIA Y ANTIDEMOCRÁTICA»

Los populares han repasado las iniciativas que impulsan en las distintas instituciones frente a una medida que, si se materializa, «atacaría directamente» a la ganadería extensiva actuando, en palabras de Jaime de Olano, de forma «autoritaria, arbitraria y antidemocrática».

«Se están desentendiendo del medio rural al no valorar el conflicto que supone la coexistencia del lobo con las ganaderías. Prohibir su caza atenta directamente contra los intereses de nuestros ganaderos. Nos parece un auténtico despropósito», ha esgrimido Candia. «No es que lo digamos desde el PP, lo dice el sector», ha apostillado.

«NO SE SOSTIENE»

Los populares han recordado que en la actualidad en el Lesrpe solo están incluidos de oficio por el Ministerio los ejemplares de lobo ibérico localizados al sur del río Duero pero si la dicha orden sale aprobada, se incorporarían todas las poblaciones españolas de la especie.

Esta inclusión que, bajo el punto de vista del PP, «no se sostiene desde el punto de vista científico ni de la biodiversidad» y, añaden los populares, «dificultaría mucho» la gestión de la especie que realizan en los últimos años las comunidades con más población de lobos (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que concentran el 95% de los ejemplares de todo el país.

Además de pedir al PSOE que «se defina» y concrete una postura, ya que «hay alcaldes que votan una cosa en sus ayuntamientos y otra distinta en la Diputación», los populares esgrimen que, como ya defendió la Administración autonómica, «hay garantías de que la explotación realizada sobre esta especie fue y es compatible con el mantenimiento de la misma en un estado de conservación favorable, algo que el ministerio pretende ahora alterar».

Lo contrario, adoptar una medida que prohíbe completamente su caza, supone, según De Olano, «un ataque directo más a la Galicia rural por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo lunes 8 de marzo, Medicusmundi afirma que «nacer mujer perjudica seriamente a la salud», y para demostrarlo hace un recopilatorio de la situación vivida por las mujeres en la asistencia sanitaria.

Así, recuerda que fue a raíz del movimiento feminista cuando las mujeres se empiezan a cuestionar el modelo de interacción médico-paciente. «Pero tendríamos que esperar hasta los años noventa cuando las asociaciones médicas comienzan a plantear las necesidades médicas más allá de la simple reproducción. Concretamente en 1991, un artículo publicado en ‘The New England of Medicine’ inició el debate sobre los sesgos de género en la atención sanitaria», destaca.

Por otra parte, la exclusión de la mujer en los ensayos clínicos no se plantea hasta los noventa. El hecho de realizar ensayos sobre los hombres como sujetos de estudio y la extrapolación de los resultados a las mujeres no tiene en cuenta las diferencias fisiológicas más allá de la anatomía de la sexualidad y la reproducción. También hay diferencias a la hora de enfermar o reaccionar ante un fármaco.

Según Maite Climent, presidenta de Sociedad española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria en la Comunitat Valenciana (SEFAC-CV), «este rol de género, por una parte el considerar al hombre como modelo de especie humana y al mismo tiempo ocupar durante mucho tiempo posiciones más elevadas en la vida sociocultural y política ha otorgado mayores beneficios y acceso a distintos recursos, entre ellos los sanitarios, a quienes estaban en posiciones más elevadas dentro de la jerarquía de género».

Por tanto, continúa, «es útil identificar las interacciones de sexo y género puesto que producen diferencias en los estados de salud-enfermedad, y porque las diferencias por sexo pueden estar justificando sesgos de género en la atención sanitaria».

Climent afirma que una de las áreas que más incrementa la brecha en salud es la relacionada con los ensayos clínicos de fármacos. La principal crítica es que no siempre se incluyen muestras de ambos sexos, por lo que los posteriores análisis no pueden realizarse por sexo. Sin cuestionar la eficacia del producto, el principal problema se centra en la efectividad, alterada por la variabilidad hormonal de las mujeres durante el ciclo menstrual. Es decir, hacen falta más análisis por sexo y edad para aumentar la efectividad y reducción de reacciones adversas a los medicamentos.

Por ejemplo, hoy sabemos que la mujer por su mayor proporción de grasa corporal necesita menos dosis de algunos fármacos para el mismo efecto. A los hombres se les prescribe dosis de 10 mg y las mujeres con 5 mg tendrían suficiente, por poner un ejemplo.Enfermedades que evidencian una brecha de género

Las diferencias de genero también se puede ver en que el sexo femenino es el que presenta un mayor número de síntomas sin diagnóstico. «Y se ha investigado poco sobre esos síntomas, que siguen siendo mayoritarios en mujeres y todavía hoy no tenemos una respuesta sanitaria adecuada», explica la experta.

Otras enfermedades tres veces más frecuentes en la mujer son las derivadas de los trastornos alimenticios, fruto de una imposición social por el canon de belleza. Después de la edad avanzada, el sexo femenino es el principal factor de riesgo. Una explicación posible pero no totalmente confirmada es la mayor longevidad de las mujeres. A ello se une la mayor presencia de patología depresiva en mujeres. La depresión lleva implícita pérdida de memoria y mayor consumo de medicamentos con efectos cognitivos adversos que los hombres.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 19 años de prisión a un hombre por violar, maltratar y humillar a su mujer durante cuatro años en los domicilios en los que residían en la provincia de Sevilla. El tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, según consta en la sentencia facilitada por el Supremo.

La Audiencia le condenó a 11 años de prisión por un delito continuado de violación, con la circunstancia agravante de parentesco, a 2 años de prisión por un delito de violencia habitual en la pareja, a 2 años de prisión por un delito continuado de amenazas condicionales, a 2 años de prisión por un delito de coacciones y a una pena de 2 años de prisión por cuatro delitos de lesiones leves o maltrato de obra en la pareja (seis meses de prisión por cada uno de ellos).

Asimismo, le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a su esposa, de establecer comunicación con ella por cualquier medio, y la medida de 5 años de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la extinción de la pena. También acordó el pago a la mujer de una indemnización de 35.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

En su recurso, el condenado cuestionaba la credibilidad de la víctima, la persistencia en las declaraciones de la denunciante y la existencia de contradicciones en las mismas; y resaltaba que la denuncia se interpuso dos meses después de la ruptura con el acusado, coincidiendo con los trámites del divorcio.

La Sala responde en su sentencia que el testimonio de la denunciante en esta causa se ajusta perfectamente a los rasgos que dotan de credibilidad a una declaración. Recuerda que la sentencia de instancia consideró que desde la denuncia inicial hasta el juicio, la mujer narró sin modificaciones sustanciales, pero también sin incurrir en una repetición mecánica, los mismos episodios cruciales y las mismas conductas características del maltrato sufrido, aderezando su relato en puntos concretos con una mímica descriptiva congruente con lo que cuenta y que aumenta su expresividad, como cuando imita el gesto de cogerla por el cabello y arrastrarla por el suelo, o el de sujetarla por el cuello para introducirla en la casa en el último incidente, entre otros.

Por ello, afirma que «el desgarrado estado emocional que acompaña a su narración», como hizo notar la policía primero y la médica forense, más tarde, y que hizo durísimo asistir a su declaración en juicio, con llanto continuo, ocasionalmente desbordado en sollozos, ansiedad y dificultades para mantener un ritmo respiratorio normal, episodios por los que siempre pedía disculpas, «es también consistente con la vivencia real de las enormidades que cuenta la mujer y difícilmente compatible con la fabulación o simulación».

A este respecto, rechaza que el retraso de la víctima en denunciar conlleve la duda acerca de la credibilidad, como apunta el recurrente, ya que se trata de víctimas que se encuentran sometidas a un ambiente de opresión generado por la violencia de todo tipo, soterrada en ocasiones y explícita en otras, que dibuja el marco de convivencia conyugal y familiar con el agresor.

La Sala subraya que «no puede considerarse anómalo el que, una vez la víctima vence sus temores y se anima a denunciar, vuelque en su exposición todos los incidentes que su memoria ha sido capaz de retener. Especialmente los que alcanzan sustantividad propia, como el ser compelida a mantener una relación sexual no deseada y finalmente impuesta». En suma, «cuesta mucho denunciar, como para que el simple retraso en hacerlo prive de credibilidad su declaración».

Por otro lado, la Sala considera que la sentencia recurrida verifica ese análisis de los elementos corroboradores de la declaración de la acusada, al describir las amenazas que escucharon los testigos, la violencia del acusado hacia la víctima también presenciada por éstos, el hecho de que esos testigos escucharan poco después de estos actos violentos la versión de la víctima de lo que le estaba haciendo el acusado o la constatación de que el cuarto de la víctima tenía un cerrojo por fuera.

Finalmente, el tribunal señala que otros elementos que corroboran la declaración de la acusada son los informes periciales de la médica forense y de la psicóloga del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ambos ratificados en juicio y plenamente coincidentes en haber observado en la denunciante secuelas psíquicas (baja autoestima, alta dependencia emocional, intensa sintomatología ansioso-depresiva, etcétera), precisadas de atención especializada y altamente compatibles con la situación de maltrato que ella relata.

HECHOS PROBADOS

La Sala confirma los hechos probados de la sentencia recurrida que acreditan que la convivencia de la pareja, que vivió en Dos Hermanas, primero, y después en Coria del Río, se vio marcada por la «extrema dependencia emocional» de la mujer hacia el acusado y por el comportamiento «celoso, despectivo, controlador y progresivamente violento de este».

Durante los cuatros años que duró la convivencia –de 2014 a 2018–, el comportamiento abusivo del acusado «se agravó, en una espiral solo interrumpida por breves fases de arrepentimiento, reconciliación o simple tranquilidad, que hacían que la víctima se sintiera feliz mientras duraban y concibiera en cada una de esas ocasiones la falsa esperanza de que fuera el comienzo de un cambio permanente de la conducta del acusado, lo que estaba muy lejos de suceder».

Por el contrario, el hombre, según los hechos probados, intensificó su actitud de control y aislamiento familiar y social de su esposa, dificultando que se viera con sus amigas, a las que llamaba ninfómanas, y que visitara a su familia de origen, llegando a golpearla cuando ella se lo pedía.

El relato de hechos probados recoge que cuando se producían «nimios incidentes o discusiones banales entre ellos, el acusado sumergía la cabeza de la causada en el agua de la bañera, o le apretaba una almohada contra la cara; provocando de ambas formas una sensación de asfixia a su mujer, que llegaba a sentir el temor de que realmente fuera a poner fin así a su vida». En su afán por controlarla, el acusado colocó un cerrojo en el dormitorio, con cerradura de la que solo él tenía llave y sin picaporte, y «cuando le venía en gana» la dejaba encerrada.

En varias ocasiones, la humillaba haciéndola dormir en el suelo, desnuda y sin ropa de abrigo, tanto en verano como en invierno, e incluso llegó a arrastrarla en varias ocasiones sobre los orines y las heces de los dos perros que tenía la pareja, diciéndole también que ella era un perro más.

En ese marco de permanente humillación, sojuzgamiento y temor, según los hechos probados, no faltaron los golpes del acusado a su esposa, a quien también obligaba a mantener relaciones sexuales contra su voluntad y por la fuerza, sin que su pareja, en el estado de temor y subordinación en que vivía, acertara a oponer una resistencia.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la mujer de 46 años asesinada este martes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (Madrid) es la cuarta víctima de violencia de género en lo que va de 2021.

El cuerpo de la mujer era encontrado con hasta siete puñaladas en el edificio donde trabajaba como conserje. El supuesto agresor, que está detenido, es un hombre de 48 años con el que la víctima tenía dos hijos, pero no convivía, según la información facilitada por la Policía y Emergencias 112.

Igualdad confirma, en este sentido, que uno de los hijos de la asesinada es menor de edad. Es el primer huérfano de la violencia de género en lo que va de año. Además, el departamento que dirige Irene Montero señala que no había denuncias previas por parte de la mujer contra su presunto agresor.

Con este suceso, ya son cuatro las asesinadas en 2021 y a 1.082 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Por lo que respecta a menores huérfanos, son 305 desde 2013.

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Tanto Montero como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016 y las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es funcionan con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

A través de este servicio, explica, se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también apunta que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, recuerda.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este miércoles la «vigencia» del legado de Emilia Pardo Bazán en su lucha por la igualdad, y ha defendido el feminismo como «encuentro y no trinchera».

Así lo ha trasladado durante su intervención en el acto de presentación del libro ‘Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán’, de las profesoras Marilar Aleixandre y María López Sández, editado por Galaxia en su colección Feminismos.

Núñez Feijóo ha reivindicado a «doña Emilia», una «figura incuestionable» sin la cual la historia de la lucha por la igualdad estaría «huérfana». Así, ha recordado que, junto a Rosalía de Castro y Concepción Arenal, Pardo Bazán representa la «vanguardia feminista».

Al respecto, ha destacado que el libro de Aleixandre y López Sández concentra los «pilares» del «feminismo precursor» pero cuyos principios están «plenamente vigentes en la actualidad». «Su legado no desfalleció y hay la necesidad de reivindicar ese feminismo democrático, no de un día, un mes o un año. La causa de la igualdad es de todos, y de todos los días, no solo del 8 de marzo», ha proclamado el presidente gallego.

A ese respecto, ha señalado que, en este 2021, la conmemoración del 8 de marzo «no es ajena a la pandemia» y ha recordado que es «obligado mantener todas las medidas de prevención». También ha añadido que «el feminismo es encuentro, no trinchera» y «el tiempo situará en su sitio a quienes se apropien del feminismo y lo usen como arma de confrontación política».

PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO DE SU MUERTE

Por otra parte, con motivo del centenario este año de la muerte de Pardo Bazán, ha avanzado que la Xunta desarrollará un programa de actos que incluirá dos congresos internacionales, con la colaboración de la Real Academia Galega y de las tres universidades gallegas.

Asimismo, se hará una «gran exposición» en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y la Comunidad de Madrid, que irá de la capital de España a la ciudad de A Coruña, y que incluirá 200 piezas de la propia Biblioteca y de la RAG, así como otros fondos públicos y privados.

MARILAR ALEIXANDRE Y MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ

Mientras, las autoras de este ensayo han destacado que, gracias a Emilia Pardo Bazán, «las mujeres de hoy son dueñas de sus deseos, de sus destinos y de sus cuerpos», tal y como ha recalcado Marilar Aleixandre, que ha aseverado que la autora, que fue la primera que habló de «mujericidios» cuando todo el mundo hablaba de «crímenes de honor o pasionales», hoy en día «apoyaría las reivindicaciones del 8 de marzo, aunque este año no se puedan hacer por la pandemia».

En esa línea, la profesora López Sández ha apuntado que la tarea de escribir esta obra ha supuesto «un diálogo con mujeres precursoras», de hecho, está dedicado a las abuelas de las autoras, y ha recordado que Pardo Bazán, que defendió la formación de las mujeres o la coeducación, se calificó a sí misma como «feminista radical»

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha advertido este miércoles de que en los meses de marzo y abril seguirá siendo necesario mantener «medidas restrictivas» en el ámbito de la movilidad, dado que es necesario actuar con «prudencia extrema» para evitar la expansión del coronavirus.

En la comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar de la evolución de la pandemia, Sagardui ha destacado que el descenso de la incidencia acumulada en 14 días se ha «ralentizado mucho», ya que se sitúa en 243,85 casos por 100.00 habitantes y el índice reproductivo, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se mantiene en 0,88.

En el ámbito asistencial, ha recordado que hay hospitalizados en planta 267 personas con coronavirus y 126 en las Unidades de Cuidados intensivos (UCI), seis menos que la semana anterior. «A pesar de haber bajado, todavía son muchas personas, demasiadas», ha indicado antes de recordar que Euskadi se mantiene en un escenario 3 de los cinco previstos por Osakidetza en su plan de ocupación de las UCI.

Con esta situación, ha insistido en que la incidencia de la pandemia en Euskadi «aún es muy alta» y ha recordado que el objetivo del Gobierno Vasco es llegar a los 60 casos por 100.000 habitantes, por lo que es necesario «continuar manteniendo las medidas de precaución para parar la propagación del virus».

«Pensamos que la evolución puede mantenerse en una tendencia a la baja, que las subidas pueden corresponder a cambios puntuales y esperamos continuar bajando lentamente durante el mes de marzo, aunque esto está directamente condicionado a la tasa de incidencia acumulada y a que se mantenga en valores no superiores a 200», ha explicado.

Asimismo, ha informado de que en la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde, es «previsible» que se aborde la posibilidad de modificar las actuales restricciones para la próxima Semana Santa.

En todo caso, ha subrayado que el Gobierno Vasco permanece centrado «en el aquí y ahora», y es partidario de mantener la «prudencia extrema». Sagardui ha considerado que en los meses de marzo y abril seguirá siendo necesario mantener «medidas restrictivas» en el ámbito de la movilidad.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otro lado, la consejera ha aclarado que el Departamento de Salud no ha realizado «ningún cambio de estrategia» en la vacunación frente al coronavirus, «no se está vacunando menos, y no se ha retrasado la vacunación en domicilio». «Todos los que han requerido la administración en sus casas la han recibido, no ha habido problemas para ello», ha asegurado.

Según ha explicado, la semana pasada se vacunó a personas de más de 100 años en sus domicilios y ha precisado que no se va a comenzar ningún proceso de vacunación «masiva, por lo menos hasta que no lleguen más dosis». «Seguimos vacunando al ritmo en el que llegan las vacunas», ha señalado.

Al respecto, ha aclarado que la decisión de utilizar Illunbe, en San Sebastián, como centro de vacunación para «facilitar la accesibilidad», «no significa que se haya entrado en un proceso de vacunación masiva», sino que responde a que «se administran muchas vacunas cada día y es necesario elegir el lugar más adecuado en cada caso».

«Haremos vacunaciones masivas cuando haya vacunas suficientes para llamar al conjunto de la población, siguiendo los rangos de edad establecidos», ha subrayado.

Sagardui ha afirmado que en la actualidad, la vacunación con Pfizer y Moderna «ha cumplido su objetivo prioritario» que es «llegar a las personas más vulnerables y a las personas más expuestas».

Según ha concretado, esta semana ha finalizado la vacunación con Pfizer en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad –tanto en residentes como en trabajadores–; personal de Osakidetza de primera línea; personas de más de 100 años; primera línea de la Sanidad privada; el servicio de transporte sanitario, Cruz Roja y Dya.

Además, ha indicado que ha comenzado la vacunación de personas mayores y discapacitadas residentes en pisos tutelados y viviendas comunitarias; personas usuarias de los centros de día, además del personal que se vacuna con AstraZeneca; personas con discapacidad y gran dependencia que residen en sus domicilios; y personas de más de 90 años.

Sagardui ha informado de que esta mañana han llegado los listados de las personas con grado tres de discapacidad y de sus cuidadores, y desde Osakidetza se encuentran organizando su llamamiento. «Se les administrará la vacuna en sus casas, como se hará al colectivo de mayores de 80 años que lo necesiten», ha explicado.

La consejera de Salud también ha indicado que «en los próximos días» esperan iniciar la vacunación de los profesionales sanitarios de primera línea que ejercen su tarea en consultas privadas no contempladas dentro de las clínicas.

VACUNA DE ASTRAZENECA

Respecto a la vacunación con AstraZeneca, ha informado de que se está desarrollando en todos los colectivos previstos por la estrategia de vacunación, y ha recordado que se administra a personas menores de 55 años.

En este sentido, ha subrayado que por el momento, la indicación de la ficha técnica para Europa de AstraZeneca, sigue siendo que se suministre a menores de 55 años, por lo que no se va destinar a población con edades superiores. Además, ha aclarado que Osakidetza tiene prevista la vacunación de las personas de los colectivos que se están vacunado con AstraZeneca y que superan los 55 años.

«No es que no haya previsión, lo que pasa es que la vacuna indicada para ese colectivo en estos momentos la tenemos que priorizar a otros colectivos que son más vulnerables. De momento, para 65 y 55 años son Pfizer y Moderna que se están administrando a los colectivos más vulnerables», ha recordado.

DOSIS RECIBIDAS

La consejera ha informado de que el pasado viernes llegaron a Euskadi 8.000 vacunas de Moderna, «la mitad de las previstas originalmente». De Pfizer, llegaron el lunes 29.000 vacunas, «algo más de las previstas» y de AstraZeneca este martes se recibieron 16.900 dosis, aunque Sagardui ha subrayado que esta vacuna «está empezando a generar gran incertidumbre porque su suministro no es constante ni seguro».

«La semana pasada supimos que AstraZeneca va a tener problemas de suministro que nos compensarían a lo largo del mes de marzo, y que durante los meses de abril, mayo y junio, solo suministrará la mitad de las vacunas comprometidas con la Unión Europea», ha indicado.

Ante estas circunstancias, ha reconocido que «es difícil planificar más allá de una semana y gestionar la posible reserva que garantice las segundas dosis cuando corresponda».

Sagardui ha reconocido que el «prolongado tiempo» que se establece entre la administración de la primera y la segunda dosis, entre diez y doce semanas para la vacuna AstraZeneca, «permite prever que posibles roturas de suministro puedan ser corregidas con suficiente tiempo, como para garantizar la segunda dosis sin la necesidad de contar con un stock de diez semanas».

En este sentido, ha informado de que es intención del Gobierno Vasco establecer un stock máximo de tres semanas, por lo que durante las próximas seis semanas, se va a continuar con la administración de la vacuna AstraZeneca de la totalidad de dosis que se vayan recibiendo. «A pesar de las incertidumbres, se está vacunando según la planificación prevista», ha destacado.