Al menos 1 de cada 7 niños y jóvenes, lo que supone un total de 332 millones, ha vivido bajo políticas de confinamiento obligatorio o recomendado durante al menos nueve meses desde el comienzo de la pandemia, lo que ha puesto en riesgo su salud mental y su bienestar, según advierte UNICEF en un nuevo informe, donde insta a una mayor inversión en servicios de salud mental.

Si bien casi todos los niños del mundo han vivido alguna forma de confinamiento intermitente durante el pasado año, el nuevo análisis de UNICEF, realizado a partir de datos del Rastreador de las Respuestas Gubernamentales a la COVID-19 de Oxford, identifica algunas de las condiciones de confinamiento más duraderas en todo el mundo.

Según el análisis, de los 332 millones, 139 millones de niños a nivel global han vivido bajo confinamiento nacional obligatorio durante al menos 9 meses desde que la COVID-19 fue declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020; es decir, debían quedarse en casa obligatoriamente, salvo algunas excepciones como niños que viven en países como Paraguay, Perú y Nigeria. El resto, 193 millones, ha vivido bajo recomendaciones nacionales de quedarse en casa durante ese mismo espacio de tiempo.

«Con los confinamientos nacionales y las limitaciones de movimiento derivadas de la pandemia, ha sido un largo año para todos nosotros, pero especialmente para los niños. Cuando día tras día- estás lejos de tus amigos y tus seres queridos, y quizás incluso atrapado en casa con un agresor, el impacto es significativo», asegura la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

A su juicio, «muchos niños se han quedado abandonados sintiendo miedo, soledad, ansiedad y preocupación por su futuro. Debemos salir de esta pandemia con una aproximación mejor a la salud mental de los niños y adolescentes, y eso empieza dando al tema la atención que merece».

A medida que la pandemia entra en su segundo año, el impacto sobre la salud mental y el bienestar psicosocial de niños y jóvenes empieza a pasar factura. Una reciente encuesta de UNICEF U-Report dirigida a jóvenes en Latinoamérica y Caribe, que obtuvo más de 8.000 respuestas, reveló que más de una cuarta parte de los encuestados había experimentado ansiedad, y el 15 por ciento depresión.

Incluso antes de la pandemia, los niños y jóvenes soportaban el peso de los riesgos de la salud mental, ya que la mitad de todos los desórdenes mentales se desarrollan antes de los 15 años y el 75% antes de la primera edad adulta. De hecho, recuerdan que la mayoría de las 800.000 personas que se suicidan cada año son jóvenes, y las autolesiones son la tercera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 19 años, con las tasas más altas entre las adolescentes chicas. Se estima que a nivel mundial 1 de cada 4 niños vive con un progenitor que tiene un desorden mental.

Los datos presentados se han obtenido del Panel de control de UNICEF sobre las respuestas gubernamentales a la COVID-19 y las poblaciones afectadas, que a su vez se basa en datos del Rastreador de las Respuestas Gubernamentales a la COVID-19 de Oxford y la División de Población DAES de las Naciones Unidas, recopilados entre el 11 de marzo de 2020 y el 22 de febrero de 2021.

LOS NIÑOS, VULNERABLES FRENTE A LA PANDEMIA

Los confinamientos han dejado a muchos niños que experimentan violencia, negligencia o abuso en el hogar, a merced de sus abusadores y sin el apoyo de maestros, entorno familiar y comunidades. Los niños de grupos de población vulnerables -como los que viven y trabajan en la calle-, los niños con discapacidades y los niños que viven en situaciones de conflicto corren el riesgo de que sus necesidades de salud mental pasen desapercibidas por completo.

Unicef recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la pandemia de COVID-19 ha alterado o interrumpido los servicios esenciales de salud mental en el 93% de los países de todo el mundo, mientras que la demanda de apoyo a la salud mental está creciendo. En un estudio llevado a cabo en 194 ciudades de China, el 16% de los encuestados reportó síntomas de depresión de moderados a severos durante la pandemia, y el 28% síntomas de ansiedad de moderados a graves.

En respuesta a ello, UNICEF está apoyando a los gobiernos y las organizaciones aliadas para priorizar y adaptar a los niños los servicios que prestan. Por ejemplo, en Kazajistán, UNICEF ha lanzado una plataforma online de servicios de asesoramiento individual para niños, además de proporcionar formación a distancia para especialistas de salud mental en las escuelas. En China, UNICEF y la empresa de redes sociales Kuaishou lanzaron un reto online para ayudar a reducir la ansiedad en los niños.

A finales de este año, UNICEF dedicará uno de sus informes insignia, el llamado Estado Mundial de la Infancia, que se publica cada dos años, a la salud mental de niños y adolescentes. Es parte de los esfuerzos de la organización por aumentar la conciencia sobre este desafío global, proponer soluciones e instar los gobiernos a que presten mayor atención al problema.

«Si bien no apreciamos lo suficiente esta urgencia antes de la pandemia de COVID-19, seguramente sí lo hagamos ahora. Los países deben invertir notablemente en la ampliación de los servicios de salud mental y el apoyo a los jóvenes y sus cuidadores en las comunidades y las escuelas. También necesitamos programas de crianza ampliados para garantizar que los niños de familias vulnerables obtengan el apoyo y la protección que necesitan en sus hogares», ha añadido Fore.

Los populares lucenses han pedido al Gobierno central que tengan en cuenta las alegaciones presentadas por comunidades, ayuntamientos y sindicatos agrarios al proyecto de orden ministerial promovido por el Gobierno central de incluir todas las poblaciones de lobo de España en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe), lo que supone el veto a que se pueda cazar.

El PP, en el marco del procedimiento de consulta pública previa de dicha orden, han trasladado su «absoluto rechazo» ante esta medida que consideran «injustificada, innecesaria e inoportuna», por lo que solicitan, una vez más, al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez que desista de su tramitación.

Así lo han trasladado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano; y la presidenta provincial, Elena Candia; acompañados del diputado en el Congreso Joaquín García Díez; del senador, José Manuel Barreiro, y del alcalde de Friol, José Ángel Santos, entre otros dirigentes populares.

Todos ellos pudieron conocer ‘in situ’ cómo afectará a los ganaderos esta norma durante la visita a la comunidad de montes vecinales de Carballo, en Friol, que cuenta con 700 hectáreas de monte en las que crían caballos, cabras y cerdos de la raza celta.

Segundo ha trasladado el presidente de la comunidad, Ángel Buján, «en los últimos años hubo más de 200 pérdidas a causa del lobo». «Tenemos que convivir con el lobo, pero no podemos pagar la factura los mismos de siempre, los ganaderos», ha añadido.

DE OLANO: MEDIDA «AUTORITARIA, ARBITRARIA Y ANTIDEMOCRÁTICA»

Los populares han repasado las iniciativas que impulsan en las distintas instituciones frente a una medida que, si se materializa, «atacaría directamente» a la ganadería extensiva actuando, en palabras de Jaime de Olano, de forma «autoritaria, arbitraria y antidemocrática».

«Se están desentendiendo del medio rural al no valorar el conflicto que supone la coexistencia del lobo con las ganaderías. Prohibir su caza atenta directamente contra los intereses de nuestros ganaderos. Nos parece un auténtico despropósito», ha esgrimido Candia. «No es que lo digamos desde el PP, lo dice el sector», ha apostillado.

«NO SE SOSTIENE»

Los populares han recordado que en la actualidad en el Lesrpe solo están incluidos de oficio por el Ministerio los ejemplares de lobo ibérico localizados al sur del río Duero pero si la dicha orden sale aprobada, se incorporarían todas las poblaciones españolas de la especie.

Esta inclusión que, bajo el punto de vista del PP, «no se sostiene desde el punto de vista científico ni de la biodiversidad» y, añaden los populares, «dificultaría mucho» la gestión de la especie que realizan en los últimos años las comunidades con más población de lobos (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que concentran el 95% de los ejemplares de todo el país.

Además de pedir al PSOE que «se defina» y concrete una postura, ya que «hay alcaldes que votan una cosa en sus ayuntamientos y otra distinta en la Diputación», los populares esgrimen que, como ya defendió la Administración autonómica, «hay garantías de que la explotación realizada sobre esta especie fue y es compatible con el mantenimiento de la misma en un estado de conservación favorable, algo que el ministerio pretende ahora alterar».

Lo contrario, adoptar una medida que prohíbe completamente su caza, supone, según De Olano, «un ataque directo más a la Galicia rural por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo lunes 8 de marzo, Medicusmundi afirma que «nacer mujer perjudica seriamente a la salud», y para demostrarlo hace un recopilatorio de la situación vivida por las mujeres en la asistencia sanitaria.

Así, recuerda que fue a raíz del movimiento feminista cuando las mujeres se empiezan a cuestionar el modelo de interacción médico-paciente. «Pero tendríamos que esperar hasta los años noventa cuando las asociaciones médicas comienzan a plantear las necesidades médicas más allá de la simple reproducción. Concretamente en 1991, un artículo publicado en ‘The New England of Medicine’ inició el debate sobre los sesgos de género en la atención sanitaria», destaca.

Por otra parte, la exclusión de la mujer en los ensayos clínicos no se plantea hasta los noventa. El hecho de realizar ensayos sobre los hombres como sujetos de estudio y la extrapolación de los resultados a las mujeres no tiene en cuenta las diferencias fisiológicas más allá de la anatomía de la sexualidad y la reproducción. También hay diferencias a la hora de enfermar o reaccionar ante un fármaco.

Según Maite Climent, presidenta de Sociedad española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria en la Comunitat Valenciana (SEFAC-CV), «este rol de género, por una parte el considerar al hombre como modelo de especie humana y al mismo tiempo ocupar durante mucho tiempo posiciones más elevadas en la vida sociocultural y política ha otorgado mayores beneficios y acceso a distintos recursos, entre ellos los sanitarios, a quienes estaban en posiciones más elevadas dentro de la jerarquía de género».

Por tanto, continúa, «es útil identificar las interacciones de sexo y género puesto que producen diferencias en los estados de salud-enfermedad, y porque las diferencias por sexo pueden estar justificando sesgos de género en la atención sanitaria».

Climent afirma que una de las áreas que más incrementa la brecha en salud es la relacionada con los ensayos clínicos de fármacos. La principal crítica es que no siempre se incluyen muestras de ambos sexos, por lo que los posteriores análisis no pueden realizarse por sexo. Sin cuestionar la eficacia del producto, el principal problema se centra en la efectividad, alterada por la variabilidad hormonal de las mujeres durante el ciclo menstrual. Es decir, hacen falta más análisis por sexo y edad para aumentar la efectividad y reducción de reacciones adversas a los medicamentos.

Por ejemplo, hoy sabemos que la mujer por su mayor proporción de grasa corporal necesita menos dosis de algunos fármacos para el mismo efecto. A los hombres se les prescribe dosis de 10 mg y las mujeres con 5 mg tendrían suficiente, por poner un ejemplo.Enfermedades que evidencian una brecha de género

Las diferencias de genero también se puede ver en que el sexo femenino es el que presenta un mayor número de síntomas sin diagnóstico. «Y se ha investigado poco sobre esos síntomas, que siguen siendo mayoritarios en mujeres y todavía hoy no tenemos una respuesta sanitaria adecuada», explica la experta.

Otras enfermedades tres veces más frecuentes en la mujer son las derivadas de los trastornos alimenticios, fruto de una imposición social por el canon de belleza. Después de la edad avanzada, el sexo femenino es el principal factor de riesgo. Una explicación posible pero no totalmente confirmada es la mayor longevidad de las mujeres. A ello se une la mayor presencia de patología depresiva en mujeres. La depresión lleva implícita pérdida de memoria y mayor consumo de medicamentos con efectos cognitivos adversos que los hombres.

La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 19 años de prisión a un hombre por violar, maltratar y humillar a su mujer durante cuatro años en los domicilios en los que residían en la provincia de Sevilla. El tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, según consta en la sentencia facilitada por el Supremo.

La Audiencia le condenó a 11 años de prisión por un delito continuado de violación, con la circunstancia agravante de parentesco, a 2 años de prisión por un delito de violencia habitual en la pareja, a 2 años de prisión por un delito continuado de amenazas condicionales, a 2 años de prisión por un delito de coacciones y a una pena de 2 años de prisión por cuatro delitos de lesiones leves o maltrato de obra en la pareja (seis meses de prisión por cada uno de ellos).

Asimismo, le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a su esposa, de establecer comunicación con ella por cualquier medio, y la medida de 5 años de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la extinción de la pena. También acordó el pago a la mujer de una indemnización de 35.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

En su recurso, el condenado cuestionaba la credibilidad de la víctima, la persistencia en las declaraciones de la denunciante y la existencia de contradicciones en las mismas; y resaltaba que la denuncia se interpuso dos meses después de la ruptura con el acusado, coincidiendo con los trámites del divorcio.

La Sala responde en su sentencia que el testimonio de la denunciante en esta causa se ajusta perfectamente a los rasgos que dotan de credibilidad a una declaración. Recuerda que la sentencia de instancia consideró que desde la denuncia inicial hasta el juicio, la mujer narró sin modificaciones sustanciales, pero también sin incurrir en una repetición mecánica, los mismos episodios cruciales y las mismas conductas características del maltrato sufrido, aderezando su relato en puntos concretos con una mímica descriptiva congruente con lo que cuenta y que aumenta su expresividad, como cuando imita el gesto de cogerla por el cabello y arrastrarla por el suelo, o el de sujetarla por el cuello para introducirla en la casa en el último incidente, entre otros.

Por ello, afirma que «el desgarrado estado emocional que acompaña a su narración», como hizo notar la policía primero y la médica forense, más tarde, y que hizo durísimo asistir a su declaración en juicio, con llanto continuo, ocasionalmente desbordado en sollozos, ansiedad y dificultades para mantener un ritmo respiratorio normal, episodios por los que siempre pedía disculpas, «es también consistente con la vivencia real de las enormidades que cuenta la mujer y difícilmente compatible con la fabulación o simulación».

A este respecto, rechaza que el retraso de la víctima en denunciar conlleve la duda acerca de la credibilidad, como apunta el recurrente, ya que se trata de víctimas que se encuentran sometidas a un ambiente de opresión generado por la violencia de todo tipo, soterrada en ocasiones y explícita en otras, que dibuja el marco de convivencia conyugal y familiar con el agresor.

La Sala subraya que «no puede considerarse anómalo el que, una vez la víctima vence sus temores y se anima a denunciar, vuelque en su exposición todos los incidentes que su memoria ha sido capaz de retener. Especialmente los que alcanzan sustantividad propia, como el ser compelida a mantener una relación sexual no deseada y finalmente impuesta». En suma, «cuesta mucho denunciar, como para que el simple retraso en hacerlo prive de credibilidad su declaración».

Por otro lado, la Sala considera que la sentencia recurrida verifica ese análisis de los elementos corroboradores de la declaración de la acusada, al describir las amenazas que escucharon los testigos, la violencia del acusado hacia la víctima también presenciada por éstos, el hecho de que esos testigos escucharan poco después de estos actos violentos la versión de la víctima de lo que le estaba haciendo el acusado o la constatación de que el cuarto de la víctima tenía un cerrojo por fuera.

Finalmente, el tribunal señala que otros elementos que corroboran la declaración de la acusada son los informes periciales de la médica forense y de la psicóloga del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ambos ratificados en juicio y plenamente coincidentes en haber observado en la denunciante secuelas psíquicas (baja autoestima, alta dependencia emocional, intensa sintomatología ansioso-depresiva, etcétera), precisadas de atención especializada y altamente compatibles con la situación de maltrato que ella relata.

HECHOS PROBADOS

La Sala confirma los hechos probados de la sentencia recurrida que acreditan que la convivencia de la pareja, que vivió en Dos Hermanas, primero, y después en Coria del Río, se vio marcada por la «extrema dependencia emocional» de la mujer hacia el acusado y por el comportamiento «celoso, despectivo, controlador y progresivamente violento de este».

Durante los cuatros años que duró la convivencia –de 2014 a 2018–, el comportamiento abusivo del acusado «se agravó, en una espiral solo interrumpida por breves fases de arrepentimiento, reconciliación o simple tranquilidad, que hacían que la víctima se sintiera feliz mientras duraban y concibiera en cada una de esas ocasiones la falsa esperanza de que fuera el comienzo de un cambio permanente de la conducta del acusado, lo que estaba muy lejos de suceder».

Por el contrario, el hombre, según los hechos probados, intensificó su actitud de control y aislamiento familiar y social de su esposa, dificultando que se viera con sus amigas, a las que llamaba ninfómanas, y que visitara a su familia de origen, llegando a golpearla cuando ella se lo pedía.

El relato de hechos probados recoge que cuando se producían «nimios incidentes o discusiones banales entre ellos, el acusado sumergía la cabeza de la causada en el agua de la bañera, o le apretaba una almohada contra la cara; provocando de ambas formas una sensación de asfixia a su mujer, que llegaba a sentir el temor de que realmente fuera a poner fin así a su vida». En su afán por controlarla, el acusado colocó un cerrojo en el dormitorio, con cerradura de la que solo él tenía llave y sin picaporte, y «cuando le venía en gana» la dejaba encerrada.

En varias ocasiones, la humillaba haciéndola dormir en el suelo, desnuda y sin ropa de abrigo, tanto en verano como en invierno, e incluso llegó a arrastrarla en varias ocasiones sobre los orines y las heces de los dos perros que tenía la pareja, diciéndole también que ella era un perro más.

En ese marco de permanente humillación, sojuzgamiento y temor, según los hechos probados, no faltaron los golpes del acusado a su esposa, a quien también obligaba a mantener relaciones sexuales contra su voluntad y por la fuerza, sin que su pareja, en el estado de temor y subordinación en que vivía, acertara a oponer una resistencia.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la mujer de 46 años asesinada este martes en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (Madrid) es la cuarta víctima de violencia de género en lo que va de 2021.

El cuerpo de la mujer era encontrado con hasta siete puñaladas en el edificio donde trabajaba como conserje. El supuesto agresor, que está detenido, es un hombre de 48 años con el que la víctima tenía dos hijos, pero no convivía, según la información facilitada por la Policía y Emergencias 112.

Igualdad confirma, en este sentido, que uno de los hijos de la asesinada es menor de edad. Es el primer huérfano de la violencia de género en lo que va de año. Además, el departamento que dirige Irene Montero señala que no había denuncias previas por parte de la mujer contra su presunto agresor.

Con este suceso, ya son cuatro las asesinadas en 2021 y a 1.082 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Por lo que respecta a menores huérfanos, son 305 desde 2013.

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Tanto Montero como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016 y las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es funcionan con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

A través de este servicio, explica, se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también apunta que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, recuerda.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este miércoles la «vigencia» del legado de Emilia Pardo Bazán en su lucha por la igualdad, y ha defendido el feminismo como «encuentro y no trinchera».

Así lo ha trasladado durante su intervención en el acto de presentación del libro ‘Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán’, de las profesoras Marilar Aleixandre y María López Sández, editado por Galaxia en su colección Feminismos.

Núñez Feijóo ha reivindicado a «doña Emilia», una «figura incuestionable» sin la cual la historia de la lucha por la igualdad estaría «huérfana». Así, ha recordado que, junto a Rosalía de Castro y Concepción Arenal, Pardo Bazán representa la «vanguardia feminista».

Al respecto, ha destacado que el libro de Aleixandre y López Sández concentra los «pilares» del «feminismo precursor» pero cuyos principios están «plenamente vigentes en la actualidad». «Su legado no desfalleció y hay la necesidad de reivindicar ese feminismo democrático, no de un día, un mes o un año. La causa de la igualdad es de todos, y de todos los días, no solo del 8 de marzo», ha proclamado el presidente gallego.

A ese respecto, ha señalado que, en este 2021, la conmemoración del 8 de marzo «no es ajena a la pandemia» y ha recordado que es «obligado mantener todas las medidas de prevención». También ha añadido que «el feminismo es encuentro, no trinchera» y «el tiempo situará en su sitio a quienes se apropien del feminismo y lo usen como arma de confrontación política».

PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO DE SU MUERTE

Por otra parte, con motivo del centenario este año de la muerte de Pardo Bazán, ha avanzado que la Xunta desarrollará un programa de actos que incluirá dos congresos internacionales, con la colaboración de la Real Academia Galega y de las tres universidades gallegas.

Asimismo, se hará una «gran exposición» en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y la Comunidad de Madrid, que irá de la capital de España a la ciudad de A Coruña, y que incluirá 200 piezas de la propia Biblioteca y de la RAG, así como otros fondos públicos y privados.

MARILAR ALEIXANDRE Y MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ

Mientras, las autoras de este ensayo han destacado que, gracias a Emilia Pardo Bazán, «las mujeres de hoy son dueñas de sus deseos, de sus destinos y de sus cuerpos», tal y como ha recalcado Marilar Aleixandre, que ha aseverado que la autora, que fue la primera que habló de «mujericidios» cuando todo el mundo hablaba de «crímenes de honor o pasionales», hoy en día «apoyaría las reivindicaciones del 8 de marzo, aunque este año no se puedan hacer por la pandemia».

En esa línea, la profesora López Sández ha apuntado que la tarea de escribir esta obra ha supuesto «un diálogo con mujeres precursoras», de hecho, está dedicado a las abuelas de las autoras, y ha recordado que Pardo Bazán, que defendió la formación de las mujeres o la coeducación, se calificó a sí misma como «feminista radical»

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha advertido este miércoles de que en los meses de marzo y abril seguirá siendo necesario mantener «medidas restrictivas» en el ámbito de la movilidad, dado que es necesario actuar con «prudencia extrema» para evitar la expansión del coronavirus.

En la comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar de la evolución de la pandemia, Sagardui ha destacado que el descenso de la incidencia acumulada en 14 días se ha «ralentizado mucho», ya que se sitúa en 243,85 casos por 100.00 habitantes y el índice reproductivo, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se mantiene en 0,88.

En el ámbito asistencial, ha recordado que hay hospitalizados en planta 267 personas con coronavirus y 126 en las Unidades de Cuidados intensivos (UCI), seis menos que la semana anterior. «A pesar de haber bajado, todavía son muchas personas, demasiadas», ha indicado antes de recordar que Euskadi se mantiene en un escenario 3 de los cinco previstos por Osakidetza en su plan de ocupación de las UCI.

Con esta situación, ha insistido en que la incidencia de la pandemia en Euskadi «aún es muy alta» y ha recordado que el objetivo del Gobierno Vasco es llegar a los 60 casos por 100.000 habitantes, por lo que es necesario «continuar manteniendo las medidas de precaución para parar la propagación del virus».

«Pensamos que la evolución puede mantenerse en una tendencia a la baja, que las subidas pueden corresponder a cambios puntuales y esperamos continuar bajando lentamente durante el mes de marzo, aunque esto está directamente condicionado a la tasa de incidencia acumulada y a que se mantenga en valores no superiores a 200», ha explicado.

Asimismo, ha informado de que en la reunión de la Comisión Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde, es «previsible» que se aborde la posibilidad de modificar las actuales restricciones para la próxima Semana Santa.

En todo caso, ha subrayado que el Gobierno Vasco permanece centrado «en el aquí y ahora», y es partidario de mantener la «prudencia extrema». Sagardui ha considerado que en los meses de marzo y abril seguirá siendo necesario mantener «medidas restrictivas» en el ámbito de la movilidad.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otro lado, la consejera ha aclarado que el Departamento de Salud no ha realizado «ningún cambio de estrategia» en la vacunación frente al coronavirus, «no se está vacunando menos, y no se ha retrasado la vacunación en domicilio». «Todos los que han requerido la administración en sus casas la han recibido, no ha habido problemas para ello», ha asegurado.

Según ha explicado, la semana pasada se vacunó a personas de más de 100 años en sus domicilios y ha precisado que no se va a comenzar ningún proceso de vacunación «masiva, por lo menos hasta que no lleguen más dosis». «Seguimos vacunando al ritmo en el que llegan las vacunas», ha señalado.

Al respecto, ha aclarado que la decisión de utilizar Illunbe, en San Sebastián, como centro de vacunación para «facilitar la accesibilidad», «no significa que se haya entrado en un proceso de vacunación masiva», sino que responde a que «se administran muchas vacunas cada día y es necesario elegir el lugar más adecuado en cada caso».

«Haremos vacunaciones masivas cuando haya vacunas suficientes para llamar al conjunto de la población, siguiendo los rangos de edad establecidos», ha subrayado.

Sagardui ha afirmado que en la actualidad, la vacunación con Pfizer y Moderna «ha cumplido su objetivo prioritario» que es «llegar a las personas más vulnerables y a las personas más expuestas».

Según ha concretado, esta semana ha finalizado la vacunación con Pfizer en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad –tanto en residentes como en trabajadores–; personal de Osakidetza de primera línea; personas de más de 100 años; primera línea de la Sanidad privada; el servicio de transporte sanitario, Cruz Roja y Dya.

Además, ha indicado que ha comenzado la vacunación de personas mayores y discapacitadas residentes en pisos tutelados y viviendas comunitarias; personas usuarias de los centros de día, además del personal que se vacuna con AstraZeneca; personas con discapacidad y gran dependencia que residen en sus domicilios; y personas de más de 90 años.

Sagardui ha informado de que esta mañana han llegado los listados de las personas con grado tres de discapacidad y de sus cuidadores, y desde Osakidetza se encuentran organizando su llamamiento. «Se les administrará la vacuna en sus casas, como se hará al colectivo de mayores de 80 años que lo necesiten», ha explicado.

La consejera de Salud también ha indicado que «en los próximos días» esperan iniciar la vacunación de los profesionales sanitarios de primera línea que ejercen su tarea en consultas privadas no contempladas dentro de las clínicas.

VACUNA DE ASTRAZENECA

Respecto a la vacunación con AstraZeneca, ha informado de que se está desarrollando en todos los colectivos previstos por la estrategia de vacunación, y ha recordado que se administra a personas menores de 55 años.

En este sentido, ha subrayado que por el momento, la indicación de la ficha técnica para Europa de AstraZeneca, sigue siendo que se suministre a menores de 55 años, por lo que no se va destinar a población con edades superiores. Además, ha aclarado que Osakidetza tiene prevista la vacunación de las personas de los colectivos que se están vacunado con AstraZeneca y que superan los 55 años.

«No es que no haya previsión, lo que pasa es que la vacuna indicada para ese colectivo en estos momentos la tenemos que priorizar a otros colectivos que son más vulnerables. De momento, para 65 y 55 años son Pfizer y Moderna que se están administrando a los colectivos más vulnerables», ha recordado.

DOSIS RECIBIDAS

La consejera ha informado de que el pasado viernes llegaron a Euskadi 8.000 vacunas de Moderna, «la mitad de las previstas originalmente». De Pfizer, llegaron el lunes 29.000 vacunas, «algo más de las previstas» y de AstraZeneca este martes se recibieron 16.900 dosis, aunque Sagardui ha subrayado que esta vacuna «está empezando a generar gran incertidumbre porque su suministro no es constante ni seguro».

«La semana pasada supimos que AstraZeneca va a tener problemas de suministro que nos compensarían a lo largo del mes de marzo, y que durante los meses de abril, mayo y junio, solo suministrará la mitad de las vacunas comprometidas con la Unión Europea», ha indicado.

Ante estas circunstancias, ha reconocido que «es difícil planificar más allá de una semana y gestionar la posible reserva que garantice las segundas dosis cuando corresponda».

Sagardui ha reconocido que el «prolongado tiempo» que se establece entre la administración de la primera y la segunda dosis, entre diez y doce semanas para la vacuna AstraZeneca, «permite prever que posibles roturas de suministro puedan ser corregidas con suficiente tiempo, como para garantizar la segunda dosis sin la necesidad de contar con un stock de diez semanas».

En este sentido, ha informado de que es intención del Gobierno Vasco establecer un stock máximo de tres semanas, por lo que durante las próximas seis semanas, se va a continuar con la administración de la vacuna AstraZeneca de la totalidad de dosis que se vayan recibiendo. «A pesar de las incertidumbres, se está vacunando según la planificación prevista», ha destacado.

El Real Automóvil Club de España (RACE) y la plataforma Ponle Freno, la acción social impulsada por Atresmedia, han advertido de los riesgos que conllevan en materia de siniestralidad vial las distracciones al volante por el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y han apostado por la formación y las mejoras tecnológicas para ponerle freno.

Así lo han indicado este miércoles los representantes de estas organizaciones, que han comparecido ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados con ocasión del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.

En concreto, el presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), Carmelo Sanz de Barros, ha explicado que, «hace muy poquito», las distracciones al volante se centraban en el uso que se hacía del móvil para hablar exclusivamente.

«Hoy en día nos encontramos con nuevos motivos de riesgos derivados, entre otros, de la manipulación del teléfono mientras se conduce para hacer uso de las aplicaciones móviles o de las redes sociales, chatear, etcétera», ha señalado.

«Nuestro reto estará, en este sentido, en hacer usuarios responsables mediante la formación vial, en cómo emplear correctamente las novedades en el ámbito de las comunicaciones, de tal forma que los usuarios sean conscientes de los riesgos que un uso inadecuado de las mismas pueden comportar», ha manifestado el presidente del RACE.

Javier Olave Gabarre, en representación de la plataforma Ponle Freno (Atresmedia), ha puesto de manifiesto que ahora mismo la causa más grande de accidentes que hay en España son los WhatsApp, «es la distracción al volante por los teléfonos móvil». Así, ha defendido la necesidad de impulsar que la tecnología al volante se limite y que el coche «anule el WhatsApp.

Respecto a las nuevas formas de movilidad, el presidente del RACE ha destacado que «han venido para quedarse» y ha reclamado «las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones» para todos los usuarios de la vía, independientemente del medio que se utilice. Además, ha puesto de relieve la necesidad de incluir la formación vial en las distintas etapas educativas.

Para el representante de Ponle Freno, «las grandes patas» son la formación y la pedagogía. «Este punto es en lo que peor estamos en España con diferencia. Tenemos que conseguir que la gente quiera aprender seguridad vial y, sobre todo, tenemos que conseguir que a nuestros niños les formen en el colegio, en educación vial», ha destacado Olave.

Según ha señalado, los vehículos personales son «un problema creciente, a lo bestia». Olave ha considerado que los medios tienen que hacer pedagogía sobre el uso de patinetes, bicicletas, etc. «Muchas veces tratamos de hacer pedagogía con el vehículo poderoso, pero hay que enseñarle también al vulnerable que, por su propio bien, tiene que comportarse con educación», ha indicado.

En cuanto al pago por uso de las vías, Sanz de Barros ha manifestado que la posición del RACE es «muy clara» y es que «todo lo que lleve al usuario a pagar más afecta a la gente que más necesidad tiene», aquella que «no se puede comprar un coche nuevo de última generación» o la que «no puede pagar un peaje» que se va a una vía secundaria donde existe «la mayor incidencia de siniestralidad».

Además, el presidente del RACE se ha mostrado partidario del uso de badenes reductores de velocidad en zonas específicas como colegios, siempre y cuando estén «bien señalizados y bien iluminados», pero ha defendido que hay otras medidas «mucho más interesantes y menos arriesgadas».

Sobre el uso de chalecos con airbag entre los motoristas, ha reconocido que en la actualidad son «caros» y que es un problema de oferta y demanda, por lo que ha apostado por fomentar e incentivar el uso de estas nuevas tecnologías para así lograr unos precios más acomodados.

Olave, de su lado, se ha referido también a la instalación de bloques de hormigón para delimitar los carriles de la calzada por los que antes de la pandemia circulaban coches y ahora los peatones. «Me parece que es una medida bienintencionada, pero que se ha realizado de una manera que es atroz», ha declarado, para después advertir del peligro que supone para los motoristas y agregar que deberían ser retirados «inmediatamente».

Por otro lado, ha pedido diferenciar entre violencia vial y «de lo que es una pequeña indisciplina» y ha defendido que «los actos de violencia tienen que ser perseguidos y condenados, como en otros órdenes de la vida».

Durante su intervención, el presidente de honor de la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial), Luis Montoro González, ha puesto de relieve que es «preciso» actuar «de manera rápida, urgente y sin dilación» sobre la siniestralidad de los grupos vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas).

De este modo, Montoro González ha abogado por impulsar campañas de información y formación, así como acciones específicas para estos grupos. «Iluminar un paso para peatones significa poder evitar el 25 por ciento de los accidentes de tráfico», ha argumentado.

El presidente de honor de Fesvial considera, además, que hay que actuar «de manera más contundente» sobre los factores de riesgo y el uso de sistemas de seguridad. «Hay un pequeño grupo de factores de riesgo –por este orden, distracciones, velocidad, alcohol y drogas– que, en mi opinión, están causando de manera directa o indirecta aproximadamente el 70 por ciento de los accidentes de tráfico», ha agregado.

Finalmente, en relación con el permiso de conducir por puntos, ha puesto de relieve que es necesaria su actualización y revisión. Considera que es el momento de hacer «cambios», como modificar el catálogo de infracciones.

El Instituto Cervantes abrirá extensiones en El Paso (Estados Unidos) y Ramala (Palestina), según ha aprobado este miércoles el Consejo de Administración. La primera, que se ubicará en la Universidad de Southwest, dependerá del centro del Cervantes en Albuquerque (Nuevo México); la segunda estará adscrita al centro ubicado en Amán (Jordania).

El Paso es un lugar especialmente significativo por ser donde comenzó a construirse el muro que separa Estados Unidos y México. Es la ciudad estadounidense con mayor porcentaje de hispanos, un 83% (según el censo de 2019). La nueva extensión del Instituto se centrará en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE), si bien incidirá en cursos especiales relacionados con la herencia cultural hispana, el perfeccionamiento de la lectura y escritura en español y el conocimiento de la cultura en español, como detalla la institución.

Uno de los programas estrella creado por el Instituto Cervantes de Albuquerque, y por el cual dicha universidad ha mostrado especial interés, es ‘Pride and Heritage’ (‘Orgullo y Herencia’), donde el concepto «herencia» se asimila con patrimonio cultural. Otro curso destacado será el de español para trabajadores de la salud, ya que Southwest University está especialmente centrada en los grados de Medicina y Enfermería, y en la ciudad fronteriza estos profesionales necesitan saber español porque muchos de sus pacientes no hablan inglés.

En cuanto a las futuras actividades culturales, la cónsul honoraria en El Paso y la cónsul general en Houston, además de la Embajada, están en conversaciones con el alcalde y representantes de otros organismos estatales para planificar acciones relacionadas con el arte, la ciencia y la cultura en español.

El Instituto Cervantes considera esencial promocionar el español y su cultura en Estados Unidos, y de manera especial en Nuevo México, Texas y California, para que se considere un idioma de cultura y de ciencia, y que los inmigrantes de origen hispano instalados en allí se sientan orgullosos de sus raíces.

La cesión del espacio en la Universidad de Southwest es totalmente gratuita. Se prevé contar con un aula de unos 30 metros cuadrados perfectamente equipada, y se podrá disponer del auditorio de la universidad para acoger las actividades culturales.

RAMALA, EN DOS FASES

En cuanto a Ramala, en Palestina, la nueva extensión dependerá del Instituto Cervantes de Amán, en la capital jordana. Sus responsables, en colaboración con el Consulado de España en Jerusalén, quieren impartir cursos de español en esa ciudad situada en Cisjordania, a 15 kilómetros de Jerusalén.

El proyecto se realizaría en dos fases: una fase piloto hasta septiembre de 2021, y otra segunda fase a partir de esa fecha.

En la primera, las clases se impartirán en un aula alquilada al Centro Español de Visados en Ramala. En la siguiente fase, está previsto que se trasladen en septiembre a las dependencias del Centro franco-alemán, tras la firma del acuerdo pertinente.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir a Vox del debate entre candidatos celebrado en Antena 3 con motivo de los comicios generales del 28 de abril de 2019 por no tener representación parlamentaria en ese momento.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respaldado el acuerdo adoptado el 16 de abril de 2019 por la JEC que, atendiendo las reclamaciones de Coalición Canaria, Junts y PNV, determinó que Vox no podía participar en el debate electoral organizado por la cadena de televisión ese 23 de abril al no estar presente en la Cámara Baja.

La JEC estableció que se debía estar a los resultados obtenidos en las anteriores elecciones al Congreso de los Diputados, celebradas en 2016 y en las que Vox solo obtuvo el 0,1 por ciento de los votos sin lograr escaño, mientras que los partidos reclamantes sí consiguieron asientos: uno Coalición Canaria, cinco PNV y ocho la antigua Convergència.

Además, argumentó que Vox no podía ser considerado un grupo político significativo ya que, si bien en las elecciones al Parlamento de Andalucía había alcanzado el 10,96 por ciento de los votos, ese resultado no se podía extrapolar a unos comicios de ámbito nacional en los cuales no había alcanzado el mínimo del 5 por ciento que exige la JEC para otorgar tal consideración.

La Junta Electoral Central se basó en su Instrucción 4/2011, de 24 de marzo –cuya nulidad parcial pretendía Antena 3–, donde se establece que los debates electorales en las televisiones privadas, en caso de que decidan celebrarlos, deben tener en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes.

La Sala III del Supremo ha estimado que esta instrucción no infringe el ejercicio de la libertad de comunicar información veraz por cuanto nada impide que a los debates electorales se puedan sumar los partidos que no consiguieron escaños en los anteriores comicios siempre que también se dé la posibilidad de participar a quienes sí obtuvieron representación parlamentaria.

«En otras palabras, no hay imposición de un modelo único, sino suficiente flexibilidad para que las televisiones privadas se organicen», han dicho los magistrados en una sentencia del pasado 25 de febrero que se ha conocido este miércoles.

OFRECER TODAS LAS ALTERNATIVAS

En este sentido, han defendido que la instrucción de la JEC no solo responde al propósito de «asegurar información veraz, plural, completa y neutral de las ofertas electorales al elector a fin de que esté en condiciones de decidir con libertad su voto», sino que además «es necesaria ya que de otro modo no se asegura que reciba información de todas las alternativas».

La opción planteada por Antena 3 en su recurso, han contestado, «no garantiza el conocimiento de todas las opciones» porque «olvida a quienes ya tuvieron representación y prefiere a quien no la tiene en función de una predicción que puede realizarse o no». «Descansa, pues, en una hipótesis no contrastada frente a una realidad efectiva», han recalcado.

Por estas razones, el alto tribunal ha entendido que el debate a cinco –Vox inclusive– que pretendía el medio de comunicación «no atiende a los principios de garantía del pluralismo político, a la igualdad entre los contendientes y, en tanto parcial, no es neutral ni proporcionada. «En definitiva, no es conforme a la Ley», ha afirmado.

EL NUEVO SISTEMA MULTIPARTIDISTA

El Supremo ha analizado asimismo los límites a los que están sujetas las televisiones privadas en campaña electoral para garantizar en sus informaciones los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa, tal y como obliga la Ley Electoral en su artículo 66.2.

A su juicio, «la distinta realidad política debida a la transformación del sistema de partidos, que ha pasado de ser tendencialmente bipolar a multipartidista, no invalida la opción del legislador» plasmada en la Instrucción 4/2001, sino todo lo contrario.

«Si son más los protagonistas de la competición electoral, con más motivo habrá que asegurar que la información ofrecida por el canal cualificado de la televisión, también de la privada, se refiera a todos, empezando por los que han recibido ya el suficiente apoyo ciudadano para obtener representación, sin perjuicio de que se extienda también a los nuevos actores», ha razonado el TS.

En cualquier caso, ha sostenido que la instrucción de la JEC no afecta a la libertad de comunicar información veraz sino a la forma de hacerlo, para garantizar dichos principios pero con la «suficiente flexibilidad» para el medio. «Este extremo es determinante», ha subrayado, concluyendo que así no se afecta al «contenido esencial» del artículo 20 de la Constitución y se da lugar a que «el elector disponga de todos los elementos de juicio».

La Fiscalía Anticorrupción considera que aún persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en el caso del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, si bien ha solicitado su puesta la libertad argumentando que la prisión provisional acordada hace tres años y cuatro meses se puede convertir en una «pena anticipada».

Según exponen los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano en el escrito que han presentado este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, quien instruye el caso ‘Tándem’, no hay previsión de que se pueda juzgar a Villarejo antes de noviembre –cuando se cumple el plazo máximo que puede estar en la cárcel sin una condena– ni parece que la instrucción del caso vaya a llegar a su fin en fechas próximas.

La petición de excarcelar al expolicía llega justo un día después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara su recurso contra la decisión que adoptó el pasado 10 de febrero de ponerle en libertad sólo con respecto a las tres primeras piezas de la macrocausa que se juzgarán en un único juicio el próximo mes de diciembre –‘Pintor’, ‘Iron’ y ‘Land’– y para las que Fiscalía pide 100 años de cárcel.

El Ministerio Público destaca en su escrito dirigido al juez instructor que la situación provisional de Villarejo siempre se ha justificado por el «elevado riesgo de fuga y un evidente riesgo de reiteración delictiva, junto con un persistente riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba».

Unas circunstancias que a juicio de la Fiscalía continúan a día de hoy, si bien explica que el mantenimiento de una «situación de carácter excepcional que afecta directamente al derecho a la libertad», ya no resulta «materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento».

Entiende que mantener la medida cautelar de prisión provisional –que en 2019 cumplió dos años y se prorrogó dos más– se puede convertir en una «pena anticipada» y comprometer el derecho a la presunción de inocencia.

INGRESÓ EN PRISIÓN HACE CASI CUATRO AÑOS

El comisario jubilado ingresó en el centro penitenciario de Estremera en noviembre de 2017, cuando fue detenido en el marco de la ‘operación Tándem’. Ello supone que en ocho meses se agota el plazo máximo de cuatro años establecido legalmente que se pueden cumplir en prisión preventiva sin una sentencia condenatoria.

En este sentido, los fiscales hacen hincapié en que ni el «estado actual» de tramitación de la pieza principal del caso ni las piezas separadas que se encuentran en instrucción permiten concluir que el procedimiento esté llegando a su fin o que se pueda celebrar un juicio antes de que expire el plazo máximo legal de prisión provisional.

Fuentes fiscales apuntan que la puesta en libertad responde a una estrategia procesal, ya que al salir ahora en libertad permitiría que hubiera un remanente de meses (aproximadamente ocho) que podrían ser usados posteriormente como prisión preventiva en caso de que interese ante la celebración de próximos juicios.

Así las cosas, Anticorrupción solicita la puesta en libertad de Villarejo con respecto a toda la causa –que acumula una treintena de piezas–, de acuerdo al artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pero sin olvidar la «gravedad de los hechos» que se le atribuyen, en unos casos aún como investigado y en otros ya como acusado.

Destaca que el riesgo de fuga continúa porque está «cada vez más acreditada» la integración de su círculo familiar en la presunta «organización criminal que dirige». Recuerda que la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá y el hijo del comisario, José Manuel, están procesados en algunas de las piezas separadas del caso ‘Tándem’.

PASAPORTES EN BLANCO Y GRANDES CANTIDADES DE DINERO EN EFECTIVO

Señala también que en los registros practicados se han incautado «pluralidad de identidades, así como pasaportes en blanco y grandes cantidades de dinero en efectivo». Al respecto, los fiscales indican que al estar intervenidos estos documentos, Villarejo no va a poder hacer uso de los mismos, pero sí apuntan a la posibilidad de la «planificación de una fuga del territorio nacional ante la eventualidad de poder ser penalmente investigado o detenido, que pone de manifiesto la disponibilidad de estos efectos siguiendo las pautas seguidas por los miembros más expertos y en situación de mando y preponderancia de las grandes organizaciones criminales».

A ello añaden que se ha acreditado durante la investigación la «facilidad» del investigado para «trasladarse a distintos países, tanto dentro como fuera de Europa« y el «mantenimiento de una amplia red de contactos, que le permitirían residir fuera del territorio nacional eludiendo aquí sus futuras responsabilidades penales.

Asimismo, rechazan que al encontrarse jubilado como funcionario del Cuerpo Nacional Policía, Villarejo «no mantiene un arraigo profesional o laboral en España que garantice suficientemente su estancia», ya que «ha utilizado su entramado societario para la comisión de los delitos objeto del procedimiento».

Al mismo tiempo, Anticorrupción considera que sigue habiendo un «cierto riesgo de reiteración delictiva» porque es el «máximo responsable de una organización criminal, en cuyo marco general ha desarrollado las concretas conductas delictivas que se investigan en múltiples piezas separadas».

CONTROL DE UNA «INGENTE» DOCUMENTACIÓN DESDE PRISIÓN

En este punto, subraya que se incoó la pieza 28 de la macrocausa, relacionada con el mercadeo de información desde el centro penitenciario, porque Villarejo «seguía controlando desde laprisión una ingente documentación que mantenía depositada después de su jubilación como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía el 22 de junio de 2016».

Según dice la Fiscalía en su escrito, el comisario tenía una doble finalidad: «lucrarse y de chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible, para obtener así su impunidad o al menos a corto plazo, su libertad». Unos documentos, que, según indica el Ministerio Público, «ya se han recuperado la mayoría».

Por todo ello, los fiscales del caso ‘Tándem’ han solicitado al juez García Castellón que de acordar la libertad de Villarejo sea bajo una serie de medidas cautelares que permitan su control.

Se trata, y así finalmente ha impuesto el magistrado, la obligación de comparecer diariamente en el juzgado correspondiente a su domicilio, prohibición de salir del territorio nacional, comunicación de cualquier cambio de domicilio o residencia y entrega de pasaporte y prohibición de obtención de un nuevo pasaporte.

Expertos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) explicarán la Agenda 2030 en un ciclo de conferencias que acogerán las bibliotecas municipales de la capital, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En estas citas, los bibliotecarios entrevistarán a expertos en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que «mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás».

Las bibliotecas públicas municipales quieren contribuir a visibilizar los objetivos de esta agenda y han organizado el ciclo de entrevistas ‘Veinte Treinta: 17 caminos para cambiar el mundo’. En estas citas, que podrán seguirse en directo a través de la cuenta de Instagram @bpm_madrid, personal municipal que forma parte del grupo de trabajo de Bibliotecas Municipales sobre la Agenda 2030 entrevistará a expertos en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los países miembros de la Organización de Naciones Unidas quieren alcanzar.

La primera de estas entrevistas tendrá lugar este jueves, a las 18 horas, y en ella el ambientólogo y experto en Responsabilidad Social Corporativa, Fernando Martínez Cobos, responderá a diversas preguntas sobre la necesidad de revitalizar la alianza mundial para lograr poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y combatir el cambio climático.

El próximo jueves, también a las 18 horas, Elena Moreno, bióloga y fundadora de la Asociación Ecourbe para la defensa del medioambiente urbano, hablará sobre el objetivo número 11: lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Hasta el 25 de mayo se irán celebrando el resto de las entrevistas para completar las 17 que coinciden con otros tantos Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que figuran garantizar una vida sana y el acceso a fuentes de energía sostenibles, acabar con el hambre, alcanzar la igualdad de género, un crecimiento económico inclusivo y sostenible y el trabajo en condiciones justas para todos.

BIBLIOTECAS SOSTENIBLES

El ciclo ‘Veinte Treinta: 17 caminos para cambiar el mundo’ se enmarca en el proyecto Bibliotecas Sostenibles que lleva a cabo la Fundación Musol (Municipalista por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) y está financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

Este proyecto promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, dado que, por su carácter de lugar de encuentro y de centros básicos para el desarrollo social y cultural, estos espacios ofrecen una excelente oportunidad para la promoción de procesos de educación para el desarrollo.

Entre las actividades que se han desarrollado en las bibliotecas para promover estos objetivos, figuran una edición de la actividad de lectura ‘El club de los gatos’ dedicada específicamente a libros que abordan, desde una mirada literaria, cualquiera de estos temas, además de cuentacuentos, exposiciones sobre el cambio climático, actividades con asociaciones de personas con discapacidad o un club de lectura fácil dirigido a mujeres gitanas que precisan avanzar en su alfabetización.

La infanta Elena ha acudido este mediodía al palacio de la Zarzuela para visitar a su madre, la reina Doña Sofía, un día después de que saltara la polémica porque ella y su hermana, la infanta Cristina, se vacunaron contra la COVID-19 aprovechando una visita al Rey emérito en Emiratos Árabes Unidos.

Doña Elena ha ido este miércoles a la Fundación Mapfre, donde trabaja, y hacia las 14.00 horas ha abandonado su oficina para dirigirse a Zarzuela, donde se la ha visto llegar en su vehículo poco después. El objetivo de su visita era ver a Doña Sofía, según han confirmado fuentes de Zarzuela.

Esta visita se ha producido horas después que desde la Casa del Rey se dejara claro que Felipe VI «no es responsable de los actos de sus hermanas» y que los Reyes y sus hijas «se vacunarán cuando les corresponda».

Precisamente, la hija mayor de Don Juan Carlos y Doña Sofía ha emitido este miércoles un comunicado en el que confirma que ella y su hermana se vacunaron aprovechando su viaje al país del Golfo a principios de febrero para visitar a su padre, que vive allí desde el pasado agosto.

SE VACUNARON PARA PODER VISITAR CON FRECUENCIA A SU PADRE

«Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos», ha explicado.

«De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido», ha asegurado Doña Elena, saliendo al paso así de la polémica suscitada por el hecho de que ella y su hermana no hayan esperado para ser vacunadas aquí.

Las infantas tampoco habrían cumplido, a priori, con las normas de vacunación vigentes en Emiratos, donde en la actualidad están disponibles cuatro de las vacunas contra la COVID-19, la china Sinopharm, la rusa Sputnik V, la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca.

Según informa el Gobierno emiratí en su página web, las vacunas están disponibles de forma gratuita para los ciudadanos y residentes que por motivos médicos así se considere, para lo cual hay una lista de grupos prioritarios.

Así, las vacunas se administrarán con carácter prioritario y sin necesidad de cita previa a los ciudadanos emiratíes y sus empleados del hogar –estos suelen ser mayoritariamente extranjeros–; ciudadanos y residentes de más de 60 años –apartado en el que entraría Don Juan Carlos, quien se cree que ya está vacunado–, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y trabajadores del sistema sanitario y del educativo.

Podemos ha criticado la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de decretar la libertad provisional para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al entender que existe «riesgo alto de fuga» del país.

«Cuesta entenderlo. Existe un riesgo alto de fuga», han apuntado fuentes de la formación morada tras conocer la resolución del magistrado que instruye el caso ‘Tándem’.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha reaccionado en Twiter ante el auto de libertad provisional para Villarejo y ha ironizado al respecto: «todo legal, todo en orden, plena normalidad democrática». Con ello, alude a las críticas vertidas contra su grupo parlamentario por cuestionar situaciones que impiden hablar de plena normalidad democrática.

A su vez, ha incluido en su comentario en redes cuatro recortes de prensa sobre otras decisiones del juez, como el archivo de las actuaciones del caso Púnica sobre el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa o su actuación en el denominado caso Dina. «Las cuatro noticias son de la última semana, pero no seáis mal pensados que es todo pura casualidad», ha bromeado Echenique.

«UN RAPERO EN LA CÁRCEL Y VILLAREJO EN LA CALLE»

Por otro lado, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha confrontado la situación de Villarejo con la del rapero Pablo Hasél, que ingresó en prisión tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

«Un rapero en la cárcel y Villarejo en la calle», ha lanzado también en Twitter. Precisamente Asens registró un escrito ante el Ministerio de Justicia para pedir el indulto de Hasél, unido a la iniciativa para despenalizar los denominados delitos de opinión.

AUTO DEL JUEZ

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha firmado ya el auto en el que da luz verde a excarcelar al principal investigado de la macrocausa, que acumula una treintena de piezas separadas.

La decisión sobre Villarejo la adopta después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un escrito solicitando la libertad del expolicía e impone las medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público: retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio español y comparecencias diarias ante un juzgado.

Villarejo ingresó en el centro penitenciario de Estremera a principios de noviembre de 2017 tras ser detenido por la operación ‘Tándem’. Precisamente dentro de ocho meses tendría que ser puesto en libertad, ya que cumple el tiempo máximo, cuatro años, que permite la ley estar en situación de prisión provisional sin una sentencia

La investigación de los Mossos d’Esquadra sobre el ‘Barça Gate’ concluye que «algún responsable» del FC Barcelona cedió datos personales de los socios para conocer la ideología del censo electoral del club y alimentar una maniobra de desprestigio en redes sociales que favoreciera al expresidente blaugrana Josep Maria Bartomeu.

Así consta en el atestado policial, en el que los investigadores señalan que esta presunta cesión de datos personales a la empresa Teampartners se hizo «con finalidades de propaganda particular y en contra de posibles opositores o críticos a la dirección».

Los agentes remarcan que los datos del censo electoral tenían relevancia de cara a las elecciones para renovar la dirección del club, y consideran que se estaban «creando bases de datos con esta información privada para adaptar el mensaje» de la empresa que gestionaba el monitoreo de las redes sociales.

Consideran que el objetivo de estas bases de datos era identificar el perfil ideológico y político del censo electoral de FC Barcelona, marcando «comunidades de detractores y activos», y en las que estaban remarcados los nombres de Bartomeu y de los candidatos a la presidencia Joan Laporta y Víctor Font, posibles rivales para el entonces presidente.

«INTERÉS PARTICULAR» DEL MONITOREO

El atestado menciona correos electrónicos entre el CEO de Telampartners, Jaume Malet, y el dueño de i3Ventures, Carlos Ibáñez, ambos responsables de empresas encargadas de las campañas de propaganda en redes sociales que se investigan en la causa.

Los policías consideran que Ibáñez, también investigado, trabajaba con un interés «presuntamente particular, la reputación de Bartomeu, y no en beneficio del Barça».

Las conversaciones entre ambos reflejan que, según las mediciones de Telam, Bartomeu recibió un 86% de comentarios negativos en redes sociales durante los días anteriores al 1-O.

Un día después del referéndum y de que el Barça jugara a un partido puerta cerrada en el Camp Nou, Malet reprochó que le reclamara un precio «el triple» de lo acordado, después de que Ibáñez le expusiera los malos registros de Bartomeu en cuanto a su reputación en internet.

FACTURAS FRACCIONADAS

Los Mossos también recogen en su informe que, «por razones administrativas» del Barça, i3Ventures fraccionó una factura en seis contratos, por distintos servicios y con seis empresas diferentes.

Los investigadores sostienen que lo hicieron para esquivar el control de la Junta Directiva, que debe avalar los gastos de más de 200.000 euros, y consideran que esto «refuerza la idea de un fraccionamiento ficticio» para eludir los mecanismos de control.

Los Mossos d’Esquadra han encontrado una «lista negra» de periodistas confeccionada por la empresa i3Ventures para el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu en los registros practicados en la investigación conocida como ‘Barça Gate’, según el atestado policial.

El listado ha aparecido en el registro de las oficinas Nicestream a la que pertenece i3Ventures, la empresa que contrató Bartmomeu junto con otros directivos del club para presuntamente impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club, y sobre la que supuestamente se fraccionaron contratos para esquivar los mecanismos de control interno del club y los investigados obtuvieron beneficio propio.

Entre los nombres de la lista destaca el del presidente del grupo Mediapro, Jaume Roures, del que se propone: «Hablar de que es parte de las mafias del club (hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club, (bajar el tono al tema independentista, no mencionar que sea independentista para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos, por ejemplo)».

También aparece el periodista de Catalunya Ràdio Jordi Costa, del que se destaca que «critica permanentemente a ‘Bartu’ y a la Junta, es ‘indepe’ y hay que hacer un ‘research’ (investigación)».

Otros periodistas señalados son Gerard Romero (Rac1) y el del diario Ara Antoni Bassas, del que se destaca que su «mujer fue despedida por ‘Bartu»; también al de TV3 Xavi Torres y el de Radio Reus y Diari de Tarragona Frederic Porta.

Del candidato a las elecciones del club Víctor Font se propone hablar de su «falta de conocimiento, de que no sabe de fútbol, de que es propietario de un medio y tiene intereses conflictivos»; además se propone hablar de fondos de inversión, una de las cuestiones más espinosas de la campaña electoral culé, ya que muchos socios exigen que el club siga quedando en sus manos y evitar que estos fondos aporten capital para aliviar la deuda del club a cambio de decisión política en la entidad.

En la lista aparece el representantes de jugadores Josep Maria Minguella, de quien se propone potenciar la idea de que tiene «cero credibilidad, es un comisionista y cuando lo botaron puso al hijo en su lugar creyendo que ‘Bartu’ es tonto»; y de otro representante de jugadores Oriol Domènech se subraya que trabaja en Media Base Esports, agencia de Guardiola, según el documento.

De la exdirectiva de la Junta del expresidente y candidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta, Maria Elena Font se advierte que «hay que hacerle un ‘traking’ y tenerla en la mira para saber qué dice».

Además se incluyen en la lista al economista y exvicepresidente económico del Barça Xavier Sala-i-Martín y al exdirector de comunicación del club Albert Roura, el propio Laporta, además de al programa Club de Mitja Nit, de Catalunya Ràdio.

REGISTRO DEL CAMP NOU

El atestado de registro a las oficinas del Camp Nou incluye que la policía bloqueo los correos de Bartomeu, Masferrer y Graell, así como el acceso externo de los trabajadores de la empresa a los sistemas corporativos (VPN) para impedir alterar los correos que podrían afectar al caso desde el 1 de enero de 2017.

Los agentes se incautaron documentos entre los que se cuentan facturas, contratos, correos electrónicos y resúmenes de documentos relacionados con la causa.

Cuatro mujeres han finalizado el curso de ascenso a general en las Fuerzas Armadas y aspiran así a seguir los pasos de Patricia Ortega, la única mujer que de momento ha alcanzado este empleo en España.

La XXII promoción del denominado ‘Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG)’ ha contado con la participación de un total de 117 coroneles y capitanes de navío, de los que cuatro eran mujeres pertenecientes a los Cuerpos Comunes –tres de la sanidad militar y la cuarta del cuerpo jurídico–.

Estas cuatro mujeres aspiran ahora a seguir ascendiendo en su carrera militar y alcanzar el empleo de general, aunque solo llega a ese puesto aproximadamente un tercio de los alumnos que completan el curso. Patricia Ortega fue la primera mujer en España en llegar al empleo de general, en julio de 2019.

En total, han realizado el curso 41 coroneles del Ejército de Tierra, 22 capitanes de navío de la Armada, 27 coroneles del Ejército del Aire, 15 de los Cuerpos Comunes y dos de la Guardia Civil.

Los aspirantes al mando de general que han finalizado el curso forman parte de las promociones de finales de la década de los 80, las que integraron a las primeras mujeres y las que participaron en las primeras misiones internacionales de las que formó parte España hace ya 30 años.

LIDERAZGO ÉTICO Y AMOR A ESPAÑA

«Muchos de ustedes pertenecen a promociones donde ha habido personas que han dado su vida precisamente por defender la paz y la libertad en el mundo, no hay ejemplo de mayor generosidad», ha recordado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la clausura del curso este miércoles en el CESEDEN.

De los generales que están hoy en día al frente de las Fuerzas Armadas, así como de los que lo estarán en el futuro, Robles ha puesto en valor «el liderazgo ético y el amor a España».

Por su parte, el director de la Escuela superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), general de División Miguel Ballenilla, ha invitado a los 117 aspirantes a seguir las recomendaciones de los clásicos sobre las virtudes que deben adornar a un general.

«Alfonso X El Sabio afirmaba que lo primero que tenía que tener un adalid era buen seso, es decir, inteligencia y sentido común», ha evocado Ballenilla, para quien la lectura y la reflexión deben formar parte del estilo de mando.

«La tecnología no cambia o no debe cambiar los valores humanos o los militares, cambia eso sí las competencias profesionales que se requieren pero nunca la forma de ejercerla», ha señalado sobre el imparable avance de las nuevas tecnologías.

LIDERAZGO, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA

Organizados en 10 grupos, los alumnos se han formado en diferentes materias correspondientes a cinco módulos: liderazgo, estrategia, planes, operaciones e inteligencia.

Altas autoridades civiles y militares del Estado, así como conferenciantes del mundo empresarial, académico y político, imparten cada tema, que los alumnos preparan en debates y posteriormente realizan conclusiones dirigidos y orientados por un coronel mentor.

Una vez finalizado el curso con la nota de apto, la media de los que ascienden al empleo de general de Brigada o contralmirante es de un tercio de los convocados, aunque la proporción varía según los ejércitos.

Además de la adquisición de conocimientos y capacidades, durante el curso se refuerzan habilidades de carácter transversal, como son el pensamiento crítico y el creativo y prospectivo; una comunicación eficaz, el liderazgo y trabajo en equipo, y el autocontrol y autoconfianza.

El porcentaje de jóvenes españoles con estudios superiores emancipados y con hijos apenas supera el 20% para la generación poscrisis, según el estudio ‘La generación de la doble crisis. Inseguridad económica y actitudes políticas en el Sur de Europa’, elaborado por la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad junto a EsadeEcPol.

El estudio ha sido plasmado en un documental de la campaña ‘Generación Doble Crisis en España’, que realiza una radiografía de la situación socioeconómica de la generación Millenial o Y en el sur de Europa.

La Gran Recesión ha supuesto un deterioro en las condiciones de vida de los jóvenes en esta zona, entre la que está España, y un aplazamiento en sus proyectos de vida. Así, el estudio resalta que mientras en países como Alemania, Francia o Suecia, la generación poscrisis –los nacidos entre el 1985 y 1995– viven mejor que sus predecesores, no es el caso de España, Italia ni Portugal.

Según la fundación, es importante destacar el difícil momento que viven los jóvenes de la generación Y o Millenial, la primera que ha sufrido dos crisis globales. Una de las consecuencias de este hecho, según describe el informe, es que el índice de abandono escolar temprano es muy alto en España, concretamente, el más alto de la Unión Europea, el doble que la media, aun siendo un país desarrollado del primer mundo.

Eso se traduce en que los jóvenes españoles nacidos del 85 al 95 no son capaces de traducir sus expectativas vitales en realidades y surgen problemas como la emancipación aún más tardía (40 años) y una clara tendencia a la polarización política.

Y es que la generación poscrisis recibe menores ingresos y cuenta con menores tasas de empleo que su generación predecesora, lo que conlleva una serie de consecuencias claras: menores tasas de emancipación, adquisición de vivienda en propiedad, fertilidad o riqueza potencial, un patrón muy común en el sur de Europa.

Así pues, tanto los ingresos como nivel de empleo se alcanzan en el sur de Europa a los 30 años en la generación poscrisis, dificultando los proyectos vitales de los jóvenes y retrasando casi 10 años su desarrollo vital. Eso conlleva también que en España, Italia y Portugal la capacidad de acumular riqueza se ha reducido para la generación poscrisis.

Por otro lado, se ha resaltado que, en España, la politización de la redistribución queda limitada a la generación precrisis con estudios superiores.

En cuanto a política, el informe apunta a que, en España, los nuevos populismos de izquierda (Podemos) son atractivos para personas con estudios superiores, mientras que, por el contrario, por la derecha, VOX, es un proyecto atractivo para las personas sin estudios superiores.

PROPUESTAS

De este modo, la Fundación Friedrich Naumann por la libertad propone una serie de medidas para garantizar un futuro más seguro, próspero y justo para los jóvenes.

Así, en primer lugar, apuesta por un mercado laboral no dualizado, flexible, seguro y centrado en la construcción de un capital humano. Para ello, proponen igualar los niveles de protección contra el despido, un reequilibrio generacional de la protección por desempleo y unas políticas activas de empleo efectivas y ‘life long learning’.

En segundo lugar, piden garantizar la posibilidad de formar una familia, con una red universal y accesible de escuelas infantiles, conciliación más allá de los 0 a 3 años, bajas parentales o una mayor flexibilidad de horarios.

También apuestan por un sistema de protección sostenible con pensiones aseguradas, así como una mochila de protección que acompañe a las personas y un estado de bienestar orientado a igualar oportunidades.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reivindicado este miércoles, a pocos días de que se celebre el Día de la Mujer, un feminismo «inclusivo, abierto y moderno», contraponiéndolo con el enfoque «sectario» de partidos de izquierdas y con la postura «negacionista» de Vox.

«Ante el negacionismo de los carcas y el sectarismo de algunos, nosotros apostamos por un feminismo inclusivo, abierto, moderno y liderado por mujeres», ha declarado durante un acto en la sede de Cs junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, con la asistencia de afiliadas del partido por videoconferencia.

Arrimadas ha rechazado los discursos «carcas» y también los «sectarios», porque «ahuyentan a la gente del feminismo», y ha arremetido especialmente contra el feminismo que, a su juicio, defienden partidos como el PSOE o Unidas Podemos.

Así, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en vez de hablar con «cara compungida» de los problemas de las mujeres, deje que sean ellas mismas quienes los expliquen, y ha dicho no sentirse representada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y por la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando pretenden dar «una imagen homogénea de todas las mujeres».

VILLACÍS: EN EL FEMINISMO DE Cs «CABEMOS TODAS»

En su opinión, hay quienes «intentan excluir a más de la mitad de las mujeres de una manifestación» por su ideología política y «patrimonializar una lucha que tendría que ser de todas». «No quiero tener que dar explicaciones de por qué soy liberal, de centro y feminista», ni que «los sectarios me tengan que dar un carnet para ese club privado, exclusivo y excluyente en el que algunos quieren convertir el feminismo», ha subrayado.

En el mismo sentido se ha pronunciado Villacís, que cree que a algunas personas «les escuece mucho» que las mujeres de Ciudadanos se puedan declarar a la vez liberales y feministas y que creen poder expedir «certificados de calidad» para determinar si una mujer «es una buena o una mala feminista».

«En su feminismo solo caben ellas; en el nuestro cabemos todas», ha añadido, lamentando que, en algunos casos, esa «politización» del movimiento en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres haya llevado a que no se condenasen escraches o insultos contra representantes de Cs.

GOBERNAR CON «HECHOS», NO CON «ESLÓGANES VACÍOS»

Por su parte, Ruiz ha señalado que el feminismo, no es «un club exclusivo con derecho de admisión», sino «una filosofía y una forma de vida» en la que mujeres y hombres trabajan por construir «una sociedad más justa e igualitaria».

Sobre su labor en la Junta de Andalucía, ha dicho que impulsa políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres, gobernando con «hechos», no con «eslóganes vacíos», y se sitúa «enfrente de los sectarios» del PSOE y Adelante Andalucía, que «creen que la lucha por la igualdad les pertenece», y de los «negacionistas» de Vox, advirtiéndoles de que Cs no va a permitir «ni un paso atrás» en los derechos de las mujeres.

Por otro lado, Arrimadas ha manifestado que España «es un gran país para nacer mujer» y ha señalado la necesidad de reconocer los avances que se han producido en las últimas décadas, sin caer en discursos «radicales y fuera de la realidad». Aun así, considera que todavía hay cosas que mejorar y espera que cada vez más gente se dé cuenta de las «desigualdades» que persisten y de la importancia de superarlas.

PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN Y BRECHA SALARIAL

Por ejemplo, ha apuntado que ante las dificultades para conciliar la vida familiar y la laboral, algo que se ha agravado a causa de la pandemia del coronavirus, las que más se sacrifican son las mujeres, que en muchos casos se ven obligadas a renunciar a su trabajo o a reducirse la jornada laboral para ocuparse de su familia.

«Y esa sensación de ser malas madres que tenemos tantas mujeres», ha lamentado, refiriéndose a la frustración por pensar que «no estás al cien por cien» en el trabajo y que tampoco «puedes dedicarle todo el tiempo» necesario a cuidar de los hijos.

Además, ha destacado la importancia de los trabajos feminizados, que se ha visibilizado especialmente durante la crisis del Covid-19 por la labor de las cuidadoras, las mujeres que atienden a personas dependientes, las profesionales sanitarias o las cajeras de los supermercados.

Igualmente, ha explicado que la brecha salarial «es realmente una brecha de maternidad», porque la diferencia entre los sueldos de los hombres y los de las mujeres empieza aumentar en el momento de la maternidad.

«Nuestro problema no es que no nos digan ‘buenos días a todos y a todas'», que «el color rosa nos oprime» o los «piropos» de los hombres, ha concluido Arrimadas, que ha apostado por dejar a un lado la «pancarta» y centrarse en solucionar «los problemas reales» de las mujeres en el día a día.

En este contexto, Arrimadas, Villacís y Ruiz han mencionado algunas de las políticas promovidas por Ciudadanos en el Congreso y en gobiernos autonómicos y municipales, como la ampliación de la baja de maternidad y el permiso de paternidad en el acuerdo presupuestario con el Gobierno de Mariano Rajoy, o las medidas de apoyo a emprendedoras y autónomas.

UN PARTIDO LIDERADO POR MUJERES

Por último, la presidenta de Cs ha resaltado que el suyo es el único partido en España liderado por una mujer, además de tener a mujeres ocupando la Secretaría General, Marina Bravo, y la portavocía de la Ejecutiva nacional, Melisa Rodríguez, y ostentando distintos cargos de responsabilidad en gobiernos.

«No vamos por ahí dando lecciones» y «no estamos ahí por ser mujeres», pero así se ofrecen a las niñas «referentes de superación y éxito», demostrando lo que las mujeres pueden «aportar a la sociedad», ha declarado.

Respecto al próximo 8 de marzo, ha precisado que la formación naranja celebrará un acto telemático por el Día de la Mujer y sus representantes acudirán a los actos institucionales que se organicen con las medidas de seguridad necesarias para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, pero no participarán en «aglomeraciones».

«No queremos que se vuelva a reproducir el error del 8 marzo anterior, donde los que tenían información y sabían la que se venía se callaron y se esperaron a que pasaran todas las manifestaciones de España para decirle a los ciudadanos la verdad, lo mal que estaba la situación», ha afirmado, aludiendo al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita 26 años de prisión para dos acusados de robar de forma violenta a varios menores en Avilés, y otros 22 años de cárcel para un tercero, así como multas de diversa cuantía. La vista oral está señalada para este jueves, 4 de marzo, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a las 10.10 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que sobre las 04.00 horas del día 2 de agosto de 2020, en la travesía que une la zona de El Carbayedo con la calle Julia de La Riba, de Avilés, los acusados (nacidos en 1998, 1999 y 2000, respectivamente), en compañía de otros individuos no identificados, abordaron a dos menores y les propinaron varios puñetazos y patadas, al tiempo que les exigían la entrega de sus pertenencias. En un momento dado, uno de los acusados, con conocimiento de los restantes, amenazó a uno de los menores con sacarle una navaja si no le entregaba el móvil.

Los acusados huyeron llevándose consigo los teléfonos de los menores. Los efectos fueron posteriormente recuperados y entregados en depósito a sus titulares.

Como consecuencia de los hechos, uno de los menores sufrió traumatismo craneoencefálico leve, con edema y hematoma en párpado inferior izquierdo, así como dolor a la palpación en región malar izquierda y mínimas erosiones en ambas rodillas, lesiones de las que tardó en curar 14 días, sin secuelas. No consta que el otro menor sufriera lesiones.

Acto seguido, los acusados se dirigieron a la confluencia de las calles Julia de La Riba y Cabruñana y abordaron a otros cuatro menores de edad, pidiéndoles dinero o tabaco. Posteriormente, los acusados separaron a dos de, a quienes empujaron a un portal y una vez allí, mientras les esgrimían una navaja, les exigieron la entrega de todas sus pertenencias. Posteriormente, los acusados se dirigieron a los otros, a quienes colocaron la navaja en el abdomen al tiempo que les pedían la entrega de sus móviles.

Los acusados huyeron del lugar llevándose consigo los teléfonos de tres de ellos; 10 euros propiedad del cuarto; así como una pulsera y un reloj. Los efectos fueron recuperados y entregados en depósito a sus titulares, a excepción del dinero en efectivo.

El 4 de agosto de 2020 se dictó auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres acusados.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos robo con violencia, un delito leve de lesiones; y cuatro delitos de robo con intimidación, con instrumento peligroso. Asimismo, incide en que concurre en dos de los acusados la circunstancia agravante de reincidencia.

Así, solicita que se condene a esos dos acusados, por cada delito de robo con violencia, la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena (total, 8 años de prisión); por el delito leve de lesiones, 2 meses de multa, con cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (total, 480 euros); por el delito leve de maltrato, 40 días de multa, con cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (total, 320 euros); por cada delito de robo con intimidación con instrumento peligroso, la pena de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena (total, 18 años). De este modo, se pide un total de 26 años de prisión y multas por valor de 800 euros, para cada uno de estos acusados.

Para el otro acusado, la Fiscalía pide, por cada delito de robo con violencia, la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena (total, 6 años); por el delito leve de lesiones, 2 meses de multa, con cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (total, 480 euros); por el delito leve de maltrato, 40 días de multa, con cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (total, 320 euros); por cada delito de robo con intimidación con instrumento peligroso, la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena (total, 16 años). En total, solicita para él 22 años de prisión y multas por valor de 800 euros.