El PSOE y el PP planean repartirse, como grupos mayoritarios en las Cortes, la representación del Congreso y el Senado en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, unos puestos (uno por cada Cámara) que están vacantes desde junio de 2019, cuando las dos parlamentarias que los ocupaban, una diputada y una senadora del PP, dejaron de tener escaño en las Cortes Generales.

Tras las dos elecciones generales de 2019, los grupos no fueron capaces de ponerse de acuerdo para cubrir esas vacantes y a finales de enero, tras nombrarse al nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, el Ejecutivo se dirigió a las Cortes para que procedieran a proponer nombres.

Según han informado fuentes parlamentarias, el PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo por el cual los ‘populares’ propondrán al representante del Senado y los socialistas al del Congreso. Tendrán que ser elegidos en las comisiones de Política Territorial y Función Pública de sus respectivas Cámaras

CARGO SIN REMUNERACIÓN

La mesa y portavoces de este órgano del Congreso ha acordado este jueves convocar la elección del vocal de la Cámara Alta el 11 de marzo, pero el PSOE aún no ha desvelado a quién propondrá. Aunque en el Senado aún no han puesto fecha para este trámite, el PP ya tiene decidido promover a la senadora andaluza de designación autonómica Teresa Ruiz Sillero. Se da por hecho que el PSOE también apostará por una mujer para garantizar el equilibrio de géneros que fija la ley.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno tiene entre sus funciones asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hacer informes sobre las leyes relativas a estas material, aprobar una memoria anual sobre el grado de aplicación de Ley de Transparencia, proponer recomendaciones, directrices o guías de buenas prácticas e impulsar la cooperación con órganos similares a nivel autonómico o internacional

Este órgano lo preside quien ocupa la Presidencia del Consejo (ahora Rodríguez Álvarez) y siete vocales nombrados por el Gobierno a propuesta del Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ninguno de ellos recibe remuneración por esta responsabilidad.

SIEMPRE CON RETRASO

Todos ellos tienen un mandato de cinco años prorrogable por otros cinco. Las vacantes que se produzcan antes de esos cinco años, según estable la norma que rige su funcionamiento, deben ser cubiertas dentro del siguiente año desde la fecha de la misma y hasta completar el mandato de un lustro.

Pero esta premisa se ha venido incumpliendo por parte del Congreso y el Senado, que también tardaron meses en acordar la propuesta de nuevos vocales tras la repetición electoral de 2015.

Los actuales miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno fueron nombrados en febrero de 2019. El Congreso renovó en el puesto a la entonces diputada por Zaragoza Pilar Cortés, que, salvo los meses en que su puesto quedó vacante por falta de acuerdo entre los grupos, era vocal desde la creación de este órgano.

Por su lado, el Senado designó a María Auxiliadora Pérez, que sucedió a la también ‘popular’ Mar Angulo, quien había sido designada en 2017. Antes que ella había ocupado este puesto el senador del PNV Jokin Bildarratz.

VOCALES DE OTRAS INSTITUCIONES

En febrero de 2019 también fueron nombrados otros tres vocales a propuesta de otras tantas instituciones. El Tribunal de Cuentas propuso a la consejera Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar y que cubrió la vacante que había dejado María José de la Fuente al ser nombrada presidenta del fiscalizador.

La Agencia Española de Protección de Datos promovió al jefe de su gabinete jurídico, David Javier Santos, y el Ministerio de Función Pública hizo lo propio con Pablo González de Herrero, entonces director de la Oficina de Planificación Estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, que cubría así el puesto que estaba pendiente desde el cambio de Gobierno en junio de 2018.

La composición actual de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se completa con el director de la División Jurídico Institucional de la AIRef, Diego Pérez Martínez, y el secretario general del Defensor del Pueblo, José Manuel Sánchez Saudinós.

El ex ministro de Economía Rodrigo Rato ha solicitado al juez que investiga el presunto origen ilícito de su patrimonio que ordene a las partes devolver la documentación aportada por la Oficina Antifraude (ONIF) que se refiere a cuestiones personales que «nada» tienen que ver con la causa y que se les envió «en bloque y sin filtrar», al considerar que se ha vulnerado su derecho a la intimidad y el de terceras personas ajenas al caso.

En un escrito, ha instado a declarar la «nulidad radical» del traslado que se dio el pasado 19 de enero desde el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid a todas las partes de «información privada» del ex dirigente ‘popular’ y a que reclame su «devolución inmediata» a las partes, junto con la prohibición de realizar y conservar copias de la misma.

La defensa ha denunciado que «se ha dado en bloque y sin filtrar a todas las partes del procedimiento una documentación que contiene información privada de mi representado y de terceros ajenos al procedimiento», señalando que con ello se ha producido «una flagrante vulneración de los derechos constitucionales del señor Rato y de dichos terceros».

El origen de esta queja está en los dos terabytes de documentación, tanto en formato electrónico como en papel, incautada en los registros efectuados en 2015 en las viviendas ubicadas en las calles Castelló 50 y Don Ramón de la Cruz 33 de Madrid, y en el despacho de Plazas Abogados de Madrid y Sotogrande.

Rato y sus abogados intentan desde 2017 que la ONIF les devuelva la información incautada que es «inútil para la instrucción de la causa» a fin de evitar que se remita a todas las partes. Tras varias idas y venidas, materializadas en numerosos autos y providencias, el pasado agosto pidió al juez «la expulsión del procedimiento de todo aquel material incautado que no ha sido expresamente utilizado por la ONIF» en su análisis, el cual «se ha extendido en más de cinco años».

En respuesta, el Juzgado de Instrucción 31 dictó un auto en noviembre por el que ordenó a la ONIF identificar y aportar todos los documentos que ha usado para elaborar los informes encargados en esta causa. Según la defensa de Rato, el pasado 19 de enero se le entregó un USB con una «copia parcial» de estos archivos y, a la vista del contenido, solicitó explicaciones sobre la documentación que se estaba facilitando a las partes.

«La aclaración solicitada –y no resuelta– fue solventada por el curso natural de las cosas. Y es que el 28 de enero de 2021 esta parte ya pudo confirmar la violación del derecho fundamental a la intimidad y propia imagen del señor Rato y de terceros ajenos a esta causa, así como al derecho de defensa» del también ex vicepresidente, ha reprochado.

CASI 4.000 IMÁGENES

Así, ha afirmado que desde el 19 de enero se ha entregado a todas las partes –unas 50 personas entre abogados, procuradores e investigados– «un considerable volumen de datos de carácter personal y privado del señor Rato, que afecta directamente a su esfera personal y familiar, y vulnera de manera flagrante y grosera sus derechos fundamentales y los de su familia y allegados cercanos».

Se trata no solo de «información privada de la vida personal y familiar» de Rato, sino también de «comunicaciones protegidas por el secreto profesional», como los contactos con Ignacio Ayala, su abogado defensor en otros casos en la Audiencia Nacional, y de documentación societaria, mercantil, fiscal e incluso sobre herencias que afectan a tercero ajenos a este proceso.

En concreto, la defensa ha llamado la atención sobre el nombre de una de las carpetas que figura en los archivos enviados a las partes, llamada ‘Carpetas Personales’, ya que la propia denominación «evidencia sin necesidad de ulteriores consideraciones la nulidad del traslado efectuado».

Entre la información mencionada, hay casi 4.000 imágenes de Rato que «afectan a su esfera privada»; conversaciones con su mujer, hijos y otras personas sin relación con la causa; los contactos de su agenda, incluidas «personalidades de gran relevancia pública como políticos o empresarios»; o datos sobre contraseñas, medicamentos y cumpleaños.

LLAMADAS Y ‘EMAILS’

La defensa ha querido destacar que «se ha elaborado asimismo un diagrama con las llamadas más frecuentes del señor Rato con sus contactos». «Si bien ignoramos qué relevancia puede tener para los hechos que se están investigando en la presente causa», ha apostillado.

También ha alertado de que se ha volcado íntegramente el contenido del buzón del correo electrónico de Rato y «se ha dado una copia de forma masiva e indiscriminada a más de 50 personas». Hasta se ha hecho un análisis de los ‘emails’ relativos a su hija, Ana de Rato Alarcó, ha enfatizado.

Con todo, la defensa ha cuestionado «por qué el resto de partes tienen copia y acceso a información que nada tiene que ver con la causa que nos ocupa y que, en su inmensa mayoría, se refiere a terceros ajenos al procedimiento penal», lo cual considera una violación de la «esfera privada» de Rato, su familia y allegados.

El sacerdote de la Archidiócesis de Valencia Gustavo Riveiro, párroco en Paiporta, ha sido nombrado como director del departamento de la pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Esta designación se ha producido en el marco del encuentro de la comisión permanente de la CEE, celebrado en Madrid este pasado martes y miércoles, informa el Arzobispado en un comunicado.

Riveiro ha mostrado su satisfacción y compromiso al asumir esta nueva responsabilidad, en la que se marca entre otros objetivos coordinar esta pastoral junto a los delegados de las diócesis, haciendo hincapié en la importancia de preparar y formar agentes pastorales y expertos para la pastoral de Turismo que ayuden en las parroquias.

También pretende «promover la evangelización del mundo del turismo» y acompañar a todos los que organizan y realizan viajes para ayudarles a que «esta evangelización pueda darse de forma muy clara y concreta, para que a través de la belleza del arte, la cultura y de tantas realidades que el hombre realiza pueda encontrarse con Dios.

El servicio de las diócesis a través de la pastoral del Turismo es «una realidad muy importante en España» al ser uno de los primeros destinos vacacionales y de ocio del mundo, aunque ahora vive una situación de particular dificultad.

Ante esta crisis, el nuevo director ha recordado especialmente la labor de la Iglesia para acompañar a «tantas personas afectadas entre los trabajadores del sector, algunas que ya tienen que pedir ayuda para cubrir necesidades básicas y muchas en la cola de Cáritas».

«El turismo recrea y ayuda no solo de manera directa a todas las personas que lo realizan, muchas de los cuales han descubierto los horizontes de su vida viajando a otros lugares y abriéndose a muchas realidades», ha manifestado.

Gustavo Riveiro D’Angelo fue nombrado en julio de 2019 por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, como delegado episcopal de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre del Arzobispado de Valencia después de haber ejercido durante más de 25 años responsabilidades en esta misma pastoral en diócesis de Argentina e Italia.

Actualmente titular de la parroquia de san Jorge de Paiporta, en la diócesis de Valencia, donde presta su servicio desde 2018, nació en la localidad de General Belgrano (Buenos Aires) en 1957 y fue ordenado presbítero en 1985 en la Catedral de Chascomús (Argentina). Es licenciado y doctorando en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Durante su carrera ha ejercido como profesor de Filosofía y Pedagogía en La Plata (Argentina), coordinador de la Oficina Pastoral de la IVET- Pellegrinaggi Paolini en Milán y miembro y asesor del secretariado nacional de pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Argentina de 1992 a 2002. También fue director de pastoral del Tiempo libre, Turismo, Deportes y Espectáculo en la diócesis italiana de Livorno de 2003 a 2013, así como párroco en varias parroquias en Argentina e Italia. Tiene nacionalidad argentina, española e italiana.

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la coalición con el PSOE «no es un camino de rosas», pues estar en el gobierno es un «terreno de combate político», pero también «merece la pena» porque es garantía de políticas de cambio mediante medidas progresistas.

En este sentido, ha recalcado que la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo es positiva para conseguir avances, aunque también ha dicho que «nunca hay que descartar que se llegue a un momento» que se diga «‘hasta aquí hemos llegado'», en alusión a la posibilidad de ruptura.

«Hemos dicho desde el principio que el gobierno es un terreno de combate político, combate desde la cordialidad y lealtad al acuerdo de gobierno, pero que luego no basta con ponerlo en el papel, muchas veces no quieren», ha apuntado durante una entrevista en el canal de la plataforma Twitch de FurorTV.

Pese a que existen aspectos que «cuesta» desplegar, algo que «puede ver todo el mundo» en los momentos de tensión sobre diferencias dentro del Ejecutivo, Iglesias sí ha admitido que el volumen de iniciativas desplegadas, en plena crisis del coronavirus, es «impresionante» en el ámbito de todos los ministerios.

Entre esos hitos ha citado el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, con todos sus «defectos», la regulación de la publicidad de las casas de apuesta o revertir los recortes del PP en la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo otras iniciativas sí van a costar, ha pronosticado el vicepresidente, para referirse a dos casos concretos del Ministerio de Igualdad: la Ley Trans y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ‘solos sí es sí’.

Del primer caso ha apuntado que es un compromiso del Ejecutivo que suscita «resistencias», pero que saldrá porque está recogido en el pacto, lo cual obliga al PSOE a impulsarla. Sobre la segunda ley ha lamentado el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su opinión va por «detrás de lo que piden las mujeres y la sociedad española». En este caso, también ha vaticinado que saldrá adelante.

«Claro que nos cuesta mucho pero seguimos apretando», ha insistido para luego loar también su labor para que se aprobara la prohibición de desahucios durante el estado de alarma o aprobar los Presupuestos Generales del Estado con el bloque de investidura, en lugar de con Ciudadanos.

NUNCA HAY QUE DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE «HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO»

Preguntado sobre si convivir en el Ejecutivo con el PSOE pueden hacerles cómplice de diversos planteamientos, el vicepresidente ha desgranado que un acuerdo de coalición «claro que entraña riesgos», pues algunos de sus partidarios podrían sentirse decepcionados de no conseguir todo a lo que aspiraban.

«Eso es verdad, puede ocurrir. Nunca hay que descartar que llegue un momento que digas ‘hasta aquí hemos llegado’ porque hay cosas que no podemos aceptar», ha reflexionado para, a continuación, especificar que también entraña «comodidad» el no asumir ese riesgo para «poder cambiar las cosas».

LOS ATAQUES QUE RECIBEN, LA PRUEBA DE SU UTILIDAD

Y prueba de están logrando buena parte de sus objetivos son «las ganas de la derecha de que salgan del gobierno» y de las «hostias» que reciben por parte de poderes económicos y sus brazos mediáticos, que se focalizan en el socio minoritario y no en el partido mayoritario de la coalición.

Al respecto, ha aludido como ejemplos de los «ataques» que reciben las denuncias «inventadas» que se interponen contra Podemos, que luego acaban archivadas pero que generan ruido mediático.

Como ejemplo, ha aludido a la reapertura de la investigación sobre la supuesta ‘caja B’ de la formación morada, que en realidad es una caja de solidaridad con aportaciones de sus miembros para dedicarlo a proyectos sociales, ironizando con que «hay que tener cara» para usar «un significante del PP».

«Hay que acostumbrarse a que escándalos en torno a Unidas Podemos no va a dejar de haber nunca», ha ironizado Iglesias para reprochar también que se hable del ‘caso Dina’ cuando fue Podemos quien padeció un «espionaje» por la trama vinculada al excomisario José Manuel Villarejo.

HASÉL DEBERÍA ESTAR LIBRE

En cuanto a la situación del rapero Pablo Hasél, que ingresó en prisión tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, el vicepresidente ha aseverado que debería «estar libre», pese a que todo el mundo sabe lo que opina de sus ideas políticas. Y es que un demócrata debe estar a favor de la libertad de expresión, para recalcar que en esa línea trabaja el Gobierno..

Sobre la violencia callejera que se vivió en las últimas protestas sobre el caso de Hasél y la postura de Unidas Podemos, Iglesias ha subrayado que la única formación política que «alienta la violencia» es Vox.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, se ha preguntado qué recibe Vox del Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de facilitar con sus votos la aprobación del proyecto de ley sobre la gestión de los fondos europeos que recibirá España frente a la crisis del coronavirus.

En declaraciones a esRadio, Bal ha lamentado que el Pleno de la Cámara Baja haya rechazado este jueves la enmienda a la totalidad que Cs había presentado al proyecto de ley, en la que apostaba por crear una Agencia Independiente de Reconstrucción y Reformas para la gobernanza de los recursos europeos, reduciendo el papel del Ejecutivo en esta labor.

La propuesta de la formación naranja solo ha recibido el apoyo del PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y ha sido rechazada por 16 partidos, entre ellos Vox. Previamente, este partido había permitido con su abstención la aprobación del decreto ley elaborado por el Gobierno –que luego se tramitó como proyecto de ley– para regular la gestión de los fondos europeos e impulsar cambios normativos en la Administración que faciliten la ejecución de estos recursos.

REPARTO POR CRITERIOS POLÍTICOS, NO TÉCNICOS

El portavoz parlamentario de Ciudadanos sostiene que si Vox hubiera tumbado ese decreto, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos habría tenido que negociar con la oposición y presentar un nuevo texto consensuado que incluyera una agencia independiente o, por lo menos, que priorizara «los criterios técnicos sobre los políticos» en las decisiones de inversión y estableciera «garantías suficientes para que no se despilfarrara el dinero.

También cree que este jueves el partido liderado por Santiago Abascal podría haber respaldado la enmienda de Cs para forzar al Ejecutivo a negociar y que acabase aceptando una mayor participación de las comunidades autónomas en los criterios de reparto de los fondos o la constitución de un comité de «expertos de verdad».

«Pero no ha querido hacerlo. Entonces, ¿qué está recibiendo a cambio Vox del Gobierno de España, del PSOE, para ser contumaz en esta posición tan irracional? Algo estarán dándole, porque si no, no me lo puedo explicar», ha manifestado.

En su opinión, resulta «sorprendente» la postura de Vox ante el modelo defendido por un gobierno al que suele calificar de «socialcomunista, bolivariano, ilegítimo y criminal».

AUGURA «EPISODIOS DE CORRUPCIÓN» EN EL USO DE LAS AYUDAS

Un modelo que, según el dirigente de Cs, «necesariamente va a desembocar el episodios de corrupción» en el uso de los fondos europeos porque, en nombre de la eficiencia y la agilidad, el Ejecutivo «ha rebajado todos los controles y ha decidido que el dinero se va a invertir con criterios políticos y no técnicos».

Bal ha advertido de que ese dinero que puede ser «la tabla de salvación de la economía española» e impulsar la transformación económica y social del país «se puede ir por la alcantarilla» si la Comisión Europea frena su entrega al detectar que no se está invirtiendo correctamente, según los objetivos fijados. «Esto es muy grave y muy preocupante, da mucho miedo», ha añadido.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que la ley gallega de salud no establece «por sí sola» la obligatoriedad de vacunarse frente a la covid-19 sino que faculta a obligar si, llegado el caso, las autoridades competentes consideran que debe hacerse. Eso sí, él vería «muy procedente» que se abra el debate acerca de si vacunarse debe ser obligatorio, como «lo es en algunos países».

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que ha defendido la ley de salud que vio la luz esta semana en el Parlamento y ha subrayado que lo que hace la norma es facultar a que se pueda a obligar a vacunar si llegado el caso las autoridades competentes consideran que debe hacerse por motivos de salud pública –además, estipula sanciones ante posibles negativas–.

Al tiempo, Feijóo ha manifestado que espera que el Gobierno central no «castigue» a la Comunidad por haber impulsado una ley que proporcionará de «mayor seguridad jurídica» a la gestión de la pandemia y la recurra ante el Tribunal Constitucional (TC), toda vez que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió que la norma gallega podría «limitar derechos fundamentales».

El texto legal ha provocado protestas de grupos antivacunas, que han llegado a calificarlo de ‘ley Auschwitz’, un «descalificativo» al que Feijóo ha restado importancia, aunque ha advertido que, quienes usan esa expresión o no se han «leído» la ley o tienen «mala fe» al pretender «destruir un mecanismo» que solo aspira a «proteger» la salud de los ciudadanos.

En todo caso, ha esgrimido que «lo que tiene que hacer un Gobierno es gobernar», de forma que «lo más importante es proteger la salud y lo de menos son los descalificativos hacia quien trata de hacerlo», y ha recordado que la Xunta trató «hasta la saciedad» de que fuese el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez el que impulsase una norma estatal para facilitar la gestión de la pandemia.

DEFENSA DE LA LEY GALLEGA

«Le trasladamos incluso una propuesta redactada por los servicios jurídicos», ha dicho, antes de advertir que los presidentes autonómicos han tomado medidas sin una adecuada «seguridad jurídica». Como ejemplo, ha señalado las decisiones discrepantes sobre las restricciones de la hostelería adoptadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el alto tribunal vasco.

En este contexto, ha esgrimido que la ley gallega solo busca dar mayor seguridad jurídica a las decisiones y que los jueces «puedan adoptar sentencias en base a leyes en vigor».

En este sentido, ha defendido como «razonable» garantizar que un ciudadano diagnosticado con coronavirus tenga que mantener la cuarentena o que otro con síntomas claros deba realizarse las pruebas, con el conocimiento concreto de a qué multas pueden enfrentarse en el caso de no hacerlo.

Y a renglón seguido, ha dicho que «no es verdad» que la ley «por sí sola» obligue a vacunarse, sino que fija un marco legal en el que se establece la posibilidad de que, si las autoridades competentes deciden que un ciudadano debe administrarse las dosis por motivos fundamentados de salud pública, pueda ser obligado a ello.

«No obliga a vacunar porque creo que no tenemos competencias, pero sí prevé que si el órgano competente lo dicta, se pueda obligar a esa vacunación y lo tipificamos», ha subrayado, antes de incidir en que España es un país en el que la vacunación voluntaria tiene éxito, pero dado que no se puede aventurar «qué virus llegarán en el futuro o con qué intensidad» no sobra que haya una regulación.

«REMITE A LA AUTORIDAD JUDICIAL»

Tras apuntar Darias que la ley gallega podría limitar derechos fundamentales, Feijóo ha negado este extremo y ha esgrimido que la norma, «si se lee de forma correcta y minuciosa», garantiza los derechos y libertades fundamentales o remite a la autoridad judicial cuando puedan entrar en cuestión.

Por ello, y tras recordar que el Gobierno conocía la propuesta gallega y no respondió a la misma, ha manifestado que espera que ahora no la lleve al Constitución. Hacerlo, ha advertido, sería «una actuación impropia».

«No sé si nos merecemos ser castigados por intentar proteger la salud de los gallegos», ha dicho el presidente gallego, quien ha rechazado ser «reprendido» por intentar «blindar» la salud pública en la Comunidad frente a la «incomparecencia» de un Gobierno estatal «ausente».

«Si hubiese una ley en España y un presidente autonómico se extralimitase, pues bueno. Pero es que no la hay. Y a los presidentes se nos obliga a tomar medidas restrictivas sin refrendo legal. No parece razonable y espero que no se nos castigue por velar por la salud de los gallegos ante la ausencia e incomparecencia del Gobierno», ha concluido.

Finalmente, sobre la posibilidad de vacunar a personas que conviven con mayores de 80 años, se ha remitido a las decisiones que se adoptan en el marco estatal, en órganos como el Consejo Interterritorial de salud, y ha dicho que la Xunta, por el momento, trabaja con los colectivos prioritarios que fija el protocolo.

La bandera española ha sido arriada este jueves de la base ‘Gabriel de Castilla’ en la Antártida, poniendo fin a un mes de misión y trabajo conjunto de militares y científicos que ha estado marcado por la pandemia.

El equipo llegó a la Isla Decepción el pasado 24 de enero y este jueves, 30 días después, ha cerrado sus puertas y sus integrantes han partido en el buque ‘Sarmiento de Gamboa’ rumbo a Punta Arenas, en Chile, según ha explicado un portavoz de las Fuerzas Armadas.

La campaña ha estado marcada desde su inicio por la pandemia, que ha reducido considerablemente sus integrantes y también su duración. Se trata de una misión que habitualmente tiene una duración de tres meses, mientras que este año ha tenido que ser reducida a solo un mes.

El objetivo del Ejército de Tierra en esta operación es mantener la presencia española en la Antártida y, además, dar soporte a diversos proyectos científicos sobre movimientos sísmicos, vulcanología o flora y fauna del continente helado, entre otros muchos.

Sin embargo, este 2021 toda esa actividad se ha visto reducida considerablemente y han sido solo nueve militares y una decena de científicos los que han ocupado la base. El primer revés para la misión fue el brote de coronavirus que surgió en el ‘Hespérides’ poco después de su partida de Cartagena (Murcia).

El buque transportaba a la mitad de los integrantes de la campaña y numeroso material, pero tuvo que anular su participación en la campaña después de localizar un caso de Covid-19 que poco a poco se fue extendiendo y llegó a afectar al 60 por ciento de la dotación.

El resto de integrantes de la Campaña Antártica había volado días antes a Chile tras realizar una cuarentena en España, someterse a pruebas PCR, un nuevo confinamiento en Punta Arenas y nuevas pruebas antes de su último embarque para mantener la Antártida como territorio ‘libre de Covid’.

El comandante Jefe de la base, José Ignacio Cardesa, ha ido relatando el día a día de su vida en la isla en un diario de operaciones en el que refleja tanto datos estadísticos de meteorología o vulcanología como las sensaciones más personales.

«Hemos podido disfrutar de nuestra estancia en isla Decepción, no solo de sus paisajes, sino también de la oportunidad de estar en sana convivencia un grupo reducido y heterogéneo de personas que día a día trabajan por un mismo fin», escribía el pasado el lunes.

Las 17 personas que quedaban en la isla empezaban ya a hacer las maletas para poner fin a una experiencia plagada de «obstáculos». «Cerrada la base Gabriel de Castilla sin novedad», se ha despedido este jueves todo el equipo ya embarcado en el ‘Sarmiento de Gamboa’ para un largo regreso a España.

Una vecina de Pontevedra, Rocío P.F., acusada de estafar y robar hasta dejar en una situación económica «muy delicada y precaria» a una mujer dependiente a la que cuidaba, ha reconocido este jueves los hechos en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra y aceptado una condena de tres años y nueve meses de prisión, así como pagar a su víctima una indemnización de 26.956 euros.

A la procesada se le aplica el atenuante de confesión, además del agravante de abuso de la confianza por la estrecha relación que tenía con la víctima por el hecho de ser su cuidadora.

El juicio se ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad entre las partes. La víctima y la Fiscalía se mostraron favorables a la suspensión de la pena privativa de libertad si la mujer no vuelve a delinquir en el plazo de cuatro años y medio. Además, tendrá que satisfacer la responsabilidad civil e indemnizar a la víctima y deberá cumplir trabajos en beneficio de la comunidad.

La procesada se ha comprometido a pagar un mínimo de 150 euros al mes a su víctima, cuenta con el aval de una tercera persona y tiene unas circunstancias personales especiales, con varios hijos a su cargo.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía y ha reconocido este jueves la acusada, entre junio de 2017 y abril de 2018 esta mujer trabajó en casa de su víctima en Pontevedra realizando labores del hogar y de cuidado personal de la señora, que tiene muchos problemas de salud y muy graves dificultades de movilidad, por lo que debe desplazarse necesariamente en silla de ruedas, y es dependiente para muchas tareas básicas de la vida diaria.

ACCESO

Para realizar sus quehaceres la acusada disponía de unas llaves de la vivienda y tenía acceso a todas las dependencias de la casa. En muchas ocasiones también acompañaba a la señora a hacer gestiones bancarias o le ayudaba a realizarlas personalmente por lo que, debido a la buena relación y confianza existente entre ellas, le facilitó el PIN de su tarjeta bancaria y las claves de acceso a su banca electrónica.

Por esa buena relación, pese a que en abril de 2018 dejó de trabajar con ella, solía visitarla regularmente. Además, se quedó con una copia de las llaves sin autorización.

La acusada se aprovechó de las graves dificultades físicas de la jefa, de la familiaridad y apego con la misma, de que conocía sus horarios de paseos de mañana y tarde, del libre acceso que tenía a todas las habitaciones de la casa mientras trabajó allí y de la facilidad para seguir visitando el domicilio después sin contar en ningún momento con el conocimiento y consentimiento de la dueña, según la Fiscalía, que indica que, de esta forma, se apoderó de dinero, joyas y objetos de valor.

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha iniciado un ciclo de conferencias para estudiar la relevancia social de la documentación del Archivo de Acción Católica Española (ACE), tras la labor de gestión, catalogación e investigación, realizada desde la recepción del fondo hace dos años.

La rectora de la institución académica, Mirian Cortés, ha inaugurado la propuesta acompañada por la bibliotecaria general de la UPSA, Maribel Manzano, y el director del Instituto de Historia de Ciencias Eclesiásticas (IHCE), Santiago García-Jalón.

Cortés ha destacado la importancia de un fondo «único e irrepetible» para la historia y la Iglesia de España. También ha agradecido a la Conferencia Episcopal y a la Federación de Movimientos de Acción Católica su confianza por la cesión del archivo durante 75 años. «Somos depositarios de este gran fondo documental que es patrimonio de todos», ha apuntado.

Por su parte, según la información remitida por la UPSA, Manzano ha recalcado el valor patrimonial histórico que tiene para España, y ha garantizado su custodia, tratamiento y difusión.

Igualmente, la bibliotecaria general ha hecho un llamamiento a instituciones públicas y privadas para ayudar a visibilizar este fondo, presente desde hace dos años en las instalaciones salmantinas.

Finalmente, García-Jalón ha cerrado la inauguración, una participación en la que ha destacado los estudios de carácter general sobre historia religiosa en el siglo XX. A este respecto, el profesor ha insistido en que el archivo trasladado a Salamanca es el fondo completo, no solo el archivo general, por lo que «gran parte» de la documentación «carecía de catalogación y valoración». «Era necesario proceder a su organización y puesta a disposición de los investigadores», ha concluido.

El ciclo, organizado en colaboración con el IHCE, presentará a los interesados la labor de catalogación, tratamiento técnico y apoyo a investigadores realizada por la UPSA, tras la recepción de los documentos en julio de 2018.

Además, durante el ciclo de conferencias, profesores de las universidades de Valladolid, Cardenal Cisneros, Castilla La Mancha, La Laguna y Complutense de Madrid, presentarán sus conclusiones sobre temas como el origen de la Acción Católica en España, las mujeres y el movimiento católico español, la crisis de Acción Católica, las relaciones internacionales de la asociación y el catolicismo español del siglo XX.

ARCHIVO

En la primera sesión, Ana Isabel Huete y Ángeles Sánchez, técnicas del Archivo de la institución académica, han explicado la labor realizada en la UPSA, desde la cesión del fondo histórico por parte de la Conferencia Episcopal hace dos años.

El Archivo cuenta con una serie de fondos relativos a Cáritas, Manos Unidas, los Centros de Cultura Popular, Promoción Femenina, y otros movimientos obreros y sociales, de los que también hay documentación manuscrita, impresa y audiovisual.

Según la UPSA, uno de los fondos recibidos es el archivo personal de Pilar Bellosillo, una de las primeras auditoras en el Concilio Vaticano II y presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.

El volumen de estos fondos archivísticos representa más de 600 metros lineales, que incluye documentación sobre la asociación pública de fieles creada en 1926. Las técnicas se han dedicado entre otras labores, a revisar y elaborar los inventarios, aplicar herramientas de descripción, o digitalizar y publicar la documentación para los investigadores en el repositorio institucional.

Los obispos españoles han recibido en las oficinas de protección a menores puestas en marcha en las diócesis un total de 8 denuncias de casos de abusos sexuales a menores por parte del clero, ocurridos en el pasado o casos nuevos ocurridos en estos meses; y han descartado crear un fondo de indemnizaciones económicas para las víctimas.

«El número de denuncias, casos nuevos ocurridos este año o casos antiguos recibidos ahora en las oficinas, incluso no prescritos, es muy pequeño, sobre 8 casos», ha informado este jueves el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Estos son los casos que han recibido las oficinas de atención a víctimas de abusos por parte del clero, puestas en marcha por todas las diócesis españolas hace ocho meses, aunque a estas hay que sumar 150 personas que han acudido a las oficinas no con la intención de presentar una denuncia sino de «ser escuchadas».

En cuanto a las 8 denuncias que han recibido en estos meses en las oficinas, según ha precisado, algunas venían de «murmuraciones que han dado pie a abrir una investigación» y en otros casos, ha indicado que «cuando existe la más mínima verosimilitud de que la denuncia tiene fundamento, inmediatamente se ha comunicado a las autoridades civiles».

El también obispo auxiliar de Valladolid ha citado datos de un informe de ANAR según el cual, en los últimos 12 años, «el 0,2%» de los casos eran abusos cometidos por sacerdotes, una cifra «reducida» pero que a los prelados les parece «especialmente grave» y que piden poner «en contexto» con los datos de abusos en otros ámbitos.

«Decimos con pena que estamos ante un grave problema social y con vergüenza de que en este grave problema social hemos participado personas consagradas, pero con esperanza de que en este último tramo, los datos externos reconocen que el número de personas vinculadas a la Iglesia que han causado abusos es muy pequeño», ha remarcado.

En este sentido, también ha criticado que «parece que hay una plantilla en los medios que viene a decir que, si en otros lugares de Europa han aparecido un 4% de sacerdotes implicados en abusos, en España también tiene que ser un 4% y si solo reconocen un 0,2%, es que están ocultando el 3,8%.

«No es así», ha indicado el portavoz de los obispos, precisando que «quizá el número de abusadores eclesiásticos ha sido menor en España, por la misma manera de vivir en la sociedad española, de la relación con el pueblo».

NO HAN ENCARGADO UN ESTUDIO DE CASOS PASADOS

En todo caso, ha reconocido que desconocen la cifra total de casos de abusos en la Iglesia de España en las últimas décadas, si se tienen en cuenta los abusos en el ámbito religioso, por ejemplo, en los internados donde se produjeron «muchos» de los casos. Según ha precisado, tampoco han encargado un «estudio general» sobre casos del pasado aunque esperan que los datos de las oficinas les irán dando la pauta a seguir.

Argüello ha anunciado asimismo que van a poner en marcha en la sede de la Conferencia Episcopal Española un servicio de coordinación para ofrecer recursos a diócesis y congregaciones religiosas para prevenir los abusos y atender a víctimas: ayuda de tipo jurídico, apoyo desde el punto de vista de la comunicación y programas formativos, entre otros.

Si bien, ha precisado que no se plantean crear un fondo para dar indemnizaciones a las víctimas de abusos –como hacen otras conferencias episcopales como la alemana–, más allá de las que dicten los jueces. En todo caso, ha afirmado que sí ofrecerán una «primera indemnización» no económica sino en forma de terapias o acompañamiento.

«Si hay responsabilidad penal y civil subsidiaria, hay que responder, pero además en situaciones en que no haya sentencia judicial, pero en diálogo concreto con la persona sea preciso ofrecer cualquier ayuda, se realiza, pero para eso no hace falta la dedicación de un fondo predeterminado», ha explicado.

INMATRICULACIONES

Por otro lado, preguntado sobre los 34.961 bienes que la Iglesia inmatriculó desde 1998 con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de Aznar y hasta 2015, según el listado publicado por el Gobierno la semana pasada, Argüello ha insistido en la actitud de «colaboración» de la Iglesia Y ha asegurado que en la mayor parte de los casos en que ha habido «conflicto» por un bien lo han «resuelto» en el pueblo concreto.

En todo caso, ha dicho que «puede haber algún error», asuntos «que se hayan hecho mal» y les consta que «hay ayuntamientos que están queriendo repasar». Por ello, ha asegurado que están abiertos a «dialogar» si aparece una institución o persona que considera que tiene «mejor derecho» a alguno de los bienes aparecidos en el listado.

Por otro lado, sobre la norma del Papa por la que las mujeres podrán ejercer como lectoras y acólitas, los obispos españoles aprobarán unas «pautas de discernimiento» para las diócesis, en las que se desplieguen las funciones que podrán desempeñar y de cara a la formación para estos cargos.

Igualmente, durante el encuentro, los prelados han recibido información sobre la puesta en funcionamiento de las políticas de ‘compliance’ en las instituciones de la Iglesia. Juan Murguía, miembro del Comité de Gobierno corporativo de la OCDE, explicó a los prelados las implicaciones que tienen estas políticas y el modo más adecuado de ponerlas en funcionamiento.

Entre otros temas, los obispos también han abordado la aplicación del Plan de formación en los Seminarios y han debatido sobre el foro que han organizado los obispos para hacer propuestas sobre el currículo de Religión ante la nueva Ley de educación, la LOMLOE. «Echando de menos la falta de diálogo previo, queremos, en el desarrollo curricular de la ley y en su aplicación en las CCAA, seguir expresando este diálogo», ha subrayado Argüello.

Lo que quieren, según ha añadido, es «defender» sus «legítimos derechos y de los padres» a que sus hijos reciban una enseñanza «moral y religiosa»; que la Religión «pueda aportar en esta gran transición que se está viviendo, ante los desafíos transhumanistas, una propuesta espiritual, trascendente y moral».

El Real Instituto Elcano ha advertido en un nuevo informe del impacto que las divisiones en las filas del Gobierno, y en particular el que el vicepresidente, Pablo Iglesias, se ponga de parte de la «autoritaria Rusia» para la imagen exterior de España a pesar del relativo consenso que parece imperar entre Gobierno y oposición en lo que se refiere a la política exterior.

El ‘think tank’ ha presentado este jueves su informe ‘España en el mundo 2021: Perspectivas y desafíos’, en el que desgrana el panorama y los retos que se abren en los próximos meses en distintos ámbitos como el de la política exterior, la defensa o la economía.

Así, en lo que se refiere a la acción exterior, subraya que «el arranque de 2021 ha evidenciado que no es fácil proyectarse fuera con cierta solvencia ni gestionar una diplomacia sin sobresaltos cuando, desde el seno del propio Gobierno, el socio menor le da la razón nada menos que a la autoritaria Rusia (…) a cuenta de la calidad democrática de España», en referencia a las declaraciones de Iglesias en este sentido.

Aunque «casi todos los departamentos con dimensión exterior relevante están en manos de los socialistas», como Exteriores, Defensa o Economía, «ya ha quedado demostrado que ese reparto de carteras no servirá siemprede cortafuegos para que los debates políticos internos, algunos ciertamente pintorescos, no afecten demasiado a la política exterior y europea.

Por otra parte, «la alta confrontación entre Gobierno y oposición en casi todos los aspectos de la agenda interior no se ha trasladado de manera especialmente acusada a la política exterior o europea», incide el informe, y aunque ha habido «ciertos roces» a cuenta entre otros del plan de recuperación o de Venezuela, «los partidos opositores prefieran centrar sus ataques en otras políticas».

A este «relativo clima de consenso» han contribuido, en opinión del Instituto Elcano, las figuras de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y de la titular de Defensa, Margarita Robles.

Es en este contexto en el que el Gobierno ha presentado su nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-24. «Está por ver si este documento trasciende el mero ejercicio intelectual o si tiene traducciónpráctica a partir de este mismo año», advierte el informe, que apuesta por esperar a ver si realmente se dan «pasos efectivos».

CRISIS INTERNA

En todo caso, el coordinador del informe, el investigador Ignacio Molina, ha dejado claro durante su presentación que mientras que España no supere «la actual crisis de tipo interno, que no es tanto económica sino también política, la posición internacional seguirá siendo más débil de lo que nos corresponde por potencial. El documento menciona específicamente «los problemas de legitimidad política» de las instituciones y la conflictividad territorial en Cataluña.

Molina ha lamentado que no se esté aprovechando el «alto grado de consenso» que parece haber en lo relativo a política exterior, poniendo como ejemplo el reciente acuerdo en Italia entre las principales fuerzas políticas para un nuevo Gobierno liderado por Mario Draghi, si bien ha reconocido que «ese camino requiere mucho capital político y mucho capital económico porque es costoso».

Por otra parte, el investigador ha sostenido que la pandemia no ha afectado a la reputación de España a nivel mundial, cuya imagen se había recuperado en los últimos años tras el deterioro sufrido a raíz de la crisis de 2008.

Según el informe, los últimos datos disponibles, que se remontan a entre marzo y abril de 2020, en plena primera ola, muestran que el prestigio de España se mantiene idéntico al de 2019, con una calificación de 7,5 sobre 10. El único país que ha sufrido un deterioro de su imagen internacional a causa del COVID-19 es China, donde se originó la pandemia.

La presidenta de los Premios Feroz, María Guerra, ha asegurado que la asociación organizadora «no comparte en absoluto» la opinión de la actriz Victoria Abril respecto a las vacunas del coronavirus, después de que haya asegurado que están usando «como cobayas» a las personas.

«Como presidenta de los Premios Feroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de Victoria Abril sobre el Covid-19. Seguimos trabajando por unos Feroz 2021 y una cultura segura», ha señalado Guerra.

Posteriormente, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha señalado en un comunicado que «tanto la asociación como la organización» de los Premios Feroz están «firmemente comprometidos» con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades nacionales, autonómicas y locales para la lucha contra la COVID-19

«La ceremonia del próximo martes 2 de marzo cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente, y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento», ha añadido.

A lo largo de la intervención de Abril, Guerra ha intentado en diversas ocasiones reconducir la conversación en torno a la carrera cinematográfica de la actriz, aunque con poco éxito. De hecho, Abril la ha cortado en algunos momentos y ha pedido que no le hagan «comulgar con ruedas de molino».

La actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, se ha mostrado este jueves 25 de febrero muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia de coronavirus –a la que ha calificado de «plandemia»– y, especialmente, contra las vacunas, asegurando que los seres humanos están siendo usados «como cobayas».

«Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas», ha afirmado.

La AICE es un grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los Premios Feroz para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año.

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves que, hasta que no haya una vacunación o inmunización «masiva» contra el coronavirus, es «muy difícil que puedan plantear fiestas» como las Fallas y la Magdalena y, de hecho, ha anunciado que pedirá a los Ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados lectivos para no favorecer ningún tipo de celebración.

Así lo ha indicado en rueda de prensa conjunta con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras la reunión de la comisión interdepartamental Covid-19, en la que se ha analizado la evolución de la pandemia, el alzamiento de algunas de las limitaciones impuestas y el mantenimiento de otras, como el cierre perimetral del conjunto de la Comunitat o el toque de queda nocturno.

Puig ha recalcado que «es evidente que en estos momentos no estamos en condiciones de que se realice ninguna fiesta aún» y si bien no se puede prever qué ocurrirá en el futuro porque dependerá de la evolución de la pandemia, considera que «a corto y medio plazo no parece que estemos en una situación de normalización». Por tanto, ha dicho, «hasta que no haya vacunación masiva y no consigamos acelerar los procesos de inmunización, es muy difícil que se puedan plantear fiestas masivas» como las Fallas o La Magdalena.

«El virus ha atacado nuestra forma de ser», ha lamentado el ‘president’, que opta por «esperar y ser muy prudentes para fijar un calendario» con fechas de celebración puesto que hay «muchas incertidumbres aún», como la cantidad de vacunas que finalmente recibirá la Comunitat Valenciana para la vacunación masiva en los próximo meses, la evolución las nuevas variantes del virus y su evolución.

En todo caso, ha expresado que «más pronto que tarde volveremos a la normalidad» porque la «esperanza es la vacunación» pero, hasta ese momento, ha pedido mantener la «máxima prudencia». «Todo el mundo es consicente de la situación y hay que actuar con la máxima prudencia», ha recalcado Puig, quien ha pedido a las autoridades locales que las previsiones de futuro se hagan «con la máxima prudencia».

En esta línea, ha señalado que desde la Generalitat se recoemienda a los municipios que los días festivos asociados a las fiestas «sean lectivos» porque «no parece que tenga sentido que si no hay Fallas, Magdalena» u otros, haya fiesta porque «no puede haber ningún elemento que generara una atmósfera en torno a la no fiesta que acaba siendo fiesta y produciendo más contagios».

REUNIONES

Al respecto, la consellera Ana Barceló ha señalado que a lo largo de la semana que viene mantendrán reuniones con los ayuntamientos de Castelló y València para marcar las «líneas rojas sanitarias» que se deben respetar durante los días en que se celebraría la Magdalena y las Fallas.

Para Barceló, es «necesario» que ambas administraciones mantengan «una coordinación para poder evitar cualquier situación que entendamos que no es compatible con el momento que estamos viviendo y con las restricciones y resoluciones que se dicten».

Así, ha indicado que abordarán con los consistorios «cuál es la secuencia de unas fiestas que no se van a celebrar» y establecerán mecanismos para que no se produzca «ninguna situación fuera de lo recomendable en estos momentos». En este sentido, ha remarcado que aunque «tristemente» estas fiestas «no se van a poder celebrar», «conviene analizar estos días».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que «no» aspira a dirigir el PP nacional, al tiempo que ha remarcado que no le consta que haya «ninguna discusión» sobre el liderazgo de su partido, que encabeza Pablo Casado, a quien, como presidente, «corresponde liderar el partido que preside».

«No hay ninguna discusión al respecto, al menos que yo conozca. No hay ninguna novedad. El presidente del partido es el presidente del partido y al presidente del partido le corresponde liderar el partido que preside», ha sentenciado, tras ser preguntado acerca de si hay en el PP algún problema de liderazgo con Casado al frente.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo también ha sido preguntado expresamente acerca de si tiene alguna aspiración de liderar el PP estatal. El presidente de la Xunta y uno de los ‘barones’ más poderosos de la formación popular ha replicado que esa pregunta «es un clásico», antes de añadir que la respuesta «también es un clásico».

«Y la respuesta es que no», ha aseverado el mandatario gallego, quien periódicamente ha estado en las ‘quinielas’ ante un posible salto a la política nacional, y cuyo protagonismo ha recobrado fuerza después de los malos resultados obtenidos por el PP en las últimas elecciones catalanas.

«CADA UNO TIENE SU ÓPTICA SIN MENOSCABAR LA LEALTAD»

Preguntado acerca de si tiene problemas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien reprochó el envío de «recados» a Casado a través de los medios, unas declaraciones que se vincularon directamente con el presidente gallego, que había tenido varias entrevistas, Feijóo ha respondido que su compañera de partido ya «aclaró» que sus manifestaciones «no tenían nada que ver» con él.

Por eso, ha considerado que «no merece la pena» entrar a debatir este tipo de cuestiones y ha remarcado que en su formación «prima la lealtad a la direccion». Eso sí, ha agregado que se trata de un partido «grande» en el que «cada uno tiene su óptica» y «posicionamiento». «Pero sin para nada menoscabar» al partido ni a su líder.

PREGUNTAS SOBRE BÁRCENAS

Preguntado acerca de si es conocedor de que Pablo Casado mantuviese contacto con los expresidentes Mariano Rajoy o José María Aznar para formularles preguntas sobre el extesorero Luis Bárcenas, dado el reciente encuentro que mantuvo con él en Madrid, Feijóo ha contestado que no le consta «para nada».

«No me consta para nada que haya hecho preguntas a los expresidentes, a mí no me las ha hecho y no creo que tenga dudas al respecto», ha subrayado Feijóo, quien ha evitado dar detalles de su conversación con Pablo Casado.

Sí ha recalcado que su «contacto» con Casado es frecuente, ya sea por vía telefónica o con presencia física, y es «habitual» que mantengan reuniones cuando el dirigente gallego tiene agenda en Madrid.

Una mujer presidirá por primera vez en España un tribunal militar después d que la coronel auditor María Inmaculada Benavente Cózar haya sido elegida este jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla al obtener 16 de los 21 votos posibles.

Han votado en blanco los vocales del sector progresista Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo, si bien este nombramiento se considera ajeno a los ocho que han sido retirados del orden del día y aplazados a un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo jueves, día 4, ante el que parece inminente acuerdo parlamentario para renovar a los miembros de este órgano.

La razón es que la coronel auditor Benavente era la única candidata al cargo, por lo que no se precisaba negociación ni debate alguno para designarla.

CURRÍCULUM

Benavente ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en julio de 1991 y a lo largo de su carrera ha compaginado destinos de asesoría jurídica y de jurisdicción castrense. Su primer destino como teniente auditor fue el Juzgado Togado Militar 31 de Barcelona, donde desempeñó la función de secretario relator durante un año.

Entre 1992 y 1995, estuvo destinada en la asesoría jurídica del Cuartel General de Tierra y, tras un breve paso por el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, se incorporó con el empleo de capitán auditor a la asesoría jurídica del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, donde permaneció hasta 1997.

De 1997 a 2003 prestó servicio en la asesoría jurídica del Cuartel General del Aire y, de 2003 a 2010, ya como comandante auditor, estuvo destinada en la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa, en las asesorías jurídicas del Cuartel General de Tierra, primero, y del Cuartel General del Aire, después. En 2010 se incorporó al Tribunal Militar Territorial Primero, donde ejerció como secretario relator hasta 2014. En enero de 2015, ya con el empleo de teniente coronel auditor, fue nombrada vocal del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla), el mismo que presidirá a partir de ahora.

Entre 2017 y 2020 ha desempeñado la función de fiscal en la Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid), donde desde el pasado mes de noviembre permanecía en comisión de servicio. En 2008 prestó asesoramiento jurídico en la operación EUFOR para Chad y República Centroafricana.

La coronel auditor Benavente ha realizado diversas publicaciones jurídicas. Así, es coautora de la obra «Comentarios a la ley de contratos de las Administraciones Públicas», Ed. Comares, 2002, y autora del artículo Presupuestos constitucionales y régimen legal vigente de los ascensos y la provisión de vacantes en la Jurisdicción Civil y en la Jurisdicción Militar», en la Revista Jurídica Militar, 2010.

Un informe elaborado por la Comisión de Igualdad del CGPJ señala que el número de mujeres integradas en la Jurisdicción Militar -8- representa solo un 23,5 por ciento del total; que la mayoría prestan sus servicios en los Juzgados Togados Militares Territoriales y solo dos lo hacen en Tribunales Territoriales; que no hay ninguna mujer en las Vocalías Togadas del Tribunal Militar Central y que, hasta hoy, tampoco había ninguna ejerciendo la presidencia de un tribunal, el cargo de superior responsabilidad gubernativa.

El Pleno ha acordado también nombrar a Álvaro Lafita Togores para el Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid, a Germán Méndez Sardina para el Juzgado Togado Militar número 52 de Las Palmas de Gran Canaria, a Juan Mendaro Velasco como vocal togado del Tribunal MilitarTerritorial de Sevilla y a María Del Valle López Alfranca como vocal togado del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid. Todos ellos han sido nombrados por 16 votos.