El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al equipo forense de dicho órgano judicial que valore el estado de salud de Marta Ferrusola, mujer del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, antes de decidir si archiva la causa con respecto a ella por «demencia», tal y como solicitó su defensa. Ferrusola se encuentra procesada por el presunto origen irregular de su patrimonio junto a su marido y siete hijos.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto en el que solicita a los forenses de la Audiencia Nacional que analicen un estudio médico presentado por la defensa de Ferrusola, en el que se concluye que ésta padece una «severa demencia» que le incapacita prestar declaración ante un tribunal.

Asimismo, autoriza al equipo forense que se desplace hasta el domicilio de la esposa del expresidente catalán para poder comprobar de primera mano el estado de salud alegado para pedir el archivo de la causa en la que se ha investigado el origen de la fortuna de la familia Pujol.

La defensa de Marta Ferrusola remitió el pasado 25 de enero un escrito a la Audiencia Nacional señalando que su cliente padece una «severa demencia» que, tras una larga evolución, «ha terminado por anular su capacidad para comprender los hechos» de la causa, cuyo procesamiento, así como del resto de miembros de la familia e investigados, tiene pendiente de confirmar o revocar la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según el escrito, esta situación impide «el correlativo ejercicio» de su derecho fundamental a la defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

«NO TIENE CAPACIDAD DE JUICIO NI LA TOMA DE DECISIONES CONSERVADAS»

Ferrusola, de 85 años, presentó un informe médico con fecha de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que señala que padece Alzheimer desde 2018 y actualmente debido a su demencia de base y a las lesiones cerebrales causadas por un politraumatismo sufrido el pasado mes de agosto, «no tiene la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas».

Así, el informe señala que la mujer de Jordi Pujol no se encuentra en condiciones de prestar declaración ante un tribunal por incapacidad de comprensión «tanto del objeto como de las consecuencias», así como de evocar hechos o interpretar la realidad pasada o presente, «sin que pueda descartarse que una situación como ésta pueda generar en la paciente una situación de estrés/ansiedad que empeoren todavía más su estado cogninitvo».

Por ello, el juez Santiago Pedraz abrió una pieza separada reservada para estudiar esta cuestión, a la que han sido aportados los documentos e informes remitidos por la defensa de Ferrusola, y ha dado traslado al fiscal «para su conocimiento e informe».

PROCESAMIENTO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Ferrusola fue procesada por integrar presuntamente, junto a su familia, una organización criminal destinada a acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En su auto de 16 de julio de 2020 de fin de instrucción y transformación de la causa en procedimiento abreviado, el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 José de la Mata, predecesor de Pedraz en este juzgado, apuntaba que la familia de los Pujol se aprovechó de su «posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante décadas» para enriquecerse.

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además de contra la familia Pujol, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

El líder del PP, Pablo Casado, cerrará este viernes campaña en Barcelona junto al candidato de su partido a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, tras volcarse en Cataluña estos quince días con una intensa agenda de actos para frenar el avance de Vox que recogen casi todas las encuestas publicadas.

En concreto, Casado hará doblete el último día de campaña. Por la mañana participará en un acto con afiliados a las 13.15 horas en la localidad barcelonesa de Terrassa, en el que también participarán Fernández y el presidente del PP de Barcelona, Óscar Ramírez. Después mantendrán un encuentro con empresarios catalanes.

Por la tarde, el acto de cierre tendrá lugar a las 19.00 horas en el restaurante Xalet de Monjuit de Barcelona y Casado compartirá escenario con el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat y su número dos en la lista, Lorena Roldán.

En este acto de cierre también estarán presentes los vicesecretarios de Comunicación y de Territorial, Pablo Casado y Antonio González Terol, que han ayudado al PPC estas dos semanas a trasladar su programa electoral con una caravana paralela en aquellos municipios en los que el partido puede mejorar su representación.

Casado, que ha situado al socialista Salvador Illa en el epicentro de sus críticas, se ha volcado de lleno en estas elecciones y ha visitado siete veces esta comunidad autónoma los quince días de campaña. También los ‘barones’ territoriales del PP y sus principales alcaldes han apoyado a Fernández.

EL FOCO DE BÁRCENAS O REVIVIR EL 1-O NO AYUDAN AL PP

Los ‘populares’ tocaron suelo en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, donde solo lograron cuatro escaños, y dan por sentado que mejorarán sus resultados pero quieren evitar que Vox entre con fuerza en el Parlamento catalán.

Varias encuestas, como el CIS, incluso apuntan a un posible ‘sorpasso’ al PP, un extremo que descartan desde ‘Génova’. Sin embargo, en las filas del PP ha crecido la inquietud en esta recta final de campaña ante el avance del partido de Santiago Abascal.

Además, fuentes del PP admiten que los acontecimientos de esta última semana no ayudan al PP, en alusión a la confesión del extesorero de la formación Luis Bárcenas o las declaraciones de Pablo Casado reviviendo ahora el 1 de octubre y marcando distancias con Mariano Rajoy.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reivindicado este jueves la «grandísima democracia» que, a su juicio, ha demostrado ser España en estos últimos 42 años, y ha defendido la necesidad de ser «dignos» con la historia reciente, por lo que se ha conseguido en estos años, y porque «hay mucha gente que todavía recuerda vivir en una dictadura».

Calvo ha vuelto a responder de este modo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a sus polémicas declaraciones del pasado lunes cuestionando la normalidad democrática en España, y que este jueves ha vuelto a reafirmar en una entrevista radiofónica.

Preguntada sobre las peticiones de quienes desde fuera han reclamado la destitución de Iglesias como vicepresidente, Calvo ha tratado de dejar al Gobierno al margen del debate que se ha generado. En este sentido, ha asegurado que ella opina de este asunto sólo porque se le pregunta, y ha añadido que «el Gobierno no tiene nada que decir sobre esto», porque es un Ejecutivo «legítimo salido de las urnas».

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar el acto organizado por el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

«UN MOMENTO BRILLANTE DE LA HISTORIA DE ESPAÑA»

Es un momento brillante de la historia de España, y lo hemos conseguido este pueblo español, que ha sido capaz de entender que su destino era ser una gran democracia en Europa, y lo hemos conseguido, así que creo que estas cosas hablan por sí solas», ha asegurado.

Y a continuación, ha añadido que «hay mucha gente que todavía recuerda vivir en una dictadura». «Debemos ser en este sentido bastante dignos con nuestra propia historia reciente», ha apostillado, antes de señalar que la gente que se acuerde de «otro país que ya no es este», sentirán «seguramente» que los últimos 42 años han sido casi de los mejores de la historia de España.

Según Calvo, la democracia española «es analizada por organismos internacionales de vez en cuando» y los resultados son que es «una de las 20 mejores democracias del mundo». «Si a esto le añadimos que hace 42 años éramos una dictadura, creo que este país tiene un mérito increíble», ha ensalzado.

Así ha destacado, por un lado, el mérito del electorado, «por cuanto ha sentido y ha sido libre para votar durante más de 40 años», y por otro, del pueblo español, «porque ha conducido este país a una de las democracias más solventes del mundo». «Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen organismos de análisis exterior a nosotros. Eso merece la pena que lo pongamos en valor», ha ahondado.

«NO TENGO DUDA DE LO QUE MI PAÍS ES»

«No tengo duda de lo que mi país es, con un Parlamento plural y diverso, con dos cámaras, con un sistema vigoroso que resistió el 23F y ha resistido el luchar y derrotar a ETA con el Estado de derecho por vanguardia, que ha resistido situaciones críticas como la crisis del año 2008, donde este país aguantó unos recortes tremendos al Estado del bienestar», ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en que una democracia que hace 42 años sale de una dictadura y «aguanta todos esos envite» es «una grandísima democracia». «Es que no tendríamos ni que decirlo. Lo sigo porque me preguntan», ha apostillado.

«Y el Gobierno no tiene nada que decir sobre esto porque el Gobierno cada día es el Gobierno legítimo salido de las urnas de nuestro país. Deberíamos estar bastante contentos», ha añadido, tras ser pregunta sobre las peticiones de cese de Iglesias.

El pleno del Parlamento Europeo ha hecho este jueves un llamamiento para atajar «urgentemente» el aumento «exponencial» de la violencia de género durante los meses de pandemia, al tiempo que ha denunciado que la crisis social y económica provocada por el virus está afectando «de manera desproporcionada» a mujeres y niñas y amenaza con «exacerbar las desigualdades».

En una resolución no legislativa aprobada con 505 votos a favor, 109 en contra y 76 abstenciones, los eurodiputados apuntan que, a pesar de los avances, los Estados miembros de la UE todavía no han cumplido todos los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín adoptada hace más de 25 años.

En el texto, la Eurocámara llama la atención sobre las repercusiones de la pandemia de coronavirus sobre la igualdad de género y advierte sobre la posibilidad de que pueda «invertir los progresos realizados hasta ahora».

Con respecto a la violencia de género, los eurodiputados piden a la UE que «aborde urgentemente el aumento de la violencia de género durante la pandemia de Covid-19», que ha crecido «exponencialmente». Para ello, insta a la Comisión Europea a desarrollar un protocolo sobre la violencia de género en momentos de crisis que incluya servicios como líneas de ayuda, alojamiento seguro y servicios sanitarios.

En la misma línea, urgen a los países europeos y al Ejecutivo comunitario adoptar medidas específicas para erradicar la violencia y el acoso en las redes, además del «discurso de odio misógino». También destacan el papel que desempeña la educación en este sentido y piden que se luche contra los estereotipos de género.

POBREZA Y BRECHA DE GÉNERO

Por otro lado, la resolución del Parlamento Europeo pone el acento en que la pandemia empujará a otros 47 millones de mujeres y niñas por debajo del nivel de pobreza a nivel mundial, lo que elevará el total a 435 millones. Así, subraya que la crisis «presenta aspectos de género» y sus consecuencias tienen «una clara perspectiva de género».

En consecuencia, aboga por abordar «la feminización de la pobreza en todas sus formas», incluida la pobreza en la vejez y en concreto «mediante la inclusión de la perspectiva de género en la provisión de derechos de pensión y el acceso a ellos».

Asimismo, destaca que la «plena inclusión» de las mujeres en el mercado laboral y «la promoción del emprendimiento femenino» son «factores clave» para lograr un crecimiento económico «integrador» a largo plazo, luchar contra las desigualdades y fomentar la independencia económica de las mujeres.

Al mismo tiempo, llama a redoblar los esfuerzos para cerrar la brecha salarial de género «y hacer cumplir el principio de igualdad de retribución mediante la adopción de legislación destinada a aumentar la transparencia salarial», lo que incluye «medidas obligatorias para todas las empresas».

LAMENTAN TENDENCIAS REGRESIVAS

La resolución aprobada también lamenta que en los últimos años «se hayan acentuado las tendencias regresivas expresadas en algunos países con respecto al cuestionamiento del Convenio e de Estambul, la involución en contra de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En este aspecto, condena «enérgicamente» la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que prohíbe «de facto» el aborto «y el consiguiente retroceso en la salud y los derechos sociales y reproductivos de las mujeres en Polonia.

Así, remarca que el acceso a servicios de planificación familiar y a servicios de interrupción del embarazo «seguros y legales» constituye un «elemento importante para garantizar los derechos de las mujeres y salvar vidas».

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 y 18 de agosto de 2017 reanudará la vista oral la semana que viene con la intención de dejarlo visto para sentencia.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado el próximo martes y miércoles para que las defensas de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza expongan su informe final.

El tribunal suspendió el pasado 4 de febrero el juicio hasta que dos de los abogados defensores que habían dado positivo en covid, o manifestaban síntomas del virus, se recuperaran totalmente para poder informar presencialmente.

Después será el momento en el que los acusados hagan el uso del turno de la última palabra, si así lo consideran oportuno. Tras ello, el tribunal dejará visto para sentencia el juicio que comenzó el pasado 10 de noviembre.

Previsiblemente, uno de los acusados que sí hará unas últimas declaraciones ante el tribunal será Driss Oukabir, ya que en muchas de las sesiones del juicio se le ha escuchado quejarse de lo que algunos testigos o peritos han manifestado.

También lo hizo durante la exposición de informes de algunas acusaciones, lo que llevó al presidente del tribunal, Alfonso Guevara, a regañar, una vez más, al acusado y pedirle que no interrumpiera las sesiones. Los acusados han estado siguiendo el juicio desde una sala acristalada.

DISCREPANCIAS ENTRE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES

La Fiscalía y las acusaciones particulares y populares ya han expuesto ante el tribunal sus informes finales y han explicado sus peticiones de pena. El Ministerio Público pide penas de prisión que van hasta los 41 años pero, al contrario que muchas de las acusaciones, no considera a los acusados responsables de las víctimas mortales de los atentandos.

La Fiscalía afirmó que Mohamed Houli –para quien se piden 41 años de cárcel–, Driss Oukabir –que se enfrenta a 36 años de prisión– y Said Ben Iazza –para quien sólo se interesan 8 años de cárcel– no participaron, ni pudieron hacerlo, en los atentados de Cataluña. Explicó que los dos primeros pertenecían a la célula yihadista que atacó y que Ben Iazza simplemente colaboró con ella prestando una furgoneta y documentación personal para adquirir los precursores de explosivos.

Sin embargo, ninguno de los tres acusados estaban presentes cuando los miembros de la célula, que fueron abatidos tras los atentados, decidieron cambiar sus planes y dirigirse hacia La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils tras conocer que la vivienda de Alcanar (Tarragona), donde se preparaban los explosivos liderados por el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, saltó por los aires.

La mayoría de las acusaciones particulares discrepan con el Ministerio Público y creen que los acusados eran plenamente conocedores del único plan que había: «matar y dañar». Así lo dijo la abogada de los mossos d’Esquadra que resultaron heridos en Alcanar, una afirmación que han compartido casi todos los abogados que representan a las víctimas.

Las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M fueron las últimas en informar y reiterando su petición de pena de prisión permanente revisable para Houli Chemlal y Oukabir argumentando que ha quedado acreditado que ambos «formaban parte del plan criminal» y que la única «misión» que tenía la célula yihadista a la que pertenecían era «causar un atentado en el cual murieran el mayor número de personas».

Militantes de IU, junto a miembros de su dirección federal y de todas las federaciones que componen esta formación, se han movilizado hoy para respaldar las concentraciones convocadas por CCOO y UGT para demandar la derogación de la reforma laboral del PP y subir el salario mínimo interprofesional (SMI).

La portavoz federal de IU y el portavoz parlamentario en el Congreso, Sira Rego y Enrique Santiago, respectivamente, han coincidido en destacar en el acto desarrollado en Madrid que «ahora sí toca subir el Salario Mínimo (SMI), ahora sí toca la subida de las pensiones y ahora sí toca derogar la reforma laboral del PP».

Rego ha indicado durante la concentración convocada frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que se está «ante una crisis sobrevenida por la pandemia del Covid-19, que requiere que tengamos instrumentos suficientes y fuertes para que la crisis no la paguen las de siempre, la gente trabajadora».

Santiago ha detallado que esta presencia hoy en las movilizaciones responde al «apoyo» que se quiere prestar a los sindicatos para contribuir a «mejorar la vida de los trabajadores».

Esto conlleva, ha relatado, que se «cumplan» los compromisos adoptados en su formación por el Gobierno de coalición, entre ellos «abordar de una vez la reforma laboral que acabe con la precariedad y recupere la negociación colectiva como una herramienta poderosa de regulación de las relaciones laborales».

La portavoz federal de IU y eurodiputada ha recordado que reivindican «algo que ha formado parte históricamente de su agenda política allá». Lo seguiremos peleando desde el Gobierno, pero también desde las calles con quienes se movilizan y organizan», ha ahondado.

En esta misma línea, el diputado de IU en el Congreso ha recalcado en que es el momento de «garantizar unas pensiones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras, que permitan que al finalizar su vida laboral vivan en unas condiciones dignas después de haber trabajado tanto».

«Es imprescindible que se cumplan todos los acuerdos del Gobierno de coalición y mejorar la puesta en marcha de todos estos procesos. Para ello, vamos a estar muy pendientes, organizados y movilizados apoyando a los sindicatos, en esta movilización y en todas las que se convoquen posteriormente», ha concluido.

La candidata del PNC a las elecciones catalanas, Marta Pascal, se ha abierto este jueves a pactar con el PSC y con los partidos que estén por el concierto económico, por bajar los impuestos, por la defensa de la escuela concertada y por acabar con «la desobediencia».

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que Junts, ERC, CUP y PDeCAT hayan firmado un documento en el que se comprometen a no pactar con el PSC la formación de un Govern después del 14 de febrero.

Según Pascal, hacer política equivale a negociar y a hablar con el que piensa diferente, y también la búsqueda de acuerdos, «y hasta ahora en Cataluña se ha vivido una situación de bloques, y parece que algunos están dispuestos a que todo siga igual».

«El PDeCAT, Junts, ERC y la CUP han dicho que sólo pactarán entre ellos, sólo entre el bloque independentista», ha lamentado Pascal, que ha erigido al PNC como la garantía de poder abrir un nuevo momento en la política catalana.

Así, ha señalado que el PNC está dispuesto «a pactar con todo el mundo, siempre que se cumplan algunas condiciones, como acabar con la desobediencia, la defensa de la escuela concertada, la rebaja de impuestos y el concierto económico».

ANUNCIO

El partido también ha colgado en su cuenta de Twitter un nuevo anuncio de campaña en el que Pascal rompe los programas electorales de Junts, PDeCAT, ERC y PSC por considerar que han incumplido promesas anteriores.

Tras mostrar el programa de Junts, Pascal recuerda que son los mismos que en 2017 prometieron que proclamarían la independencia, y pese a hacerlo «ni bajaron la bandera española del Palau de la Generalitat»

«Y ahora dicen que, si ganan las elecciones, proclamarán la república. Eliminado», dice Pascal, tras lo cual rompe el programa.

Sobre el PDeCAT, constata que quieren suprimir el impuesto de Sucesiones pero «hace seis meses votaron a favor» de subirlo, y también cuestiona que se presenten como garantía del modelo de escuela concertada y votaran a favor en el Parlament del decreto de admisión de alumnos del conseller de Educación, Josep Bargalló.

«Otro principio a la basura», añade la excoordinadora de dicho partido, que también acusa a ERC prometer ayudas para paliar los efectos de la pandemia y de haber dejado Cataluña abandonada y sin apoyo, lo que define como un engaño.

En relación al PSC, critica que su cabeza de lista, Salvador Illa, prometa bajarse el sueldo si es presidente de la Generalitat «pero siendo ministro no se lo bajó ni un céntimo».

«A la papelera. Todos estos principios han quedado por el suelo. Por este motivo nació el PNC, para que no paséis más vergüenza. Alguien tiene que defender un modelo de país a través de un proyecto catalanista, que rechaza la confrontación, pone las personas en el centro y trabaja por la reactivación económica», zanja.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo declarará este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón como investigado en tres piezas del caso ‘Tándem’, justo una semana después de haber recibido el alta hospitalaria por el Servicio de Neurología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Según han informado fuentes de la defensa, el comisario jubilado prestará declaración por videoconferencia desde la cárcel de Estremera sobre el presunto encargo de Repsol y Caixabank al Grupo Cenyt –bajo el mando de Villarejo– para evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración de la energética (pieza 21); por el presunto encargo de agredir a la doctora Elisa Pinto (pieza 24); y por el supuesto espionaje a la constructora Martinsa-Fadesa de Fernando Martín (pieza 25).

El abogado Antonio García Cabrera, que defiende a Villarejo, emitió el pasado este viernes un comunicado en el que informaba de que el policía jubilado fue trasladado el jueves de la semana pasada a Estremera (Madrid), tras recibir el alta hospitalaria.

No obstante, señalaba que los síntomas que obligaron a hospitalizarle –una intensa cefalea, sensación de mareo, gran dolor en la cuenca del ojo izquierdo, visión doble, pérdida de la movilidad del ojo izquierdo y caída del párpado izquierdo que sólo puede levantar con ayuda de la mano– persisten aún.

En el escrito, el abogado informaba de que, pese a su actual situación física, Villarejo seguía manifestando su voluntad de prestar las tres declaraciones judiciales fijadas para mañana ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, así como de declarar voluntariamente sobre varios temas.

De momento, las fuentes consultadas apuntan que el comisario será interrogado por estas tres piezas. La declaración de la pieza 21 del caso Tándem, relacionada con el denominado ‘proyecto Wine’, tiene lugar justo un día después de que comparezca por este mismo asunto el que fuera su socio Rafael Redondo.

Redondo ha afirmado este jueves ante el juez en el asunto de Repsol y Caixabank él solo gestionaba la parte administrativa en Grupo Cenyt, y que fue Repsol y CaixaBank quienes indicaron qué conceptos poner en las facturas relacionadas con el encargo de evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciera con el control del Consejo de Administración de la energética.

‘PROYECTO WINE’

Según explica el juez García Castellón en el auto por el que se acordaba la investigación de este proyecto, la empresa de Villarejo llevó a cabo presuntamente de forma ilícita un encargo de Repsol y Caixabank con el objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF «para tomar el control de la compañía».

Tras escuchar las declaraciones del que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, la del ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño y la del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández, y de Redondo, todos ellos imputados, será el turno de Villarejo.

A estas comparecencias se han sumado además las realizadas en calidad de testigos de los perjudicados por este ‘encargo’: El expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el encargado de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez y el antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo.

LA AGRESIÓN A LA DOCTORA PINTO

La siguiente pieza en cuestión es la relativa al presunto encargo para agredir a la doctora Elisa Pinto, por la que el pasado 18 de enero declaró, también en calidad de investigado, el empresario Javier López Madrid, quien negó haber contratado y pagado a Villarejo por algún tipo de servicio.

Esta pieza 24 de la macrocausa Tándem no investiga si Villarejo agredió con un bisturí a la dermatóloga, sino si existió un encargo por parte de López Madrid, quien además ha presentado documentación para tratar de desmontar la versión de Pinto.

El asunto sobre las agresiones físicas denunciadas por la doctora está pendiente de enjuiciamiento, después de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid decidiera llevar a juicio tanto a López Madrid como al comisario jubilado. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga la denuncia por acoso presentada por López Madrid contra Elisa Pinto.

‘PROYECTO SAVING’

Por último, Villarejo también declarará sobre el supuesto encargo de espiar a la constructora Martinsa-Fadesa con el objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora de una empresa de José Moya Sanabria –también investigado– en relación a un reconocimiento de deuda de la constructora.

El encargo, que fue denominado por Villarejo ‘proyecto Saving’ podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas. Por intermediar presuntamente entre el Grupo Cenyt y el empresario, está imputado el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de indemnizar a una pareja en 67.900 euros por una adopción internacional fallida.

Según recoge la sentencia, contra la que cabe recurso de casación, el tribunal ha rechazado el recurso interpuesto por una pareja contra la desestimación de la Consellería de Política Social de una solicitud de indemnización por el «deficiente funcionamiento de los servicios públicos» de la Xunta ante la fallida adopción de un niño etíope, gestionada por la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) ADDIS Galicia.

En concreto, los recurrentes buscaban el reconocimiento de su derecho a ser indemnizados «por los daños y perjuicios causados por la Consellería de Política Social» en más de 67.900 euros. Así, explicaron que, tras haber sido admitidos para iniciar un proceso de adopción en Etiopía, presentaron una solicitud en febrero de 2012 y la Consellería los convocó a una reunión fijada para marzo de ese año con los técnicos del equipo de adopción.

Ese mismo año, la Xunta les comunicó que su proceso, una vez obtenida la certificación de idoneidad, sería gestionado por ECAI, a la que transfirieron 5.500 euros antes de firmar el contrato y 2.400 después.

En 2017, la entidad les requirió el pago de un complemento de tarifa por importe de casi 6.700 euros y un donativo de 8.000 euros entre otras prestaciones económicas no recogidas en el contrato suscrito y que no abonaron. Finalmente, la sentencia explica que «el proceso de adopción internacional resultó fallido al no poder afrontarse en esas circunstancias, sin que la Administración ni la ECAI aportaran soluciones al problema.

Por ello, la pareja formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración, al entender que «la Consellería de Política Social hizo dejación de su función de control y vigilancia» respecto de la actuación ECAI y «la solvencia económica de la misma». Mediante la solicitud, considerada desestimada por silencio administrativo, los recurrentes buscaban que la Xunta los indemnizase en 60.000 euros por daños morales y les abonase los 7.000 euros pagados a ECAI.

AUTORIDAD COMPETENTE

El TSXG ha recordado que, «en materia de adopción internacional, la autoridad competente en Galicia es la Consellería de Política Social». También ha apuntado que «detrás de una ECAI habilitada que ejerce su actividad está siempre la Administración» dado de la entidad debe cumplir requisitos para obtener la habilitación de la Xunta que le permita desarrollar funciones en materia de adopción internacional y someterse a su control.

Sin embargo, el tribunal ha señalado que los que intervienen en la tramitación «no pueden garantizar el éxito de la adopción ni deben hacerlo», pues una adopción transterritorial o transnacional «está sujeta a una multitud de circunstancias, contratiempos y riesgos».

Aunque ha reconocido que «se ha producido un resultado lesivo o dañoso», ha descartado que esté relacionado con «un normal o anormal funcionamiento de la Administración», ya que «obedece a causas ajenas sobrevenidas». Además, los jueces han remarcado que los recurrentes eran «perfectos conocedores de la incertidumbre respecto del éxito o fracaso de la adopción pretendida».

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha avalado este jueves la estrategia fijada por el ‘Pacto de Las Flores’ para trasladar al Estado y a la Unión Europea la situación que vive Canarias con la crisis migratoria a través de un pacto entre fuerzas políticas, agentes sociales, económicos y ONG.

«No debemos ni podemos perder un minuto más, ya que hasta ahora no se han puesto soluciones satisfactorias sobre la mesa y tenemos claro que esta comunidad no será una cárcel para 7.000 migrantes que buscan salir de aquí, ni tampoco toleraremos más improvisaciones con esta situación», afirma Curbelo, que cuestionó, además, la creación de macrocentros de campaña para albergarlos.

«No son lugares dignos para nadie, ni cumplen con las condiciones óptimas, lo que ha intensificado las tensiones y el malestar entre ellos provocando algunas situaciones complicadas, tal y como ha ocurrido esta semana en el campamento de acogida de inmigrantes de Las Raíces», sostiene en una nota.

Por ello, el diputado autonómico espera que con este ‘frente común’, tanto el Estado como la Unión Europea aceleren un plan concreto con medidas reales que evite imágenes como las expuestas en los últimos días y se facilite el tránsito a los migrantes.

«Estamos en un callejón sin salida y con un problema que no solo atañe a las islas, en medio de una coyuntura que incrementa la crispación social, con situaciones que han generado algunos problemas de convivencia entre los propios inmigrantes y con los residentes», comenta.

En este punto, Curbelo asegura que el sentir mayoritario de los canarios es de solidaridad y empatía con los inmigrantes.

«Los canarios comprendemos esta situación porque somos hijos y nietos de inmigrantes, y hemos vivido en carne propia la necesidad de abandonar nuestra tierra para ir en búsqueda de oportunidades. Somos un pueblo sensible y consciente de que lo que quieren los inmigrantes es llegar a otras comunidades de España e incluso a otros países de Europa, donde les esperan familiares y nuevas oportunidades laborales», añade.

En este sentido, rechazó una vez más todo tipo de actos xenófobos y racistas, al tiempo que lamentó que algunos líderes políticos utilicen un asunto tan delicado como es la inmigración para generar miedo y odio en la población.

«Estas personas llegan a Canarias desesperadas por lograr alcanzar su meta, que no es otra que continuar su viaje hacia la Península e incluso a países situados más al norte de Europa, por lo que no podemos retenerlos por más tiempo, sino activar los mecanismos que posibiliten las derivaciones lo antes posible», insiste.

Los sindicatos CCOO y Ustea han manifestado «su rechazo contundente al ‘pin parental’ que la Junta pretende implantar en Andalucía», toda vez que han exigido «la inmediata retirada del acuerdo entre el consejero de Educación, Javier Imbroda, y Vox», mientras que UGT ha pedido explicaciones al consejero sobre este asunto y ha solicitado una reunión de Mesa Sectorial «para ser informados en qué términos se ha firmado dicho acuerdo».

Así, en un comunicado, CCOO señala que «este miércoles se ha conocido la firma de un acuerdo por el que se va a implantar el ‘pin parental’ en los centros educativos andaluces», al tiempo que afirma que «ello es fruto de los favores que el consejero de Educación debe pagar a Vox por el apoyo a su investidura, aunque este acuerdo suponga un empeoramiento de la educación e infravalorar, pisotear y cuestionar la labor del profesorado».

En este sentido, según el sindicato, «el ‘pin parental’, que en realidad es un ‘veto parental’, supone un ataque frontal a la libertad de cátedra y de enseñanza, pues ataca los principios en los que se fundamenta la docencia».

Para la responsable de Mujer, Igualdad y Política Social de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, María Trinidad Montes, «es una situación no nueva que ha adoptado nuevas formas, en línea con el concepto manipulado de libertad de las familias, para someter la profesión docente a intereses ideológicos, políticos y religiosos, siendo una estrategia que fomenta la desconfianza de un sector de la sociedad hacia el colectivo docente».

Desde el sindicato se recuerda que la profesión docente «es altamente creativa y compleja y requiere tanto de alto grado de autonomía para su ejercicio como del apoyo y confianza de la sociedad». Tanto es así, que «hay que considerar al profesorado como un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática, y el veto parental supone un ataque a estos fundamentos y a su trabajo», agrega.

Para el sindicato, «el ‘veto parental’ que se va a implantar en Andalucía es otra vuelta de tuerca más en la política de desacreditación de la profesión docente, siendo uno de los principales problemas con los que se encuentra la escuela, pues el profesorado no se siente valorado ni respaldado en sus decisiones, sino cuestionado y fiscalizado».

Además, según Montes «no se trata de una simple autorización para el acceso a una actividad, sino vetar actividades que forman parte del contenido curricular del plan de un centro educativo destinado a la formación igualitaria e inclusiva».

CCOO exige también al Consejero de Educación «hacer su trabajo y convocar el Observatorio Andaluz de la Convivencia Escolar, pues querer privar al alumnado de contenidos orientados al respeto de la diversidad generará interferencias graves en la normal convivencia en los centros educativos».

«Por todo, CCOO no cejará en su empeño de frenar las actuaciones de las organizaciones de la extrema derecha que, con iniciativas como el veto a determinados contenidos impartidos dentro del horario lectivo, pretenden acabar con los consensos sociales y educativos y desprestigiar y limitar la labor del profesorado», concluye Montes.

Por su parte, Ustea añade que «ante este grave ataque al profesorado, alumnado y a la educación pública en su conjunto», exige al consejero de Educación «que, de manera inmediata, retire su firma del lamentable acuerdo que se ha hecho público, manifestando su compromiso claro y rotundo de no implantar una medida tan lesiva para la educación pública y para los derechos tanto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como para el alumnado».

También solicita que «se den por extinguidos» el punto 13 del acuerdo de investidura entre PP y Vox, «en el que se refleja que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones», así como el punto correspondiente del acuerdo de presupuestos para el año 2021 entre PP, Cs y Vox, «en el que se concreta el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias».

«Insistimos en que la ley protege el interés superior de los menores, es decir, prevalece el derecho a acceder al currículo completo, y las actividades complementarias forman parte de ese currículo», agrega Ustea, que considera, por tanto, «que desde el Gobierno de nuestra comunidad y desde la propia Consejería de Educación se está sometiendo al profesorado a una situación de vulnerabilidad y extendiendo sobre el conjunto de los profesionales docentes la oscura sospecha y presunción de adoctrinadores en supuestas ideologías de género».

Por su parte, desde UGT señalan que «desde que comenzó la legislatura del Gobierno actual en Andalucía seha hablado mucho sobre el llamado ‘pin parental'» y desde UGT»adquirimos, en Mesa Sectorial celebrada a principios de 2019, elcompromiso del propio Consejero de Educación de que no iba afirmar ningún acuerdo sobre este tema», indican.

UGT EXIGE REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL

Sin embargo, «en el día de ayer sorprendentemente pudimos comprobar, a través de los medios de comunicación, que se ha llevado a cabo la firma de este acuerdo», lamentan en un comunicado desde el sindicato, y añaden que «no han sido informados en Mesa Sectorial sobre esta cuestión», por lo que, en la mañana de este jueves, desde UGT han solicitado por registro de la Consejería de Educación una reunión de Mesa Sectorial «para ser informados en qué términos se ha firmado dicho acuerdo.

«En UGT podemos estar de acuerdo en que la participación de lasfamilias sea significativa pero no podemos consentir incrementos decarga de trabajo para el personal docente», agregan. Por tanto, desde FeSP UGT Andalucía «reivindicamos a la Administración la mencionada reunión para poder estar informados de primera mano y poder actuar consecuentemente si afecta negativamente a las condiciones laborales de los docentes andaluces».

Por último, el secretario de comunicación de ANPE-Andalucía, Antonio Brea, indica que «desde el desconocimiento del contenido concreto del acuerdo, desde ANPE no tenemos inconveniente en la implantación de mecanismos que faciliten la comunicación entre los centros educativos y las familias, pero nos opondremos a aquellos que puedan servir para una intromisión de las mismas en la planificación pedagógica realizada por el profesorado».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respaldado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y al subrayar que «decir que a España le queda por avanzar en valores democráticos es decir la verdad».

Así lo ha indicado en Twitter al adjuntar parte de la intervención durante una entrevista a Rac 1 del líder de Podemos, quien esta mañana se ha reafirmado en su posición de que hay situaciones que revelan que España es una «democracia mejorable» y se ha mostrado «orgulloso» de decir la «puñetera verdad» desde dentro del Gobierno.

«Decir que a nuestro país le queda por avanzar en valores democráticos es decir la verdad. Servicios públicos, blindaje de lo común e igualdad para todas y todos», ha apuntado la titular de Igualdad en Twitter.

Podemos ya lanzó ayer para apoyar a Iglesias un vídeo en redes sociales en el que apunta a la marcha del Juan Carlos I, la supuesta ‘caja B’ del PP, o el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel como situaciones que, a su juicio, no pueden encuadrarse dentro de la normalidad democrática.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya respaldó ayer en un acto de la campaña elector del 14F al vicepresidente. «Creo todo el Gobierno estamos de acuerdo con palabras de Iglesias», detalló.

MINISTROS DEL PSOE SE DISTANCIAN

No obstante, diversos ministros socialistas se han desmarcado en estos días de las opiniones de Iglesias y han rebatido que España es una democracia plena. Este jueves la ministra de Defensa ha defendido que España es una democracia ejemplo en todo el mundo, cuyas instituciones «funcionan» y no tiene «nada que envidiar» a ningún otro país.

Ello ha motivado que la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, le responda en Twitter que «una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen».

Ayer, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, salió al paso de la polémica al ironizar que Iglesias puede dar las gracias porque solo le haya espiado «las cloacas» del Estado en lugar de «envenenarle con polonio».

«Pablo Iglesias puede dar las gracias de que, en España, el Estado no lo envenene con polonio y solamente se le haya espiado desde las cloacas del Ministerio del Interior para fabricar basura falsa y adulterar las elecciones. En España hay plena normalidad democrática. Di que sí», escribió en Twitter.

Un 26,8% de las investigadoras en España asegura que la discriminación por razón de sexo es un obstáculo que ha incidido o incide en el avance de su carrera.

Así lo pone de manifiesto el ‘Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España’ elaborado por el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyos resultados han sido presentados este jueves en un acto en el Ministerio con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este 11 de febrero.

El estudio, que se basa en una encuesta online en la que han participado un total de 5.606 investigadores autoseleccionados, de los cuales 61% han sido mujeres (3.415) y 39% hombres (2.191), refleja que para el 1,2% de los hombres la discriminación por sexo es el «principal obstáculo», mientras que esta cifra asciende al 4% en el caso de ellas.

Pero las mayores diferencias se observan a la hora de considerar la discriminación por género como un «obstáculo importante», pues si sólo el 5% de los hombres se decantaron por esta opción, las mujeres la eligieron en el 22,8% de los casos. De hecho, la gran mayoría de investigadores (el 74,1%) no lo consideran un obstáculo en absoluto, cuando eso sólo lo piensa el 37% de las mujeres investigadoras.

Con respecto al acoso, el estudio revela que las mujeres sufren con mayor probabilidad acoso sexual, pues un 8,6% asegura haber sufrido acoso sexual (frente al 1,2% de los hombres) y un 14% actitudes y situaciones mediante las que se hace sentir a las mujeres que no merecen respeto (un 1,7% ellos). Además, un 9,7% de ellos y un 9,4% de ellas conocían a alguien que había sufrido acoso sexual.

Asimismo, el estudio concluye que el 50,4% de las mujeres creen que el clima laboral es más hostil para ellas que para ellos (esto lo piensa el 27,2% de los encuestados) y que la presión social por escalar posiciones más rápidamente no es la misma en hombres y mujeres, siendo más perjudicial para ellas para el 47,2% de las participantes y para el 17,4% de los encuestados.

Además, la dificultad para promocionar puestos de responsabilidad y dirección no es igual siendo mujer que hombre, siendo peor para ellas, aunque los méritos sean equivalentes, según el 68,1% de las mujeres y el 32,9% de los hombres que participaron en la encuesta.

El informe también detecta diferencias entre ellos y ellas a la hora de preguntar sobre si las bajas y permisos por cuidado de menores complican la carrera investigadora: el 16,3% de los hombres contestaron que esto afectaba por igual a hombres y mujeres, frente al 3,9% de mujeres que contestaron esto; y el 61,6% de ellos considera que perjudica más a ellas, porcentaje que sube al 86,4% cuando contestaban las investigadoras.

«POLÍTICAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA»

El acto ha sido inaugurado por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno, Carmen Calvo, que ha advertido: «Las mujeres no podemos estar fuera de ese espacio de influencia de iluminación y conocimiento que supone estar presentes en las grandes decisiones que están diseñando el futuro».

En este sentido, ha abogado a implantar desde políticas jurídicas a políticas del Gobierno en aras de fomentar el feminismo. «Necesitamos políticas de discriminación positiva», ha añadido Calvo, que no obstante, asegura que España tiene leyes que son «referentes» en «muchos» Estados del mundo.

Para lograr una mayor vocación de las mujeres en los ámbitos STEAM, Calvo ha señalado la importancia de que las mujeres tengan referentes femeninos, recordando que hay «muchas científicas valiosas», pero éstas son «invisibles». «Ser pioneras nos debilita mucho, porque no tenemos la fuerza de las demás», argumenta.

«España no se puede despojar de un capital que tiene, que necesita, las mujeres no vamos a dar ni un paso atrás en espacios que son nuestros con el mismo derecho que los varones», ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, que ha instado, por tanto, a hacer «políticas de bisturí», ‘recortando’ así las dificultades de las mujeres.

«HE APRENDIDO CÓMO DETECTAR MICROCOMPORTAMIENTOS» MACHISTAS

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha clausurado el acto, con una intervención en la que ha querido reconocer a Marianne Grunberg-Manago, ayudante de Severo Ochoa que descubrió la enzima con la que se sintetizaba el ARN y que, al contrario que Ochoa, «fue obviada por el jurado del Nobel», lo que pone de manifiesto el «problema histórico» existente sobre el reconocimiento de científicas «excepcionales». «El talento no tiene género», recuerda.

Sin embargo, durante su discurso, el ministro ha admitido haber sido testigo de ‘micromachismos’: «Reconozco, en el último par de años, haber aprendido mucho sobre la manera de cómo detectar los microcomportamientos que ocurren en las reuniones de todo tipo y que toda la vida lo llevamos viendo, y es que tenemos que intentar concienciarnos mucho, sobre todo nosotros, para poder contrarrestarlo».

Durante el acto, Belén Barreiro (expresidenta del CIS), Ana Justel (I Premio Margarita Salas a la Mejor trayectoria científica) e Isabel Sola (bióloga experta en coronavirus) han participado en una mesa redonda moderada por la senadora socialista Josefina Bueno, en la que han expuesto su experiencia como mujeres científicas.

La cúpula del PP ha negado diferencias entre las declaraciones sobre el 1 de octubre que han realizado el líder del partido, Pablo Casado, y el presidente de Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y ha subrayado que ambos coinciden en que a «nadie» le «gustó» lo que se vio en esa jornada, según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación.

Casado se ha reafirmado este jueves en las declaraciones que realizó hace un par de días asegurando que se tenía que haber «evitado» el 1-O, actuando «antes». Eso sí, ha subrayado que esto no era «ninguna novedad» porque es una reflexión que ya hizo ante las primarias del PP que se celebraron en 2018 para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, en las que había otros dos exministros, también candidatos, que pensaban igual, en alusión a María Dolores de Cospedal y José Manuel García Margallo.

Este desmarque de Casado de la gestión del Ejecutivo de Rajoy el 1 de octubre se produce en plena campaña catalana. El pasado martes, en RAC1 afirmó que ese día decidió no salir en rueda de prensa –era el vicesecretario de Comunicación de la Ejecutiva de Rajoy– porque no estaba de acuerdo ni con los que decían que «se estaba votando en unas elecciones homologables» ni con los que decían que «ahí no se estaba votando. Según recalcó entonces y ha reiterado este jueves, era algo que «se tenía que haber evitado».

Al ser preguntado por esas palabras de su jefe de filas, Feijóo ha dicho desconocer «cuál era la escaleta» para la rueda de prensa posterior al 1 de octubre, una jornada en la que, en su opinión, «a ningún español le gustó lo que pasó en los colegios» donde «aparentemente se votaba un referéndum ilegal».

«A nadie le gusta que los políticos intenten subvertir el orden constitucional de su país. Y tampoco a nadie le gusta ver los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado teniendo que disolver las manifestaciones. Pero lo que está claro es que ante un ataque al Estado, el Estado tiene que defenderse», ha manifestado Feijóo, para añadir que la obligación del Estado es «defender la legalidad» y «eso fue lo que se hizo en Cataluña ese domingo».

‘GÉNOVA’ INSISTE EN QUE EL 1-O SE TENÍA QUE HABER EVITADO

Después de que los medios hayan enmarcado las palabras del presidente gallego como un respaldo a la actuación del Gobierno de Rajoy, fuentes de la dirección del PP han señalado que Feijóo ha dicho «lo mismo» que Casado porque coinciden en que «a nadie le gustó lo que se vio el 1 de octubre» de 2017 en Cataluña.

En este sentido, fuentes de la cúpula del PP se han quejado de que se busque «confrontar» al presidente del PP con el mandatario gallego cuando, según han insistido, han dicho «lo mismo. «Lo que ha defendido Feijóo lo ha defendido también Casado», han abundado.

Según ‘Génova’, Casado se ha limitado a decir lo que otros ministros de Rajoy dijeron también, que se tenía que haber «evitado» el 1-O. «Quizá actuando el 7 y el 8 de septiembre, quizá teniendo más información para que no llegaran las urnas y para que no se montaran las mesas electorales, o quizá desplegando las fuerzas policiales unas horas antes de que hubiera gente en los colegios electorales», ha manifestado este jueves en Telecinco.

CASADO SE DISTANCIA DE RAJOY TAMBIÉN POR EL CASO BÁRCENAS

En plena campaña catalana, el líder del PP también ha marcado distancias estos días con Rajoy tras la confesión del extesorero del PP Luis Bárcenas, garantizando además que no le «temblará el pulso» si se demuestra que algún militante actual del partido conocía la caja b, en alusión a dirigentes como el expresidente del Gobierno.

«No voy a pasar ni una. Si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante del partido actual, es que no me va a temblar el pulso. Hay unos Estatutos y será suspendido o será expulsado, y lo quiero dejar muy claro», dijo el pasado lunes en Onda Cero, un compromiso con la «ejemplaridad» que ha repetido estos días coincidiendo con el comienzo del juicio sobre la presunta caja b del partido.

El presidente de los ‘populares’ ha querido quitar hierro este jueves al revuelo mediático que han provocado sus declaraciones de estos días. Por eso, ha asegurado que no hay novedad porque en verano de 2018, cuando se presentó a las primarias del PP, ya hablaba de una «triple crisis» del partido, de las tres ‘C’: la gestión del procés en Cataluña, la gestión de la crisis económica con subida de impuestos y la gestión de la corrupción».

El director de la cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, Francisco López Rupérez, ha prevenido de que «se van a generar brechas entre los alumnos pertenecientes a medios socialmente aventajados y los alumnos pertenecientes a medios socialmente desaventajados».

Según ha explicado en el webinar desayuno ‘Diálogo sobre Educación’, organizado por la Institución Educativa SEK, la pandemia ha provocado en el sistema educativo un «efecto de aceleración» y un «efecto de centrifugación».

Sobre el primero, López Rupérez ha explicado que había un conjunto de transformaciones pendientes, «en buena parte de los países, no en todos», para adaptar el sistema educativo al siglo XXI, «con esas transformaciones rápidas, disruptivas, con procesos de cambio permanente…», y que la pandemia ha actuado de «estímulo acelerador» en relación con esas reformas.

En cuanto al «efecto centrifugador», ha señalado que «se va a producir en función del nivel socioeconómico y cultural de los alumnos», es decir, «se van a generar brechas entre los alumnos pertenecientes a medios socialmente aventajados y los alumnos pertenecientes a medios socialmente desaventajados».

«No es casualidad que desde las investigaciones de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela estemos poniendo el acento sistemáticamente en esa variable que tiene que ver con la equidad del sistema, que por otra parte es un objetivo que va más allá de lo estrictamente ideológico para abrazarse a un humanismo ideológicamente transversal que procesamos todos los países democráticos», ha constatado.

Así, ha detallado que «se está produciendo, y se va a producir más, una brecha, una centrifugación, y eso va a requerir el desarrollo de políticas específicas, de tal manera que el primer efecto que es el de aceleración de cambios en el sistema educativo, y el segundo efecto que es el de centrifugación o aparición y ampliación de las brechas existentes están relacionados entre sí».

«Es decir, vamos a tener que poner en marcha procesos de transformación de los sistemas educativos para atender ese efecto de centrifugación de generación de brechas ente los entornos aventajados y desaventajados desde el punto de vista socioeconómico», ha señalado.

Según López Rupérez, existe evidencia acumulada suficiente para saber cuáles son las políticas educativas que dan respuesta a esos desafíos, las que más impacto tienen en los resultados de los alumnos, y si se orientan preferentemente a los sectores desfavorecidos se producirá un «efecto compensatorio», del que al mismo tiempo «se beneficiarán todos los destinatarios del proceso educativo».

Además de subrayar la importancia de las políticas centradas en el profesorado, López Rupérez ha puesto de relieve la figura del director escolar y la implicación parental. Asimismo, ha apostado por un currículo «de conformidad con las exigencias del siglo XXI».

En este sentido, ha puesto de manifiesto condicionantes como «la globalización», en lo que concierne a la convivencia entre personas de distintas culturas, así como «la revolución tecnológica» y «las exigencias en términos de rigor, de pensamiento analítico, de capacidad de resolución de problemas complejos, de capacidad para aplicar el conocimiento en contextos distintos, el aprender a aprender, la metacognición…».

«Aunque algunos todavía no lo sepan o no lo quieran saber, estos desafíos del futuro afectan al currículo en la medida que elevan su nivel de exigencia cognitiva o intelectual, y a eso las instituciones educativas y las políticas correspondientes deben dar respuesta», afinando las metodologías, personalizando la atención a los alumnos, entre otros. «Pero que nadie piense que el nuevo enfoque por competencias, que parece que tiene una orientación menos académica, significa una reducción del nivel de exigencia intelectual de los currículos porque no es así», ha advertido.

En concreto, ha constatado la necesidad de evaluar el sistema de Educación Compensatoria de España, porque, a su juicio, hay una tarea pendiente de diagnóstico, de saber si los procedimientos que se aplican dan resultado o no dan resultado.

«Tenemos que saber si lo que tenemos funciona o no funciona; si funciona, potenciarlo, si no funciona habrá que corregirlo y orientarlo hacia esos objetivos ineludibles de mejora de la calidad del sistema de la igualdad real de oportunidades en la educación», ha aseverado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ensalzado este jueves que la «democracia moderna, avanzada y libre que sin duda somos» en la entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil, un acto en el que también ha destacado el papel de los medios de comunicación en situaciones de emergencia por su difusión de «información veraz, contrastada y útil». Las palabras de Marlaska se producen en medio de la polémica generada por las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la calidad de la democracia española.

«Los actos que os han hecho acreedores de estos galardones», ha dicho en su discurso en referencia a los premiados, «demuestran que la sociedad española se guía por una serie de principios y valores encomiables, los mismos que nos han permitido construir la democracia moderna, avanzada y libre que sin duda somos».

Aunque sin referencias explícitas a cuestiones de actualidad, el ministro ha hecho esta defensa de los valores de los premiados y de la democracia española en su discurso de cierre del acto, marcado por las medidas para prevenir la Covid-19, y en un contexto en el que otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez del PSOE han censurado en las últimas horas las palabras del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionando que España sea una democracia plena.

CRUZ ROJA, ENTRE LOS GALARDONADOS

Entre los galardonados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias destaca la medalla de oro, con distintivo rojo, concedida a Cruz Roja Española, recogida este jueves por su presidente, Javier Senent. Desde el inicio de la pandemia, esta organización ha colaborado con la dirección general en la protección y cuidado de los sectores sociales más débiles, así como con las campañas de divulgación #YoHagoPorTi y #NoTeDesfases.

También ha recibido la medalla de oro con distintivo rojo, a título póstumo, el comandante Jorge Manuel Santana Jardim, copiloto de un avión portugués siniestrado el pasado mes de agosto durante las tareas de extinción de un incendio forestal en Ourense. En ese mismo accidente resultó herido, y falleció días después, el piloto español Maximiliano Plaza Bretón, a cuya familia se le entregará la medalla en los próximos días.

Con la medalla de bronce, distintivo blanco, se ha reconocido la labor realizada por el Consejo General de la Psicología de España y su experta atención a las personas en situaciones de emergencia. Su presidente, Francisco Santolaya, ha recibido el galardón, que premia también la colaboración activa de esta institución con la Dirección General de Protección Civil durante la pandemia con las campañas #ResponsablePorTi, destinadas a difundir mensajes con recursos de ayuda psicológica para los ciudadanos.

También ha sido galardonada con la medalla de bronce, con distintivo azul, Ana Abril Fernández, coordinadora de Cáritas, por su contribución a integrar los dispositivos de la organización en el Sistema Nacional de Protección Civil para atender a las personas más vulnerables.

SERVICIOS DE EMERGENCIA

En el ámbito de los servicios de emergencia, han recogido su medalla, también de bronce, Esperanza Junquera Vizcarrondo, subdirectora de Protección Civil de la Comunidad de Madrid; el enfermero del SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid Fernando López Pereira, y los comandantes de la Unidad Militar de Emergencias José María Martín Corrochano y Carlos Vicente Contreras. Todos ellos galardonados por su profesionalidad y contribución al funcionamiento coordinado del Sistema Nacional de Protección Civil.

Uno de los momentos más emotivos del acto lo ha protagonizado el niño Mohammed Elikinani Rhazi al recoger su medalla de bronce con distintivo azul, concedida porque su decidida llamada al teléfono 112 en enero de 2020 permitió que los servicios de emergencia acudieran con rapidez a su domicilio para socorrer a su madre accidentada.

Por último, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha querido reconocer la labor de los medios de comunicación y el papel fundamental que tienen en la conformación de una cultura de prevención. Han recibido medalla de bronce por su colaboración en la difusión de los mensajes y campañas de divulgación de Protección Civil: María Escario, directora de Comunicación de RTVE; Ignacio Cardero García, director de El Confidencial; Rafael Moyano Zamora, director de la Escuela de Periodismo de Unidad Editorial; y Érika Montañés Foz, jefa de la sección de Sociedad de ABC.

El acto, que se ha celebrado en formato reducido debido a las restricciones sanitarias, ha tenido lugar este jueves con motivo del Día Europeo del Número de Emergencias 1-1-2, instaurado en 2009 mediante una resolución tripartita de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con el objetivo de dar a conocer la existencia de este sistema unificado de alerta de emergencias unificado para toda la Unión Europea.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha respondido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras sus palabras críticas contra el vicepresidente, Pablo Iglesias, que «una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen».

«Reconocer las limitaciones de nuestro sistema democrático es la única forma de buscar soluciones para avanzar en derechos humanos y justicia social», ha manifestado Belarra en Twitter.

Previamente, la ministra de Defensa ha defendido este jueves que España es una «democracia plena» ejemplo en todo el mundo, cuyas instituciones «funcionan» y no tiene «nada que envidiar» a ningún otro país.

Robles, ya muy crítica con Pablo Iglesias en anteriores ocasiones, ha aprovechado su discurso tras la toma de posesión del nuevo AJEMA para reivindicar que todos los españoles tienen «derecho» a sentirse «muy orgullosos» de su país y su democracia, con una Constitución garante de esos derechos durante los últimos 40 años.

Precisamente esta mañana el vicepresidente segundo se ha reafirmado en su posición de que hay situaciones que revelan que España es una «democracia mejorable» y se ha mostrado «orgulloso» de decir la «puñetera verdad» desde dentro del Gobierno.

«Estoy orgulloso de decir la verdad dentro del Gobierno. Es una obviedad decir que vivimos en una democracia mejorable», ha enfatizado para dejar claro que seguirá en esta actitud aunque «moleste a señores muy poderosos».

UNIDAS PODEMOS PIDE PARALIZAR LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ

Precisamente Unidas Podemos reclamará al Gobierno, mediante una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso, la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes para seguir así los pasos dados por otros países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca o Italia.

El grupo parlamentario ya ha comunicado a la Secretaría de Estado de Relación con las Cortes Generales sus planes para registrar de esta iniciativa, suscrita por el diputado Antón Gómez-Reino, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, de acuerdo a lo fijado en los protocolos con su socio de coalición, el PSOE.

OTROS ‘CHOQUES’ CON ROBLES

No es el primer rifirrafe dialéctico entre ambas a cuenta de discrepancias en el seno de la coalición. En noviembre Belarra cargó contra Robles por criticar de nuevo a la formación morada y le afeó que «quizás esté haciendo daño» al Gobierno al convertirse en la «ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox».

Así reaccionó cuando la titular de Defensa recordó entonces al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. «Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno», espetó Robles.

La dirigente de la formación morada aconsejó a la ministra que «ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática». «Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox, quizá estés haciendo daño a tu Gobierno», apostilló.

En enero la secretaria de Estado también se dirigió en redes a la ministra de Defensa que investigar en el Congreso al rey emérito Juan Carlos I supone «precisamente defender las instituciones», mientras que «alienarse con la derecha y los ultras» es «una vez más decepcionante».

Todo ello por el rechazo del PSOE a la petición de comisión de investigación sobre el presunto uso de ‘tarjetas black’ de Juan Carlos I planteada por Unidas Podemos, algo por lo que la titular de Defensa acusó a su socio de gobierno de estar «cuestionando las instituciones».