La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha respondido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras sus palabras críticas contra el vicepresidente, Pablo Iglesias, que «una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen».

«Reconocer las limitaciones de nuestro sistema democrático es la única forma de buscar soluciones para avanzar en derechos humanos y justicia social», ha manifestado Belarra en Twitter.

Previamente, la ministra de Defensa ha defendido este jueves que España es una «democracia plena» ejemplo en todo el mundo, cuyas instituciones «funcionan» y no tiene «nada que envidiar» a ningún otro país.

Robles, ya muy crítica con Pablo Iglesias en anteriores ocasiones, ha aprovechado su discurso tras la toma de posesión del nuevo AJEMA para reivindicar que todos los españoles tienen «derecho» a sentirse «muy orgullosos» de su país y su democracia, con una Constitución garante de esos derechos durante los últimos 40 años.

Precisamente esta mañana el vicepresidente segundo se ha reafirmado en su posición de que hay situaciones que revelan que España es una «democracia mejorable» y se ha mostrado «orgulloso» de decir la «puñetera verdad» desde dentro del Gobierno.

«Estoy orgulloso de decir la verdad dentro del Gobierno. Es una obviedad decir que vivimos en una democracia mejorable», ha enfatizado para dejar claro que seguirá en esta actitud aunque «moleste a señores muy poderosos».

UNIDAS PODEMOS PIDE PARALIZAR LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ

Precisamente Unidas Podemos reclamará al Gobierno, mediante una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso, la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes para seguir así los pasos dados por otros países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca o Italia.

El grupo parlamentario ya ha comunicado a la Secretaría de Estado de Relación con las Cortes Generales sus planes para registrar de esta iniciativa, suscrita por el diputado Antón Gómez-Reino, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, de acuerdo a lo fijado en los protocolos con su socio de coalición, el PSOE.

OTROS ‘CHOQUES’ CON ROBLES

No es el primer rifirrafe dialéctico entre ambas a cuenta de discrepancias en el seno de la coalición. En noviembre Belarra cargó contra Robles por criticar de nuevo a la formación morada y le afeó que «quizás esté haciendo daño» al Gobierno al convertirse en la «ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox».

Así reaccionó cuando la titular de Defensa recordó entonces al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el jefe del Ejecutivo es Pedro Sánchez. «Y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno», espetó Robles.

La dirigente de la formación morada aconsejó a la ministra que «ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática». «Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox, quizá estés haciendo daño a tu Gobierno», apostilló.

En enero la secretaria de Estado también se dirigió en redes a la ministra de Defensa que investigar en el Congreso al rey emérito Juan Carlos I supone «precisamente defender las instituciones», mientras que «alienarse con la derecha y los ultras» es «una vez más decepcionante».

Todo ello por el rechazo del PSOE a la petición de comisión de investigación sobre el presunto uso de ‘tarjetas black’ de Juan Carlos I planteada por Unidas Podemos, algo por lo que la titular de Defensa acusó a su socio de gobierno de estar «cuestionando las instituciones».

Las emisoras de RNE celebrarán el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero en muchos de sus programas, adelantando incluso al viernes ese homenaje con una programación especial.

Según ha informado RTVE, ‘Tarde lo que tarde’ celebrará esta efeméride el viernes desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con tres horas en directo preparadas por el equipo que dirige Julia Varela, que podrán seguirse a través del ‘streaming’ de RTVE.es.

Entre los invitados que pasarán por el espacio se halla Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes. Además, habrá una conexión con la sala del CBA en la que se puede ver la exposición ‘Banksy. The Street is a Canvas’.

Además, la banda Mastodonte, liderada por Asier Etxeandia y por Enrico Bárbaro, presentará en directo su debut discográfico, y Ruth Lorenzo, representante en Eurovisión 2014 y colaboradora de ‘Tarde lo que tarde’, su nuevo single, ‘Crisálida’.

Julia Varela charlará además con Daniel Sánchez. Desde 1999 es el encargado de locutar las cuñas corporativas de RNE y también ha puesto voz a innumerables protagonistas de series como ‘Dallas’, ‘Sensación de Vivir’ o ‘Doctor en Alaska’.

El programa también hará un repaso por las grandes producciones sonoras que se han hecho en Radio Nacional a lo largo de su historia y ofrecerá una radiografía del estado y futuro del podcast. Participará un actor de teatro, cine, tele, amante de la radio y con excepcional voz, Joaquín Notario.

RTVE ha avanzado que el sábado ‘No es un día cualquiera’, dirigido y conducido por Carles Mesa, dedicará todos sus contenidos a la radio. En la entrevista ‘Colateral’, viajará con Irene Galera, responsable de comunicación del Servicio Jesuita al Refugiado de África del Oeste y Grandes Lagos, a África, donde la radio se ha convertido en herramienta de educación para los más jóvenes. Clara Jiménez Cruz, de Maldita.es, recordará momentos en los que los políticos han ejercido de periodistas en la radio.

Por su parte, Carles Mesa compartirá ‘El café de las nueve’ con Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE y del Comité Paralímpico Español (CPE), poseedor de una colección de más de cuatrocientas radios antiguas. Patricia Fernández de Lis hablará del material que se utiliza en la fabricación de los teléfonos móviles, fundamentales para muchos oyentes y con Xosé Castro quedará demostrado que el humor es fundamental en las ondas.

Respecto a ‘La tertulia’, ha avanzado que girará en torno al lema de la UNESCO para este Día Mundial de la Radio: ‘Evolución, Innovación y Conexión’. Paco Tomás recordará cinco espacios radiofónicos y propondrá un reto a los oyentes; y se pasarán a conversar Manolo Ferreras, Olga Viza y Julio César Iglesias (tres Premios Ondas y dos Antenas de Oro).

Los colaboradores Màxim Huerta y Pancho Varona también vincularán la «radio» a sus contenidos en la última hora del programa, en la que Elisenda Roca entrevistará a Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, creadores de la serie de televisión ‘Reyes de la noche’.

En relación con Radio 3, ha adelantado que celebrará el 13 de febrero con una edición especial del programa ‘3 en la Carretera’ de Isabel Ruiz Lara, quien dedicará el Día Mundial de la Radio a las películas, los poemas y las canciones en los que ha evocado el valor de la radio para las personas y resaltará la creatividad y la complicidad del medio radiofónico.

Finalmente, Radio 5 emitirá a lo largo de toda la jornada distintas píldoras con voces e intervenciones de algunos de los locutores más significativos de RNE, quienes recordarán algunos de los momentos más especiales vividos por ellos en la radio y la noticia que dieron y que más les impactó.

Las conexiones con una Unidad Móvil de RNE salpicarán los informativos de ese día para pulsar en la calle los hábitos de consumo de los ciudadanos y conocer algunas radios comunitarias, y dos reportajes elaborados por Iratxe Llarena y Fátima González nos explicarán cómo se hace la radio desde dentro y la importancia de la radioafición en nuestros días.

La asociación navarra de familiares de usuarios de residencias para mayores, Zainduz, se ha concentrado este jueves frente a la sede del Gobierno foral para reclamar medidas que garanticen las visitas y salidas de estos centros.

Para esta asociación, «el modelo inadecuado de atención a las personas mayores mueve gran cantidad de dinero y por ello precisamente en Navarra la gran mayoría de las residencias son gestionadas por empresas privadas las cuales se preocupan más de seguir aumentando beneficios que de la calidad del servicio que dan a nuestros mayores».

Según han expuesto desde Zainduz, «si lo que esto conlleva ha sido conocido por las personas residentes y sus familiares desde hace tiempo, lo que hemos visto desde marzo ha dejado aún más en evidencia que se debe cambiar urgentemente de modelo». Y han criticado, en este sentido, «centenares de contagios y muertes con Covid entre trabajadoras y especialmente residentes, aislamientos y encierros generalizados y prohibición de visitas y salidas dando igual la afectación que esto esté provocando en nuestras y nuestros mayores».

«Hace semanas que trasladamos al Gobierno la necesidad de establecer medidas para garantizar visitas y salidas en las residencias. Es técnicamente posible en lo referido a medidas de seguridad sanitarias y con refuerzo en la cantidad de personal, se podrían haber asegurado ya. Pero esto es difícil si el objetivo es ajustar los recursos para aumentar beneficios», ha sostenido la asociación.

A su juicio, «señalar las visitas como la fuente del problema de los contagios no parece muy riguroso, cuando hay residencias con visitas prohibidas o muy restringidas se siguen dando contagios». Y ha considerado que «son otros los factores que están detrás de esta situación».

«La escasez de personal y el modelo privatizado aparecen cada vez con más fuerza entre los problemas estructurales en las residencias», han indicado desde la asociación.

Han señalado, además, que pensaban que con la vacunación «cambiaría lo que ahora estamos viviendo», pero han lamentado que «no ha sido así». «Como hasta ahora, se deja en manos de cada centro gestionar visitas y salidas estableciendo unos mínimos (media hora, una vez por semana) que siguen siendo prácticamente los mismos que hasta ahora. Era insuficiente, y ahora ya suena a broma», han censurado.

Por otro lado, Zainduz ha manifestado que han oído que «desde el personal trabajador de centros de atención primaria del Servicio Navarro de Salud se está pidiendo personal para ir a atender distintas necesidades en centros residenciales.

Y ha deseado que «esta noticia se refiera a pasos efectivos que se están dando en esa dirección y que por el contrario, no sea una iniciativa puntual para cubrir las necesidades de la empresas privadas gestoras ofreciéndole recursos materiales y personales que pagamos entre todos, mientras ellas siguen sin poner más personal y aumentando beneficios».

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado el recurso de la viuda e hijos de un soldador naval fallecido por exposición al amianto contra una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, y ha condenado a Izar Construcciones Navales a indemnizarles con 209.041,47 euros (108.540,82 euros a la viuda y 20.100,13 euros a cada uno de los cinco hijos), más los intereses legales.

Según ha informado ASVIAMIE, la Asociación vasca de víctimas del amianto, el fallecido trabajó como soldador en la construcción naval entre 1957 y 1984, expuesto a fibras de amianto en su actividad laboral. Ingresó en el hospital en octubre de 2019, con 80 años y un deterioro cognitivo progresivo, dependiente para las actividades diarias y complicarse su salud con una infección respiratoria, broncoespasmo y falleció siete días más tarde.

En mayo del mismo año, el INSS le había declarado afecto de una Incapacidad Absoluta por Asbestosis, es decir, por enfermedad profesional incluida en el Decreto 1299/2006. En noviembre de 2019, el INSS reconoció la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional.

La sentencia revocada del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, desestimaba la demanda de daños, aun asumiendo que el astillero incumplió las medidas de seguridad, por que no existía un Mesotelioma, (ignora la Resolución del INSS, reconociendo la Asbestosis y la Incapacidad Absoluta) existen unas placas pleurales, con afectación benigna y otras patologías ajenas al ámbito profesional, como EPOC derivado del tabaco, Alzheimer, entre ellos el cardias, que genero la broncoaspiración repentina y la muerte.

Recurrida la sentencia, Izar Construcción Navales continuó insistiendo que el soldador falleció por causas distintas a la exposición al amianto, habiéndose roto el nexo causal, argumento que discrepa el TSJPV, pues factores como una broncoaspiración «puede producirse en ancianos, pero es indudable, que tenía diagnosticada una Asbestosis y Enfermedad profesional».

Por tanto, la sentencia revocada, «infringe los preceptos y la jurisprudencia invocada, dado que existía una Enfermedad profesional reconocida por el INSS y resulta contradictorio poner en duda la conexión entre la patología pulmonar padecida por el causante y el contacto del amianto». «Así lo declaran varias sentencias del Tribunal Supremo. En nuestro caso, la empresa no adoptó las medidas preventivas necesarias», ha indicado Asviamie.

La Asociación vasca de víctimas del amianto ha manifiestado su satisfacción por la sentencia del TSJPV, al revocar la «injusta» sentencia del Juzgado de lo Social Número 3 de Bilbao, pues «resulta inadmisible que tras una muerte, independiente de la edad, se cuestione su origen, ignorando la resoluciones firmes del INSS que reconocen Enfermedad Profesional grave y la Incapacidad Absoluta, después de asumir que la empresa incumplió la legislación preventiva frente al riesgo del amianto».

Asimismo, ha reclamado la urgente puesta en marcha del fondo de compensación con suficientes recursos, ante el creciente número de víctimas.

La defensa de V.G.R., acusado de obligar a una joven que conocía de mantener relaciones sexuales bajo amenaza de difundir en las redes un vídeo de una relación anterior consentida en Porzuna (Ciudad Real), ha alegado, tras hacer un análisis de lo visto durante los últimos tres días, que la única razón que ve para que su defendido esté en la sala es «un cierto enamoramiento que se le fue de las manos» a la joven y que con los «mimbres» que se han expuesto durante el juicio sería «totalmente injusto» condenarle ya que no se ha podido demostrar ninguno de los delitos de los que se les acusa.

Por estos motivos ha pedido la libre absolución de los delitos de agresión sexual y amenazas en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial y que ha quedado visto para sentencia, sin que el acusado, como ocurriera en la vez anterior, haya querido hacer uso de su derecho a la última palabra.

Con todo ello, para este letrado la declaración de la joven no es tan «coherente y lógica» y «compatible con un hecho real vivido» como han argumentado tanto la fiscal como el abogado de la acusación particular basado en la conclusión del informe presentado por el equipo psicosocial.

Ha presentado a su defendido como «un joven trabajador de la construcción sin antecedentes» y ha basado su defensa en las declaraciones que la joven ha realizado a lo largo del proceso judicial en la que asegura que no hay tanta «persistencia en los hechos» como alegan las otras partes.

Se ha agarrado también al informe del forense que vio a la joven unas dos horas después de haberse producido los hechos enjuiciados, en el que se afirma que se aprecia una lesión mínima en los genitales y que no hay ninguna señal de violencia física tras la exploración, además de que no presentaba ningún síntoma de shock emocional.

Ha insistido en la inexistencia del vídeo y no considera, según las declaraciones de los testigos, que la joven acudiera al encuentro coaccionada o en contra de su voluntad. Ha intentado demostrar que era un juego y «estaban de risas», ha afirmado y que ella dijo a los amigos que iba a tener sexo con él.

Por el contrario, la fiscal ha considerado que todo lo presentado durante el juicio ha corroborado el relato de la denunciante, que ha calificado de «rotundo y contundente». «Cuenta con sumo detalle de su agresión desde el primer momento y lo mantiene a lo largo de las diversas partes del proceso, no advirtiendo entre ellas fisura alguna», ha explicado. Además de no manifestar ningún odio o algún interés en contra del acusado más allá del episodio juzgado.

Una circunstancia que viene corroborada, para la fiscal, en el informe del equipo psicosocial y en el testimonio de la terapeuta del programa regional ‘Contigo’. Además ha considerado «fundamental» el relato de la madre de la joven.

El propio acusado, ha explicado, con las imprecisiones en algunos aspectos de su declaración ha venido a reforzar esta idea como el porqué tuvo que recurrir a la amenaza del vídeo, porque le insiste en que baje sola o el lugar. «Incurre en contradicciones», ha concluido.

«NO SE ESTÁ JUZGANDO SU VIDA SEXUAL»

Ha tenido que recordar que no se está juzgando la vida sexual de la joven que es «libre para decir sobre su sexualidad», en alusión a las continuas referencias por parte de la defensa a los encuentros sexuales que hubo con anterioridad entre ambos.

Por todo ello ha mantenido que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, por el cual pide una pena de 10 años de cárcel y otro de amenazas por el que ha solicitado una pena de año y medio de prisión.

Además, ha solicitado una prohibición de acercamiento o comunicación a menos de 200 metros de la joven por tiempo de 17 años y medio y una indemnización de 6.000 euros por el trastorno de estrés agudo producido más la cantidad de 6.000 euros por el daño moral.

«SI NO PASÓ NADA, ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?»

La acusación particular, que se ha expresado en similares términos a los de la fiscal en relación a la declaración de la joven, se ha preguntado varias veces durante la exposición de sus conclusiones que «si no pasó nada, ¿por qué estamos aquí, por qué denunció?», aludiendo a los argumentos esgrimidos por la defensa del acusado.

Para este letrado más de dos años después la denunciante no tendría un estrés postraumático cronificado si los hechos no hubieran pasado como ella los ha contado, tal y como afirmara tanto el «contundente» informe del equipo psicosocial, como de la terapeuta del programa ‘Contigo’, del que aún no se le ha dado de alta.

«Ha hecho un gran relato de los hechos constante y persistente», ha defendido y ha considerado que ha quedado demostrado que ella nunca quiso tener esas relaciones sexuales, que fue obligada ante la amenaza del vídeo y posteriormente, mediante golpes «sin violencia extrema», fue empujada y forzada.

Ha descartado la razón de los celos por una relación que supuestamente tuvo o seguía teniendo el acusado en el momento de los hechos con una amiga de la denunciante, así como otro motivo «espúreo» por parte de la joven.

Para la acusación particular está claro que eran amigos, pero la joven no quería tener relaciones sexuales y eso el acusado no lo toleró y la forzó. «Lo que no tiene ni pies ni cabezas es lo que ha contado el acusado», ha añadido.

Ha contado cómo la joven ha expuesto que quería recuperar su vida y ha hecho referencia a las alegaciones de la detective privado de haberla visto participando de la vida del pueblo. «Primero porque se lo recomendaban sus terapeutas y segundo porque estaba tranquila porque su agresor estaba en la cárcel y no podía hacerle nada», ha añadido.

«Afortunadamente», ha concluido, «ya se va acabar y podrá pasar página con la satisfacción de haber contado su verdad pase lo que pase», en referencia al juicio y a la afectación mental que está produciendo en la joven. Una verdad en la que se basa esta parte para mantener su petición de prisión a 12 años por el delito de agresión sexual y tres años por el de amenazas, además de 15.000 euros de indemnización.

El PP ha asegurado este jueves que «no consentirá» el traslado de la Jefatura de la Policía Nacional de Vía Laietana (Barcelona) a otro lugar y ha anunciado que pedirá en el Congreso un complemento retributivo salarial para esos agentes que «se juegan la vida».

Así lo han anunciado delante de esa comisaría la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, y la ‘número dos’ del PP por Barcelona en las elecciones catalanas, Lorena Roldán, que han denunciado el «silencio cómplice» del Partido Socialista con esa jefatura policial.

Beltrán ha subrayado que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad «son los garantes de la Constitución, de la legalidad, del Estado de Derecho y de las libertades de todos los españoles y todos los catalanes».

Dicho esto, ha calificado de «grave» la «traición» del PSC y de todo el PSOE, que, a su juicio, ha abandonado a su suerte a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado solo por sus «intereses políticos y por mantenerse en La Moncloa».

UN EDIFICIO QUE ES «BLANCO» DE LOS INDEPENDENTISTAS

Tras recalcar que el PP «no consentirá» que se traslade la Jefatura de la Policía Nacional de Vía Laitena, ha anunciado que el PP va a exigir en el Congreso un «complemento retributivo» por lo que están «sufriendo esos agentes y sus familias», a los que, a su juicio, el PSC utiliza como «moneda de cambio».

De la misma manera, Roldán ha subrayado que el edificio de Vía Laietana ha sido «el blanco de los ataques de los independentistas», que quieren «expulsar a la Policía de Cataluña», algo que, según ha dicho, hacen con la «complicidad» de los socialistas.

Por eso, ha llamado a fortalecer el constitucionalismo apoyando a la Policía Nacional, algo que, en su opinión, no haría un tripartito con el socialista Salvador Illa. «Los catalanes nos merecemos otra cosa y pedimos a la ciudadanía que nos preste su voto para que el PP pueda condicionar políticas», ha añadido.

«Desde Barcelona y Cataluña estamos con vosotros, a diferencia de ERC y Colau, con el apoyo del PSC, que os quieren fuera. Nosotros os queremos aquí porque nos dais seguridad y nos protegéis», ha dicho a la Policía Nacional, para añadir que el PP va a «trabajar para que esta comisaría se mantenga en Via Laietana».

CRÍTICAS A LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS DE LA GENERALITAT

Aparte de Beltrán, más vicesecretarios del PP se han desplegado por distintos puntos de Cataluña para apoyar la candidura de Alejandro Fernández en las elecciones catalanas de este domingo. Es el caso de la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, que visitado este jueves Mercabarna en Barcelona.

«Hay que apoyar a los autónomos frente a las subidas de losimpuestos y cierres de la Generalitat», ha denunciado Rodríguez, acompañada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, y el vicesecretario de Comunicación del PPC, Albert Fernández Santiveri.

Rodríguez, que se ha reunido con empresarios de la industria agroalimentaria, ha podido escuchar las peticiones de apoyo al tejido empresarial, asegurando que es la «única manera de mantener el empleo» y de dejar a «un lado ambiciones independentistas y centrarse en lo importante».

La exministra ha reclamado un mayor apoyo a las empresas para evitar cierres. «Hay que apoyar a los emprendedores y a los innovadores. Los datos de empleo de la EPA fueron dramáticos y la perspectiva es mala», ha subrayado. En este sentido, ha reiteradola petición de que se establezcan ayudas directas para evitar los cierres. «Una empresa cerrada supone la ruina para el propietario y para los trabajadores», ha avisado.

Rodríguez ha recordado que el sector agroalimentario representa aproximadamente un 12 por ciento del PIB y ha insistido en que hay que apoyar a «los pequeños empresarios que crean trabajo, a las personas y a los emprendedores». Dicho esto, ha criticado la política de la Generalitat de «subida de impuestos y cierres de hostelería».

Fundación ONCE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, han presentado el estudio ‘Hacia una economía digital inclusiva para las personas con discapacidad’ donde se alerta sobre el riesgo de exclusión de las personas con discapacidad en la ‘economía digital’.

El trabajo se ha desarrollado en el marco de la iniciativa Disability Hub Europe (Dhub), que lidera Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo. Según recoge el documento, el objetivo de esta publicación es concienciar sobre el impacto que un mundo laboral digital tiene en las personas con discapacidad e identificar las acciones necesarias para dar forma a un futuro del trabajo más inclusivo desde la perspectiva de la discapacidad.

El estudio se ha presentado en el marco de la Conferencia 2021 de Zero Project, que cada año se celebra en Viena. En esta ocasión tiene lugar de manera virtual bajo el lema ‘Empleo y TIC’. El acto contó con la presencia de Stefan Trömel, experto de la OIT; Carla Bonino, jefa de la Unidad de RSC y Sostenibilidad de Fundación ONCE; Teresa Royo, secretaria técnica de DHub operada por KPMG; Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, y Manuela Tomei, directora de Condiciones de Trabajo y Empleo de la OIT.

Los principales impactos de esta revolución tecnológica en el mundo laboral que se exponen en esta publicación son: la creación de nuevos puestos de trabajo, la obsolescencia de ciertas ocupaciones, los cambios en los puestos de trabajo tradicionales y en los procesos de contratación, así como el crecimiento de formas de trabajo disruptivas.

«Este nuevo escenario del mundo del trabajo trae consigo oportunidades sin precedentes para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, pero también conlleva numerosas barreras digitales», advierte.

Por un lado, las herramientas digitales permiten a las personas con discapacidad acceder directamente a oportunidades de empleo a través de plataformas de contratación en línea. Entre otras oportunidades, estas herramientas también pueden apoyarles en sus tareas diarias en el lugar de trabajo.

Sin embargo, si no poseen las competencias necesarias, si las TIC se encuentran fuera de su alcance o si las herramientas digitales no son accesibles, las personas con discapacidad no se beneficiarán de estas oportunidades y, por tanto, corren el riesgo de quedarse atrás.

El estudio identifica las principales palancas para asegurar un mercado laboral digital inclusivo: Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad; promover las competencias digitales entre las personas con discapacidad, y promover el empleo digital de las personas con discapacidad.

«Es fundamental que las personas con discapacidad adquieran nuevas capacidades y mejoren sus competencias. También es importante garantizar que las iniciativas para fomentar el empleo digital incluyan a este colectivo», recalca.

Para hacer frente a estos retos y superar las barreras, el documento apela a la participación de los principales grupos de interés. A la Administración pública le reclama estrategias, normativas e iniciativas relacionadas con el mundo digital inclusivas. También que promueva la disponibilidad de datos desglosados en materia de discapacidad y digitalización.

Por su parte, al sector empresarial le anima a incluir a las personas con discapacidad en los programas de adquisición de talento y que garantice políticas de teletrabajo inclusivas, entre otras cuestiones. Por lo que respecta a la industria digital, le señala la necesidad de estandarizar un enfoque de Diseño Universal para los productos y servicios digitales.

También incluye propuestas para el entorno académico, las organizaciones sindicales y patronales y a las propias personas con discapacidad y sus organizaciones participantes y subraya que «solo a través de la colaboración y las alianzas entre los grupos de interés pertinentes se puede lograr un mercado laboral digital inclusivo que no deje a nadie atrás».

El Arzobispado de Tarragona ha llevado a la Fiscalía información sobre un posible caso de abusos sexuales de hace unas décadas por parte de un sacerdote de la diócesis, ha informado este jueves en un comunicado.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha asegurado que en diciembre recibió información de este posible caso y ha dicho que son los primeros interesados en que «se imponga la verdad y la justicia».

Ha explicado que se activó el protocolo de actuación previsto para estos casos y, finalizada una primera investigación urgente y preliminar, se ha facilitado la información al Vaticano.

Además, este jueves la han llevado a la Fiscalía de Tarragona «para que, si lo consideran necesario, puedan realizar las diligencias e investigaciones oportunas».

Ha asegurado que el Arzobispado ha tomado las medidas cautelares necesarias «con prudencia y equidad».

Ha señalado que desde el Arzobispado tratará de aplicar la «máxima pulcritud para que se respete la honorabilidad de todos los posibles implicados en este caso», y ha reclamado la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.

Planellas ha explicado que se ha puesto en contacto personalmente con las posibles víctimas de las que tienen conocimiento, que le han pedido que vele para que se respete su privacidad.

El arzobispo ha asegurado que condena todo abuso sexual, de poder y de conciencia, especialmente cuando haya sido cometido por un clérigo, y ha invitado a denunciar este tipo de hechos ante las autoridades civiles y la Oficina de prevención y protección de abusos del Arzobispado.

Ha mostrado la disponibilidad y voluntad del Arzobispado para continuar investigando los hechos conocidos y para colaborar con la Justicia en todo lo que precise.

Asimismo, ha deseado que este presunto caso «no vele la vida, el buen trabajo y la entrega generosa» de los sacerdotes de la diócesis.

El Juzgado de Instrucción Único de Purchena (Almería) ha citado en calidad de investigado al representante legal de la entidad Ginso que gestiona el centro de internamiento de menores infractores (CIMI) ‘Tierras de Oria’ en el marco de la causa penal abierta para dirimir si en la muerte del joven de 18 años Ilias T. durante unas maniobras de sujeción mecánica hay un presunto delito de homicidio por imprudencia.

La providencia fija la comparecencia para el día 26 de febrero y da cumplimiento al auto de la Audiencia Provincial de Almería que, en octubre de 2020, consideró «precipitado» el sobreseimiento provisional del procedimiento y ordenó, al margen de la reapertura de las diligencias previas, que el juzgado recabase «información» del legal representante de la empresa, según han informado fuentes judiciales.

El tribunal concluyó en apelación que existen «indicios racionales» de «conducta imprudente», al menos, en la forma en la que se practicó la inmovilización boca abajo por parte del «personal no cualificado» y también en el hecho de que no hubiese presencia de un médico «hasta el final, cuando ya nada se podía hacer por el fallecido».

En la resolución, que estimó los recursos de las acusaciones, a los que se adhirió el fiscal, indicó, en contra del criterio que llevó a la jueza instructora entonces al archivo, que la existencia de un protocolo «no exonera a quien lo elaboro ni a quien lo impuso y a quien en su caso cumplió a sabiendas o debiendo conocer que no refleja los estándares mínimos de seguridad para la integridad física por ser decúbito prono o boca abajo».

La Sección Segunda, para la que la instrucción del caso «no está agotada», señaló que aún se debe determinar si en la conducta de los investigados el 1 de julio de 2019 en que murió Ilias T. hay «imprudencia grave, menos grave o, incluso, leve, y por tanto despenalizada», por lo que insta a hacerlo «mediante la comparación entre acción u omisión realizada» por los trabajadores y la que «les era exigida por el deber de cuidado en la situación concreta en que acaecieron los hechos».

«Es cierto que el protocolo del centro permitía la sujeción mecánica como se hizo pero lo que debe discutirse, y no ahora en instrucción, sino en el plenario correspondiente, si era adecuado para preservar la integridad de las personas», trasladó en un auto en el que subrayó que en la investigación judicial «no se puede obviar que el protocolo es una mera reglamentación de funcionamiento interno elaborada por la comisión técnica del centro».

El tribunal aludió este punto a «otros protocolos» en los que se aconseja que antes de proceder a la sujeción mecánica «en casos de agitación aguda sobre todo en pacientes psiquiátricos, e Ilias T lo era», según apuntilló, se avise al medico y que «este decida supervisando el proceso de contención física pudiendo ordenar que se suspenda de inmediato si aprecia algún problema como posible parada cardiorrespiratoria».

«Si bien se alega por las defensas de los investigados que actuaron conforme al protocolo no es menos cierto que se pone de manifiesto la existencia de otros protocolos como el del Defensor del pueblo o de la Junta de Andalucía con un contenido bien diverso», remarcó.

INVESTIGAR A LOS QUE «ELABORARON Y APROBARON» EL PROTOCOLO DE CONTENCIÓN MECÁNICA

La Audiencia Provincial también recogió en su resolución extractos del informe de Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería, que excluyó la existencia «signos objetivos de uso de una fuerza extralimitada» sobre el fallecido y determinó que fue una «muerte violenta de tipo accidental».

Encontramos un informe en el que se alude al riesgo de la llamada asfixia por restricción o posicional explicitando como el grado de restricción en la posición en la que la persona es contenida y que concluye que es muy superior si es en posición boca abajo que boca arriba, pudiéndose agravar por maniobras tales como aplicación de presión en las manos, pies, rodillas sobre la espalda que dificultan la movilidad respiratoria», indicó el tribunal para concluir que señalando que «por el riesgo de mortalidad con el que se asocia, se considera a nivel internacional que la posición boca abajo no debe ser utilizada».

La Fiscalía pidió dirigir la investigación a «personas o grupo de personas que elaboró, aprobó e impuso la observancia del protocolo» para «todos los centros de la asociación Ginso» que, según aseguró, «sigue vigente a pesar del luctuoso resultado de muerte de Iliass T.» en julio de 2019 y a averiguar «si los servicios de Inspección de Madrid y de Andalucía» habían girado visitas a esos centros, «si han formulado recomendaciones u observaciones, si éstas han sido acatadas o no».

La coordinadora 25S, que agrupa a diversos colectivos sociales y vecinales, ha interpuesto una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque consideran que ha prevaricado al no autorizar una manifestación para este domingo, 14 de febrero, por motivos sanitarios.

Según ha explicado este colectivo, que surgió a raíz de la movilización ‘Rodea el Congreso’ en 2021, la querella se sustenta en la denegación por parte de Delegación de una manifestación para defender los servicios públicos en Madrid, bajo el lema ‘Nos están matando’.

Los convocantes ya habían planteado para finales de enero esta manifestación, que planeaba discurrir entre Cibeles y Sol, pero decidieron posponerla al domingo, el mismo día en que se celebran los comicios catalanes, después de que se alegara que un informe de la Consejería de Sanidad desaconsejaba el evento.

Sin embargo, contraponen que el pasado 23 de enero tuvo lugar en Madrid una manifestación de «negacionistas» ante la pandemia del Covid-19 y, por tanto, creen que la negativa de Delegación a autorizar su marcha solo puede responder a un «uso partidista del cargo».

Tras recalcar que la libertad de manifestación es un derecho fundamental y que habían informado de medidas para garantizar la seguridad ante la pandemia, el colectivo cree que existe un «intento planificado» de impedir su posicionamiento público ante la realidad social actual debido a las reiteradas prohibiciones de sus convocatorias.

Aparte de la querella, han interpuesto también un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El departamento que dirige José Manuel Franco no tiene constancia de la querella, pero sí del recurso, por lo que esperará a lo que resuelva el Alto Tribunal Madrid.

Independientemente de la resolución, la Coordinadora 25S ha escrito un tuit que ha señalado que los 120 colectivos convocantes saldrán a la calle el domingo «Sí o Sí», criticando que ese mismo día «aplauden unas elecciones», en referencia a las autonómicas catalanas.

LAS EXPLICACIONES DE DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Preguntado anoche en una entrevista en ‘Canal 33’, Franco recordó que el TSJM confirmó la semana pasada la denegación de la autorización de una marcha contra el Gobierno de España el 6 de febrero en la Plaza de Colón, también prohibida por motivos sanitarios en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus por motivos sanitarios.

«El Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón porque hemos obrado con absoluta objetividad y teniendo en cuenta las normas. Una manifestación no se autoriza por la Delegación del Gobierno, es un derecho fundamental recogido por el artículo 21 de la Constitución. Es una toma de conocimiento lo que hace la Delegación y solo con criterios muy claros las prohíbe», ha recordado.

Así, el representante del Gobierno central en Madrid ha indicado que en los pocos casos que no se ha permitido una concentración ha sido por el número de manifestantes «excesivo» previstos y avalado por un informe de la Consejería de Sanidad, «teniendo en cuenta el estado epidemiológico». «Hemos obrado en consecuencia y en estos casos las hemos prohibido. Y lo seguiremos haciendo. La Comunidad fijó el numero de personas entorno a 600», ha indicado.

Ante la posibilidad de que se manifiesten de cualquier forma, pese a la prohibición, la Policía Nacional ya está preparada y actuará en consecuencia «con la máxima proporcionalidad posible», ha indicado fuentes del organismo estatal.

Después de las informaciones periodísticas surgidas este miércoles al respecto de una presunta contratación irregular protagonizada por el alcalde de Albacete, Vicente Casañ (Cs), con una empresa de su propiedad, dos de los tres grupos municipales de la oposición, Vox y Unidas Podemos, se han dado por satisfechos ante las explicaciones ofrecidas por el primer edil en una Junta de Portavoces extraordinaria; mientras que el Partido Popular ha insistido en tener más aclaraciones por parte del regidor albaceteño, a quien instan a comparecer públicamente para dar más detalles.

De parte de los grupos municipales que forman el equipo de Gobierno –Cs y PSOE–, la formación naranja no ha dudado desde el primer momento en defender a Casañ, y desde la cúpula regional hasta la propia lideresa del partido, Inés Arrimadas, se han mostrado convencidos de la inocencia del alcalde; mientras que los socialistas han trasladado que dan por hecho que tanto el regidor como la formación naranja van a estar a la altura a la hora de dar explicaciones.

Poco después de los detalles dados por Casañ, era la portavoz de Vox, Rosario Velasco, quien consideraba que en la cita se habían dado «explicaciones suficientes para desmentir las informaciones».

«En Vox estamos en contra de cualquier forma de corrupción, entendemos que el político debe ser honesto, además de parecerlo, y también pensamos que en política no todo vale. Estamos en las antípodas de este Gobierno, pero estamos en contra de que se ponga en tela de juicio el buen nombre de cualquier persona, creemos en la libertad y en los derechos individuales, y el honor es uno de ellos», aseguraba en la tarde de ayer.

Así, insistía la portavoz municipal en que Casañ «ha dado razones y aportado documentación que desmienten lo publicado en prensa». «Y en Vox hemos venido a trabajar por los albaceteños, pero siempre desde la legalidad y con la verdad por delante».

UNIDAS PODEMOS NO OBSERVA INDICIOS DE IRREGULARIDAD

Ya en la mañana de este jueves, Unidas Podemos aseguraba no observar indicios de irregularidad por parte de Casañ tras examinar la documentación aportada.

«Tras escuchar la explicaciones y tras haber examinado toda la documentación sobre su relación con la empresa de la que era accionista y las cantidades que dicha empresa facturó por emitir publicidad del Ayuntamiento, siendo él ya alcalde, Unidas Podemos no observa que se haya producido ninguna ilegalidad, puesto que la ley concede un margen de tres meses a los cargos públicos para resolver cualquier cuestión referida a las incompatibilidades», aseguran en nota de prensa.

De igual manera, Unidas Podemos tampoco considera probadas las acusaciones de las informaciones, por lo que invitan a quien tenga indicios «a ir al juzgado a denunciar». «Desde Unidas Podemos reiteramos nuestra tolerancia cero con cualquier forma de corrupción y con la utilización de las instituciones para el beneficio personal o partidista, al mismo tiempo que defendemos una forma de hacer política limpia y honesta».

EL PP PIDE MÁS EXPLICACIONES

En cambio, el Partido Popular de la ciudad, en boca de su concejal Francisco Navarro, ha pedido, tras recibir las mismas explicaciones que todos los grupos, que Casañ debe ahora dar detalles de forma pública «a todos los ciudadanos». «Los albaceteños necesitan una respuesta clara, contundente e inmediata del alcalde», ha señalado.

«Casañ debe dejar medianamente claro ante todos los albaceteños si se adjudicaron contratos mientras él seguía siendo accionista de esta empresa y que muestre a la opinión pública con luz y taquígrafos toda la documentación que acredite la venta de las acciones y las fechas en las que lo hizo, así como las fechas de los contratos o encargos de publicidad», ha señalado Francisco Navarro.

Es por ello que ha solicitado una comparecencia pública del alcalde de Albacete ante los medios de comunicación «para que explique con documentos y claramente cuándo renunció a las acciones de la empresa de comunicación, cuándo se hizo efectivo y si en ese periodo de tiempo se adjudicaron contratos a la empresa.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, comparecerá el próximo 18 de febrero ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para exponer la Estrategia de Acción Exterior del Gobierno.

La comparecencia de la ministra, a petición propia, está prevista para la tarde del jueves o al término del Pleno que se celebrar ese día. Será la segunda de González Laya este año, después de que el pasado 20 de enero compareciera ante la Comisión Mixta para la UE para informar del preacuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar.

La ministra presentó la nueva Estrategia de Acción Exterior 2021-24 el pasado 26 de enero al Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.

El documento está llamado a tomar el relevo a la estrategia aprobada en 2015, con el PP en el Gobierno y José Manuel García Margallo como ministro de Asuntos Exteriores. Dicha estrategia debía haberse renovado en 2019, pero la doble cita con las urnas de ese año lo impidió.

Para la elaboración de la estrategia, que tras su paso por las Cortes volverá al Consejo de Ministros para su aprobación, previo informe del Consejo de Política Exterior, se ha consultado a todos los ministerios, así como a los órganos constitucionales, las comunidades autónomas y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, según ha explicado el Gobierno, ha habido consultas con representantes de centros de pensamiento, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales.

INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Por lo que se refiere a los medios e instrumentos por los que se llevará a cabo la acción exterior está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, con vistas a dotar de «un servicio exterior moderno y ágil orientado a la ciudadanía», así como la puesta en marcha de un Plan de Acción para la Transformación Digital del Ministerio de Exteriores, con especial atención a la modernización de los servicios consulares.

Además, el Gobierno prevé la aprobación de una nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la reforma y fortalecimiento de la AECID, así como el cumplimiento del compromiso de destinar el 0,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta a ayuda oficial al desarrollo al final de la presente legislatura, la elaboración del VI Plan Director de la Cooperación Española 2022-2025 y el lanzamiento del Foro Anual de Cooperación al Desarrollo.

También, según indica el Gobierno, se apuesta por el impulso de la diplomacia parlamentaria, por potenciar los mecanismos de consulta entre Exteriores y los responsables autonómicos de acción exterior, y por impulsar «una colaboración más integral con las empresas españolas», lo que pasa tanto por apoyar su acción exterior como por capitalizar «mejor el enorme activo de su presencia y capital humano en otros países».

Por otra parte, la estrategia defiende que la acción exterior «debe contribuir a que el sector exterior siga siendo un motor de crecimiento y de creación de empleo que impulse una pronta recuperación«, lo que se traduce en una apuesta por la diplomacia económica teniendo en cuenta la alta y creciente internacionalización de la economía española.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha mantenido este jueves una reunión telemática con los portavoces municipales del PP en Segovia, Pablo Pérez, y Jaén, Manuel Bonilla, para valorar los trabajos y gestiones realizados por los tres ayuntamientos, que optaban a radicación de la base logística del Ejército de Tierra en sus ciudades, así como para hacer un frente común con el objetivo de que el Ministerio de Defensa de a conocer los criterios técnicos que avalen la su decisión de adjudicar el centro logístico militar a Córdoba.

Así lo ha explicado Alonso, argumentando que las decisiones de Estado tienen que estar avaladas, justificadas y documentar por criterios técnicos. Por ello, y según han informado en nota de prensa, el PP de Toledo, de Segovia y de Jaén van a pedir todas esas explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión, como es la de adjudicar a Córdoba la base logística, que, según ha dicho, parece estar motivada por «criterios políticos».

«Toledo no puede haber perdido por razones políticas una infraestructura que iba a generar 3.000 puestos de trabajo de personal civil, un incremento de la renta per cápita anual de 40 millones de euros y un crecimiento de 50 millones del PIB anual de Toledo», ha advertido Alonso, que ha avisado de que «ante la inacción del Gobierno de Milagros Tolón, el PP de Toledo no se va a quedar de brazos cruzados».

«Tanto en el caso de Jaén como en Segovia hemos podido constatar que sus ayuntamientos se han volcado para conseguir esta adjudicación y llevan tiempo trabajando y luchando con la presentación proyectos, manteniendo reuniones y ofreciendo fuentes de financiación. Eso es lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Toledo, pero al menos públicamente o con la información que tenemos en el PP de Toledo, no podemos decir lo mismo», ha lamentado Alonso.

Por ello, ha avanzado que el Grupo Popular, ante esa falta de explicaciones de la alcaldesa, ha registrado una solicitud de información de todos los documentos, informes, expedientes, reuniones y demás trabajos que haya realizado el Gobierno de Tolón relacionados con el proyecto que suponemos habrá presentado el Ayuntamiento para conseguir la base logística.

«Esperamos que existan pues Toledo no entendería que por la falta de los mismos la ciudad se haya quedado sin la base logística teniendo en cuenta que los requisitos iniciales del proyecto daban una gran ventaja a Toledo porque era la única ciudad que los cumplía todos», ha añadido Alonso.

De igual modo, la edil toledana ha apuntado que el PP ha presentado en el Congreso, a través de sus diputados por Toledo, una serie de preguntas al Ministerio de Defensa para conocer tanto el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Toledo para optar a la adjudicación de la base como para que el Gobierno desvele los criterios de adjudicación de la plataforma logística militar a Córdoba, las alternativas que ha valorado Defensa y quién ha tomado la decisión de ubicarla en esa ciudad.

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Balaguer, perteneciente al sector progresista del órgano de garantías, reprocha en su voto particular a la segunda sentencia dictada por este órgano sobre la denominada ‘Ley Mordaza’ que la mayoría de este órgano valide la constitucionalidad de un artículo, el 37.7 de la norma, que permite perseguir en vía administrativa a los ‘manteros’ por suponer un riesgo para la seguridad al implicar la ocupación sin permiso de la vía pública.

En su voto, hecho público este jueves, critica que la actividad de estas personas suponga ‘per se’ un riesgo para la seguridad ciudadana que queda sin explicación en ley y en la propia sentencia dictada por el TC.

El citado artículo incluye entre las infracciones leves » la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente», y añade que se entenderá incluida en este supuesto «la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada».

A juicio de Balaguer la sentencia debería haber justificado por qué en este supuesto lo protegido no es la propiedad ajena (intelectual o industrial), sino la seguridad ciudadana, «cuya afectación por lo demás, es difícil de comprender si pensamos en la bien conocida actividad de los manteros».

Para la magistrada esta actividad no necesariamente obstaculiza el uso común de la vía pública, y la indeterminación de la noción, unida a la concurrencia mixta de ilícitos, «es una puerta abierta al uso arbitrario de la facultad sancionadora atribuida al poder público».

Reconoce que no puede descartarse que este tipo de actividad tenga una incidencia negativa en el ámbito de la protección del derecho a la propiedad; en el ámbito tributario porque se trata de una actividad comercial no sujeta a tributación o en el laboral; por cuanto supone el ejercicio de un trabajo en la economía sumergida.

NORMA MAL DEFINIDA

Añade sin embargo que el precepto adolece a su juicio de adecuada definición, pues no se concreta qué significado debe dársele a la palabra «ocupación», qué cantidad de personas deben ocupar la vía pública realizando venta ambulante sin autorización para entenderse que obstaculizan su uso.

Tampoco se especifica si debe o no concurrir violencia o intimidación, o bastaría con la simple presencia simultánea de personas en tal espacio común, incluso de forma totalmente pacífica. «El margen de indeterminación del precepto guarda directa relación con la amplia facultad de actuación concedida al que la sentencia llama «el aplicador del derecho», es decir a los agentes del orden encargados de aplicar la medida sancionadora».

El análisis, según Balaguer, no puede desconectarse de las muy particulares circunstancias que rodean a quienes ejercen este tipo de venta ambulante. «Se trata mayoritaria, aunque no exclusivamente, de personas extranjeras sin permiso de trabajo, frecuentemente subsaharianas, muy habitualmente en situación administrativa irregular, lo que les avoca a vivir de una economía sumergida controlada, en buena medida, por mafias».

Por ello, considera que la persecución por la vía del derecho administrativo sancionador, «por lo demás, bastante ineficaz, en este caso, como medida preventiva frente a la comisión de futuras infracciones», no hace sino expulsarlas aún más a los márgenes del sistema.

La exigencia de un tipo penal claro debería haber llevado a la inconstitucionalidad de esta norma, afirma Balaguer, y por ello debería haberse declarado la inconstitucionalidad del art. 37.7 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) «que como otros preceptos objeto de este recurso de inconstitucionalidad (*) no observa la exigencia constitucional de taxatividad de las disposiciones sancionadoras, generando más inseguridad jurídica que la que intenta combatir».

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la actuación del gobierno de Mariano Rajoy durante los episodios del 1 de octubre de 2017 en Cataluña después de que el presidente de los populares, Pablo Casado, se desmarcase de la gestión del Ejecutivo al afirmar que se negó a comparecer en rueda de prensa porque no compartía la postura defendida por el partido.

Cuestionado este jueves tras la reunión de su gobierno sobre las palabras de su líder de filas, Núñez Feijóo ha apuntado que desconoce «cuál era la escaleta» para la rueda de prensa posterior al 1 de octubre, una jornada en la que, según el mandatario gallego, «a ningún español le gustó lo que pasó en los colegios» donde «aparentemente se votaba un reférendum ilegal».

«A nadie le gusta que los políticos intenten subvertir el orden constitucional de su país. Y tampoco a nadie le gusta ver los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado teniendo que disolver las manifestaciones. Pero lo que está claro es que ante un ataque al Estado, el Estado tiene que defenderse», ha manifestado Feijóo.

«La obligación de un Estado es defender la legalidad. Y eso fue lo que se hizo en Cataluña ese domingo», ha incidido el líder del PP gallego, que ve un intento por «reeditar» la ocurrido hace ya tres años y medio «por la mayoría de los partidos» que concurren a las elecciones catalanas, «incluido un partido que forma parte del Gobierno de España».

CAMPAÑA DEL PP EN CATALUÑA

Cuestionado sobre la campaña de su partido de cara a las elecciones catalanas de este domingo, Núñez Feijóo, que participó en un acto el pasado domingo junto a otros barones autonómicos del partido, ha expresado su «apoyo incondicional» al candidato popular a la Generalitat, Alejandro Fernández.

«Todo lo que he escuchado a nuestro candidato son cosas claras, comprometidas y nítidas», ha expresado Feijóo, que ha defendido que el PP catalán «ha mantenido la bandera del constitucionalismo y el catalanismo mucho antes» de que surgiera Vox.

Así, ha incidido en que «los valores del constitucionalismo» son «santo y seña» del Partido Popular, lo que lo ha llevado sentenciar que supone «un insulto a la inteligencia» que partidos «que acaban de empezar», en otra alusión velada a la formación de Santiago Abascal, duden de ello.

En este sentido, ha expresado que el próximo domingo «los catalanes que quieren seguir siendo catalanes sin renunciar a ser españoles» tienen «una opción» frente a la posibilidad de un gobierno «de los independentistas o de los independentistas con el PSOE».

«Siempre que ha habido una oportunidad, el PSOE ha gobernado con los independentistas», ha sentenciado Feijóo, que ha recordado que el Pacto del Tinell «está ahí» y que socialistas y ERC «ya gobiernan cantidad de ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona».

Rafael Redondo, el que fuera socio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, ha afirmado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que Repsol y Caixabank indicaron al Grupo Cenyt –empresa del expolicía– qué conceptos poner en las facturas relacionadas con el encargo de evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciera con el control del Consejo de Administración de la energética.

Redondo ha comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 para declarar en el marco de dos piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’. Por un lado, ha sido interrogado por la 21, sobre el ‘proyecto Wine’, en el que se espió al expresidente de la constructora Luis del Rivero; y la 24, relacionada con la presunto encargo de agredir a la doctora Elisa Pinto.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, el que fuera socio de Villarejo se ha desvinculado de las actividades presuntamente irregulares que el comisario jubilado llevó a cabo desde su empresa, Grupo Cenyt, y que se están investigando en la Audiencia Nacional.

Ha afirmado que no conoce el detalle de los informes que elaboró Villarejo para sus clientes y que su labor en la empresa eran meramente administrativa. En este sentido, ha admitido que el comisario jubilado le daba copia de toda la documentación para que la guarda en su domicilio, pero que no se paró a leer el contenido.

Cabe recordar que debido a toda la documentación que fueron incautados en los domicilios de Villarejo y Redondo han servido para aperturar la treintena de piezas separadas que conforma el caso ‘Tándem’. El comisario estuvo durante años registrando reuniones y conversaciones con terceros hasta su detención en noviembre de 2017.

PROYECTO ‘WINE’

Sobre el ‘proyecto Wine’, Redondo ha señalado ante el juez García Castellón qué sabía que Repsol y Caixabank eran clientes de Cenyt, pero que desconocía el encargo realizado y las tareas que se habían llevado a cabo, ya que no intervino en él.

No obstante, ha destacado que estas dos empresas indicaron qué concepto poner en las facturas para tratar de evitar que sus propios organismos de control tuvieran conocimiento de los objetivos de contratar a Villarejo, según las fuentes consultadas.

Según el auto del juez García Castellón por el que acordó la apertura de esta pieza separada, el Grupo Cenyt hizo una propuesta económica por sus servicios con dos opciones. La primera, tenía un precio de 925.000 euros, en la que se incluía una garantía de éxito de 475.000 euros que debía abonarse al final si los objetivos llegaban a cumplirse.

La opción B, era más económica, pero en ella Villarejo no aseguraba el resultado del proyecto, por lo que el precio se reducía hasta los 675.000 euros.

SE ENCONTRARON CUATRO FACTURAS

En los registros policiales desarrollados en el marco de la investigación se encontraron cuatro facturas derivadas de este proyecto por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por Repsol y CaixaBank en una cuenta que era de Cenyt. La policía hizo un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a la energéntica y a banco, cuyo montante ascendería a 413.600 euros.

Con esa cifra, los investigadores indagaron entonces sobre el destino dinero y vieron que contra las cuentas donde se recibía, se realizaron cargos por valor de 370.578 «cuya ejecución ha sido factible gracias a la recepción de los fondos indicados». Según indica el auto del juez por el que se comenzó a investigar este proyecto, así se movió el dinero a otras cuentas de mercantiles, detrás de las cuales estaba el propio Villarejo.

El juez García Castellón explica que la empresa de Villarejo llevó a cabo presuntamente de forma ilícita un encargo de Repsol y Caixabank con el objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF «para tomar el control de la compañía».

La misión era evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

La declaración de Redondo tiene lugar después de que el magistrado instructor haya escuchado al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, el ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño y el ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández, también imputados.

VILLAREJO OFRECIÓ SUS SERVICIOS A SACYR PARA CONTRAATACAR A REPSOL

A estas comparecencias se han sumado además las realizadas en calidad de testigos de los perjudicados por este ‘encargo’: El expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el encargado de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez y el antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo.

El juez explica en su auto que el acuerdo de Sacyr con la petrolera fue detectada por Repsol y, con la ayuda de CaixaBank, paralizaron de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis del Rivero retirándolo de la presidencia de la constructora en octubre 2011, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad.

Precisamente, Álvarez admitió en su declaración que mantuvo varias reuniones con Villarejo y que llegó a recibir del Grupo Cenyt un documento de 11 páginas en el que se alertaría de que se estaba espiando a Del Rivero y se añadía propuesta económica ofreciendo sus servicios por valor de 75.000 euros.

El informe, denominado ‘proyecto Design’, tendría como objetivo contraatacar a Repol y obtener información delicada de su presidente, pero Sacyr declinó la oferta. Preguntado por esto, Redondo ha dicho que no conoce a Álvarez, a quien el grupo de Villarejo le denominó como ‘Cid’.

ACOMPAÑÓ A LÓPEZ MADRID A VER A LA DOCTORA PINTO

Por otro lado, Redondo también ha sido interrogado por la pieza 24, la relacionada con el presunto encargo de agredir a la dermatóloga Elisa Pinto, asunto por el que además está investigado el empresario Javier López Madrid, quien ha negado ante el juez cualquier pago al comisario jubilado.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Redondo se ha limitado a explicar que Villarejo le mandó acompañar a López Madrid a visitar a Pinto para pedirle que ésta dejara de acosar al empresario. Ha apuntado que se enteró del motivo del encuentro en un taxi de camino a la reunión con la doctora.

Proyecto Esperanza y SICAR cat, ambos de Adoratrices, han lanzado un sistema de protección interno, con un código de conducta para sus empleados y colaboradores, y un protocolo de actuación frente a conductas inadecuadas o que puedan constituir un delito, con el fin de garantizar un «entorno seguro» a las mujeres víctimas de trata a las que atienden, y a sus hijos e hijas.

Entre las acciones que han llevado a cabo para conseguir este objetivo, destacan: la aprobación en noviembre de 2019 del Código de conducta, el Posicionamiento de Adoratrices en materia de protección y buen trato y el Protocolo de actuación de incidencias de protección.

En junio de 2019, se nombró a los representantes del Comité de Protección que se ha reunido periódicamente desde entonces y que vela por el buen funcionamiento del sistema. Además, se realizó una Auditoría de Protección.

Asimismo, se elaboró un Manual de Seguridad para proyectos de atención a víctimas de trata y un Mapa de riesgos que incorporó los riesgos asociados a enfermedades de carácter contagioso que en el nivel más extremo pueden originar situaciones de pandemia como la vivida este año, según informan desde Proyecto Esperanza.

Entre las actitudes que las Adoratrices definen como no aceptables y que se incluyen en el código de conducta, se encuentran: avergonzar, gritar o humillar a las mujeres; aceptar comportamientos violentos entre ellas; o tener conductas que inciten al odio, racismo, sexismo u homofobia.

Además, en el caso del trabajo con los hijos e hijas de las mujeres víctimas de trata, se prohíbe que el trabajador esté a solas con el menor sin justificación profesional así como participar en actividades sexuales, ya sean físicas o virtuales.

En caso de que se produzca algún incumplimiento del Código de Conducta, las propias mujeres usuarias así como los profesionales deberán notificarlo a los buzones de queja habilitados (proteccio@adoratrius.cat y proteccion@proyectoesperanza.org) y se garantiza total confidencialidad.

«Hemos dado un paso más para generar un espacio seguro y protector en todas nuestras actividades y relaciones. Se han de generar las condiciones para que el equipo tenga herramientas para cuidarse, atendiendo a las condiciones en las que desempeña su trabajo. Igualmente cuidar de las mujeres, desde un enfoque profundo de atención y respeto», ha explicado el coordinador de Gestión de Proyecto Esperanza y miembro del Comité de Protección, Antonio Rivas.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga un entramado criminal de empresas conniventes, al que atribuyen delitos de estafa por importe de 700.000 euros a tres entidades bancarias, mediante el cobro fraudulento de recibos. La denominada Operación Cornete se ha saldado con 12 personas detenidas por su presunta implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Según las actuaciones, la organización criminal había constituido un entramado societario –siete sociedades en total-, sin actividad laboral real, que contrató servicios de gestión de remesas de recibos, a tres entidades bancarias distintas, siendo el sistema aprovechado para perpetrar el fraude.

La Operación Cornete se inició a raíz de que un representante de un banco, en Málaga, denunciase haber sufrido una estafa de 57.000 euros después de contratar con los administradores de una sociedad un servicio de gestión para el cobro de recibos a diferentes clientes.

Según los hechos denunciados, una vez que la entidad bancaria ejecutaba las órdenes de cobro, la sociedad recibía el dinero de sus clientes y lo retiraba de su cuenta bancaria posteriormente.

Por su parte, antes de la fecha de vencimiento –56 días por normativa–, los clientes devolvían en cascada los recibos, consiguiendo que el banco reingresara, cumpliendo la normativa vigente, el importe a sus cuentas; una situación que generaba un descubierto y por tanto un perjuicio económico para los bancos.

El Grupo I de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial Málaga inició, de esta manera, una investigación, que se ha desarrollado en el último año, tendente a esclarecer los hechos.

Una vez realizadas las gestiones oportunas de investigación, entre ellas el análisis de la denuncia inicial y la documentación aportada por la entidad perjudicada, los agentes descubrieron que otros dos bancos habían resultado afectados bajo un mismo modus operandi y mismas empresas implicadas.

Continuando con las pesquisas, los investigadores constataron que la trama, constituida por siete sociedades, había solicitado contratos de remesa bancaria de recibos a tres entidades bancarias y en el mismo tiempo. De este modo, dieron la orden al banco de que se ejecutasen cobros a diferentes clientes, de forma automática, falseando, además, los datos aportados a las entidades para evitar el cumplimiento de la normativa SEPA (Single Euro Payment Area), garante de la Zona Única de Pagos Euros, que permite operaciones con más libertad y agilidad, vigente desde el año 2014 y a la que están suscritos 32 países, en su mayoría de la UE.

MECÁNICA DE LA ESTAFA

En una primera fase, los clientes que debían hacer frente a los pagos de recibos, al no tener actividad laboral real, recibían inyección económica por parte de transferencias procedentes de cuentas de otras empresas de la trama o mediante ingresos en efectivo a través de cajeros automáticos.

Una vez que las entidades bancarias ejecutaban las órdenes de cobro de recibos, la cuenta de la sociedad presentaba un importante incremento en su haber, al cobrar la remesa de los clientes conniventes, con lo que daba apariencia de legalidad a sus operaciones.

Cuando el dinero se encontraba en las cuentas de la sociedad emisora de los recibos, sus titulares lo retiraban, a través de transferencias a cuentas del entramado delictivo o extracciones en cajero. En última instancia, antes del plazo autorizado de 56 días, los clientes devolvían los recibos en cascada, reintegrándose nuevamente el dinero en sus cuentas.

Bajo este modus operandi, las entidades bancarias, que debían tramitar las devoluciones de los recibos en el plazo legalmente estipulado cumpliendo la normativa vigente, habrían sufrido un perjuicio económico de unos 700.000 euros, en una estafa organizada al detalle por los arrestados, en su calidad de administradores o apoderados de las empresas implicadas.

Finalmente, las diligencias practicadas condujeron a los agentes a la plena identificación de los sospechosos, que resultaron detenidos por su presunta implicación en la trama. Asimismo, se practicaron registros en los domicilios de los cabecillas de la organización criminal, interviniéndose documentación bancaria probatoria de la participación de los investigados en los hechos. Paralelamente, se solicitó a la autoridad judicial competente el bloqueo de las cuentas bancarias de los principales investigados.