La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid de limitar la «documentación útil» de prueba en el caso donde se investiga el presunto origen ilícito del ex ministro de Economía Rodrigo Rato a la utilizada por la Oficina Antifraude (ONIF) y la Unidad Central Operativa (UCO) para elaborar sus informes.

La Audiencia de Madrid ha rechazado así el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal contra el auto del 19 de noviembre de 2020 en el que el juez ordenó a las dos unidades de auxilio –ONIF y UCO– que elaboren un listado con los documentos obtenidos en las entradas y registros que han utilizado para sus informes, para que las partes accedan únicamente a la «documentación útil» dejando fuera el material intervenido que concierne a la intimidad de terceras personas.

La Fiscalía pretendía que «se tenga por acervo documental el total de la documentación encontrada en las entradas y registros» y que, «en todo caso, el traslado de la documentación a las partes contenga la documentación reflejada en el informe de la Unidad de Apoyo de la AEAT de 7 de junio de 2020 y en el escrito del fiscal de fecha 14 de junio de 2020».

La Sección 23ª de la Audiencia Provincial ha estimado que «el recurso ha quedado sin objeto por razones sobrevenidas, pues, parece claro que las providencias aclaratorias posteriores han dado suficiente y adecuada respuesta a lo interesado por el Ministerio Fiscal», recordando también su propia resolución del pasado mes de diciembre sobre dicho informe de la AEAT.

«EL TRASLADO EN BRUTO», «NI IMPERATIVO NI ACONSEJABLE»

No obstante, ha querido aclarar «los criterios y pautas que deben determinar el alcance de la prueba documental recopilado durante la instrucción de la causa, su debido tratamiento en aras de ponderar los intereses y derechos en juego, y las pautas que deberían guiar su traslado al resto de las partes».

Así, ha señalado que «el acervo documental de la causa lo conforma la totalidad de la documentación en soporte papel o digital incautada en las entradas y registros judicialmente autorizadas» y que «el traslado o conocimiento de las partes debe estar orientado a la satisfacción de su derecho de defensa, debiendo poder tomar conocimiento de los datos incriminatorios utilizados en su contra y la fuente de origen, de modo que les habilite para impugnar».

Al mismo tiempo ha aclarado «no es imperativo, ni siquiera aconsejable, el traslado en bruto de la documentación incautada, sino solo aquella que haya sido materialmente utilizada e individualizada como fuente de conocimiento en los atestados, informes, oficios de las distintas unidades policiales o de auxilio que han intervenido, incluida la Unidad de Auxilio adscrita a la Fiscalía, pero también en los escritos de alegaciones o informes periciales de parte».

En opinión de los magistrados, «es legítimo plantearse limitaciones o restricciones que, sin afectar al derecho de defensa, pretendan evitar la difusión indeseada e innecesaria de aspectos que afecten a la intimidad o derechos de tercero».

Asimismo, han recordado que, «en todo caso, la única prueba válida es la que se practica en el acto del juicio siendo facultad inescindible del órgano sentenciador la admisión de la prueba que considere útil y pertinente». «Solo la prueba válida, lícitamente obtenida y practicada en el acto del juicio conforme a los principios de publicidad, contradicción y defensa podrá ser en su día considerada prueba de cargo», han subrayado.

MÁS DE 70 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Rato 70 años de cárcel por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, insolvencia punible y falsedad documental.

De acuerdo con las tesis fiscales, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, puso fin en febrero a la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato, tras casi seis años de pesquisas.

El juez ha propuesto procesar a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Además, por corrupción en los negocios ha apuntado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis y Zenith y a siete personas relacionadas con ellas.

En cuanto al blanqueo de capitales, ha señalado igualmente a Santiago Alarcó, mientras que también ha achacado el delito fiscal a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.

La exmonja de clausura Hortensia López denuncia en un libro «abusos de autoridad» en dos conventos por los que pasó, donde cuenta que las prioras le decían lo que tenía que votar en unas elecciones, le controlaban la confesión, sus llamadas de teléfono, la correspondencia o lo que contaba a sus familiares durante las visitas.

«Te decía firma aquí, sin saber lo que firmabas y si le preguntabas para qué, te decía que debías obedecer a la priora, me vi presionada. Para votar, te daba el sobre con la papeleta y si no, no votabas. Escuchaba las llamadas de teléfono, y en la confesión, me decía aquello de lo que debía confesarme», explica Hortensia López en una entrevista, con motivo de la publicación de su libro ‘Cuidemos la vida consagrada’ (Círculo Rojo).

La exreligiosa denuncia que empezó a sufrir «abusos de autoridad» y «maltrato psicológico» nada más entrar en el primer convento, ubicado en el norte de España, en 1994, cuando ella tenía 21 años. «La priora se obsesionó conmigo, me hizo pasar por loca delante de la comunidad, me trataba con desprecio», recuerda.

Cuando salió de allí, entró en otro donde no tuvo ningún problema, pero en el tercer convento en el que estuvo volvió a encontrarse con «la misma situación dictatorial». «Me sentía anulada como persona, como si estuviera secuestrada», explica.

López también asegura en su libro que no se ha sentido apoyada por la jerarquía de la Iglesia. Primero, acudió a un obispo que le dijo que «sabía lo que pasaba» pero que era mejor no decir nada para evitar posibles «represalias» de la priora. «Me dijo: ‘Aguanta lo que puedas y cuando no puedas más, te vas’. Podría haberla depuesto del cargo», indica.

En mayo de 2015, con 41 años, no pudo más y colgó los hábitos, momento en el se encontró en un mundo totalmente distinto al que había dejado atrás cuando atravesó las puertas del primer convento. «No sabía manejar el ordenador ni el móvil, ni andar por la calle», comenta.

A esto se sumaron las dificultades para encontrar un empleo. «Me puse a buscar trabajo pero es muy difícil, con mi edad, sin carrera, con la depresión que tenía. Me ayudaron en Cáritas y he tenido trabajos ocasionales», precisa.

Hortensia López cuenta que cuando salió del convento, fue a casa de su madre y viendo el telediario, escuchó una noticia sobre violencia de género. Se sintió de alguna forma «identificada» por el «maltrato psicológico» que había padecido y llamó a una psicóloga. «Apelo a los psicólogos a que nos ayuden», pide.

Ante su situación, llegó a escribir a la Congregación del Vaticano para los religiosos pero lamenta que le contestaron que, al estar secularizada, no podían hacer nada.

Ahora, ha enviado una carta directamente al Papa Francisco contándole su caso y pide al Vaticano la creación de un organismo para ayudar y acompañar a los religiosos y religiosas que se secularizan. Igualmente, se ha dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Española y al presidente del Colegio de Psicólogos de Sevilla.

Mientras tanto, Hortensia López considera que su libro puede ayudar a otras monjas que hayan pasado o estén pasando por su misma situación, para que «no tengan que aguantar maltrato» ni verse «despreciadas» al salir del convento. Ella no ha perdido la fe «gracias a Dios» pero después de lo que ha vivido no le «extraña» que haya gente que sí la pierda.

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que Vox defienden ideas «que no son compatibles con la democracia» al hacer, a su juicio, «apología» de la «dictadura franquista» y del terrorismo de estado que representó los GAL.

Además y cuestionado sobre el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi; Iglesias ha subrayado que ha «renunciado a la violencia» y fue a prisión por la condena del ‘caso Bateragune’ –de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna- mientras que Vox dice «no» a las peticiones de que condenen la dictadura franquista.

«Otegi ha ido a la cárcel, Santiago Abascal no», ha manifestado Iglesias en una entrevista a Telemadrid, tras ser preguntado sobre si las acusaciones de Vox supone una legitimación o apología de la violencia podían aplicarse al caso del dirigente abertzale o a personas que estuvieron vinculadas con la extinta Batasuna.

Al respecto, Iglesias ha recalcado que la acción de Batasuna «lo pagaron con la cárcel» y la diferencia radica en que EH Bildu acude a homenajes como el celebrado en el Congreso al exministro Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista ETA, lo que es una «victoria de la democracia».

Frente a ello, el exvicepresidente del Gobierno ha trasladado que cuando se invita a Vox a condenar la dictadura franquista, dice «no». Por tanto, ha trasladado que es «muy importante no equiparar» a la ultraderecha con la democracia.

Y es que para Iglesias la formación que preside Santiago Abascal hace «apología del terrorismo de Estado (en alusión a los Gal), habla «abiertamente» de «racismo», al decir que quieren deportar al integrante de su lista Serigne Mbayé pese a tener la nacionalidad española, o «atacan» a las mujeres.

«En democracia no todo es tolerable, el fascismo, el racismo, los ataques al feminismo y la intolerancia, eso no es aceptable en democracia y eso lo tiene que tener claro todo el mundo», ha ahondado para reiterar que recibió una llamada del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, preocupado no solo por la quema de la sede de Podemos en Cartagena (Murcia) sino por el «auge» de la ultraderecha.

VOX FUE A VALLECAS A CREAR UN CLIMA DE VIOLENCIA PARA VICTIMIZARSE

Sobre los incidentes en Vallecas durante un mitin de Vox, el candidato de Unidas Podemos ha detallado que la formación no fue a buscar el voto con este acto sino a «entrar en campaña» y de crear un «clima de violencia» para «victimizarse».

En este sentido, ha insistido en que los vídeos de esa jornada revelan que Abascal, al ver que los vecinos que se concentraron contra ellos no entraban a sus «provocaciones», dijo «a por ellos» y fue «con sus «matones» a romper el cordón policial que les separaba de los manifestantes.

FAES considera que el PP debe seguir «atrayendo los votos necesarios y recuperar la confianza mermada en años de desconcierto». Tras asegurar que las elecciones madrileñas «muy probablemente, marcarán un punto de inflexión en ese proceso», anima al líder del PP, Pablo Casado, a «ir más allá del 4 de mayo» en la «capacidad de integración» dentro de ese «proyecto nacional de libertad».

La fundación que dirige el expresidente José María Aznar considera que la alternativa al Gobierno es un componente esencial de un sistema democrático representativo. Y advierte de que en España, «el deterioro institucional y la inviabilidad de los acuerdos que serían necesarios, hacen de la alternativa a la coalición de socialistas, republicanos, independentistas, populistas de la izquierda comunista y legatarios del terrorismo etarra, un imperativo urgente».

Según FAES, el PP es consciente de que ése es el objetivo al que tiene que responder. «Más allá de los desafíos a su posición insustituible en el espacio del centroderecha, la expectativa de éxito en esta tarea debe seguir atrayendo los votos necesarios y recuperar la confianza mermada en años de desconcierto», recalca.

«ES PRIMAVERA PERO SÁNCHEZ AMARILLEA»

En una nota editorial de FAES, la fundación considera que las elecciones en Madrid marcarán «muy probablemente un punto de inflexión en ese proceso» y harán visible «el cuarteamiento de la imagen de Sánchez», abriendo «un nuevo periodo».

Y subraya que también será un nuevo periodo para el PP y la definición de su oferta de Gobierno, así como «para la convocatoria a los españoles a un proyecto de recuperación, modernización y reformas». «Un proyecto nacional de libertad para el que el PP cuenta con la fuerza inspiradora de Madrid, y que al mismo tiempo sabe que tiene que ir más allá del día 4 de mayo en su capacidad de integración», advierte.

FAES asegura que esta «tocando a su fina» esa imagen tan difundida que retrataba una legislatura «despejada» para Pedro Sánchez «gracias al empuje de su coalición ‘progresista’, la pretendida solución del problema independentista en Cataluña y la ausencia de una alternativa que la fractura del centroderecha hacía impracticable». A su juicio, es primavera pero «Sánchez amarillea».

«La combinación de torpeza, sectarismo y arrogancia con la que el Partido Socialista, con el concurso imprescindible de Ciudadanos, se ha estrellado en su estrategia de desestabilizar al Partido Popular en Murcia, Madrid y Castilla y León marca un punto de inflexión que previsiblemente tendrá su continuación en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid», afirma.

«SIN CONSENSOS Y SIN ALTERNATIVA»

Según la fundación de Aznar, el objetivo de Sánchez para gobernar se ha basado en dos ejes: «sin consensos y sin alternativa». Los consensos, añade, los ha rechazado «una y otra vez», y en el caso de la alternativa «ha hecho todo lo posible por deslegitimarla» y por «impedirla». A su entender, ésa es la «única interpretación posible de la grosera intentona de mociones de censura autonómicas contra el PP».

FAES opina que la coalición de Gobierno «se encuentra maltrecha después de la salida de Iglesias» y avisa que ahora ese Gobierno está más expuesto «al activismo descarnado del exvicepresidente segundo, que pretende sorber en la calle y soplar en el Consejo de Ministros».

La portavoz de Podemos Andalucía, Libertad Paloma, ha afirmado este lunes que «PP y Cs están determinados a acabar silenciosamente con la educación pública e implantar el modelo de Madrid».

La representante de Podemos se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en su análisis de la concentración protagonizada el sábado por familias y docentes contra la supresión de las plazas en la educación pública, tendencia que ha añadido a un comportamiento que ha atribuido a los partidos que forman el Gobierno andaluz de «trasvase de fondos públicos al lobby de los centros privados, que ya inauguró el PSOE».

Paloma ha reprochado a la Junta de Andalucía «el ritmo descontrolado sin plazas públicas», por lo que ha señalado la paradoja de que «hablen de libertad de elección educativa cuando las familias prefieren la educación pública» y ha concluido que «las familias no son importantes para el Gobierno andaluz».

La portavoz de Podemos Andalucía ha recriminado a la Consejería de Educación «la auténtica sangría a que está sometiendo a la educación pública» tras contabilizar 4.000 plazas públicas menos en el curso actual, que ha añadido a las 568 perdidas en el anterior. Paloma ha instado a la Consejería a un ejercicio de «transparencia y de valentía» de manera que diga «las cifras exactas que vamos a perder».

Libertad Paloma ha sostenido que la intención de fondo del Gobierno andaluz es «denigrar la escuela pública», una iniciativa que ha concretado en el hecho de ofrecer «menos profesorado y unas aulas masificadas».

La portavoz de Podemos Andalucía ha apuntado una iniciativa subyacente en Andalucía de «ir despojando los centros de las ciudades de centros públicos para ir expulsando a la periferia», de manera que en el inconsciente de la población se asocie educación pública a «marginalidad, gueto y extrarradio».

Libertad Paloma ha denunciado el trasvase de fondos a la educación privada y concertada tras describir «la operación de miles de millones destinados a los lobbys religiosos y financieros», por lo que ha concluido «el único lobby que hay son las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, el lobby de la concertada».

En 1522, el español Juan Sebastián Elcano completó la primera vuelta al mundo en barco. Quinientos años después, el contraalmirante retirado Ángel Díaz del Río y la marinera Paula Domínguez han recibido un distintivo creado por la Armada para reconocer a todos los marinos que han seguido los pasos de aquella primera expedición y completado la circunnavegación de la Tierra.

En el marco del V centenario de la primera vuelta al mundo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes en el Cuartel General de la Armada la imposición de este reconocimiento a los militares que a lo largo de su carrera han dado la vuelta al mundo.

Todos ellos –«pocos», en palabras de la ministra– han estado representados por el más mayor y una de las más jóvenes en hacerlo. El contraalmirante Díaz del Río cumplió cien años hace tan solo un mes; mientras que la marinera Paula Domínguez, con 23 años, fue parte de la tripulación que a bordo de la fragata ‘Méndez Núñez’ dio la vuelta al mundo hace ya dos años.

El contraalmirante ha recordado su periplo al mando del buque-escuela ‘Juan Sebastián Elcano’ en los años 1978 y 1979, cuando consiguió completar la vuelta a la Tierra «no sin dificultades». Según ha rememorado, uno de los momentos más tensos fue a la salida del puerto de Buenos Aires, un contratiempo que logró superar gracias a la subida de la marea y a la Virgen del Carmen, según ha asegurado.

Desde la hazaña de Juan Sebastián Elcano, los barcos de la Armada tan solo han vuelto a circunnavegar el globo en 20 ocasiones, lo que demuestra la dificultad del hito, según ha remarcado el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante Antonio Martorell.

Tras esa primera vuelta al mundo, la segunda vuelta a la Tierra no llegó hasta 266 años después. Desde entonces se han ido sucediendo estos viajes hasta la última ocasión, en 2019, cuando completó la travesía la ‘Méndez Núñez’. Actualmente ‘Elcano’, buque que ya ha rodeado el globo en diez ocasiones, está inmerso de nuevo en esta aventura haciendo además frente a las dificultades impuestas por la pandemia.

AUDACIA, CORAJE Y VALENTÍA

La ministra de Defensa ha reconocido en los marinos las cualidades que representan «lo mejor de la Armada» y «lo mejor de España», como su voluntad de «buscar nuevos mundos, audacia, valentía o compañerismo».

«Ustedes representan el presente y el futuro, lleno de retos», ha reconocido insistiendo en los valores de «esfuerzo, dedicación, coraje y amor a España», que ha asegurado que son los que permiten construir un país «mejor».

El PSOE de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana han suscrito este lunes un manifiesto en defensa del trasvase Tajo-Segura y de las asignaciones vigentes de ambos territorios, con el fin de dotar de seguridad y garantía el suministro de agua tanto a la población como a los agricultores.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSRM, Diego Conesa, en una rueda de prensa ofrecida desde la sede del partido en Murcia, en la que ha estado acompañado por Rosa Guillén y Roger Llanes, secretarios de Agua y Agricultura del PSPV, respectivamente.

El encuentro, en el que han participado alcaldes y responsables del PSOE en ambas comunidades, se ha centrado principalmente en la necesidad de garantizar el agua «para beber y para vivir» en sendas comunidades, así como asegurar su suministro y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura como infraestructura esencial para la Región y Alicante.

La próxima reunión será en Valencia, estará encabezada para Conesa y el secretario general del PSPV, Ximo Puig, y en ella se abordarán las necesidades comunes tanto de agua como de otros asuntos como las infraestructuras.

Conesa ha explicado que el manifiesto incluye entre sus acuerdos básicos el mantenimiento de las asignaciones vigentes del Tajo-Segura, tanto para el abastecimiento urbano como para el uso de regadío, y la garantía actual que se deduce de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura.

También contempla el impulso de actuaciones técnicas y legislativas encaminadas a minorar las tarifas vigentes de las aguas desaladas, y que en los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, como consecuencia de la Ley de Cambio Climático, en tramitación, y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se aumente la seguridad y estabilidad del aporte hídrico a estos territorios.

Asimismo, plantea que, frente a los escenarios futuros de merma de los recursos hídricos a causa de la realidad climática, se disponga de las inversiones necesarias para generar el aporte de nuevos recursos y estabilidad tanto a Murcia como a Alicante.

Igualmente, propone que los instrumentos legales destinados a modificar las normas de explotación del trasvase se vinculen a la aprobación del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrológica del Tajo, y que se debata con los usuarios y los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valencia y la Región cualquier cambio en el escenario del acueducto.

DEFENSA DEL TRASVASE

Uno de los objetivos de este documento, según ha explicado Conesa, es la defensa, desde «el rigor, la seriedad, el sentido común y la realidad de cambio climático», del trasvase Tajo-Segura, «más allá de esas confrontaciones inútiles, de esa pancarta del ‘Agua para todos’ que no ha traído nada bueno para la Región de Murcia ni para Alicante en los últimos 20 años».

Así, el líder de los socialistas murcianos quiere que el debate sea «riguroso» y no forme parte de la «dinámica de la confrontación y el tremendismo del PP», un partido al que ha acusado de promover «guerras del agua».

A juicio de Conesa, «no podemos plantear el suicidio del tejido agrícola de la Región de Murcia, especialmente del Campo de Cartagena, cuando sabemos y es necesario e imprescindible la regeneración del Mar Menor», porque sin esta «es imposible la transición y el impulso de la agricultura sostenible en todo el territorio regional».

En este sentido, ha remarcado que la idea de cerrar el trasvase «nunca se la ha plantado el Gobierno de España», y así «lo ha dicho en Valencia, en Murcia y en Castilla-La Mancha».

«El trasvase Tajo-Segura no se cierra; hay que adaptar como tal las normas a una realidad climática, sobre todo para dar seguridad, suministro y garantía», ha dicho el líder de los socialistas murcianos, quien se ha mostrado de acuerdo con que se hagan «todas esas revisiones y valoraciones», pero «siempre aportando soluciones» que garanticen el suministro.

Por su parte, Rosa Guillén ha indicado que las necesidades hídricas de ambos territorios se centran en la necesidad de agua «en cantidad suficiente», a un precio «asequible» para los agricultores y basada en una «estabilidad» que dé seguridad a los cultivos, los usuarios y al sistema general.

Guillén se ha mostrado de acuerdo en la importancia de llevar a cabo una transición ecológica, pero ha defendido que esta debe ir acompañada de una «transición económica».

«No podemos dejar a nuestros agricultores; tenemos que darles una seguridad y sentirse acompañados y arropados, y esta tiene que venir de parte de todos los gobiernos de la instituciones de los políticos que les representamos en este momento de cualquier ámbito y partido».

Roger Llanes ha matizado que «no hay alternativa posible que pueda sustituir en modo alguno lo que representa el trasvase tanto en términos de seguridad hídrica como de formación de capital económico y primer puntal de la economía de estos territorios».

Por tanto, «no podemos renunciar sin ninguna alternativa a que esta economía continúe siendo vital, básica y con una proyección de futuro inmejorable. Mientras no haya una alternativa para ello no podemos, de ninguna manera, publicar en ningún discurso que esta infraestructura no continúe transportando los caudales que precisamos», ha añadido.

POSICIÓN SOBRE EL AUMENTO DE LOS CAUDALES

Preguntado sobre su postura respecto al aumento de los caudales ecológicos, Conesa ha apuntado que este extremo «no es objeto de debate» en el marco del manifiesto, pero que, en cualquier caso, el PSRM está «radicalmente en contra» de un caudal ecológico de 8,5 metros por segundo.

«Consideramos que ese caudal ecológico no procede porque no hay alternativas, no hay seguridad ni garantía de suministro de agua para beber y para vivir en un territorio de 2,5 millones de personas», ha apostillado.

Respecto las reglas de explotación, Conesa ha dicho que es un tema técnico y que está a favor de que se valoren y revisen cuando se apruebe el Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

PETICIÓN A LOS REGANTES

Asimismo, Conesa ha apuntado que los agricultores «han sabido desde el primer momento la hoja de ruta del Gobierno de España», y este «siempre se ha planteado la garantía y seguridad de suministro» de agua a la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

En este sentido, les ha pedido que «no sucumban, como ya hicieron en su momento, a los cantos de sirena del PP y de Vox».

«Con el PSOE gobernando en el Gobierno de España nunca le ha faltado agua a la Región de Murcia. Ha trabajado siempre para dotar de agua, de garantía y suministro a los regantes; lo que no ha hecho el PSOE es mentir y engañar indicando que el trasvase está en riesgo».

En relación a si su partido apoyará las manifestaciones de los regantes, Conesa ha respondido que «allá donde haya una reclamación justa, sea de regantes, de ecologistas, de asociaciones de amas de casa, de jubilados, de personas en residencias, siempre estará el PSOE».

PSOE DE CASTILLA-LA MANCHA

Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo en materia hídrica con el PSOE de Castilla-La Mancha, Conesa ha apuntado que «la obligación y el compromiso» de PSRM y PSPV es debatir esta cuestión en el seno del partido y también con el Gobierno de España.

«Sabemos la posición histórica que ha tenido el PSOE en Castilla-La Mancha; la respetamos, pero no la compartimos», ha dicho Conesa, quien a renglón seguido ha hecho referencia a «la posición del PP y otros partidos» en esa comunidad autónoma.

Además, ha defendido la necesidad de dotar el sistema de mayor seguridad hídrica con agua desalada, pero a un precio «asumible», por lo que ha defendido la puesta en marcha de inversiones, sobre todo en energías alternativas.

Càritas Diocesana de Barcelona ha inaugurado este lunes la exposición gratuita ‘Covid-19: Obre els ulls’, que recoge imágenes y vídeos del impacto de la pandemia del coronavirus y de la labor de la entidad ante ella, mezcladas con retablos y esculturas del Museu Diocesà de Barcelona, que acogerá la muestra hasta el 30 de junio.

«Son obras que hablan del sufrimiento y de la humanidad rasgada», ha explicado el director del museo, Robert Baró, en referencia tanto a las imágenes religiosas como a las de la crisis sanitaria, en una inauguración en la que han participado el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y el director de Càritas, Salvador Busquets.

La muestra incluye un total de 40 fotografías, vídeos con testimonios de usuarios de la entidad y un compendio de objetos relacionados con la crisis social, incluida la recreación de una habitación de 10 metros cuadrados como la que habitan el 40% de las personas atendidas por Càritas.

«Quienes vengan a ver esta exposición verán lo que puede suponer la pandemia en el futuro», ha afirmado Busquets, que ha recordado que la actual crisis no es sólo sanitaria, sino también social, y que las personas en situación de pobreza severa atendidas por Càritas han pasado de ser el 48% del total, al 66% en un año.

«La exposición quiere hacer reflexionar a la sociedad, y les pedimos que se detengan y se den un minuto de lucidez para pensar en lo que podemos hacer de manera individual y colectiva para revertir la situación», ha añadido el director de Càritas, que ha pedido que los más pobres no paguen la crisis del Covid-19.

ARTE SACRO

La muestra expone, junto a las imágenes de la crisis, diversas obras religiosas y el tapiz ‘Màrtir’, creado por el artista Josep Grau-Garriga en 1972; y todo en un espacio con mucha carga simbólica, ha dicho Baró, ya que el museo está situado en la antigua Casa de la Pia Almoina, institución benéfica de la iglesia durante siglos.

«Que hoy estemos aquí reafirma que el compromiso de la Iglesia hacia los más débiles viene de lejos», ha declarado el director del museo, que ha reflexionado que el centro de Barcelona, donde está situado el espacio, concentra tres ‘ces’ claves para la institución: el culto, por la catedral; la caridad, por Càritas; y la cultura, por el museo.

En esta línea, Omella ha afirmado que «la iglesia no es solo el edificio, si no también todas las cáritas parroquiales», de quienes ha elogiado su labor durante la crisis del coronavirus y ha destacado su trabajo humilde y su capacidad fomentar la solidaridad en la sociedad, en sus palabras.

«En un momento como este que todos nos sentimos en la misma barca, debemos abrir los ojos y ver la realidad de muchos hermanos nuestros que sufren», ha dicho el cardenal, que ha reclamado una solución conjunta a la crisis para que la pobreza no se cronifique y no aumente la separación entre ricos y pobres.

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que la presidenta regional y candidata del PP al 4-M, Isabel Díaz Ayuso, «no está a la altura» por no haber adoptado medidas «duras» contra la pandemia para frenar la Covid-19 y «salvar vidas y empleos».

Maroto ha mantenido un encuentro con empresarios de Pinto para explicar los ejes de la política estatal durante la pandemia y, en su comparecencia ante los medios, ha discrepado de las declaraciones de Ayuso sobre que el Gobierno central «discrimina» a Madrid.

En este punto, ha explicado que Madrid es la región «que más se ha beneficiado» de las ayudas públicas estatales para «salvar empresas y empleo», con más de 30.200 millones que mantienen ‘protegidos’ a 160.000 trabajadores y autónomos.

«Quien no está a la altura de salvar empresas, empleos y vidas es la presidenta Ayuso, que deja que el virus esté en libertad y que no está tomando las decisiones, a veces duras, que requiere el control de la pandemia», ha precisado.

Además, Maroto ha cuestionado que la Comunidad haya aprobado «cero euros» en ayudas al sector empresarial, frente a los 680 millones que llegarán del Gobierno de España porque «la señora Ayuso –ha remarcado– ha aprobado cero euros para salvar empresas y empleos».

VACUNA DE JANSSEN

Por otro lado, la ministra ha confirmado en Pinto que este martes se recibirá en España el primer cargamento de la nueva vacuna Janssen, que propiciará una «aceleración» del proceso de vacunación en el país al requerir una única dosis para obtener la inmunidad.

Según ha declarado, la nueva vacuna «acelerará el proceso» ya que, con ello, habrá hasta cuatro vacunas diferentes en España para administrar a la población.

Por ello, ha confiado en que el país estará en capacidad de alcanzar «la inmunidad de rebaño», con el 70 por ciento de la población vacunada, en agosto.

En esta línea, ha pedido colaboración a la Comunidad de Madrid. «No debemos confrontar ni entre los gobiernos ni con las empresas farmacéuticas. Sí hay que exigir que las empresas cumplan con sus plazos de entrega, pero debe haber unidad de administraciones y el sector privado», ha sentenciado.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que los fundamentos y objetivos con los que concurrió como candidato de la coalición PP+Cs en el País Vasco «están más que nunca patentes y latentes porque se está haciendo un trabajo formidable e intenso».

Iturgaiz se ha expresado en esos términos en un encuentro informativo en el foro «Nueva Economía. Tribuna Euskadi», al ser preguntado por la salud de dicha coalición en Eskadi tras los últimos acontecimientos ocurridos en Ciudadanos en el conjunto del Estado, y tras el progresivo paso de muchos dirigentes ‘naranjas’ al PP.

En ese sentido, el líder de los populares vascos ha recordado la vigencia de aquella decisión de concurrir para defender «un plan conjunto», que se tomó entonces para unir fuerzas con Cs y defender «un programa conjunto en pro de la unidad de España, la Constitución y las libertades», frente a aquellos que pretenden que haya «un nacionalismo obligatorio» o quienes «aún no condenan la violencia de la banda terrorista ETA».

Preguntado por el hecho de que, de cara a presidir el PP de Bizkaia, concurran dos listas encabezadas por Raquel González y Luis Eguiluz, respectivamente, Iturgaiz ha manifestado su deseo de que al final pueda haber «una lista de integración» y ha ofrecido su apoyo para intentar que sea así, pues las diferencias «no son de principios», sino básicamente de «equipos, personas y organización», por lo que ha confiado en que, al final, «sean capaces de acordar una única candidatura y desde la regional «apoyaremos para lograr una candidatura de integración».

Por otro lado, Iturgaiz ha remarcado la necesidad «más que nunca» de que haya «una voz conjunta» en el constitucionalismo del centroderecha, al tiempo que ha sostenido que está «claro» que «la casa común del centroderecha en el País Vasco y en España se llama PP y yo quiero un proyecto común y compartido del centroderecha que esté bajo las siglas del PP».

Desde su punto de vista, esto es así porque el PP es el partido que está demostrando en toda España ser «más sólido, fuerte y estable». Por ese motivo, ha incidido en que ahora «es más necesario que nunca» que los votantes de otros partidos que sean de centroderecha «se den cuenta que para ganar al frente de izquierdas y a este gobierno socialocomunista que es un peligro para España» hay que apostar por el PP para que, quienes quieran hacer algo, esta es su casa y les recibirán «con los brazos abiertos».

ELECCIONES MADRID

En este sentido, ha calificado a Pablo Casado como el «líder sólido y fuerte» que «necesita España», sin querer entrar en los rumores sobre que apuntan a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría llegar a plantearse luchar por la dirección nacional si se consolida más su liderazgo en el caso de que se imponga de manera rotunda en las elecciones del 4-M.

De cara a esos comicios madrileños, Iturgaiz ha afirmado que «el frente de izquierdas quiere una España y un Madrid de las checas, y que España y Madrid sean una mezcla entre la Albania del siglo XX y la Venezuela chavista del siglo XXI», por lo que está convencido de que el PP es la única alternativa y que «Ayuso es quien puede traer la libertad a Madrid ante las barbaridades».

Preguntado por el recurso que presentará el PP ante el Tribunal Constitucional ante la decisión judicial de excluir a Toni Cantó de la lista de Ayuso, Iturgaiz ha insistido en recalcar que merecen apoyo «todas las personas que defienden la libertad, y es igual que vayan de 5, de 55 o de 555» en una candidatura «merecen la pena, se llamen Toni Cantó o se llame como se llame» porque todos son parte de un mismo proyecto y tiene su papel para «sacar a España del lío monumental donde nos están metiendo Sánchez y sus socios».

Para Iturgaiz, Cantó ha entendido «muy bien» la necesidad de tener «un proyecto común y compartido» en el centroderecha y que hay que hacerlo desde «la fortaleza que tiene el PP». Desde esa base, ha añadido que «son bienvenidas personas como Toni Cantó» y ha llamado a continuar a apoyar a su formación a «todos aquellos que quieran la libertad» aunque antes hayan estado o apoyado a otros partidos, entre los que ha citado a Cs, Vox y PSOE.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este lunes que respeta la decisión del juez que ha excluido a Toni Cantó y a Agustín Conde de las listas del PP a las elecciones del 4 de mayo al ser «inelegibles», si bien ha afeado que aplique «una visión muy restrictiva» de la aplicación de una norma que «limita el ejercicio del derecho fundamental de participación política».

El responsable del PP de Justicia ha detallado que se va a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de excluir a sendos candidatos para que se pronuncie sobre «si se ha lesionado o no un derecho fundamental».

«Entendemos que sí», ha aseverado tras visitar los juzgados de menores al estimar que el juez de lo Contencioso-Administrativo ha aplicado «una visión de restrictiva» de la aplicación de una norma que limita el ejercicio de un derecho fundamental «pretextando el incumplimiento de un trámite puramente administrativo como es el empadronamiento».

Seguidamente, ha incidido en que se está ante «una gran paradoja en España», dado que un juez determina que Cantó no pueda estar en las listas al no haberse empadronado a tiempo «en función de un requisito legal burocrático» pero sin embargo permite que «Carles Puigdemont que lleva tres años prófugo de la Justicia, residiendo en otros país, pueda presentarse a las elecciones en Cataluña y pueda ser candidato electo proclamado».

«Esperamos que el TC resuelva de forma coherente y siempre en favor del ejercicio fundamental que es lo que reza la propia doctrina del Constitucional», ha dicho.

CANTÓ, EN EL PROYECTO DEL PP

En una intervención en ‘TVE’, ha insistido en que esperan que el TC les dé la razón en su tesis al no compartir que estén ante «una trampa».

«Nadie ha engañado a nadie. La norma se puede leer en su literalidad o puede haber una interpretación ante una ambigüedad que ha de resolverse a favor del ejercicio del derecho fundamental de participación política», ha reseñado.

«La Junta Electoral Provincial validó esa candidatura y el juez no. Hay que preguntar al TC. No hay ni trampa ni cartón, sino confianza en los tribunales«, ha agregado.

Sobre si Cantó será consejero si ganan los comicios, López ha respondido que dependerá de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recalcando que Cantó estará en el proyecto popular «estando o no en la lista».

Más del 40 por ciento de mujeres de familias monomarentales han indicado que han tenido problemas relacionados con la conciliación a raíz de la pandemia, según el estudio ‘El balance más positivo’ presentado por Cruz Roja.

El informe, elaborado por Telling y en el que han participado 1.418 personas de 314 empresas, muestra el impacto de la pandemia en la corresponsabilidad empresarial y familiar y revela que, mientras el 94% de las mujeres usan la flexibilidad para atender hogar y familia, el 89% de los hombres aprovechan para hacer deporte, formarse o realizar gestiones.

En la misma línea, asegura que el 56% de las mujeres tuvo que asumir nuevas responsabilidades durante el confinamiento respecto a sus hijos menores y un 45% se vio con más obligaciones en casa sin dejar su trabajo o reducir su jornada laboral.

El estudio, realizado bajo la supervisión de la responsable de la Cooperación Empresarial para la Igualdad de Género de Cruz Roja, Margaret Santiago de Irazábal, tiene el objetivo de que muchas más empresas comiencen a implementar medidas corresponsables, retengan y atraigan talento diverso, aumenten su productividad y crezcan en rentabilidad, poniendo el foco en las personas.

El 53% de las mujeres sin pareja con hijos a su cargo aseguran no estar satisfechas con las medidas de conciliación que su empresa les ofrece; y el 88% de los hombres entrevistados afirma que la ley de ampliación de la baja por paternidad favorece la corresponsabilidad familiar, pero un 34% de los hombres cree que puede suponer una dificultad para su carrera profesional.

Asimismo, un 72% de los hombres reconoce que el confinamiento ha supuesto un cambio en su percepción acerca de las tareas y responsabilidades familiares.

La investigación destaca que el 65% de las personas entrevistadas que se sumaron a la corresponsabilidad familiar mantiene actualmente todos o la mayoría de los cambios, lo que demuestra que estas medidas «han sido beneficiosas», como asegura el 78% de quienes las han aplicado.

En cuanto a las empresas, el estudio indica que el 92% de las compañías que han implementado medidas adicionales durante el 2020 relacionadas con la organización del tiempo para favorecer la conciliación tienen una plantilla de más de 250 personas, lo que muestra que a las PYMES en España «les queda mucho por hacer en este ámbito».

Así, el informe resalta que un 27% de las empresas no cuentan con medidas ni tienen previsto adoptarlas. En este grupo, predominan las pequeñas empresas de menos de 49 trabajadores.

El 85% de las empresas consideran, según los datos de la investigación, que su papel es «muy importante» a la hora de animar a los hombres a adoptar medidas de conciliación.

En este contexto, Cruz Roja Española ha lanzado una campaña que contará con webinars, mesas de diálogo y encuentros virtuales dirigidos especialmente a todas las empresas que quieran saber más sobre cómo pueden empezar a potenciar la conciliación y corresponsabilidad.

Entre las acciones que previstas por la organización, tendrá lugar el 14 de abril, a las 12.30 horas el primer webinar donde se darán a conocer los principales datos, retos y posibles soluciones de la mano de la Fundación MásFamilia, creadores del modelo de gestión internacional EFR para las empresas, basado en la flexibilidad, el respeto y el compromiso que permite el equilibrio entre lo laboral y lo personal.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha confirmado este lunes que la Consejería ha tenido reuniones con el laboratorio ruso encargado de la vacuna Sputnik, al igual que hace con el resto de farmacéuticas como AstraZeneca, Janssen o Rovi, dentro del marco de encuentros «normales» para conocer «qué va a pasar, una vez pase la pandemia, qué disponibilidad y coste va a tener».

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero a preguntas de los periodistas en Gibraleón (Huelva), donde ha recordado que la vacuna rusa «aún no cuenta con autorización de la Agencia Europea del Medicamento», por lo que ha dejado claro que, solo cuando cuente con todos los parabienes, se podría vacunar con la misma. No obstante, ha incidido en que desde la Consejería abogan por las «compras centralizadas», es decir, por «las compras en escala de todos los países europeos».

Dichos contactos con Sputnik forman parte de los contactos «normales con todos los fabricantes» para conocer «la capacidad de fabricación, la distribución y coste», ha dicho Aguirre. «Se hace con Sputnik y con todos los fabricantes», ha incidido el consejero, que ha remarcado que cualquier información de relevancia que surja de estos encuentros se pone en conocimiento del Ministerio de Sanidad y de ahí se remite a nivel europeo.

De otro lado, respecto al revuelo generado en torno a la vacuna de AstraZeneca, el consejero ha recordado que ésta cuenta con todos los parabienes y hasta 70 agencias nacionales del medicamento la avalan, toda vez que ha señalado que el 72 por ciento de los que han recibido solo una dosis tienen ya una inmunidad suficiente como para rechazar cualquier tipo de infección del coronavirus».

«Con una dosis es efectiva pues con dos será más efectiva», ha enfatizado el consejero, que ha recordado que el afán de la Consejería es «tener al máximo de personas en riesgo vacunadas», de manera que ha instado a aquellos que no hayan podido ser vacunados a que lo soliciten de nuevo.

Por ello, cuestionado por qué va a pasar con los están a la espera de la segunda dosis de AstraZeneca tras recibir la primera, ha explicado que ésta no toca hasta mayo, por lo que habrá que esperar a lo que decida al respecto la Comisión de Vacunas, la Comisión de Salud y el Comité Interterritorial de Salud Pública al objeto de saber si la segunda dosis se pone de la misma AstraZeneca, de otra o se atrasa la puesta.

Cuestionado por si se plantea para los menores de 60 solicitar un consentimiento informado para administrar esta vacuna, el consejero ha explicado que el hecho de recibir el SMS o la llamada telefónica y acudir para su administración ya implica el consentimiento. No obstante, Aguirre ha indicado que la reticencia a la vacuna de AstraZeneca va bajando y ha señalado la eficacia de la misma.

Por su parte, el consejero ha expresado su confianza en que se cumpla el calendario de llegada de vacunas para que «en junio» se pueda tener «un volumen importante de personas vacunadas», sobre todo mayores, que son las que tienen mayor riesgo clínico.

Finalmente, ha incidido en la importancia de que lleguen el mayor número de vacunas para seguir con este proceso de vacunación. De hecho, ha señalado que esta semana está previsto que lleguen 286.710, cifra inferior a la de la semana pasada con 350.000. Además, este miércoles está previsto que lleguen las primeras vacunas de Janssen, unas 26.150 vacunas, y el Consejo Interterritorial decidirá a que grupo le corresponde.

En definitiva, el consejero ha apuntado que en Andalucía se va a «una velocidad muy importante a nivel de vacunas», toda vez que ha señalado que ya se ha vacunado a más del 99 por ciento de personas de más de 80 años y ahora se está en la franja de entre 70 y 80, con «un ritmo de primovacunación del 25 por ciento» y ha remarcado que incluso su Consejería tiene todo listo para cuando se pueda empezar con el turno del grupo de entre 65 y 69 años.

A su juicio, «la velocidad de crucero más alta de todas las comunidades autónomas es la andaluza», pero ha reiterado la importancia de que se cumpla el calendario marcado por el Ministerio y lleguen las vacunas previstas porque en este primer trimestre solo ha llegado «un tercio» de lo que estaba planteado.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han advertido este lunes de que las movilizaciones que celebran el día 11 de cada mes serán una «maldición bíblica» hasta que el Gobierno cumpla con la agenda de reformas sociales comprometida, que pasa por derogar la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013, y por subir el salario mínimo inteprofesional (SMI), actualmente congelado en 950 euros al mes.

Los líderes sindicales han encabezado hoy la concentración de Madrid, celebrada frente al Ministerio de Economía y para la Transformación Digital, donde han asegurado que «no pararán» hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) refleje las promesas del Gobierno.

«El Gobierno tiene que ser consciente de que esto va a subir, de que habrá más movilizaciones. No pararemos, no es ninguna broma. Alguien puede pensar que es una amenaza, pero será una maldición bíblica. Cada mes nos seguiremos movilizando porque la negociación sin movilización no funciona», ha advertido Álvarez.

El dirigente de UGT ha invitado a los trabajadores a hacer del 1º de mayo una «explosión de manifestación» para «cerrarle la boca a todo el mundo, incluida la ultraderecha». «La mejor medicina contra la ultraderecha son las políticas sociales (…) Que nadie tenga miedo a manifestarse el 1º de mayo, se hará en condiciones de seguridad», ha subrayado Álvarez.

Bajo el lema ‘Ahora Sí Toca’, los sindicatos han convocado para este lunes medio centenar de concentraciones en toda España, todo con el fin de defender que no existen razones para no subir el SMI y que hay que sustituir las últimas reformas laborales por nuevos elementos que permitan superar los graves problemas del mercado laboral.

En este sentido, Álvarez ha avisado al Gobierno de que los sindicatos no aceptarán «retoques» de la reforma laboral de 2012, sino que están por su derogación. «Eso es lo que queremos y lo que necesitamos para poder abordar una negociación seria con la CEOE. Sin eso, la negociación colectiva es una entelequia, porque no hay posibilidad de negociar convenios dignos», ha explicado.

Ambos dirigentes han demandado además que se suba el SMI para este año y que se derogue la reforma de pensiones de 2013 para que las pensiones se revaloricen cada año por ley conforme al IPC, se suprima definitivamente el factor de sostenibilidad y se asegure la viabilidad y sostenibilidad del sistema público.

SORDO ARREMETE CONTRA AYUSO

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado en su intervención que la acción del Gobierno debe enfocarse en hacer políticas para la clase trabajadora y no estar motivada por una «especie de batalla cultural».

En este sentido, ha señalado que la actual crispación política, con «eslóganes guerracivilistas que toman a la gente por idiota, como si estuviera en juego la libertad, dando a elegir entre libertad o comunismo, son idioteces que podrían hacer pensar que estamos en medio de una batalla cultural».

Sordo ha criticado que en Madrid una parte de los hosteleros esté haciendo campaña por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad y candidata del PP en las próximas elecciones autonómicas.

«Les ha permitido tomarse esto de la pandemia poco menos que como una broma, donde el derecho a poner cardamomo en el ‘gin tonic’ es equiparable a tener o no tener una sanidad pública», ha denunciado Sordo, que ha pedido menos periodistas en los establecimientos hosteleros en favor de Ayuso y más inspecciones de Trabajo.

El dirigente de CCOO se ha referido además al planteamiento de Estados Unidos de introducir a nivel mundial un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 21%. «Si eso lo dice alguien en España, lo que menos se le llama es venezolano o bolchevique», ha ironizado.

Colectivos animalistas han exigido este lunes frente a la sede del laboratorio Vivotecnia en Alcobendas (Madrid) el fin de la experimentación con animales en laboratorio y pregunta a las administraciones si son «incompetentes» o «cómplices» del maltrato sufrido por distintos animales, mostrado este fin de semana en imágenes captadas por la fundación Franz Weber.

La Comunidad de Madrid suspendió la semana pasada la actividad investigadora del laboratorio Vivotecnia tras realizar una inspección y constatar indicios de maltrato animal. Esta inspección se realizó tras tener conocimiento el jueves en el que se ponía de manifiesto conductas que podrían suponer una infracción «muy grave» en la normativa del uso de animales con fines de experimentación. Así, abrió un procedimiento y se envió «con carácter inmediato» una inspección de trabajo para que recabase información sobre los hechos «de los que no constaba denuncia previa».

Este lunes, la activista por los derechos de los animales y voluntaria en la acción de rescate frente a Vivotecnia Paula González ha reclamado una reflexión a la sociedad sobre lo acontecido en el citado laboratorio que con «crueldad deliberada» estaría violando la legislación sobre el uso de animales con procedimientos de «mala praxis».

Además, ha recordado que el laboratorio era subcontratado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, al tiempo que «toda» la experimentación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), también se desarrolla con este laboratorio.

«Pedimos a todas estas instituciones si estaban siendo incompetentes o cómplices y como podemos asegurarnos que en el resto de laboratorios de este país no está sucediendo pasando lo mismo en estos momentos», reclama.

Por ello, opina que se debe hacer una reflexión «más calmada» sobre la utilidad de la experimentación animal porque la actual legislación «no representa el estado actual de las capacidades científicas» y, en ese sentido, exige leyes «más ambiciosas y en constante evolución» que aborde una transición científica en esa materia porque la actual está «obsoleta».

Asimismo, denuncia que cinco días después de conocerse los hechos, aún se desconoce el número de animales que hay dentro y cuándo se van a entregar.

En ese contexto, ha ofrecido a las administraciones competentes «un aluvión» de ciudadanos solidarios y a «una coalición de todas las asociaciones protectoras y santuarios de todo el país» que ofrecen su «tiempo, dinero y cuidados de forma desinteresada» para que estos animales de Vivotecnia puedan recuperarse y vivir el resto de sus vidas con la dignidad que merecen.

Por su parte, la también activista Bárbara González, quiere saber qué va a pasar con las subvenciones que tenía el laboratorio clausurado que tenía los papeles «en regla» y estaba dentro del acuerdo de transparencia. «¿Por qué tiene que venir una ONG internacional para descubrir que se están cometiendo prácticas ilegales?», se pregunta la activista que reclama un nuevo modelo científico que ponga por delante la protección animal.

Por último, ha exigido «pruebas» de que la ley se cumple en el resto de los laboratorios.