Canal Sur Radio y Televisión y la ONG Plan International han puesto en marcha un acuerdo de colaboración con el que llevarán a cabo diferentes acciones durante abril para promover los derechos de las niñas y las adolescentes en el actual contexto de pandemia, que ha puesto en peligro los avances conseguidos en torno a la educación, protección y oportunidades de las niñas y las ha expuesto en mayor medida a diferentes formas de violencia, como el matrimonio infantil o la mutilación genital, especialmente si están fuera de las aulas.

Según detalla la cadena pública en una nota de prensa, el primer acto será este martes 13, con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC. Plan International ha organizado, en colaboración con el Parlamento de Andalucía, un evento web para sensibilizar sobre el acoso y la violencia que sufren niñas y adolescentes en el ámbito online, en el que también presentará a los diputados andaluces el informe ‘Seguras online’, que recoge experiencias de 14.000 chicas de 22 países, incluido España, sobre seguridad y libertad en redes sociales.

El evento, que será retransmitido en directo en el Facebook de Plan International, estará moderado por Belén Torres Vela, delegada de Igualdad de Género de RTVA y periodista de Canal Sur desde 1991, y contará con la participación de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Ciudadanos); la directora general de Plan International, Concha López; portavoces de los grupos parlamentarios y la voz de Ana, una joven sevillana participante en los proyectos de Plan International.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE CANAL SUR

La cadena pública participa en la campaña entre el 12 y 25 de abril con diversas acciones entre las que estará una edición especial del magazín ‘La tarde, aquí y ahora’ el jueves 22 de abril, presentado por Juan y Medio, en el que la ONG pondrá de relieve su trabajo para proteger a las niñas y adolescentes más vulnerables en todo el mundo, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia. Además, Canal Sur emitirá durante esos días un anuncio en el que conocidos rostros televisivos andaluces abordarán estos temas para concienciar sobre la necesidad de apoyar los derechos de las niñas.

Asimismo, los informativos y programas de Canal Sur TV y Canal Sur Radio, así como las redes sociales y la web, se suman con contenidos especiales sobre la ONG, así como con una entrevista en ‘Despierta Andalucía’, el informativo matinal de Canal Sur Televisión, presentado por Álvaro Moreno de la Santa, Silvia Sanz y Carlos María Ruiz.

El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, sitúa la participación de radiotelevisión andaluza en esta campaña «dentro del compromiso social de Canal Sur con las organizaciones que desarrollan un trabajo sobre el terreno y una labor fundamental en Andalucía para dar visibilidad a los problemas de la infancia y buscarles solución». En este caso la campaña tiene una función pedagógica y divulgativa entre la sociedad andaluza y dispone de las «herramientas para ayudar a concienciar de los problemas reales que afectan a muchos niñas», según Mellado.

En un momento en el que visibilizar los problemas que afectan a las niñas es más importante que nunca, Canal Sur y Plan International -_que ya han colaborado en 2015, 2016 y 2018_- unen sus fuerzas, una vez más, para sensibilizar sobre las violaciones de derechos, fruto de desigualdad que aún enfrentan millones de niñas y jóvenes en todo el mundo.

«La crisis sanitaria provocada por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales han puesto en riesgo a millones de niñas y adolescentes vulnerables, que se han enfrentado a barreras para acceder a la educación, a la falta de recursos y a un incremento de diferentes formas de violencia. Aunque ha supuesto un reto, nuestro trabajo ha sido y sigue siendo más necesario que nunca. La colaboración con Canal Sur es una oportunidad de seguir contando para ello con la sociedad andaluza, una de las más solidarias de España», señala el director de Marketing de Plan International, Fernando Álvarez.

Antes de la pandemia, 130 millones de niñas en todo el mundo no iban a la escuela y se estima que, como consecuencia de esta crisis, unos 11,2 millones corren el riesgo de no volver nunca a clase. Se calcula que el contexto de crisis económica y social a nivel mundial podría provocar que en los próximos diez años dos millones más de niñas sean sometidas a la mutilación genital y 13 millones más sean obligadas a casarse.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que mientras al Partido Popular le preocupa qué cargo va a ocupar el exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas Toni Cantó, que ha quedado fuera de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas de Madrid por no cumplir los requisitos legales, la prioridad de la formación naranja son los madrileños.

«Parece que hay un partido que está preocupado del cargo de una persona. Nosotros estamos preocupados por futuro de siete millones de madrileños», ha declarado en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos tras la reunión del Comité Permanente del partido.

Según ha explicado, Cs y su candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, quieren trabajar por los madrileños que no se pueden comprar o alquilar una casa, que están esperando a ser vacunados contra el coronavirus, que han terminado sus estudios y no saben si encontrarán trabajo o que tenían un negocio y se han arruinado durante la pandemia.

«Estas son nuestras prioridades. Los demás que tengan otras, que las expliquen ellos», ha añadido. Así se ha referido a la situación de Cantó, que, tras abandonar Cs a mediados de marzo y ser fichado por el PP para ocupar el quinto puesto de la lista electoral en Madrid, ha visto cómo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid le ha excluido de la candidatura por no estar inscrito en el censo electoral vigente.

«LIBERTAD» ES TAMBIÉN «RESPETAR LAS LEYES»

El PP ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional, y su responsable de comunicación online, Ismael Sirio López Martín, ha lamentado que Cantó no pueda presentarse a las elecciones madrileñas del 4 de mayo y, en cambio, sí pueda hacerlo el portavoz del Sindicato de Manteros, Serigne Mbayé, en su caso con Unidas Podemos.

«La decisión que tome la Justicia al final seguro que es la adecuada, pero que el portavoz de un sindicato que realiza una actividad ilegal tenga el aplauso de la izquierda al estar en unas listas y a Toni Cantó se le intente impedir sea como sea estar en ellas, es llamativo. ¿No?», ha escrito en Twitter.

Sobre estos mensajes, Arrimadas ha dicho que «libertad» –un concepto al que aluden constantemente el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz– es también «respetar las leyes», incluida la ley electoral, y «las sentencias judiciales». «La libertad es que las sentencias no las hagan los políticos, sino que las hagan los jueces y respetarlas», ha subrayado.

Por otro lado, ha indicado que algunos partidos están pensando solo en «sus intereses electorales», mostrando la separación «abismal» existente entre «determinadas consignas políticas y las prioridades de algunos partidos», por un lado, y «la realidad de la calle», por otro.

Cree que esto ocurre porque «muchos políticos no han trabajado en su vida fuera de la política» y se dedican a promover una «pugna ficticia entre dos bandos» en la sociedad madrileña. En cambio, en Ciudadanos «sabemos lo que es hacer una entrevista de trabajo o luchar para llegar a fin de mes», ha agregado.

Según Arrimadas, en la campaña electoral está quedando claro que Cs «se ha comprometido de verdad a que Madrid no caiga en los extremos» y no se fomente la «polarización» política, ya que eso puede llevar a que la comunidad «se paralice» como ha ocurrido en Cataluña.

«Edmundo es el único candidato que quiere y puede ser el presidente de todos los madrileños, no de la mitad de los madrileños contra la otra mitad», ha asegurado. A su modo de ver, «la libertad no es elegir entre dos bandos enfrentados» ni «generar enemigos» en una parte de la sociedad.

GABILONDO ES «SÁNCHEZ II»

Por último, respecto al candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado que «es Sánchez II» porque «va a hacer lo que le diga» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Gabilondo tiene muy poquito que ofrecer en estas elecciones, más allá de ser el espejo de lo que ha hecho Sánchez en Moncloa», algo que «sería nefasto para los madrileños», ha señalado tras recordar que el candidato socialista «estuvo callado» mientras el líder del PSOE nombraba vicepresidente a Pablo Iglesias y mientras el Gobierno de España pactaba los Presupuestos Generales del Estado con EH Bildu.

Un acusado de acabar en julio de 2018 con la vida de su pareja con un cable eléctrico al pensar que le era infiel declarará mañana después de que se haya conformado el Jurado Popular que enjuiciará los hechos en la Audiencia Provincial de Madrid.

«Antes de perdonarte, te quito la vida», escribió en una carta N.B.V., a quien el fiscal acusa de los delitos de maltrato habitual, maltrato de obra en el ámbito familiar, asesinato y quebrantamiento de medida cautelar. Se enfrenta a 30 años de cárcel.

El juicio ha arrancado esta mañana tras la selección del Jurado Popular. En la primera sesión, el fiscal y las partes se han limitado a exponer sus respectivas posturas respecto a los hechos objeto del procedimiento. Mañana comenzará la prueba testifical.

Tras cometer el crimen dejó una carta en la vivienda para justificar su acción en la que decía: «solo le pido a Dios que me perdone o que me quite la vida te amo tanto que antes de perdonarte te quito la vida».

El acusado y su pareja mantuvieron una relación sentimental desde el año 2016 hasta el día 3 de julio de 2018, hecha que en que N.B.V. abandonó el domicilio que tenían en Madrid a petición de la víctima.

Durante el periodo de convivencia, según la Fiscalía, el hombre actuó «con ánimo de alterar la paz familiar y la convivencia, así como de atemorizarla, imponiendo siempre su voluntad, la golpeaba y menospreciaba de forma cotidiana, lo que no impidió el mantenimiento de la relación de pareja debido a la dependencia emocional que le había generado».

El 6 de febrero de 2017 la mujer sufrió una agresión en el interior del domicilio, un hecho por el que el acusado fue condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar a nueve meses y un día de prisión y a otros 20 meses de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

El 1 de julio de 2018, tras regresar juntos al domicilio común, el acusado, empezó a recriminar de forma «insistente» a la mujer que no le ayudara lo suficiente y, «actuando con ánimo de menoscabar su integridad corporal», le propinó varios golpes con la mano en la cabeza, no constando que sufriera lesiones físicas.

«Presa del temor que sintió abandonó el domicilio esa misma madrugada, con la excusa de ir a comprar unas cervezas», y fue a pasar unos días al domicilio en el que trabajaba como empleada doméstica», explica la Fiscalía.

En la noche del 5 de julio de 2018, tras la salir del trabajo, la víctima se dirigió al domicilio familiar, «en la creencia de que el acusado ya lo había abandonado de forma definitiva dos días antes. Sin embargo, cuando entró en la vivienda se encontró con N. B. V., a quien le recriminó que hubiera desoído su petición de abandonar la casa.

UNA «NUEVA OPORTUNIDAD»

El acusado, que tenía ya por entonces la prohibición de acercarse o de comunicare con ella, le pidió perdón y una nueva oportunidad, pero la mujer, «ante el miedo que le inspiraba el acusado como consecuencia del clima de terror en el que vivía», le sugirió que fueran a hablar a un bar, ya que en otro caso llamaría a la policía.

En ese momento, «al ver que no lograba imponer su voluntad y convencer a para retomar la relación», el acusado sujetó con fuerza a la mujer por su brazo izquierdo y, sin posibilidad de que pudiera reaccionar y defenderse, cogió «súbitamente» un cable eléctrico, lo enrolló alrededor del cuello de su pareja y apretó «con gran fuerza hasta que logró acabar con la vida de la misma».

Tras acabar con la vida de la mujer, el acusado dejó sobre una mesa de la vivienda una nota manuscrita en la que se podía leer: «solo le pido a Dios que me perdone o que me quite la vida, te amo tanto que antes de perdonarte te quito la vida, 3 años a tu lado luchando dándolo todo y ahora me traicionas, confié en ti ciegamente pero te sigo amando y un día nos veremos en el cielo».

Asimismo, antes de abandonar la vivienda, el acusado se cambió de ropa, se aseó y cogió el móvil de su pareja para enviar varios mensajes por WhatsApp a una amiga de la víctima tales como: «ahora no puedo chiqui», «después te llamo», «chiqui tengo compañía».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se pronunciará oficialmente sobre la carta remitida por tres asociaciones de jueces a la Comisión Europea denunciando que las últimas reformas legales suponen un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España y solicitando incluso sanciones para España.

No obstante, este movimiento es valorado positivamente por algunos vocales pertenecientes al sector conservador del Consejo, que no descartan que este asunto se ponga sobre la mesa durante el próximo Pleno ordinario del órgano, que está previsto para el próximo día 22.

Por el momento, lo que según fuentes consultadas se llevará sin duda alguna a dicho Pleno es el informe encargado el pasado 26 de marzo al Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces ante determinadas dudas muy concretas que generará en su actividad, una vez ha entrado en vigor, la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. Esta reforma es la que ha motivado el último movimiento de jueces hacia los órganos Europeos.

El debate sobre este informe técnico llevará sin duda a los vocales a discutir sobre la iniciativa de las tres asociaciones, si bien las mismas fuentes reconocen que para el CGPJ, que es un órgano del Estado, dirigirse a un organismo internacional contra el propio Estado «es algo complejo. Consideran que una asociación profesional lo tiene más fácil.

La misiva remitida a la Comisión Europea se asemeja a la realizada en su día por los jueces polacos cuando su gobierno adoptó decisiones que también éstos consideraban que atacaban a la independencia judicial. Se trata de una decisión «dura», según los vocales consultados, «pero más vale hacerlo ahora que esperar a que sea más grave, como también lamentablemente puede acabar pasando, añaden los vocales consultados.

La valoración que hace este sector del Consejo de la decisión de las tres asociaciones es positiva ya que, más allá de la crítica al modelo de sistema de nombramiento de vocales judiciales, que puede o no compartirse, revela un «compromiso institucional de las asociaciones por fortalecer el Estado de Derecho ante reformas que en el contexto en que se producen suponen una quiebra de la separación de poderes».

JUEZ ESPAÑOL COMO JUEZ EUROPEO

Añaden que subyace en ese escrito al dirigirse a una institución de gobierno de la UE «hacer visible el principio de que el juez nacional es ante todo juez europeo» .

Por ello desde este sector consideran que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados al emitir este mensaje están cumpliendo con uno de los fines para el que están reconocidas en la CE , a saber: la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores constitucionales.

Una vez conocido lo que diga el citado informe técnico los vocales extraerán sus consecuencias y en este momento se plantearán si deben dirigirse ellos también a las instancias europeas que correspondan.

En su día ya se advirtió que este informe no tiene por objeto la realización de futuras impugnaciones de la reforma ante los tribunales -las mismas tres asociaciones de jueces instan a la presentación de un conflicto de compentencias ante el Tribunal Constitucional-, sino la resolución de determinadas dudas que los cambios generan en su labor del día a día y que el nuevo texto normativo no resuelve.

Los vocales del CGPJ quieren saber, por ejemplo, si la imposibilidad de realizar nombramientos afecta a funciones previas a estas designaciones como son la aprobación de bases de convocatoria o la realización de entrevistas a los candidatos por parte de la Comisión Permanente. También quieren conocer cómo podrán actuar si el Tribunal Supremo anula un nombramiento ya realizado o si se les permite nombrar jueces sustitutos.

Las mismas fuentes señalan como poco probable que pueda prosperar la presentación de un conflicto de competencias que reclaman tres de las cuatro asociaciones judiciales, dada la jurisprudencia existente al respecto en el propio tribunal de garantías. Para la presentación de esta propuesta, además, se precisaría la aprobación de la iniciativa por el Pleno del Consejo en el caso de que algunos vocales lo propusieran, lo que de momento no parece que vaya a ocurrir.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Concretamente, pide a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones– y su «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda laactividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».

El Congreso retomará este martes la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares para suprimir los aforamientos de sus diputados autonómicos y miembros del Govern, un cambio impulsado en 2018 y cuya tramitación se vio frenada por la doble disolución de las Cortes Generales al año siguiente.

El Parlamento balear aprobó por unanimidad dicha reforma en noviembre de 2018 al entender que el fuero de los políticos es percibido por la sociedad como «un privilegio que distorsiona el principio de igualdad» de todos los ciudadanos ante la Justicia.

Como marca la ley, la proposición de ley de reforma estatutaria se remitió al Congreso para su ratificación definitiva. Aunque la Cámara Baja llegó a tomarla en consideración, todo se interrumpió como consecuencia de los procesos electorales de 2019 y ahora la tramitación debe empezar de nuevo en Madrid.

AFECTARÁ A 59 DIPUTADOS

Así, este martes la reforma regresará al Pleno del Congreso para el debate de la toma en consideración, que arrancará, como suele ser habitual en este tipo de iniciativas, con la defensa de la iniciativa por parte de los miembros de una delegación elegida por el Parlamento balear y que conforman Juan Manuel Lafuente (PP), Juli Dalmau (PSOE) y Josep Castells, del Grupo Mixto-MÉS per Menorca.

No se esperan sorpresas y la proposición de ley seguirá su andadura en las Cortes Generales con idea de completar la tramitación en los próximos meses.

La supresión de aforamientos en Baleares, que afectará a los 59 diputados del Parlament y a los miembros del Govern, sigue el camino de otras reformas estatutarias que han pasado por el Congreso en los últimos tiempos. Canarias, Murcia y Cantabria también modificaron sus respectivos textos estatutarios para acabar con esta protección.

El debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo nacional tras la moción de censura de 2018 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminarlo en todo el país, pero la idea no llegó a traducirse en una propuesta.

El recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional para impugnar la decisión del juez de sacar a Toni Cantó y a Agustín Conde de la candidatura popular a las elecciones del 4 de mayo se opone a «la interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política», así como a la imposición de «un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina».

El documento judicial, solicita el amparo ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 que acuerda excluir a sendos candidatos de las listas por ser «inelegibles» al empadronarse fuera de plazo.

Y que se declare vulnerado «el derecho fundamental al sufragio pasivo y el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (23.2 de la Constitución Española) procediendo, «a la revocación de la misma, por cuanto ha desconocido y vulnerado el citado derecho fundamental, y, en consecuencia, acuerde revocar la misma».

La resolución recurrida, dictada tras validar la Junta Electoral Provincial la candidatura del PP, recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021 pero incide en que «el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa, del próximo 4 de mayo de 2021».

Frente a ello, los letrados del PP aluden a «una interpretación restrictiva» del artículo 23 de la Carta Magna, al entender que «la mención al censo electoral vigente no depende del momento en el que deba verificarse, sino que se refiere exclusivamente al cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria electoral».

Entienden que la resolución vulnera «el derecho fundamental sufragio pasivo mediante la imposición ex novo, por la sentencia, de un requisito restrictivo no amparado por la ley y contrario a la doctrina de la interpretación más favorable al derecho fundamental, como el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (23.2 CE)».

«La especialidad de la situación no es baladí dado que se fabrica jurisdiccionalmente por el Juzgado de lo Contencioso, ex novo, un requisito no establecido por la ley ni amparado por interpretaciones previas de la misma (el de que deben reunirse los requisitos para ser candidato no el día de presentación de la candidatura sino el día de «cierre censal»), requisito que sirve para excluir a determinados candidatos y que, por lo demás, condicionará la presentación de futuras candidaturas en las elecciones autonómicas a celebrar en la Comunidad de Madrid», afea el recurso.

COMPLETAR LA JURISPRUDENCIA

Ante ello, los letrados reclaman al tribunal de garantías que complete su jurisprudencia sobre el derecho fundamental del artículo 23.1 de la Constitución Española, dando respuesta a diversos asuntos.

Entre ellos, si se vulnera el derecho fundamental al sufragio pasivo «la creación ex novo, por parte de un órgano jurisdiccional, de un requisito de elegibilidad no establecido expresamente por parte de la LECM –Ley de Enjuiciamiento Criminal– y LOREG –Ley Orgánica del Régimen Electoral General–, que consiste en la mutación del tiempo en que se han de reunir los requisitos por los candidatos y su traslación desde al momento de la presentación de la candidatura al más restrictivo momento del cierre del censo electoral».

También preguntan si «constituye una contravención del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental el que, ante una situación de duda respecto de la existencia –o no– del referido requisito, no establecido de forma clara por la LECM ni la LOREG, el órgano jurisdiccional se decante por la opción más limitativa para el derecho fundamental del artículo 23.1 CE».

Señalan los letrados del PP que «resulta evidente la especial trascendencia constitucional al ser el objeto del mismo una cuestión jurídica de relevante» y «generar repercusión política».

«Nos encontramos ante la necesidad de pronunciamiento de este Tribunal Constitucional, garante máximo de la supremacía constitucional, habida cuenta de que el Juzgado está introduciendo, sin base alguna en el tenor de la ley, una inexistente exigencia restrictiva e infundada a través de la cual se muta el momento temporal al cual se debe atender al examinar el cumplimiento de los requisitos para ser candidato, interpretación que altera en todo modo los requisitos necesarios para concurrir a las elecciones», recoge el fallo.

REQUISITO DE EMPADRONAMIENTO

Fuentes del PP de Madrid hacen hincapié en que «no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo» e inciden en que «jamás se ha exigido hasta este caso, que un juzgado unipersonal decida así contraviniendo a la Junta Electoral Provincial».

Según apuntan, tanto Cantó como Conde han sido «discriminados frente al resto de candidatos en el presente y pasado». «Se ha creado jurisdiccionalmente un requisito que no consta en la ley, mediante una intervención vulneradora del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental», han apuntado agregando que «en caso de duda» hay que estar a favor del «ejercicio del derecho fundamental de participación política».

En el día de la Atención Primaria (AP), el Consejo General de Enfermería (CGE) urge a aumentar un 10 por ciento el gasto sanitario dedicado a la AP en España, que en la actualidad solo representa el 14 por ciento de la partida del PIB dedicada a la sanidad pública.

Asimismo, advierten de que para acercar la ratio de enfermeras en este nivel de asistencia a la media europea harían falta, como mínimo, unas 25.000 enfermeras más en España. «Resulta preciso adecuar la dotación de personal a las necesidades reales de la población. Nos parece inaceptable que tengamos ratios de una enfermera por cada 2.000-2.500 ciudadanos cuando la media europea es de uno por cada millar», asegura el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Tal y como revela el Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE en su último informe sobre demografía enfermera, entre los años 2010 y 2018 no se ha producido una variación relevante en el número de enfermeras en los equipos de AP. Esta situación se produce de forma similar en todas las autonomías, salvo alguna como Canarias, que en el último año vio aumentado su número de enfermeras considerablemente.

Además, recuerdan que la ratio de enfermeras vinculadas a los servicios de AP oscila entre las 0,49 y 0,94 por cada 1.000 habitantes en las distintas comunidades. Así, Madrid, Baleares y Ceuta están a la cola, mientras que La Rioja, Canarias y Castilla y León lideran el ranking con mayor número de enfermeras de AP por 1.000 habitantes.

«La labor de las enfermeras y enfermeros de AP durante la actual pandemia de COVID-19 ha sido encomiable, tanto desde sus puestos habituales como también cuando muchas de ellas fueron derivadas a hospitales de emergencia», recuerdan desde el CGE. «Su rol actual en una campaña de vacunación sin precedentes está fuera de toda duda, pero es preciso afrontar un cambio estructural que potencia un nivel asistencial primario garante de la salud de las familias y de una población envejecida y aquejada de dolencias crónicas», añaden.

Del mismo modo, el CGE insiste en la necesidad de incrementar las plazas de enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria en las convocatorias de EIR, así como la culminación de la Prueba de Evaluación de la Competencia, que sufre un retraso «histórico», y crear la categoría profesional de enfermera especialista en este ámbito en todas las CC.AA.

Además, prosiguen, «es imprescindible poner en valor el grandísimo trabajo que hacen las enfermeras de AP en los domicilios de miles de pacientes, una atención domiciliaria fundamental para garantizar la calidad de los cuidados de aquellos que no pueden trasladarse hasta el centro de salud». La atención a domicilio por parte de las enfermeras supone un total de casi 10 millones de visitas, siendo el profesional sanitario que más visitas realiza a domicilio.

«Sin una AP fuerte y bien dotada afrontamos un futuro sanitario incierto y marcado por la saturación de los hospitales, la falta de prevención y educación para la salud e incluso la excesiva medicalización de la población», señala Pérez Raya. Hace falta una atención integral, con buena permeabilidad y comunicación de los niveles asistenciales, con fomento de los hábitos de conductas saludables, y para ello es fundamental que los Gobiernos prioricen la salud frente a otros sectores, inviertan en lo más valioso que tenemos, no recorten en materia sanitaria y no solo ahora con la pandemia», añade.

A su juicio, la comparación con otros países del entorno en materia de AP es «sangrante», por lo que es «prioritario actuar ya». «Deben comprenderlo todos los partidos y todos los Gobiernos y Administraciones, no se puede apoyar el sistema sanitario en una AP famélica en cuanto a los medios y al personal», ha concluido el presidente del CGE.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, un varón y dos mujeres, como presuntos responsables del homicidio a puñaladas de un varón cometido el pasado 15 de enero en el madrileño barrio de Lucero, el primer crimen registrado este año, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación se inició ese mismo día, cuando la sala del 091 recibió de madrugada la alerta de un ciudadano que había encontrado el cuerpo sin vida de un varón en la calle Alhambra, en el madrileño distrito de Latina.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba dos heridos en el costado izquierdo y otras dos penetrantes en el abdomen. Realizaron a la víctima maniobras de reanimación, pero finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento. En un primer momento esta persona, que era joven, estaba sin identificar y solo se sabía, según algunos vecinos, que minutos previos al homicidio hubo una violenta discusión entre dos o tres individuos.

Al lugar se desplazaron efectivos de seguridad ciudadana, que acordonaron el escenario del asesinato hasta la llegada de agentes del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, quienes se encargaron de la investigación de los hechos.

Durante las primeras indagaciones, los agentes observaron que el fallecido presentaba un total de 12 heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo, la gran mayoría en la zona de la espalda. También en el lugar de los hechos, comprobaron que le habían sustraído el teléfono móvil y obtuvieron datos que posteriormente incriminarían a los arrestados.

UN CRIMEN POR MOTIVOS SENTIMENTALES

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar la participación en el homicidio de tres personas, dos mujeres y un varón, que podrían formar parte del entorno cercano de la víctima y que el crimen podría haberse llevado a cabo por diversas relaciones sentimentales entre los implicados en el crimen.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron que a mediados de febrero una patrulla de seguridad ciudadana en el distrito de Carabanchel arrestara al varón implicado en los hechos y que los investigadores detuvieran posteriormente a las dos mujeres que participaron en el crimen.

Luego los agentes llevaron a cabo registros en los domicilios del varón arrestado y en el que se encontraban las dos mujeres residiendo. Tras la puesta a disposición judicial de los arrestados se dictó su ingreso en prisión.

Según las pesquisas, las dos detenidas residían en un narcopiso. Allí la víctima, José Luis, conoció a una de las inquilinas cuando iba a comprar droga y comenzaron una relación, que no era aprobada por la familia de ella, ya que este hombre le unos 2.000 euros. Debido a la presión, rompieron aparentemente, pero siguieron hablando por teléfono y por mensajes, como si fueran amantes.

Con el tiempo, esta mujer, sin decirle nada al fallecido comenzó a salir con otra persona, el supuesto autor material de los hechos. Cuando la víctima se enteró de esta relación, comenzó a insultarla, maldecirla y amenazarla de muerte. La detenida le envía los audios a su pareja actual quien, completamente celoso, organizó una encerrona para matar al ahora fallecido.

Es entonces cuando le hicieron quedaron a medioanoche y en la calle Alhambra le asesinaron de múltiples cuchilladas. Según fuentes policiales, la mujer en cuestión y su amiga iban cubiertas con capuchas y guantes, mientras que el hombre iba a cara descubierta, que fue el supuesto autor material de los hechos.

Tras el crimen, se llevaron el móvil del fallecido y se refugiaron en el narcopiso. Precisamente el hallazgo del terminal fue determinante para que los agentes les arrestaran.

El hombre detenido es español de 30 años y acumula 50 detenciones. La expareja de la víctima es española de 34 años y con varios antecedentes, mientras que la amiga tiene 29 años y no cuenta con antecedentes. Aún se desconoce muy bien el papel que esta tercera persona jugó en el asesinato.

UNICEF España cumple este lunes 60 años, un aniversario marcado por la pandemia de la Covid-19 que ha generado una situación «crítica» para la infancia ante «el aumento de la pobreza, el trabajo forzoso, el abandono escolar o la aparición de secuelas en la salud mental».

«UNICEF España llega a los 60 años en un momento crítico para toda la población, pero especialmente para la infancia. La pandemia ha causado un retroceso de algunos avances clave y ha traído un aumento de la pobreza infantil, del trabajo forzoso, del matrimonio infantil o de la cifra de niños con desnutrición, así como un mayor abandono escolar y secuelas en la salud mental de niños, niñas y adolescentes», ha asegurado el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra.

En este sentido, ha advertido de que la infancia de todo el mundo, también de España, «se enfrenta a un futuro repleto de incertidumbres». Por ello, refuerza su compromiso de «salvar, proteger e impulsar el porvenir de millones de niños, niñas y adolescentes que merecen desarrollar todo su potencial y disfrutar de un futuro en el que se cumplan todos sus derechos y sueños».

Además, este aniversario se conmemora en un momento marcado también por la llegada de las vacunas, una tarea en la que UNICEF está colaborando activamente a través del Mecanismo COVAX para garantizar que todo el mundo esté a salvo frente al virus.

Más allá de la pandemia, UNICEF España también recuerda la situación de millones de niños vulnerables que sufren conflictos como los de Siria o Yemen; o de quienes se han visto obligados a huir de sus hogares, como los niños rohingya.

«En seis décadas de trabajo por la infancia hemos conseguido avances notables. Pero mientras un solo niño, niña o adolescente de cualquier rincón del planeta siga viendo sus derechos vulnerados, UNICEF España continuará trabajando incansablemente para lograr un futuro justo para cada uno de ellos», ha afirmado Suárez Pertierra.

El Comité Español de UNICEF se ha convertido en estas seis décadas en uno de los que más fondos aporta a los programas de la organización (67,4 millones de euros en 2020, frente a las 118.000 pesetas –709 euros– que aportó en 1964).

EN 1954 ESPAÑA ERA PAÍS RECEPTOR DE AYUDA

En 1954, España era país receptor de ayuda por parte de UNICEF, que había nacido en 1946. Recibió leche en polvo, mantequilla, queso y otros alimentos básicos. Además, UNICEF apoyó campañas contra el tracoma y la sífilis congénita, y el equipamiento de salas para niños prematuros en hospitales.

La ayuda siguió llegando hasta principios de los 70, pero el 12 de abril de 1961 nació la Asociación de Amigos de UNICEF, liderada por Carmen Pardo-Valcarce, con el objetivo de conseguir fondos para los programas de la organización en países en desarrollo. Para ello se puso en marcha la campaña de sus populares tarjetas de Navidad.

El año pasado, España se convirtió nuevamente en receptor de ayuda, puesto que, a la vez que seguía apoyando a la infancia del resto del mundo, UNICEF España suministró mascarillas, equipos de protección o geles hidroalcohólicos para dar respuesta a la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19 en nuestro país.

CONFLICTOS BÉLICOS Y DESASTRES NATURALES

Casi desde el principio, la organización en España quiso dar respuesta a las emergencias provocadas por conflictos bélicos y desastres naturales, y por ello a lo largo de estos años ha apoyado a los afectados por las hambrunas de Bangladesh en 1974 y Etiopía entre 1984 y 1985; el genocidio de Ruanda en 1994; los terremotos de Haití en 2010 y Nepal en 2015; o la actual situación de millones de refugiados que huyen de la guerra en Siria o Yemen.

En 1963 se realizó la primera campaña publicitaria para captar socios. En 1974 la Asociación de Amigos de UNICEF pasó a llamarse Asociación UNICEF España, y en 2005 se constituye como fundación. En 1993, el Consejo de Ministros había declarado a UNICEF España institución «de utilidad pública».

La Reina Doña Sofía fue entre 1971 y 2014 Presidenta de Honor de la organización, un cargo que ahora ostenta Su Majestad la Reina Doña Letizia.

Carmen Pardo-Valcarce fue la primera presidenta de UNICEF y, actualmente, el presidente es Gustavo Suárez Pertierra, y el director ejecutivo, Javier Martos.

El Juzgado de Menores de Huelva ha condenado por «homicidio doloso con agravante de parentesco» al menor acusado de matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla (Huelva). Así, se le impone al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Según recoge la sentencia, y que no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación contra la misma, a la condena se le computará el tiempo que el menor ha pasado en internamiento como medida cautelar.

De este modo, el Juzgado de Menores considera probado que el 19 de julio de 2020 se inició una discusión entre el joven y la madre por la negativa de esta ante las pretensiones del menor de marcharse al domicilio en el que vivían el resto del año, durante la cual «le arrebató el teléfono móvil y lo lanzó por la ventana» y, a continuación, «agarró a su madre por el cuello sabiendo que con esa conducta causaría el fallecimiento de la misma, presionando hasta causarle la muerte por asfixia».

Así, según reza la sentencia, «a continuación, el joven expedientado trasladó el cuerpo de la fallecida a la habitación de esta para que el perro no la viera, y tras preparar unos cubos con agua y comida para el perro, se fue a la habitación con el referido animal, donde transcurrió un tiempo» y prosigue que «a las 16,26 horas fue cuando realizó una llamada para manifestar que había matado a su madre».

En este punto, según la sentencia, una vez personados los efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en la vivienda «el joven comunicó a los agentes que había matado a su madre y ,si bien en dependencias policiales se negó a declarar, en la Fiscalía reconoció que la había matado».

Por otra parte, en la sentencia se explica que «no queda acreditado que en el momento de los hechos el menor tuviera sus facultades cognitivas y volitivas afectadas parcial o totalmente y que la autopsia constató como la causa de la muerte la asfixia por estrangulación».

Asimismo, se recoge que de la prueba practicada en la Audiencia «queda acreditado que los hechos ocurrieron tal y como se describen en los declarados como probados», destacando como «prueba principal incriminatoria» la propia confesión del acusado, «que desde un inicio reconoce los hechos cometidos», que son «corroborados» por otras pruebas como el informe de la autopsia, las testificales desarrolladas en la Audiencia y las periciales ratificadas en el plenario.

Según la sentencia, «la mecánica del estrangulamiento excluye cualquier consideración de comisión imprudente, toda vez que se trata de un modo de obtención del resultado de muerte en el que es necesario un comportamiento mantenido en el tiempo».

Cabe recordar que por auto del 20 de junio de 2020 se acordó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado con valoración en salud mental, medida que fue prorrogada el 15 de enero de 2021.

La vecina de Vigo acusada de engañar a mujeres vulnerables, a las que ofrecía empleo doméstico para, junto a su marido (ya fallecido), abusar sexualmente de ellas, ha aceptado una pena de 9 años de prisión, así como pagar indemnizaciones que suman 17.000 euros, en virtud de un acuerdo de conformidad que evita la celebración del juicio contra ella (previsto para este martes y este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica).

La Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban 37 años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria en cinco delitos de abuso sexual con introducción de objeto, con engaño, abuso de superioridad y abuso de situación de necesidad. Asimismo, le atribuía un delito de agresión sexual con intimidación; un delito de detención ilegal; un delito de trata de seres humanos con engaño, con fines de servidumbre y explotación laboral, en concurso con un delito de detención ilegal y uno de agresión sexual; y un delito de maltrato de obra. A ellos se sumaba un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tras el acuerdo, la acusada ha aceptado un año de prisión por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual, cinco meses por el delito de agresión sexual, tres meses por un delito de coacciones, tres años de cárcel por un delito de trata, y cuatro meses por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La mujer también deberá pagar una multa de 180 euros por el delito leve de maltrato y deberá indemnizar en 1.000 euros a cada una de las cinco víctimas de abusos sexuales; y en otros 6.000 euros a cada una de las dos víctimas de agresión sexual.

MUJERES VULNERABLES

Los hechos se remontan a los meses de marzo a octubre de 2019 cuando, según la Fiscalía, la acusada y su marido contactaron a través de una página web de anuncios con siete mujeres de diferentes países sudamericanos, todas ellas en situación muy vulnerable, a las que ofrecieron empleo como trabajadoras domésticas y niñeras de su hija de 6 años, prometiéndoles que les pagarían un salario y regularizarían su situación administrativa en España.

En todos los casos, mantuvieron entrevistas con ellas en su domicilio, en la zona de Castrelos, y las convencieron de que, para obtener el trabajo, debían someterse a un reconocimiento médico que el propio marido les realizaba, haciéndose pasar por profesional sanitario. Ese falso reconocimiento consistía en tocamientos y en la introducción de un hisopo en la vagina y en el ano.

Varias de las mujeres no volvieron al piso después de ese ‘reconocimiento’, aunque al menos dos de ellas sí llegaron a trabajar para el matrimonio. Así, una mujer nicaragüense trabajó en el piso un día, y la obligaron a desarrollar las tareas domésticas vestida solo con tanga y sujetador, advirtiéndole de que pertenecían a una peligrosa organización de tráfico de drogas y órganos, y que tenían cámaras instaladas en la vivienda, por lo que no podría negarse a lo que le pidieran, bajo la amenaza de que podrían hacerle daño a ella o a sus hijos.

La acusada también hostigaba a la mujer exigiéndole que mantuviera relaciones sexuales con ella o con su marido, o que se duchara con la puerta del baño abierta, y llegó a golpearla. Al día siguiente de empezar en ese empleo, la víctima aprovechó una salida para acompañar a la acusada a llevar a su hija al colegio para escapar.

Una séptima víctima, una mujer colombiana, llegó a trabajar para el matrimonio durante 8 días, y también fue intimidada y amenazada para no salir del piso y someterse a los deseos de ambos (ducharse con la puerta abierta, trabajar en ropa interior o someterse a supuestas exploraciones médicas), todo ello en medio de una atmósfera de terror. La mujer estuvo en esa situación hasta que fue rescatada por la Policía, el 17 de octubre de 2019.

El marido de la acusada también fue detenido por estos hechos pero, cuando se estaba realizando el registro de su domicilio en presencia de la comisión judicial, el hombre aprovechó un momento de descuido y, pese a estar esposado, se abalanzó contra la ventana de la cocina, fracturando el cristal y precipitándose al vacío desde el noveno piso. Como consecuencia de las graves heridas, el hombre falleció.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «dé la cara» y explique qué restricciones será necesario aplicar en España para seguir controlando la pandemia del coronavirus una vez se levante el estado de alarma el 9 de mayo y bajo qué marco jurídico se podrán aplicar.

«Sánchez tiene que salir a dar la cara, no puede ser solo Míster Vacunas, tiene que salir también para hablar de las restricciones y de qué instrumento jurídico va a haber para dar cobertura legal a las Administraciones Públicas que toman decisiones» cuando ya no esté vigente el estado de alarma, ha declarado en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente.

A su juicio, hay que dejar a un lado la «pelea ficticia» sobre el instrumento jurídico y centrarse en «el fondo de la cuestión», dejando claro a los ciudadanos cómo se espera que evolucione la pandemia en los próximos meses, a qué ritmo va a avanzar el proceso de vacunación y si seguirá siendo necesario establecer toques de queda o hacer cierres perimetrales de territorios.

«Si el 9 de mayo se prevé que hacen falta restricciones, que sea el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas los que acuerden cuál es la mejor protección jurídica», ha pedido.

GOBIERNO Y PP CAMBIAN DE OPINIÓN SOBRE EL ESTADO DE ALARMA

Además, la presidenta de la formación naranja ha acusado al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos y a fuerzas de la oposición como el PP de haber cambiado de opinión respecto al estado de alarma.

«Qué curioso que los que decían que era imprescindible ahora lo van a dejar caer y los que decían que era una desgracia que había que eliminar ahora son los que lo piden», y «vemos a presidentes del PP pidiendo el estado de alarma y a Sánchez diciendo que no hace falta», ha señalado, calificando de «bochorno absoluto» que «partidos que se dicen ‘de Estado'», cuando se requiere, «nunca están a la altura».

Por otro lado, Arrimadas ha dicho que va a plantear al presidente del Gobierno alcanzar «un compromiso por el éxito del proceso de vacunación», de manera que se aparte este asunto de las «peleas partidistas» y se transmita un mensaje de «tranquilidad» a la población dejando claro que la vacuna «es segura».

Un pacto al que invita a que se sumen todos los partidos, pues considera que tanto el Ejecutivo como el PP han actuado de forma «absolutamente irresponsable» al utilizar la vacunación «como arma electoral», generando «incertidumbre» y «una alarma social absolutamente infundada, innecesaria y contraproducente». Según ha apuntado, las dudas respecto a la vacuna de AstraZeneca han hecho incluso que algunas personas que estaban citadas no acudieran por miedo.

La líder de Ciudadanos ha advertido de que «está mucho en juego» porque la vacuna contra el Covid-19 sirve tanto para proteger la salud como para reactivar la economía. Por ello, ha reclamado al Gobierno que ayude a «generar certidumbre y tranquilidad con unos criterios únicos» para la vacunación y ejerza una labor de coordinación para conseguir la «unidad de acción de todas las comunidades autónomas».

El Gobierno sigue de cerca la situación en Birmania, donde el pasado 1 de febrero el Ejército dio un golpe de Estado y donde han muerto más de 700 personas en la represión de las protestas generadas por el derrocamiento del Ejecutivo de Aung San Suu Kyi, y trabaja para conseguir el restablecimiento de la democracia en el país asiático.

Así lo ha expresado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por el PP, que se había interesado por las gestiones realizadas por el Gobierno para fortalecer la situación de los Derechos Humanos en Birmania hasta la fecha.

En su réplica, el Gobierno asegura que «sigue de cerca» la situación «tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la Unión Europea y los foros multilaterales», principalmente a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

En distintos foros, el Gobierno ha manifestado su «preocupación» por «la violación de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de los ciudadanos birmanos, por la declaración del estado de emergencia, la suspensión del Parlamento y las detenciones y arrestos arbitrarios del presidente, Win Myint, la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, otros funcionarios y políticos del gobierno, defensores de losDerechos Humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil, asesores locales y extranjeros y otros».

Además, desde el Gobierno se ha llamado «a las autoridades militares birmanas a ejercer la máxima contención frente a las manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado» y ya desde el día del golpe, que «condenó enérgicamente», ha venido reclamando «la liberación inmediata» de Suu Kyi y otros altos cargos «detenidos durante la asonada».

CONDENA DE LA VIOLENCIA CONTRA CIVILES

Igualmente, ha condenado «la violencia ejercida por la junta militar contra civiles, que se está cobrando la vida de numerosas personas a diario», defendiendo que las manifestaciones «muestran quela democracia es un valor universal», añade el documento.

Asimismo, esgrime la respuesta gubernamental, «España apoya el trabajo que la Oficina de la Alta Comisionada de NacionesUnidas para los Derechos Humanos realiza» en Birmania, y participa en todos los diálogos en los que la Alta Comisionada ha presentado informes sobre dicha situación en el marco del Consejo de Derechos Humanos, donde también «ha mencionado la grave situación en el país en sus intervenciones en los debates generales».

Dicho todo ello, el Gobierno asegura al PP que «continuará trabajando en favor del restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho en Birmania, como la mejor garantía de la salvaguardia de todos los Derechos Humanos».

La defensa del acusado de presuntamente violar y matar a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 2018 ha asegurado que él «pensaba que se estaba defendiendo de un ladrón que estaba en su casa», después de haber consumido una gran cantidad de alcohol y cocaína, y que sin querer, la mató.

En la primera sesión de este juicio en la Audiencia de Barcelona, la abogada Elisabet Martín ha explicado que el acusado se encontraba «desestabilizado por completo»: su madre estaba a punto de fallecer, su padre no lo quería en casa y no quería darle dinero, y estaba perdiendo la relación con su hija, ante lo que acabó refugiándose en la cocaína y el alcohol, siendo drogodependiente desde los 20 años.

Martín ha relatado que el día del crimen el estado mental del acusado estaba alterado y «perdió el contacto con la realidad», ya que había consumido, y al entrar en su casa escuchó ruidos e inspeccionó la vivienda con un cuchillo en la mano.

Según el relato de la defensa, vio una figura que no pudo descifrar y, creyendo que era un ladrón, acabó con la vida de la víctima sin saberlo y sin quererlo, porque pensaba que era alguien que quería robarle o atacarle.

La letrada ha explicado que desde que la niña desapareció hasta que murió solo pasaron cinco minutos, «en los que, según el fiscal y la acusación, el acusado la agredió sexualmente y la acuchilló, pero con solo cinco minutos eso no tiene ningún sentido», y ha remarcado que nadie del edificio escuchó nada.

Ha defendido que el acusado desde el primer momento explicó todo lo que podía recordar y «asumió que la causa y el fallecimiento de esta niña había estado motivado por una conducta suya».

«En ningún momento ha quedado probado el abuso sexual ni que la niña entrara forzada por el acusado en su casa», y ha añadido que en ningún momento el acusado quería matar a la menor y que está arrepentido.

HERMANAS Y EX PAREJA DEL ACUSADO

Una de las hermanas del acusado ha testificado en el juicio y ha explicado que no tuvo buena relación con él durante 2018, y ha afirmado que él tenía fobias y paranoias: «Tenía la paranoia de que había un ladrón que entraba a robar, que forzaba la puerta, veía cosas», y ha explicado que hasta en una ocasión no la reconoció a ella misma.

Esta testigo ha afirmado que el acusado tomaba drogas, y que cuando lo hacía se aislaba del mundo: «No era él. Él venía, se metía en su habitación, se aislaba del mundo, no podías hablar con él», aunque la otra hermana, que también ha testificado, ha negado haberlo visto tener visiones, pero ha asegurado que notaba cuando había consumido por su actitud.

«UN MARTIRIO» PARA LOS PADRES

La segunda hermana en declarar ha relatado que el acusado «les ha dado un martirio a los padres, que ha sido un maltratador psicológico», y que siempre se estaban peleando por temas de dinero.

La expareja del acusado, también testigo en el juicio, ha señalado que el acusado le mentía muchas veces, y que aunque él no le pasaba ninguna pensión para ayudar a criar a la hija que tenían en común, ella igualmente le dejaba ver la niña, aunque el día del crimen su hija –que estaba con el padre– la llamó para que la viniera a buscar, diciéndole que su padre estaba «raro».

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha ofrecido a acudir al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para abrir allí su correo electrónico de modo que el juez pueda comprobar que los ‘emails’ aportados para respaldar la factura de 26.000 euros que cobró a la matriz mexicana de Neurona Comunidad son reales, después de que el instructor Juan José Escalonilla haya ordenado nuevas diligencias para verificar la documentación entregada por el ex dirigente ‘morado’.

Monedero está investigado en el llamado caso ‘Neurona’ por una factura que emitió el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia», y por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros procedente de la empresa mexicana Neurona Consulting.

Tanto el juez como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) creen que se trata de una factura falsa y que Monedero «tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos» para la campaña electoral de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera falsa, atribuyendo los errores en la misma a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos ‘emails’ con Andrea Edlin López –socia mexicana de Neurona–, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado ‘factura’. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

Según fuentes jurídicas, Escalonilla ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que compruebe las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que ha pedido a Iberia que entregue los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le ha reclamado el contenido de los ‘links’ de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

DE VUELTA AL JUZGADO

Monedero ha contestado con un recurso de reforma en el que ofrece a Escalonilla volver «personalmente» a Plaza de Castilla para abrir su correo electrónico delante del juez o del letrado de la administración de justicia con la finalidad de que puedan comprobar las fechas de esos ‘emails’.

El objetivo de este ofrecimiento, de acuerdo con el recurso, es «agilizar esa constatación, evitando una sobrecarga de trabajo a la ‘fuerza actuante’ (la UDEF), y una mejor garantía de fe pública judicial», así como «colaborar con la labor del instructor».

No obstante, la defensa ha propuesto otra alternativa a la UDEF y a la comparecencia de Monedero que pasaría por pedir a la propia Neurona «que reconozca si esos correos fueron enviados y recibidos en las fechas que constan» en las copias facilitadas por el profesor universitario.

El juez, de momento, ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que presenten sus respectivas alegaciones a este ofrecimiento de Monedero, tras lo cual decidirá si lo acepta o lo rechaza apostando por la vía de la UDEF.

Además, las mismas fuentes han indicado que el cofundador de Podemos ya ha entregado en sede judicial las grabaciones de las charlas en las que intervino durante su estancia en esos países, que constituirían el contenido de dichos ‘links’.

NUEVO APLAZAMIENTO

Por otro lado, el juez ha acordado aplazar del 26 de abril al 7 de mayo las declaraciones de los doce testigos ofrecidos por Podemos con la intención de acreditar el trabajo que Neurona habría hecho para la campaña electoral de 2019, según consta en un auto del 9 de abril.

Atiende así una petición de Podemos para posponer nuevamente estas testificales por «motivos de agenda». Se trata del segundo aplazamiento de estas declaraciones, que en un primer momento estaban previstas para el 19 de abril.

Conforme al escrito en el que la formación política ofrecía al juez estos testigos, los mismos «integraban los equipos de trabajo de Podemos que, en coordinación con el equipo de Neurona, han cubierto todas las áreas de la campaña electoral, incluyendo a sus coordinadores».

El núcleo de esta causa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del partido, es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso ‘Neurona’, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.