La directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Maite Arcos, considera que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, aprobada el 14 de noviembre de 2018, se ha quedado «corta» en el ámbito de Internet.
«Echo de menos que la Directiva haya sido más ambiciosa en este mundo de Internet», ha indicado durante su participación en el encuentro ‘Ley Europea de Comunicación Audiovisual: Las claves de su transposición en España’ organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Los Estados miembros tenían hasta el 19 de septiembre de 2020 para trasponer la citada Directiva, pero, únicamente, Dinamarca, Hungría, Países Bajos y Suecia han notificado las medidas de transposición y declarado que su notificación está completa.
El 23 de noviembre de 2020, la Comisión envió cartas notificando un procedimiento de infracción al resto de Estados miembros, incluido España, y el Reino Unido. En España el plazo para presentar alegaciones en el marco del proceso de audiencia pública del anteproyecto de ley General de Comunicación Audiovisual finalizó el pasado 3 de diciembre.
En el debate, moderado por la periodista y presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, la directora general también se ha mostrado contraria al hecho de que la Directiva aplique el principio de ‘país de origen’, lo que significa que España solo puede aplicar la normativa estatal a aquellos prestadores establecidos en su territorio.
«Eso limita muchísimo», ha manifestado, para después añadir que el audiovisual es un mercado global por lo que a los usuarios españoles les llegan servicios ofrecidos por prestadores establecidos en otros países de la Unión Europea o, incluso, fuera de la misma.
En este punto, ha aclarado que la Directiva permite extender la norma a los operadores que presten sus servicios en el país, algo que ha incluido España en el anteproyecto de ley. «Es un gran avance», ha enfatizado, para después aclarar que no afecta a ‘youtubers’ e ‘influencers’ porque la Directiva europea «no los considera servicios de comunicación audiovisual».
OBLIGACIONES DE LAS PLATAFORMAS
Además, Maite Arcos cree que «hay que tener cuidado, en este mercado global, a la hora de establecer obligaciones sobre plataformas porque lo tienen muy fácil para eludirlas». «Simplemente se establece en otro país de la Unión Europea y los servicios seguirían viniendo aquí, pero las inversiones no estarían aquí», ha explicado.
Desde el punto de vista de las televisiones privadas, el director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Atresmedia, Miguel Langle, ha afirmado que «Internet le ha dado la vuelta a todo» en los últimos años y las reglas deberían ser «las mismas para todos». «Sin embargo, el resultado no ha sido el perseguido», ha asegurado, al tiempo que ha añadido que «la Directiva enfocó bien su objetivo, pero se quedó corta».
En este sentido, Langle cree que la Directiva «nació corta, nació antigua» y su trasposición «se va a quedar todavía mucho más corta». En su opinión, la evolución tecnológica y de los usos es «tan rápida, que se queda vieja la normativa antes de nacer».
Por su parte, la jefa de Asesoría Jurídica de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Carmen Marín, ha destacado la «función clave» de la autorregulación y la corregulación y ha añadido que es «prioritario» establecer ese marco, que permita «no tener una norma demasiado poco flexible» para poder acometer los cambios necesarios y permita a todos los actores implicados «poder avanzar en el desarrollo del modelo». «La ley tarda mucho en cambiar y el modelo tecnológico avanza muy rápido», ha puesto de relieve.
Ibán García del Blanco, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, ha concluido que «España va a ser un país especialmente ambicioso en la adaptación de esta Directiva» y ha subrayado que «probablemente marque el camino de lo que acabará siendo el futuro en este sector en toda Europa».
Finalmente, la académica y presidenta de la Fundación Autor, Marisa Castelo, ha dicho que «parece que los contenidos se crean solos» y echa en falta en este proyecto de ley «alguna referencia, algún guiño o algún apoyo a los autores». No obstante, ha calificado la ley de «excelente».
