El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves el deseo de España de acompañar a Libia en el "momento histórico" que tiene ante sí con el nuevo ejecutivo de unidad y ha confirmado que como prueba de ello habrá efectivos españoles en el mecanismo encargado de verificar el alto el fuego en vigor desde octubre.

En una breve comparecencia junto al nuevo primer ministro libio, Abdul Hamid Mohamed Dbeibé, con quien se ha reunido en Trípoli, Sánchez ha expresado su deseo de que su visita al país norteafricano sea "un punto de inflexión" y que los dos países "puedan trabajar juntos en esta importante fase de la historia de Libia".

"El futuro no está escrito y España quiere acompañar a nuestros hermanos libios en este camino", ha asegurado el presidente del Gobierno, resaltando los "múltiples lazos" que unen a los dos "países vecinos y amigos", no solo en el ámbito empresarial.

España, ha sostenido, quiere estar al lado de Libia en este "momento histórico" como lo ha estado desde el principio en el proceso iniciado hacia la estabilidad y la reconciliación. Por eso apoyará la celebración de elecciones prevista para finales de años y contribuirá al fondo del PNUD con 100.000 euros, según ha informado Moncloa, mientras que se continuará financiando el desminado del país con otros 50.000 euros.

Asimismo, ha confirmado que "varios efectivos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad" van a participar en el mecanismo de verificación del alto el fuego alcanzado por los dos gobiernos enfrentados --el de Trípoli, reconocido internacionalmente, y el del este, sustentado por el general Jalifa Haftar--.

Según ha indicado, ya se ha notificado esta decisión a la ONU, si bien no ha ofrecido más detalles sobre el nivel de participación. Según el plan de despliegue por fases propuesto por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la fase inicial harían falta un máximo de 60 observadores, los cuales no irán armados.

REAPERTURA DE LA EMBAJADA

Por otra parte, Sánchez ha resaltado la reapertura "con plenas capacidades" de la Embajada española, cerrada desde 2014 y que desde entonces ha venido funcionando desde Túnez.

A partir de este jueves, ha precisado volverá a prestar servicios consulares, incluida la expedición de visados, siendo el único país junto con Italia en que podrá emitir visados de la zona Schengen. Se trata, ha añadido, de un paso importante "para apoyar la movilidad y la cooperación" de cara al futuro.

A primera hora de la tarde, el presidente del Gobierno ha participado junto a la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en un acto de reapertura "cargado de significado" y que, ha dicho, "supone un claro ejemplo del apoyo de nuestro país al proceso político libio".

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Sánchez ha resaltado también que el hecho de que haya viajado a Trípoli acompañado de una delegación de empresarios --Indra, Repsol, Aertec, Triarena, IDOM, Navantia, Instituto IMO/Grupo Miranza y HM Hospitales-- pone de manifiesto el interés que hay por el país entre las empresas españolas.

"Las necesidades son muchas y por lo tanto también se generan oportunidades en múltiples sectores, más allá de los hidrocarburos", ha defendido, citando entre otros la salud, las infraestructuras, las energías renovables o el transporte.

Para hablar de estas oportunidades Sánchez y el primer ministro libio han participado en un encuentro empresarial, en el que presidente ha destacado que "busca fortalecer la transformación económica en el actual proceso de reconstrucción y reactivación de Libia".

El encuentro con el primer ministro, ha precisado Sánchez, ha permitido "constatar el deseo mutuo de profundizar las relaciones y de iniciar nuevos proyectos de colaboración".

La visita se ha completado con una reunión con el presidente del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Menfi, a quien ha reiterado el firme deseo de España de ahondar en la relación mutuamente beneficiosa entre ambos países, para la prosperidad, el desarrollo sostenible y el bienestar de ambos pueblos, según ha informado Moncloa.

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO

Durante la jornada se ha procedido a la firma de ocho memorandos de entendimiento. Sánchez y el primer ministro libio han rubricado cuatro sobre transporte aéreo, marítimo y terrestre; agricultura; aduanas, y educación secundaria, que fomenta el intercambio de información, los programas de intercambio de estudiantes y profesores, y la futura creación de becas.

Por su parte, González Laya y su homóloga libia han suscrito memorandos sobre consultas políticas, como mecanismo institucional de diálogo a nivel ministerial, y sobre escuelas diplomáticas, por el que se fomenta la colaboración y el intercambio de alumnos, profesores y expertos.

A su vez, la Cámara de Comercio española ha firmado otro que busca desarrollar y ampliar la cooperación económica, comercial, científica y técnica entre los organismos y sociedades relacionadas, mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes ha firmado otro para la cooperación conjunta en materia de bienes culturales, incluyendo la lucha contra el comercio ilícito del legado cultural.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo ha condenado a un hombre a una pena de 3 meses de prisión y a la prohibición de comunicarse o acercarse a su hija durante 9 meses por un delito de maltrato, después de que golpease a la joven en la cara en el transcurso de una discusión.

En la sentencia, la jueza declara probado que el 13 de marzo de 2020 se inició una discusión entre la menor de 16 años y su padre, José Ángel, durante la que el hombre golpeó con la mano en la cara a la joven, provocándole una contusión nasal de la que tardó en curar cuatro días.

La magistrada entiende que los hechos "son legalmente constitutivos de un delito de malos tratos". Así, considera que con la prueba practicada y en especial con la declaración, la testifical y la documental "han resultado debidamente acreditados los hechos".

Así, aunque "existen dos versiones totalmente discrepantes" --la del varón y la de su hija--, afirma que "la versión que se ajusta a la realidad de lo sucedido es la que ha ofrecido la denunciante, pues, su claro y preciso testimonio aparece avalado por datos objetivos y periféricos".

Así, la joven mantuvo que el día de los hechos su padre acudió en coche para firmarle unos papeles. Él le "insistió en que se sentara y hablara con él" pero ella se negó, por lo que el hombre dijo que no se los firmaría. La perjudicada explicó que "en ese instante, introdujo la mitad de su cuerpo en el vehículo para coger los papeles, momento en que el acusado la golpeó con el dorso de la mano derecha en la nariz".

La jueza apunta que no aprecia "motivo espurio que pueda viciar o poner en duda" la versión de la denunciante, quien en aquel momento no tenía con su padre una relación "ni buena ni mala", y a ello añade que "la perjudicada ha ofrecido una versión inculpatoria rotunda, coherente, firme y sin fisura, facilitando en su relato datos periféricos que el acusado no niega".

CONDENA

Por todo ello, condena al hombre por un delito de maltrato a una pena de 3 meses de prisión y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 1 año y 1 día. Asimismo, le prohíbe comunicarse por cualquier medio o acercarse a menos de 200 metros de su hija o cualquier lugar frecuentado por ella durante 9 meses.

Con ello, ve rebajada la pena que inicialmente pedía la Fiscalía, quien le consideraba autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y reclamaba para él 6 meses de prisión, privación del derecho de tenencia y porte de armas durante 1 año, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio o aproximarse a su hija o cualquier lugar frecuentado por ella durante un año.

Los próximos tres días, las tormentas afectarán a muchas regiones de la Península, siendo bastante intensas y casi generales durante la jornada del sábado, según el director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado. En este contexto, se prevé que las tormentas dejen acumulados de lluvia superiores a 50 litros por metro cuadrado (l/m2).

Como señala Maldonado, "en la primavera es común que se produzcan cambios bruscos en la situación meteorológica, tal y como hemos podido comprobar en los últimos días". Así, recuerda que en el pasado fin de semana las temperaturas superaron los 35 ºC en Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía y poco después, varias regiones se vieron afectadas por fenómenos tormentosos "como Valladolid, donde el pedrisco dañó la denominación de origen Ribera del Duero, Burgos que vió afectado su cereal y Aragón la cosecha de fruta".

Para la tarde de este jueves, habrá lluvias de carácter débil en las regiones cantábricas causadas por una vaguada mientras en muchas zonas interiores de la mitad norte se registrarán intensas tormentas, que se extenderán también por la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y el este de Castilla La Mancha y de Andalucía.

Las temperaturas máximas se mantendrán en toda la Península excepto en Galicia, que descenderán. En las regiones mediterráneas y Baleares soplarán los vientos del este y habrá fuertes rachas en las zonas donde se producirán las tormentas.

Durante la jornada del viernes, Maldonado detalla que se irá aproximando al suroeste peninsular un embolsamiento de aire frío por el Atlántico. A lo largo del día, la nubosidad irá aumentando en la mitad norte y este, apareciendo chubascos tormentosos en la cuenca del Ebro y el este de Castilla y León. En Baleares y Melilla habrá polvo en suspensión y Canarias tendrá cielos parcialmente nubosos en el norte y despejados en el sur.

En Galicia, las temperaturas máximas subirán mientras que en el resto de regiones del interior descenderán, sin llegar a los 30ºC en ninguna capital de provincia.

El sábado, avanza que el embolsamiento se habrá colocado sobre la mitad occidental de la Península y provocará chubascos tormentosos en el centro y este peninsular, así como en Baleares, donde las lluvias podrían ir acompañadas de barro (llamada 'lluvia de sangre') debido a la presencia de polvo en suspensión. Algunas de estas tormentas serán fuertes y presentarán granizo. La inestabilidad durante este día será casi generalizada.

El domingo la atmósfera tenderá a estabilizarse, aunque las primeras horas podrían estar marcadas por algunos chubascos en la zona de los Pirineos, Cataluña y el archipiélago balear, mientras que por la tarde la Comunidad Valenciana podría verse afectada por nuevas tormentas. En el norte de Canarias se mantendrán los cielos parcialmente nublados.

Las temperaturas subirán de forma notable, pudiéndose alcanzar los 35ºC en la mitad oeste de Andalucía. En la zona del Estrecho soplará levante fuerte, en el valle del Ebro el cierzo, del norte en el Ampurdán y Alisio en el norte de las Islas Canarias.

El PP de Galicia buscará reforzar su "centralidad valiente" y su "feminismo real" en el 17º congreso autonómico del partido, en el que el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, repetirá con toda probabilidad su liderazgo al frente del partido.

El cónclave, que tendrá lugar el 16 y 17 de julio cuando se cumple un año de la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las gallegas, ha sido presentado este jueves por la presidenta del comité organizador, Pepa Pardo, en una rueda de prensa ofrecida tras la primera reunión del grupo de trabajo. Así, ha destacado que la convención será "abierta, participativa y funcional" con un objetivo prioritario: "Seguir mejorando y creciendo para seguir conectando con los gallegos".

"Las ideas y propuestas en las que se centrará el congreso tienen que funcionar para que el partido sirva a Galicia hoy y lo preparen para servirlo mañana", ha explicado Pardo. Un ideario con el que, como ha señalado la dirigente del comité, representarán una alternativa de centro-derecha, "una respuesta efectiva, sensata y valiente frente a las fórmulas mágicas de los populistas".

"El PP es el dique de contención de un PSOE que hace tiempo que perdió el norte y un nacionalismo cada vez más radical y ensimismado", ha remarcado Pepa Pardo.

Respecto a la eventual renovación en el seno del partido, la encargada del grupo organizador ha señalado que ese es "un proceso siempre presente en el PP", más allá de cargos concretos. "Nos centraremos en ideas y propuestas, y no en equipos o nombres propios", ha señalado Pardo.

"FEMINISMO REAL Y NO DE PANCARTAS"

Por otro lado, dado que el comité organizador está formado por ocho mujeres, Pepa Pardo ha reivindicado el carácter feminista del partido popular, "que hace un feminismo real y no de pancarta o con puestos elegidos a dedo".

"No se nos ha encomendado este trabajo por lo que digan nuestros carnés de identidad o por nuestro género, sino por nuestra capacidad profesional", ha resaltado Pardo, que ha añadido además que no se sienten representadas por ese feminismo "más preocupado por el lenguaje que por la igualdad real" y en el que "los machos alfa escogen a sus sucesoras a dedo".

CONGRESO EN PONTEVEDRA

El 17º congreso autonómico del PPdeG se celebrará los días 16 y 17 de julio en Pontevedra, en el pabellón municipal de deportes. Según ha apuntado Pardo, se esperan 2.000 asistentes a una convención "que respetará todas las medidas anticovid" y cuyo "eje principal" serán las ponencias. Además, Pardo se ha mostrado con esperanzas de que la celebración de la convención suponga un revulsivo económico para la ciudad.

"Pontevedra es un símbolo para el Partido Popular. En su plaza de toros se gestaron las cuatro mayorías de Núñez Feijóo, por lo que apostar por esta ciudad es un apuesta segura", ha comentado la responsable de la organización a propósito de la localización del evento, en una ciudad que, pese a que el ayuntamiento está en manos del BNG desde 1999, es uno de los caladeros del PP en el resto de elecciones.

Los casos activos de Covid-19 en centros educativos de Galicia siguen con tendencia descendente y caen a 425, que implican 26 menos, mientras las aulas inoperativas se reducen a 10, cinco menos, de las cuales seis corresponden al área de Vigo, y no hay centros cerrados.

Así se refleja en los datos actualizados este jueves por las consejerías de Educación y Sanidad, de los que se desprende que por áreas sanitarias, los casos activos descienden en las de Vigo (-21), Lugo (-5) y A Coruña (-5); ascienden en las de Ferrol (+3) y Ourense (+2), mientras que siguen sin cambios en las de Santiago y Pontevedra.

A la cabeza en infecciones activas sigue el área de Vigo, con 158 casos, 21 menos que la jornada anterior, y descienden a seis las aulas inoperativas --seis menos--. El IES de Mos continúa como el más afectado de toda Galicia, con 27 contagios --seis menos-- y sin aulas cerradas --hasta el día anterior tenía cuatro--. Y el IES Rosais 2 reduce a ocho los contagios --uno menos--.

A continuación la de Lugo se coloca con 59 casos activos --cinco menos-- y prosigue sin aulas cerradas. El CEIP de Celeiro constituye el centro con más casos, ocho --dos menos--.

Le sigue el área de Santiago, con 55 infecciones activas --sin cambios--, y dos aulas cerradas --igual que la jornada pasada--. Como centro más afectado sigue el CPR Plurilingüe Galaxia de Ribeira, con cinco contagios --sin cambios--.

Por su parte, la de Pontevedra se mantiene en 54 casos activos e incorpora un aula cerrada --el día pasado no tenía ninguna--, en el CEIP Manuel Padín Truitero de Soutomaior, que acumula siete positivos. Mientras, el CEIP Arealonga de Vilagarcía de Arousa reduce a tres los positivos --tres menos--.

La de A Coruña reduce a 50 los casos activos --cinco menos-- y sigue con un aula cerrada --sin cambios--. El CPR Plurilingüe Hijas de Jesús destaca en esta área con nueve positivos --sin cambios--.

OURENSE Y FERROL

Por su lado, las áreas de Ourense y Ferrol siguen a la cola de infecciones activas. La primera cuenta con 29 casos --dos más-- de los que tres corresponden al CPR Plurilingüe San José de la ciudad de As Burgas --sin cambios-- y continúa sin clases inoperativas.

Y el área de Ferrol incrementa a 20 los positivos --tres más-- distribuidos en 15 centros y permanece sin clases cerradas. El CPI As Mirandas de Ares aglutina el mayor número de contagios, con cuatro.

Las seis personas acusadas de introducir más de 400 kilos de cocaína camuflada en contenedores de fruta y cacao a través del puerto de Algeciras (Cádiz) se han declarado inocentes ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra

El Ministerio Fiscal solicita penas de entre diez años y medio de cárcel y quince años de prisión para los seis acusados, que han pedido la nulidad de las investigaciones llevadas a cabo en esta causa.

La primera sesión del juicio, celebrada este jueves, la han ocupado los abogados de la defensa en plantear las cuestiones previas al inicio de la vista oral que, como suele ser habitual en los juicios por narcotráfico, alegan la vulneración de los derechos fundamentales de los encausados, especialmente el derecho de defensa, y cuestionan que se vaya a celebrar el proceso con todas las garantías.

Los letrados han alegado la vulneración de la tutela judicial efectiva, entre otras razones, por haberles sido negado el acceso a las bases de datos policiales llegando a acusar a Ministerio Fiscal de generar una "ficción absoluta" respecto a la existencia de una agrupación criminal.

También han rechazado que la Guardia Civil utilizase a un agente encubierto en la investigación, insinuando que dicha técnica fue un fraude de ley y que este infiltrado se excedió en sus competencias. Incluso han alegado contra los registros practicados y han acusado a los investigadores de "inventarse" unos antecedentes policiales de manera "artificiosa".

De manera contundente el fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra, Pablo Varela ha calificado estas alegaciones de los abogados de la defensa como "vagas, ambiguas y faltas de desarrollo" asegurando que están "vacías de contenido".

En una larga exposición, el fiscal rebatió cada una de las tesis de los acusados y llegó a señalar a alguna de sus alegaciones como "conspiranoide", como un "inútil intento de intentar confundir" al tribunal negando la existencia de "cualquier aspecto que acredite la nulidad de las actuaciones" y reconociendo a los letrados que "si no se estiman sus peticiones de nulidad se quedará desnuda su defensa".

UN FUGADO, OTRO FALLECIDO

Inicialmente eran ocho las personas investigadas, pero una de ellas está fugada y el otro individuo falleció. Se trata del vilanovés condenado en la operación Nécora, Luciano 'Chano' Núñez, conocido también como Lucky Luciano. La Fiscalía le sitúa como líder de esta trama que pretendía establecer "una vía estable de entrada de droga por el puerto de Algeciras".

Para ello, contactó con un agente de la Guardia Civil en esa terminal, al que pagaron 10.000 euros para que facilitase la entrada de los contenedores con la droga. Sin embargo el guardia civil informó de todo a sus superiores y fue habilitado para actuar como agente encubierto al servicio de la investigación policial.

La Fiscalía acusa a los procesados de formar parte de "un conjunto de individuos estructurado merced a las relaciones personales y medios materiales dispuestos por ellos", que tenía como "finalidad última y exclusiva" la introducción en España de distintas partidas de drogas y estupefacientes, principalmente cocaína, "para su comercialización lucrativa en el mercado ilícito".

Apunta el Ministerio Público que los acusados "contaban con un esquema de actuación estable, jerarquizado y con un preciso reparto de funciones y cometidos, todo ello encaminado al objetivo de desarrollar una actividad sostenida de venta de sustancias ilícitas, siendo todos conscientes del daño que para la salud pública se generaba con su actividad".

El tribunal ha reservado la sala para los días 7, 8, 9, 10 y 11 en previsión de que se prolongue la vista oral de este caso, que procede del Juzgado de Instrucción nº1 de Vilagarcía de Arousa, y que cuenta con una lista de 41 personas citadas para declarar.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado la creación de una comisión no permanente de investigación sobre responsabilidades derivadas de la condena por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exgerente del Consorcio Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida Pedro Salguero.

La solicitud, planteada por el Grupo Popular, ha recibido el apoyo también de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), y el rechazo del PSOE.

La oposición en bloque ha defendido la necesidad, a su juicio, de depurar responsabilidades políticas por lo ocurrido como fórmula también para que no se vuelvan a producir hechos similares.

Mientras, como rechazo a la propuesta, el diputado del PSOE Fernando Ayala Vicente ha argumentado que la Junta ya se personó como acusación en el proceso contra el exgerente, así como que "los extremeños con su paso por las urnas ya han dictado sentencia" como "responsabilidad política" sobre unos hechos ocurridos hace tres legislaturas.

Además, Ayala ha incidido que iniciativas como la que defiende el PP contribuirían con su política "carroñera" a "dañar" la imagen del certamen teatral emeritense y, con ello, "pueden atacar y dañar al turismo y la economía extremeña que se mueven en torno al festival"; al tiempo que ha destacado "la transparencia y eficacia" al "sanear" las cuentas de la cita emeritense practicada por el PSOE.

EL PP BUSCA DIRIMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Así, en defensa de la creación de la comisión, el diputado del PP Laureano León ha argumentado que una vez dirimidas las responsabilidades penales por lo ocurrido "hay que dirimir las responsabilidades políticas", porque el exgerente del Festival de Mérida Pedro Salguero fue "puesto a dedo" por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y porque lo ocurrido supone "un claro caso de corrupción" del gobierno socialista.

"La justicia ha cumplido y ahora nos toca a los políticos cumplir", ha espetado, porque "no es bueno mirar para otro lado". "Por una cuestión ética hay que ganar la batalla a la corrupción, y ésta se gana combatiéndola, no tapándola", ha subrayado. "No hay ninguna duda de que se han cometido irregularidades, hechos delictivos", y "hay que acabar con esa mancha que puede minorar el prestigio de una auténtica sella de identidad" para Extremadura, ha dicho.

Así, tras recordar hay una sentencia que condena al exgerente del festival Pedro Salguero "por los delitos de malversación y prevaricación administrativa", ha incidido en que ahora "se trata de depurar las responsabilidad políticas y al mismo tiempo evitar que esta mala gestión, esta mala praxis, esta corrupción pueda producirse en el futuro".

"Se condena al exgerente a una pena de privación de libertad y a inhabilitación. Es un claro caso de corrupción del gobierno de la Junta presidido por Fernández Vara, un hecho probado y sentenciado. Estamos hablando de delitos continuados en el tiempo que se inician en 2007 y acaban en 2011, curiosamente con la llegada del gobierno de Monago, que fue quien destapó estas irregularidades y hechos delictivos" por parte de un exconcejal socialista como Pedro Salgado, ha subrayado.

Con ello, ha recalcado que el PP pretende averiguar, así, el PP "¿por qué no se actuó pese a los requerimientos de la Intervención General de la Junta? ¿Por qué no se aprobaron las cuentas del Patronato del Festival que copresidía el presidente de la Junta, Fernández Vara? ¿Por qué se ha protegido y mantenido en el cargo al exgerente del Festival durante tantos años?", ha preguntado.

"Queremos saber por qué el gobierno presidido por Vara ha querido tapar y echar tierra encima de todo este asunto, por qué ha sido tan permisivo. ¿Es que ustedes tienen algo que ocultar?", ha preguntado a los socialistas, y ha incidido en que los extremeños tienen "el derecho de saber qué es lo que ha ocurrido realmente" en el Festival de Mérida, donde "ha ocurrido una verdadera tormenta de corrupción".

EL PSOE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

A su vez, el diputado del PSOE Fernando Ayala ha recordado que la Junta se personó en el proceso contra el exgerente, tanto como Abogacía como por parte del Consorcio, y ha pedido que la derecha "no dé lecciones de corrupción o de corruptos".

Sobre la sentencia contra Salguero, ha resaltado que "se ajusta a todo lo que pedía la Junta" para "no dejar pasar por alto ni una sola actuación negligente", y dentro de la iniciativa de la Administración regional de denunciar "cualquier sombra de corrupción de un cargo público".

Además, ha incidido en que "la Junta ha aprendido de los errores de la gestión del festival" de tal modo que "se ha establecido un elevado número de controles en todo el proceso administrativo, y eso hace ahora que sea un proceso tan riguroso que no llegue a su tramitación tan ágil como a todos nos gustaría", ha dicho.

Asimismo, ha destacado la "persecución" que hace el PSOE ante la corrupción. "Nos sentimos muy orgullosos de que cuando nos encontramos contra un sinvergüenza actuamos contra él", ha dicho Ayala, quien por eso reconoce que el PSOE aplaude la sentencia contra Salguero.

CIUDADANOS ESPERA QUE "LA HISTORIA NO SE REPITA"

Mientras, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén, ha defendido la creación de una comisión de investigación para "depurar responsabilidades políticas" tras la gestión del exgerente Pedro Salguero en el Festival de Mérida "para que la historia no se repita".

"Una vez determinada la responsabilidad penal hay que depurar las responsabilidades políticas para que no nos falle la memoria y no se repita la historia", ha subrayado Marta Pérez, quien ha afirmado que no es "suficiente" con que la Junta se haya personado en la causa contra Salguero, sino que "el condenado fue designado a dedo por la consejera de Cultura, como él mismo ha dicho" y por tanto hay que asumir, a su juicio, también "responsabilidades políticas" por lo ocurrido.

La diputada de Cs, igualmente, ha incidido en que "durante años fallaron los controles de la Junta de Extremadura como dice la sentencia"; y ha ahondado en que "ya existe una responsabilidad penal, y es el momento de las responsabilidades políticas" a través de una comisión de investigación.

"Deberán analizarse cuáles fueron los errores, cuáles son los controles actuales y si son necesarias nuevas medidas de control", ha apostado Marta Pérez, quien ha defendido la comisión de investigación para cerrar una página "negra" de la gestión del Festival de Mérida.

UNIDAS POR EXTREMADURA CREE QUE HAY QUE "RENDIR CUENTAS"

De su lado, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero, tras defender el incentivo del Festival de Mérida para la cultura y el turismo en la región, ha incidido en que hay que "rendir cuentas" tras la condena del exgerente del certamen Pedro Salguero por el "manejo de los fondos públicos", ya que aparte de la "responsabilidad penal" habría que asumir "responsabilidad política" por los hechos "acontecidos y probados".

"Salguero fue puesto ahí por algún cargo político que ahora debería dar la cara", ha señalado Rodríguez, quien ha abogado también por una gestión "más transparente y auditada" del certamen emeritense, después de que recientemente la licitación de su gestión haya sido "interminable" y con pliegos que "favorecen al actual adjudicatario".

Así, ha defendido que "procede un análisis" para evitar "dudas de favoritismo" y para "mejorar aspectos como la calidad del festival, la cota de profesionales extremeños", y ha añadido que Unidas por Extremadura apoya la comisión porque "es necesario esclarecer todas las cuestiones que ya han tenido un juicio penal" pero sobre la que no se han asumido "responsabilidades políticas".

"Es necesario que desde las instituciones se dé luz y taquígrafo a todos los contratos y procedimientos de fondos públicos", ha recalcado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sometido al parecer del Consejo Fiscal la solicitud de ampliación de plantilla que formulará al Ministerio de Justicia y que ha sido elaborada por la propia Fiscalía General.

Según ha informado la Fiscalía General en un comunicado, la propuesta consiste en un incremento progresivo para los próximos tres años,concretado en 130 plazas en 2021, 116 plazas en 2022 y 103 plazas en 2023, planteando que todas las creadas lo sean de segunda categoría. En los últimos diez años únicamente se han creado 146 plazas de fiscales, 80 de ellas en el mes de abril de 2019.

El objetivo, según ha explicado es acomodar la plantilla orgánica a las necesidades estructurales del Ministerio Fiscal, a fin de poder ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad y en plazos razonables.

La propuesta de la Fiscal General ha tenido en cuenta _a través de un estudio pormenorizado de la situación a nivel cuantitativo, cualitativo y presupuestario_, parámetros como las necesidades de plantilla derivadas de las reformas legislativas acometidas desde 2015 y la previsión de reformas futuras, algunas de tanto calado como el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

También las medidas de refuerzo que pueden considerarse de carácter estructural, la situación actual de la tercera categoría de la carrera fiscal, la incorporación de nuevos fiscales en expectativa de destino, las sustituciones profesionales, la proporción de plazas entre las carreras judicial y fiscal o la previsión de próximas jubilaciones.

Por otra parte, el Consejo Fiscal ha informado sobre la propuesta de 115 plazas a ofrecer a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos que accederán próximamente a la carrera fiscal, 94 de ellos en situación de expectativa de destino.

SE POTENCIARÁN LAS COMISIONES INTERNAS

Finalmente, la fiscal general del Estado ha anunciado al Consejo Fiscal la intención de potenciar la figura de las comisiones de servicio internas como mecanismo a través del que paliar las dificultades de movilidad geográfica de las y los fiscales como consecuencia del déficit de plazas en la actual plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

Por otra parte, el Consejo Fiscal a recibido el borrador de informe al Anteproyecto de nueva LECrim elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y ha acordado un calendario de trabajo para emitir el informe definitivo.

Además, durante la sesión de este jueves ha culminado el trámite de informe del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal para su inminente aprobación y publicación por el Ministerio de Justicia.

Al inicio de la sesión se ha celebrado la despedida institucional del hasta ahora Fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, al que Delgado unas palabras de gratitud y reconocimiento. A continuación, ha tomado posesión como vocal nata del Consejo Fiscal la nueva fiscal jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite.

Los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía, se han alzado este jueves contra el Ejecutivo central, y más concretamente contra el Ministerio de Sanidad, por el documento aprobado ayer en el Consejo Interterritorial de 'nueva normalidad', el cuál han anunciado ya que no acatarán y que mantendrán sus actuales restricciones.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, aprobó ayer, con rechazo de seis autonomías, el documento de obligado cumplimiento en el que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del 'semáforo' de Sanidad.

Durante la votación de este documento, Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, votaron en contra de la propuesta del Ministerio dirigido por Carolina Darias, y, además, tanto Castilla y León como la ciudad autónoma de Melilla, se abstuvieron. De este modo, estas Comunidades se opusieron de forma frontal a este planteamiento de Sanidad, llegando incluso algunas a anunciar que no lo aplicarían en su territorio.

"IMPOSICIÓN POLÍTICA"

La primera autonomía en salir públicamente a denunciar este documento fue la Comunidad de Madrid, quién aseguró que no daría cumplimiento a este planteamiento de Sanidad. Ya hoy, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que no acatará las medidas acordadas en el Interterritorial porque consideran que son de "imposición política" y "no sanitaria".

"Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para apañar y arrollar", ha manifestado, ante los periodistas Ayuso.

Ayuso ha defendido que no se trata de una cuestión de "rebeldía" por su parte porque "rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos".

"INVASIÓN DE COMPETENCIAS"

Por su parte, el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha denunciado que las modificaciones planteadas por el Ministerio de Sanidad suponen una "invasión de competencias" y evidencian "desconcierto absoluto" en la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno central, por lo que ha asegurado que Euskadi "seguirá su propia hoja de ruta" y mantendrá las medidas actualizadas el pasado lunes por las instituciones vascas.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco no participó ni en el debate ni en la votación sobre el documento presentado por el Ministerio, que contemplaba medidas relacionadas con horarios de hostelería, ocio, eventos o cribados, por considerar que afectan a competencias de las instituciones vascas.

MÁS CCAA EN CONTRA

Este documento de Sanidad, aunque fue finalmente aprobado por la mayoría de Comunidades, sí que encontró el rechazo frontal de varias autonomías. Fue el caso, por ejemplo, de Galicia, quien ha reprochado al Ejecutivo central que pretenda "limitar ahora el proceso de apertura" de hostelería y ocio nocturno en la desescalada, transcurrido lo peor de la pandemia de coronavirus.

Por ello, Galicia seguirá su "hoja de ruta" para la desescalada hasta que la asesoría jurídica de la Xunta determine si algunas "partes" del protocolo que el Ministerio de Sanidad presentó este miércoles con normas sobre hostelería y ocio nocturno y eventos multitudinarios para la 'nueva normalidad' son de "obligado cumplimiento".

CASTILLA Y LEÓN LO RECURRIRÁ

En el caso de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado que el Ejecutivo regional recurrirá el Plan aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud si se llega a publicar en el BOE, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad no se aplicará porque "vulnera" las competencias autonómicas y es "más restrictivo" que lo marcado en el semáforo.

También Andalucía, en boca del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado que no acatará estas normas, considerando que se tratan de una "invasión de competencias brutal" por parte del Ministerio de Sanidad.

Hay otras autonomías, como es el caso de Cataluña o Murcia que, aunque votaron en contra de este documento en el seno del Consejo Interterritorial, no han aclarado por ahora si darán cumplimento a la propuesta de Sanidad.

EL GOBIERNO AVISA

En cualquier caso, desde el Ejecutivo, a través de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y varios ministros, como el de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, o la propia vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya han salido al paso de estas declaraciones de algunos Gobierno autonómicos recordando que este documentó contó con el aval de la mayoría del Consejo Interterritorial y avisando de que es de "obligado cumplimiento".

Darias aseguró este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que, en la última discrepancia con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, al final acabaron cediendo. La ministra se refería a la oposición del Gobierno madrileño al documento de obligado cumplimiento sobre medidas restrictivas de cara al puente de San José y a las vacaciones de Semana Santa, que en ese caso, Ayuso finalmente acató.

CERRAR LOS BARES A LAS 1.00 HORAS

Según se recoge en el documento aprobado en el Consejo Interterritorial, se establece cerrar los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, a las 01.00 horas y prohibir fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia.

En concreto, en relación a la hostelería, se señala que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50 por ciento en interior pudiéndose incrementar en un 10 por ciento si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire.

En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Además, se permite el servicio y consumo en barra, manteniendo la distancia antes mencionada, y las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 en exterior.

En los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de 'Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19', aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1 de acuerdo al documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19'.

En ambos escenarios se seguirán las recomendaciones que se proponen para el nivel de alerta 1 en dicho documento como, por ejemplo, que el consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.

La candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad no será remitida a la Unesco este año para su evaluación. El aplazamiento ha sido acordado este jueves por la Xunta y el Estado, que encuadran la decisión en un movimiento "muy normal" que atiende a criterios de "prudencia" para "reforzar" la candidatura tras la emisión de un informe por parte del Incomos, en el que este órgano asesor de la Unesco cuestiona algunos aspectos de la propuesta.

La decisión de posponer la presentación de la candidatura ante el comité de la Unesco ha partido del encuentro mantenido este jueves en París entre el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el embajador de España ante la Unesco, Juan Andrés Perelló, que han coincidido en que el paso es "habitual" en las carreras por conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad y que retrasar la entrega de la candidatura permitirá "fortalecerla" para conseguir el objetivo.

"La Ribeira Sacra será Patrimonio Mundial", ha sentenciado Rodríguez, mientras que Perelló ha incidido en que "lo importante es llegar, no cuándo". El paso atrás acordado este jueves responde al informe del órgano evaluador de la Unesco, el Incomos, que puso en cuestión la incidencia de las presas en el paisaje de la zona y la sacralización del territorio después de la desamortización.

Así lo ha manifestado el titular de Cultura, que ha calificado de "estratégica" la suspensión temporal de la candidatura, una situación "muy normal" en los proceso de declaración como Patrimonio Mundial y que, en los últimos años, se adoptaron en los casos de las propuestas españolas del Priorat de Tarragona, la Menorca Talayótica o el Prosseco en Italia.

Esta última, como ha recordado, logró el renocimiento en 2019 tras aplazar un año su presentación ante el comité de la Unesco, que, tras no reunirse en 2020, tenía previsto hacerlo próximamente.

"SERIAS DISCREPANCIAS"

Para Andrés Perelló, existen "severas discrepancias" con el informe elaborado por Incomos que, a su juicio, conlleva la apertura de "un diálogo profundo". "El problema es que no tenemos tiempo", ha apostillado antes de incidir en que "lo más prudente" es aplazar el traslado al comité de la Unesco la candidatura pues, de hacerse este año, sería evaluado "en base a ese informe" elaborado por Incomos y con el que discrepan Estado y Xunta.

Según el embajador de España ante la Unesco, el documento del órgano asesor para el patrimonio de la Unesco presenta "errores manifiestamente corregibles" y "otras cosas que se pueden incorporar" a la candidatura. Todo ello dentro de un marco de "exigencia" que supone para España "jugar en la primera liga del patrimonio".

En todo caso, ambas administraciones han mostrado su compromiso con seguir adelante con los trabajos para lograr esta distinción para la Ribeira Sacra, al tiempo que han valorado los esfuerzas de todas las instituciones y colectivos implicados.

"No podemos estar más orgullosos del trabajo hecho y de los grandes Hitos que conseguimos en un tiempo récord", ha aseverado Román Rodríguez, que ha emplazado a continuar esa senda para llevar a la fase final la candidatura de Ribeira Sacra "en el menor tiempo posible".

El Consejo de Gobierno ha acordado bajar a nivel 2 de alerta sanitaria por la Covid-19 todas las provincias de Castilla y León, según ha afirmado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, este jueves, donde ha precisado que, sin embargo, las barras de los establecimientos hosteleros seguirán cerradas, aunque sí que se amplía las horas de apertura tanto en interior --hasta la 1 horas-- como en terrazas --lo que marque las ordenanza municipal, por lo general hasta las 2 horas--.

El acuerdo se publicará esta viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León y, previsiblemente, entrará en vigor el sábado y en el mismo también se incluye la apertura de centros de día, hogares de mayores e infraestructuras similares.

No obstante, Igea ha advertido de que pese a que la situación sanitaria ha mejorado de forma generalizada en la Comunidad y los hospitales se encuentra en una posición más positiva hay algunas zonas en las que la incidencia es creciente como es la provincia de Valladolid y, en concreto, los municipios de Medina del Campo y Laguna de Duero, a cuyos alcaldes se ha pedido colaboración para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

Igea ha defendido que no es el momento de incrementar las restricciones dada la situación tanto hospitalaria como epidemiológica y ha confiado en que si la tendencia mejora se pueda ir avanzando en la desescalada, por lo que ha insistido en la colaboración de aquellos que tienen que velar por el cumplimiento de las normas.

El vicepresidente ha advertido así mismo que si la situación empeora se podrán adoptar medidas en cualquier momento sin necesidad de esperar a los 14 días marcados para la desescalada y, pese a que la situación actual obliga a adoptar una decisión "global", las restricciones se podrán adoptar por provincias y en municipios concretos si la evolución es muy llamativa.

El vicepresidente ha detacado además que la incidencia actual ya no se refleja en los hospitales, lo que desvela los efectos de la campaña de vacunación.

RESTRICCIONES

En lo referido a establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas, la declaración del nivel 2 supone, entre otros procederes, que el consumo dentro del local no podrá efectuarse en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 75 por ciento del aforo en mesa en salas de hasta 40 comensales, en salas de 41 a 60 comensales el aforo será de treinta personas y en salas de más de 60 comensales, el 50 por ciento, siendo, además, la máxima ocupación por mesa o agrupación de mesas diez personas.

En terrazas el aforo se limita al 75 por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que haya sido autorizado para este año en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez. No se permite el consumo de pie y la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas estará limitada a diez personas.

En todo caso, en ambos espacios sigue vigente el cumplimiento de la separación entre sillas de mesas y de agrupaciones de mesas, de dos metros en interior y de 1,5 metros en terraza.

Los horarios establecidos para el nivel 2 en interiores de la hostelería son la una de la madrugada, como hora máxima de cierre y las doce para la admisión de nuevos clientes; en terrazas, el horario será el que se recoja en la autorización municipal de actividad.

Así, en lo referido a actividad física y deportiva no oficial en instalaciones y centros deportivos se elimina las restricciones referidas a accesos a vestuarios y duchas establecidas para los niveles 1, 2 y 3.

En cuanto a las competiciones deportivas no oficiales definidas y a sus entrenamientos, podrán desarrollarse al aire libre y en espacios cerrados siendo obligatorio el uso de mascarilla en todos aquellos supuestos en los que el contacto físico sea inevitable.

Otros cambios entran en la regulación de discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno (peñas) que, para el nivel 2, continuarán cerrados para el consumo interior, sin consumo en barra. En el resto de los establecimientos como pubs, karaokes, bares especiales y otros, ese consumo interior se equipara al del resto de la hostelería y la restauración en ese ámbito, no siendo posible consumir en barra y permitiéndose la actividad hostelera con las siguientes condiciones: no podrán superar el 75 por ciento del aforo en mesas en las salas de hasta 40 clientes y del 50 por ciento en las salas de más de 40 clientes, además del resto de obligaciones pertinentes.

El último de sectores normalizados son en centros de día de atención social destinados exclusivamente al ocio para personas mayores, estableciéndose en niveles de alerta 1 y 2 aforos del 75 por ciento.

En centros de día de atención social destinados exclusivamente al ocio para personas mayores que tengan servicio de bar/cafetería el consumo en el interior del centro de este tipo de servicios se ajustará a lo indicado para los establecimientos de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que "el indulto es un instrumento amparado por la ley, es un instrumento legal, del que han hecho uso todos los gobiernos". Según ha añadido, desde 1996 se han concedido en España más de 10.000 indultos.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre el indulto a los condenados por delito de sedición y ha señalado que "como presidenta del Gobierno de Navarra no tengo que tomar ninguna decisión ni actuación; no me toca tomar ninguna decisión al respecto de los indultos porque no nos corresponde".

No obstante, ha preguntado al parlamentario de Navarra Suma José Suárez (PPN) "cuál es la solución que ustedes plantean para Cataluña". "No ha estado más en riesgo la unidad de este país que cuando gobernaban ustedes, el PP. Y en 3 años de Gobierno socialista y Unidas Podemos no ha habido ni un solo salto a la legalidad", ha dicho.

Tras insistir en que "los indultos son un instrumento legal", la presidenta ha defendido que "con Cataluña hay que plantear una solución, hay que dialogar, encauzar, serenar". "Hay que reencontrarse con los catalanes en un proyecto común de país, que entienda la pluralidad", ha expuesto.

Chivite ha manifestado que "hay que escuchar a los demás, eso les falta en el PP". "La política debe ser útil y solucionar los problemas. Cualquier gobierno responsable tiene que plantear líneas de trabajo para solucionar el problema de convivencia con Cataluña. Eso es gobernar, es decidir, comprometerse y mojarse, a pesar de que pueda tener consecuencias negativas", ha afirmado, para pedir al parlamentario de Navarra Suma que "reflexionen y tengan más sentido de Estado".

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha indicado, por su parte, que "la convivencia, la tolerancia, la cohesión social no se puede construir sobre una decisión arbitraria, injusta, caprichosa e interesada". "Vemos que el señor Sánchez, que tiene la capacidad de decidir sobre los indultos, en lo que la está convirtiendo es en una perversión de la gobernanza", ha dicho.

Según ha dicho, "una cosa es la discrecionalidad, que es lo que le corresponde al señor Sánchez, y otra cosa es la arbitrariedad". "Estamos viendo que la decisión del señor Sánchez no es discrecional sino arbitraria, está haciendo una decisión caprichosa a su interés, por un interés de cambiar indultos por votos", ha opinado.

Suárez ha añadido que "no hay razones de justicia, equidad, de utilidad pública" y ha expuesto que "la actitud de los condenados por sedición raya el desprecio a la concesión de los indultos, incluso tienen voluntad de volver a cometer el delito".

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado el desconfinaniento perimetral de las zonas de salud de Ejea de los Caballeros, Gallur y Alagón, en la provincia de Zaragoza, a partir de este viernes, de forma que no habrá ya ningún territorio en esta situación en la comunidad autónoma. Además, tras meses con la actividad suspendida, los locales con licencia de ocio nocturno podrán abrir hasta las 24 horas.

En rueda de prensa, la consejera ha dado a conocer esas medidas ante la mejora de la situación epidemiológica en cuanto a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, que permite también que las provincias de Huesca y Zaragoza reduzcan su nivel de alerta al pasar de la fase tres a la dos, uniéndose así a Teruel, que ya se encontraba en ella desde hace un par de semanas.

Todas estas medidas se van a publicar este jueves, 3 de junio, en el Boletín Oficial de Aragón y entrarán en vigor a las 00.00 horas de este viernes, día 4.

En concreto, se van a publicar dos órdenes por las que a partir de esta medianoche toda la comunidad pasa al nivel 2 de alerta. Asimismo, se desconfinan las zonas básicas de salud de Gallur, Alagón y Ejea, las únicas en las que ahora había limitación a la movilidad, que pasan del nivel 3 de alerta agravado al nivel 2 en el que se encuadra ya todo el territorio aragonés.

Respecto a los indicadores, la consejera ha precisado que en su conjunto "son favorables y con tendencia descendente". En concreto, la incidencia acumulada a siete días es de 69,58 casos por 100.000 habitantes en Aragón, frente a los 81,2 de hace una semana, que se corresponde con un nivel de alerta 2, que se establece cuando se dan menos de 75 casos.

Por su parte, la incidencia a 14 días es de 150,67, y si bien en el nivel 2 debe estar por debajo de 150, se ha decido aplicarlo ya porque se está próximo a esa cifra, que se espera alcanzar en unas horas ya que el índice reproductivo está por debajo de uno, en concreto, es del 0,88, mientras que la positividad de las pruebas es del 5,83 por ciento, ha contado Repollés.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

La consejera ha señalado que la ocupación de las camas de hospital por pacientes con la COVID-19 es del cuatro por ciento --del 5,2 la semana anterior-- y en las Unidades de Cuidados Intensivos del 19,9 --del 27 hace siete días--.

En este último caso, si bien se está por encima del límite del 15 por ciento establecido para el nivel de alerta 2, la consejera ha subrayado que está experimentado una evolución positiva ya que "en los últimos días ha descendido mucho", al pasar de una ocupación de más de 70 camas a las actuales 44.

En cuanto a los números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 125.712 casos confirmados de la COVID-19, de los que 118.552 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.506 fallecimientos.

Por su parte, las residencias de mayores en Aragón cuentan en estos momentos con siete brotes abiertos, que afectan a 46 personas, 38 residentes y ocho trabajadores, todos ellos positivos por coronavirus.

Una persona está ingresada en un centro hospitalario y el centro Covid de Casetas atiende a cuatro personas. Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón, en julio, han fallecido 775 personas en las residencias de mayores de la comunidad autónoma.

PROVINCIAS

La incidencia acumulada a siete días es de 73,52 casos por 100.000 habitantes en Zaragoza, 71,4 en Huesca y 32,79 en Teruel. En lo que se refiere a las capitales, la aragonesa tiene una tasa de 60 casos por 100.000, Huesca, 133 casos y Teruel de 80 casos.

Por su parte, las zonas básicas de salud de Ejea, Alagón y Gallur, hasta ahora confinadas perimetralmente, tienen unas incidencias a siete días de 109,6, 32,1 y 53,6, respectivamente, todas por debajo de la media salvo Ejea, si bien en todos los casos la tendencia es descendente, ha puntualizado la consejera.

En el conjunto de Aragón, el seguimiento de los contactos a diez días se ha estabilizado y en estos momentos se está realizando seguimiento a 2.615 personas, frente a las 3.647 de la pasada semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a seguir a 24.297 personas.

Por todo esto, el Departamento de Sanidad ha decidido que toda la comunidad autónoma se sitúe en un nivel de alerta 2, en el que se han aplicado varias modulaciones en cuanto a las restricciones para evitar la propagación del coronavirus.

Las medidas en vigor desde este viernes para todo Aragón son un límite de diez personas en reuniones sociales, tanto en el ámbito público, como privado. En el caso de la hostelería y restauración, se fija el cierre a las 24.00 horas y habrá aforos del 50 por ciento en el interior y del cien por cien en el exterior. Cada mesa podrá ser ocupada por un máximo de seis personas en el interior y diez personas en terraza.

OCIO NOCTURNO

Por su parte, el ocio nocturno puede reabrir con las mismas condiciones que el resto de la hostelería hasta las 24.00 horas, con aforo del 50 por ciento interior y cien por cien exterior. No se podrán utilizar las pistas de baile, ni las barras.

En esta medida, tanto la consejera, como el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, han remarcado que se ha optado por aplicar las mismas limitaciones que a la hostelería en general.

Falo ha esgrimido que el propio documento de actuaciones del Ministerio de Sanidad "equipara las condiciones de hostelería y ocio nocturno", que, por otra parte, "son las mismas que nosotros tenemos en el nivel de alerta 2".

En el caso del comercio, el aforo será del 50 por ciento y en mercadillos se podrán instalar el cien por cien de los puestos, mientras que el aforo del recinto no podrá superar el de dos personas por cada cinco metros cuadrados.

Las competiciones deportivas permiten público, también en las competiciones de menores de 16 años, con el 50 por ciento de aforo, el mismo que se contempla para las piscinas al aire libre y el gimnasios, donde los grupos serán como máximo de 10 personas en las actividades.

En cines, museos y salas de exposiciones también hay aforo del 50 por ciento y se eleva a 20 el número de personas que pueden participar en grupo en actividades guiadas. En las salas con butacas preasignadas, habrán de mantenerse las distancias de metro y medio o butacas alternas. Los establecimientos de juego podrán abrir hasta las 24.00 horas con aforo al 50 por ciento.

Las celebraciones --bodas, bautizos, comuniones-- se podrán desarrollar con hasta 40 personas en el interior y 70 personas en el exterior. Por su parte, plazas, recintos e instalaciones taurinas contará con un aforo del 50 por ciento y butacas preasignadas con distancias de metro y medio o butacas alternas. Las mismas condiciones se fijan para las salas de concierto.

El aforo será también del 50 por ciento en atracciones de feria, reuniones de órganos de gobierno, conferencias, congresos --en las que podrá haber hasta un máximo de 500 personas--, lugares de culto, donde, además se permite cantar, "que hasta ahora estaba prohibido Y había mucha demanda de que se pusiese permitir", ha apuntado la consejera. Las actividades de guía turístico podrán sumar grupos de hasta 20 personas.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo regional recurrirá el Plan aprobado ayer en el Consejo Interterritorial de Salud si se llega a publicar en el BOE, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad no se aplicará porque "vulnera" las competencias autonómicas y es "más restrictivo" que lo marcado en el semáforo.

Igea se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha mostrado su "sorpresa" por la propuesta realizada ayer en el seno de este Consejo y sobre la que Castilla y León se abstuvo con el fin poder cerrar un acuerdo, mientras que otras regiones como Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y País Vasco votaron en contra.

"No tiene sentido que aumentemos restricciones cuando baja la incidencia y la hospitalización", ha señalado el vicepresidente, quien ha lamentado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "utilice el Consejo para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas que en este momento no tienen sentido y que la población no lo va a entender porque la evolución sanitaria es positiva

Igea ha recordado a Darias que en el Interterritorial los acuerdos deben tener consenso cuando no se está en un momento de Estado de Alarma, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno central no puede "invadir competencias" de las autonomías.

"No puede ser que el Gobierno decida suspender el Estado de Alarma pero intenta recuperar el mando único y la autoridad, usted lo ha tenido en su mano", ha advertido el vicepresidente, quien ha acusado al Ejecutivo de ejercer el "autoritarismo" a la vez que elude "responsabilidades".

Igea ha considerado que la obligatoriedad de este plan es "muy" discutible desde el punto de vista legal, por lo que ha pedido a la ministra que no publique las restricciones porque, de ser así, la Junta ser verá "obligada" a recurrir.

"Este no es el camino para intentar recuperar el consenso", ha señalado Igea, quien ha reclamado al Ejecutivo central que explique si en esta "deriva" tiene algo que ver el "fracaso político" o la "frustración" generado por las segundas dosis de AstraZéneca.

Igea ha aprovechado también para arremeter contra el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, sobre el que ha afeado sus declaraciones en torno a esta segunda dosis y los "grupos de presión" que influyen en las tomas de decisiones.

"Esto no lo hace ni un responsable político ni un sanitario que se precie, no puede deslizar acusaciones y generar aún más incertidumbre entre la población", ha zanjado Igea, quien ha reclamado al Ministerio que "vuelva al consenso, al sentido común y que abandone la senda del enfrentamiento.

"La minstra va en sentido contrario en la autopista", ha señalado el vicepresidente, quien se ha referido también al conflicto generado en torno a la adjudicación del plazas de los MIR.

Sobre el ocio nocturno, Igea ha aclarado que la Comunidad está en Nivel 2 y las restricciones en torno al sector se seguirán sobre lo fijado en este nivel del semáforo. "Se va a aplicar según está en el semáforo", ha asegurado.

Castilla y León suma este miércoles 256 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa el global en 236.095, así como un total de 30.165 altas médicas, de ellas 24 nuevas, y dos fallecidos, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas sitúan el casillero de fallecimientos en hospitales en 5.761, mientras que los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 280 --seis menos que en la jornada anterior-- y los casos positivos a ellos vinculados, 1.663 --diez más--.

De ellos, Ávila contabiliza 22 brotes --dos menos que ayer--; Burgos, 57 --uno menos--; León, 38 --cuatro menos--; Palencia, 27 --uno más--; Salamanca contabiliza 34, uno más; Segovia, 16 --uno más--; Soria, ocho --los mismos--; Valladolid cuenta con 61, uno menos, y Zamora 17, uno menos que en la jornada precedente.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 236.095 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 256 en la última jornada. De ese total, 229.295 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID, A LA CABEZA CON 65 NUEVOS CASOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 65 nuevos casos para sumar 52.293; le sigue León, con 50 y 41.073; Burgos, con 42 para un total de 36.628; Segovia, con 25 y 17.703 totales; Palencia, con 21 para un total de 19.478; Salamanca, con 18 nuevos y 32.485; Zamora, con 17 y un total de 13.614; Ávila, con 14 y 12.887 en total; y Soria, con cuatro y 9.934 totales.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total se eleva 5.761 tras sumar dos nuevas víctimas en Valladolid y Segovia. Así, la provincia vallisoletana contabiliza 1.169 fallecidos; seguida por León, con 1.153; Salamanca, que tiene 839; Burgos, 712; Palencia, 450; Zamora, con 436; Segovia, con 370; Ávila, con 344, y Soria, con 288.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 30.165, de las que se han computado 7.332 en Valladolid; 5.198 en León; en Burgos, 4.201; en Salamanca, 4.133; en Palencia, 2.278; en Zamora, 1.975; en Segovia, 1.942; en Ávila, 1.780, y en Soria, 1.325.

UN HOSPITALIZADO MENOS

A día de hoy hay un total de 251 hospitalizados, uno menos que ayer. De estos pacientes, 161 se encuentran en planta --uno más que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se reducen a 90 --dos menos--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en diez hospitales de las distintas provincias y ocupan un 27 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto menos que la jornada precedente.

Así, se informa de 18 ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de León; 14 en el de Burgos; once en el Río Hortega de Valladolid; diez en el Clínico Universitario de la misma ciudad y en el complejo de Palencia; siete en el Hospital de El Bierzo y en el Complejo Asistencial de Ávila; cinco en los complejos de Salamanca y Soria; tres en el de Segovia y ninguno en Zamora.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su "desacuerdo" con las medidas "impuestas" por el Ministerio de Sanidad este miércoles en el documento para la 'nueva normalidad' aprobado en el seno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que cree que supone "un paso atrás" respecto a lo acordado en la Región por el Comité de Seguimiento del Covid.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este jueves se ha celebrado con carácter extraordinario en Cartagena, López Miras ha reconocido que ha sido un año "complicado" en el que la pandemia "se ha convertido en una constante diaria" en la que todas sus decisiones y actividad de un millón y medio de murcianos "han estado marcadas por la lucha contra el virus o por las limitaciones que esto ha provocado".

"Hoy, afortunadamente, estamos más cerca del final de esta guerra que hemos librado contra el virus los últimos 16 meses", según el presidente autonómico, quien destaca que las últimas decisiones del Comité Covid "así lo han demostrado". Ha recordado que, durante un año, la Región "ha hecho enormes sacrificios a todos los niveles" y muchos negocios "se han resentido de algunas medidas y, aún así, han comprendido que lo primero era la vida y después la economía.

"Gracias a ese enorme trabajo y a la responsabilidad de los ciudadanos de la Región de Murcia, hoy podemos decir que somos una de las comunidades autónomas más seguras de toda España", según López Miras, quien ha reconocido que no ha sido un camino "fácil" pero las medidas "han funcionado" y permiten a la Región afrontar un verano con medidas "flexibilizadas".

A su juicio, lo que no es de "recibo" y no entiende es que "el mismo Gobierno central que lleva un año desaparecido y al margen de la gestión de la pandemia, que ha delegado sin miramientos la pandemia en las comunidades autónomas, aparezca ayer a imponer unas medidas sin ni siquiera" haber escuchado a las autonomías.

Ha reprochado que el Gobierno de España tome estas medidas, "como siempre, sin consenso, sin diálogo y sin tener en cuenta a los que hemos estado en primera línea de lucha contra la pandemia". En este sentido, ha aclarado que la Región de Murcia "no está de acuerdo" con estas medidas, tal y como puso de manifiesto este miércoles.

"Queremos acuerdos de país, decisiones conjuntas, pero así no", según López Miras, quien lamenta que "no hay ni coogobernanza ni trabajo coordinado". De hecho, señala que muchas de las medidas que pretende "imponer" el Gobierno central suponen un "paso atrás" para la hostelería y para la celebración de espectáculos respecto a lo ya aprobado por el Comité Covid de la Región de Murcia a instancias de sus expertos sanitarios.

Ha recordado que son sectores que "han sufrido, que se han sacrificado para llegar hasta este momento en condiciones favorables y que, por cierto, o ha recibido ningún céntimo del Gobierno central". "No estamos de acuerdo, no nos parece justo y así lo hemos dejado constar en el seno del Consejo Interterritorial de Salud", ha remarcado.

López Miras ha afirmado que "toca seguir siendo prudentes" pero también "ir recuperando, poco a poco, la normalidad". Así, ha destacado que la Región está "preparada" para acoger de nuevo a los turistas, "a quienes nos visitan, a quienes contribuyen de forma notable a la recuperación de nuestra economía y de muchos puestos de trabajo, también con prudencia".

Ha señalado que este mes vuelven los cruceros a Cartagena, y eso es "un motivo de enorme alegría" que espera que vaya acompañado también "de la necesaria responsabilidad por parte de todos, especialmente de quien debe velar por la seguridad en las fronteras exteriores".

"Confío sinceramente en que los puertos tengan mejor suerte, en este sentido, que los aeropuertos", según López Miras, quien ha asegurado que, en lo que compete al Gobierno regional, seguirá haciendo "aquello que nos indican los profesionales sanitarios, los servicios de epidemiología y Salud Pública".

"Seguiremos demandando una mayor coordinación entre las regiones para evitar la confusión de los ciudadanos y para hacer eficaces las decisiones que se han tomado", según López Miras, quien ha ensalzado la colaboración entre el Gobierno murciano y el Ayuntamiento de Cartagena, que en este sentido "ha sido total". Por ello, ha agradecido a la alcaldesa y a su Equipo de Gobierno "su lealtad institucional".

López Miras ha destacado que la evolución epidemiológica es "favorable" y la Región está descendiendo a niveles de agosto en cuanto a la hospitalización y en cuanto a los fallecidos. "Eso sí, todavía debemos estar ocupados en la gestión de la pandemia, estableciendo algún tipo de restricciones auque cada vez iremos flexibilizándolas más".

El proceso de vacunación avanza como estaba previsto, con más del 90% de los mayores de 60 años con, al menos, una dosis administradas. Además, el 60% de los mayores de 50 años también la han recibido y este viernes empieza la vacunación de las personas con edades comprendidas entre los 45 y los 49 años.

"Creemos que la evolución está siendo positiva, siempre desde la prudencia, y por eso no entendemos la actitud ayer del Gobierno central intentando imponer unos criterios que no atienden a la situación epidemiológica y que no son flexibles", ha aseverado.

A su juicio, si continúa este ritmo de vacunación y siguen bajando los contagios y las hospitalizaciones, "podremos ir implementando nuevas flexibilizaciones". Y el documento "impuesto" por el Minsiterio de Sanidad "no contempla esa posibilidad de ir relajando las restricciones conforme vaya mejorando la situación epidemiológica".

El Tribunal Supremo ha anulado el toque de queda y la limitación de las reuniones sociales en Baleares por considerar que no son proporcionales teniendo en cuenta la situación epidemiológica en el territorio.

En la sentencia, el Supremo ha considerado que no procede autorizar estas medidas basándose únicamente en principios de prudencia, entendiendo que no quedan suficientemente justificadas las restricciones acordadas por el Consell de Govern.

La resolución del TS es de aplicación inmediata una vez notificada, lo que implica que a partir de esta noche ya no rija el toque de queda en la Comunidad, según los expertos juristas consultados.

En detalle, el TS tumba la limitación a la circulación en horario nocturno entre las 00.00 y las 6.00 horas y la limitación a un máximo de seis personas en reuniones familiares en espacios interiores y de ocho en espacios abiertos. Ratifica el resto de medidas: la limitación de aforo en lugares de culto o los controles de entrada en la Comunidad.

Estas medidas tenían una vigencia prevista entre el 23 de mayo y el 6 de junio; Baleares tenía previsto levantar desde la próxima noche entre el sábado y el domingo el toque de queda, y se mantenían límites a las reuniones sociales, aunque más amplios -10 personas máximo en interior y 15 en exterior-.

NO BASTAN "MERAS CONSIDERACIONES" DE PRUDENCIA O PRECAUCIÓN

Cuando se está en presencia de restricciones tan severas y generalizadas como la prohibición de salir del propio domicilio durante determinadas horas del día o de reunirse con más de seis personas, la justificación pasa por acreditar que tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública. No bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución", advierten los magistrados.

La Sala concluye que las medidas aprobadas por el Govern "no superan el juicio de proporcionalidad", ya que ni éste ni el auto del TSJIB han justificado que resultasen "indispensables a la luz de la epidemiológica existente entonces en el territorio autonómico".

Así, la Sala tumba parcialmente el auto del 20 de mayo de 2021 del TSJIB, que ratificaba las medidas aprobadas por el Govern el 17 de mayo.

ENCAJE JURÍDICO

El Supremo recuerda que su sentencia sobre las medidas en Canarias despejaba ya algunas dudas sobre la posibilidad de que las Comunidades adopten restricciones de derechos fundamentales sin estado de alarma, pero en el recurso de Baleares las medidas que se examinan son distintas.

Entonces se trataba de la limitación de viajes entre islas, que afectaba a la libertad de circulación en el territorio nacional, mientras que en el caso balear se trataba también de los derechos a la intimidad familiar y de reunión. Además, con el toque de queda "probablemente está en juego algo más que la libertad de circulación, pues no es lo mismo prohibir desplazarse entre dos lugares determinados que obligar a todos a permanecer en su domicilio durante ciertas horas".

El Tribunal reitera que cabe la limitación de derechos sin necesidad del estado de alarma, y que la única norma con rango de ley orgánica que podría darle cobertura es la Ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta ley incluye un apartado que habilita a la autoridad sanitaria a adoptar medidas para el control de los enfermos, un precepto "innegablemente escueto y genérico", según el Supremo, que razona que "no fue pensado para una calamidad de la magnitud de la pandemia de COVID-19" sino para brotes infecciosos aislados.

El TS entiende que esto no impide basarse en esta Ley para adoptar medidas restrictivas, pero siempre que la justificación "esté a la altura de la intensidad y la extensión" de las restricciones.

El Tribunal resalta que el voto particular de las dos magistradas del TSJIB que se pronunciaron en contra sí incluía un "pormenorizado análisis" de la situación epidemiológica, mientras que el dictamen mayoritario de la Sala "se remite escuetamente" a las conclusiones de un informe del Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares que aconsejaba mantener el distanciamiento social mientras se alcanza la inmunidad de grupo.

EL PRIMER TOQUE DE QUEDA BALEAR NO SE PUDO RECURRIR ANTE EL TS

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya había autorizado el 7 de mayo restricciones similares, pero no pudieron recurrirse ante el Supremo porque todavía no había entrado en vigor el decreto estatal que habilitaba esta posibilidad.

Ahora el Supremo resuelve así el recurso de casación planteado por la Fiscalía contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que autorizó, por segunda vez, las medidas del Govern.

El auto del TSJIB había contado con el voto particular de dos magistradas, que consideraron injustificadas y excesivas algunas de las medidas.

DESESCALADA EN BALEARES

Tras siete meses, Baleares tenía previsto levantar este domingo el toque de queda --en concreto, a partir de la medianoche entre este sábado y domingo--. El último paquete de medidas, aprobado este lunes por el Consell de Govern, también relajaba los límites a las reuniones sociales.

Además de las medidas que requerían de autorización judicial, el Govern también anunciaba esta semana otras medidas de desescalada, como que los bares y restaurantes de las cuatro islas podrán abrir, tanto interiores como exteriores, hasta las 00.00 horas. Lo harán al 50% de aforo con cuatro personas por mesas, mientras que los exteriores estarán al 100% de su capacidad con ocho personas por mesa.

Con todo, este mismo jueves la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha defendido poder aplicar medidas más restrictivas que las acordadas este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad, y avanzaba que el Govern no contempla la apertura inmediata del ocio nocturno, considerada una de las actividades de más riesgo.

El consejero de Educación en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha trasladado este jueves el "deseo" de que el próximo curso escolar arranque con alumnos sin mascarilla en los espacios exteriores pero ha subrayado que debe primar la "prudencia" y ver cómo está la situación epidemiológica en ese momento.

"Intuyo, espero, deseo, que en septiembre --la incidencia del coronavirus-- sea muy baja y que por tanto sea posible quitarse las mascarillas en los espacios abiertos de los centros educativos", ha señalado el consejero durante una visita al IES Giner de los Ríos de Alcobendas, donde ha conocido el proyecto de innovación Aula del Futuro que se desarrolla en el centro.

En cualquier caso, ha subrayado que debe primar el criterio sanitario y la prudencia. "Ante la mínima duda de que quitarnos las mascarillas sea un problema de salud, yo comparto el criterio de que hay que ser prudente y no habría que hacerlo", ha incidido.

No obstante, ha indicado que deben ser las autoridades sanitarias las que marquen las decisiones a este respecto y ha recordado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, planteó recientemente la posibilidad de suprimir el uso de la mascarilla en el exterior.

"Es posible que no haya que utilizar las mascarillas. Ahora, yo soy el primero que digo que hay que ser prudente. Al principio decíamos todos que nadie se iba a acostumbrar a las mascarillas, los alumnos menos, y aquí estamos todos con las mascarillas y los alumnos se han portado de manera ejemplar".

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha puesto en duda que los alumnos puedan ir sin mascarilla en el patio de los colegios a partir de septiembre, posibilidad que apuntó recientemente la Comunidad de Madrid.

"Las mascarillas han sido esenciales para mantener la salud en las aulas y cuesta pensar que vamos a prescindir de ella", ha respondido Celaá en una entrevista en 'RNE' al ser preguntada por la posibilidad de que su departamento estudie esta opción, aunque se ha remitido a las decisiones que adopte el Ministerio de Sanidad.

"El protocolo emana de Sanidad, pero si hemos podido tener todos los centros abiertos durante todo el curso, con apenas un 0,3 por ciento de aulas cuarentenadas, ha sido por mantener una disciplina estricta; estas no son normas educativas y estamos a lo que se nos diga con las mascarillas", ha añadido.

Ha recordado, no obstante, que se trata de un "protocolo dinámico que avanza en función de cómo avanza la pandemia", pero ha insistido en que "importante es que el centro se mantenga abierto con la máxima presencialidad".