El Gobierno Vasco apuesta por que la normalización de la política penitenciaria, uno de los objetivos que contiene su Plan Udaberri 2024, de convivencia, derechos humanos y diversidad, conlleve el fin de los ‘ongietorris’ públicos a los presos de ETA, al suponer una «exaltación» de la violencia y una «revictimización las víctimas».
El documento ha sido presentado en una rueda de prensa celebrada en Lehendakaritza por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha asegurado que «la convivencia es objetivo, norte y horizonte del Plan».
En este sentido, Udaberri 2024 pretende, entre otras cosas, «el reconocimiento legal, institucional, social y simbólico» de todas las víctimas, «una reflexión autocrítica sobre el pasado», la normalización de la política penitenciaria y el «fortalecimiento de la cultura del encuentro».
En el apartado de la normalización de la política penitenciaria, que considera «una asignatura pendiente», cuya «superación permitirá desactivar un factor de desestabilización para convertirlo en un factor de consolidación de la paz», hace referencia a los actos de recibimientos de los presos de ETA al salir de prisión.
«Simultáneamente, normalizar la política penitenciaria debe conllevar también la no realización de ‘ongietorris’ públicos, ya que, más allá de su dimensión humana, afectiva, personal y familiar, de facto suponen una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y una revictimización de las víctimas», asevera.
«FUE INJUSTO»
El texto también defiende «una memoria compartida» para lograr la convivencia y aboga por mantener «una mirada ética que concluya: fue injusto». De esta forma, plantea desarrollar una política que «asuma que todas las vulneraciones de derechos humanos deben conllevar un ejercicio de autocrítica sincera por la sinrazón ética, democrática ypolítica que tales vulneraciones supusieron; un reconocimiento del daño causado; y una asunción de responsabilidades y una valoración ética inequívoca sobre la injusticia cometida».
«Una autocrítica en esos términos puede y debe propiciar una dinámica de acción positiva y alumbrar un nuevo escenario dotado de grandes potencialidades en aras a avanzar significativamente hacia ese horizonte de una convivencia normalizada», asevera.
DERECHOS DE LOS PRESOS
En cuanto a la normalización de la política penitenciaria en sí, el Plan Udaberri señala que el Estado de Derecho «está legitimado para hacer frente a los delitos de terrorismo, sin perjuicio de la preservación y garantía de los derechos humanos fundamentales y de los derechos y libertades básicas».
Tras apuntar que la lucha antiterrorista «propició de facto un endurecimiento de la legislación penal y penitenciaria y la política penitenciaria «se concibió y ejecutó como una pieza más de la lucha antiterrorista», subraya que los presos «siguen siendo sujetos de derechos y de deberes», que deben respetarse, especialmente por las instituciones públicas, sin que, «en ningún caso, suponga alineamiento con sus postulados ideológicos».
Por ello, asegura que «el fin último de toda política penitenciaria es la reintegración y resocialización post penitenciaria de las personas presas». De esta forma, cree que se debe «deconstruir la cultura de la excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción, y reorientar la legislación y la política penal y penitenciaria en sintonía con los principios de humanidad, proporcionalidad y resocialización».
Asimismo, el documento aboga por la aplicación «con criterios humanitarios de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para personas presas, con enfermedades graves, menores a su cargo o personas septuagenarias».
