Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un convenio de colaboración para impulsar la primera Ciudad del Fútbol Sostenible en las instalaciones en la localidad madrileña de Las Rozas que sirven de lugar de concentración para selecciones españolas de fútbol.
Según informaron este jueves ambas entidades, el convenio permitirá instalar un sistema de autoconsumo integrado por 110 paneles solaresfotovoltaicos en cubiertas y marquesinas que permitirán iluminar los partidos de las distintos equipos con energía renovable. La producción de esta instalación equivale al consumo anual de 30 hogares y evitará la emisión de 22 tCO2/año.
Asimismo, se equiparán las instalaciones con 20 puntos de recarga para vehículos eléctricos para fomentar la movilidad sostenible entre deportistas y aficionados, por lo que cualquier usuario de este tipo de vehículos que acuda a la Ciudad del Fútbol podrá hacer uso de ellos con la garantía de utilizar energía cien por cien verde, proveniente de fuentes de generación limpia.
Estos puntos estarán disponibles en la aplicación móvil ‘Recarga Pública Iberdrola’, la única que incorpora información verificada de todos los cargadores de vehículo eléctrico operativos en España y con la que se puede gestionar la geolocalización del cargador, reservarlo y pagar la recarga desde el móvil.
«Con alianzas como las de hoy vamos ampliando la capacidad detransformación de nuestras actividades sostenibles al ámbito del deporte. Hacer de la Ciudad del Fútbol la primera ciudad deportiva sostenible nos permite demostrar el extraordinario impacto de un modelo energético que, como el deporte, juega limpio, es competitivo y sostenible y ofrece oportunidades de forma inclusiva para todos», explica Juan Luis Aguirrezabal, director de Publicidad, Marca y Patrocinios Globales de Iberdrola.
Por su parte, Rubén Rivera, director de Marketing de la RFEF, considera que esta iniciativa permite a la federación «ampliar su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible». «Para la Real Federación Española de Fútbol es una gran satisfacción poder desarrollar en la casa del fútbol español el proyecto de la Ciudad de Fútbol Sostenible Iberdrola», remarcó.
Este nuevo acuerdo amplía el suscrito por ambas entidades con motivo del Mundial de Fútbol Femenino de Francia, en 2019, que ha permitido impulsar la primera ‘Selección Sostenible’ a través de iniciativas como la compensación de la huella de carbono generada por el combinado femenino con energía verde.
Las ONG ambientales han celebrado el paso dado por el Parlamento al aprobar la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España que, aunque con años de retraso tras la firma del Acuerdo del Clima de París, confían en que permita encarar la necesaria acción contra la emergencia climática. No obstante, en declaraciones han lamentado la falta de ambición que el texto aprobado recoge para lograr limitar el ascenso de la temperatura global.
Tras la votación en el Pleno del Congreso del texto definitivo que marcará la senda de reducción de emisiones hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050, la responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, Cristina Saavedra, ha manifestado que la ONG no puede evitar celebrar la aprobación de una ley de estas características, aunque considera que el Gobierno está «perdiendo una oportunidad con un texto excesivamente flojo».
En su opinión, es una ley «muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales que la ciencia ha marcado para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. «No tiene en cuenta su responsabilidad histórica como país industrializado frente a los países del Sur Global, territorios y comunidades más vulnerables que más están sufriendo los impactos de la emergencia climática sin tener apenas responsabilidad sobre ella», lamenta.
Por su parte, el responsable del programa de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado sin embargo que después de «dos años de trámite» la ley de cambio climático es «insuficiente», incorpora objetivos por debajo de los necesarios y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización. Por ello, reclama un «debate más profundo» y un mayor compromiso que recoja las recomendaciones de las ONG.
En definitiva, considera que la nueva ley es una «oportunidad perdida» para impulsar un cambio de lo global a lo local que consiga reducir los «importantes impactos climáticos y sociales». Por ello, recuerdan que para alcanzar la estimación de reducción de emisiones de un 7,6 por ciento anual hasta 2030, España debería reducir al menos un 55 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero en esta década, frente al 23 por ciento que ha establecido la nueva norma.
En definitiva, Andaluz sostiene que «no se puede pensar que con esta ley se han cumplido suficientemente los objetivos climáticos» sino que es preciso acometer una revisión profunda para alinear los objetivos climáticos recogidos en el texto con las recomendaciones científicas.
Por su parte, Greenpeace considera que la nueva ley «no responde a al emergencia climática» y tiene un punto de partida «poco ambicioso» e «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París ya que «nace mucho más débil de lo que sería necesario». Por ello, señala que el texto tendrá que reforzarse y aumentar sus objetivos de reducción de misiones para servir «de forma decidida» para luchar contra la emergencia climática.
La responsable de la Unidad Política de Greenpeace, Alicia Cantero, ha explicado que este es un momento «crucial» para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con limitar el calentamiento del planeta al 1,5º.
«La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Esta ley es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos, por eso hay que seguir trabajando para concretar aquellos aspectos que nos permitan lograr la eliminación de los combustibles fósiles y una recuperación justa y verde», ha concluido.
En una línea más optimista, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha celebrado la aprobación de la «imprescindible» Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque es una «reivindicación histórica» del movimiento ecologista y supone la herramienta necesaria para afrontar el cambio climático en un «momento crítico» porque «no hay un segundo que perder».
De ese modo, reclama actuar «con determinación» para evitar los peores impactos del cambio climático, en un país «tan vulnerable» a ellos por su ubicación en la región mediterránea. Por ello, Del Olmo valora que la ley supone un «importante punto de partida para iniciar una profunda transformación hacía una economía totalmente descarbonizada».
No obstante, subraya que junto a otras ONG ecologistas WWF también reclama objetivos «más ambiciosos» por lo que confía en que en los mecanismos de revisión introducidos en la norma se puedan «acelerar estas metas» para ajustarlas «lo antes posible» a lo que la ciencia demanda y lograr que la descarbonización plena se produzca antes de 2050.
En definitiva, felicita al Gobierno y a todos los partidos políticos que han mejorado el texto de la ley y que lo han apoyado, al tiempo que les emplazan a seguir trabajando en su desarrollo e implementación. «Esta ley es el punto de partida del largo camino que tenemos por delante en la batalla contra el cambio climático», ha deseado.
Finalmente, para el director de Políticas Ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, este es un día en el que las ONG celebran un «momento muy importante tras un camino muy largo», ya que las organizaciones de la sociedad civil comenzaron hace más de una década la reclamación de una norma para luchar contra el cambio climático.
Así, lamenta este retraso de 10 años en los que han seguido las «inercias que han dificultado poder alcanzar la ambición de emisiones que las ONG deseaban». No obstante, para Howell uno de los avances más significativos de la ley recién aprobada en el Parlamento son el reconocimiento a la importancia de planificar mejor el urgentísimo despliegue de las renovables pero de acuerdo con la conservación de la biodiversidad y proteger las zonas con mayor valor.
Sin embargo, ve «necesario» profundizar y «atar mejor» esta relación entre las renovables, la planificación autonómica, estatal y europea y la protección de la biodiversidad porque la redacción actual es, a su juicio, «poco explícita».
Por otro lado, destaca como un avance la implantación de un Comité de personas expertas, que debe ponerse en marcha «este mismo año» y disponer de presupuesto y recursos propios para su desarrollo, de cara a que pueda emitir sus recomendaciones antes de que en 2023 se revisen los objetivos.
Por último, el representante de SEO/BirdLife ha valorado que gracias a una enmienda propuesta por la ONG se introduce en la ley la obligación de hacer un seguimiento específico de las especies y habitats más vulnerables porque supone una novedad que la ley de cambio climático ayude a «mejorar» la relación entre clima y biodiversidad.
El matrimonio es algo importante: es un paso que, aunque no es necesario, muchas parejas dan, y por eso, intentan que sea lo mejor que les ha pasado en sus vidas. Sin embargo, en algunas ocasiones, las proposiciones darán lugar a situaciones extrañas, que no se darán en todas partes.
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Elegir el momento adecuado
Todo el mundo quiere sorprender a su pareja, para que la emoción sea mucho mayor. Pero puedes cometer el error de que no sea un buen momento para pedir matrimonio. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, e algunos sentidos, está claro, y es lógica pura: si se acaba de morir un familiar, el entierro tal vez no sea el mejor momento.
Y en cuanto a situaciones incómodas… esperar a que tu chica esté en el baño haciendo aguas mayores, o menores puede que no sea el mejor momento para empezar la vida en común, y tener una propuesta de matrimonio. Efectivamente lo recordará, pero algunos lo recordarán con vergüenza. Incluso el tipo que hizo la foto, tal vez lo recuerda, con más vergüenza ajena que otra cosa.
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El lugar
A todo el mundo le parece romántico una propuesta de matrimonio en público. Bueno, menos aquellos que no querrían casarse. Por ejemplo, en esta foto hay un montón de reacciones, y por la calidad de la foto, podemos pensar que incluso contrataron a un fotógrafo para que inmortalizara el momento.
Quién iba a decir que una de las personas más entrañables de la imagen, que es una abuelita en el estadio deportivo, iba a ser la que expresaría de una forma más efusiva su opinión sobre el matrimonio. Aún así, la pareja puede presumir de que fue una pedida de mano impresionante, bonita, y que generó mucha expectación en todo aquel que lo vio.
[nextpage title=»Nosotros somos la raya»]
Nosotros somos la raya
Sí, es una pedida muy romántica: llevar a tu mujer al zoo, y hacer que el buceador lleve ese cartel con la frase de «¿Quieres casarte conmigo?». El problema es que algunos animales son impredecibles, y el resultado es muy gracioso. Por suerte, eso no influyó en el tema de aceptar o no, porque si no, hubiera sido un total desastre.
Es más, así quedó totalmente gracioso, ya que se podría decir que hasta la raya quería ver la pedida de mano, y eso es una anécdota que contarán a sus hijos y a sus nietos, porque no es algo que le pueda pasar a todo el mundo. Aún así, muchas veces pensamos que nuestra propia situación sentimental es la de la propia raya y no la de la pareja.
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Atención a la expresión
De esta pedida de mano nos gusta más la expresión de la mujer que está detrás (que se da un aire a Whoopi Goldberg), que a la de la propia mujer a la que le han pedido matrimonio. Hay que ver lo hilarante de esta situación: ella lleva un tutú de princesa, y con un lazo a juego. Pero eso no importa, porque es el momento más feliz de sus vidas.
Lo bueno es que la expresión de la mujer de atrás (que lleva orejas de Micky y una tiara), es mucho más expresiva. O simplemente quería hacerse la sorprendida para que le pillara en el momento de la fotografía.
[nextpage title=»Lo peor que te puede pasar»]
Lo peor que te puede pasar
Sabes que hay mala gente en el mundo cuando lo peor que te puede pasar en una proposición de matrimonio, pasa. Y lo peor no es que te diga que no, es que te roben el anillo justo cuando se lo estás pidiendo a tu novia. Esto es increíble, y también se ve cómo sorprende a los transeúntes, que estaban grabándolo con el móvil.
Para esto no hay solución, y quedará registrado gracias a las redes… así que solo nos queda desearle lo mejor a la pareja, y esperar que estén felices donde sea que estén, con o sin anillo. Lo que no se puede negar es que sea una pedida de mano inolvidable. Para mal, pero inolvidable.
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Cómo mostrarlo
Llega el duro momento de después, de cómo mostrar el anillo de compromiso, y una de las mejores formas de publicarlo es esta. Subiendo, sutilmente, una foto a las redes sociales. ¿Está enseñando un sobre de ketchup? ¡No! Lo que está haciendo realmente es enseñar a todo el mundo que se va a casar.
Es una forma muy sutil, y aunque no es del todo discreta, podríamos decir que así te puedes ahorrar un montón de llamadas.
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De las mejores propuestas
Esta es una foto de sobra conocida, pero es de las que más nos gustan, porque Lindsay, la chica a la que se le pide matrimonio, está en la foto también. Pero ella no se da cuenta de lo que se cuece detrás, y cuando ve la foto en la que se supone que se lo pasan bien, resulta que su novio la estaba pidiendo matrimonio.
Esa sí que es una foto para el recuerdo, y que hay que dejar enmarcada por el resto de los años.
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Inolvidable
Hay que tener en cuenta que siempre habrá alguien que te quiera estropear la sorpresa. Y el momento más bonito de tu vida, con el que te puedes identificar está estropeado por… el calvo de una persona. Sí, alguien que enseña todo el culo en vuestra foto. Obviamente, podían haber hecho algo de Photoshop antes de subirla… suponemos que así tendrán un recuerdo bonito.
O bueno, como mínimo, inolvidable.
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Si eres médico…
Imagínate que estás haciendo tu interinidad en un hospital, y viene tu novio con que se ha tragado algo. Y en la radiografía sale eso. ¡Eso sí que es una proposición de matrimonio original! Pero ojo, tendrás que esperar a que lo saque para poder ponértelo, y eso puede no ser demasiado agradable.
Aún así, no es una proposición clara, así que igual hay que buscar una forma mejor.
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Asegurarte de que diga que sí
Por supuesto, si eres un maniático del control, también hay maneras de asegurarte de que te diga que sí. Por ejemplo, en este caso, dudamos que la chica tenga las agallas de negarse, porque… darte el anillo en la punta de la escopeta seguro que es de lo más romántico que hayas visto en tu vida. Podemos suponer que es a ella a la que le gusta la caza.
Aún así, es una simbología extraña, ¿verdad? En el sentido de que al final, parece que es él el que ha cazado una gran presa. Y por la cara de la chica, podemos suponer que ella está halagada. O tal vez ea que el miedo la ha paralizado del todo.
Pablo Alborán volverá a subirse un año más al escenario del Auditorio de Starlite Catalana Occidente el próximo 12 de julio. Además, tras la gran acogida de su primer concierto anunciado en el festival boutique, Aitana ofrecerá un segundo show el martes 24 de agosto.
El malagueño, uno de los artistas más queridos y reconocidos en el panorama nacional e internacional gracias a su talento y sensibilidad, celebra, al igual que Starlite Catalana Occidente, sus diez años de historia en la música, según han informado en un comunicado.
El cantante se reencontrará con su público para presentar ‘Vértigo’, el disco de pop español más vendido en 2020, con el que consiguió ser disco de oro en apenas tres semanas y que él mismo describe como pura vida.
Los nuevos éxitos como ‘Corazón descalzo’, ‘Si hubieras querido’, ‘La fiesta’ o ‘Hablemos de amor’ sonarán en el Auditorio junto a los clásicos del artista como ‘Pasos de cero’, ‘Saturno’, ‘La llave’, ‘Prometo’, ‘Solamente tú’ o ‘Vívela’.
Por otro lado, Starlite Catalana Occidente ha anunciado nueva fecha de Aitana que, tras la gran acogida de su primer concierto anunciado, ofrecerá un segundo show, que se suma al ya previsto el 22 de julio.
Así, presentará de nuevo ante su público ’11 razones Tour’ el martes 24 de agosto, donde demostrará una vez más por qué se ha convertido en una de las artistas más reconocidas en el panorama nacional e internacional.
Estos conciertos se suman al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2021, integrado hasta la fecha por Lola Índigo, Manuel Carrasco, Plácido Domingo, Estrella Morente & José Mercé, Siempre Así, Camilo, Ella Baila Sola, Beret, Miriam Rodríguez & Cepeda, La Oreja de Van Gogh, Dvicio, Pol Granch, Dani Ferández & Nil Moliner, Miguel Bosé, Nathy Peluso, Irina Kolesnikova & El Lago de Los Cisnes, Miguel Ríos & The Black Betty Trio, El Último Aplauso y Taburete.
También están confirmados Pablo López, Passenger, Rozalén, Maluma, Antonio Orozco, Antonio José, Yago Roche, Oro Viejo By DJ Nano, Bonnie Tyler, Carlos Rivera, Rosario, Alan Parsons Live Project, Ozuna, Sebastián Yatra, Raphael, Estopa, ‘El Sentido del Humor: Dos Tontos y Yo’, José Luis Perales, Juan Magán, Tom Jones, Ara Malikian, Chema Rivas, Sami Duque, Tomatito, David Bisbal, Omar Montes, Lérica, Aitana y Morat. Próximamente se unirán nuevas actuaciones.
Las entradas de estas nuevas confirmaciones ya están disponibles a la venta en www.starlitecatalanaoccidente.com con precios especiales de lanzamiento (desde 25 euros) para las 150 primeras entradas. De esta forma, el festival quiere fomentar la vuelta de la música en vivo.
Además, la devolución queda garantizada en caso de enfermedad por Covid-19, mostrando una vez más su compromiso constante hacia la cultura y la música en vivo. El festival boutique se celebra al aire libre y el recinto contará con todas las medidas de seguridad adaptadas a la normativa.
Los sindicatos han propuesto a la dirección de H&M en la última reunión de la mesa negociadora que se reduzca el número de cierres de tiendas y la adscripción voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a más de 1.000 trabajadores en España, según ha informado CC.OO. en un comunicado.
En concreto, la representación sindical ha rechazado en su totalidad la última propuesta realizada por la firma de moda al considerar que supone un «número muy alto» de despidos y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.
De esta forma, CC.OO. y UGT ha presentado a la dirección de H&M una lista de medidas en la que solicita reducir el número de tiendas cerradas a la mitad de lo planteado por la empresa, y que las vacantes que se oferten para cubrir deben tener las mismas horas de contratación que la plantilla tiene actualmente.
Además proponen la adscripción voluntaria al expediente para toda la plantilla, independientemente de la edad, pero estableciendo prioridad para las personas afectadas por el cierre de tiendas y por la modificación de las condiciones de trabajo y que la indemnización sea de 45 días por año trabajado, más una prima en función de la antigüedad.
Por otro lado, los sindicatos han pedido en la reunión la desafección del ERE a colectivos vulnerables como las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, los trabajadores con excedencias/licencias de cuidados de menores, aquellos que tengan personas a su cargo con discapacidad, personas con discapacidad y en el caso de parejas que trabajen en la empresa, la imposibilidad de afectar a los dos.
La organización sindical ha vuelto a insistir sobre la retirada de la MSCT cuyo fin es la reducción de horas de contratación, ya que, además de interferir en el proceso de despido colectivo, la documentación aportada no tiene sentido.
CC.OO. ha manifestado que el punto clave de esta negociación es la reducción de tiendas que se van a cerrar y minimizar así el impacto de pérdida de empleo.
De esta forma, los sindicatos mantienen su convocatoria de paros que están previstos para este viernes, así como las huelgas los próximos días 19 y 21 de mayo.
Greenalia ha trasladado este jueves al Gobierno de Canarias las características de sus proyectos de energía eólica marina flotante para las Islas, de los que el denominado ‘Gofio’ está en tramitación «muy avanzada» y cerca de emitir declaración de impacto ambiental.
Así lo ha explicado el CEO de Greenalia, Manuel García, en el transcurso de una reunión con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, en la que García también ha detallado otros cuatro proyectos para las Islas que la empresa ya ha presentado.
El directivo de Greenalia destacó la potencialidad de estos desarrollos en materia de inversión, creación de empleo e impulso a la industria y su carácter «pionero», así como el acicate que supondrá en la «descarbonización» del archipiélago canario.
La compañía ha destacado, además, que la puesta en marcha de estas instalaciones en el archipiélago canario permitirán rebajar el coste energético derivado de la insularidad, contribuyendo así a los objetivos de reducción de emisiones marcados por el Gobierno de España y la Unión Europea (UE).
García abordó también la importancia de que los Planes de Ordenación de Espacio Marino (POEM), que está ultimando la Administración central, posicionen a Canarias como uno de los espacios de referencia y de mayor recurso del país.
El CEO de Greenalia puso de manifiesto la relevancia del desarrollo de la tecnología ‘offshore’ y la importancia de que España ocupe un lugar de referencia a nivel internacional en el sector, que está llamado a ser «clave» dentro de los planes y los fondos europeos de recuperación.
En este marco, destacó la importancia de agilizar y avanzar en el procedimiento de los parques en tramitación como es el caso de ‘Gofio’, de 50 MW, que se situará al sureste de la isla de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana.
Se trata, remarcó García de un área considerada entre las de mejor recurso eólico marino de Europa, por lo que la consideran «la plataforma ideal para el despliegue en España de esta tecnología».
Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, agradeció a la compañía el interés por trabajar en las islas proyectos relacionados con la energía eólica marina y mostró su predisposición a impulsar iniciativas de este tipo con el objetivo de que Canarias sea un referente nacional en estas renovables ‘offshore’.
EL GOBIERNO CANARIO PIDE AL ESTADO UN TRATO «DIFERENCIAL»
En este sentido, tanto Valbuena como la directora general de Energía, Rosana Melián, trasladaron a los directivos de Greenalia que el Ejecutivo ha solicitado al Estado que tenga un trato diferencial con Canarias para avanzar en este tipo de proyectos, a través precisamente de los fondos ‘Next Generation’, o bien mediante mecanismos de subasta, teniendo en cuenta que ambas administraciones han colaborado y han logrado importantes avances en la definición de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo.
«Con el avance y seguimiento del Parque Eólico Gofio, al que se suman otros cuatro ya solicitados, Greenalia confirma su apuesta por la energía eólica flotante, que además de ser base para el crecimiento verde en Europa, permitiría alcanzar el objetivo de desarrollo de 310 MW marinos en las costas de Canarias, contemplados en la Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 – EECan25″, han defendido desde la compañía.
CINCO PROYECTOS DE 50 MW
Cada instalación de las cinco proyectadas –Gofio, Dunas, Mojo, Cardón y Guanche- por Greenalia para Canarias constará de cuatro aerogeneradores marinos de 12,5 MW de potencia unitaria, dispuestos sobre cimentaciones flotantes ancladas al fondo marino a profundidades de entre 61 y 92 metros.
Todas ellos están proyectados en Gran Canaria y se conectarán a la Red de Transporte mediante el uso de cables submarinos y subterráneos que evacuarán la energía generada por cada uno de los parques eólicos de manera completamente independiente.
Estos parques eólicos podrán abastecer a una población cercana a los 350.000 hogares, a través de un sistema productivo que evitará la emisión de alrededor de 700.000 toneladas de CO2 al año. Greenalia pretende generar «un importante número de empleos directos e indirectos, tanto por la construcción como por la posibilidad de contar con proveedores de la comunidad».
Por último, desde Greenalia confían en que estos 250 MW en desarrollo puedan suponer un «hito clave y esencial para el avance del sector eólico flotante a nivel mundial y una oportunidad histórica para España de liderar el sector energético».
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de la Covid-19, al tiempo que se ha aprobado su tramitación como proyecto ley por el procedimiento de urgencia.
En concreto, el Congreso ha convalidado el decreto que da luz verde a las comunidades autónomas a ampliar las ayudas directas dentro del fondo de 7.000 millones a más sectores y a empresas con pérdidas en 2019 con un total de 294 votos a favor, ninguno en contra y con un total de 52 abstenciones.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de defender ante el Congreso el decreto, asegurando que «desde el primer momento» el Ejecutivo se planteó reconsiderar los sectores que pudieran cumplir con los requisitos fijados en el decreto aprobado en marzo y dotado con un total de 11.000 millones, de los que 7.000 millones corresponden a ayudas directas.
Así, en abril, el Gobierno dio luz verde, a través de otro real decreto, a la posibilidad de que las comunidades pudieran incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, además de empresas «viables» que hubieran registrado pérdidas en 2019 debido a «circunstancias excepcionales».
Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares.
Algunos de los grupos políticos del Congreso han transmitido a la ministra ciertas reticencias y críticas sobre la tardanza y complejidad de la puesta en marcha de estas ayudas.
En concreto, desde el Partido Popular, aunque han mostrado su voto favorable, han criticado que el decreto llega «tarde» y después de un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso «y no como planificación por parte del departamento que dirige Calviño», mientras que Vox ha señalado que el decreto es «insuficiente, llega tarde y con procedimientos para su ejecución «lentos y farragosos».
Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha señalado que el decreto llega «tarde y mal» respecto a otros países europeos, advirtiendo de que muchas empresas se han quedado por el camino, y desde Ciudadanos han criticado que el decreto ahonda en la desigualdad percibida en el decreto anterior entre comunidades.
PAÍS VASCO, NAVARRA, CEUTA Y MELILLA, NO HAN FIRMADO LOS CONVENIOS
Todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya han firmado los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas de 7.000 millones destinadas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Sobre esta cuestión, Idoia Sagastizabal (PNV) ha asegurado que en el caso de Euskadi se firmará el convenio, pero ha achacado este retraso a las peculiaridades del sistema de tributación, que había que homologar. Además, la diputada, aunque lo apoya, ha criticado que el decreto no haya sido consensuado previamente con los grupos políticos ni con las comunidades autónomas.
La ministra ha señalado, además, que el Gobierno ya ha transferido la parte correspondiente de los recursos a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana, y en los próximos días se realizará el desembolso a Cataluña, Murcia, La Rioja, Andalucía y Cantabria.
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado 15 de abril a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque sin establecer una fecha límite para su rúbrica.
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS
En el decreto defendido este jueves por Calviño, el Gobierno también incluyó una medida para garantizar la liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.
Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reesembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.
También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.
Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra, y de PP y Más País-Verdes Equo, que se han abstenido, tal y como habían anunciado.
El texto fue aprobado con competencia legislativa plena en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados desde donde se remitió a principios de abril al Senado. Allí ha incorporado cinco enmiendas, por lo que el proyecto de ley ha vuelto este jueves para su debate final en el pleno de la Cámara Baja.
La nueva Ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23 por ciento hasta 2030 respecto a los niveles de 1990 y el objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050.
Asimismo, fija el reto de alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42 por ciento y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable, entre otras medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética. No obstante, en su trámite parlamentario, en concreto en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados se introdujo una enmienda por la que estos objetivos se revisarán al alza en 2023.
Al mismo tiempo, la Ley prevé la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio.
Por otro lado, fija una serie de restricciones a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad. Con 2023 como fecha tope los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire deberán contar con áreas de bajas emisiones.
Al debate de la ley en el pleno ha asistido la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que confía en que con la aprobación de esta Ley España marca «un hito» con el que siempre se va a mirar hacia adelante contra el cambio climático, que «no distingue colores políticos».
Así, se ha dirigido a los jóvenes a quienes «más» afectan las amenazas del cambio climático y que reclaman «más ambición». A ellos, les ha garantizado con que esta ley se acelerará el cambio preciso en el sistema productivo para lograr una «prosperidad sostenible».
En su intervención en el pleno, ha defendido que en los últimos dos años España ha avanzado «más que nunca» en asumir el liderazgo y en el compromiso de reducción de emisiones y, en esa línea, ha afirmado que la ley es «ambiciosa y congruente» para generar oportunidades y asegurar la corrección de un modelo que «llevaba al desastre».
Por eso, Ribera ha dicho que en el futuro se necesita a quien ha apoyado la ley, a quien no lo ha hecho y a quien se ha abstenido porque el cambio climático «no puede esperar». «Esta es una ley de todos y para todos», ha reflexionado la ministra, que asegura que el Gobierno seguirá «situando el ecologismo en el corazón de sus políticas».
En el pleno no se han producido sorpresas en los planteamientos expresados previamente por todos los grupos. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado la importancia de que el despliegue de las energías renovables no ponga en riesgo los valores ambientales del medio rural y natural y que los beneficios de estos proyectos redunden también en los territorios.
Desde Más País-Verdes Equo han explicado que su abstención «constructiva» porque para la diputada Inés Sabanés, los objetivos climáticos de la ley española «nacen viejos y obsoletos» y la norma llega «con diez años de retraso» que la hacen «a todas luces, insuficiente». «Corremos el serio riesgo de quedarnos, otra vez, en el vagón de cola de Europa», ha advertido al hemiciclo.
También desde EH-BILDU, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha confirmado su voto favorable pero ha reclamado mayor ambición al texto; mientras que la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, cuyo grupo también ha apoyado el proyecto de ley considera que la transición energética no será posible con un cambio radical y considera que se debería apostar por la innovación y las ‘multitecnologías’ aunque, no obstante, ha admitido que «esta ley es mejor que ninguna».
A la diputada de Ciudadanos, María Carmen Rodríguez, le «parece mentira» que todavía haya partidos políticos que nieguen aún la evidencia y ha señalado que esta ley es «un punto de partida», pero lamenta que la norma «llega tarde, le falta ambición, rigor» y al Gobierno «valentía» porque, según ha criticado, «no se puede ser ambicioso sin poner los medios necesarios». Por ello, ha acusado a la ministra de ser la responsable de que esta ley en el futuro se convierta en parte del juego partidista de los distintos gobierno, «como la ley de educación».
En la misma línea, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha criticado distintos aspectos de la ley que en su opinión no es los suficientemente ambiciosa ni justa.
Mientras, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha celebrado que la tramitación de la ley se haya logrado «en un tiempo récord para una ley tan relevante», de poco más de seis meses. Así, ha destacado que el proyecto ha sido objeto de un intenso diálogo tras el que se han aprobado «muchísimas enmiendas». No obstante, ha reclamado la implicación de la sociedad y «voluntad política» a las administraciones públicas.
«Este es un gran día para este país, gracias a quienes lo han hecho posible», ha concluido el diputado que también preside la comisión parlamentaria de Transición Ecológica.
Por el contrario, desde VOX, la diputada Mireia Borrás ha criticado a «todos» los que tachan a su grupo parlamentario de «negacionista, diga lo que diga». En concreto, ha celebrado que la enmienda –aprobada– al artículo 20.4 sobre el dominio público marítimo terrestre que era una «barbaridad» y al menos «ahora se parchea» al eliminar su retroactividad. Sin embargo, ha tildado la ley de ser «tan sumamente ideológica» que entre otros ejemplos ha citado la eliminación de una energía limpia como la nuclear.
Por su parte, el diputado del PP, Guillermo Mariscal ha reiterado el compromiso «firme y fuera de dudas» con la descarbonización de la economía y con la lucha contra el cambio climático pero ha justificado al abstención de su grupo en que se trata de un proyecto de ley «limitativo» y que llega tarde y con «falta de diálogo.
En es sentido, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó en 2018 al Parlamento un proyecto de ley que el PSOE rechazó y dos años después se aprueba una ley que apenas habla de economía circular y que carece de análisis de impacto económico.
En definitiva, ha expresado a Ribera que esta ley supone un «salto al vacío» en la vida de los ciudadanos y la acusa directamente de ser «la responsable» de los perjuicios que generará porque es una «ley que empequeñece una lucha que pasa de esta generación y las futuras y que resta oportunidades a todos los españoles».
Por último, para la diputada socialista Elena Caballero esta ley responde al desafío climático y supone una verdadera «oportunidad histórica» para alcanzar y superar un punto de inflexión que pide la ciudadanía y que encaminará al país a alcanzar la neutralidad climática en 2050 sin dejar a nadie atrás.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición con la que el Gobierno «blindó» la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.
La sentencia, que responde a sendos recursos de Vox y del PP de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento. El magistrado Cándido Conde-Pumpido ha anunciado un voto particular que se conocerá junto a la sentencia en los próximos días.
Tras la conformación del gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez decidió en febrero modificar la composición de las comisiones delegadas, entre ellas, la que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para ello, aprobó un real decreto, pero fue recurrido por Vox ante el Supremo.
Tras ese recurso, el Ejecutivo decidió aprovechar en marzo el decreto de medidas económicas contra la pandemia para realizar una modificación de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y blindar ese cambio en la composición de la comisión de Asuntos de Inteligencia.
Para incluir a Iglesias en la comisión que controla al CNI, Sanchéz dio entrada a todos los vicepresidentes –hasta ahora solo estaba la vicepresidenta primera–. La modificación también contemplaba la inclusión del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un cargo que ahora ostenta Iván Redondo.
En concreto, la sentencia declara que el precepto adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, en cuanto su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley vulnera los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo.
Añade que el artículo 86.1 del texto constitucional señala que solo en «caso de extraordinaria y urgente necesidad» podrá el Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.
OBVIÓ EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.
Acudiendo a una jurisprudencia consolidada en esta materia, la sentencia, de la que hoy sólo se ha avanzado una nota de prensa, pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, y que no se discuten.
El real decreto-ley contempla una serie de medidas de carácter económico, social y sanitario dirigidas a atender de forma inmediata las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19, y no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces vicepresidente Segundo del Gobierno, siendo éstas las razones esenciales que determinan la infracción del mencionado precepto constitucional.
VOX LO CALIFICÓ DE «TRUCO»
Los recursos fueron presentados por el PP y Vox. El partido liderado por Santiago Abascal, que calificó de «truco» al método empleado para incluir al ya ex líder de Podemos en este órgano parlamentario.
El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero de 2020 un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI para dar la oportunidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incluir a los cargos de la Administración que considerase convenientes.
Ese decreto fue recurrido por Vox y posteriormente, según el recurso presentado ante el TC, el Gobierno trató de sortear ese recurso incluyendo la modificación de la composición de la comisión delegada del CNI en el decreto ley que recoge todas las medidas aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.
Defendía en el recuso resuelto este jueves por el TC que los decretos tienen que obedecer a una circunstancia «de extraordinaria y urgente necesidad», requisito que sí reúne el COVID-19 pero «en ningún caso una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos en la Comisión del CNI».
La disposición adicional segunda incluida por el Gobierno, ahora declarada inconstitucional reza: «La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria».
El dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde estaba el pozo en el que cayó y falleció en enero de 2019 el pequeño Julen ha informado de la consignación de la indemnización que debía de varios meses a los padres, con el fin de poder evitar ir a prisión para cumplir la condena impuesta por un delito de homicidio con imprudencia grave por la muerte del niño.
El escrito, remitido este jueves por la defensa de David Serrano al Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que mantiene suspendida la pena impuesta de un año de prisión, señala que este ha satisfecho ya el importe total de 200 euros, a razón de 50 euros mensuales, que no había abonado desde febrero pasado.
Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros, con una cuota mensual de 50 euros. La prisión fue suspendida, por lo que no ha ingresado en la cárcel, aunque este beneficio está condicionado a cuestiones como el pago de la responsabilidad civil, de la que inicialmente abonó 25.000 euros.
Posteriormente, en diciembre pasado, la Fiscalía y la familia de Julen pidieron la revocación del beneficio de la suspensión de la condena y el ingreso en prisión «inmediato» del condenado, al no haber pagado varias mensualidades de la indemnización. Ante eso, la defensa del condenado consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente.
En ese momento, el magistrado acordó mantener la suspensión de la pena de prisión, al considerar que lo sucedido «no debe conllevar la revocación del beneficio», aunque advirtió a Serrano de su posible revocación si se producían nuevos impagos de la indemnización que debe pagar a los padres y si no informaba de su situación económica al juzgado.
La pasada semana, el juzgado emitió una resolución, en la que se indicaba que examinada la cuenta de consignaciones, se ha comprobado que el penado había «incumplido» la obligación de abono de la responsabilidad civil desde el mes de febrero, según la información adelantada por el Diario ‘SUR’.
En dicha diligencia de ordenación, se acuerda «iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión» y dar traslado a las partes para que se pronuncien al respecto y en el caso del fiscal para que emita un informe. La abogada de los padres ya se ha manifestado, según han apuntado fuentes judiciales, instando a la revocación de la suspensión de la condena.
Por su parte, la defensa del condenado se opone a dicha revocación en el mismo escrito en el que informa de que se ha realizado el pago del importe total de 200 euros. El letrado Antonio Flores, del despacho LawBird Legal Services, que representa a Serrano, ha señalado que han aportado lo que el cliente les traslada y entienden «que debería quedarse aclarado» el asunto.
Con todos los pronunciamientos que emitan las partes personadas en este caso el magistrado deberá tomar una decisión respecto a la continuación o no del trámite para revocar el beneficio de la suspensión del ingreso en prisión de Serrano.
Un total de 170 temporeras marroquíes contratadas en origen para la campaña agrícola de Huelva espera su repatriación «por razones humanitarias» a Marruecos, después de que el viaje haya sido suspendido por el Gobierno alahuita «sin razón concreta».
Según informa la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en nota de prensa, el pasado 21 de abril estaba previsto «con todas las medidas administrativas y sanitarias en regla», el retorno de 80 trabajadoras de la campaña de frutos rojos que debían ser repatriadas a Marruecos «por razones humanitarias, algunas de gravedad» por «razones de salud, nacimiento de hijos o fallecimiento de familiares en Marruecos», pero que «vieron imposible el retorno sin una razón concreta».
Desde entonces, la organización ha indicado que «las necesidades de repatriación han aumentado hasta 170 personas» y que «el Gobierno de Marruecos no ofrece aclaraciones sobre el motivo de la suspensión ni ofrece una nueva fecha para el viaje de vuelta de estas trabajadoras».
En este punto, UPA Huelva ha trasladado «su incertidumbre y preocupación» al respecto, «dado que las trabajadoras necesitan volver a sus hogares con sus familias y no pueden por circunstancias ajenas a ellas, a los empresarios y al Gobierno de España», por lo que considera necesario que el Gobierno de Marruecos se pronuncie» y ofrezca soluciones a sus compatriotas».
Así, según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ya se está trabajando para solventar esta situación, mientras que desde UPA han solicitado al Cónsul de Marruecos una reunión urgente para abordar este tema. Asimismo se ha hecho extensiva la solicitud de reunión al secretario de Estado de Migraciones, Jesús Pera Cortijo, «por su competencia en la materia por parte del Gobierno de España».
La organización agraria ha trasladado a ambas administraciones que, a finales de mayo, comenzará el retorno escalonado de la totalidad del contingente y que «debe organizarse y coordinarse con una antelación adecuada», por lo que, asevera, «la falta de noticias al respecto está generando inseguridad tanto entre las personas trabajadoras como entre los empresarios».
En este sentido, UPA Huelva ha solicitado tanto al cónsul como a la Dirección de Migraciones del Gobierno de España «la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que el retorno de las trabajadoras sea efectivo en las fechas previstas como en cada campaña» y «evitar escenarios como el vivido la campaña pasada con el cierre de fronteras con Marruecos debido al Covid-19».
Finalmente, UPA apela «a la sensibilidad del Gobierno marroquí con sus súbditos que están trabajando en la campaña agrícola bajo el sistema de contratación en origen», y espera «que se ponga solución urgente al retorno inmediato de estas 170 trabajadoras».
Cabe recordar que a día de hoy se encuentran en la provincia 12.725 trabajadoras de contratación en origen para la campaña de las fresas y los frutos rojos de Huelva.
Laboratorios BIO-DIS, uno de los líderes nacionales en la elaboración y distribución de vitaminas, minerales y complementos alimenticios, ha hecho frente a la pandemia consiguiendo cerrar 2020 con un incremento de la facturación de casi el 16%, hasta los 3,6 millones de euros.
Este crecimiento se ha sustentado en la comercialización online, el lanzamiento de nuevos productos, los mercados internacionales y la calidad tanto de los productos como del servicio al cliente.
En este sentido, el aumento de las ventas online del pasado ejercicio prácticamente se duplicó (+92,6%); mientras que, en cuanto a la exportación, actividad que ya supone el 22 por ciento de la facturación total, Laboratorios BIO-DIS avanzó en su expansión internacional, un objetivo prioritario en su plan estratégico y que reforzará en 2021 con su salto a China, Egipto y Qatar.
Entre sus hitos más destacados, figura también el crecimiento de la plantilla hasta superar la treintena de empleados con un repunte del 10 por ciento, la adquisición de dos naves industriales para la ampliación de la producción y la puesta en marcha de un nuevo portal de ‘ecommerce’ destinado a profesionales, con el que ha aumentado el abanico de posibilidades de venta y ha avanzando en su estrategia digitalización.
«A lo largo de las casi tres décadas de vida de la empresa, 2020 ha sido uno de los ejercicios más complicados a los que nos hemos enfrentado. Por eso, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en volumen de negocio y, sobre todo, en número de trabajadores, logrando repuntes en ambos casos de dos dígitos», ha explicado su CEO, José Maria Cantarero, cofundador de esta empresa familiar.
Asimismo, ha subrayado el esfuerzo realizado con el lanzamiento de 22 nuevos productos, muchos de ellos adaptados a la situación de pandemia. «Desde hace más de un año, con la irrupción del Covid-19, hemos dado un fuerte impulso a la diversificación de nuestro porfolio de específicos bajo nuestra marca propia Nature Essential para poder satisfacer la demanda de los clientes, ofreciéndoles productos para potenciar las articulaciones y la musculatura (Confortflex Colágeno); mantener los niveles de colesterol sanguíneo (Colestless Complex); favorecer la relajación y el descanso (Valeriana Complex); o (Cúrcuma Complex), uno de nuestros artículos más vendidos a lo largo de los últimos meses dado que ayuda a nuestras defensas».
PRESENCIA INTERNACIONAL
Los 300 productos de sus marcas propias se comercializan en más de 40 países. Con una importante penetración en el mercado herbodietético nacional, Laboratorios BIO-DIS está presente en los lineales de más de 4.000 puntos de venta minoristas especializados y ha consolidado su proyección internacional con más de 100 distribuidores en Europa, Oriente Medio y Asia.
La empresa, fundada en 1992 por los hermanos Cantarero y que se sitúa en la actualidad en el Top50 de las compañías españolas de este ámbito, ha ampliado también sus servicios con una línea de fabricación de productos para terceros (Private Label).
Además de contar con tecnología de vanguardia, Laboratorios BIO-DIS ha implementado en todos sus procesos programas de sostenibilidad -basados en la eficiencia en el uso de los recursos y el reciclaje- y dispone de los Certificados de Calidad, acreditados internacionalmente, que garantizan la excelencia en todos los procesos: Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) e ISO 9001:2008 que certifica la calidad en la distribución y en la comercialización.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo trabaja para tener a punto su informe sobre los indultos solicitados por los condenados por el ‘procés’ independentista en Cataluña a finales de este mes de mayo, han señalado fuentes jurídicas, lo que supondrá que el Gobierno ya tendrá las manos libres para adoptar una decisión al respecto.
Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó –estos tres últimos condenados por desobediencia–; los ‘Jordis’; y Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos.
El indulto referido a Junqueras –condenado a 13 años por sedición y malversación de caudales públicos– fue presentado por varios internos de la cárcel de Lledoners donde cumple su pena, el presidente del partido Justicia Económica y Social (JES) Sergio Querol, el jurista Francesc Jufesa y otro particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, quienes pedían el indulto total o parcial mediante la reducción de la pena de prisión impuesta o la sustitución de esta por pena de inhabilitación.
El trabajo del tribunal enjuiciador se viene acelerando desde la semana pasada, cuando se conoció que las defensas de Junqueras y de otros condenados ni siquiera contestarían al requerimiento del informe sobre sus indultos realizado por el Tribunal Supremo (TS), que les había dado la posibilidad de que alegaran lo que consideren conveniente acerca de esta petición. Se trataba de un requerimiento de cortesía del alto tribunal, ya que la Ley del Indulto no contempla este trámite.
La Sala de lo Penal explicó que había decidido escuchar lo que tuviera que decir cada condenado porque las peticiones no proceden de ellos, sino que están promovidas por «terceras personas e instituciones».
ES EL ÚLTIMO INFORME PENDIENTE
El Supremo ha recabado los informes requeridos por el trámite del indulto. Tiene ya en su poder el de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado, tras lo cual deberá emitir el suyo propio y enviarlos todos al Ministerio de Justicia, que los estudiará para adoptar una posición que llevará al Consejo de Ministros.
La Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de los indultos, por considerar que es una decisión que compete al Gobierno, si bien ha destacado que el «perjuicio económico» provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.
Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos. La concesión, en caso de producirse, corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en una comparecencia parlamentaria del pasado 23 de septiembre que los indultos solicitados a favor de los condenados por el ‘procès’ comenzarían a tramitarse la semana siguiente y, en una entrevista concedida el 30 de diciembre a Rac1, auguró que terminarían en el primer semestre de 2021, por lo que el asunto discurre en los plazos previstos inicialmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Manos Unidas ha inaugurado en el Palacio de Colomina CEU la exposición fotográfica ’24 horas en la vida de una mujer en India’, que recuerda «cómo condiciona el lugar de nacimiento la vida de las personas, sobre todo de las mujeres».
Madrugar, ir a por agua, buscar leña, lavar la ropa, cuidar el campo o el ganado, atender el puesto del mercado, cocinar, cuidar a la familia y otras labores componen el día de una mujer india, según ha explicado la ONG en un comunicado, en el que señala que «resumir en 24 fotografías sus 24 horas no es fácil».
El voluntario Javier Cuadrado, fotógrafo de vocación y médico de profesión, pone rostro a mujeres y niñas en su día a día en la inmensidad del subcontinente indio. En la exposición ’24 horas en la vida de una mujer en India’, mostrada en el Palacio de Colomina CEU hasta el 30 de junio, Javier Cuadrado transmite «de forma muy auténtica el bullicio, el color y la humanidad de este paíslleno de vida, la sonrisa de sus mujeres, su parte más amable y feliz».
Sin embargo, ha puntualizado la delegada de Manos Unidas en Valencia, Ana Ruiz, «no es nada fácil ser mujer en India». «Nacer mujer en India supone una desgracia y un problema para los padres. Desde el principio de sus vidas son discriminadas», y «los padres conciertan sus matrimonios desde muy jovencitas».
El fotógrafo y voluntario de Manos Unidas apunta que las miradas de estas imágenes, todas de mujeres y niñas, «desbordan a quien las observa, y hacen tambalear muchas de las seguridades que creemos tener». «Sin duda, el futuro será mejor si todos colaboramos, porque es de justicia», ha indicado Javier Cuadrado, natural de Toro (Zamora) y licenciado en Medicina y Cirugía que trabaja en el SUMMA-112 de la Comunidad de Madrid y compagina su profesión con la fotografía. Sus instantáneas se han mostrado en más de 30 exposiciones individuales en distintas ciudades españolas.
INDIA DURANTE LA PANDEMIA
La ONG ha puesto el foco en la situación que vive India en estos momentos a causa del coronavirus. Los socios locales informan de que la situación es «desesperada porque hay miles de contagiados y los hospitales están desbordados. No hay oxígeno para todos enfermos y los muertos se cuentan por miles», ha relatado la asociación.
Por este motivo, en la exposición, se ha añadido la proyección de imágenes de la India del Covid, a la que Manos Unidas apoya con una cuenta de emergencia con los donativos.
LABOR DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas lleva casi 60 años trabajando en la India en proyectos enfocados a diferentes sectores. En el ámbito educativo, como puede verse en las fotos de la escuela del slum de Allahabad, donde los niños de la calle pueden alfabetizarse en hindi y en inglés y soñar con un futuro mejor.
También pone en marcha iniciativas de tipo sanitario, como el de Myosre, que lleva los médicos del hospital a pueblos alejados, que carecen de atención médica y que permite atender a personas que no tienen posibilidad de desplazarse a centros sanitarios.
Gracias a proyectos agrícolas, de promoción social y de promoción de la mujer, Manos Unidas consigue «dar esperanza en el futuro» a aquellos que vivían resignados a «unas condiciones de vida inimaginables».
El investigador y erudito británico William Chislett ha realizado la donación de 500 libros a la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC), en su mayoría obras sobre Historia Contemporánea de España, con títulos en inglés y en español.
Los 500 libros sobre España cedidos a la UC incluyen autores como John Elliott, Henry Kamen, Hugh Thomas y Felipe Fernández-Armesto sobre el imperio español, Paul Preston sobre el régimen franquista y Tom Burns y el propio Chislett mismo sobre la España contemporánea. Entre los autores españoles está Santos Juliá.
El libro más antiguo es de Arthur Koestler (Spanish Testament, publicado en 1937). También hay más de 15 libros, todos firmados, de Ian Gibson sobre Lorca, Machado, Buñuel, entre otros autores, ha informado la institución en nota de prensa.
Según ha explicado la catedrática María Jesús González Hernández, del Departamento de Historia Moderna UC, Chislett habló con su amigo el hispanista John Elliott, doctor Honoris Causa UC, para pedirle consejo sobre una biblioteca universitaria idónea para ceder su colección de libros sobre España.
Fue el historiador John Elliott quien le propuso donar las obras a la UC y que para ello contactara con la profesora González Hernández, quien a su vez realizó las gestiones pertinentes con la directora de la BUC, María Jesús Sáiz y con la responsable de la División Interfacultativo, Ángela Saiz Silió, con «una acogida excelente».
Según González Hernández, los fondos bibliográficos donados serían de interés para docentes, personal investigador y alumnado de grado de humanidades y también de estudiantes internacionales de las asignaturas que se imparten en español o en inglés Spanish History and Culture o Contemporary Spain.
Ante la «excelente acogida» inicial de la Biblioteca Universitaria, se estableció diálogo y contacto entre las tres partes, con la «muy grata conclusión» de que Chislett, pese a contar con otras ofertas, ha decidido «generosa, amable y definitivamente donar su colección a la UC, que estará en las estanterías de la BUC a finales del presente mes de mayo, ha indicado la catedrática.
A esta «generosidad» se suma la predisposición de Chislett de participar y contribuir con su gran conocimiento (sobre Barea y el exilio, la transición, la España actual) como invitado en seminarios en la asignatura de Contemporary Spain, que impartirá la profesora González en el curso 2021-22, seminarios que se abrirán al resto del profesorado y alumnado de la UC.
WILLIAM CHISLETT
William Chislett (Oxford, 1951) es investigador senior del Real Instituto Elcano, en Madrid, corresponsal de The Times en España en los años de la Transición, autor de 20 libros sobre varios países y especialista en la España contemporánea.
En 2018, este historiador apasionado de España organizó en el Instituto Cervantes en Madrid la primera exposición sobre Arturo Barea (1897-1957), el escritor republicano exiliado en Inglaterra, al que también contribuyó a homenajear con una placa en Faringdon, Inglaterra y una plaza en Lavapiés, Madrid, y del que cuenta con abundante obra y material. Recientemente ha cedido este material a la Biblioteca Nacional en Madrid.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair con 219 votos a favor, 121 votos en contra y con seis abstenciones.
Con votos positivos del PP, Vox y Unidas Podemos, el Pleno ha rechazado el voto particular del PSOE al dictamen. Los socialistas decidieron emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos de este suponen una «grave vulneración de la ley» y pueden ser contrarios al derecho.
El dictamen, aprobado el pasado 22 abril por dicha comisión, responsabiliza del «fallo sistémico» que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez. Según el documento, el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una «correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente» en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.
El diputado socialista César Joaquín Ramos Esteban ha defendido este jueves que el grupo no «puede» votar a favor del dictamen «porque no tiene garantías jurídicas» y porque no pueden aprobar «un dictamen que siga todavía abierto y las víctimas sigan teniendo en su cabeza que no se cerró».
Ramos ha indicado que la comisión de investigación «se creó para el apoyo y la reparación de las víctimas», para «esclarecer los hechos» y para encontrar «enseñanzas para que esto no vuelva a ocurrir», pero ha considerado que una comisión parlamentaria «no puede declarar responsabilidades».
La presidenta de la comisión, la diputada de Unidas Podemos Meri Pita, ha manifestado, durante su intervención en el Pleno, que la «conclusión clara es que el sistema falló, no solo el aciago día del accidente, sino de forma previa y posterior al mismo», por lo que «los encargados de establecer, de evaluar, comprobar y corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición», deben «asumir las responsabilidades que les corresponden» tanto políticas como públicas.
Pita ha añadido que los gobernantes tienen que «desplegar un cuidado formal y material como garantes de la ciudadanía», por lo que su responsabilidad «no es meramente formal». Así, ha defendido que la comisión «señala responsabilidades, no imputa delito porque no tiene competencias para hacerlo», añadiendo que «eso le corresponde a otro ámbito que, desde luego, no es el Legislativo».
El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una «correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente» en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.
En dicha comisión, aprobada el 6 de febrero de 2018 por el Pleno del Congreso de los Diputados, han comparecido un total de 48 comparecientes y se ha analizado documentación tanto pública como privada.
El documento recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac).
Entre ellos, se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.
El dictamen añade que, «más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales», en una democracia «debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan».
«UNA SERIE DE HECHOS CONCATENADOS QUE ACABAN EN TRAGEDIA»
En las conclusiones, el dictamen señala que la compañía Spanair ya sufría por entonces las «serias dificultades económicas» que provocaron su quiebra en 2011, mientras que el Reglamento Europeo dispone que es necesario que las compañías aéreas operen «con criterios de buena gestión económica» para garantizar la seguridad. La compañía también habría recibido «sin mediar inspección» la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).
El documento también recoge la actuación tanto de los técnicos de mantenimiento de Spanair, que solucionaron el problema inicial del avión «sin averiguar qué estaba originando la avería», como la de los pilotos, que «presionados por el compromiso» de puntualidad de la aerolínea, así como por el ERE presentando por Spanair días antes, no chequearon de manera correcta el sistema de despegue del avión.
Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing «no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos».
Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron «todas las barreras de seguridad».
Entre las recomendaciones, el dictamen detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la CIAIAC no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional.
Asimismo, otras de las recomendaciones plantean la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples; que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elabore un informe que recoja las diversas acciones preventivas y correctivas que han sido llevadas a cabo por parte de las instituciones públicas involucradas en la seguridad aeronáutica después de ocurrido el siniestro el 20 de agosto de 2008; y que se revisen los protocolos de asistencia sanitaria o de administraciones autonómicas y locales, compañías aéreas, Protección Civil y Aena, además de realizarse simulacros para garantizar la seguridad en accidentes aéreos.
Las obras de rehabilitación de la muralla islámica del siglo XI situada en la plaza del Ángel han sacado a la luz parte del cementerio medieval de la desaparecida parroquia de Santa Cruz, situada en la plaza del mismo nombre. También se han encontrado restos del patio y las cuadras de la posada del Ángel, que pervivió hasta la riada de 1957.
Con el avance de las excavaciones arqueológicas se espera que aparezca el foso que discurría delante de la fortificación y que después se aprovechó para canalizar la acequia de Rovella, según ha detallado el Ayuntamiento de València en un comunicado.
Por bajo de la muralla, se ha encontrado parte del cementerio de la parroquia de Santa Cruz, ubicado en la plaza del mismo nombre, que se destruyó en 1884. El Ayuntamiento de València acordó en 1805 el traslado de los enterramientos de todas las necrópolis parroquiales ubicadas intramuros en el cementerio general, pero en el caso de la Santa Cruz, como en otros muchos, solo se hizo parcialmente, por lo que permanecen restos óseos.
El alcalde de València, Joan Ribó, que ha visitado las excavaciones junto a la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha resaltado que la recuperación de la muralla «es un elemento fundamental para conocer nuestro patrimonio y nuestra historia».
Bajo esta premisa, ha explicado que el objetivo es habilitar un «parque arqueológico» o algún tipo de instalación para disponer de una «herramienta fundamental para que todos los valencianos puedan profundizar en sus raíces», «de manera que a la vez que la gente disfruta de un espacio pueda enterarse de nuestra historia, de donde venimos, de quien somos los valencianos.
«Es muy importante a la hora de definir la personalidad de una ciudad trabajar mucho sus restos y cuidarlos», ha señalado, antes de lamentar que la muralla «era un rasgo característico de la ciudad, que se ha perdido en parte», pero que el consistorio quiere recuperarla y dignificarla».
Por su parte, Glòria Tello ha incidido en que el futuro centro de interpretación tiene la finalidad de «educar y concienciar a la ciudadanía sobre cómo era València y cómo ha evolucionado el barrio del Carme». La edil ha apuntado asimismo que cuando las obras concluyan, en junio de 2022, se recobrarán las dimensiones originales de la muralla.
La actuación cuenta con un presupuesto de 3.440.661,51 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, comenzó el pasado 10 de marzo y contempla la intervención arqueológica en todo el ámbito. Las excavaciones realizadas hasta ahora han permitido también localizar vestigios de patios ajardinados con balsas de agua correspondientes a viviendas de la segunda mitad del siglo XIX.
Por otro lado, se están recuperando elementos del patio y las cuadras de la antigua posada del Ángel, que estuvo en pie hasta la riada de 1957, momento en que se abandonó. También han aparecido rastros de construcciones adosadas en la muralla y una calle con una canalización central de desagüe del siglo XIII.
A medida que se desarrollen los trabajos, está previsto que salgan a la luz el antemuro, la liza y el foso que discurría por delante de la fortificación y que en época bajomedieval se aprovechó para canalizar un brazo de la acequia de Rovella.
UGT ha presentado este jueves en el marco de unas jornadas confederales su propuesta para implantar en España la jornada semanal de 32 horas, una medida que ha propuesto financiar con ayuda del Estado, a través de la futura reforma fiscal, y a la que podrían contribuir una parte de los fondos europeos que recibirá España en el marco del Plan de Recuperación.
Según el sindicato, habría que valorar esa posibilidad de utilizar una pequeña parte de los fondos de la UE para poner en marcha la jornada semanal de 32 horas, sin menoscabo de que su financiación provenga mayoritariamente de la reforma fiscal pendiente.
UGT defiende que esta medida encajaría dentro de los objetivos que se persiguen con los fondos europeos porque promovería la modernización de la economía española.
La propuesta de UGT de trabajar cuatro días a la semana, que no es una propuesta cerrada, se debatirá con mayor profundidad en el 43 Congreso Confederal que el sindicato celebrará del 18 al 20 de mayo en Valencia y que también quiere llevar a la negociación colectiva y a la mesa del diálogo social con el Gobierno.
«Vamos al Congreso Confederal absolutamente convencidos de que ésta es una propuesta que se va abrir camino. Nosotros, como sindicato, lo vamos a lanzar en el Congreso, en las plataformas reivindicativas de los convenios y en las negociaciones con el Gobierno para que en un plazo no tan largo pasemos de la jornada de 40 horas semanales a 32″, ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la clausura de estas jornadas.
El sindicato ha argumentado que la jornada laboral de 8 horas se implantó hace más de 100 años y que ya toca hacer modificaciones en la misma, sobre todo por los beneficios que traería tanto para trabajadores como para las empresas.
«Es el momento de dar ese paso hacia adelante con la jornada laboral de 32 horas (…) Es una gran oportunidad para tener un debate sobre los horarios de trabajo en las empresas», ha declarado el secretario general de UGT.
El dirigente sindical ha afirmado que la implantación de esta medida beneficiaría a la igualdad entre hombres y mujeres y al medio ambiente, aumentaría la productividad y la competitividad de las empresas, y contribuiría a crear más empleo y de mayor calidad.
«Es una medida de progreso y de justicia social», ha señalado Álvarez, que ha añadido que para que fuera efectiva se necesitaría que se produjera un mayor control del registro horario en las empresas, lo que implicaría a su vez mayores recursos para la Inspección de Trabajo, así como que se redujera el uso de las horas extraordinarias.
En este sentido, el sindicato ha argumentado que hasta un 44% de los ocupados realiza una jornada superior a las 40 horas semanales debido al uso «fraudulento y abusivo» que se hace de las horas extraordinarias, que en la última década superan los 300 millones anuales, el equivalente a 180.000 puestos de trabajo.
Asimismo, UGT defiende que en 2019 se trabajaron en España hasta 60 horas más al año que en la Unión Europea y hasta 115 más en comparación con la eurozona. Además, alega que en casi todos los sectores se siguen trabajando las mismas horas o más que hace tres décadas y que sólo en la construcción se trabajan menos horas.
Los artistas malagueños Vanesa Martín y Zenet presentan ‘Contigo’ en una nueva versión como nuevo single conjunto como segundo anticipo del próximo álbum «Zenetianos» del cantante, acompañado del siguiente videoclip.
El tema original de ‘Contigo’ por Zenet está incluido en su disco «La menor explicación» (2012). El vídeo musical está rodado en el Museum Jorge Rando (Málaga), contando con la Guitarra de José Taboada y la trompeta de Manuel Machado. Vanesa Martín ha comentado: «un gustazo acompañar a mi paisano Zenet en su nuevo single. Es una de las voces con más personalidad».
«Zenetianos» es un disco de duetos de Zenet con las colaboraciones de artistas a los que admira, repasando algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera e interpretándola junto al invitado en cuestión, acompañados únicamente por la guitarra de José Taboada y algún otro instrumento solista como el violín de Raúl Márquez o la trompeta de Manuel Machado.
El álbum se publicará a finales de mayo, incluyendo como artistas colaboradores en las voces a DePedro, Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Coque Malla, Miguel Poveda, Xoel López, Virginia Maestro o Pasión Vega, entre otros. Con anterior anticipo se lanzó ‘Me gustas’ con El Kanka.
Letra de ‘Contigo’
Contigo, solo contigo todo es lo que parece Nada vuelve a ser lo mismo Siempre significa siempre
Contigo he aprendido a no contar con los dedos A pensar en infinito A entender el universo
Contigo he aprendido cómo se cogen las flores Cómo se besa distinto Cómo se escribe mi nombre
Tú me has bajado del tejado Me has enseñado a volar con la palma de las manos Tú sabes dónde me escondo Tú me sacas la verdad, sin mirarme a los ojos
Contigo sé lo que digo Contigo ni me lo pienso Contigo, solo contigo, contigo me pasa eso
Contigo soy como soy Y valgo por lo que siento Contigo por fin me voy a enterar de lo que es bueno
Tú me has bajado del tejado Me has enseñado a volar con las palmas de las manos Tú sabes dónde me escondo Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos
La proveedora de servicios de telecomunicaciones Ezentis ha conseguido, gracias a los nuevos contratos obtenidos, volver a beneficios en el primer trimestre de 2021, con un saldo positivo de 200.000 euros, dato que contrasta con el millón de euros en pérdidas registrado en el mismo periodo del pasado año.
Desde Ezentis han señalado que este crecimiento se ha consolidado gracias a los 314 millones de euros conseguidos de enero a marzo en renovaciones y nuevos contratos. Con este dato, han conseguido garantizarse 858 millones de euros en contratos plurianuales, lo que supone 2,3 veces sobre los ingresos de los últimos 12 meses.
Así pues, Ezentis alcanzó una facturación de 94,2 millones de euros y un beneficio operativo de 3,1 millones. El resultado financiero neto es negativo (-3%) y el margen Ebitda se sitúa en un 11,6%.
Desde la compañía de servicios de ‘última milla’ han destacado el crecimiento de la cifra de negocio procedente de Europa, que ha pasado del 9% que suponía hace sólo tres años al 50% actual. Brasil aporta un 23% de los ingresos, y la zona Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), supone un 27% del negocio.
Además, señalan que en el primer trimestre, el endeudamiento del grupo se ha reducido un 8% desde el cierre de 2020, con una sólida posición de caja de 25,5 millones de euros.
El Plan de Transformación Operativo puesto en marcha el año pasado, con un coste especial por el cambio del modelo productivo que impactó en 22,3 millones de euros en la cuenta de resultados.
UN AÑO DE SUPERACIÓN
«2020 ha sido un año de superación, en el que, pese a las dificultades, hemos sido capaces de remontar en la segunda mitad del año gracias a nuestro modelo de negocio resiliente», ha señalado ante la junta general de accionista (que se ha realizado de forma telemática) el consejero delegado de Ezentis, Fernando González.
El consejero delegado, además, ha reafirmado las perspectivas de la empresa para 2023. «La brújula de Ezentis siguen siendo las Perspectivas 2023, a través de las que vertebramos la compañía y nuestra actividad de gestión», ha asegurado. «Hoy más que nunca, el reto de aumentar nuestra presencia en Europa hasta el 70%, reforzar el área de Energía hasta el 40% y lograr unos ingresos de 1.000 millones de euros es una realidad, ya que, a nuestro sólido negocio de telecomunicaciones y de sistemas de seguridad, se suma el desarrollo del negocio de despliegue, operación y mantenimiento de infraestructuras en el ámbito de las energías, sector donde nuestro principal accionista, Eléctrica Nuriel (José Elías), es un referente».
Por su parte, el presidente no ejecutivo, Enrique Sánchez de León, ha puesto en valor ante los accionistas el negocio «esencial» que desarrolla la compañía. «Ezentis está en los dos sectores probablemente con mayor crecimiento y proyección a nivel global: las telecomunicaciones y la energía». «Contamos con una gobernanza eficiente y transparente, una sólida posición de caja y una proyección a futuro que asegure la creación de valor para todos los accionistas».
La Junta ha respaldado por amplia mayoría la gestión del Consejo de Administración y las cuentas de la compañía durante el ejercicio 2020.
Banco Santander, a través de Santander Universidades, y Oxentia Foundation han lanzado ‘Santander X Global Challenge | Helping Businesses Prosper’, un reto con el objetivo de identificar soluciones innovadoras y escalables enfocadas a apoyar la digitalización y reforzar la eficiencia de las pymes.
El periodo de inscripción para ‘startups’ y ‘scaleups’ se ha abierto hoy en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos. La empresa debe estar legalmente constituidas, comercializar un producto o servicio y tener ingresos por ventas que no superen los 500.000 euros anuales, en el caso de las ‘startups’, o de más de 500.000 euros anuales, enn el caso de las ‘scaleups’.
Los proyectos deberán recoger soluciones que se basen en dos objetivos: por un lado, que ayuden a las pymes en la digitalización de su negocio, y por el otro, que incrementen la eficiencia de este tipo de empresas, para comprender mejor su estado financiero, ampliar sus oportunidades al mínimo riesgo y automatizar operaciones que mejoren su estrategia a largo plazo.
Las startups y scaleups que deseen participar, podrán inscribirse a través de la página web www.santanderx.com hasta el 24 de junio.
Un grupo de expertos internacionales evaluará las soluciones presentadas y seleccionará 20 proyectos finalistas, que el 6 de julio presentarán sus proyectos frente a un jurado internacional formado por líderes en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, la innovación y la inversión.
De los 20 finalistas, nacerán los cuatro ganadores que se darán a conocer el 9 de julio en un evento retransmitido por streaming a través de la web www.santander.es.
Dos ‘scaleups’ recibirán recibirán 50.000 euros cada una para el desarrollo de los proyectos, mientras que dos ‘startups’ recibirán 10.000 euros respectivamente. Además, todos los ganadores recibirán una mentoría especializada en propiedad intelectual impartida por Oxentia Foundation, visibilidad en las redes sociales y canales oficiales de Banco Santander y la oportunidad de presentar el proyecto en ‘Fintech Station’.
«Ayudar a las pymes a progresar es el propósito central del Santander y esto significa ayudar a la sociedad a progresar. En Europa las pymes representan más de la mitad de la economía y el 65% de todo el empleo. Y por eso, en un momento tan desafiante para las pymes, me complace anunciar que Santander X hace un llamamiento a la comunidad emprendedora del todo el mundo», ha afirmado el consejero delegado de Santander España y responsable regional de Europa, António Simões.
Por su parte, el consejero delegado de Oxentia Foundation, Steve Cleverley, ha asegurado que «en Oxentia comprendemos plenamente los desafíos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas cuando crecen y escalan. Oxentia ha apoyado a pymes y emprendedores de todo el mundo a crecer y escalar sus negocios a través de la innovación. Por eso, estamos encantados de participar en el lanzamiento de este reto, en colaboración con Santander X, para encontrar innovaciones que ayuden a las empresas a prosperar mediante la digitalización de su negocio y a mejorar su eficiencia».
El número de deudores concursados alcanzó la cifra de 2.799 En el primer trimestre de 2021, lo que supone un aumento del 86,5% respecto al mismo período del año anterior, según los datos comunicados este jueves por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.
Por tipo de concurso, un total de 1.522 fueron voluntarios (un 6,4% más que en el primer trimestre de 2020), mientras que 19 fueron necesarios (un 73,2% menos). Según han explicado los registradores, esta disminución es consecuencia directa de las diferentes moratorias establecidas en sucesivos Reales Decretos aprobados a lo largo de 2020, que suponen la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario.
La estadística también incluye los concursos ‘exprés’ (apertura y cierre simultáneos del procedimiento por insuficiencia de masa activa), que han sido 853. Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios aumentan un 9%, mientras que los abreviados lo hacen en un 31,1%.
De los 2.799 deudores concursados en el primer trimestre, 1.260 son empresas personas jurídicas, 530 son personas físicas con actividad empresarial, y 1.009 son personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 45%, 18,9% y 36,1% respectivamente, del total de deudores.
COMERCIO Y HOSTELERÍA, LOS SECTORES MÁS AFECTADOS
El 18,2% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio y el 17,9% la Hostelería. En cuanto al número de asalariados, el 41% del total tiene menos de seis y, entre éstas, el 31,4% no tiene asalariados.
Por su parte, la estadística refleja que el 26,4% del total de empresas concursadas en el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 15,3% tiene cuatro o menos años de antigüedad.
En concreto, el 26,9% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de antigüedad pertenecen al sector Hostelería. Por su parte, el 37,8% de las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican al Comercio y a la Industria y energía.
CATALUÑA, MADRID Y COMUNIDAD VALENCIANA CONCENTRAN LA MAYOR PARTE
Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2021 son Cataluña (948), Comunidad de Madrid (381) y Comunidad Valenciana (366), concentrando entre las tres el 60,6% del total de deudores concursados.
Por su parte, Cantabria presenta la única bajada anual en el primer trimestre (-30%) y Canarias y Navarra los mayores aumentos (un 322,7% y un 300% respectivamente).
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha arremetido este jueves contra el Banco de España por «resucitar» la «vieja y caduca» medida de la mochila austriaca con el objetivo de abaratar los costes del despido en España.
Además, ha denunciado la «insolencia permanente» que, a su juicio, muestra esta institución al «irrumpir como elefante en cacharrería» en el debate sobre la modernización del mercado laboral, «siempre con las mismas tesis» y sin tener en cuenta el momento político actual.
Durante la clausura de unas jornadas del sindicato sobre la jornada semanal de 32 horas, Álvarez ha acusado al Banco de España de tener un «cierto desconocimiento» sobre la llamada mochila austriaca, pues ésta no nació para reducir el coste del despido, sino para favorecer la movilidad laboral en Austria, ha subrayado.
«Lo que propone (el Banco de España) es rebajar el coste del despido al 50% como manera de igualar el coste entre contratos indefinidos y temporales y poner ese 50% en una mochila pretendiendo que sirva para un fondo de pensiones para los trabajadores. En Austria esta mochila se recoge cuando quieren los trabajadores, no están obligados a mantenerlas para un fondo de pensiones», ha apuntado.
Álvarez ha afirmado que nadie puede creer que con el sueldo más frecuente en España, de apenas 1.000 euros, se puede pensar que un trabajador va a poder guardar el dinero de la mochila para el momento de su jubilación.
«¿Es que no va a tener necesidades que cubrir? ¿Se cree que un trabajador fijo-discontinuo del sector turístico, que trabaja a temporadas, se va a poder guardar ese dinero?», se ha preguntado.
El líder de UGT ha afirmado que otra manera de reducir la dualidad entre contratos temporales e indefinidos sería que los primeros no existieran y que sólo se diera una relación laboral temporal cuando así estuviera justificada.
En todo caso, Álvarez ha pedido al Banco de España «que se dedique a los suyo», la vigilancia de las entidades financieras, tarea donde en el pasado mostró su «ineptitud», como demostró la crisis financiera, ha denunciado el dirigente sindical.
«No le he oído decir ni una palabra de los ERE brutales de CaixaBank y BBVA y de los bonus de sus directivos. Parece que no tiene nada que decir», ha criticado el líder de UGT, que considera «insoportable desde el punto de vista democrático» que los españoles están pagando una institución «que no cumple con sus obligaciones».
Alibaba registró pérdidas de 5.479 millones de yuanes (702 millones de euros) entre enero y marzo, último trimestre del año fiscal para el gigante chino del comercio electrónico, frente al beneficio neto atribuido de 3.162 millones de yuanes (405 millones de euros) anotado en el mismo trimestre del ejercicio anterior, después del impacto de la multa de 18.228 millones de yuanes (2.336 millones de euros) impuesta a la multinacional por las autoridades chinas antimonopolio.
A pesar del impacto adverso de esta sanción, en el conjunto de su año fiscal Alibaba obtuvo un beneficio neto atribuido de 150.308 millones de yuanes (19.265 millones de euros), lo que supone una mejora del 0,7% respecto del resultado contabilizado por la compañía en su anterior ejercicio fiscal.
Los ingresos de Alibaba entre enero y marzo de 2021 sumaron 187.395 millones de yuanes (24.018 millones de euros), un 64% más, lo que elevó la facturación anual de la compañía hasta los 717.289 millones de yuanes (91.936 millones de euros), un 40,7% por encima de la cifra de negocio registrada un año antes.
En este sentido, la multinacional precisó que los ingresos del negocio central de comercio crecieron un 42,2% en el año, hasta 621.146 millones de yuanes (79.595 millones de euros), mientras que los ingresos en la nube sumaron 60.120 millones de yuanes (7.704 millones de euros), un 50,2% más, y los ingresos del área digital y entretenimiento alcanzaron los 31.186 millones de yuanes (3.996 millones de euros), un 7,2% más.
Por otro lado, Alibaba informó de que en el conjunto del año el número de usuarios activos en el ecosistema de la compañía alcanzó los 1.000 millones, incluyendo 891 millones de consumidores minoristas en China. De su lado, la cifra de usuarios mensuales activos móviles en el negocio minorista en China alcanzó los 925 millones al final de marzo, con un incremento anual de 79 millones.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China impuso a Alibaba una multa de 18.228 millones de yuanes, tras concluir la investigación sobre la compañía abierta el pasado mes de diciembre, al considerar que la empresa fundada por Jack Ma había abusado desde 2015 de su posición dominante en el mercado al prohibir a los comerciantes en su plataforma abrir tiendas o participar en actividades promocionales en otras plataformas competidoras.
El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha reconocido este jueves que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le advirtió de antemano durante su visita a Moscú del pasado febrero de que si mencionaba el tema del opositor Alexei Navalni él le sacaría Cataluña.
Borrell realizó a principios de febrero una controvertida visita a Moscú, por la que fue muy criticado antes y después de la misma. En su rueda de prensa conjunta con Lavrov, el jefe de la diplomacia europea pidió a Rusia la liberación de Navalni y una investigación independiente sobre el envenenamiento que sufrió el pasado verano.
Ante estas palabras, el ministro de Exteriores ruso le replicó aludiendo casos de abusos policiales vividos en la UE y Estados Unidos y sacó a la palestra la situación de los presos independentistas como ejemplo de «decisiones judiciales motivadas políticamente».
Los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra», afeó Lavrov. «Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad», agregó.
Borrell ha explicado ahora en un encuentro organizado por el Real Instituto Elcano en Madrid lo que había ocurrido antes de esa tensa rueda de prensa.
NO FUI A MOSCÚ A HABLAR DE JUNQUERAS
«Lavrov me advirtió que ‘si sacas a Navalni te voy a sacar el tema de Cataluña para demostrar que tienes problemas internos de Derechos Humanos y libertades'», ha indicado, defendiendo que él no había viajado a Moscú para «discutir si la situación del señor (Oriol) Junqueras, que estaba haciendo campaña electoral en ese momento, era la misma que la de Navalni», quien «se arriesga a muchos años de régimen penitenciario bastante distinto».
«Rusia no acepta que se le planteen los temas de Derechos Humanos, en este caso Navalni, porque para el régimen de (Vladimir) Putin es una cuestión existencial», ha justificado el exministro de Exteriores, que ha defendido nuevamente su decisión de viajar a Moscú en aquel momento.
Así, ha dicho que optó por el viaje porque quería trasladar a Rusia «abiertamente» el rechazo europeo a lo que estaba ocurriendo con Navalni. «Ir allí a decírselo a la cara evidentemente no iba a salir gratis», ha reconocido.
Desde entonces, ha añadido, ha habido nuevos contactos lo que demuestra que pese a los «encontronazos» en determinadas cuestiones, como puede ser Bielorrusia o Navalni, en las que «nuestras discrepancias no van a desaparecer», en otras «queremos cooperar».
HAY QUE EVITAR EL ENQUISTAMIENTO CON RUSIA
El jefe de la diplomacia europea ha reconocido que el intercambio de sanciones ha hecho «más difícil» la relación con Rusia, «pero no debe conducirnos al enquistamiento», ha sostenido. Hay cuestiones en las que la UE deber «mostrar firmeza absoluta porque algunos países ven en Rusia una amenaza absoluta». «Es un equilibrio difícil pero en él tenemos que vivir», ha remachado.
En cuanto a Bielorrusia, ha dicho que comprende que la oposición se sienta frustrada porque el apoyo que les brinda la UE no haya conseguido cambios, pero ha insistido en que hay que ser conscientes de lo que el bloque puede hacer que es mantener la presión sobre el régimen de Alexander Lukashenko, imponer sanciones –hay una tercera ronda en preparación– y apoyar a la sociedad civil. «A veces se pide a la UE cosas que no puede hacer», ha lamentado.
Las aseguradoras gestionaban 244.581 millones de euros de sus clientes a cierre del pasado marzo, un 4,4% más en relación al mismo periodo de 2020, mientras que si se toma como referencia el arranque de 2021, el incremento fue del 0,93%, según los datos recabados por Unespa.
La asociación considera que estos datos reflejan que «el seguro logra mantener el ahorro a su cargo a pesar de la pandemia y de los tipos bajos de interés persistentes».
De la cantidad que manejaban las entidades en nombre de sus clientes, 194.866 millones correspondían a productos de seguro, un 1,45% más que hace 12 meses. Los restantes 49.715 millones constitituían el patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión es de las aseguradoras. Esta última cantidad era un 17,47% superior a la anotada en el primer trimestre de 2020.
Los seguros unit-linked, es decir, aquellos en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, fueron los que registraron un comportamiento más positivo en términos interanuales. De esta forma, aumentó el patrimonio bajo gestión un 28,70%, hasta los 17.135 millones de euros, seguidos por los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS). Estas pólizas movían 14.657 millones al acabar marzo y crecieron un 5,91% de un ejercicio para otro.
Mientras, el ahorro generado a través de la transformación de patrimonio en rentas vitalicias subió un 2,09% y los seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP) se mantuvieronestables cuando se comparan los datos al cierre del primer trimestre con los de un año atrás.
Unespa indica que la paralización de la actividad económica por la pandemia del coronavirus y la situación prolongada de bajos tipos de interés se hicieron sentir todavía en otros epígrafes del negocio de Vida. En concreto, registraron descensos en el ahorro gestionado, los capitales diferidos (-2,46%), los planes de previsión asegurados (-2,13%), así como en las rentas vitalicias y temporales (-0,71%).
Los ingresos por primas del negocio de Vida riesgo se situaron en 1.664 millones de euros, un 2% menos que un año atrás. Esta actividad está muy ligada a la compraventa de vivienda y la contrataciónde hipotecas, una actividad que evolucionaba positivamente en enero, febrero y principios de marzo del año pasado.
VIDACAIXA CONTINÚA A LA CABEZA
Por entidades, Vidacaixa continuó situándose a la cabeza, con provisiones de seguro de vida por importe de 58.000 millones de euros a 31 de marzo, lo que representó un crecimiento del 7,38% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.
Justo por detrás se sitúa Mapfre, con casi 17 millones de euros. Sin embargo, ha registrado un descenso del 1,96% en los últimos doce meses.
El tercer y cuarto lugar los ocupan Santander Seguros, con 13.140 millons de euros (-10,29%), y BBVA Seguros, con 11.903 millones de euros (-5,20%), respectivamente.
La Red de ONGD de Madrid ha demandado este jueves al próximo Gobierno de la Comunidad una solución global a la actual crisis, «para no dejar a nadie atrás», y que apueste por la Cooperación Internacional para el Desarrollo «como una herramienta esencial para salir de la crisis sanitaria con una mirada global».
A su juicio, el nuevo Gobierno debe avanzar hacia la construcción de una sociedad madrileña «basada en un sistema sólido de protección social que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y comprender que el carácter global y sistémico propio de esta pandemia, así como de la crisis generada, obliga también a las instituciones públicas a dar respuesta más allá de nuestras fronteras, movilizando los recursos necesarios para ello».
Por ello, la Red solicita que retomen los procesos paralizados por estas elecciones, impulsando la puesta en marcha de la Agenda 2030 y agilizando los trámites para la aprobación de unos presupuestos regionales expansivos y sociales «que permitan atender la necesidades de la población madrileña más vulnerable, acoger con generosidad a quienes solicitan acogimiento y refugio en nuestra región y cumplir con nuestros compromisos internacionales de cooperación con los países empobrecidos que están sufriendo con más severidad los impactos de las crisis».
«El impacto que la extensión de la emergencia sanitaria está suponiendo en los países empobrecidos está siendo catastrófico, con consecuencias mucho más graves para las personas en situación de mayor vulnerabilidad», añaden.
Por ello, la Red de ONGD de Madrid creen que las medidas de salida post-crisis deben enmarcarse en la formulación de políticas sociales públicas con financiación suficiente de ámbito regional, nacional e internacional, coherentes entre sí y con las metas del desarrollo sostenible recogidas en la Agenda 2030.
«La Agenda 2030 pone claramente de manifiesto que todos los países tienen responsabilidades en los desafíos del desarrollo mundial y la Comunidad de Madrid debe ser partícipe de esa corresponsabilidad, como así lo ha demostrado en los últimos años en los que ha mantenido la Cooperación Internacional dentro de su acción política, ha impulsado espacios de participación social, como el Consejo de Cooperación, y ha dado pasos hacia la aprobación de un Plan General de Cooperación al Desarrollo en nuestra comunidad», apuntan.
La Red considera con la llegada de los fondos europeos para la recuperación (los llamados NextGenerationEU) la Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de ampliar la mirada global en la respuesta a la crisis. «Una salida justa a la misma implica una gestión eficiente de dichos fondos y debe comenzar por el fortalecimiento de las políticas sociales públicas, entre las que se incluye la cooperación internacional para el desarrollo que es, también, competencia de gobiernos locales y regionales», concluyen en un comunicado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha recibido este jueves la nueva orden de confinamiento del municipio de Montefrío (Granada) dictada por la Junta y ha dado traslado a la Fiscalía para que informe y después se resolverá la petición por parte de los magistrados.
Así lo han informado fuentes del TSJA después de que el Gobierno andaluz haya vuelto a pedir el aval judicial sobre su decisión adoptada este pasado miércoles de volver a confinar Montefrío a tenor de su alta tasa de incidencia de contagio y después de que esta Sala no respaldara la medida el pasado martes.
Los magistrados justificaron su rechazo en que las restricciones de derechos fundamentales no pueden realizarse «de forma indiscriminada y masiva» y que la norma que debía amparar esta restricción, La Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, «alude a personas concretas y determinadas». En su auto, contra el que la Junta ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo, el TSJA consideró que «se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental, hasta el extremo de que afecta, incluso, a aquellos ciudadanos que ya estuvieron vacunados».
En la edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicada este miércoles con la orden por la que se confina Montefrío y se ordena el cese de su actividad no esencial, la Junta expone que este municipio presenta una incidencia «muy por encima de la provincial» y su tendencia «ha sido de rápido crecimiento aunque se ha estabilizado en la última semana, debido a la implantación de las primeras medidas de control».
«Muestra una incidencia en mayores de 65 años muy elevada (399,4 casos por 100.000 habitantes) y un porcentaje de positivos de entre las muestras solicitadas, muy alto (21,96 por ciento), indicando todo ello una alta transmisión y una afectación importante de población vulnerable», se agrega en el documento.
CEPA BRITÁNICA Y VACUNADOS
Además, «se ha detectado por screening cepa británica circulante en el municipio, lo que eleva la posibilidad de transmisión entre personas consideradas contactos, ya que esta cepa se considera más contagiosa». Junto a ello, los valores de la presión asistencial están en valores de muy alto riesgo, sobre todo en la ocupación de UCI, que se sitúa en un valor medio superior al 30 por ciento.
La Junta informa de que la proporción de personas completamente vacunadas en el municipio es de 17 por ciento y con una dosis de 31,5 por ciento, pero ello no influye, a su juicio, «en la necesidad de poner medidas extraordinarias para controlar la transmisión en la población, ya que no existe confirmación de que las personas vacunadas no puedan transmitir la enfermedad si se contagian».
Con esta evaluación y tras su valoración por dicho Comité Territorial, el riesgo de expansión y contagio de COVID-19 en Montefrío es muy elevado, según concluye la Junta, por lo que ve «necesario adoptar el cierre perimetral o confinamiento en este municipio, dado que la eficacia de dicha medida en la detención de la propagación de la enfermedad ha quedado demostrada y que resulta idóneo, necesario y proporcional a la finalidad de protección de la salud pública que se persigue».
El Gobierno propone a las comunidades autónomas que el próximo curso escolar sea presencial en todas las etapas educativas y que se mantengan las medidas de seguridad e higiene para frenar contagios de COVID-19, como es el uso de mascarillas, los ‘grupos burbuja’ y la distancia de seguridad entre alumnos y profesores, aunque en este sentido plantea que en lugar de 1,5 metros de separación, se pueda reducir a 1,2 metros en algunos cursos.
Así lo pone de manifiesto el documento ‘Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022’, que ha sido redactado por los ministerios de Educación y de Sanidad y remitido a las comunidades autónomas.
Según aseguran fuentes del Ministerio de Educación, el documento es un borrador que se analizará esta tarde en la Comisión de Salud Pública y este viernes en la Comisión de Educación. Será el miércoles de la semana que viene, día 19, cuando este documento se aprobará en la una reunión conjunta entre Sanidad y Educación con las comunidades autónomas en una Conferencia Interterritorial.
«MÁXIMA PRESENCIALIDAD»
Según el documento, se garantizará la «máxima presencialidad» para todos los niveles y etapas del sistema educativo, al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2.
El documento indica que la suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de una comunidad autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Asimismo, el texto, que está sujeto a cambios, establece que se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de la distancia. También aboga por mantener de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.
Sin embargo, dentro del aula, la distancia de seguridad entre alumnos varía según el curso y según el escenario de alerta. Así, para 1º y 2º de ESO, se propone en nivel de alerta 1 y 2, «una distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros», al igual que para los alumnos de 3º y 4º de ESO, FP Básico, Bachillerato y Enseñanzas Oficiales de Idiomas, con el objetivo así de «garantizar la presencialidad».
No obstante, en estos cursos (3º y 4º de ESO y FP Básico), si el nivel de alerta de la comunidad está en 3 ó 4, la distancia será mínimo de 1,5 metros y/o clases al aire libre, y de manera excepcional, se abogará por la semipresencialidad, priorizando la asistencia de alumnado con dificultades sociales o académicas.
En este sentido, y para «preservar la presencialidad», se recomienda «minimizar el tiempo de educación a distancia, optando por opciones organizativas que faciliten asistir a clase todos los días (asistiendo tres horas a primera hora la mitad del grupo, y tres horas a mitad de la mañana la otra mitad del grupo) o casi todos los días (educación a distancia del 20% de la clase cada día de la semana)».
En FP de Grado Medio y Superior y en Enseñanzas Artísticas y Deportivas, las medidas serán las mismas que en Bachillerato y, cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito profesional de referencia.
‘GRUPOS BURBUJA’
Con respecto a los Grupos de Convivencia Estable (GCE), también denominados ‘grupos burbuja’ (grupos formados por un número limitado de alumnos junto al tutor cuya interacción se limitará al grupo), se plantea la posibilidad de que dentro del grupo no sea necesario guardar la distancia interpersonal, con el fin de que «sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad».
El número de alumnos que integrará cada uno de estos grupos será de un máximo de 20 en Educación Infantil de 3 a 6 años y de 25 alumnos en el caso de Educación Primaria. Para la Educación Infantil de 0 a 3 años y para la Educación Especial, los grupos tendrán un tamaño máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa autonómica.
MASCARILLA OBLIGATORIA A PARTIR DE LOS 6 AÑOS
En relación con el uso de la mascarilla, el documento propone que siga siendo su uso obligatorio a partir de los 6 años y para todos los profesores, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un ‘grupo burbuja’.
La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable. Asimismo, su uso será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años, y recomendable de 3 a 5 años.
En cuanto al uso de guantes, Sanidad y Educación no lo recomiendan, salvo para tareas de limpieza.
VENTILACIÓN DE LAS AULAS
El texto también hace hincapié en la ventilación de los centros, considerando «preferente» que ésta sea natural. En este punto, se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.
Según el documento, se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.
Si la ventilación natural no es suficiente, el Gobierno sugiere que se puede utilizar ventilación forzada (mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire.
Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA) y como alternativa, puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativo, o municipales). Y no se recomienda la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros educativos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la anulación al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) de Barcelona de 2017 al no admitir a trámite el recurso de casación que el consistorio interpuso contra la sentencia que lo anulaba por inexistencia de evaluación económica y financiera.
Según ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, el plan sigue vigente porque el consistorio aprobó inicialmente en enero de 2020 una actualización del Peuat, incorporando las modificaciones que alegaba la sentencia, por lo que ha insistido en que «las prohibiciones y limitaciones que fijaba el Peuat de 2017 siguen vigentes» en base a la nueva aprobación.
El plan marca que no se podrán ampliar ni abrir nuevos establecimientos en el centro de la ciudad, que no se podrá aumentar el número de viviendas de uso turísticos y que un establecimiento no podrá sustituir viviendas existentes.
Según el Ayuntamiento, la actualización aprobada inicialmente y la correspondiente suspensión de licencias impiden que se tramite ningún proyecto contrario a su normativa, de manera que «en ningún caso se pone en duda la columna vertebral ni los principios básicos que rigen el plan».
«SENTENCIA DISCUTIBLE»
Sanz ha valorado que es una «sentencia discutible» porque ha asegurado que tiene contradicciones jurídicas, pero ha reconocido que era un riesgo que contemplaban porque los recursos de casación se admiten pocas veces, en sus palabras.
«Cuando innovas y cambias las reglas del juego y planteas propuestas para ganar autonomía municipal sabes que habrá un riesgo y que habrá debate jurídico», ha apuntado.
A pesar de eso, ha defendido que el Peuat ha cumplido con los objetivos previstos: «Nos ha salvado del colapso turístico», porque se ha limitado el crecimiento hotelero en ámbitos saturados –como Ciutat Vella, Gràcia y Eixample– y se han extendido a otras zonas como Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts o el 22@, ha explicado.
«Ninguna sentencia nos dice que no podemos hacer un Peuat. Ni que no tenemos competencia para hacerlo. Ni que tenemos que pagar nada», ha señalado Sanz, que ha insistido en que el Ayuntamiento tiene competencia para realizar estos planes.
En este sentido, ha remarcado que el plan cuenta con una mayoría política que lo aprobó, por lo que ha asegurado que la ciudad tiene un Peuat «que no está en duda», y ha explicado que la nueva actualización se encuentra en fase de exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva en el plenario.
ERC Y CS PIDEN UN PEUAT «FIRME»
Para el grupo municipal de ERC, la situación con el Peuat representa «un nuevo ejemplo de la incapacidad del Gobierno de los comuns y el PSC de ofrecer respuestas adecuadas y bien hechas para la ciudad», a los que les ha reprochado quedarse en el terreno superficial en sus propuestas.
Por su parte, la líder de Cs en el consistorio, Luz Guilarte, ha reclamado al Gobierno municipal «que no sigan perdiendo más tiempo en proyectos sectarios e ideológicos» y les ha instado a aprobar un nuevo Peuat en criterios técnicos para que dé respuesta a la nueva situación socioeconómica.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha propuesto este jueves promover una reunión de las ocho regiones más despobladas de España con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar la cuestión de la despoblación, con especial atención a la baja densidad de algunas zonas, y ha urgido a encontrar una solución a la financiación autonómica dada la «situación agónica» que se ha creado con el actual sistema, pendiente de reformar desde 2014.
Lambán se ha reunido esta mañana en Albarracín (Teruel) con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para firmar la Declaración de Albarracín, en su tercera reunión a tres bandas.
Los tres presidentes han dialogado también sobre la Conferencia Sectorial que protagonizará este viernes Ribera para presentar un documento de 130 medidas contra la despoblación, «un paso importante en la línea en que venimos trabajando desde hace tiempo». Este documento es «un paso más en el combate contra la despoblación», ha indicado, subrayando que las comunidades autónomas pueden «facilitar mucho al Gobierno de España la culminación de las 130 medidas».
El jefe del Ejecutivo aragonés ha considerado que este es «el momento adecuado» para plantearle a la ministra una reunión con Aragón, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura, regiones que se han reunido en otras ocasiones, una de ellas en Zaragoza, donde firmaron una declaración para abordar de una vez «las dos caras de la misma moneda: la financiación autonómica y la despoblación».
«Tenemos mucho que aportar y, desde el punto de vista administrativo, somos parte fundamental de la solución», ha continuado Javier Lambán, quien ha dejado claro que «una buena parte del trabajo ya está hecha», puesto que «los análisis de la España interior los hemos hecho hace tiempo y muchas medidas también se han adoptado», incluyendo la aprobación de normas, con la elaboración -ya avanzada– del anteproyecto de ley de dinamización rural en Aragón y disposiciones similares en otras regiones.
«Las comunidades empezamos hace tiempo, simplemente hay que continuar», ha considerado Lambán, quien ha puesto de relieve el «bagaje» con que cuentan las regiones para llevar a término las 130 medidas recogidas en el documento que presentará Ribera.
El problema de la financiación «es primordial», ha expuesto Lambán, ya que «una plaza sanitaria o educativa nos cuesta dos o tres veces más en Aragón que en Madrid, Valencia o Andalucía», de ahí la propuesta de las regiones despobladas de que la nueva financiación autonómica contemple el coste por habitante de la prestación de los servicios, principio sin el que «es imposible hacer frente al problema de la despoblación». También ha mencionado la PAC, defendiendo la eliminación de los derechos históricos a medio plazo.
A juicio de Lambán, «no tiene sentido» englobar la «batalla» de la revitalización del medio rural en el epígrafe del reto demográfico porque el núcleo de este es el envejecimiento de la población, que afecta tanto al medio rural como al urbano.
Ha urgido a dialogar de forma específica sobre el aprovechamiento de los recursos del medio rural y ha avisado de que «cualquier otra manera de intervención -en el territorio– está condenada al fracaso».
Javier Lambán ha llamado la atención sobre «los signos alentadores» que indican que la cuestión de la densidad de población puede incorporarse a las ayudas europeas del próximo quinquenio.
REBAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Los tres presidentes regionales han apostado por extender las rebajas del coste empresarial de la Seguridad Social que la UE ha aprobado para Teruel, Cuenca y Soria, a comarcas limítrofes.
Javier Lambán ha afirmado que esta rebaja del coste de la Seguridad Social, que propusieron los tres presidentes meses atrás, se ha elevado con «verdadero éxito» a la UE, que la ha autorizado para las tres provincias despobladas, aunque inicialmente estaba destinada a los países escandinavos.
Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe aplicar la medida, que en el caso de Aragón, ha considerado Lambán, podría extenderse, en la provincia de Zaragoza, a Campo de Daroca, Campo de Belchite, Aranda y Comunidad de Calatayud, esta última con una gran diferencia poblacional entre la capital comarcal y su territorio, lo que puede «distorsionar» el cálculo.
Javier Lambán ha puesto de relieve el acuerdo de los tres presidentes reunidos este jueves para centrar la actividad del medio rural en la agroalimentación, el turismo y la generación de energías renovables. Al respecto, ha pedido que la producción local de energía se pueda aprovechar para desarrollar las comunidades donde se genera y, también, que los habitantes de las zonas donde se produzca «tengan algún tipo de beneficio en sus respectivos consumos eléctricos».
El presidente aragonés también ha afirmado que «sin los regadíos muchas zonas de España están condenadas al abandono absoluto» y ha planteado que se regule «de forma eficiente» todo lo relacionado con las granjas, especialmente las de porcino, «una fuente de riqueza y trabajo fundamental».
Lambán ha dicho que los fondos europeos de recuperación y resiliencia «son una oportunidad fundamental para reequilibrar las distintas comunidades y ponerlas en igualdad de condiciones», añadiendo que «no puede ser que los fondos atiendan a las zonas más desarrolladas industrialmente», sino que «han de ser un factor de reequilibrio».
Para el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, «hablar de la España vacía o vaciada hace un flaco favor a la causa del aprovechamiento de los recursos y la defensa del medio rural». Ha rechazado así «los objetivos irrealizables», en referencia a «quienes sueñan con soluciones utópicas, en volver a los paradigmas poblacionales de finales del siglo XIX y principios del XX», frente a los que ha abogado por desarrollar los actuales paradigmas de la economía, como la sostenibilidad y plantear «un sistema de poblamiento nuevo.
ACUERDO
Lambán ha explicado que los criterios con que está gobernando Aragón «se inscriben en considerar el acuerdo, el pacto y la política entendida de manera transversal como rectores y prevalentes por encima de los demás», agregando que «España tiene desafíos muy importantes: los que tenía antes de que saltara por los aires el bipartidismo, otros que se han ido añadiendo, otros desde la crisis de 2008 y la pandemia», todo lo cual exige «grandes acuerdos».
Ha dejado claro que «las comunidades no estamos diseñadas para ser arietes contra el Gobierno de España, sino para cogobernar España y en España hacen falta grandes pactos, acuerdos», una receta que «nos puede permitir salir de unos cuantos atolladeros en los que estamos inmersos.
Por otra parte, el presidente aragonés ha expresado que los tres presidentes reunidos hoy llevan 14 meses hablando de sanidad «de manera ininterrumpida» y «desde la lealtad al Gobierno de España que debe existir en todo momento, más en este». Sin embargo, «no todo es pandemia, la vida sigue y este asunto que nos ocupa lo recordaremos como más relevante».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la «responsabilidad y conciencia cívica» de todos los grupos parlamentarios para aprobar por «unanimidad» la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que «destierra» del texto constitucional el término «disminuidos» y reconoce los derechos y deberes de las personas con discapacidad; una reforma «de calado», según el presidente, que pone a España «a la vanguardia».
«Apelo a la responsabilidad y a la conciencia cívica de todas las fuerzas parlamentarias, aspiramos y no me cabe duda de que va a ser así, a contar con la aprobación unánime. Va a ser un gran triunfo para el movimiento de la discapacidad y para el propio país», ha subrayado Sánchez este jueves en un acto con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución, en el Palacio de La Moncloa.
El presidente del Ejecutivo ha precisado que para conseguir la igualdad y la plena inclusión de las personas con discapacidad es necesario «facilitar la accesibilidad universal eliminando barreras no solo físicas sino también mentales», así como llevar la inclusión a todos los ámbitos, desde la educación hasta la sanidad, pasando por el empleo o el medio urbano.
Para Sánchez, esta reforma, que se ha impulsado bajo el liderazgo de la vicepresidencia primera del Gobierno y con la participación del colectivo de la discapacidad, representado por el CERMI, pondrá a España «a la vanguardia» en lo que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad.
Según ha dicho, el sentido de la reforma es «muy claro: actuar al máximo nivel normativo» para avanzar en la protección social de las personas con discapacidad. En concreto, ha destacado algunos de los cambios que se introducen con la reforma como «desterrar la palabra ‘disminuido'» que se sustituye por ‘persona con discapacidad’ o hacer una mención expresa a la protección de las mujeres y niñas con discapacidad.
«Se trata de una reforma de mucho calado, propia de un gobierno social pero, sobre todo, abre una reforma constitucional por la puerta de lo social, uno de los puntos inéditos. Nos podemos sentir legítimamente orgullosos y orgullosas todos los españoles porque sitúa al país como referente en una materia tan importante, nos sitúa a la vanguardia», ha enfatizado.
Además, ha indicado que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado la necesidad de llevar a cabo la acción política «con más empatía» y, por ello, ha dicho que esta reforma es reflejo de su «compromiso con las más de 4 millones de personas con discapacidad».
Sobre la estrategia de vacunación, Sánchez ha recordado que la Comisión de Salud Pública acordó el pasado martes avanzar en la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 con la incorporación de nuevos colectivos vulnerables, priorizando a grandes dependientes de difícil accesibilidad, con autismo profundo o enfermedad mental severa. «Es insuficiente pero es un paso importante», ha destacado.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha destacado con «emoción» que la reforma del artículo 49 de la Constitución supone que desaparezca una «afrenta», un término «ofensivo», ‘disminuido’, que «hoy no es socialmente aceptable».
Asimismo, ha añadido que significa un cambio en la concepción de la ciudadanía plena de todos, porque «no se trata de integrar a las personas con discapacidad como si estuvieran fuera sino de incluirlas, en plenitud e igualdad de derechos y oportunidades».
ENTRA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSTITUCIÓN
Tras poner de relieve la «celeridad» con que el presidente del Gobierno ha querido llevar a cabo esta reforma, incluso en medio de la pandemia, Calvo ha subrayado que «se abre paso» a la introducción de «la perspectiva de género en la Constitución», al hacer mención expresa a la especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad.
También ha participado en el acto el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha indicado que es un momento de «solemnidad y de emotividad» porque supone «cambiar un legado, muchas veces hostil, que les ha tocado a las personas con discapacidad».
Pérez Bueno ha asegurado que «España es un gran país, una de las mejores democracias del mundo», pero «queda recorrido de mejora» en el ámbito social. Por ello, ha pedido «borrar para futuro» la exclusión de las personas con discapacidad que siempre se han «quedado atrás».
Para el presidente del CERMI, con esta reforma se «abre la puerta a una reforma constitucional por lo social» y esto, a su juicio, «es algo histórico». «Estamos haciendo historia de la buena», ha remarcado.
En concreto, sobre la eliminación del término ‘disminuido’, lo ha celebrado porque es una nomenclatura «hiriente, ofensiva, que ahora no tiene justificación», además de «anticuada». Igualmente, ha dicho que también les hieren otros términos como «minusválido o discapacitado» porque «la persona es primero persona».
Abanca pondrá en marcha un plan ambiental para alcanzar la neutralidad en carbono de su actividad y disponer de una alternativa sostenible para sus productos financieros en 2024.
Así lo ha avanzado este jueves en una presentación realizada en Santiago el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, que ha detallado que la entidad financiera aspira a representar «un modelo de banca responsable, sostenible e innovador», que cuente «con un negocio económico rentable de forma permanente» y «una consecuente contribución al desarrollo social y a la producción medioambiental».
De este modo, ha señalado que se busca satisfacer las necesidades económicas de la sociedad, al tiempo que se protegen los recursos naturales y se asegura la rentabilidad de las empresas.
Para ello, el consejero delegado, Francisco Botas, ha indicado que el ‘Plan de Acción de Banca Responsable e Sostible’ busca convertir al banco en un actor relevante en el ámbito de la sostenibilidad y apoyar la actividad económica sostenible mediante la integración de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en los modelos de gestión, negocio y riesgos. Además, ha defendido la apuesta por el acompañamiento de sus clientes en la transición.
En esta línea, el consejero delegado ha concretado que las actuaciones se enfocan en el ámbito ambiental, con medidas para hacer frente a la emergencia climática, y el socioeconómico, para impulsar la recuperación y la transformación hacia un desarrollo sostenible. Además, ha apuntado que se centran en el buen gobierno mediante un modelo de gestión alineado con las necesidades de grupos de interés y con atención a nuevos riesgos.
OBJETIVOS
Así, se buscará que la entidad sea neutra en carbono en su operativa interna y alcance las cero emisiones atribuibles a la cartera de cara a 2024. Con este objetivo, se han comenzado a establecer objetivos anuales de reducción de sus emisiones y se ha desarrollado un Plan global de eficiencia energética, además de elaborarse un plan de compensación de emisiones que incluye la plantación de 1.500 árboles.
Paralelamente, el pasado mes abril Abanca obtuvo el certificado Residuo Cero de AENOR para sus sedes principales, un modelo de gestión de residuos que prevé extender a la totalidad de las sedes hasta 2024.
Adicionalmente, el banco lleva a cabo iniciativas de protección y concienciación del medio ambiente, analiza sus productos y servicios para ofrecer una alternativa sostenible de su catálogo en 2024 e impulsa el modelo de gestión de carteras de fondos de inversión sostenible Alpha 360. Botas también ha indicado que se trabaja en la adaptación tecnológica de procesos de acuerdo con criterios de sostenibilidad que marca la normativa y en una emisión de bonos verdes que se realizará este año.
La entidad financiera desarrollará asimismo un Plan director para la gestión de riesgos climáticos y medioambientales y acompañará a sus clientes hacia el modelo de transición hasta 2024.
«SENSIBILIDAD» DEL EMPRESARIADO
Preguntado por los medios, Escotet ha afirmado que percibe «una gran sensibilidad» del empresariado respecto a los compromisos medioambientales, aunque también «un componente de preocupación» dado el coste que puede conllevar la transformación.
En todo caso, ha augurado que «esas preocupaciones se van a borrar» mediante los programas y las «facilidades» que se habilitarán. Así, ha puesto en valor la «vocación» y el «verdadero compromiso» del empresariado y los grupos de interés en la lucha contra el cambio climático y ha considerado que entienden que «no hay otro camino».
El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha mostrado este jueves su preocupación porque no ve «el final» de los disturbios debido a que se «está produciendo un efecto contagio y cada vez se está yendo a más en otros barrios con situaciones difíciles».
En declaraciones a Canal Sur, el regidor linense ha avanzado que «la información que se tiene es que esta última noche ha sido terrible: más contenedores incendiados, el mobiliario urbano destrozado, se han quemado pasarelas de playa, material de playa…».
En este sentido, ha expresado que «el Paseo Marítimo de Levante está completamente destrozado: anoche salieron ardiendo nuevas torres de vigilancia, la nave donde se almacena el material de playa salió parcialmente ardiendo y se está esperando un informe pericial para ver cuánto cuesta reponer unos muros que están muy dañados». «No hay todavía un cálculo, pero se puede estar rondando ya los 300.000 euros», ha subrayado Franco.
Además, el primer edil ha mostrado su incomprensión por cómo «una manifestación no autorizada acabó aglutinando a mil personas» y ha señalado que «las imágenes eran espeluznantes: sin guardar distancia de seguridad, mucha gente sin mascarillas.
Así, ha recordado que ha habido «un plan muy fuerte respecto de lo que es la represión policial contra estos ilícitos, un plan que se comparte desde el Ayuntamiento, por supuesto, y donde la Policía Local está actuando codo con codo tanto con Guardia Civil, como con Cuerpo Nacional de Policía, pero son dos vasos comunicantes».
Asimismo, ha explicado que «la raíz del problema, aparte de que Marruecos está a 20 kilómetros escasos y es el principal productor de hachís del mundo, está en una base social que hace que haya un gran número de personas en situación de desempleo y con una escasa formación», al tiempo que ha añadido que esto provoca que se dé «el caldo de cultivo perfecto para que las mafias se vayan implantando».
No obstante, Franco ha mostrado su convencimiento de que «por desgracia ya hay generaciones perdidas: gente que por mucho que se le ofrezca un trabajo normal o una formación no lo va a coger porque está acostumbrada a un tipo de vida con unos ingresos que en un trabajo normal no los va a tener nunca».
Sin embargo, ha destacado que «hay mucha gente que si tuviera una salida entraría en lo que se puede llamar la ‘economía normal’, pero el problema tiene unas derivadas complicadas y excede de los límites de competencia de un Ayuntamiento.
Por otra parte, el alcalde de La Línea ha tildado de «principal» la meta de «encauzar las situaciones en cuanto a seguridad, que no lo está», y ha avanzado que «hay que empezar a sentar las bases de un plan a largo plazo para que dentro de algunos años, no se sabe si cinco o diez, se puede ir revirtiendo una situación que ha llegado al punto que ha llegado por el abandono singular que ha sufrido esta ciudad».
Cabe recordar que La Línea de la Concepción ha vivido en la noche del miércoles la tercera jornada de disturbios provocados por el fallecimiento de dos personas, de 41 y 19 años, por ahogamiento al sufrir problemas en la embarcación en la que navegaban, presuntamente relacionada con temas de suministro de petacas de combustible a narcolanchas.
La Comunidad de Madrid prevé suministrar la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a población entre los 40 y los 49 años en el mes de junio y podría llegar a menores de 40 en julio.
Así lo ha trasladado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en una entrevista en ‘Telemadrid’, en la que ha aludido también a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de conseguir la inmunidad de grupo en menos de 100 años en España, y de lo que ha asegurado que le «cuesta» creérselo.
En esta línea, ha criticado que se hagan anuncios que luego «no se cumplen» y apuesta por ser «más cauto» en el tema de las vacunas. «Viendo el ritmo de vacunas, me cuesta mucho trabajo creerlo», ha afirmado Zapatero.
Ha subrayado que pese a que en la Comunidad llevan «un buen ritmo», ahora mismo hay vacunada un 14,3% de la población diana con dos dosis y harían falta casi 10 millones de dosis más de las recibidas. «Lo veo muy difícil», ha expresado.
PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD EN ASTRAZENECA
Sobre AstraZeneca, el viceconsejero ha manifestado que «lo razonable», según queda patente en la ficha técnica, es poner las segundas dosis a las 10 o 12 semanas de haber recibido la primera y ha criticado que se haya decidido poner a las 16 semanas «sin que haya ninguna recomendación» de las autoridades sanitarias.
Considera que «podría ocurrir» que se produjera una pérdida de la efectividad de la vacuna si se sigue retrasando y ha insistido en que la eficacia de AztraZeneca ha quedado «claramente demostrada».
Andalucía registra este jueves 13 de mayo un total de 1.306 casos de coronavirus, ligeramente superior a los 1.294 de la víspera pero inferior a los 1.434 de hace siete días, según datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza nueve fallecidos, inferiores a los 19 del miércoles y a los diez del jueves pasado.
La tasa de incidencia acumulada de la comunidad baja por vigésimo tercera jornada y se sitúa en 171,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 3,6 puntos menos en un día y 21,7 puntos por debajo del jueves pasado.
Los 1.306 contagios de este jeuves se registran tras los 1.294 del miércoles, los 1.061 del martes, los 1.354 del lunes y domingo, 1.298 del sábado, 1.515 del viernes y 1.434 del jueves pasado.
Por provincias, Sevilla vuelve a ser la que contabiliza más positivos con 398, seguida de Granada con 234, Málaga con 182, Córdoba con 113, Jaén con 111, Cádiz con 109 y Huelva con 101. Por debajo del centenar figura por tercer día consecutivo Almería, con 58 contagios.
En cuanto a los fallecidos en las últimas 24 horas, Granada es de nuevo la que más registra con tres, Sevilla con dos, y Huelva, Córdoba, Cádiz y Almería con uno en cada una. Jaén y Málaga no suman fallecidos.
Andalucía registra la segunda bajada consecutiva de hospitalizados hasta los 1.127, lo que supone 40 menos que la víspera y 107 menos que el mismo día de la semana pasada, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disminuyen por tercer día seguido hasta 298, nueve menos que este miércoles y 35 menos que hace siete días.
HUELVA, PROVINCIA CON MENOS HOSPITALIZADOS
Granada es la provincia con más hospitalizados con 273 y también con más pacientes en UCI con 81, seguida de Sevilla con 261 y 76 en UCI; Málaga con 123 y 21 en UCI; Jaén con 125 y 17 en UCI; Cádiz con 101 y 25 en UCI; Córdoba con 111 y 39 en UCI; Almería con 79 y 29 en UCI, y Huelva con 54 y diez en UCI.
De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 563.414 casos confirmados –1.306 más en 24 horas– y ha alcanzado los 9.911 muertes tras sumar nueve. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 46.097, 90 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.106, tras sumar 51 , y el número de curados es de 512.837 después de añadirse 2.907.
En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.911 fallecidos desde el inicio de la pandemia –nueve más–, Sevilla con 1.965 –dos más– se mantiene como la provincia con más muertos, seguida por Granada con 1.732 –tres más–; Málaga con 1.636; Cádiz con 1.467 –uno más–; Jaén con 971; Córdoba con 947 –uno más–; Almería con 823 –uno más– y Huelva con 370 –uno más–.
Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 563.414 desde el inicio de la pandemia –1.306 más–, liderados por Sevilla con 122.165 casos –398 más–, seguida de Málaga con 96.577 –182 más–, Granada con 84.379 –234 más–, Cádiz con 79.440 –109 más–, Almería con 53.711 –58 más–, Córdoba con 50.729 –113 más–, Jaén con 47.295 –111 más– y Huelva con 29.118 –101 más–.
Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 46.097 –90 más–, con Sevilla a la cabeza con 10.125 –20 más–, seguida por Málaga con 7.886 –14 más–; Granada con 7.752 –27 más–; Cádiz con 5.584 –cuatro más–; Córdoba con 4.408 –tres más–; Jaén con 4.441 –diez más–; Almería con 3.781 –nueve más– y Huelva con 2.120 –tres más–.
MÁS DE 50 INGRESOS EN UCI EN UN DÍA
De ellos, 5.106 han pasado por la UCI en Andalucía –51 más–, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.007 –17 más–, seguida de Granada con 985 –17 más–; Málaga con 743 –seis más–; Almería con 638 –dos más–; Cádiz con 627 –cinco más–; Córdoba con 548 –dos más–; Jaén con 407 y Huelva con 151 –uno más–.
Finalmente, la cifra de curados alcanza los 512.837 en toda la región, 2.907 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 108.683 –847 más–, seguida de Málaga con 90.947 –389 más–; Cádiz con 74.194 –328 más–; Granada con 73.384 –654 más–; Almería con 50.223 –249 más–; Córdoba con 46.093 –142 más–; Jaén con 43.058 –185 más– y Huelva con 25.745 –113 más–.
Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 171,5 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 307,8. Detrás se sitúan Sevilla con 210,4; Jaén con 207,2; Huelva con 192,9; Córdoba 144,8; Almería con 120,5; Málaga con 127,6y Cádiz con 88,9.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad detalla también los casos confirmados en los últimos 14 días y en la última semana por cada 100.000 habitantes y sitúa a Andalucía como la décima y décimo cuarta región con menor incidencia acumulada en ambas variables.
TASA SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL
Andalucía ha registrado 14.487 casos en los últimos 14 días con una tasa de 171,15 por cada 100.000 habitantes –superior a la media nacional de 166,32–, y 6.282 en los últimos siete días con una tasa de 74,22, superior a la nacional de 71,11.
El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.098 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 6,06% de camas, por encima de la media nacional situada en el 5,87%, y 291 en UCI, que registran una ocupación del 15,29% de las camas, inferior a la media nacional del 19,51%. Además, registra 125 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 177 altas.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) admite la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía antes de que venza el plazo para su liquidación en 2027, según recoge en su informe de actividad.
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros.
Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027.
Al cierre de 2020, Sareb había cancelado el 31,2% de la deuda que emitió en el momento de su constitución en 2012, por un total de 15.863 millones de euros (179,8 millones se cancelaron en el ejercicio 2020). Todavía debe devolver 34.918 millones de euros, que además han pasado a computar como deuda pública por decisión de Eurostat.
Según reconoce Sareb en su reciente informe de actividad, la actualización de su plan de negocio para el periodo 2020-2027, aprobada por el consejo de administración, «muestra la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía».
«Tanto esa circunstancia como su importe dependerán de la evolución de numerosas hipótesis, entre las que destaca la evolución de los precios de los activos inmobiliarios a lo largo de cada ejercicio», señala el documento.
El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, comunicó la semana pasada su intención de abandonar el cargo, de manera que le sustituirá el consejero delegado de la sociedad, Javier García del Río.
El Gobierno podría decidir alargar el plazo más allá de 2027 para favorecer esa amortización de deuda. Por el momento, se estaría planteando tomar el control de Sareb después de que Eurostat haya obligado a reclasificar su deuda en las cuentas públicas, para lo que tendría que dar salida a los accionistas privados de su capital.
Actualmente, el Ejecutivo controla el 45,9% de Sareb a través del FROB, mientras que el resto está en mano de bancos y aseguradoras como Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%), Sabadell (6,61%) o Kutxabank (2,53%).
Según el diario ‘Expansión’, que adelanta la información, estos accionistas privados no tienen interés en continuar en el capital de Sareb y podrían pactar su salida a un precio simbólico.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este jueves ante el Pleno del Congreso la conveniencia de trasponer en un solo decreto ley ‘ómnibus’ hasta diez directivas europeas, expresando su deseo de que «por fin» España deje de «ser farolillo rojo» en la Unión Europea a la hora de incorporar estas regulaciones a su legislación.
Concretamente, se trasponen directivas sobre derechos de consumidores, competencia, el llamado ‘paquete bancario’ sobre requisitos de capital, resolución y reestructuración, IVA en comercio electrónico, prevención y lucha contra blanqueo y financiación de terrorismo, derechos de los trabajadores desplazados, y responsabilidad ambiental.
SE DUPLICAN LAS CONCESIONES DE BANDAS DE FRECUENCIA
Además, el decreto ley incorpora dos medidas adicionales, una para prorrogar durante todo el año la exención del IVA a la importación y adquisición intracomunitaria de material sanitario para administraciones, centros sanitarios o entidades sociales, y otra para duplicar el plazo de concesión de las bandas de frecuencia.
La vicepresidenta ha apuntado que esta última medida favorecerá la inversión de las empresas en el desarrollo del 5G, pues permitirá que estas concesiones pasen a tener un mínimo de 20 años a un máximo de 40, cuando hasta ahora se limitaban a 20 años.
APOYO DE LA OPOSICIÓN ENTRE REPROCHES
Pese a que ningún grupo de la oposición ha avanzado su voto en contra –sí han declinado a apoyarla fuerzas como ERC, BNG o Foro–, ninguno ha dejado de criticar al Gobierno por aglutinar tantas normas en una, recurrir de forma tan habitual a la figura del decreto, y después imposibilitar su cambio.
Y es que, tal y como ha relatado Joan Capdevila (ERC), al ofrecimiento del Gobierno a tramitar como proyecto de ley los decretos le sigue la continua prórroga de plazos de enmiendas que atascan su tramitación, gracias a la mayoría del PSOE y Unidas Podemos. Algunos, hasta más de un año. «No son de fiar, no se han abierto a negociar nada», ha espetado.
«Tenemos que dejar de lado esto, hasta ahora les está saliendo más o menos bien, pero no tienen mayoría», ha advertido Idoia Sagastizabal, del PNV, señalando que los decretos convalidados «están parados» en la Mesa.
«NOS HAN CONVERTIDO EN MEROS CONVALIDADORES
«Nos han convertido en meros convalidadores», ha lamentado, por Cs, María Muñoz, acusando al Gobierno de «abusar» del decreto y al PSOE y Unidas Podemos de «bloquear» la tramitación. Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, ha lamentado el «papel comparsa» de la Cámara ante una «sensación de abuso de coladero normativo» por parte del Gobierno y la propia Unión Europea.
Para Mario Cortés, del PP, el decreto es «una auténtica chapuza», un «batiburrillo» de asuntos sin relación; para Rubén Manso, de Vox, un decreto que, más que ómnibus, es «escoba». Asimismo, ha animado al resto de grupos a iniciar «por dignidad» iniciativas legislativas para trasponer directivas una vez sean aprobadas en la Unión Europea.
IVA EN COMERCIO ELECTRÓNICO, BLANQUEO Y ‘PAQUETE BANCARIO’
Respecto a las trasposiciones, se completa la relativa al desplazamiento de trabajadores (terminó en julio de 2020 el plazo) para asegurar la igualdad de condiciones y otras dos directivas sobre la regulación europea del IVA en el comercio electrónico. Estas normas, obligatorias a partir de este mes de julio, extienden el sistema de ventanilla única y suprimen la exención del pago del IVA en importaciones de bienes a un precio inferior de 22 euros.
Vencido su plazo desde enero de 2020, se traspone la quinta directiva de la regulación de prevención y lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo (se incluye a proveedores de servicios de monedas virtuales), y otras dos directivas del llamado ‘paquete bancario’ (plazo vencido en diciembre de 2020) sobre requisitos de capital y resolución y reestructuración de entidades.
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
También una trasposición parcial de la directiva de defensa de la competencia (más incentivos al programa de arrepentimiento y coordinación entre autoridades reguladoras en información e inspección), y la corrección de un error advertido por la Comisión Europea sobre la trasposición realizada en materia de responsabilidad medioambiental.
Finalmente, la norma traspone dos directivas cuyo plazo finalizaba en julio sobre los derechos de consumidores en contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y en compraventa de bienes. Con ella se aplicará lo establecido en la Ley General de Defensa de consumidores y usuarios en contratos de servicios digitales o aquellos que proveen suministros a cambio de datos personales (no a programas libres o de código abierto).
También aumentan las garantías del consumidor, que podrá solicitar reparación, sustitución, reducción del precio o resolución del contrato, y se incrementan plazos como el previsto para emitir disconformidad (de dos a tres años), garantías comerciales contra la obsolescencia, y se duplica hasta los diez años el tiempo mínimo durante el cual la empresa debe garantizar un servicio técnico o la existencia de piezas de recambio a partir del momento en que deja de producirse el producto en cuestión.
El secretario de Organización en funciones de Podemos y diputado en el Congreso, Alberto Rodríguez, ha anunciado que dejará sus actuales funciones tras dos años en el cargo y no optará a las primarias para formar parte de la nueva dirección del partido, que saldrá de la cuarta Asamblea Ciudadana.
Así lo ha trasladado en un vídeo difundido en redes sociales para comunicar su decisión a los militantes y simpatizantes de la formación morada. «Toca cerrar una etapa», ha subrayado para reivindicar, como uno de sus mayores contribuciones, el haber terminado con las «broncas internas».
Su renuncia a formar parte de la Ejecutivo de Podemos se una a la del exsecretario general de la formación morada Pablo Iglesias, que abandonó todos los cargos políticos tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Su marcha ha motivado que la formación convoque una nueva Asamblea Ciudadana para reemplazarle y elegir a una nueva dirección estatal, de la que el diputado canario ya no formará parte.
Rodríguez, que reemplazó al actual portavoz parlamentario Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización, ha explicado que da un paso atrás «sin dramas» y de forma «natural» dentro de los «procesos históricos» que protagoniza su partido.
SU MARCHA «NO TIENE NADA QUE VER CON LA INJUSTA PERSECUCIÓN JUDICIAL»
Luego, ha querido dejar claro que su determinación de dejar la dirección de Podemos «no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial» que sufre, como mucho de sus compañeros.
Con ello, aludía a la acusación por presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones; así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita una pena de 6 meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 180 euros para el hasta ahora número tres de la formación morada.
De hecho, ha manifestado que la decisión la tenía tomada antes de la cuestión de su imputación, a la que ha aludido con cierta ironía como «el elefante en la habitación», y que suscita «vergüenza ajena» en muchos sectores, que le han brindado «su calor y su apoyo».
«Me pondrá juzgar mil veces, me podrán condenar sin pruebas un millón de veces. Va a dar igual, esto no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para avanzar en conquistar derechos sociales», ha enfatizado para apostillar que la «estrategia de criminalizar» la protesta y «represión de la disidencia no es nueva».
SEGUIRÁ CON SU ESCAÑO EN EL CONGRESO
Además, se ha dirigido a los «fabricadores de odio» que le «insultan» prácticamente a diario que continuará «dando la pelea desde el escaño en el Congreso, defendiendo los intereses de su tierra y de la clase trabajadora». «El pueblo canario es el que me puso aquí y a ellos me debo. No hay nada ni nadie por encima de la voluntad democrática de la gente«, ha sentenciado.
También ha rememorado que entró a formar parte de la dirección estatal de Podemos hace cuatro años, en Vistalegre II, y que hace dos asumió el «enorme marrón» de ser el ‘número tres’ de Podemos, con el objetivo de «empoderar a la militancia», dotar a los círculos (las agrupaciones de base de la formación) de capacidad de decisión «real» y orientar el trabajo a la «intervención social». «En definitiva, poner la organización al servicio de la sociedad civil», ha remachado.
REIVINDICA EL PONER FIN A LAS «BRONCAS INTERNAS EN PRIME TIME»
Pese a las «dificultades», Rodríguez se ha mostrado «orgulloso» de su tarea al mandar «al baúl de los malos recuerdos las broncas internas en ‘prime time’, el desangre de la organización y la forma de concebir la política interna como un trampolín personal».
A su vez, ha recalcado que siempre ha contribuido a la «cultura democrática» y ahora, tras el trabajo desplegado en el que se «ha dejado lo más valioso, la vida, el tiempo y la energía»; llega el momento de «cerrar una etapa» y «dar un paso a un lado», algo que es «saludable, justo y natural» en cualquier colectivo «que quiera avanzar.
FCC Servicios Medio Ambiente se ha adjudicado un nuevo contrato en Estados Unidos para operar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de origen residencial en la ciudad de Wellington, en Florida, por 135 millones de dólares (112 millones de euros).
La compañía atenderá a los 65.000 habitantes de la ciudad distribuidos en 22.000 residencias unifamiliares durante los próximos 10 años, aunque tiene la operación de extenderlo por otros 5 años, según informa en un comunicado.
La filial de FCC llevará a cabo la recogida dos veces por semana y la de residuos de poda y resto de material reciclable con frecuencia semanal. El contrato incluye también el servicio a más de 450 cuentas comerciales.
La ciudad de Wellington se localiza al sureste del Estado de Florida, en el condado de Palm Beach, donde la empresa presta ya servicio, por lo que FCC atenderá este contrato con una flota adicional de 17 camiones desde las instalaciones actuales ubicadas en el condado.
La filial estadounidense de FCC Servicios Medio Ambiente refuerza así su presencia en Florida, donde ya está presente a través de otros contratos en los condados de Palm Beach, Orange, Volusia o Polk, entre otros, sirviendo en este Estado a más de un millón de habitantes.
La compañía también opera en otras regiones del país como Texas y Nebraska, prestando servicio a cerca de 8,5 millones de norteamericanos a través de los más de 25 contratos municipales firmados en los últimos años, con un valor que excede los 2.000 millones de dólares (1.680 millones de euros).
FCC Servicios Medio Ambiente lleva a cabo en el grupo FCC desde hace más de 110 años la prestación de servicios municipales y gestión integral de residuos, y sirve a más de 66 millones de personas en cerca de 5.000 municipios.
La empresa gestiona una red de más de 700 instalaciones de tratamiento de residuos, con cerca de 200 complejos medioambientales de valorización y reciclaje, incluyendo 11 proyectos de recuperación de energía no fósil de residuos con una capacidad anual de proceso de 3,2 millones de toneladas y 360 MW de potencia.
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de Plasencia, han investigado al conductor de un vehículo que, el pasado día 20 de abril, causó un accidente de circulación en Valverde de la Vera (Cáceres), en el que dejó heridas a dos personas y abandonó el lugar antes de la llegada de los efectivos de este cuerpo.
La labor realizada por los agentes ha permitido su identificación y posterior investigación como supuesto autor de los delitos de quebrantamiento de condena, conducción careciendo de puntos, abandono del lugar del accidente y dos delitos de lesiones por imprudencia grave.
Los hechos se produjeron en la noche del pasado día 20 de abril, cuando se registró un siniestro vial en la carretera EX-203 (Plasencia-límite provincia con Ávila), en el término municipal de Valverde de la Vera (Cáceres), consistente en un choque frontal entre dos vehículos, en el que resultaron heridas dos personas de carácter leve.
El conductor, supuesto causante del accidente, se ausentó del lugar dejando el vehículo abandonado antes de que llegara la Guardia Civil, ha apuntado este cuerpo en nota de prensa.
Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una investigación que finalmente ha permitido la plena identificación y localización del supuesto autor de los hechos quien, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
El conductor ha sido investigado por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, castigado con una multa de 12 a 24 meses y otro contra la seguridad vial por conducir el vehículo con una pérdida de vigencia del permiso de conducir, por pérdida total de los puntos asignados, el cual tiene prevista una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de comunidad de 31 a 90 días.
También por un tercer delito contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente, penado de 6 meses a 4 años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 a 4 años y, además, por dos supuestos delitos de lesiones por imprudencia grave, los cuales llevan aparejados, cada uno, una pena de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 18 meses y la privación de conducir vehículos a motor de 1 a 4 años.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Castilla y León suma 237 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 231.352, al tiempo que registra cuatro nuevas víctimas mortales, así como un total de 29.687 altas médicas, de ellas 34 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.
Las estadísticas publicadas hoy registran cuatro nuevos fallecimientos en hospitales, con lo que eleva la cifra de defunciones en estos centros hasta 5.724.
Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 341 –15 menos que en la jornada anterior– y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.895 –82 menos–. De ellos, Ávila contabiliza 21 brotes –dos menos–; Burgos, 70 –seis menos–; León, 59 –cuatro menos–; Palencia, 25 –sin variación–; Salamanca contabiliza 42, dos menos; Segovia, 35 –dos menos–; Soria, 14 –dos menos–; Valladolid suma 52, cuatro más, y Zamora 23, uno menos que el día anterior.
En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 231.352 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 237 en la última jornada. De ese total, 224.552 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.
BURGOS, A LA CABEZA CON 70 NUEVOS CASOS
Por provincias, Burgos es la que más positivos han notificado en esta jornada, con 70 nuevos casos para sumar 35.699; le sigue Valladolid, con 46 nuevos positivos y 51.044 totales; León, con 35 y 40.197 totales; Salamanca, con 33 y 32.109 acumulados; Segovia, con 17 y 17.372 globales; Zamora, con 14 nuevos positivos para un total de 13.383; Ávila con nueve nuevos y 12.617 acumulados; Palencia, que suma 8 para un total de 19.108; y Soria, con cinco nuevos y 9.829 totales.
Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.724, cuatro más, registrados en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Zamora. Así, la provincia vallisoletana es la que suma más muertes, con 1.163; seguida por León, con 1.149; Salamanca, que tiene 837; Burgos, 705; Palencia, 446; Zamora, con 431; Segovia, con 367; Ávila, con 340, y Soria, con 286.
En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 29.687, de las que se han computado 7.243 en Valladolid; 5.131 en León; en Salamanca, 4.085; en Burgos, 4.089; en Palencia, 2.240; en Zamora, 1.938; en Segovia, 1.895; en Ávila, 1.758, y en Soria, 1.308.
BAJAN LAS HOSPITALIZACIONES
En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy hay un total de 364 hospitalizados, 19 menos que ayer. De estos pacientes, 242 se encuentran en planta –18 menos que ayer–, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se sitúan en 122, uno menos.
Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 37 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, sin variación con respecto a la jornada anterior.
Así, se informa de 21 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos; 17 en el Clínico de Valladolid; 13 en el Complejo Asistencial Universitario de León; doce en el Río Hortega de Valladolid; once en el complejo de Segovia; diez en el Hospital El Bierzo; nueve en los complejos de Palencia y Salamanca; siete en Ávila y Soria; y seis en el de Zamora.
El 36,7% de los catalanes es partidario de un Estado que reconozca a las comunidades la posibilidad de convertirse en Estados independientes, mientras que hay un 18,6% que preferiría un sistema en el que las comunidades tuvieran más autonomía y también un 18,4% para el que no hay que hacer cambio alguno en esta materia.
Así se desprende de la encuesta poselectoral de los comicios catalanes del pasado 14 de febrero realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se ha hecho pública este jueves.
Tras aquellos comicios, el CIS también preguntó sobre la posibilidad de un «Estado con un único Gobierno central, sin autonomías», opción que respalda el 10% de las personas entrevistadas. Además, hay un 7,5% que se decanta por comunidades con menos autonomía.
Cruzando estos datos con los del recuerdo de voto en las elecciones del 14 de febrero, se comprueba que una consulta para la independencia es la opción preferida para el 92,2% de los votantes de Junts, el 86% de los de la CUP y el 77% de los de ERC. Entre los votantes del PSC, es una opcion defendida por el 6%.
La posibilidad de dotar de más autonomía a Cataluña triunfa entre los votantes de En Comú (43%), en los que esta fórmula es la mayoritaria. También la comparte el 28% de los del PSC, aunque entre los votantes de Salvador Illa la opción mayoritaria, apoyada por el 38,5%, es la de no hacer cambios en el modelo autonómico, una cifra que se queda en el 31% en el electorado de Cs.
En Vox, la mitad de sus votantes se decanta por un Estado sin autonomías, lo que también ve bien el 23,7% de los del PP, el 15,6% de los de Cs y el 10,5% del PSC. En todo caso, la opción preferida entre los votantes ‘naranjas’ y ‘populares’, con un 40 y un 33%, respectivamente, es quitar competencias a las autonomías.
42,5% TAN ESPAÑOL COMO CATALÁN
Por otra parte, en la encuesta se refleja que son mayoría (42,5%) los catalanes que se sienten tan español como catalán, seguidos del 21,4% que dice sentirse más catalán que español. Sólo un 13,7% se siente únicamente catalán, por un 8,3% que se siente sólo español. Además, hay un 5,6% que asegura ser más español que de esa comunidad autónoma.
El CIS también ha querido medir el nivel de «nacionalismo catalán» de las personas consultadas. Un 24,1% se sitúa en el «mínimo grado de nacionalismo», frente a un 11% que se coloca en el «máximo». En el punto medio figura un 17% de los entrevistados.
El 49,2% de los catalanes cita la independencia de Cataluña como el tema más debatido durante la campaña electoral, muy por encima del coronavirus, que se queda con un 10,3% de menciones.
La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) que representa a más de 1.500 familias acogedoras, se ha dirigido a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para pedirle que inste a las comunidades autónomas a priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial, de forma que los más de 23.000 niños, niñas y adolescentes que crecen actualmente en residencias, puedan ejercer su derecho a vivir dentro de una familia.
Según ASEAF, desde la reforma de la ley de 2015 que elevó el acogimiento familiar a requerimiento legal, los menores que crecen en residencias en España han aumentado en un 70%, hasta alcanzar los 23.209 en 2019, mientras que los que viven con una familia acogedora han disminuido en un 4%, situándose en 19.320.
Esto ocurre a pesar de que la ley dispone que «prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años salvo en supuesto de imposibilidad, debidamente acreditada». A finales de 2019, en España había 1.300 niños y niñas menores de 6 años creciendo en residencias, según precisa la asociación.
La petición de ASEAF, que lanzan con motivo del Día Internacional de la Familia que se celebra este sábado 15 de mayo, está en línea con la recomendación que viene realizando desde hace 20 años el Defensor del Pueblo en sus informes anuales.
En el último de ellos, la institución avisa de que el cambio a un modelo en el que prevalezca el acogimiento familiar aún «no se ha producido». También desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño mostró en 2018 su preocupación por el elevado número de niños en atención residencial.
«Las familias acogedoras, tanto ajenas como extensas, hacemos un llamamiento al Gobierno y a la sociedad civil para que, cuanto antes, se pongan en marcha las instituciones responsables de la infancia, con el objetivo de que los más de 23.000 niños, niñas y adolescentes que hoy crecen en una residencia en España ejerzan su derecho a vivir en una familia», ha subrayado la presidenta de ASEAF, María Arauz de Robles.
MÁS APOYO A LAS FAMILIAS QUE ACOGEN
En esta misma línea, Aldeas Infantiles SOS ha expresado su reconocimiento a la «imprescindible» labor social que realizan las familias acogedoras y reclama para ellas el apoyo y los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo su labor y garantizar el bienestar de todos los menores que crecen bajo esta medida de protección.
La organización recuerda que ante la retirada de la tutela de un niño a sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada por la Ley del Menor es el acogimiento familiar y, si es posible, en familia extensa (abuelos u otros familiares).
Sin embargo, la ONG precisa que, mientras el número de niños privados del cuidado parental ha crecido en España un 18% en los últimos cinco años, pasando de los 42.628 niños que había en 2015 a los más de 50.000 de 2019, el acogimiento familiar ha descendido. Según precisa, en la actualidad, de cada 100 niños y niñas que crecen separados de sus padres, 65 lo hacen bajo la modalidad de acogimiento residencial, a pesar de que la ley recomienda lo contrario.
Aldeas Infantiles SOS subraya que el acogimiento familiar tiene carácter temporal y que su función nunca pasa por suplantar a la familia de origen, sino por apoyar y facilitar la reintegración del niño con la misma. «Las familias de origen forman parte inexcusable del contexto de acogimiento de todo niño y también una posibilidad en su futuro; y por ello, su participación no es solo un derecho, sino un deber y una responsabilidad», apunta.
Por ello insisten en la importancia de que las familias acogedoras cuenten con el apoyo y con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor. En este sentido, Aldeas Infantiles SOS, a través de sus programas de Apoyo al Acogimiento Familiar, trata de acompañar y asesorar a las familias en todo este proceso, ofreciendo pautas de crianza basadas en el buen trato a la infancia y promoviendo la buena relación entre el niño y las dos familias.
Recuperar la demanda, invertir en tecnología y sostenibilidad y crear destinos seguros ha sido las principales claves desveladas por los ponentes de la XVI edición del Foro Turístico Hosteltur, que tuvo lugar este jueves en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.
El tema elegido para el evento fue el de ‘Las palancas para la recuperación del negocio turístico’ tras la pandemia, con cinco paneles sobre liquidez y financiación, sostenibilidad, estrategias para consolidarse y crecer, comercialización y distribución, y tecnología e innovación.
En una de las ponencias, el consejero delegado de Avoris, Miguel Ángel Sánchez, ha explicado que la reactivación de la demanda doméstica, la conectividad, la higiene y seguridad en el destino, los negocios corporativos y la sostenibilidad son aspectos muy importantes en la recuperación de España.
En cuanto a innovación, Gabriel Perdiguero, de Iberia, ha aclarado que no es sólo tecnología, sino que también es la capacidad de adaptación y de cambio de mentalidad. Por otro lado, para la directora de Innovación de Airbus en España, Silvia Lazcano, la innovación debe enfocarse en conseguir aviones de emisiones cero principalmente, lo que implica «un ecosistema amplio y una apuesta por el hidrógeno renovable.
SOSTENIBILIDAD, GRAN RETO
El primer panel abordó la sostenibilidad como el gran reto global del sector turístico y contó con la participación de responsables del Grupo Iberostar, Apple Leisoure Group (ALG) y Jumbo Tours Group.
Los tres ponentes coincidieron en que la sosteniblidad es un movimiento «necesario y lógico», porque afecta a las personas, al entorno y a las empresas, al ser un propósito que «traspasa lo económico, social y ambiental».
Javier Ánguila, de ALG, ha destacado cómo la sostenibilidad ha entrado lentamente en la economía y «hoy por fin los gobiernos y las empresas tienen claro que es una necesidad».
Sobre las medidas que aportar a la sostenibilidad, la vicepresidenta y consejera delegada de Grupo Iberostar, Sabina Fluxá, ha señalado la eliminación de plásticos, gestión de los residuos, fomento del consumo responsable de pescado y marisco y cesta de la compra responsable como objetivos dentro de su compañía.
FALTA DE ACTIVOS
Sobre la financiación y viabilidad de las empresas en el sector turístico, Raúl González, de Barceló Hotel Group, ha asegurado que el problema es encontrar buenos activos a buenos precios, ya que no hay problemas de financiación sino que es difícil encontrar el activo adecuado al precio adecuado.
Para David Rico, director Caixabank Hotels & Tourism, la cuestión son las otras empresas que ya tenían dificultades antes de la pandemia. «Ahí es donde hay que tener medidas para ayudarlas a mejorar su solvencia, si son empresas viables, ese será el debate, en el límite de lo que son empresas viables», ha añadido.
DUDAS SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS
Durante el tercer panel, el consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha admitido ser muy crítico con los fondos europeos, ya que antes hay que rescatar el sector turístico de este país. «Me temo que cuando lleguen los fondos gran parte del sector turístico de este país estará KO».
Además, Escarrer ha advertido de que España no tiene un problema de competitividad turística, el problema es volver a serlo para los próximos 20 años, y «ahí los fondos serán clave, aunque antes hay que rescatar al tejido productivo turístico».
Sobre los fondos, Subías, ha resaltado que hay una gran laguna en la ejecución de los fondos porque está pensado para grandes alianzas de grandes grupos y corporaciones y no para que se beneficien las pymes y las agencias.
Asimismo, la principal conclusión de la mesa dedicada a comercialización y distribución es que el agente de viajes ha recuperado protagonismo y fuerza y que será «más necesario que nunca».
En cuanto a la figura del cliente, el director general de Amadeus, Christian Boutin, ha confirmado que aprende y exige a medida que suceden cosas y que la flexibilidad, la seguridad económica, la experiencia digital contactless serán fundamentales. «El viajero espera tener más información a la hora de comprar un viaje, habrá que adaptarse a lo que necesite».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirma que el Ministerio de Sanidad y Consumo contempla una modificación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) para convertir en estructurales aquellas plazas que lleven más de dos años concatenando contratos temporales, tal y como reclama sindicato.
En una reunión de la mesa del Ámbito, el Ministerio se ha mostrado abierto a esta iniciativa, que se concretaría en una modificación del artículo 9.3 del Estatuto Marco. Asimismo, señala el sindicato que Sanidad estudia una modificación del artículo 37.2 de la misma norma con el fin de establecer concursos de movilidad permanente, «una demanda histórica del personal del SNS».
Por el momento, Sanidad se ha comprometido a realizar un estudio pormenorizado sobre la situación del personal del Sistema Nacional de Salud para conocer las cifras exactas y el alcance de la temporalidad, así como del desarrollo de las ofertas de empleo público y de consolidación de plazas, como también ha pedido CSIF.
También, tal y como ha reclamado CSIF de manera reiterada, el Ministerio discutirá con las comunidades autónomas el establecimiento de sanciones a aquellas administraciones que abusen de la temporalidad, en línea con las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de la UE.
«Desde CSIF valoramos de manera positiva esta reunión, si bien esperaremos a su concreción por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, departamento del que depende la solución del problema de la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas. Para nuestra organización, tal y como hemos hecho constar en la reunión con el Ministerio, la solución a la temporalidad debe extenderse a todas las categorías del SNS», señalan en un comunicado.
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
Por otro lado, denuncia que el sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales destruyó un total de 14.582 empleos en el primer trimestre del año (9.547 en enero, 1.778 empleos en febrero y 3.257 en marzo). Para CSIF, «resulta indignante» que se haya prescindido de efectivos durante tres meses consecutivos, de los peores meses de la pandemia, en los que se volvieron a disparar los contagios, la presión hospitalaria, con las UCI al límite y la segunda cifra más alta de fallecidos en lo que va de crisis sanitaria. «Esta situación es fruto de la precariedad en el empleo y de la temporalidad», añaden
CSIF ha presentado un plan de refuerzo para el conjunto de las administraciones públicas para reforzarlas con 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años. La Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea.
Asimismo, recuerdan que España cuenta con 3 camas de hospital por cada mil habitantes, frente a las 5 de la media UE o las 8 de Alemania, con lo que conlleva de personal. La sanidad tiene un problema de personal estructural, tanto de médicos como de Enfermería, de tal manera que se han tenido que adoptar medidas como la contratación de médicos extracomunitarios sin título homologado, estudiantes en el último año de grado o la movilidad forzosa.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, ha celebrado la aprobación en el Consejo de Gobierno de este jueves de la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico y la Lucha contra la Despoblación 2021-2027 como instrumento «fundamental» para fijar la población en Cantabria con medidas «pioneras».
Así, Fernández ha subrayado en un comunicado que el objetivo del Gobierno de Cantabria está centrado en que «cualquier cántabro, viva donde viva, tenga iguales derechos y oportunidades» por lo que, en su opinión, las medidas que incluye el documento son el resultado del trabajo «siliente, pero importante» que lleva realizando la Comunidad Autónoma para que se puedan implementar en el territorio y tengan el objetivo «real» de cambiar la dinámica actual y contribuir a incrementar la población.
En este sentido, la consejera ha recordado que en Cantabria preocupan algunas zonas que partían ya de densidades de población bajas y que, además, en los últimos años han sufrido una pérdida de población «importante», lo que, a su juicio, da lugar a cambios económicos y sociales y plantea «graves dificultades» en el acceso a los servicios públicos básicos, que se van reduciendo ante el descenso de población.
Es por ello que, según ha insistido, esta situación «únicamente se puede revertir mediante la atracción a estos municipios de nuevos vecinos para desarrollar actividades productivas, formar familias y contribuir a asegurar el relevo generacional».
La consejera ha puesto en valor los diferentes hitos que se han desarrollado hasta ahora, entre los que se encuentran situar la fijación de población en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento en los municipios más rurales como eje transversal en agenda política del Gobierno; constituir el Consejo Asesor para la Lucha contra el despoblamiento, como órgano que coordina e impulsa la labor en la que está representado todas las consejerías del Gobierno y sectores y colectivos implicados; desarrollar un mapa de municipios en riesgo de despoblamiento para «tener claro donde actuar y centrar las políticas de discriminación positiva», y aprobar hoy la estrategia que permita seguir «una hoja de ruta, muy clara ya».
ACCIONES DE LA ESTRATEGIA
Entre los principales ejes de la estrategia se encuentra la dinamización, consolidación y crecimiento del tejido productivo en el medio rural, que incluye incorporar la innovación al tejido productivo en el medio rural y desarrollar el programa ‘Retorno del Talento interno’, para facilitar a los titulados cántabros el retorno a las zonas rurales escasamente pobladas, fomentando su contratación, su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.
Por otro lado, se contempla el fomento de la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones del sector primario y el impulso de la bioeconomía y de las energías renovables en las instalaciones agrícolas y ganaderas.
El documento también apuesta por garantizar servicios públicos de calidad. En Educación, apuesta por adecuar las ratios a las zonas despobladas, mejorar la red de transporte escolar o garantizar la apertura de colegios rurales.
En Sanidad, quiere potenciar la atención primaria y los servicios de proximidad en las zonas rurales despobladas, establecer un programa de incentivos económicos y de carrera profesional para los profesionales de la medicina en el ámbito rural despoblado, garantizar el servicio de atención farmacéutica en las zonas rurales afectadas de despoblación o desarrollar las UVIS móviles.
En Servicios Sociales, pretende desarrollar una red de viviendas para personas mayores autónomas con el objeto de favorecer la permanencia en su entorno, ampliar la cobertura del servicio público de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio en el ámbito rural e incrementar las ayudas para accesibilidad.
Asimismo, pretende fomentar el transporte combinado y colaborativo -escolar, laboral, de viajeros, etc.- y diseñar un transporte sanitario por agrupación de personas.
Por otro lado, la estrategia incluye mejorar la seguridad fomentando el asociacionismo municipal para la prestación de servicios de policía local y la colaboración de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con aumento de efectivos de la Guardia civil.
En cuanto a las infraestructuras, se contempla un estudio pormenorizado de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas de cada núcleo rural despoblado y ubicar cajeros automáticos en los municipios.
También se quiere fomentar la rehabilitación y reutilización de viviendas y edificios y dar ayudas para la adquisición de vivienda para jóvenes que fijen su residencia en las zonas despobladas, así como implantar la conectividad digital de banda ancha rápida y ultrarrápida y móvil y fomentar el uso de las energías renovables para la producción de energía desde las infraestructuras agro ganaderas.
En el ámbito de ocio y cultura el documento incluye el fomento del servicio de bibliotecas, de bibliobús y programas de envío a domicilio, y la potenciación de circuitos artísticos y mayor descentralización de la oferta cultural.
En la parte económica, contempla deducciones de la cuota del IRPF y el establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Por último, plantea facilitar, simplificar y agilizar los trámites de planeamiento urbanístico de los pequeños municipios y las posibilidades de desarrollo de las poblaciones de la región para luchar frente a la despoblación, así como blindar el Fondo de Cooperación Municipal en al menos 15,2 millones de euros para el apoyo a la prestación de servicios básicos en el medio rural.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado que «España mire hacia el interior» y dedique los fondos de recuperación de la UE para equilibrar territorios y afrontar el problema de la despoblación.
Mañueco se ha pronunciado de este modo en Albarracín (Teruel) tras reunirse con los presidentes autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, con quienes se ha escenificado un nuevo pacto denominado ‘Declaración de Albarracín’, en virtud de la cual reclamarán al Gobierno estatal que las ayudas que la Unión Europea dispensará para atajar la despoblación no se queden sólo en Cuenca, Teruel y Soria y puedan extender su radio de acción más allá de sus límites provinciales, beneficiando también a otros territorios colindantes y en la misma situación de baja densidad de población.
Así, Fernández Mañueco ha destacado el trabajo realizado por los tres gobiernos para avanzar en la búsqueda de soluciones ante este problema estructural que se centra en tres provincias concretas en este caso como son Soria, Cuenca y Teruel. «Esto es un compromiso con las personas, estamos comprometidos los tres gobiernos en afrontar la despoblación, es un objetivo compartido y una preocupación compartida», ha defendido el presidente de Castilla y León.
En este punto, Mañueco ha defendido que el Acuerdo de Albarracín rubricado este jueves es un «paso fundamental» con el objetivo de que «España mire hacia el interior». «Los fondos de la UE deben servir para equilibrar las políticas públicas en el territorio», ha defendido.
El presidente de Castilla y León ha explicado que esta declaración es «una llave para abrir las puertas de las ayudas» a Teruel, Soria y Cuenca con esa reducción del 20 por ciento de costes laborales anuales de las empresas que se instalen en estas provincias.
Ahora, el siguiente paso es que el Gobierno de España acelere los plazos para poder acceder a este régimen y mejorar así la implantación de empresas en zonas adyacentes, ya que «es justo que estas empresas tengan facilidades para invertir y crear empleo» de cara a «fijar población».
Fomentar la incorporación de familias al mundo rural mejorando la prestación de servicios es otra de las propuestas blindada por los tres presidentes, según ha dicho Fernández Mañueco, quien ha añadido la necesidad de buscar herramientas para apuntalar el «compromiso» con las zonas despobladas.
En su opinión, es «crucial» que ahora la Unión Europea apuesta junto a las regiones afectadas contra el problema de la despoblación, un objetivo que «tiene que estar presente» en todos los planos políticos en el corto y medio plazo, también en la Conferencia de Presidentes.
La financiación autonómica y el nuevo modelo «tiene que tener presente, como objetivo de país», las diferencias entre las zonas despobladas y las grandes ciudades.
«Las tres comunidades hemos demostrado nuestro compromiso con España. Hemos dado lo mejor de nuestro territorio. La vida de personas que se han desplazado a otras ciudades para construir nuestro país. Ahora necesitamos que España mire hacia el interior y que apuesta por el mundo rural», ha reivindicado Fernández Mañueco. Con todo, exige que los fondos europeos vengan a «equilibrar» los territorios.
Por último, ha defendido que el compromiso en la lucha contra la despoblación es «irrenunciable» para la Junta de Castilla y León. «Debemos ir a elementos concretos sobre servicios públicos básicos», ha aseverado, tras lo que ha considerado «irrenunciable» la apuesta por la digitalización.
Los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Javier Lambán, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, respectivamente, han escenificado un nuevo pacto a tres bandas, en este caso con la despoblación de fondo, blindando la denominada Declaración de Albarracín, en virtud de la cual reclamarán al Gobierno estatal que las ayudas e incentivos fiscales que la Unión Europea dispensará para la instalación de empresas en Cuenca, Teruel y Soria puedan extender su radio de acción más allá de sus límites provinciales, beneficiando también a territorios colindantes y en la misma situación de baja densidad de población.
Este pacto ha quedado rubricado tras un acto protagonizado por los tres líderes autonómicos en la localidad turolense de Albarracín, dentro de una estrategia europea que plantea reducir en un 20% los costes laborales de las empresas que operen en estas tres provincias que ahora estos tres gobiernos quieren arrastrar a más territorios.
En el caso de Aragón, Lambán ha considerado que estos incentivos pueden beneficiar también a comarcas de Daroca, Belchite, el Aranda, incluso Calatayud; mientras que García-Page ha apuntado que las comarcas de Molina de Aragón o Sigüenza podrían conseguir acceder a esta consideración en el caso de Castilla-La Mancha.
PETICIONES A TERESA RIBERA
Javier Lambán ha explicado que las tres regiones han trabajado conjuntamente de cara a la Conferencia Sectorial que este viernes tendrá lugar con todos los gobiernos y el Ministerio de Transición Ecológica para abordar las 130 medidas para hacer frente contra la despoblación.
Proponen una reunión con las ocho regiones que trabajan más intensamente contra este problema –Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura–, comunidades que trabajaron en el Foro por el Reto Demográfico y que ya han mantenido varias reuniones.
Así, este viernes reclamarán a Teresa Ribera una reunión con todos estos actores para buscar soluciones a esta problemática, donde van a plantear igualmente que «gran parte del trabajo ya está hecho», apuntando que todas las regiones participantes «ya han hecho normas y leyes y cuentan con una serie de medidas ya adoptadas que permiten decir que hacer frente a la despoblación no está pendiente de comenzar».
Otra sugerencia que elevarán en el foro de este viernes es mejorar la financiación autonómica de cara a implementar herramientas para atajar la despoblación. «Aquí, una plaza escolar o sanitaria cuesta a veces dos, tres o cuatro veces más que en Madrid», ha reivindicado Lambán.
Sobre la Política Agraria Común, propondrán «ir hacia una eliminación a medio plazo de la cobranza si no se vive en el pueblo correspondiente».
Fomentar la implantación de energías renovables será otro de los mimbres a exponer ante el Ministerio de Transición Ecológica de cara a «fomentar el desarrollo de las comunidades autónomas» donde se implantan. Que la energía que se instale en estas regiones sirva para impulsar el desarrollo de estas regiones», ha precisado, proponiendo igualmente beneficios en el consumo eléctrico de los vecinos de pueblos con instalaciones de este tipo.
La guerra contra las macrogranjas de cerdos también estará presente en la batería de peticiones a exponer a Teresa Ribera; a lo que se sumado la necesidad de «revisar conceptos» de cara a no usar el término ‘España vaciada’. «El vaciamiento requiere relleno. Hay que pensar en los paradigmas de la economía y los recursos del mundo rural», ha señalado, apuntando que «no tiene sentido situar la batalla bajo el epígrafe de Reto Demográfico.
El reto, considera, pasa por el envejecimiento de la población, por lo que propone introducir esta perspectiva para ahondar en las políticas que redunden en revitalizar el mundo rural.
MAÑUECO PIDE A SÁNCHEZ «USAR LA LLAVE Y ABRIR LA PUERTA»
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que esta declaración es «una llave para abrir las puertas de las ayudas» a Teruel, Soria y Cuenca con esa reducción del 20% de costes laborales anuales de las empresas que se instalen en estas provincias.
Ahora, el siguiente paso es que el Gobierno de España acelere los plazos para poder acceder a este régimen y mejorar así la implantación de empresas en zonas adyacentes, ya que «es justo que estas empresas tengan facilidades para invertir y crear empleo» de cara a «fijar población».
Fomentar la incorporación de familias al mundo rural mejorando la prestación de servicios es otra de las propuestas blindada por los tres presidentes, según ha dicho Fernández Mañueco, quien ha añadido la necesidad de buscar herramientas para apuntalar el «compromiso» con las zonas despobladas.
En su opinión, es «crucial» que ahora la Unión Europea apuesta junto a las regiones afectadas contra el problema de la despoblación, un objetivo que «tiene que estar presente» en todos los planos políticos en el corto y medio plazo, también en la Conferencia de Presidentes.
La financiación autonómica y el nuevo modelo «tiene que tener presente, como objetivo de país», las diferencias entre las zonas despobladas y las grandes ciudades.
«Las tres comunidades hemos demostrado nuestro compromiso con España. Hemos dado lo mejor de nuestro territorio. La vida de personas que se han desplazado a otras ciudades para construir nuestro país. Ahora necesitamos que España mire hacia el interior y que apuesta por el mundo rural», ha reivindicado Fernández Mañueco. Con todo, exige que los fondos europeos vengan a «equilibrar» los territorios.
GARCÍA-PAGE: «ESTAMOS DANDO EJEMPLO»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado por su lado que, entre los tres gobiernos autonómicos, se está dando un ejemplo de «cómo ponerse de acuerdo en lo esencial».
Ha reivindicado este Pacto de Albarracín como otro documento que acabará «saliéndose con la suya», después de que en los últimos meses Europa haya escuchado la defensa de estos tres ejecutivos para poder considerar a Soria, Teruel y Cuenca como zonas despobladas merecedoras de más incentivos.
«Europa nos ha abierto una puerta que sabíamos que estaba ahí, pero estaba cerrada», ha apuntado García-Page, quien ahora pide que, de la mano del Gobierno estatal, se cierre una agenda que convierta esos 130 objetivos contra la despoblación en una estrategia calendarizada y presupuestada.
Ahora, a partir de esta decisión de la Unión Europea, estas tres provincias son oficialmente zonas con despoblación, ante lo que propone aprovechar las oportunidades de estos territorios para frenar el problema.
La intención con este escenario es «meter la cabeza» dentro de una línea de actuación que implique incentivar fiscalmente la llegada de nuevas empresas, un objetivo que, junto a la universalización de las telecomunicaciones o equiparar la prestación de servicios, pueda suponer «dar un paso más» en este objetivo.
Los museos catalanes volverán a recuperar del 15 al 18 de mayo la celebración del Día Internacional de los Museos y la Nit dels Museus con 200 actividades en 100 equipamientos, ha explicado este jueves en rueda de prensa la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, que ha dicho que buscará acercar al público más joven y a los mayores.
La consellera ha animado a participar en el Día Internacional de los Museos y ha reivindicado que la pandemia ha proporcionado valor al arte y la cultura y se ha mostrado como importantes para la «salud emocional» de la población, y ha explicado que es una edición que permite su organización presencial con refuerzos telemáticos.
Bajo el lema ‘El futuro de los museos: recuperar y reimaginar’, la Conselleria de Cultura ha impulsado acciones dirigidas a los mayores y a los jóvenes con la voluntad de recuperar estos espacios y dar voz para que manifiesten sus inquietudes.
Ha organizado la acción ‘Benvinguda a la gent gran’, en la que una sesentena de museos ha diseñado actividades para grupos estables de usuarios de residencias y centros de día para que vuelvan a los equipamientos, como el Museu d’Olot (Girona), el de Alcover (Tarragona), la Fundació Miró de Barcelona y el Musèu der Val d’Aran en Vielha (Lleida).
El departamento ha invitado a ocho ‘youtubers’ con la acción ‘Youtubers als Museus!’ en la que se adentran en las redes de los museos catalanes para animar a su generación, con el resultado de una serie de videos inspirados en las temáticas y las colecciones de los museos catalanes.
Las 200 actividades que los museos catalanes han preparado para el Día Internacional de los Museos –que se conmemora el 18 de mayo– se abrirán este viernes con la inauguración del área del gótico del Museu de Lleida, un equipamiento que «ha sufrido mucho» estos años, ha señalado la consellera.
Otros equipamientos realizarán actividades como una visita teatralizada al Museu Hidroeléctric de Capdella (Lleida), una acción de Urban Sketchers en el Museu de Lleida, el Arts Santa Mònica de Barcelona presentará la instalación ‘Dimonis’ de Cabosanroque, el Museu Picasso ofrecerá la actividad ‘Musicant Picasso’, el grupo Copèrnic ofrecerá un concierto organizado por el Museu d’Art de Girona y el Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ameniza con un ‘escape room’.
Ponsa ha resaltado el desarrollo del Pla de Museus de la Generalitat, aprobado en 2017 y que el pasado año supuso una inversión de 45 millones de euros, además de señalar que el 75% de las acciones que se prevén en él ya se han iniciado.
La directora general de Patrimonio Cultural, Elsa Íbar, ha destacado el rol de los museos para afrontar la pandemia, y ha subrayado el despliegue del Plan de Accesibilidad y el proyecto Recuperart, así como las iniciativas par acercar los museos a los colectivos que están más alejados.
