El director de Operaciones Corporativas del Banco Sabadell, Juan-Mateu Grumé, ha señalado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la resolución del Banco Popular, que cuando analizaron la posibilidad de participar en la compra privada de esa entidad, rápidamente se percataron de que no les interesaba porque tenía unos ratios de solvencia insuficientes. Además ha apuntado que en caso de que hubieran aceptado, tendrían que haber acometido una ampliación de capital de 7.000 millones y habrían necesitado de ayudas del Estado.
Con estas declaraciones de hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha ahondado en ese momento de 2017 en el que se da acceso a varias entidades al Virtual Data Room (VDR), la plataforma donde compartían información relevante del banco para que pudieran decidir si querían o no comprar y en su caso cuantificar la oferta económica.
Según fuentes presentes en la declaración, Grumé ha explicado que tan solo hicieron un análisis previo de la información de ese VDR en mayo de 2017 y que a los quince días descartaron la opción por esos ratios insuficientes, que se debían a problemas con los recursos propios de la entidad. Determinaron que eso hacia que los ratios de solvencia fueran inferiores a los que señalaban desde el Popular.
Otras fuentes han indicado que Grumé ha hablado de problemas con los créditos y en los adjudicados, y que la entidad necesitaba más provisiones de las que tenía. Aunque ha matizado que él hablaba desde la perspectiva del comprador, por lo que no entraba en si en el Popular se respetaba la normativa contable.
Un mes después, en junio de 2017, es cuando se produce la resolución del banco y su venta por un euro al Banco Santander. Hoy, Grumé ha coincidido con otro de los testigos previos, el que fuera director financiero de Bankia en 2017, Leopoldo Alvear, al afirmar que llegaron a la conclusión de que el valor de la entidad era negativo en ese momento.
Además, Gruméha recordado que al estudio de la compra del Popular le denominaron 'operación Fénix' y ha incidido en que ese banco era el que mayor número de activos improductivos tenía de todas las entidades nacionales. En relación a las tasaciones de los mismos, ha aseverado que, las que les mostraron, o estaban efectuadas por entidades no autorizadas, o eran antiguas, o realizadas por Aliseda --que dependía del propio banco--, o eran realizadas con criterios que no correspondían con las tasaciones 'eco'.
FUERA EN 24 HORAS
El segundo de los testigos de la jornada ha sido Pablo Alonso Castellano, directivo del Bank of America Merrill Lynch Internacional Limited, quien accedió a la plataforma pero en calidad de asesor financiero. Ha enmarcado su acceso al VDR en el contexto de que ellos asesoraban al Popular en la venta del Wizink Bank y se ofrecieron a participar en la venta.
Cuando entró en la plataforma, ha recordado, vieron que no era creíble lo que defendía la entidad en su plan de negocio --ha explicado que desde el Popular señalaban que tenían provisiones de 5.000 millones y una generación de beneficios de 500 millones--. Por eso, viendo el riesgo que suponía, a las 24 horas de acceder se negaron a continuar.
Por otro lado, a preguntas del juez, ha explicado las funciones de un asegurador en las ampliaciones de capital, es quien suscribe el restante de acciones que no se hayan colocado, y ha añadido que ellos como entidad de inversión han jugado ese papel en varias operaciones.
Tras estas declaraciones, el jueves será el turno del vicepresidente y responsable de Estrategia, Planificación Financiera y Desarrollo Corporativo del Banco Santander, José Luis de Mora, quien también accedió al VDR en mayo de 2017. Ésta fue la entidad que finalmente se hizo con el Popular tras su resolución.
En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución de la entidad, una que abarca esas presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
