La Audiencia Nacional ha condenado a Paradores a indemnizar a los trabajadores que no prestaron servicios a causa del cierre de los establecimientos en el periodo de 12 de abril al 24 de junio de 2020. En este periodo Paradores concedió a su plantilla una licencia excusadora de trabajar.

CC.OO., UGT y CSIF demandaron a la empresa porque entendían que esta medida suponía una merma retributiva para los trabajadores. Ahora, la Audiencia Nacional ha dado la razón a los sindicatos demandantes argumentando que la empresa podría haber puesto en marcha procedimientos de suspensión de contratos.

Al iniciarse el confinamiento por la pandemia que supuso el cierre forzoso de los Paradores de Turismo, empresa y la representación legal de las personas trabajadoras (RLPT) acordaron un sistema de reparto de prima de producción y devolución de tiempo. Este acuerdo estuvo vigente hasta el 11 de abril de 2020.

Los sindicatos denuncian que, a partir de esta fecha, la empresa, tras romper las negociaciones, "impuso su criterio". Entre otras cosas, los sindicatos propusieron a Paradores que aplicase un ERTE, mecanismo establecido por el Gobierno para evitar la pérdida de empleo durante la pandemia, pero según la sentencia de la Audiencia Nacional Paradores se negó alegando "razones de oportunidad política".

La empresa decidió conceder a su plantilla una "licencia excusadora de trabajar", medida contra la que RLPT presentó una demanda al entender que suponía una "merma retributiva" para la plantilla, puesto que dejaron de percibir una serie de pluses, complementos y primas.

La Audiencia Nacional, que estima parcialmente la demanda presentada por los sindicatos, entiende que la situación descrita pudo "perfectamente solventarse por la empresa" haciendo uso de los recursos legales puestos a su disposición y que pasaban por incoar procedimientos de suspensión de contratos.

"Al no haber acudido la demandada al cauce de la suspensión de contratos que le proporcionaba el ordenamiento, se coloca en situación deudora con los trabajadores con relación a la parte del contrato de trabajo que le correspondía cumplir: el abono de los salarios que debieron percibir como contraprestación a un trabajo que no prestaron por decisión empresarial unilateral", asegura la sentencia.

Por todo ello el Tribunal reconoce que los trabajadores de la Red de Paradores que no prestaron servicios con causa en el cierre de los establecimientos en el periodo del 12 de abril al 24 de junio de 2020 "han de ser resarcidos" en cuanto a la prima de producción, al complemento de manutención, al plus de nocturnidad y al plus de turno partido.

Para CC.OO. esta sentencia es "muy importante" no solo porque va a permitir que la plantilla recupere el salario , sino también "porque deja en evidencia la actitud de una empresa de titularidad pública que puso la oportunidad política" por delante del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras".

El sindicato confía en que Paradores asuma la sentencia y la aplique "lo antes posible".

Paradores podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación.

La Guardia Civil ha investigado a un individuo de 59 años como presunto autor de un delito de maltrato de animal doméstico tras descubrir que habría arrastrado a uno de sus perros con el coche en un trayecto de casi tres kilómetros, causándole graves heridas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 17 de junio. La Guardia Civil ha informado en una nota que recibió una llamada telefónica de una persona que denunció que estaba en una calle de Diezma con un perro de raza mastín malherido al que, al parecer, habían arrastrado con un coche.

La patrulla de la Guardia Civil de Guadahortuna, que se encontraba cerca del lugar, fue la que se hizo cargo del animal y de iniciar una investigación que ha acabado con la identificación de la persona supuesta autora de los hechos.

Los agentes de Guardahortuna entregaron al perro a una asociación protectora de animales de Guadix y esta se encargó, no solo de procurarle atención veterinaria, sino que está buscando los fondos necesarios para pagar los gastos de su cura. Afortunadamente el animal se está recuperando de las heridas.

El trabajo de los guardias civiles de Guadahortuna no acabó entonces. Las pesquisas que realizaron estos guardias civiles han sido determinantes para identificar al responsable. Siguieron el rastro de la sangre dejada por el animal durante casi tres kilómetros hasta la entrada a una explotación ganadera en las afueras de Diezma. Y también comprobaron que dentro del vehículo sospechoso había restos de cuerda iguales a la que llevaba atada al cuello el perro herido. Los agentes comprobaron que tanto el vehículo como la explotación ganadera pertenecen a la misma persona: el hombre ahora investigado.

El Instituto Armado de Diezma se hizo cargo de instruir diligencias por el maltrato animal y los agentes de este puesto, por su parte, también han avanzado en la investigación y han encontrado testigos que reconocen que el animal herido era uno de los perros del investigado.

Al parecer, la noche anterior el investigado había atado al perro a la bola del remolque de su todoterreno y no reparó en el animal cuando arrancó y condujo hasta el pueblo. Cuando llegó y lo vio malherido, lo desató y lo dejó abandonado. En ningún momento se le ocurrió procurarle atención veterinaria.

El investigado tiene antecedentes policiales por hechos similares. En el año 2019 fue también investigado por la Guardia Civil por un delito de abandono animal con resultado de muerte, después de que dejara morir de hambre y de sed a uno de sus perros. Por este delito, el pasado mes de mayo, el Juzgado de Lo Penal nº 6 de Granada, en sentencia firme, inhabilitó a esta persona para profesión, oficio, comercio y tenencia de animales durante un periodo de tres meses.

El PP ha pedido la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "por anunciar la muerte del Trasvase Tajo-Segura y sus ataques a España, al Levante y a la Región de Murcia", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Son las palabras del diputado regional del PP, Jesús Cano, en la Comisión Especial de Agua que se ha celebrado este martes en la Asamblea Regional, donde ha comparecido el presidente ejecutivo de Apoexpa, Joaquín Gómez. "Lejos de solucionar el problema del agua, lo que ha hecho ha sido agravarlo, por su política anti trasvasista, ideológica y partidista", ha señalado.

"El cierre del Trasvase Tajo-Segura supone una caída de 1,700 millones de euros en el PIB de la Región de Murcia, así como la desaparición del 59% de la agricultura regional y la eliminación de 45.000 empleos directos", ha recordado Cano, que también ha remarcado que "todas las decisiones que ha tomado la señora ministra siempre han perjudicado y castigado, a sabiendas de que así lo hacía, a la Región y al Levante de España", ha afirmado Cano.

"El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura que lleva 42 años trayendo el agua a los campos de la Región de Murcia, creando empleo y riqueza, y lo que ayer nos anunció la Vicepresidenta y Ministra de Transición Ideológica supone la muerte en diferido del Trasvase, una infraestructura que ha vertebrado y transformado nuestra tierra", ha explicado el diputado.

A su juicio, la "caprichosa" subida del caudal ecológico a 8,6 metros cúbicos por segundo por una decisión "meramente política" es "condenar a la Región, disparar, todavía más, el precio del agua, aumentar el paro, el cierre de empresas y pérdida de inversiones".

A pesar de todos estos datos, "ayer salió el secretario general de los socialistas murcianos y diputado de la Región de Murcia, Diego Conesa, y lejos de pedir disculpas o afear las palabras de la Ministra, atacó al PP afirmando que mentimos y que ellos han trabajado por rebajar el caudal ecológico", ha resaltado Cano.

"El señor Conesa es el único en la Región que ayer aplaudió el nuevo hachazo al Trasvase Tajo-Segura, por lo que va a pasar a la historia, no por ser presidente, ni siquiera por su múltiples imputaciones, le van a recordar como uno de los que traicionaron a la Región de Murcia", ha asegurado Cano.

Yo le pediría que mirara a la cara a los regantes y que les dijera que es falso que se va a recortar un 27% el agua para regadío o consumo, y que es falso se va a reducir un 40% el agua que recibimos", ha dicho el diputado "popular.

"Desde el Partido Popular vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para frenar los planes de esta banda que tenemos por Gobierno de la nación", concluyó Jesús Cano.

Andalucía ha registrado este martes 22 de junio un total de 1.098 casos de coronavirus, inferiores a los 1.267 del mismo día de la semana pasada, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado once fallecidos en las últimas 24 horas, menos que los 18 de hace siete días.

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado y se sitúa en 171,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 2,2 puntos menos que el lunes y 12,7 menos que el martes pasado.

Los 1.098 casos de las últimas 24 horas se registran tras los 1.210 del lunes y domingo, los 1.329 del sábado, los 1.453 del viernes, los 1.418 del jueves, los 1.196 del miércoles y los 1.267 del martes pasado.

Por provincias, Córdoba desbanca a Sevilla como la que más suma con 273 la primera y 192 la segunda. Antes está Málaga con 265 y detrás van Cádiz con 144, Granada con 96, Huelva con 53, Almería con 43 y Jaén con 32.

Los fallecidos se registran en Sevilla (seis), Granada (dos), Málaga, Huelva y Jaén (uno). En total son once, pero en el número total de acumulados se suman solo ocho debido a un reajuste en Almería, donde se corrige el dato y se reduce en tres. Así pues, en Andalucía 10.165 personas han muerto por el Covid desde que empezó la pandemia.

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía ha registrado este martes una subida en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 609, 14 más en un día y 102 menos en una semana, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ascienden a 143, uno más en las últimas 24 horas, pero 13 menos que el martes pasado.

Sevilla es la provincia con más hospitalizados con 150 y 47 pacientes en UCI, seguida de Málaga con 93 y nueve en UCI; Córdoba con 89 y 26 en UCI; Jaén con 83 y 20 en UCI; Granada con 78 y 21 en UCI; Cádiz con 60 y nueve en UCI; Huelva con 35 y ocho en UCI; y Almería con 21 y tres en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 609.303 casos confirmados --1.098 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.165 muertes tras sumar once. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 49.004, 194 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.504 --cinco más--, y el número de curados es de 582.060 después de añadirse 1.600.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.165 fallecidos desde el inicio de la pandemia --once más--, Sevilla con 2.028 --seis más-- se mantiene como la provincia con más muertes; seguida por Granada con 1.778 --dos más--; Málaga con 1.668 --uno más--; Cádiz con 1.497; Jaén con 1.005; Córdoba con 967 --uno más--; Almería con 833 --tres menos por un reajuste en los datos-- y Huelva con 389 --uno más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 609.303 desde el inicio de la pandemia --1.098 más--, liderados por Sevilla con 135.003 --192 más--, seguida de Málaga con 104.469 --265 más--, Granada con 90.554 --96 más--, Cádiz con 84.336 --144 más--, Córdoba con 55.348 --273 más--, Almería con 55.304 --43 más--, Jaén con 51.250 --32 más-- y Huelva con 33.039 --53 más--.

LOS HOSPITALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA SUMAN YA MÁS DE 49.000

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 49.004 --194 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 10.869 --uno más--, seguida por Málaga con 8.293 --13 más--; Granada con 8.250 --uno más--; Cádiz con 5.809 --cuatro más--; Jaén con 4.704 --dos más--; Córdoba con 4.632 --nueve más--; Almería con 3.892 --uno más-- y Huelva con 2.361 --dos más--.

De ellos, 5.504 han pasado por la UCI en Andalucía --cinco más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.096; seguida de Granada con 1.083 --uno más--; Málaga con 793; Almería con 675 --dos más--; Cádiz con 659; Córdoba con 578 --uno más--; Jaén con 448 --uno menos por un reajuste de datos-- y Huelva con 172 --dos más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 582.060 en toda la región, 1.600 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 127.606 --400 más--, seguida de Málaga con 100.796 --225 más--; Granada con 86.436 --74 más--; Cádiz con 80.477 --253 más--; Almería con 54.092 --32 más--; Córdoba con 51.996 --136 más--; Jaén con 49.503 --267 más-- y Huelva con 31.154 --213 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 171,5 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia Córdoba a la cabeza con 270,2. Detrás se sitúan Huelva con 214,4, Granada con 193,1, Sevilla con 191,3, Málaga con 155,8, Jaén con 143, Cádiz con 141,7 y Almería con 66,5.

CASI OCHO MILLONES DE PRUEBAS REALIZADAS

La Consejería de Salud y Familias informa, además, de que la Dirección General de Atención Sociosanitaria ha realizado un total de 7.976.823 pruebas, de las que 3.873.565 son PCR y 2.575.202 test de antígenos. El resto son 1.052.462 test serológicos rápidos, y test serológicos no rápidos alcanzan los 478.594.

Por su parte, atendiendo a los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad en su actualización diaria, Andalucía ha registrado 14.491 casos en los últimos 14 días con una tasa de 171,20 por cada 100.000 habitantes --superior a la media nacional de 92,25--, y 6.408 en los últimos siete días con una tasa de 75,71, superior a la nacional de 42,97.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 600 pacientes covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 3,34% de camas, por encima de la media nacional situada en el 2,19%, y 141 en UCI, que registran una ocupación del 7,53% de las camas, inferior a la media nacional de 7,80%. Además, registra 83 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 106 altas.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 14 votos a favor, 19 en contra y una abstención, la proposición no de Ley (PNL) de VOX que pedía vacunar contra la COVID-19 "de forma urgente" a los "ciudadanos españoles y residentes legales en Ceuta y Melilla" que "voluntariamente lo quieran".

"Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, es urgentísimo vacunar de forma diligente a todos los ciudadanos españoles y residentes legales de estas ciudades africanas tan españolas como Albacete", ha reivindicado el diputado de VOX Juan Luis Steegmann, quien ha advertido del riesgo de contagio en Ceuta y Melilla por la entrada masiva de migrantes que se produjo en mayo, un hecho que ha calificado como "invasión".

José Ortiz Galván, del PP, ha reclamado "incrementar el número de dosis y los recursos humanos para posibilitar que la vacunación llegue a toda la población de Ceuta y Melilla en el menor tiempo posible". "Exigimos que el Gobierno trabaje", ha reivindicado, recordando que el Ejecutivo tiene las competencias sanitarias en las ciudades autónomas.

Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido, al considerar que mezclaba la inmigración con la COVID-19. "Se pretende vincular el riesgo de contraer la COVID-19 con los acontecimientos que se han producido en Ceuta. Estamos de acuerdo en vacunar, pero se mezcla con cuestiones que poco tienen que ver y está buscando inocular un mensaje que pervierte la realidad", ha argumentado el diputado Guillermo Díaz.

En una corta y rotunda intervención, la diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel ha denunciado que vincular la inmigración con los contagios "incita al odio y a la violencia". En la misma línea, Daniel Viondi, del PSOE, ha afeado el "tufillo xenófobo" de la propuesta de VOX.

"Han hecho un batiburrillo infumable, han cogido varios ingredientes y han mezclado Marruecos con un tufillo xenófobo en cada una de sus expresiones. Es una PNL que es una invasión, pero de competencias, porque confunden gestión de las vacunas con estrategia", ha remachado Viondi.

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL POST COVID-19

Por otra parte, la Comisión sí ha rechazado, con 15 votos a favor, 18 en contra y una abstención, la propuesta del PP de crear y poner en marcha una estrategia de atención integral para atender a pacientes que sufren consecuencias de la COVID-19.

"Es una realidad cada vez más presente, hay más de 50 secuelas en pacientes con COVID-19 y casi la mitad sufre problemas respiratorios. Las unidades de seguimiento post COVID-19 son de gran importancia y van a permitir recolectar unos datos para descifrar su origen y realizan ensayos clínicos para ofrecer estrategias farmacológicas eficaces", ha resaltado la diputada popular Elvira Velasco.

A su juicio, las secuelas tras la COVID-19 "son muy variadas y requieren de nos criterios de calidad, y no en función del código postal en el que vivan los pacientes". "Hay que atender mejor a los contagiados de coronavirus", ha detallado.

Por su parte, la diputada socialista Sandra Guaita Esteruelas ha criticado que esta PNL está realiza "a imagen y semejanza de la propuesta de Ayuso en Madrid". "En plena crisis pandémica, había carencias importantísimas en esta comunidad y no fueron capaces de solucionarlas, porque el papel lo aguanta todo pero su gestión ha sido nefasta", ha criticado.

De igual forma, la Comisión ha apoyado con 17 a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones una PNL del Grupo Plural que insta al Gobierno a incluir al personal de limpieza y de mantenimiento de centros sanitarios y sociosanitarios en la relación de colectivos que tienen reconocido el contagio por COVID-19 como enfermedad profesional, independientemente de su modalidad de contratación, asemejando su situación, de forma retroactiva, a la de los demás profesionales sociosanitarios.

La proponente de la PNL Concep Cañadell Salvia ha lamentado que se "excluyó incomprensiblemente" al personal de limpieza y de mantenimiento cuya contratación se hace a través de contratas, pese a que trabajen en un centro sanitario o sociosanitario. "Esta modalidad de contratación es la que llevan a cabo la mayoría de centros sanitarios o sociosanitarios, por lo que a día de hoy la gran mayoría de estos trabajadores no disfrutan de esta cobertura", ha esgrimido.

En este sentido, la PNL defiende que estos trabajadores "desempeñan unas tareas que son absolutamente fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de todos los espacios de cualquier centro sanitario y sociosanitario".

A este colectivo la baja laboral por contagio de COVID-19 en el ejercicio de su profesión se les considera accidente de trabajo, por lo que perciben una prestación solamente del 75 por ciento de su base reguladora, mientras que los sanitarios perciben el 100 por cien de la nómina cuando causan baja laboral.

En el accidente laboral, los beneficios empiezan con la baja y se da por concluido el proceso con el alta. Por el contrario, la enfermedad profesional proporciona cobertura durante toda la vida del trabajador y el proceso no termina con el alta, sino que se habilita un posterior seguimiento periódico del paciente. Esto es, si mañana o dentro de diez años un sanitario contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrá una cobertura para la Seguridad Social.

El líder del PP, Pablo Casado, ha planteado este martes una modificación del Código Civil para que los hijos tengan "la obligación" de cuidar de sus padres, de la misma manera que los progenitores lo hacen con sus descendientes. A su entender, se trata de una "justa reclamación" y una propuesta "sensata" que debe contar "con los recursos que hagan falta".

"El PP se compromete a proponer una modificación del Código Civil para que, igual que los padres tenemos la obligación de cuidar de nuestros hijos, los hijos tengamos la obligación de cuidar de nuestros padres", ha afirmado, para añadir que como país es "lo mínimo" que pueden ofrecer a padres y abuelos que "lo han dado todo" por sus hijos, ayudando a "construir" la democracia y el Estado del Bienestar.

Así se ha pronunciado en la clausura de la jornada 'Personas mayores y pacientes vulnerables' organizada por la Fundación Concordia y Libertad, en la que han participado Federico De Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España; y Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha inaugurado el acto.

CREE QUE ES UNA PROPUESTA "SENSATA" Y "EN POSITIVO"

Casado ha señalado que esa modificación del Código Civil que quiere llevar a cabo el PP también se la deben a los profesionales de la sanidad y los ciudados porque "muchas veces se encuentran solos" en el cuidado de personas. "Creo que el Código Civil puede responder a esta justa reclamación", ha manifestado.

El líder del PP ha aludido a las muchas personas mayores que han fallecido por Covid en soledad en estos meses y ha subrayado que esta propuesta que plantea su partido es un "tributo", máxime cuando en España la "pirámide demográfica está cada vez más invertida" y el "índice de natalidad es cada vez más bajo".

A su entender, eso va a requerir una atención sanitaria y residencial "mucho mayor" que la actual. "Por eso, los hijos, los nietos, las familias, nos tenemos que involucrar y mandar un mensaje desde el Código Civil y la propia legislación básica de nuestro ordenamiento jurídico". Según ha añadido, este compromiso debería ser "social".

"Nuestra es en positivo, de representar a la sociedad y poner los recursos que hagan falta. Nuestra propuesta es sensata, no es partidista ni es de un monocolor en religión, ética o moral. Pensamos que es la necesaria para nuestro país", ha proclamado, para mostrar su disposición a seguir dialogando con la sociedad civil y confiar en que esta iniciativa pueda salir adelante en el Parlamento.

CRITICAS AL GOBIERNO POR LA LEY DE EUTANASIA

Durante su intervención, Casado ha criticado además que el Gobierno haya impulsado en plena pandemia la Ley de Eutanasia. El Pleno del Congreso aprobó el pasado mes de marzo la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, en la que se establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Según el líder del PP, con "125.000 fallecidos por coronavirus" no es el "mejor momento de abordar" esa ley y hacerlo además "en la excepcionalidad" del estado de alarma --que estuvo vigente hasta el 9 de mayo--. "Y lo más importante, no se ha dialogado con nadie", se ha quejado.

Casado ha señalado que el Gobierno optó por una proposición de ley, en vez de un proyecto de ley, para "no tener que recabar el informe" del Comité de Bioética, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial o de la Organización Médico Colegial.

A renglón seguido, ha aludido al derecho comparado porque "ningún país de Europa, excepto tres" ha legislado en esa línea. "Y uno de los que lo hicieron, el Gobierno socialista de Portugal, el Tribunal Constitucional ha tumbado esta ley, que tuvo el voto en contra del Partido Comunista de ese país", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que no se trata de un tema "meramente ideológico, de ética o de moral" sino de "políticas públicas", tomándose "en serio la praxis médica y la administración de la salud".

PIDE UN IMPULSO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS

El jefe de la oposición ha señalado que España necesita "un impulso a los cuidados paliativos", ya que, según ha dicho, en España hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en cuidados paliativos. "Es la misma cifra que en Georgia y Rumania", ha dicho, para añadir que España está un 30% por debajo de Portugal e Italia, un 40% por debajo de Francia y un 50% por debajo de Alemania.

Tras poner en valor las propuestas que ha aprobado el PP en las CCAA donde gobierna, ha defendido que su partido quiere que se "garantice con el presupuesto que haga falta el derecho de los españoles a tener todos los cuidados en los momentos más duros de su vida".

Pensamos que toda la vida es digna, hasta el final, pero para ello las nuevas tecnologías, los excelentes profesionales sanitarios, las infraestructuras hospitalarias y la atención domiciliaria ha de estar a la altura y eso requiere de mucha inversión. Pedimos toda la inversión que haga falta", ha concluido.

La Mesa del Senado ha otorgado este martes el premio 'Luis Carandell' en la categoría de Parlamentarismo al periodista de la Agencia EFE Antonio del Rey, y a Loreto Gutiérrez, Silvia Mascareño y Joaquín Anastasio, de diversos medios canarios, el galardón de la categoría de Territorialidad.

Así lo ha decidido el jurado que, en esta XII edición, ha estado integrado por la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona; el secretario primero, Manuel Fajardo; el secretario segundo, Imanol Landa; el secretario tercero, Rafal Hernando; la secretaria cuarta, Cristina Ayala; el ganador del premio en su XI edición, Miguel Ángel Domínguez; la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Anabel Díez; el presidente de FORTA, Alfonso Sánchez, y la directora de Comunicación de la Presidencia del Senado, Virginia Sánchez.

Antonio del Rey comenzó a trabajar en la Agencia EFE en el año 1988, y desde entonces ha realizado el seguimiento de la información de la Casa del Rey, ha sido delegado de la agencia en Palma de Mallorca y ha cubierto información de Justicia e Interior.

Entre 2001 y 2012, Antonio del Rey ejerció como coordinador de información del Senado y del Congreso de los Diputados, y actualmente es el redactor parlamentario de la agencia en la Cámara Alta, tarea que compatibiliza con funciones de coordinación de la información política.

PREMIO TERRITORIALIDAD

Por su parte, Loreto Gutiérrez trabaja desde 1991 como corresponsal permanente en el Congreso de los Diputados y el Senado, primero en la agencia Ideapress, hasta el año 1998, y desde entonces en el periódico Canarias 7.

Otro de los galardonados, Joaquín Anastasio, trabaja como corresponsal permanente de los diarios 'La Provincia' y 'El Día' en el Congreso de los Diputados y el Senado desde el año 1993.

En el caso de Silvia Mascareño, trabaja desde 1999 como corresponsal de la Televisión Canaria en Madrid.

El camión del Ayuntamiento de Córdoba implicado en el accidente de tráfico de la autovía A-4 a su paso por la capital este lunes que ha supuesto el fallecimiento de cuatro mujeres, de entre 61 y 75 años de edad, y una quinta, de 64 años, herida grave e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía acababa de parar en el arcén antes de que colisionara contra él el coche en el que viajaban las mujeres.

Según ha explicado el delegado de Infraestructuras, David Dorado, "el camión estaba parado en el arcén y no le dio tiempo al operario a colocar los triangulos al bajarse", de manera que "el coche se llevó por delante al camión".

En este sentido, ha remarcado que el camión "estaba apartado en el arcén, no estaba en mitad de la calzada", según le ha transmitido el conductor del mismo, quien le ha dicho que "se había encendido un testigo del cuadro y se paró para observar y ver de qué se trataba", pero "no le dio tiempo de ver nada", ha lamentado.

Al respecto, el edil ha comentado que "el conductor se encuentra físicamente bien, sin ningún tipo de lesión, pero moralmente se siente abatido por lo que ha ocurrido", a lo que ha agregado que "él no ha tenido ninguna culpa", tras "no darle tiempo a colocar los triangulos, la señalización correspondiente".

Entretanto, Dorado ha informado de que la Guardia Civil está redactando el informe sobre el siniestro, al tiempo que ha señalado que según le ha comentado el técnico, el camión ha pasado las revisiones y estaba todo correcto.

EL SINIESTRO

En el siniestro, ocurrido sobre las 13,00 horas de este lunes, fallecieron tres mujeres y otras dos, todas ellas procedentes de un municipio de Madrid, según ha adelantado la prensa provincial, resultaron heridas graves, si bien horas después murió una de ellas y la otra, de 64 años, permanece ingresada con politraumatismos y pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Hospital Reina Sofía.

En concreto, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 398, dirección Sevilla, de la citada autovía, por causas que ahora se investigan y provocó el corte de la carretera durante tres horas.

A la zona se desplazaron los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que excarcelaron el cuerpo de una de las fallecidas; los agentes de la Guardia Civil de Tráfico; los facultativos sanitarios, que evacuaron a las dos mujeres heridas al hospital, y personal de mantenimiento de carreteras.

La circulación en la autovía A-4 sentido Sevilla permaneció cortada desde las 13,00 a las 16,00 horas a su paso por la capital, de manera que se estableció un paso alternativo por una vía de servicio mientras los operativos trabajaban en la zona.

Samsung Electronics lberia, S.A.U ha anunciado que sus televisores Samsung TV Neo QLED, QLED 8K y 4K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace han recibido la certificación ATECH, concedida por Fundación ONCE como acreditación de la accesibilidad para las personas con discapacidad.

Estos distintivos se han dado a conocer en un evento que ha tenido lugar en la sede de Fundación ONCE y que ha servido como puesta en escena del distintivo ATECH. En el encuentro, que ha contado con la presencia de Alfonso Fernández, director de Relaciones Institucionales y Transformación Digital de Samsung Electronics Iberia, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, se han explicado las características del sello, que acredita la accesibilidad de estos dispositivos.

En línea con su compromiso por hacer la tecnología más accesible a todas las personas, Samsung cuenta ya con el sello Amóvil en varios dispositivos móviles Galaxy y ahora suma el sello ATECH en varios de sus televisores. Asimismo, la compañía tendrá prácticamente toda su gama 2021 certificada.

Este nuevo sello de Fundación ONCE acredita la accesibilidad para personas con discapacidad en productos y servicios electrónicos como Smart TV, ordenadores portátiles, electrodomésticos y consolas de videojuegos, entre otros. Los televisores certificados de Samsung cumplen con los requisitos de accesibilidad para tecnologías con funcionalidad cerrada, según la normativa europea EN 301 549.

Samsung es el primer y único fabricante que cuenta con certificación de accesibilidad en varias televisiones. "Es un acontecimiento muy importante para la compañía obtener este sello ATECH en seis modelos de televisores, pues nos impulsa a seguir trabajando en garantizar que todos nuestros productos puedan ser accesibles para todos", ha afirmado Alfonso Fernández.

Por su parte, Jesús Hernández ha destacado que "resulta importante para lograr la igualdad de oportunidades y no discriminación que los fabricantes tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, así como ofrecer dicha información de forma clara y transparente", que es el objetivo de Fundación ONCE.

Los televisores Samsung han sido certificados por Fundación ONCE por disponer de funciones adecuadas a personas con visión nula y limitada, sin percepción de colores, con audición nula y parcial, dificultades moderadas y severas para la manipulación, sin capacidad vocal y con capacidad cognitiva limitada.

Los dispositivos cuentan con diversas funcionalidades que favorecen el uso por parte de personas con discapacidad, como el menú de accesibilidad, muy completo y sencillo de utilizar. Además, cuentan con la opción de activar algunas funciones en el momento de encenderlo por primera vez, lo que permite a la persona configurarlo sin necesidad de ayuda de otra persona. Los televisores certificados con el sello ATECH incluyen funciones como el modo de operación que no requiere visión, la audiodescripción y la opción de generar subtítulos para garantizar la accesibilidad.

Samsung también pone a disposición de todos los usuarios una web específica sobre accesibilidad ('https://www.samsung.com/es/accessibility/tv/'), donde se puede consultar toda la información sobre las funcionalidades de accesibilidad de los televisores.

Esta distinción se enmarca dentro del programa corporativo 'Tecnología con Propósito', mediante el que Samsung busca mejorar la vida de las personas rompiendo barreras a través de la tecnología. En España, Samsung continúa trabajando en ámbitos tan importantes como la educación y cultura, la accesibilidad y el bienestar o el emprendimiento y empleabilidad, para promover la tecnología en diferentes ámbitos sociales.

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha denunciado a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante en el mercado de la agregación de noticias y en el de la publicidad digital.

Así lo ha anunciado este martes la organización que representa y defiende los intereses de autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras. CEDRO ha detallado que la denuncia conlleva la petición a la CNMC de la apertura de una investigación por diversas infracciones.

"La denuncia ha sido presentada para garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por las prácticas que consideramos abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa", ha asegurado Jorge Corrales, director general de CEDRO.

De este modo, CEDRO sostiene que "la actividad abusiva" que estaría desarrollando la tecnológica estadounidense a través de Google Discover "impide el libre mercado en el sector de la agregación de contenidos". En este sentido, ha recordado que el pasado mes de noviembre ya demandó a Google por el impago de derechos de autor por el servicio de agregación de noticias que ofrece a través de Google Discover.

"Hasta la fecha, el buscador se niega a remunerar a los editores de periódicos y revistas por la utilización de los artículos en su agregador, incumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual", ha afirmado Corrales.

Además, ha añadido que "esta situación perjudica directamente al resto de agregadores que sí cumplen la ley y remuneran a los editores de periódicos". "La actuación de Google iría claramente en contra de la libre competencia", ha subrayado.

ABUSO EN EL MERCADO DE LA PUBLICIDAD

Por otro lado, ha comunicado a las autoridades de Competencia "la situación de monopolio" en el negocio de la publicidad digital por parte de esta tecnológica y cómo estaría afectando al negocio publicitario de los medios de comunicación.

Esta situación, ha asegurado el director de CEDRO, "tiene consecuencias dramáticas para la diversidad de prensa y los valores democráticos de un país, puesto que esta plataforma está sustituyendo en la cadena de valor del sector periodístico el papel que desempeñan los editores, tanto en su dimensión publicitaria como, ahora, en la difusión de contenidos y sus ingresos correspondientes".

Por otro lado, ha hecho hincapié en que hace unos días la autoridad de la Competencia francesa multó a Google con 220 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Además, ha añadido que todavía está pendiente la resolución del procedimiento iniciado por varias asociaciones de prensa de ese país por prácticas monopolísticas y que afectan al derecho de los editores de prensa reconocido en el artículo 15 de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital.

Finalmente, ha manifestado que "Alemania acaba de abrir un expediente a esta tecnológica por abusar de su posición de dominio en el mercado digital y socavar también los derechos de propiedad intelectual de los editores de prensa".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado su oposición a los indultos del 'procés', que "van en contra de sus principios", pero también a los partidos que "no ofrecen nada" para solucionar el problema catalán, para el que apuesta por buscar alguna solución como plantear otro Estatuto de Autonomía y revisar la balanza fiscal de las comunidades autónomas.

Revilla cree que los independentistas "se darán cuenta" de que por la vía unilateral "no se pueden ir de España porque España no lo va a consentir, porque tiene unas leyes", y "como esa vía la tienen que descartar", habrá que buscar una nueva vía de diálogo donde "al final habrá que hablar de dinero".

Así ha respondido el presidente cántabro a preguntas de la prensa sobre los indultos, que no está de acuerdo en conceder a una persona que ha cometido una vulneración del Estado de Derecho o que es "simplemente un chorizo de libro, que hay, ha habido y están todavía pendientes de entrar en la cárcel un montón", ha dicho.

"Cada vez que veía que un corrupto de libro era indultado me sentía como huérfano de la legalidad y de la normalidad", ha añadido, opinando que, además, "es como hacer de menos al tercer poder del Estado, en el que yo tengo mi confianza y mis discrepancias, pero si no hay un tercer poder corrector del legislativo y el ejecutivo, esto es la ley de la selva".

Al hilo, ha lamentado que los jueces han estado "meses y meses lidiando con un juicio", en su opinión "muy correcto" y que ha terminado con una sentencia "razonada" y de "miles de folios", que ahora pierde validez. "Yo me quedaría en una situación de que para qué me he tirado yo seis meses aquí, ¿para qué yo he hecho esto si luego los indultan?", ha criticado.

Eso, ha dicho, va "en contra de sus principios y los del partido" -el PRC-, porque además se da el "agravante" de que no existe un propósito de enmienda, ya que si se diera incluso él "probablemente se pondría a la cabeza" para pedir el indulto, porque "tampoco han matado a nadie, han vulnerado las leyes".

BUSCAR SOLUCIONES

Y aunque el jefe del Ejecutivo cántabro está en contra de los indultos, ha remarcado que tampoco está "en la línea de aquellos que no ofrecen nada" frente al conflicto, pues "el no ofrecer nada nos lleva a más de lo mismo". "Tiene que haber algo", ha sentenciado.

Al hilo, ha calificado de "demencial" que los partidos que "han chamuscado" ya Cataluña electoralmente hagan campaña "contra Cataluña" para "sacar votos" en el resto de comunidades.

A juicio del presidente cántabro, "habrá que buscar alguna solución", para lo que "desde luego hay que reunirse, hay que hablar" y "probablemente" plantear otro Estatuto de Autonomía y revisar la balanza fiscal porque "se darán cuenta que jamás Cataluña de manera unilateral va a permitir" la independencia.

Eso, ha dicho Revilla, no lo hará "ningún presidente, por más que digan vendepatrias a Pedro Sánchez". "Ni Pedro, ni Juan, ni nadie puede saltarse las leyes, porque estamos en un Estado de Derecho y hay unos jueces", ha sostenido.

Así, cree que "el final de esta historia acabará siendo un nuevo Estatuto, un nuevo planteamiento sobre la financiación y la balanza entre Cataluña y el resto de España y dinero".

BALANZA FISCAL

Por ello, ha esperado que las negociaciones no vayan en contra de las autonomías más pobres y "acabemos descompensando más una España donde las regiones ricas son muy ricas y las pobres cada vez mas pobres".

Según Revilla, una vez "abandonada la vía unilateral" por parte de los independentistas, esa balanza será "el debate dentro de dos o tres años", en el que las comunidades reclamarán "el principio consagrado en la Constitución de la solidaridad" porque "los ricos no se pueden quedar con todo".

En este sentido, ha defendido un equilibrio de reparto en España, y al igual que un sistema fiscal justo persigue "que las rentas entre personas cada día sean menos equidistantes", se busque ese mismo fin entre las comunidades. "No puede haber esas diferencias que hay entre Extremadura y Cataluña o entre Andalucía y País Vasco, y para eso tiene que haber un principio de solidaridad", ha explicado.

En resumen, el presidente dice 'no' a los indultos, pero "frente al 'no' tienen que darse alternativas para reconducir el tema, y tiene que haber una mesa de diálogo y planteamientos que sean aceptados por las dos partes", ha concluido Revilla, que ha hecho estas declaraciones este martes tras asistir al acto de entrega de diplomas a alumnos de los cursos del Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA).

La Unidad de Acción de los Agentes Forestales y Medioambientales de la que forman parte UGT, CCOO, CSIF y AEAFAMA ha escrito una carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le expresan su "indignación" por el incumplimiento de las promesas del Gobierno hacia este colectivo y le exigen una reunión urgente en la que le quieren informar de los "inconcebibles retrasos" en las fechas acordadas para lograr una ley básica de agentes forestales y medioambientales.

En la misiva, le expresan a Ribera el "gran malestar actual entre el colectivo", en plena campaña de incendios forestales, porque le recuerdan que esta ley se lleva trabajando "más de una década" tras un "enorme esfuerzo de consenso".

Además, le muestran la "desconfianza" que se ha labrado la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en este proceso por el trato recibido, "a sabiendas de que su agenda está cargada de trabajo", le solicitan que les dedique "una mínima parte de su tiempo" por el futuro de una ley que contribuya a garantizar la seguridad física y jurídica de los Agentes Forestales Medioambientales.

En la carta explican que consideran "imprescindible y urgente" mantener con usted una "breve reunión aclaratoria" dados los retrasos e incumplimientos.

Recuerdan a Ribera que el Senado aprobó un texto legal para el sector pero finalmente no se pudo debatir definitivamente en el Congreso porque decayó la legislatura a consecuencia de la moción de censura.

Pero ahora el colectivo tiene "mayor indignación" porque el actual Gobierno ha obviado el citado borrador aprobado por el Senado al tiempo que en la redacción del actual no se ha dado participación a los representantes de los agentes forestales y medioambientales.

Asimismo, aseguran que en la actualidad desconocen su "total y exacto contenido" y denuncian que se han incumplido "permanentemente los plazos dados" por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de modo que desconocen si "se está dilatando intencionadamente por decisiones propias de la Secretaría o por instrucciones de estamentos superiores tanto a nivel ministerial como de partido".

"Queremos trasladarle nuestro malestar, que pesa sobre los más de 6.000 Agentes Forestales y Medioambientales, por la manera en la que se están llevando a cabo tanto la elaboración del borrador como losprocedimientos y dilación de los plazos", manifiestan en la misiva.

Le recuerdan, asimismo, que en las "múltiples" reuniones mantenidas los grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de la creación de un marco de regulación que garantice las funciones y la seguridad jurídica a los más de seis mil agentes que están distribuidos por todo el territorio.

En concreto, exponen que el Partido Socialista, que sustenta al Gobierno, ha tenido un "estrecho contacto" y han celebrado con la formación reuniones en la sede de la calle de Ferraz, en el Congreso de los Diputados o en el propio Ministerio y señalan que cuentan con el apoyo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como de otros representantes socialistas.

Posteriormente en febrero de 2020, según relata la carta, el PSOE se comprometió a crear la ley Básica de Agentes Forestales y se retomaron las reuniones con la secretaría del MITECO en donde se propuso que se presentara al Congreso el proyecto de ley aprobado en la anterior legislatura en el Senado que fue "fruto del consenso" y del "gran trabajo" realizado por sindicatos, asociaciones y grupos parlamentarios.

DESCONFIANZA

Le exponen asimismo que en las reuniones se acordaron plazos para elaborar un nuevo borrador por parte de la secretaría de Estado de Medio Ambiente y al proceso de información pública se contestó con 3.000 respuestas. El 23 de marzo, en una nueva reunión con el secretario de Estado, Hugo Morán y con el subsecretario, Miguel González, les trasladaron que ya tenían el borrador y el colectivo les pidió participar en su redacción. Pero a esta solicitud les respondieron --según la carta-- con comentarios "superficiales" e imprecisos sobre la condición de la policía judicial de los agentes.

"La reunión acabó sin aportarnos el borrador ni participación en el mismo. Se nos volvieron a dar unos plazos en los que supuestamente para Junio saldría a exposición pública", relatan.

En ese sentido, denuncian que "sistemáticamente" se les dan excusas hasta que el 10 de junio les convocaron a una nueva reunión "totalmente desorganizada" y convocada el mismo día.

En ella, tras manifestarles su malestar, Morán y González se comprometieron a entregarles el borrador y en tres días pero doce días después siguen "en la misma situación, sin borrador, ni participación en el mismo ni aclaración al respecto". Por ello, instan a la ministra a tomar cartas en el asunto dada la desconfianza que tienen en la secretaría de Estado.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al cuidador de un hombre británico de 79 años, con problemas de memoria, tras presuntamente despojarle de su vivienda habitual y su vehículo, en Estepona (Málaga).

El sospechoso, de 24 años y origen rumano, supuestamente habría empujado al anciano a malvender sus bienes, obteniendo un importante beneficio con ello, según han informado desde la Comisaría provincial a través de un comunicado.

La investigación se inició el pasado día 1 de junio cuando agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Estepona recibieron una información del departamento de prevención de fraudes de una entidad bancaria, alertando de la preocupación de los empleados de una oficina de la localidad, que sospechaban del acompañante de un cliente de avanzada edad que pretendía retirar una elevada cantidad de dinero a partir del canje de un cheque --en concreto, 44.000 euros por la venta de una vivienda--.

Según la investigación, el anciano, que padece problemas cognitivos, habría vendido recientemente su vivienda habitual a un precio "muy por debajo del valor de mercado, siendo empujado a ello, al parecer, por su cuidador".

Siempre según las pesquisas de los agentes, ni la agencia inmobiliaria que hizo de intermediaria en la compraventa, ni la notaría en que tuvo lugar la firma, ni siquiera los adquirentes de la casa detectaron la "desorientación" del vendedor, que recibió 30.000 euros en efectivo como parte del abono por la operación.

Los investigadores consultaron al perjudicado por el dinero que recibió en la notaría, no recordando haberlo recibido, ni siquiera se acordaba de haber efectuado la venta de su vivienda. De hecho, los aparentes problemas cognitivos del anciano llevaron a los agentes a confirmar que estaban ante un fraude del que el septuagenario sería el perjudicado.

Finalmente, los agentes detuvieron al cuidador por su presunta implicación en un delito de estafa. Los investigadores concluyeron que el sospechoso habría embaucado al perjudicado, aprovechándose de su estado de salud, para despojarle de sus principales bienes --casa y vehículo--.

A día de hoy, el perjudicado ha sido acogido por unos sobrinos y el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este martes al Ministerio de Sanidad 59 nuevos contagios de COVID-19, de modo que el total acumulado es de 61.078 casos notificados en la comunidad desde el inicio de la pandemia.

Según ha informado la Conselleria de Salud en nota de prensa, este martes también se ha comunicado el fallecimiento de un hombre de 62 años ocurrido el pasado 15 de enero en la isla de Ibiza, por lo que la cifra total de muertes debido al virus ha aumentado a 845.

En las últimas 24 horas se han practicado 2.741 pruebas para la detección del virus, de las que 51 han resultado positivas (24 más que este lunes). Así, la tasa de positividad es del 1,86 por ciento.

En estos momentos, el Servicio de Salud atiende a 592 personas debido a la COVID-19. Los ingresos por coronavirus en planta bajan hasta los 17 (dos menos respecto a la última actualización) y los pacientes en UCI descienden a siete. Además, se han registrado nueve altas hospitalarias y 57 curados en Atención Primaria respecto a la última actualización.

Pos islas, en Mallorca hay 11 ingresos en planta y seis en UCI, mientras que en Ibiza hay seis pacientes ingresados en planta y uno en UCI. En el caso de Menorca, no hay pacientes ingresados a causa de la COVID-19 en los hospitales de la isla.

Las residencias de mayores de Baleares se mantienen sin contagios entre usuarios. Tampoco hay ningún positivo entre trabajadores de estos centros. Hasta la fecha han fallecido un total de 259 usuarios de residencias en las Islas debido a la COVID-19.

Por último, hay un total de 46 casos en vigilancia entre el personal sanitario, de los que nueve son positivos.

Los indultos que ha concedido el Gobierno de Pedro Sánchez a los presos independentistas condenados por el 'procés' han conseguido sumar, a día de hoy, el apoyo de casi todas las federaciones territoriales del PSOE, salvo el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha sido el único 'barón' socialista que en la jornada en la que se ha aprobado esta medida de gracia ha remarcado su rechazo frontal a la decisión del Ejecutivo de coalición.

El mandatario autonómico castellano-manchego se ha expresado esta misma mañana de forma contraria a estos indultos, remarcando lo que lleva diciendo desde que se conoció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba pensando conceder esta medida de gracia a los líderes independentistas.

En cualquier caso, Page ha mostrado su deseo de "equivocarse" en torno a este tema, confiando en que "el camino que hay que recorrer en los próximos tiempos no se convierta en un calvario para todos los españoles".

"Estoy deseando equivocarme, pero la verdad es que no encuentro la fórmula de que se pueda convencer a alguien para que deje de ser lo que es y los independentistas son independentistas y persiguen fines y objetivos que son inviables. No sé en qué momento tendrá que decírsele con claridad desde las instituciones del Estado que esos objetivos son inviables, salvo que se hagan a costa de los derechos del resto de los españoles y de los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha proclamado Page esta misma mañana.

SÁNCHEZ SUMA AL PSOE DE EXTREMADURA Y DE ARAGÓN

Una vez conocida la decisión del Gobierno de seguir adelante con los indultos a los líderes independentistas, algunas federaciones territoriales del PSOE, como la de Extremadura, alzaron la voz para reclamar a la dirección federal del partido un diálogo con estas regiones antes de tomar cualquier tipo de decisión.

Sin embargo, en el mismo día en el que el Consejo de Ministros va a dar luz verde a estos indultos, el propio presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que también se había mostrado muy crítico con los indultos, ahora ha mostrado su apoyo a esta medida de gracia como una decisión que "le viene mejor a España".

En este contexto, opina que los indultos "obviamente no es lo que mejor le viene al PSOE y a sus intereses electorales", pero sí es lo que cree que "mejor le viene a España": Estos indultos "no son un fin, son un medio", y el fin es "el artículo 2 de la Constitución, donde dice que España es patria indivisible, pero también común, de todos los españoles".

Asimismo, el PSOE de Aragón, con su presidente Javier Lambán a la cabeza, también había cuestionado estos indultos, pero en la actualidad ha rechazado en las Cortes de Aragón una iniciativa para mostrar su rechazo a esta medida de gracia.

OTRAS FEDERACIONES HABÍAN MOSTRADO SIEMPRE SU APOYO

Sin embargo, esta medida prevista por el Gobierno de Pedro Sánchez para retomar el diálogo en Cataluña no solo ha tenido detractores dentro del PSOE, sino que varias federaciones territoriales habían dado su apoyo al Ejecutivo para seguir adelante con su idea de indultar a los presos independentistas.

Ha sido el caso por ejemplo del PSOE en Baleares, que considera los indultos como "un gesto y un paso adelante imprescindibles para la concordia, la convivencia y el diálogo que se aspira que exista entre el conjunto de España y Cataluña".

También el recientemente elegido candidato del PSOE-A para aspirar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que había mostrado su apoyo a Ferraz para tomar cualquier decisión en relación con los indultos.

Otros mandatarios autonómicos socialistas, como el caso de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, han manifestado que los indultos pueden ser "una buena vía para solucionar un problema político con Cataluña" y han deseado que sea respondido "a la altura" por la parte catalana.

En el caso del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha defendido estos indultos cargando contra el PP, preguntándose "qué le pasa a la derecha española" tras el anuncio del presidente del PP, Pablo Casado, de que su partido pedirá legitimidad para recurrir ante el Tribunal Supremo los indultos del Gobierno a los líderes independentistas: "Todo esto solo genera enfrentamiento y odio".

Estas son las federaciones que se han pronunciado estos días tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros, pero otros barones socialistas como Adrián Barbón, Concha Andreu o el propio Salvador Illa en Cataluña siempre han mostrado su apoyo abierto a esta vía de los indultos para retomar el diálogo con el Ejecutivo catalán.

El Defensor del Pueblo (e.f), Francisco Fernández Marugán, ha recordado este martes que, "con la Constitución en la mano", no se pueden establecer "criterios" que "restrinjan los derechos" de los menores, como es la escolarización de estos en Melilla.

Fernández Marugán ha comparecido ante la comisión del ramo en el Senado, en donde ha presentado el informe sobre la labor de la Institución durante 2020. En dicha sesión ha sido cuestionado por la diputada de ERC, María Carvalho, sobre la situación de los menores en la ciudad autónoma.

Tras agradecer al Defensor sus visitas a Melilla para preocuparse por el tema, Carvalho se ha referido al último informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que ha determinado que España violó el derecho a la educación de un menor de Melilla.

"Me parece preocupante", ha declarado el Defensor del Pueblo sobre este documento y ha criticado que los menores no hayan sido admitidos en las escuelas porque, según se alega, no cumplen con las "restricciones" que se han impuesto desde el gobierno de la ciudad.

"ESPAÑA TIENE UNAS OBLIGACIONES"

A su juicio, y "con la Constitución en la mano", no se pueden establecer "delimitaciones" a menores que "son residentes habituales" en la ciudad autónoma y ha puesto de manifiesto que esta situación no se vive en una ciudad de características similares, como es Ceuta.

En este sentido, ha recordado que "España tiene unas obligaciones y las tiene que cumplir", entre las que se encuentra, según ha señalado, la integración de estos niños "de forma progresiva". "Ojalá los problemas que ahora están encima de la mesa se puedan resolver hablando entre familias y administración", ha apuntado.

Esta postura no ha gustado al representante de Vox en la comisión, el senador Julio Utrilla, quien ha pedido a Fernández Marugán que en sus próximos viajes a Melilla "hable con los ciudadanos" que, según ha declarado, están "desbordados" por esta situación.

A su juicio, el problema es que si no se pide un empadronamiento a los niños, estos cruzarán la frontera para acudir a colegios españoles, una situación que, según ha apuntado, España no tiene capacidad para soportar.

"Si usted cree que la discriminación se evita poniendo restricciones, me temo que no es así", ha respondido Fernández Marugán, quien ha advertido al representante de Vox sobre el "cuidado" que hay que tener a la hora de "fomentar" ideas sobre "quien se queda dentro o fuera". "Porque detrás de una discriminación puede haber otro tipo de actitudes difícilmente justificables", ha indicado.

En la sesión, el portavoz del PP en la comisión, José Ignacio Landaluce, se ha referido también al tema migratorio, aunque en su caso ha llamado al Defensor a poner el foco en la "actitud extrema" que ha tenido Marruecos hacia España. Del mismo modo, ha pedido a la Institución que se "siga implicando" con Canarias, en donde, tras la crisis de Ceuta, ha indicado, parece que ya no siguen llegando migrantes.

Vox ha emplazado este martes al Partido Popular a registrar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el "golpe de Estado" que a su juicio ha perpetrado con la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'. En caso contrario, ha sugerido que su líder, Santiago Abascal, volverá a hacerlo.

"Tanto en el pasado como ahora hay motivos más que justificados para que se active el único instrumento que permite desbancar al Gobierno", ha sostenido en rueda de prensa en el Congreso la secretaria general de Vox, Macarena Olona.

A juicio de su partido, es el PP, como primera fuerza de la oposición, el que debería liderar la moción de censura. Vox ya hizo este emplazamiento a los 'populares' en el año 2020, cuando finalmente fue Abascal el que lideró la alternativa a Sánchez, perdiendo la moción con el apoyo de solo los 52 diputados de Vox.

Ahora, Olona ha sugerido que Vox volverá a asumir su responsabilidad si el PP no lo hace. "Vox siempre cumple", ha garantizado sin querer ahondar más en el asunto para que no se interprete como una "presión" a los 'populares'. "Es una simple exhortación a que se pueda poner en marcha el instrumento legal que puede servir para desbancar a este Gobierno", ha asegurado.

Además, ha dicho desconocer si esta moción de censura contaría ahora con más apoyos que en octubre de 2020. "Nosotros siempre estamos en el mismo punto, al lado de los españoles", ha proclamado asegurando que sus pasos no están "al albur" de intereses electorales.

Abascal ha apuntado en la misma dirección con un comentario en su cuenta personal de Twitter. "Este Gobierno merecía aquella moción de censura. Sigue mereciéndola. Cada segundo que pasa la merece más", ha coincidido.

Para Vox, los indultos suponen "un golpe de Estado" por parte del Gobierno desde las propias instituciones. "Un golpe de Estado que no necesita que se celebre con pistolas", ha denunciado Olona, que además cree que se está produciendo "un cambio de régimen" en España y ha celebrado que el líder del PP se haya sumado a esta teoría.

"EL PSOE HA MUERTO"

La dirigente de Vox cree que Sánchez ha decidido "saltar por encima de la ley" para cumplir con unos intereses "espúreos, personales y partidistas", pero le ha señalado a él directamente como responsable y no al PSOE como partido. "El PSOE ha muerto en el día de hoy de manera definitiva", ha declarado

Frente a esto, Olona ha recordado que Vox actuará "con la ley en la mano" porque es un partido "de ley y orden". Recurrirá los indultos ante el Tribunal Supremo y después interpondrá una querella contra cada uno de los ministros que han apoyado los indultos.

Las series de televisión de las plataformas de pago incluyen más al colectivo LGTBIQ+ que los medios tradicionales, según se desprende del informe 'Nielsen Consumidor Digital LGTBIQ+: la equidad en la publicidad y los medios' elaborado en colaboración con Dynata.

Asimismo, el estudio concluye que este colectivo y el resto de la población consideran que tanto los medios de comunicación como la publicidad no son lo suficientemente inclusivos, siendo más crítico el colectivo LGTBIQ+ con respecto a su falta de representación en los medios que la población general.

En relación con los diferentes grupos, existe consenso en que los gays (33% según el colectivo frente al 42% de la población total consideran que los medios son muy inclusivos) y las lesbianas (24% LGTBIQ+ y 36% población total) poseen una mayor representación y mejor trato que el resto de las audiencias LGTBIQ+ dentro del contenido y la programación de los medios.

Destaca la infrarrepresentación de las personas transgénero (tanto hombres como mujeres) y las personas de género no binario, que son los grupos percibidos como con una menor inclusión en los contenidos de los medios (entre el 13 y 14%), mientras que las personas bisexuales o pansexuales se sitúan ligeramente por encima, con un 17% de inclusión.

El estudio indica también que las series vistas en plataformas (Netflix, HBO, Movistar+, Amazon Prime, etc.) se sitúan en el puesto número dos del ranking de medios que mejor tratan la diversidad en su programación, tan sólo por debajo del contenido que publican en redes sociales familiares y amigos.

Por su parte, la televisión convencional se sitúa como tercera en el pódium de los menos inclusivos (según el 35% de los encuestados), tras los programas de radio (40%) y la prensa tradicional, que para el 41% de los encuestados ven esta plataforma como la menos inclusiva.

Sobre los medios tradicionales, más de la mitad de las personas del colectivo LGTBIQ+ encuestadas (59%) cree que la clave para mejorar reside en evitar los estereotipos, aunque la amplia mayoría del colectivo (un 73%) reconoce que los medios han mejorado en su apuesta por la diversidad.

Por otro lado, el colectivo LGTBIQ+ y el resto de la población están de acuerdo en que el contenido de la publicidad es menos inclusivo que el de la programación de los medios (online, tradicionales y redes sociales), considerando que hay muchos anunciantes que no invierten en formatos creativos que les permitan conquistar a las diferentes audiencias, dirigiéndose principalmente a una audiencia más generalista.

En cuanto a los medios donde los anuncios son más inclusivos, según la percepción del colectivo LGTBIQ+, los que obtienen mejor puntuación son las redes sociales, tanto en publicidad de marcas como de 'influencers' (según el 18% que dice es muy inclusiva), seguidas por el resto de anuncios online (17%). La parte baja de la tabla la encabezan los anuncios de radio (el 50% los ve como muy poco inclusivos), seguidos de cerca por la prensa tradicional (49%) y las revistas o magazines en formato impreso (45%).

Respecto a la publicidad en medios 'online', una de cada cuatro personas LGTBIQ+ encuestadas asegura haber recibido impactos publicitarios dirigidos específicamente a ellas debido a su identidad, y un tercio considera esta forma de targetizar audiencias como una experiencia positiva para ellos.

Por sectores, el de la moda, la ropa y los accesorios sería el que más apuesta por la diversidad LGTBIQ+ (según un 18% de los encuestados que ve la publicidad de este sector muy inclusiva), seguido por el de los viajes y el turismo (17%) y el de los perfumes y cosmética (16%).

Finalmente, el que peor nota obtiene es el sector del automóvil (52% que percibe la publicidad como muy poco inclusiva), los servicios financieros (50%) y el de los muebles (50%).

El comisario general de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, ha criticado la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal al señalar que el texto actual "no es favorable" a las "pretensiones" de su departamento.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa en el XIV Encuentro de la Policía Científica que esta semana se está celebrando dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

El anteproyecto fue aprobado el pasado noviembre en Consejo de Ministros tras lo que se abrió el trámite de consulta pública para recoger aportaciones que permitan mejorar el texto.

Mélida ha indicado que el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ya ha realizado aportaciones puesto que, según ha dicho, "de momento" el texto "no es favorable" a las "pretensiones" de su departamento.

De todos modos, ha advertido que la ley "tardará" ya que, una vez recogidas las aportaciones y ser revisada, tendrá que emprender al trámite parlamentario.

NO HAY CRIMEN PERFECTO SINO MALA INVESTIGACIÓN

El comisario ha afirmado que "no hay crimen perfecto" sino "mala investigación" o "topes" a esta labor que hacen que haya sucesos sin resolver. En esta edición el encuentro precisamente aborda la pregunta: '¿Existe el crimen perfecto?'.

Como ejemplo de las limitaciones a la investigación policial, Mélida ha indicado que, por ejemplo, la actual ley que regula la toma de muestras y la búsqueda de perfiles genéticos de ADN "coarta mucho la investigación" y supone "muchas cortapisas".

Por ejemplo, ha señalado que esta ley obliga a que el presunto autor de un delito tenga que dar consentimiento para que se le pueda tomar una muestra de ADN, con lo que puede negarse.

En esta edición del Encuentro de la Policía Científica, que se celebra esta semana en el Palacio de la Magdalena, se intentan aportar las claves de cómo hay que hacer las cosas en la investigación que no haya crimen perfecto, algo que para Mélida pasa por la calidad y la estandarización de los procedimientos y la metodología.

Además, en el curso, se abordan distintos métodos de la investigación de la investigación policial, como las claves de la inspección ocular tanto de recogida de indicios como en la parte de su recreación videográfica; fórmulas de identificación, como la dactilar, la antropología forense, el reconocimiento e identificación facial o el ADN, el cual, según ha dicho, "cada día se abre más" y ofrece más posibilidades.

En el curso, también se abordan cuestiones, como el trabajo en las grandes catástrofes, la información periodística de sucesos, la investigación de desapariciones o en casos de violencia de género.

Mélida ha indicado que, para la Policía Cientifica, la investigación de delito de violencia de género es, por lo general, "la más fácil que hay". "Sabemos quién es el autor. Lo complicado es hasta que ponemos ese rostro", ha señalado.

El jefe de la Policía Científica ha señalado que la violencia de género es un "problema multidisciplinar de la sociedad" que la Policía sola "no puede abordar".

CONFÍA EN LA RESOLUCIÓN DE UN CRIMEN EN SANTANDER DE HACE CASI 20 AÑOS

Por su parte, el jefe de la Policía Científica se ha referido en la rueda de prensa a un crimen sin resolver en Santander: El de la profesora madrileña que en 2002 apareció muerta a puñaladas después de haber salido tras salir de una boda en el Real Club de Tenis.

Mélida ha confiado en que "tarde o temprano" este caso se podrá resolver.

El comisario jefe de la Policía Científica ha comparecido acompañado del presidente de la Sociedad Española de Antropología Física, el catedrático Miguel Cecilio Botella, quien, en la rueda de prensa, se ha referido al denominado 'Caso Colmenares' de Colombia, la muerte en 2010 de un joven estudiante universitario que fue encontrado muerto en Bogotá, como un caso paradigmático en el que se dio, según ha dicho, "la tormenta perfecta de lo que nunca debe pasar".

De hecho, ha indicado que pese a que ya hay una sentencia definitiva sobre este caso, el tema sigue despertando "dudas".

La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, ha citado a declarar al vecino de Lavapiés que denunció una presunta agresión por parte del líder de Más País, Íñigo Errejón, y a uno de los testigos de los hechos denunciados.

Fuentes jurídicas han informado que la magistrada les tomará declaración este jueves a partir de las 9.45 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

La juez, que ya había pedido al Congreso de los Diputados que acreditara la condición de diputado de Errejón, escuchará a los citados antes de decidir si investiga o no la denuncia presentada a través de atestado policial por presunta agresión.

Una vez recabada la información de la Cámara Baja y de los testigos, la juez deberá decidir si procede o no investigar los hechos denunciados. Puede desestimar la causa por falta de indicios, solicitar nuevas pruebas a los investigadores, citar a más testigos o invitar a Errejón a declarar voluntariamente.

De considerar oportuna la práctica de diligencias contra el dirigente de Más País, la magistrada tendrá que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo --por su condición de aforado como diputado en el Congreso-- para que le investigue.

LA DENUNCIA

El atestado policial de la Comisaría Centro de Madrid, adelantado por OKDiario, recoge la denuncia de un vecino de 67 años de Lavapiés que asegura haber sido víctima de una agresión por parte de Errejón el pasado 2 de mayo después de pedirle un 'selfie' al dirigente. Según su versión, el diputado le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

Durante una rueda de prensa en el Congreso la semana pasada, el diputado de Más País negó haber agredido al vecino de Lavapiés. "La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera", dijo tras reconocer que el denunciante, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le "comenzaron a gritar" y a insultarle.

Según ha publicado el diario ABC, el atestado policial incluye imágenes de cámaras de seguridad que sitúan a Errejón junto a un grupo de personas en el lugar de los hechos, así como la versión de dos testigos ajenos al denunciante.

Euskadi ha registrado este pasado lunes 146 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 48 más que en la jornada previa, pero desciende medio punto la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas, hasta el 1,9%, a la vez que sigue bajando la incidencia acumulada, con 111,79 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tres puntos menos que el domingo. Estos datos son, para la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "motivos para la esperanza" porque "seguimos avanzando".

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno Vasco de este martes, Sagardui ha destacado que la ocupación de las UCI, que llegó a ser de 195 camas a primeros de mayo, se sitúa en la última jornada en 45 pacientes, mientras que el dato de personas fallecidas es "el más bajo desde el verano".

"Me gustaría decir que la letalidad es cero, espero que llegue ese momento, pero lo que sí puede decir es hace dos semanas fue de 21 fallecimientos, la siguiente fue de 14 y la última semana han sido nueve los fallecimientos provocados por la covid-19", ha apuntado.

Tras afirmar que "aún estamos lejos del escenario base de las UCI de 219 camas o de la ansiada incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes", Sagardui ha destacado: "Seguimos avanzando y tenemos motivos para la esperanza".

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado lunes se han realizado 7.492 pruebas diagnósticas (5.036 PCR y 2.456 test de antígenos), por encima de las 4.015 realizadas el domingo, con un resultado de 146 nuevos infectados. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha reducido en medio punto, del 2,4% al 1,9%.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes también ha vuelto a descender y se coloca este lunes para toda Euskadi en 111,79, lo que supone casi tres puntos menos que el domingo (114,29).

Este indicador presenta la tasa más elevada en Vizcaya, con 126,89 casos este lunes (128,63 el domingo), mientras que en Guipúzcoa es de 81,20 casos (86,61 un día antes), y en Álava sube a 111,14 casos (109,93 en la jornada previa).

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es de 0,76 para el conjunto de Euskadi (0,73 en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha subido a 0,90 (era de 0,86 el día anterior).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 43,7%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 34,4% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado lunes se han detectado 87 nuevos positivos en Vizcaya, 17 más que el domingo, otros 31 en Guipúzcoa (17 más que en la jornada anterior) y Álava ha contabilizado 25 nuevos contagios (13 más que el día previo). A ellos, se suman tres contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los dos registrados en la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado lunes son Bilbao, con 34 y una tasa de incidencia de 142,87 casos, Barakaldo con diez, Portugalete con nueve, Sopela con cuatro y Basauri y Güeñes con tres en cada municipio.

En Guipúzcoa, San Sebastián suma seis positivos más y presenta una tasa de incidencia de 72,37 casos, mientras que en Irún se registran cinco nuevos contagios y en Zumaia tres.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 19 positivos más y presenta una tasa de incidencia de 120,93, mientras que Llodio contabiliza cuatro contagios más y dos Amurrio.

Con los datos de esta pasada jornada, solo una población de más de 5.000 habitantes presenta tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, la vizcaína de Güeñes (426,63).

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 23 personas con covid durante el lunes, siete más que el día anterior, pero bajan de 69 a 66 las personas hospitalizadas en planta.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 45 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, cinco menos que la jornada previa.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se produce entre las personas de entre 40 y 64 años (56 nuevos positivos), seguido de franja de edad de 19 a 39 años (45 casos) y de los menores de 18 años (38). Los mayores de 65 años contabilizan seis casos, de los que tres superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se sigue dando entre los menores de 18 años (171,32) y la más baja es la de la población de 65 a 79 años (con 21,89).

VACUNACIÓN

Por otro lado, Sagardui ha destacado que en Euskadi hay ya 1.065.157 personas con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, es decir un 62,6%, mientras que un 43,2% ha completado ya la pauta de vacunación.

La previsión de vacunas para esta semana es de 141.570 dosis de Pfizer, la partida más numerosa prevista hasta el momento. Sagardui ha indicado que ayer llegaron 71.370 dosis y "otro tanto se espera para mañana", además de que se esperan 23.900 dosis de AstraZeneca y que el jueves lleguen 6.200 de Janssen.

La consejera de Salud ha señalado que Osakidetza "administra todo lo que va llegando" y, en ese sentido, ha anunciado que se continúa vacunando para primeras dosis al colectivo de edad entre los 49 y los 40 años y esta misma semana comenzará a ofrecer citas para personas menores de 40 años, que se podrán vacunar a partir de la semana próxima.

Además, Sagardui ha avanzado que esta semana también se comenzará la vacunación con segundas dosis para mayores de 60 años con AstraZeneca y ha destacado que el colectivo de 50 a 59 años está prácticamente finalizado.

Según ha explicado, Osakidetza ha llamado a aquellas personas que, por el motivo que sea, no habían atendido los mensajes enviados para su citación. En cualquier caso, ha precisado que las personas entre 50 y 59 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia tendrán abierta la web para solicitar cita o podrán dirigirse a Osakidetza para pedir la vacuna llamando a su centro de salud y pulsando la opción de vacunación.

CERTIFICADO COVID

Desde el Gobierno Vasco, ha indicado, siguen trabajando para la completa puesta en marcha del certificado covid digital de la Unión Europea. Según ha precisado, desde hoy será posible acceder al certificado mediante la opción telemática sin herramientas de firma electrónica, de forma que la persona interesada deberá introducir su número de tarjeta TIS, fecha de nacimiento y el primer apellido, y se le enviará una clave a su teléfono móvil y, tras introducirla en la aplicación de la web, podrá contar con el certificado correspondiente.

En relación con la prueba diagnóstica negativa, Sagardui ha explicado que se está trabajando para que esta semana pueda estar activa esta opción, para la cual se ha establecido un sistema de cooperación entre los laboratorios privados de Euskadi, que serán los encargados de emitir este tipo de certificado.

"Estamos trabajando para llegar antes del 1 de julio ofreciendo este servicio de la mejor manera posible a la ciudadanía", ha afirmado, para dar a conocer que, hasta la fecha, se lo han descargado 52.068 personas".

El PPCV exige al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que haga un frente común con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantendrán en septiembre por una financiación autonómica justa, mientras el PSPV cree que deberían exigírselo a su líder nacional, Pablo Casado.

En un comunicado, la síndica 'popular' en les Corts, Eva Ortiz, ha denunciado que "Pedro Sánchez ningunea a Puig mientras el PP aporta soluciones", en relación a la propuesta del presidente andaluz y del PP-A, y le ha urgido a "dejar de un lado sus intereses de partido y anteponer por una vez la Comunitat".

Tras recordar que ambas comunidades son "las más damnificadas" por el actual sistema de financiación, Ortiz ha insistido en que "es urgente y el acuerdo para unir fuerzas debería producirse cuanto antes porque no se puede aguantar mucho más".

Según ha criticado, la parálisis y la falta de determinación de Puig contrasta con el empuje del presidente andaluz: "Hay que sumar, cuantos más mejor, y estar cohesionados para defender nuestras reivindicaciones ante los incumplimientos de Sánchez".

La 'popular' también ha rechazado la "hipocresía" de Puig: "Hace dos meses calificaba de aquelarre la reunión entre Andalucía y Murcia para hacer frente común en defensa del Tajo-Segura. Hoy, cuando Andalucía acude a su rescate para hacer también frente común, en este caso sobre financiación, habla de alianza". "Alianza era entonces, y no se quiso sumar, y lo es ahora. No se pueden utilizar los hechos en función de lo que a uno le conviene", ha rebatido.

Esto demuestra, a su juicio, que PP es el partido que tiene que acudir "al auxilio de Puig para plantar cara a Sánchez ante su ninguneo a todos los valencianos".

Como réplica, el síndic socialista, Manolo Mata, ha lamentado que "el PP se dedique a embarrar y lanzar discursos vacíos en lugar de exigir a Pablo Casado una respuesta contundente sobre la financiación". "Ahora tenemos un gobierno de España sensible con nuestra financiación, lo que nos está permitiendo seguir pagando y cubriendo las necesidades como si estuviéramos bien financiados", ha sostenido en su comunicado.

Tras poner en valor la "gran labor" del gobierno valenciano en materia de financiación, ha destacado que gracias a ella se ha conseguido transmitir al conjunto de la sociedad, al Gobierno y a los servicios de estudio del sistema financiero que la Comunitat es la autonomía peor financiada. Por contra, ha criticado que "el PPCV necesita del embarramiento, la confrontación y el enfrentamiento para poder sobrevivir y decir algo".

También ha defendido el acuerdo alcanzado sobre las reglas de explotación del Tajo-Segura como una solución duradera, estable y justa: "Poco a poco van a ir avanzando los acuerdos con el Gobierno para que los regantes de la Vega Baja y los sectores económicos que necesitan de ese trasvase como agua de mayo vean que sus necesidades están cubiertas con una apuesta de futuro".

Mata, en general, ha cuestionado que los dirigentes 'populares' "en vez de poner en valor todas estas cuestiones y exigir a sus coreligionarios de otras comunidades autónomas que nos ayuden, lo único que hacen es embarrar la labor del gobierno valenciano". "En eso van a fracasar, como siempre", ha rematado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno del Congreso la próxima semana, el 30 de junio, y ahí explicará los indultos de los presos del procés, además de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Unión Europea (UE) de fin de semestre, según se acordó este martes en la Junta de Portavoces.

Hace una semana, el Gobierno ofreció la comparecencia a primeros de julio para dar cuenta de las conclusiones de la próxima cumbre de la Unión Europea, pero sobre la mesa también estaba la petición del PP, apoyada por Vox y Ciudadanos, para que Sánchez informara de los indultos.

Ese día, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, garantizó en rueda de prensa que el Gobierno explicara la concesión de esa medida de gracia cuando se resolviesen los expedientes, por lo que en la comparecencia informativa de la Unión Europea se encajaría también este tema.

EL PP QUERÍA UN DEBATE ANTES DE CONCEDER LOS INDULTOS

Al final, y como la concesión de los indultos se aceleró para aprobarlos este mismo martes, el Gobierno comunicó el pasado fin de semana que Sánchez podría comparecer finalmente una semana antes, concretamente el 30 de junio. Y así se ha sellado en la Junta de Portavoces del Congreso, que es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha quejado de que finalmente la comparecencia de Sánchez sobre los indultos se va a producir después de la aprobación de la medida de gracia y tras la publicación de los indultos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que a su juicio refleja una deriva "autoritaria".

"HARTOS DE MONCLOA PRODUCCIONES"

Y en la misma Junta de Portavoces, Vox ha pedido que el Pleno de la próxima semana incluya también una sesión de control para poder preguntar a los demás miembros del Gobierno, no sólo al presidente. "Estamos hartos de Moncloa producciones", ha dicho después en rueda de prensa la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona.

Sin embargo, y según ha relatado Olona, su idea sólo ha sido apoyada por PP y Vox y finalmente ha sido desechada. El PSOE ha alegado que el Gobierno ya ha sido objeto de control parlamentario todas las semanas.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a estudiar la puesta en marcha de un teléfono gratuito para la prevención de la conducta suicida.

En concreto, la proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE, aprobada con 19 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, insta a "valorar con las comunidades autónomas la posibilidad de poner en marcha una servicio gratuito de atención telefónica coordinada e integrada, atendida por profesionales de la salud mental, con el objetivo de la atención de crisis, ansiedad, depresión y demás problemas de salud mental, así como el abordaje de la prevención de la conducta suicida, en colaboración con colegios profesionales y entidades sociales vinculadas a la salud mental".

De la misma manera, y también en colaboración con las CCAA, el texto pide desarrollar medidas de sensibilización, información y concienciación que visibilicen el problema del suicidio como un problema de salud pública, que reduzcan el estigma social asociado y favorezcan la prevención de la conducta suicida.

Por último, se requiere difundir e impulsar el uso del manual de recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación, elaborado por el Ministerio de Sanidad con la participación de organizaciones de periodistas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Asociaciones de salud mental, a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "con el fin de lograr una información responsable y contribuir a reducir la conducta suicida.

"El suicidio trae consigo consecuencias devastadoras para el entorno de la persona fallecida, y las implicaciones de la conducta suicida arrasan la vida de estas personas y la de sus familias. Alrededor de un millón de personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo en todo el mundo, siendo la décima causa de muerte en Europa, y con una tendencia ascendente a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio consumado, hay muchas personas que intentan suicidarse cada año, entre los que se encuentran jóvenes y adolescentes", ha resaltado la diputada socialista Ana Prieto.

En este contexto, ha recordado que desde el año 2008, el suicidio en España se sitúa como la primera causa de muerte no natural, por encima de las muertes por accidentes de tráfico. "El número de muertes por suicidio en España creció en 2019 un 3,7 por ciento respecto al año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, un total de 3.671 personas fallecieron por esta causa en nuestro país, 2.771 fueron hombres y 900 fueron mujeres", ha relatado.

A su juicio, la prevención de la conducta suicida "no se ha abordado apropiadamente, debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente". "Por ello, es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú, para que los países avancen en la prevención de la misma", ha insistido.

En los últimos años, la mayor parte de las comunidades autónomas han puesto en marcha planes específicos de prevención de la conducta suicida, han desarrollado programas o procesos, o han incluido acciones preventivas como líneas enmarcadas en sus planes de salud mental.

Actualmente, el Gobierno está trabajando en la actualización de la Estrategia de Salud Mental, para de esta manera proporcionar una herramienta que "permita mejorar la salud mental de la población, y que de respuesta, entre otras cuestiones, a la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, y específicamente de las conductas suicidas desde la infancia y la adolescencia".

Por parte de Ciudadanos, su diputado Guillermo Díaz ha destacado que comparten "de manera muy importante" el espíritu de esta PNL. "Es muy importante superar el tabú del suicidio. Se puede prevenir, hay signos que se manifiestan y conductas que pueden advertir de que se puede producir", ha apuntado, señalando sobre los medios de comunicación que "hay que informar adecuadamente y sin morbo".

Juan Antonio Callejas Cano, del PP, ha recordado que su grupo ya solicitó un plan contra el suicidio en la Comisión de Reconstrucción. Así, ha pedido al PSOE que "copie" el plan de prevención del suicidio que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid.

Junto a esto, ha reclamado incrementar el número de profesionales que atienden el suicidio: "Es urgente ampliar las plantillas, nos hacen faltan más psiquiatras y enfermeros especializados. La falta de profesionales provoca que el tratamiento clínico sea sustituido por el farmacológico, disminuyendo las posibilidades de curación".

El 66,5% de las personas con discapacidad asegura haber necesitado alguna prestación social o servicio durante la pandemia de COVID. Sin embargo, las necesidades del 33,5% de las personas con algún tipo de discapacidad no fueron cubiertas. Además, una de cada dos personas menor de 16 años y el 45% de aquellas que tienen 65 o más años, no recibieron en su totalidad los servicios necesitados durante la crisis sanitaria.

Así lo pone de manifiesto el estudio sobre 'El impacto de la pandemia COVID-19 en la discapacidad', elaborado por la Dirección General de Derechos de las personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que analiza las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 en la población con discapacidad.

Según el estudio, basado en más de 4.300 encuestas realizadas a personas con discapacidad y sus familias entre junio y octubre de 2020, tres de cada cuatro personas con necesidades no cubiertas ha aumentado la ayuda por parte de la familia o las personas cercanas (78,5%), su calidad de vida ha empeorado (76,4%) y ha perdido autonomía (74,1%).

Además, siete de cada diez declaran que su estado de ánimo ha empeorado (70,2%) y cerca del 65% señala que su estado de salud física y mental empeoró por la falta de los servicios que necesitaban. También seis de cada diez no recibe o no puede utilizar los mismos servicios o prestaciones sociales que antes. Estos resultados ponen de relieve que un 51% de los encuestados pida un aumento de los profesionales y un 26% más ayudas económicas.

Con respecto al empleo, el estudio revela que tras seis meses desde el comienzo de la pandemia, el 38,4% ha mantenido el empleo que tenía con anterioridad, aunque el 4,7% pasó a situación de ERTE. Y el 12,9% de los participantes ha perdido el trabajo que tenía durante los últimos meses.

Como consecuencia, la mayoría de las personas con discapacidad trabajadoras afirma que sus condiciones laborales se han mantenido sin cambios. Sin embargo, consideran que la carga de trabajo ha aumentado (26,7%), trabajan más horas que antes (16,5%) y su salario mensual se ha visto reducido (19,9%).

Además, la situación vivida y el confinamiento no ha tenido un impacto positivo en el bienestar psicosocial de las personas trabajadoras y, principalmente, ha afectado a su estado anímico (44,9%) y mental (43,7%).

Entre las propuestas que mencionan, un 39,8% pide medidas de apoyo a empresas para contratar a personas con discapacidad, un 34,4% reclama cambiar las leyes para proteger a las personas con discapacidad en el ámbito del empleo y un 24,5% quiere que se impulsen oposiciones y contrataciones en las administraciones públicas.

UN 20% NO PUDO SEGUIR LAS CLASES EN CASA

En el ámbito de la educación, el estudio desvela que al 79,5% de las personas con discapacidad estudiantes de más de 6 años, su centro educativo les posibilitó seguir las clases y estudios desde casa. Por el contrario, el restante 20% no tuvo ese respaldo. Así, la gran mayoría de los estudiantes con discapacidad que ha continuado sus estudios realizan una valoración positiva del apoyo ofrecido desde el centro de estudios o centro de formación (70,3%).

Según los encuestados, el método para continuar los estudios ha sido: envío de apuntes, ejercicios y tareas por correo electrónico (72,9%), comunicación por teléfono o videollamada (62,4%) y clases virtuales (62%).

Del mismo modo, seis de cada diez estudiantes consideran que las medidas de seguridad y protección adoptadas por el centro frente al COVID son las necesarias (67,5%) y se sienten seguros y protegidos en el centro (65,8%).

Si bien, para el 27,6% de los participantes les ha resultado bastante difícil la educación durante la pandemia y el 4,3% afirma que le ha sido imposible seguir el curso con los materiales, la tecnología y los dispositivos disponibles en el hogar. En este sentido, el 16% del alumnado no tenía ordenador o no podía utilizarlo y el 8,4% no disponía de Internet o tenía problemas de conexión. Asimismo, cerca de la mitad del alumnado reconoce que estudiar desde casa ha afectado a su concentración y a sus calificaciones (48,1%).

Por todo ello, el 45,2% pide más profesores, un 16,3% más inversión en materiales adaptados, un 14,1% más ayudas a los Centros de Educación Especial y un 11% medidas para proporcionar información accesible sobre el COVID a personas con discapacidad.

EL 70,1% CONSIDERA QUE LA ATENCIÓN MÉDICA FUE PEOR

Con respecto a la salud, el 49,9% de los encuestados asegura que las consultas que tenían no fueron realizadas, bien porque se retrasaron, se atendieron por teléfono o directamente fueron anuladas.

No obstante, el 62,3% ha necesitado atención sanitaria y el 70,1% de estos considera que la atención ha sido peor o mucho peor que la recibida anteriormente. De hecho, un 35,7% considera que las personas con discapacidad han tenido dificultades para recibir atención médica por su discapacidad.

De este modo, el 68,1% apunta que la situación vivida por el coronavirus ha tenido un efecto negativo o muy negativo para su salud y bienestar: más de la mitad considera que su estado de ánimo (52,3%), su calidad de vida (47,7%) y su estado de salud mental (47%) han empeorado, y el 59,9% reconoce que ha estado con más nervios e intranquilidad que habitualmente.

Entre las demandas de los participantes, destacan: más profesionales de la salud (40,7%), ayudas que faciliten la comunicación con el personal sanitario (22,7%), asegurar servicios de terapia y rehabilitación (22,1%) e igualdad de trato en atención médica (15,7%).

UN 9,5% SINTIÓ DISCRIMINACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

El estudio también pregunta a las personas con discapacidad sobre si han visto vulnerados sus derechos básicos durante el confinamiento. Según los resultados, el 69,4% ha realizado salidas terapéuticas, pero el 14,5% no ha podido salir a la calle acompañado de otra persona; el 7,7% recuerda que en alguna ocasión le paró la policía y le pidieron el certificado de discapacidad o informe médico; el 6,4% ha sido insultado o le han gritado por haber salido a la calle; y el 5,4% ha llevado un brazalete u otra señal para indicar que era una persona con discapacidad.

Así las cosas, aunque el 42,4% dice que no se ha sentido discriminado, un 11,5% señala que ha sentido discriminación para recibir prestaciones y ayudas económicas; un 9,9% sintió discriminación en la atención y tratamientos médicos; y un 9,5% en el espacio público así como para conseguir o mantener un empleo. Además, un 8,5% se sintió discriminado a la hora de poder estudiar o seguir estudiando y un 6,8% en el acceso a la información y las nuevas tecnologías.

La recaudación de Obras Misionales Pontificias (OMP) en España en 2020 fue de 17,2 millones de euros, casi 2 millones menos que el año anterior cuando se recolectaron 19 millones, un descenso que atribuyen a la pandemia de la Covid-19.

"Ha bajado y eso es triste. Nuestro principal interés no es recaudar mucho pero lo que se deja de recaudar se deja de ofrecer a los territorios de misión. Es verdad que en la situación concreta de la pandemia del Covid, estando encerrados, me doy con un canto en los dientes este año", ha subrayado el director nacional de OMP, José María Calderón, este martes en rueda de prensa para presentar su Memoria anual.

En todo caso, ha precisado que no se pueden hacer comparaciones con otros años por la "peculiaridad" de este y espera que "no sea una tendencia sino un pequeño susto".

Además, tal y como ha señalado el presidente de OMP Internacional, Giampietro Dal Toso, esta bajada también ha afectado a nivel mundial --aunque algunos países han conseguido aumentar su recaudación--.

"Claro que la pandemia nos ha afectado aunque en algunos países ha subido la recaudación, pero puedo decir que la aportación de España sigue siendo muy importante, claro que ha habido una pequeña bajada pero no es nada comparado con otras situaciones", ha subrayado Dal Toso.

Si bien, ha precisado que la pandemia no solo ha afectado a la recaudación sino sobre todo a los propios misioneros y territorios de misión donde "hubo muchas dificultades" ya que "la única fuente de financiación era la misa dominical" y esta se tuvo que suspender durante el confinamiento.

"Como no había colecta, muchos curas se quedaban sin nada, por eso quisimos hacer ese fondo con el Papa para sostener a las Iglesias locales en situaciones muy difíciles", ha explicado, refiriéndose al Fondo de Emergencia que abrió Francisco en abril de 2020 y al que España contribuyó con más de 452.000 euros.

EL DOMUND, EL BUQUE INSIGNIA

En cuanto a la recaudación obtenida en España por jornadas, en la de Infancia Misionera se obtuvieron 2,5 millones de euros; en Vocaciones Nativas, 1,9 millones; y en el Domund, el "buque insignia" de OMP, un total de 12,8 millones de euros.

Del total de 17,2 millones de euros recaudados, tras restar los gastos de administración y pastoral, OMP España puso a disposición de la Santa Sede un total de 13,7 millones de euros. Del total de fondos, 7,7 millones procedieron de la recolecta en las parroquias; 3,8 millones de las herencias y 1 millón de euros, de los colegios.

El presidente internacional de OMP ha destacado la aportación de España a los territorios de misión, donde "hay una presencia de la Iglesia mucho más fuerte", con un crecimiento de los bautismos y de las vocaciones a la vida religiosa, algo que achaca a la población más joven que hay en África y Asia, así como a la "inversión" que se hizo el siglo pasado en vocaciones nativas.

"Por eso, hay que subrayar el rol importantísimo de la obra de San Pedro Apóstol, no solo porque financian a los seminarios sino porque detrás de eso está la idea de favorecer las vocaciones locales. Si tienes vocaciones locales la Iglesia se fortalece automáticamente. En el último siglo se ha invertido mucho en esto y ahora se ven los frutos", ha enfatizado.

En cuanto a los misioneros españoles, según la Memoria, hay un total de 10.629, de los cuales 7.180 están en activo y el resto, en España colaborando en animación misionera o esperando un nuevo destino. El 54% de ellos son mujeres y la media de edad es de 74 años.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiado este martes en abrir un "espacio de cooperación" con Andalucía a partir de la reunión que mantendrá en septiembre con su presidente, Juanma Moreno, tanto para unir fuerzas por una financiación autonómica justa como para los intereses compartidos.

"Estamos alineados en la posición andaluza", ha afirmado en rueda de prensa sobre las críticas del gobierno de la Junta (PP-Cs) por la infrafinanciación. De momento ha avanzado que en los próximos días se reunirán los consejeros de Hacienda de las dos autonomías para preparar la reunión de septiembre.

Puig, también líder del PSPV, ha destacado este encuentro como un paso importante para avanzar hacia el nuevo modelo de financiación, para el que el Ministerio todavía no ha puesto fecha, así como que "dos comunidades tan importantes trabajen juntas para avanzar en soluciones conjuntas".

Eso sí, ha remarcado que su objetivo no es "solo una solución para Andalucía o para la Comunitat", sino una solución de la financiación en España. Esto pasa, a su juicio, por exigir al Gobierno que vele por la suficiencia financiera de las CCAA y distribuya los recursos de forma justa.

Al margen de la infrafinanciación, ha reiterado que desde que gobierna Pedro Sánchez la Comunitat recibe más fondos, como los recursos para paliar la crisis repartidos "de forma muchísimo más lógica y justa que el sistema de financiación", los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más cercanos al peso poblacional o la relajación de los objetivos de déficit.

EL GOBIERNO "NO HA SIDO INSENSIBLE"

"Hay un cambio. No se puede decir que el Gobierno ha sido insensible a la realidad valenciana, no sería justo", ha asegurado, para garantizar que seguirá reivindicando una financiación justa porque es "irrenunciable" para la Comunitat.

El presidente valenciano también ha valorado positivamente la reunión que compartirá en septiembre con Moreno Bonilla en Sevilla para abordar los intereses comunes, ante la cantidad de empresas con vínculos en los dos territorios.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado que, a su juicio, es el momento de dejar "nuestros espacios de confort y dar pasos adelante" para "avanzar como país y como pueblo".

"Corremos el peligro de quedarnos atrás en términos de país, pero también tenemos oportunidades de crecer y avanzar como país y como pueblo", ha asegurado.

Iriarte ha realizado estas afirmaciones en un acto en Zarautz, junto a la nueva coordinadora de EH Bildu en Gipuzkoa, Nekane Zinkunegi en el que ha afirmado que no le cabe duda de que "los catalanes van a poder decidir su futuro libre y democráticamente y lo harán también en otros países como Escocia, las Islas Feroe, Groenlandia, Flandes. En Europa las naciones sin Estado están inmersas en procesos de autodeterminación que los van a llevar a decidir su futuro", ha afirmado.

Por ello, se ha preguntado "¿qué vamos a hacer los vascos ante el escenario que se nos presenta? ¿Cuál va a ser nuestro futuro?" y ha insistido en que en EH Bildu está dispuesta a trabajar para que "todos los vascos puedan decidir su futuro".

Así, ha considerado que "son tiempos de oportunidades desde muchos puntos de vista" y ha destacado que la pandemia "nos ha dejado a las claras muchos de los retos que había que llevar adelante antes de ahora".

"Tendremos que hablar de pensiones, de la ley de reforma laboral, de fiscalidad y necesitamos instrumentos soberanos para poder proteger a la gente", ha defendido la portavoz parlamentaria de EH Bildu, quien ha señalado que la coalición soberanista no ve por parte del Estado español que "vaya a darse un proceso democratizador en ese sentido".

Iriarte ha reiterado que el régimen del 78 "está en crisis claramente" y se ha referido a los indultos a "los presos políticos catalanes cuyo único delito es haber puesto urnas para que la gente vote". "Nunca debieron estar encarcelados, pero el de hoy es un paso más", ha apuntado.

En esa línea, ha recordado que el Consejo Europeo dictó este pasado lunes "unas directrices muy claras sobre lo que había que hacer". Además, ha destacado que este martes Estrasburgo "ha condenado al Estado español por haber castigado a Tasio Erkizia de manera injusta".

Respecto a Cataluña, ha señalado que pese al indulto a los políticos encarcelados por el procés, personas que "han pasado muchos meses en la cárcel", el problema de fondo "sigue intacto". Además, ha remarcado que el PP y el PSOE "no han estado en la democratización del Estado español" y ha subrayado que será la coalición soberanista la que tenga que dar "pasos en este sentido".

Para EH Bildu, el PP y el PSOE "no han estado en la democratización del Estado español y seremos nosotros los que tengamos que dar pasos en este sentido". "Hoy indultarán a unas personas que han pasado muchos meses en la cárcel, pero el problema de fondo sigue intacto", ha remarcado.

Tras recordar que en el Parlamento Vasco "dos tercios de sus componentes son favorables al derecho a decidir" y que en la pasada legislatura "EH Bildu y PNV, y en parte Elkarrekin Podemos, alcanzaron un acuerdo en la ponencia de autogobierno", se ha mostrado convencida de que "es el momento de quitar el freno de mano y empezar a transitar ese camino y no quedarnos atrás y hacerlo junto con todos esos países que lo van a hacer".

EH Bildu está "comprometida para hacer este camino firmemente, con ilusión y con todos los hombres y mujeres de este país que son absolutamente necesarios para hacerlo", por lo que ha hecho un llamamiento a todos los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y a la ciudadanía en general que "defiende el derecho a decidir de vascos y vascas a aunar fuerzas, a ponernos a caminar unidos y aprovechar la oportunidad que se nos presenta".

"MIRADA ESTRATÉGICA"

Por su parte, Nekane Zinkunegi ha defendido que, "además de dar respuestas con responsabilidad a las necesidades derivadas de la pandemia", EH Bildu "ha puesto y pondrá en marcha varios proyectos con una mirada estratégica". "Hemos interiorizado como reto las transiciones de la energía, el medio ambiente y la digitalización, y estamos incorporando la visión comunitaria en los proyectos de cuidados", ha señalado.

En ese sentido, ha resaltado que "el estilo de trabajo de EH Bildu es el modelo de municipalismo popular", el cual prevé extender "a más pueblos desde las alcaldías actuales y que nos llevará a ganar Guipúzcoa".

"No somos una fuerza política al uso, estamos abiertos al consenso y a la colaboración. Colaboramos con las instituciones públicas, con otros partidos políticos y con los agentes sociales. Siempre con la condición de mejorar la vida de los ciudadanos", ha asegurado.

El 88 por ciento de los españoles y el 80 por ciento de la superficie nacional estuvieron expuestos a aire insalubre en el año 2020 a pesar de que a consecuencia de las restricciones a la movilidad derivadas del coronavirus la contaminación atmosférica cayó al mínimo de la década, según ha informado Ecologistas en Acción.

La ONG ha publicado este martes su informe anual de la calidad del aire que refleja que la COVID-19 conllevó una mejora general "sin precedentes" en la cal ida del aire pero aún así, 42 de los 47 millones de habitantes siguieron respirando aire contaminado y esta contaminación se extendió a 402.000 kilómetros cuadrados de superficie.

Pese a la mejora en los niveles de contaminación, Madrid siguió incumpliendo los límites legales de dióxido de nitrógeno y otras 30 zonas superaron los objetivos en ozono.

El informe recoge datos de 800 estaciones oficiales de medición instaladas en toda España, algunas de ellas en los principales puertos y aeropuertos y concluye que durante 2020 mejoraron "sustancialmente" con una reducción "notable" de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década y seguramente también desde que existen mediciones, en 1990.

De ese modo, menos población y menos territorio soportaron la contaminación de acuerdo con los valores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con los objetivos a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea.

Ecologistas en Acción precisa que si se tienen en cuenta los estándares de la normativa europea, que son más laxos que las recomendaciones de la OMS, fueron 8,5 millones de personas en España las que respiraron aire contaminado, lo que significa una quinta parte del total y que son 4 millones de afectados menos respecto a 2019. Mientras, la superficie expuesta a niveles de contaminación dañinos para la vegetación alcanzó a 210.000 kilómetros cuadrados, el 42 por ciento del territorio y unos 40.000 kilómetros cuadrados menos que el año anterior.

Para la ONG el factor "esencial" que explica esta mejora de la calidad del aire en 2020 fue una reducción general de la movilidad y la actividad económica derivada de los dos estados de alarma declarados para combatir la COVID-19 además del cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón que "también parece haber contribuido localmente a la drástica disminución de las emisiones".

El informe responsabiliza al tráfico motorizado de ser la principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población y señala que en determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte aéreo y marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire del entorno de aeropuertos y puertos.

Por otro lado, expone que las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros meses del año han activado los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África.

Sin embargo, la primavera resultó inestable y húmeda, lo que favoreció la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). El intenso calor estival no se ha traducido en un aumento de las concentraciones de ozono.

En cuanto al ozono, el estudio de la organización refleja que "un año más" presentó una mayor extensión y afección a la población. No obstante, la frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha fue "muy inferior" a la de años precedentes, con un descenso del 55 por ciento y del 41 por ciento, respectivamente, en relación con el promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información.

Por otro lado, analiza también las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire, que en 2020 afectaron a "algo más de la mitad" de la población. Pese al desplome general del NO2 en un 27 por ciento respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, Madrid siguió incumpliendo los límites legales de NO2, por lo que Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Europeo de Justicia sigue instruyendo un proceso contra España, que podría derivar en multas millonarias.

Sin embargo, las partículas aumentaron en algunas comunidades, debido a la mayor frecuencia de los episodios de intrusión de polvo africano, en especial durante el primer trimestre del año.

En este contaminante destaca Canarias, que registró el peor episodio de contaminación de la década durante enero y febrero y la ONG afea que "sin intervención alguna por parte de las administraciones", hasta que al final del episodio la población fue confinada a consecuencia de la pandemia.

Para la ONG la contaminación del aire debe "abordarse como un problema de primer orden" ya que cada año se registran unas 30.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

El Instituto de Salud Carlos III indica que 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. Por ello, para Ecologistas en Acción la mejora de la situación en 2020 es "una excelente noticia".

De este modo, considera que la COVID-19 ha "demostrado" que reducir de forma estructural el transporte y la descarbonización de la industria son "las únicas herramientas" para mejorar la calidad del aire en ciudades y zonas rurales. "La dramática situación creada por la pandemia corrobora que la reducción de las emisiones urbanas mejora la salud pública y la vida ciudadana", defiende la organización que desarrolla la campaña europea 'Clean cities', para reclamar a las administraciones medidas en este sentido.

El informe recuerda que según el Banco Mundial, los costes sanitarios derivados de la contaminación suponen al menos unos 50.000 millones de dólares al año, el equivalente al 3,5 por ciento del PIB español sin tener en cuenta el coste de los daños a cultivos y ecosistemas.

Finalmente, Ecologistas en Acción recuerda que los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente pero en "muchos" casos no existen y en otro son "inefectivos" por falta de voluntad política.

En la actualidad, diez comunidades autónomas incumple con su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales, una negligencia administrativa que ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo.

La solución que propone la organización para mejorar la calidad del aire pasa por disminuir el tráfico motorizado, potenciar el tránsito peatonal, la bicicleta y el transporte público limpio, así como promover el ahorro energético, central térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésemos, reducir el uso del avión y declarar sin dilaciones un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo, como las existentes en el Mar Báltico y el Mar del Norte.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, han cargado contra los indultos a los políticos presos del 'procès' y su "golpe de Estado" y han cuestionado "cuánto costarán" estas medidas de gracia en términos económicos.

Así lo han hecho en sendas intervenciones durante la asamblea general de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) que ha han clausurado esta mañana.

"A estas horas se está golpeando gravemente la unidad nacional y la marcha económica de toda España. El Gobierno central deja sin castigo a los condenados por dar un golpe de Estado", ha lanzado Lasquetty, quien augura que no traerán "más estabilidad, sino menos" y que hará que los "golpistas no sean menos golpistas, sino más".

Entiende el consejero madrileño que además va a tener "costes para todos" y prevé que "se va a perder más" crecimiento económico a raíz de esta decisión y que va a "dañar más" el clima en Cataluña.

En este contexto, se ha preguntado "cuánto más va a costar a todos los madrileños" el "nuevo ciclo de independentismo" que a su juicio abre el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, con la concesión de los indultos.

En esta misma línea se ha expresado el alcalde capitalino, quien ha afirmado que se aprueban "bajo una falsa concordia" porque Sánchez "no busca eso, sino quedarse en Moncloa", mientras que los partidos independentistas "buscan independencia y no concordia".

"Esto es el prólogo de una nueva insurrección que separará aún más a Cataluña de Madrid (...) Estos indultos suponen una ruptura del Estado de Derecho y solo generarán más inestabilidad", ha reprochado el regidor.

Martínez-Almeida se ha dirigido a los empresarios para garantizarles que tendrán su "apoyo" y que cada medida contra las competencias de Madrid será "respondida desde lo político y lo jurídico desde Madrid". "Ese es nuestro compromiso", ha añadido el regidor y portavoz nacional del PP, quien ha asegurado que ellos no usarán "políticamente" a los empresarios "ni de atrezzo" en actos para "mayor gloria de quien los protagoniza", en referencia a la conferencia que dio Sánchez en El Liceu sobre esta medida de gracia.

La mujer de 35 años presuntamente apuñalada por su pareja este martes en el municipio de Doñinos (Salamanca) ha sido intervenida quirúrgicamente por las heridas sufridas durante la agresión y permanece en estado "muy grave", según ha informado la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez.

A la espera de ver "cómo evoluciona" y con el deseo de su recuperación, la subdelegada ha reseñado que el hombre, de 69 años y pareja de la víctima, se ahorcó en la vivienda después de los violentos hechos, además de informar de que tenía denuncias previas por malos tratos, no con su actual pareja sino en relaciones previas.

En cuanto al otro hombre de 68 años, que también resultó herido en el ataque, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado que se trata del hermano del agresor, que trató de mediar y que, por ello, también tuvo que ser posteriormente asistido por los sanitarios, desplazados al lugar de los hechos.

En cuanto a la pareja, la subdelegada ha reseñado que la joven y el hombre llevaban conviviendo seis años, que tenían una niña de cuatro años, además de otra de once de una relación anterior de la madre, cuyas menores están ya con familiares.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación como supuesto caso de violencia de género por estos hechos, que tuvieron lugar sobre las 03.40 horas, aproximadamente, según fuentes del Instituto Armado.

En torno a esa hora, la sala del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada que alertaba de la agresión a la mujer en la avenida Juan Carlos I de Doñinos de Salamanca, vivienda en la que luego los servicios de emergencia se encontraron también a un hombre fallecido, ahorcado, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El alertante indicó que necesitaban asistencia sanitaria para una mujer con heridas de arma blanca, y para un varón afectado que, en principio, no estaba herido.

La sala de operaciones del 112 pasa el aviso a Guardia Civil (COS), y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Posteriormente, los organismos que acudieron al lugar solicitaron la presencia de bomberos para bajar el cuerpo de un varón ahorcado, por lo que el servicio de emergencias avisó a los bomberos de la Diputación de Salamanca.

Recuerda el teléfono de atención a víctimas de violencia de género: 016.