El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cree que la «autocrítica» y la «revisión» que ha hecho por carta el líder de ERC, Oriol Junqueras, demuestra que han asumido que «el marco político del diálogo tiene que estar dentro de la legalidad». Además, ha defendido que ese giro de los republicanos es fruto de la apuesta del Gobierno central por la política de diálogo, en la que se enmarcan los posibles indultos a los condenados por el procés.

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta, en la que ha explicado que desde el Gobierno ya pidieron a los independentistas que «hubiera voces en Cataluña» de las que defendieron en su día la unilateralidad que ahora «se dirigieran a sus votantes con sinceridad» y «pragmatismo». Asimismo, ha justificado de forma clara esa medida de gracia que todavía no se ha adoptado.

A este respecto, el también secretario de Organización del PSOE se ha referido a los indultos como una medidas para «aliviar situaciones personales, perfectamente legales», que garantizan una «total comprensión y reconocimiento a las instancias judiciales», y que «están pensadas para restaurar ese ambiente de convivencia, que posibilita el marco de diálogo».

Ábalos no ha dado fechas, y se ha limitado a afirmar que «evidentemente» en el Gobierno están hablando de esas medidas». «Es evidente que son medidas que se insertan en esa política de diálogo y reencuentro», ha apostillado.

CREE QUE LA SOCIEDAD ENTENDERÁ LOS INDULTOS Y PIDE HACER «PEDAGOGÍA»

Preguntado en concreto sobre el rechazo mayoritario que generan los posibles indultos entre el conjunto de los españoles, según las encuestas, y sobre las críticas internas en el PSOE, Ábalos ha defendido la necesidad de hacer «pedagogía».

«Tenemos que hacer pedagogía respecto de por qué planteamos estas medidas, y para qué», ha señalado, antes de explicar que, por ejemplo, es importante hacer ver de qué situación se parte: «de sentencias y condenas que se cumplen, que han ido evolucionando». «No es que estemos al principio del proceso, sino que ya es una situación madura que hace posible estas medidas», ha ahondado.

Además, se ha mostrado convencido de que los resultados de esta apuesta será beneficiosos y eso «se va a ver después». «El objetivo no es indultar sino conseguir quitar todos los elementos traumáticos que enrarecen la normalidad e imposibilitan el reencuentro», ha asegurado.

«La sociedad lo va a entender, porque va a encontrar muchos beneficios y ninguno en una posición de escarmiento que pasa factura. Eso no nos ayuda en nada, y lo otro nos favorece», ha recalcado.

«EL MAYOR RIESGO ES NO HACER NADA»

En este sentido, ha afirmado que aunque siempre hay riesgos, en este caso son «necesarios». «Toda medida contrae riesgos, pero son los riesgos necesarios que derivan de la responsabilidad, del compromiso, de la convivencia. Todo eso exige algún tipo de riesgo pero el mayor riesgo es no hacer nada, no ofrecer alternativas o soluciones», ha afirmado.

En este sentido, Ábalos ha insistido en que «no hay otra alternativa» al diálogo y, por ello, ha valorado al apuesta de ERC por esa vía, renegando de la unilateralidad, y apostando, ahora sí, por los indultos –aunque sigan pidiendo al mismo tiempo la amnistía–.

«Creo que viene a ser una reacción a la política de diálogo que defiende el Gobierno. Decíamos que nuestra convicción se fundamenta en la necesidad de dotarnos de la audacia política necesaria, el coraje y el valor para tomar una decisión de este tipo y pedíamos que en Cataluña hubiera voces […] con ese valor necesario para plantear la realidad», ha explicado.

Esa realidad consiste, a su juicio, en que «los conflictos políticos se tienen que sustanciar por vías políticas», y que se debe evitar al mismo tiempo «trasvasar cualquier límite legal». «En esta autocrítica que hace Junqueras, en esta revisión sobre lo actuado, queda claro que ese marco político de diálogo tiene que estar dentro de la legalidad, de las líneas que no podemos trasvasar», ha enfatizado.

En cuanto a la apuesta por la llamda ‘vía Escocesa’ que mantiene Junqueras, al pedir un referéndum de autodeterminación pactado, Ábalos ha reiterado que el Gobierno va a seguir rechazando esta propuesta porque va a defender la «integridad territorial», pero está a favor de sentarse a dialogar para resolver los problemas de Cataluña y buscar «una solución dentro de la legalidad».

«A nadie se le exige que renuncie a su pensamiento o proyecto, sino que lo defienda en el marco de la legalidad y pueda ser sustanciado en el marco del diálogo político», ha defendido, antes de señalar que cada uno puede plantear lo que considere en ese marco, pero el objetivo del Gobierno es buscar una solución legal.

CELEBRA QUE JUNQUERAS «EMPATICE» CON EL CONJUNTO DE CATALANES

Preguntado sobre si se fía de Junqueras y ERC, Ábalos ha señalado que hay que tener «la confianza justa y necesaria», en la medida en que para emprender esa vía del diálogo es necesario confiar. «No nos queda otra alternativa más que pensar en la confianza. Si no, no hay forma de sentarse. Luego ya el tiempo nos dirá», ha argumentado, tras incidir en que no hay otra alternativa.

Ábalos también ha destacado el hecho de que Junqueras haya apelado en su carta «al conjunto de los catalanes», también a los que no comparten la independencia «y no se les respetó». «Me parece un paso importante porque significa que empatiza y está pensando en el conjunto, que es lo que tenemos que hacer todos los responsables políticos», ha valorado.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido la necesidad de ser «valiente» y plantear, ante la polémica por la subida de la tarifa eléctrica, la creación de una empresa pública de energía para no dejar el precio de la luz «en manos» del «oligopolio» del sector.

Además, se ha preguntado «si es casualidad» que ese aumento de la factura coincida con las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir los ‘beneficios caídos del cielo’ a estas empresas por valor de 1.000 millones y la creación de un Fondo de Sostenibilidad que también minora su retribución en otros 7.000 millones, medidas que se orientan a bajar el coste de la electricidad.

Y es que la también aspirante a liderar Podemos en la próxima Asamblea Ciudadana ha puntualizado que las eléctricas tienen un «historial» en este país con «multas millonarias» impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por «manipular el precio de la luz en el mercado». Concretamente ha citado el caso de Iberdrola en 2015 y Naturgy en 2019.

ESCUCHAR CON EMPATÍA A LOS CONSUMIDORES

En declaraciones a TVE, Belarra detallado que el Ejecutivo, ante la nueva estructura tarifaria por tramos horarios que ha entrado en vigor, debe ser «humilde» y «escuchar» con «empatía» a la ciudadanía y los consumidores, de cara a determinar después si fuera necesarioreplantear las decisiones que se han tomado.

No obstante, cree que el problema «fundamental» que tiene la factura eléctrica es la estructura del mercado eléctrico, con un «oligopolio» de apenas tres empresas (Naturgy, Endesa e Iberdrola) que acumulan caso el 80% del suministro de los hogares.

En este sentido, ha recalcado que «por primera vez» un Gobierno estatal se ha «atrevido a tocar los privilegios de esas eléctricas con dos medidas históricas», la regulación de los mencionados 0beneficios caídos del cielo’ y el Fondo de Sostenibilidad del mercado eléctrico, que retira sobrerretribuciones.

Por tanto y ante esta nueva subida, Belarra ha dicho que la respuesta para que no sean las empresas eléctricas quienes «tienen en su mano» el precio de la luz es «meridianamente clara» y pasa por apostar por una empresa pública de energía, como propone Podemos en su programa electoral y planteó también para las negociaciones del acuerdo de coalición con el PSOE, aunque esa medida no se incluyó.

UNA EMPRESA PÚBLICA APORTARÍA TRANSPARENCIA AL MERCADO

Para la ministra existen varios motivos que justifican esa medida. Por un lado permitiría aportar «transparencia» a la hora de conocer cuánto cuesta el kilovatio por hora «de verdad», potenciar el consumo de energía renovable y aportar competencia en el mercado, mediante una compañía que «no tendría afán de beneficio» con un bien de primera necesidad.

De cara a su posible constitución, Belarra ha dicho que sería «muy sencillo» y se basaría en que se puedan «revertir a lo público» las concesiones hidroeléctricas que van a caducar en próximos años y apostar por la energía fotovoltaica de tejado, un elemento «intensivo» en empleo y que permitiría a muchas comunidades de vecinos «desconectarse de la red central y autoabastecerse».

«Toca apostar por esa empresa pública, ser valientes, mirando a los ojos a los poderosos ante una situación que es muy dolorosa para las familias», ha zanjado la ministra de Derechos Sociales.

A su vez y sobre la futura Ley de Vivienda, Belarra confía en poder aprobar esta normativa de «manera inminente» al ser una de sus «principales ocupaciones» dentro del Gobierno. De esta forma, ha reivindicado regular «de una vez por todas el alquiler» y «pinchar» esta «burbuja» que dificulta a muchas familias llegar a fin de mes.

La Fundación Migra Studium ha presentado este lunes un informe en el que se detalla la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y ha criticado que tras los 200 días que el centro permaneció cerrado a raíz de la pandemia la situación se «ha agravado».

Migra Studium ha asegurado «el drama humano que representa el internamiento en un CIE y analiza lo que ha representado la situación de pandemia, por la supresión de visitas y la gestión de los contagios y confinamientos que se han producido dentro del CIE».

A partir del 5 de octubre el CIE de Barcelona retomó la actividad, pero la dirección del CIE no autorizó el reinicio de las visitas de las ONG y de las familias de los internos, y Migra Studium ha denunciado que el Ministerio de Interior y los órganos judiciales «normalicen la situación de aislamiento social de los internos».

El informe ha constatado la falta de transparencia y previsión de la dirección del CIE a la hora de gestionar los episodios de contagios por coronavirus en el CIE, y desde la fundación han asegurado que «el trato sobre los internos enfermos por Covid-19 llega a presentar rasgos cercanos a la comisión del delito de torturas y/o contra la integridad moral».

Migra Studium y la Asociación Iridia solicitaron a los Juzgados de Instrucción que las personas que tengan que cumplir aislamiento sean trasladadas «a un lugar adecuado», y reclaman que los Juzgados de control del CIE establezcan qué espacios y de qué forma se tienen que verificar los confinamientos en el centro garantizando los derechos y estableciendo protocoles de actuación.

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

El Servicio Jesuita a Migrantes, entidad de la que forma parte Migra Studium, ha mostrado en el informe anual que durante el 2020 fueron internadas en los CIE de todo el Estado un total de 2.224 personas, la gran mayoría (79%) por motivos de devolución después de una entrada irregular, seguida de motivos de expulsión (16%).

Ha explicado que 42 menores fueron identificados –casi un 2% del total de internos–, «una cifra que pone en duda la fiabilidad de las pruebas de determinación de la edad», y que 766 solicitaron asilo y 84 fueron aisladas de manera preventiva –72 de ellas en el CIE de la Zona Franca–.

Han detallado también que del total de personas devueltas a España (1.904), solo un 28% lo fueron desde el CIE, y del total de expulsiones (1.835), un 38% fueron desde el CIE.

La hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y diputada regional electa, Isa Serra, ha anunciado esta tarde que deja el Parlamento regional para asumir nuevas responsabilidades en su partido a nivel nacional y lograr «una república plurinacional y feminista».

En un vídeo publicado en redes sociales, Serra ha decidido «pasar a nueva etapa, aportar a la transformación desde otro espacio y asumir otras responsabilidades en Podemos estatal y acompañar a Ione Belarra e impulsar más lejos este proyecto político».

La también portavoz nacional de Podemos ha indicado que su salida de la Cámara regional, a la que llegó en 2015, no tiene como motivo principal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que la condenó a un año y siete meses de prisión por agredir a policías durante una protesta contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en enero de 2014. De hecho, el recurso en el Supremo tendrá que salir en los próximos días.

«No es la razón principal pero es cierto que independientemente de la respuesta del Supremo el daño está hecho con mentiras, acusaciones falsa, montajes de poderes que siguen siendo impunes, con una estrategia para amedrentar a quienes defendemos los derechos humanos como activistas o desde las instituciones y de invalidarnos políticamente. Esa sentencia vergonzosa e injusta y su utilización por parte de las derechas para la campaña permanente muestra la connivencia de sus intereses con el poder judicial, y que utilizan como arieta contra nosotras», ha esgrimido.

«HEMOS CONSEGUIDO MUCHÍSIMO PERO NO ES SUFICIENTE»

Isa Serra ha manifestado que desde que nació Podemos en 2014 «han conseguido muchísimo» y el partido «ha sido y es motor de las transformaciones sociales en España». «No es suficiente, por lo que tenemos que seguir esforzándonos y luchando para que se cumpla el acuerdo de Gobierno (central) pese a las resistencias que nos encontramos cada día, unas residencias que no hacen más que demostrar que no nos podemos conformar y que seguiremos hacia un horizonte de la república plurinacional y feminista», ha apuntado.

«Hemos conseguido mucho con demasiado en contra. Con los poderes económicos y mediáticos, con el poder judicial en contra, no han parado de intentar que bajáramos los brazos en todo el país, pero sobre todo en Madrid. Gracias a todos, pero sobre todo por las personas que han confiando en este proyecto aquí estamos. Estoy muy orgullosa de la capacidad que hemos demostrado, del trabajo hecho desde que entramos en la Asamblea en 2015, de la difícil tarea de resistir en 2019 y de crecer en 2021 con Pablo Iglesias», ha proseguido.

La hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea se ha mostrado convencida «hoy más que ayer» del espacio y propuestas políticas de Podemos para hacer frente a las políticas del Partido Popular «contra los servicios públicos, que solo crean pobreza, segregación y desigualdad».

«El camino correcto no suele ser el más fácil; al contrario, es el más difícil e incómodo. Pero el único que nos permite conseguir victoria para la vida de las mayoría y no ceder ante las presiones de los grandes poderes; fiel a las mayorías sociales con valentía y firmeza. Eso es Podemos y el proyecto en el que creo», ha esgrimido.

Un proyecto político, ha continuado Serra, que es «una herramienta muy valiosa que hay de hacer crecer y cuidar». «Quiero dedicar mi tiempo y esfuerzo para avanzar en la justicia social. Tenemos todo el futuro por delante y ese futuro necesita de nuestro compromiso. Podemos pasa a una nueva etapa, y yo también. Asumiré nuevas responsabilidades. Gracias por cada apoyo. Mi compromiso sigue intacto. ¡Tenemos todo el futuro por delante!. Seguimos», ha concluido.

La Comisión Europea ha pedido este lunes usar la actual crisis generada por la pandemia para atajar la desigualdad de género en el sector cultural en la Unión Europea, en especial el fenómeno de la brecha salarial y el acoso sexual.

En su informe ‘Hacia la igualdad de género en el sector cultural y creativo’ pone el foco sobre la situación en el mundo de la cultura y el arte y da continuidad a las reivindicaciones de movimientos como el ‘Me Too’. Según ha defendido la comisaria de Cultura, Mariya Gabriel, los sectores culturales y creativos influyen en los valores y actitudes de nuestra sociedad, por lo que ha señalado la importancia de derribar barreras que todavía existen para las mujeres en este sector.

«Este informe llega en un momento crucial, ya que reabrimos y repensamos nuestros sectores culturales y creativos para ser más inclusivos y sostenibles después de la pandemia de coronavirus», ha asegurado la comisaria búlgara.

El estudio pone el foco sobre cuestiones que lastran el desarrollo de las mujeres en el sector cultural y plantea medidas para combatir esta problemática. En primer lugar, apunta a los estereotipos de género como el centro de la desigualdad de género, apunta el estudio. Las normas sociales y las expectativas a menudo limitan el talento y las habilidades de los chicos y chicas y de las mujeres y hombres para desarrollar su carrera artística, lo que limita la pluralidad de la cultura«, recoge el informe.

De igual manera, alerta de que las relaciones de poder y las «jerarquías invisibles» del sector hacen que el acoso sexual suceda «más frecuentemente de lo que muestran las estadísticas». La organización más informal del sector castiga igualmente a las mujeres, que se enfrentan a «discriminación sistémica» como la segregación cultural y el fenómeno de los techos de cristal, lo que repercute en la brecha salarial.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el informe pone sobre la mesa una serie de propuestas destinadas a resolver la desigualdad de género en el sector. Para empezar, pide a los actores del sector dar ejemplo y promocionar la igualdad en el trabajo y la paridad en sus equipos, además de usar lenguaje inclusivo.

Bruselas ve importante que los propios actores del sector cultural den visibilidad a la lucha contra la desigualdad y se involucren en actividades que fomenten la inclusión y la diversidad.

Para atajar el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación en el sector, el informe recomienda aplicar una política de tolerancia cero, que incluya capacitación en igualdad de género, apoyo a las víctimas y medidas disciplinarias contra los agresores.

Asimismo, recalca la importancia de añadir la perspectiva de género a todas las políticas relacionadas con el mundo artístico, en concreto en las normas, regulaciones, presupuestos e iniciativas que logren crear más conciencia.

Por último, considera importante establecer registro de datos para tener estadísticas que sean comparables entre países y sectores, así como promocionar la investigación en este campo.

La acusación particular que ejerce la familia de Dolores Ortiz, asesinada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en 2020 ha solicitado al menos 25 años de prisión para el acusado por el «brutal ensañamiento» del crimen.

Así lo ha solicitado este lunes, cuando ha comenzado en la Audiencia de Sevilla el juicio promovido contra Abel M.L., el varón acusado de asesinar a Dolores Ortiz, la vecina del municipio cuyo cadáver fue descubierto la madrugada del 1 de febrero de 2020 en la plaza de Blas Infante de dicho municipio.

Por este crimen la Fiscalía reclama para él 20 años de cárcel, mientras las acusaciones particulares que ejercen familiares de la víctima piden 25 y 27 años de cárcel señalando el «brutal ensañamiento» y la defensa del acusado alega que no pesa «una sola prueba» de culpa y que el mismo «estaba durmiendo» en el momento de los hechos.

La primera sesión del juicio ha contado con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en la causa, que son la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la hija de la víctima, la acusación particular que ejercen además la madre y un hermano, la acusación popular que ejercer la Junta de Andalucía y la defensa del inculpado.

En ese contexto, ha sido leído el escrito de acusación de la Fiscalía, que relata que la víctima y el acusado, ambos toxicómanos de San Juan de Aznalfarache, mantuvieron una relación sentimental que terminó en 2010, si bien los dos «continuaban viéndose» y consumían juntos sustancias estupefacientes, marco en el que Abel M.L. «utilizaba» supuestamente a su expareja para que acudiera a comprar, le quitaba el dinero o y además las dosis que conseguía, llegando a agredirla «en varias ocasiones».

Tal extremo motivó que en los meses previos al crimen, Dolores Ortiz se ocultase del acusado por «miedo», según la Fiscalía, toda vez que ya entre las 4,30 y las 5,30 horas de la madrugada del 1 de febrero de 2020, siempre según la Fiscalía, el acusado sorprendió a su expareja sentada «de cuclillas» bajo un murete de la plaza de Blas Infante, «consumiendo sustancias estupefacientes bajo un chaquetón que tenía echado sobre la cabeza a modo de capota para no perder ni una brizna del humo de la droga».

«MÁS DE 23 GOLPES»

«A sabiendas» de que estando en esta situación las posibilidades de defensa de la fallecida «eran escasas» y «guiado por ánimo de acabar con su vida», según el escrito de acusación de la Fiscalía, el investigado se acercó a su expareja y, «de forma sorpresiva», le arreó «más de 23 golpes» con un objeto contundente, de peso y al menos con un borde, el cual no ha sido hallado, concatenando los golpes «sin control y con inusitada fuerza» en el cráneo de la mujer, fallecida por un traumatismo craneoencefálico severo.

Detectando un presunto delito de asesinato «con alevosía» y con la agravante de parentesco, la Fiscalía reclama para el inculpado 20 años de cárcel y diez años de libertad vigilada post penitenciaria; mientras las acusaciones particulares que ejercen los familiares de la víctima solicitan 25 y 27 años de cárcel respectivamente por un delito de asesinato y otro delito más de malos tratos continuados.

«ENSAÑAMIENTO BRUTAL»

Y es que según el abogado de la hija de la víctima, se trata de un asesinato con «alevosía» y además ensañamiento, dado que para obtener los fines pretendidos, el acusado «no necesitaba ese aluvión de golpes» y esa «acción brutal y violentísima» que incrementó el «sufrimiento» de Dolores Ortiz. Además, este abogado ha señalado que antes de este «brutal» asesinato, el acusado habría sometido a la mujer a una prolongada «acción amenazante y vejatoria», llegando a obligarla a prostituirse para conseguir dinero para las drogas, extremos en los que ha coincidido el abogado de la madre y el hermano de Dolores Ortiz.

El abogado defensor del acusado, de otro lado, ha invocado el principio de presunción de inocencia y ha alertado al jurado popular de que en las actuaciones policiales y judiciales no pesa «ni una sola prueba» que demuestre que Abel M.L. fue el autor del crimen.

Asegurando que el encartado estaba «durmiendo en su casa» en los momentos en los que fue asesinada Dolores Ortiz, el letrado de la defensa ha insistido en que más allá de «alguna que otra discusión» entre la víctima y el encartado, no hay «ninguna prueba» de que este último cometiese el crimen. En ese sentido, el abogado defensor de Abel M.L. ha descartado toda culpabilidad respecto a su patrocinado, aseverando que «el autor de los hechos está en la calle».

Agentes de la Guardia Civil de Picassent (Valencia) han detenido a un hombre de 32 años que agredió y dejó inconsciente al conductor de un vehículo tras recriminarle a este que estuvo a punto de atropellarle cuando cruzaba por un paso de peatones junto a su pareja y su bebé.

Los hechos ocurrieron en una de las principales calles del municipio, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. Los agentes recibieron un aviso de la Policía Local tras tener conocimiento de una agresión con resultado de lesiones.

Al parecer, el conductor de un turismo no respetó un paso de peatones y estuvo a punto de atropellar a una pareja con un carrito de bebé que iba a cruzar en este momento. El hombre que portaba el carrito recriminó esta acción al conductor y le propinó un puñetazo, dejándole inconsciente en la vía pública.

Tras visionar una cámara de seguridad del Ayuntamiento, los agentes comprobaron cómo efectivamente el conductor del turismo estuvo a punto de atropellar a la pareja, junto a su bebé.

Entonces, el hombre que empujaba el carrito se dirigió hacia el vehículo y le dio varias patadas, recriminándole la acción al conductor del mismo.

Cuando esta persona bajó del vehículo gesticulando con las manos para, al parecer, disculparse, el ahora detenido le dio un fuerte puñetazo en la cara y le golpeó la cabeza contra el suelo, donde quedó inconsciente.

De inmediato acudieron varias personas que se encontraban en la terraza de un bar próximo, mientras el presunto agresor comprobaba que el conductor del vehículo estaba inconsciente, por lo que lo colocó en posición lateral de seguridad.

Posteriormente, los testigos allí presentes dieron aviso a la Policía Local. El presunto agresor huyó del lugar ante la llegada de los agentes.

El conductor del vehículo, dada la agresión sufrida, tuvo que ser asistido inicialmente en el Centro de Salud de la localidad y posteriormente en el Hospital General de València. Seguidamente, inició la correspondiente denuncia, en la que aportó parte de lesiones y un presupuesto de los daños ocasionados al vehículo, que ascendían a 605 euros.

Por todo los anterior, la Guardia Civil de Picassent, tras varias gestiones, ha detenido al autor de los hechos, un hombre de 32 años de nacionalidad española, acusado de los delitos de lesiones y de daños en vehículo. Las diligencias y el detenido han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Picassent (Valencia).

El primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden, se producirá cuando sus respectivas agendas «lo hagan posible», según señala el Ministerio de Asuntos Exteriores en una respuesta parlamentaria en el Senado.

Sánchez aún no ha hablado por teléfono con Biden, que llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y ni siquiera hubo un primer contacto después de su victoria frente a Donald Trump en las elecciones del pasado 3 de noviembre, lo cual ha generado críticas desde la oposición, incluido el PP, cuyo grupo parlamentario en el Senado es el que ha presentado la pregunta.

En concreto, en su pregunta fechada el 29 de abril, los ‘populares’ piden al departamento que dirige Arancha González Laya que aclare si «es posible prever la celebración en los próximos meses de un encuentro entre el presidente Biden y el presidente del Gobierno».

Sánchez «celebrará un encuentro con su homólogo estadounidense cuando sus respectivas agendas lo hagan posible, lo que sin duda se verá facilitado con las previsibles mejoras de la movilidad», sostiene Exteriores en su respuesta, fechada el jueves pasado, tras recordar que el presidente fue uno de los 40 líderes internacionales a los que el inquilino de la Casa Blanca invitó a la Cumbre sobre el Cambio Climático del 22 de abril.

Precisamente, las agendas de ambos coincidirán el próximo lunes en Bruselas, donde Biden y Sánchez participarán en la cumbre de líderes de la OTAN.

Por el momento, la agenda oficial del presidente estadounidense ofrecida la semana pasada por la Casa Blanca no incluye ningún encuentro con Sánchez en los márgenes de la cita de líderes de la Alianza Atlántica, como sí es el caso del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Tampoco Moncloa ha informado de que vaya a producirse un encuentro bilateral.

CONTACTOS DE LAYA

Por lo que se refiere a los contactos mantenidos por González Laya, por los que también se interesa el PP en su pregunta parlamentaria, Exteriores recuerda que esta mantuvo «una primera extensa conversación telefónica» con el secretario de Estado, Antony Blinken, el 16 de febrero «en la que se destacó el buen estado de una relación basada en una amistad histórica».

Ambos coincidieron posteriormente el 23 de marzo en la reunión ministerial de la OTAN, cuando hubo un «breve encuentro presencial» en el que los dos jefes de la diplomacia «se reiteraron la voluntad de seguir reforzando la relación bilateral».

Asimismo, según la respuesta, la ministra ha participado junto a sus homólogos de la UE en videoconferencias con el enviado especial presidencial para el Clima, John Kerry, el 22 de enero y el 10 de mayo, y con Blinken el 23 de marzo.

«Las expectativas de una mejora de la movilidad, gracias a la progresiva contención de la pandemia, facilitarán sin duda futuras reuniones presenciales», sostiene Exteriores, que en todo momento ha asegurado que la relación con Estados Unidos es excelente y los contactos son fluidos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a una organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía que, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, habría cometido supuestamente un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 propone sentar en el banquillo de los acusados al presunto jefe de la trama, el presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, al director general de la mercantil y su lugarteniente, José Norberto Uzal, así como a otra veintena de personas, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Calama también acuerda proceder contra Hafesa Energía como persona jurídica.

Según el juez los hechos ejecutados por la trama tenían como objeto «evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos». Al incorporar el IVA repercutido a su patrimonio, «obtuvieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta», además de una cierta monopolización del mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, «pues la mercancía se vendía por debajo del precio de coste».

En su resolución, Calama considera acreditada la existencia de una organización constituida en torno a la mercantil Hafesa Energía que bajo la batuta de Hamlyn diseñó e implementó «de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles».

Así, crearon toda una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica real, eran «cascarones vacíos», y operaban como meros satélites de Hafesa Energía con el único propósito de servir de instrumento para llevar a efecto un fraude en el Impuesto de Valor Añadido (IVA). Las interponían entre su posición y el consumidor final –las gasolineras–, «utilizando la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial de la sociedad instrumental».

Este negocio ilegal se basaba así, según el juez, en que las empresas utilizadas no soportaban IVA cuando adquirían hidrocarburos, pero en cambio sí que repercutían dicho impuesto en la práctica totalidad de las ventas realizadas.

Esta práctica se prolonga en el tiempo, reponiendo las sociedades que son intervenidas en una actuación administrativa o penal a causa de las deudas que contraen con la AEAT, o desprendiéndose de ellas por razones de seguridad relacionas con dicho impago a la Hacienda Pública.

En definitiva, concluye, esas sociedades mercantiles «han sido dispuestas, creadas o adquiridas con la connivencia, el fomento, la participación o la acción directa, de los responsables de este grupo empresarial y han sido integradas en su estructura para la comisión de la operativa defraudatoria».

CRIPTOMONEDAS PARA EL BLANQUEO

El auto judicial señala que las cuotas defraudadas a través de las sociedades instrumentales «han sido sometidas a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros, de los cuales aparece identificada la finalidad última respecto de casi 30 millones».

Los principales destinos a los que la organización criminal ha dedicado dicha cantidad son la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y talones (1,52 millones de euros) e Inversión en otras empresas, como, por ejemplo, la compra de la operadora SANVEZ (5,67 millones de euros).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes la estrategia España 2050, ha pedido un esfuerzo a las instituciones, partidos, empresas y demás agentes para liderar la recuperación económica y situar a España como «uno de los ocho estados con mayores cotas de desarrollo y bienestar».

Lo ha dicho en el acto de condecoración al editor Javier Godó en el 250 aniversario de Fomento del Trabajo, al que han acudido el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre; el teniente de alcalde Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

«Es un objetivo ambicioso pero perfectamente posible si se da la condición, imprescindible a mi juicio, de que sumemos todos como gran proyecto colectivo, evitando protagonismos innecesarios o interesados, prescindiendo de la pequeña pelea política», ha defendido.

Ha destacado la labor tanto del Grupo Godó como de la patronal, de las que ha destacado la longevidad y el éxito cosechado, y ha concluido que suponen una muestra de la «importancia del largo plazo» que ha reivindicado también para los proyectos que requieren la política actual y la recuperación económica.

Sánchez ha hablado de proyectos sostenidos en el tiempo, pensados «no para acallar urgencias del ahora, sino dar respuesta a necesidades del mañana», y ha subrayado la necesidad de saber afrontar cambios y acometer las reformas que ve imprescindibles.

En ese sentido, ha pedido a asociaciones, a pymes y a autónomos a sumarse con entusiasmo al proyecto España 2050, que ha calificado de común y transformador: «Os necesitamos. Sois imprescindibles. Cataluña es imprescindible. Necesitamos la mejor versión de Cataluña para liderar la modernización de nuestro país. Necesitamos que Cataluña se ponga en marcha porque el momento ha llegado».

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el golpe de la crisis generado por la pandemia ahonda las consecuencias que se venían arrastrando de la crisis financiera de 2008, pero ha pedido ver las posibilidades que se abren en la actualidad para iniciar un proceso de modernización que cree que determinará el futuro de España en las próximas tres décadas, por lo que ha pedido a todos «ser generosos y responsables».

Al acto también han asistido el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa; el expresidente del Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà; los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, y el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, entre otros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que Andalucía descarta revisar la hoja de ruta que anunció a la conclusión del estado de alarma, el 9 de mayo, después de que el Gobierno impulsara nuevas restricciones de horarios y aforos a la actividad de la hostelería tras la reunión del Consejo Interterritorial del 2 de junio, publicadas el 5 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Andalucía no va a aceptar las cosas que no son razonables, dialogadas» sobre las nuevas limitaciones que se plantea el Gobierno, ha afirmado Moreno a preguntas de los periodistas, en la que ha sido su reaparición pública para presentar el proyecto del nuevo Hospital Cartuja-Macarena, después de haber sido positivo en coronavirus y mantener la cuarentena pertinente, hecho que se anunció el 27 de mayo.

«Es un lamentable error», ha proseguido explicando Moreno, «imponernos, cuando la cogobernanza no es imposición, cuando no hay base normativa, por mucho que se publique en el Boletín Oficial del Estado».

«Tenemos nuestra propia desescalada, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones», ha afirmado Moreno, quien ha reivindicado lo que ha descrito como el Plan de Desescalada de Andalucía, para indicar que «existen niveles, que se van moviendo en función de las incidencia, tenemos los niveles, cambian los aforos, es lo que llamamos el semáforo».

El presidente andaluz ha deseado que el Ministerio de Sanidad «reflexione, razone, vuelva a la senda diálogo», ejercicio para el cual ha ofrecido «la mano tendida» del Gobierno, convencido de que «el acuerdo es necesario», así como ha indicado que «sumamos, llegamos más lejos, cuando todos empujamos en la misma dirección».

Moreno, quien ha afirmado que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha hablado este lunes con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado que «esperamos, deseamos, tenemos la plena voluntad de llegar a cumplir los acuerdos pactados».

El presidente de la Junta de Andalucía ha calificado la reacción del Gobierno de llevar nuestras restricciones al órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades autónomas como «una enorme polémica completamente absurda por parte del Ministerio de Sanidad, que sigo si entender».

Moreno ha argumentado que el Gobierno «ha disfrutado del estado de alarma», instrumento jurídico para suspender una serie de derechos fundamentales, «que le proporcionaba una serie de prerrogativas para imponer al sistema nacional de salud criterios y objetivos».

El presidente de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto que la secuencia de hechos, según la cual, el Gobierno «deja caer el estado de alarma de manera unilateral, pierde la capacidad de imposición, ellos pueden recomendar, planificar, y ellos lo saben».

«No logro entender cómo durante diez meses el Ministerio no ha asumido el protagonismo ni el liderazgo, que han sido las comunidades autónomas las que han tomado las decisiones sobre el cierre de la hostelería, y ahora, al final de la pandemia, tiene un brote de autoridad y diga yo controlo», ha razonado Moreno en su relato de la estrategia contra el coronavirus que ha mantenido el Gobierno tras el final del estado de alarma.

El presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado la paradoja de que «hay comunidades autónomas que han votado a favor como La Rioja, que es socialista, la están incumpliendo».

La Biblioteca Nacional abrirá a partir de este miércoles 9 de junio la exposición ‘Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad’, un recorrido por la figura de la escritora gallega en el centenario de su fallecimiento que desvela a una «feminista radical, capaz de ser conservadora y progresista a la vez».

«Ya cuando estaba escribiendo su biografía me surgió esa pregunta inquietante ¿Se puede ser conservadora y progresita a la vez? Sí, porque ella lo fue: intentaba hacer lo de siempre en un país tan polarizado como éste (antes también lo era), y por eso querían encasillarla en la cultura política», ha explicado la comisaria de la muestra y biógrafa de la autora, Isabel Burdiel.

De hecho, Burdiel ha recordado que una parte de Pardo Bazán que se quiere resaltar con la exposición es su «lado moderno y antimoderno», algo que le pone a la «altura de otros grandes como Baudelaire». «Era de esos modernos que no creen en toda la modernidad ni que haya una linealidad: no se fían de ella», ha comentado.

La experta ‘pardobazaniana’ ha defendido que la autora de ‘Los pazos de Ulloa’ fue «una feminista absolutamente radical» con puntos de vista novedosos para la época. «Por ejemplo, la maternidad. Ella pensaba que no es el destino fundamental de la mujer, sino una elección –ella fue madre de tres hijos–, una cuestión que era intocable en ese momento», ha resaltado.

La muestra –con la colaboración de Acción Cultural Española, la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid– incluye más de dos centenares de piezas como libros, manuscritos, fotografías, óleos, dibujos o muebles, además de abordar otras facetas de Pardo Bazán más allá de la de escritora (periodista, crítica literaria, política, empresaria o dramaturga). Pero Burdiel ha puesto el foco en un documento inédito.

Se trata de una carta, que se encontraba en la Fundación Lázaro Galdiano, que le escribe su antiguo confesor con ocasión de la muerte de su padre, al que ella adoraba. «Le acusa de ser culpable de la muerte de su progenitor por el tipo de vida que lleva en Madrid y también porque se había separado y quería que volviera con el marido. Es brutal y de un chantaje absoluto», ha lamentado Burdiel.

«‘¿Será temerario suponer que la (…) inesperada muerte de su buen Padre es el medio de terror y espanto con que Dios la llama nuevamente, ya que usted no hizo caso alguno de los consejos que le dio su confesor? Fue un castigo que Dios quiso ejecutar en el Padre, en la hija o en ambos dos'», resalta la carta del franciscano Manuel Castellanos, fechada en abril de 1890.

GALDÓS Y EL PAZO DE MEIRÁS

La muestra también aborda dos temas de actualidad respecto a la figura de Pardo Bazán. Por un lado, su correspondencia con Pérez Galdós. «Hay dos o tres citas de Bazán y Galdós y un extracto de dos cartas de ella. No hemos querido entrar en la cosa rijosa y escandalosa de hablar de esa relación del espectáculo», ha zanjado Burdiel, quien además ha explicado que buscó las cartas desaparecidas de esta correspondencia pero no encontró «pruebas fehacientes» de su existencia.

Por el otro, el de la propiedad del Pazo de Meirás, el lugar donde vivió muchos años y pasó luego a manos de la familia Franco. «Ella hace Meirás al estilo de Víctor Hugo o de Zola, dice que ahí está grabada en piedra su sentido estético pero explícitamente no dice ‘quiero que Meirás se convierta en esto’. No hay una carta específica en la que diga que Meirás sea tal o cual cosa cuando muera», ha alertado.

Previamente, el consejero de Cultura, Educación y Universidad gallego, Román Rodríguez, ha afirmado que Pardo Bazán había «expresado su deseo» de que las Torres de Meirás pudieran ser visitadas para «conocer su trabajo». «Ojalá próximamente ver cumplido su sueño y tener un lugar donde honrar su trabajo», ha señalado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha borrado casi la mayoría de sus mensajes en la red social Twitter y mantiene solo casi veintena de mensajes desde el pasado 4 de junio, que versan fundamentalmente sobre la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos animando a los inscritos a votar.

En su cuenta comparte también varios comentarios e intervenciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que aspira a liderar Podemos tras la renuncia a la política de Pablo Iglesias y en cuya lista vinculada al Consejo Ciudadano Estatal figura en el puesto número siete.

«El paso que ha dado por Ione Belarra para dirigir Podemos tras Pablo Iglesias es un paso cargado de responsabilidad y de valentía. Por eso, votar en nuestra cuarta Asamblea, además de hacer a Podemos más fuerte, también es decirle a Ione: ‘Estamos aquí detrás’, desgrana en uno de esos mensajes.

También comparte otros mensajes, como el de la dirigente de la formación morada en Cataluña y compañera de lista, Conchi Abellán, sobre una concentración en contra de un Expediente de Regulación de Empleo de una compañía telefónica.

Además, incluye otro valorando positivamente el acuerdo de los países del G7 para aplicar un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones, una medida que propusieron desde Podemos desde hace años para lamentar que entonces les llamarán «peligrosos comunistas».

El portavoz de Unidas Podemos ha generado en alguna ocasión polémica a raíz de comentarios en las redes sociales. En marzo y a raíz de un mensaje sobre los primeras concentraciones que demandaban la excarcelación del rapero Pablo Hasél, la Confederación de Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) registraron sendas denuncias por considerar que incitó a la violencia, ante lo cual la Fiscalía del Tribunal Supremo acordó incoar diligencias.

YA BORRÓ GRAN PARTE DE SUS MENSAJES EN 2019

Fuentes de la formación morada han señalado que el borrado de estos mensajes no obedece a ningún motivo especial y le restan importancia, al recordar que ya hizo lo mismo en 2019, cuando eliminó gran parte de su historial de mensajes.

Entonces, la supresión de esos comentarios generó entonces revuelo en redes sociales al producirse cuando se llevaban a cabo las negociaciones con el PSOE para la investidura del presidente Pedro Sánchez, así como la conformación del nuevo Ejecutivo de coalición.

Recientemente, Echenique se mostró «totalmente de acuerdo» con la posición de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, cuando en una reunión con el grupo parlamentario pidió menos «ruido» y «Twitter».

En este sentido, reivindicó las «políticas públicas» impulsadas por su espacio político dentro del Ejecutivo de coalición, aspecto que destaca sobre todo al inicio de sus comparecencias en las habituales ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso.