La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha intervenido en la Feria para la Repoblación de la España Rural, ‘Presura’, celebrada este viernes en Soria, donde ha apostado por un sistema de cuidados para que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas y en el medio rural.

La ministra Ione Belarra, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitare, han protagonizado la primera mesa de debate en Presura, moderada por el periodista Raúl Conde.

La ministra de la Agenda 2030 ha comenzado su intervención recordando que, en el marco de la estrategia de Desarrollo Sostenible, «uno de los retos es la revitalización del medio rural».

«El cuidado a los dependientes es un trabajo que no se puede deslocalizar del mundo rural para que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa, el sistema de cuidados en España ha estado sistemáticamente excluido de la política pública y ha recaído completamente sobre la espalda de las mujeres», ha lamentado Belarra.

ESCUCHAR A LOS TERRITORIOS

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha recalcado que para tomar medidas «hay que escuchar a los territorios» aunque «no hay soluciones sencillas» y ha incidido en la importancia de que el desarrollo «proteja el paisaje rural y apueste por energías renovables».

Asimismo, ha recalcado que en su comunidad cuentan con cuatro ejes como son el «mantenimiento de la población; la transformación digital en todas las zonas; medidas para la igualdad de género y el acceso a los servicios públicos».

Andreu ha recalcado la complejidad del reto demográfico ya que la despoblación es un problema «de muchos países de Europa».

RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Juan López de Uralde ha señalado que la «renovación legislativa es imprescindible, especialmente la parte sobre cómo apoyar la recuperación del mundo rural».

Asimismo, ha subrayado que otra «ley importante» es la de la cadena alimentaria, porque «tiene que ver con la supervivencia de las pequeñas explotaciones».

«Estamos poniendo al día una legislación ambiental que había quedado obsoleta, todas las leyes se fueron reduciendo, y en ese cambio de modelo el principal reto que tiene nuestro país es la utilización correcta de la biodiversidad», ha señalado el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Uralde ha apuntado que este foro, en el marco de Presura, «ha hecho posible que este problema de la despoblación del mundo rural se haya hecho visible».

«MOMENTO DE CONSEGUIR EL IMPULSO»

Tomás Guitarte ha incidido en que «este debe ser el momento en el que consigamos el impulso para en los próximos años revertir la situación del mundo rural».

«Para nosotros todo el problema es un problema de desigualdad entre todos los territorios, tenemos que romper la idea de que lo rural es el patio trasero de las ciudades», ha señalado el Diputado de Teruel Existe, que ha recordado que en el Congreso no solo defienden a su provincia «sino a todas las zonas de la España Vaciada» por lo que ha pedido al Gobierno «que evite que todos estos pueblos mueran».

Guitarte se ha referido durante su debate a la irrupción de la despoblación y el equilibrio territorial en la agenda política y mediática.

El Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas, cuya entrada en prisión fue acordada este pasado jueves por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a raíz de que el Tribunal Supremo la condenara a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. Esta condena se produjo después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

Fuentes del Ministerio de Justicia ha confirmado que la tramitación del indulto total solicitado por esta madre de Maracena (Granada) ya se ha iniciado, con la petición de informe al tribunal sentenciador.

Sobre este asunto se pronunció ayer a través de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien defendió la necesidad de una «justicia feminista» para Juana Rivas y señaló que están «a tiempo» de conseguirlo, pues trabajan «para que así sea».

El letrado de Rivas, Carlos Aránguez, ha trasladado en declaraciones a los medios su «indignación» con que el Juzgado haya decretado el ingreso «inmediato» en prisión para su cliente, por entender que es una «actuación sorpresiva» frente a una persona que solicitó el indulto el pasado 4 de mayo al Gobierno y que «tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años de prisión» siendo además «delincuente primaria con una buena red de apoyo familiar y laboral».

La defensa de Rivas ha anunciado que recurrirán la decisión del juez, primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia de Granada por entender que «no está siendo escuchada» por la justicia. «No es que no se le esté aplicando una perspectiva de género que en este tipo de procedimientos judiciales está expresamente previsto en la Ley de Igualdad y en el convenio de Estambul, es que no se le está dando el mismo trato que a otros reos a los que se les da un plazo y posibilidades de recurrir».

Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, ha solicitado al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo «comprensible desde el punto de vista humano» como es «proteger a sus hijos» y recalca que «como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena», mientras que en Italia se «continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar».

La defensa de la expareja de Juana Rivas, ejercida por el letrado Enrique Zambrano, mantiene que concederle el indulto sería «un auténtico escándalo» y un «descrédito» para esta medida de gracia. Censura de hecho que se haya catalogado como una víctima de violencia de género en la petición de indulto y que se «criminalice» a su cliente cuando no existe «ni una sola resolución judicial» ni en España ni en Italia «que les de la razón sino todo lo contrario, a pesar de la interminable colección de procedimientos» presentados en este tiempo y que han sido archivados, según señaló hace unos días en declaraciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que España será uno de los países que desde el próximo 7 de junio participará en la prueba general para poner en marcha el denominado Certificado Verde UE Covid, que comenzará a funcionar el 1 de julio para reactivar el turismo internacional.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la inauguración de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural ‘Presura 20’ en Soria, en la que ha puesto en valor el turismo interior y rural en España que se impulsó ya durante el pasado verano y que espera que este verano también siga creciendo.

«Quiero comenzar anunciando que España va estar también entre los países que van a realizar la prueba general que se inicia a partir del 7 de junio y que va a ser decisiva para poner en marcha el certificado verde digital antes de que comience el verano», ha asegurado.

Según Sánchez, se trata de una «gran noticia para la industria turística», pero «no sólo para los destinos turísticos de sol y playa, sino también para la oferta interior que crece en número y atractivo».

El jefe del Ejecutivo ya anunció la semana pasada en Fitur que ese Certificado Verde UE Covid se pondrá en marcha el próximo 1 de julio y que facilitará la movilidad de los ciudadanos europeos vacunados, que presenten anticuerpos o prueba con resultado negativo dentro de la UE.

También anunció que España permitirá a partir del próximo 7 de junio la entrada a los viajeros de todos los países que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Todo ello significa, según ha defendido Sánchez este viernes, que entramos ya en «una nueva etapa de superación de la pandemia, de reparación de daños y de transformación» del país. «Una nueva etapa de recuperación de indicadores muy positivos», ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que ya cuentan con datos para afirmar que este mes de mayo los afiliados a la Seguridad Social van a superar los que había en febrero de 2020, antes de que estallar la pandemia del coronavirus.

CAMINANDO A LA INMUNIDAD DE GRUPO

Y es que Sánchez ha aprovechado la presencialidad de este evento, al que acudirán a lo largo del día distintas figuras políticas, para reivindicar la recuperación paulatina de los «espacios de normalidad» que había antes de la pandemia del Covid-19.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el proceso de vacunación, poniendo sobre la mesa los datos de vacunación alcanzados hasta el momento y recalcando que España va «caminando a la inmunidad de grupo».

Así, con datos del Ministerio de Sanidad, hasta este jueves, España ha administrado 25.745.178 vacunas contra la Covid-19, de las cuales han servido para que 17.487.591 personas tengan una dosis de estas vacunas, y 8.614.678 personas hayan recibido ya la pauta completa, lo que supone un 18,2% de la población.

El anterior Govern liderado por el presidente Quim Torra y después el vicepresidente Pere Aragonès –ahora jefe del Ejecutivo– ha terminado su mandato obteniendo su peor valoración, ya que los catalanes lo suspenden con una nota media de 3,39, según la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así lo refleja la encuesta sobre contexto político en Cataluña de 2021, publicada este viernes y que se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas entre el 11 y el 19 de mayo –se comenzó a elaborar tras la ruptura de las negociaciones de ERC y Junts para formar Govern y se terminó ya con acuerdo entre las dos formaciones y antes de constituirse el nuevo Ejecuvio– y tiene un margen de error de 2,83.

Si se compara con las notas medias de valoración de las encuestas de los últimos años, el Govern que acaba de abandonar sus responsabilidades obtiene su peor puntuación de toda la legislatura: comenzó con un 4,31 en julio de 2018, bajó hasta un 3,72 en octubre de ese año y en 2019 se mantuvo en esos valores llegando a un 3,43 en noviembre, mientras que en 2020 mejoró ligeramente alcanzando su máximo en julio con un 4,07, y finaliza con un 3,39, ya en funciones y sin presidente tras la inhabilitación de Torra.

El 62,1% de los encuestados suspenden la gestión del Govern –le ponen una nota por debajo del ‘5’– y destaca que la valoración que más ponen –el 23,2% de los participantes en la encuesta– es el ‘0’.

El 36,3% ponen una nota por encima del ‘5’ aprobando la gestión del Ejecutivo catalán, mientras que el 1,1% no lo sabe y el 0,6% no contesta.

Respecto a la última encuesta, publicada en enero justo antes de las elecciones del 14 de febrero, ha habido grandes cambios: en ese momento el 45,9% suspendía al Govern, es decir, que la desafección ante el Ejecutivo ha aumentado 16,2 puntos en cuatro meses, mientras que el 51% aprobaba su gestión, 14,7 puntos más que ahora.

GOBIERNO CENTRAL

La encuesta también muestra la valoración de los catalanes a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que también suspenden con un 3,33 de nota media, parecida a la última vez que el CEO preguntó por esta cuestión en octubre de 2020, cuando obtuvo un 3,34.

En el caso del Ejecutivo central, el 62,2% de los encuestados le ponen una nota inferior al ‘5’, destacando el 22,3% que pone un ‘0’, mientras que el 37,1% lo aprueban, el 0,4% no lo sabe y el 0,3% no contesta.

El sindiacto UGT ha reclamado este jueves a la UE una política migratoria que esté basada en el respeto a los derechos humanos y que impulse la corresponsabilidad entre los estados miembros en esta materia.

UGT hace esta petición tras conocer el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, sobre la ausencia de protección de los derechos humanos de los migrantes en Libia, ya sea en tránsito por ese país, durante su estancia en él o cuando intentan abandonarlo por la ruta del Mediterráneo Central.

El documento responsabiliza de esta situación a las decisiones políticas y medidas adoptadas por las autoridades libias, las instituciones de la Unión Europea y sus Estados Miembros, entre otros actores.

Desde el sindicato advierten de que la política migratoria comienza «en los puertos seguros» y que «contravenir las leyes del mar no prestando asistencia a personas en peligro» o «no garantizando la llegada a un puerto», cuesta vidas además de suponer también la violación de otros derechos humanos.

EL RESCATE NO ES POLÍTICA, ES OBLIGACIÓN

«Subcontratar, tal como ha hecho la UE, la contención de la migración con países que reiteradamente violan los derechos humanos de las personas migrantes, como es el caso de Libia, es inaceptable y no puede considerarse parte de una política migratoria», denuncia UGT.

A su juicio, buscar y rescatar a personas en peligro en el mar, no debe ser considerado parte de la política en materia de inmigración porque, apuntan, «es una obligación, para la UE y para cada uno de sus estados miembros».

En este sentido, señala que, la política y las decisiones en materia de migraciones «comenzarán después», cuando esas personas sean «desembarcadas en un puerto seguro». «Pero seguro de verdad, un puerto comunitario, y no el de un país tercero que, a la vista de todo el mundo, viola reiteradamente los derechos humanos de los migrantes», ha advertido UGT.

El sindicato considera además que es necesaria la corresponsabilidad real de todos los estados miembros, objetivo que, denuncia, tampoco se cumple con el Nuevo pacto europeo de migración y asilo, y la garantía de que una vez en territorio comunitario las condiciones de acogida, y la identificación de las personas responden a las obligaciones marcadas por la normativa internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «inaplazable, urgente e impostergable» la tarea de revitalizar los pueblos, en todas esferas de actividad, para alcanzar la máxima cohesión social » y dar «oportunidades a todos los territorios» y se ha mostrado convencido de que «entre todos, revertir la despoblación es posible».

Así, lo ha puesto de manifiesto Sánchez durante su intervención en la inauguración de la IV Feria Nacional de Repoblación de la España Rural (Presura) que se celebra en la capital soriana y que ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; de la presidenta de Navarra, María Chivite; de La Rioja, Concepción Andreu; de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; el presidenta nacional del PP, Pablo Casado; el portavoz de Cs, Edmundo Bal, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Sánchez ha recalcado que desde el Gobierno llevan cerca de tres años «apostando por la defensa del mundo rural» a través de una «escucha activa de todas sus demandas» y también «elevando el reto demográfico a la vicepresidenta cuarta, vinculandolo a la sostenibilidad y la transformación energética».

Asimismo, ha subrayado que la despoblación es un «fenómeno generalizado» que afecta a 6.245 municipios, con especial incidencia en los de menos de 5.000 habitantes, pero también se extiende «ya» a algunas pequeñas y medianas ciudades del interior, y ha reivindicado que aunque es un «desafío complejo que va a implicar muchos años» no tiene una respuesta ni una única solución, pero el Gobierno de España «está actuando con el mayor compromiso del que nunca se ha puesto».

El presidente del Gobierno ha recordado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 140.000 millones para «avanzar en un modelo de desarrollo socieconómico y social y de transformación del país» y ha reconocido que la pandemia ha acelerado la transformación económica y el desarrollo tecnológico, pero se necesitan tres elementos «vitales» como es «la triple vertiente integradora de lo social, de género y territorial».

PLAN DE MEDIDAS DEL RETO DEMOGRÁFICO

Asimismo, ha anunciado que, desde Moncloa, de la mano del Plan de Resilencia, se ha presentado un «Plan de Medidas ante el Reto Demográfico destinará más de 10.000 millones al medio rural con y 130 líneas de acción y que tiene como objetivos «garantizar la igualad de derechos y crear oportunidades de emprendimiento y de impulso de la actividad económica»

En esta línea, ha anunciado el cien por cien de conectividad para la población de la mano del Plan España Digital 2025, primer objetivo garantizar conectividad para el 100 por cien de la población.

En cuanto a los ejes de las acciones de dicho Plan, ha destacado la «transición ecológica justa, inclusiva, innovadora, hacer de la transformación digital un elemento de bienestar, crear empleo para la gente joven especialmente, transformar los pueblos en espacios atractivos para los trabajadores, garantizar servicios públicos básicos, continuar el proceso de desconcentración institucional y apoyar a las personas en sus proyectos.

En relación al proceso de desconcentración institucional, ha recordado la llegada a la ciudad de Soria del Centro de Procesamiento de Datos, de carácter estatal.

REVITALIZAR LOS PUEBLOS.

Asimismo, Pedro Sánchez ha subrayado la necesidad de «revitalizar los pueblos en todas las esferas con el fin de alcanzar la máximas cohesión social y territorial y dar la oportunidad a todos los territorios», una tarea que «no se puede prolongar más» con el fin de evitar que España sea un país «donde los habitantes sientan que no tienen las mismas seguridades y oportunidades en función del lugar donde han nacido o les ha tocado vivir».

En este sentido, ha pedido que no se asocie rural y urbano a «pasado y futuro» y ha recordado que cerca de 4.000 municipios cuentan «con densidad inferior 12,5 km habitante», umbral que la Unión Europea reconoce como «riesgo demográfico».

Asimismo ha recordado a Miguel Delibes quien escribió: «Primero conocí mi provincia, después la amé y cuando la vi acosada por la injusticia intenté defenderla» para aseverar que el Gobierno central siempre ha apostado por la defensa del medio rural.

Para el presidente del Gobierno, hablar de despoblación, es hablar «de realidades, de personas que dejan su casa para probar suerte lejos de su tierra, de personas que se quedaron aisladas en su tierra, niños que tienen que recorrer 30 kilómetros para ir al colegio y pueblos donde las defunciones superan a los nacimientos».

«Al mismo tiempo, el reto demográfico una gran oportunidad para nuestro país porque representa opciones de vida de una comunidad que cuida de sí misma, que integra lo mejor de nuestra propia historia, la despoblación no es un fenómeno irreversible» ha subrayado Sánchez.

En este sentido, ha señalado que los pueblos «hoy más que nunca», pueden convertirse en «una alternativa de vida real para los ciudadanos», en parte por el aumento del teletrabajo.

El presidente del Gobierno ha recalcado que, «cuando las condiciones se dan», la gente «elige permanecer en su tierra y vivir en el medio rural, en una dimensión más humanas».

La comisión del Congreso que investiga la llamada ‘operación Kitchen’ recibirá la próxima semana a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido Ignacio López del Hierro, así como a los primeros responsables políticos del Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy de la primera legislatura, concretamente a quienes fueron director de la Policía, Ignacio Cosidó, y secretario de Estado, Francisco Martínez.

Ya que la próxima semana no está previsto celebrar Pleno del Congreso, la comisión ha decidido dar un acelerón a las comparecencias y ha convocado reuniones tanto el martes como el miércoles, en sesiones de mañana y tarde.

El primero en someterse al interrogatorio de los comisionados, el martes, será Cosidó, que este jueves fue señalado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo como el alto cargo que le encargó la llamada ‘operación Kitchen’. Según explicó en la comisión, fue Cosidó quien le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida para el PP.

Villarejo también confirmó que una de las personas a las que más veces reportó sobre sus indagaciones fue al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno del PP, Francisco Martínez, que ya confesó ante el juez instructor su participación en el operativo, y que comparecerá en la comisión justo después de Cosidó.

CONFESOR DE FERNÁNDEZ DÍAZ

Para el martes por la tarde se ha citado al sacerdote y ex policía Silverio Nieto. El que fuera confesor de Fernández Díaz tenía que haber acudido al Congreso el pasado 6 de mayo, pero excusó su presencia al tener que confinarse por un contacto estrecho con un enfermo de Covid-19.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, Nieto se desvinculó de la trama, aunque Francisco Martínez le informó vía Whatsapp de que había depositado ante notario los mensajes que se cruzó con el ministro sobre la ‘Kitchen’. Las comparecencias del martes las cerrará Jorge Sanchís Bordetas, que fue jefe de Gabinete de Martínez.

La comisión retomará los interrogatorios el miércoles con el marido de María Dolores de Cospedal como protagonista y, después desfilará José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido, el sucesor de Jorge Fernández Díaz como ministro.

La comparecencia de Cospedal, primera dirigente del PP que tendrá que rendir cuentas ante este órgano, se ha fijado para la tarde del miércoles. Su voz ya se escuchó este jueves en la comisión, a instancias del PSOE que, para el interrogatorio a Villarejo, recurrió a una grabación en la que se le oía hablando la también exministra de Defensa y con su marido.

MENSAJES ENTRE VILLAREJO Y RAJOY

El comisario jubilado reconoció que conoce a ambos, aunque trató de relativizar la importancia de dicha relación, y respondió con un «no» al ser preguntado si la ex secretaria general del PP le encargó algún trabajo. Sí admitió que Andrés Gómez Gordo, el policía que fue jefe de seguridad de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha, fue la persona que «preparó la cita» con Sergio Ríos para su captación.

Pero, además, Villarejo apuntó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, con quien se mensajeaba con un teléfono debido al interés que tenía de sustraer los documentos de Bárcenas sobre el PP y también «altas instituciones del Estado».

Según el listado de comparecientes acordado por la comisión, ya una vez se sustancien los interrogatorios de la semana que viene, ya sólo quedará citar al ex ministro Jorge Fernández Díaz y a Mariano Rajoy. En principio, el expresidente del será el último compareciente, aunque la comisión tiene facultad para abrir una nueva ronda de interrogatorios si lo juzga conveniente.