La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha organizado este martes el seminario de reflexión académica ‘Retos y oportunidades de Colombia en el s. XXI’, en el que han participado diversas personalidades del país sudamericano, integrantes del Consejo Asesor de UNIR Colombia, quienes han pedido mejorar la calidad de la educación para romper barreras sociales, económicas y políticas.

Una de ellas, Cecilia María Vélez, exministra de Educación colombiana (2002-2010) y presidenta del Consejo, ha afirmado que los jóvenes de su país «demandan mayor educación de calidad y salir de situaciones de pobreza» con urgencia. «Colombia es un país resiliente, que puede salir adelante», ha manifestado.

Además de Vélez, en el evento (transmitido de manera telemática desde España), han estado presentes como panelistas Moisés Wasserman, intelectual y exrector de la Universidad Nacional de Colombia (2006-2012); Gonzalo Arboleda, presidente de Colombia Excelente, y exsecretario general del Ministerio de Educación (1984-1986); y Juan Luis Mejía, exministro de Cultura (1999-2000) y exrector de la Universidad EAFIT, de Medellín (2004-2020).

También han intervenido Carlos Raúl Yepes, empresario y expresidente de Bancolombia (2011-2016), y Roberto Pombo, exdirector del diario El Tiempo (2009 – 2021). Todos ellos son miembros del Consejo Asesor de UNIR Colombia, que se encuentra estos días de visita en España.

«NECESITAMOS FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES»

Vélez ha señalado que «Colombia está atravesando una situación complicada, agudizada por el COVID-19. La economía de nuestro país está muy ligada a las materias primas y el problema del desempleo es estructural, aunque principalmente impacta en los jóvenes. Por ello, necesitamos fortalecer los servicios sociales para enfrentar este escenario. Inevitablemente, el estancamiento de la economía de Colombia ha generado mayor exclusión social».

Acto seguido, Juan Luis Mejía se ha referido a los efectos de la pandemia: «Nos ha hecho retroceder el país entre 10 y 20 años. Será una década perdida y sufrimos un gran problema de déficit fiscal para fortalecer los servicios sociales que enfrenten el desempleo. Pero también atravesamos grandes transformaciones, Una de ellas es el cambio demográfico: nuestro país está envejeciendo».

En materia educativa, ha destacado que se advierte «la carencia de una visión holística de la educación. Entre los principales retos, nos hace falta incorporar una visión integral, y dejar de interpretar la educación por compartimentos».

Por su parte, Carlos Yepes ha señalado que «los problemas por la pandemia son globales, de todos. El empresariado debe realizar una reflexión muy profunda sobre su rol en la sociedad colombiana. ¿Cómo pueden hacer los empresarios para que, a través de las universidades, conecten mejor con la sociedad? Una sociedad como la nuestra muy pocas veces pone al ciudadano en el centro. Y esta es una inmensa oportunidad. Hay una nueva ciudadanía, y a ese nuevo ciudadano hay que cuidarlo».

En su turno, Gonzalo Arboleda ha manifestado que «Colombia ha tenido muchos éxitos durante los últimos años, pero esta pandemia nos desnudó y puso en evidencia las brechas que padecemos. Entre otras, necesitamos educación de calidad, pertinente y equitativa para todos los ciudadanos. Además, necesitamos empleo formal y bien remunerado. Y se hace evidente la falta de buenos medios de comunicación, y también servicios culturales y de recreación necesarios para tener una sociedad sana. Asimismo, ha enfatizado que debe atacarse «la corrupción creciente y las practicas clientelistas, además de la deficiente gestión del Estado».

«UNA CLASE MEDIA CON EXTRAORDINARIA FRAGILIDAD»

Durante su intervención, Moisés Wasserman ha señalado que -hasta la llegada de la pandemia-, el gran reto del Colombia era «construir una cultura y una economía basada en el conocimiento. En este término se incluían la innovación, tecnología, conocimiento de la biodiversidad y otros desafíos. Pero nos llegó la tormenta perfecta de la pandemia. Nuestra clase media tiene extraordinaria fragilidad. En una situación en la que se hundió la economía, el impacto fue enorme».

Ha agregado que «esta pandemia acelerará de una manera positiva algunos procesos, como las metodologías virtuales en la educación y en el trabajo, y posiblemente reconfigurará las ciudades. Pero también hay aspectos negativos. Nos vimos en un torbellino de mala información, tendenciosa, y creció el sentimiento de desconfianza de todos contra todos. La equidad debe jugar un papel central en la educación.

A los retos que teníamos se suman ahora los de restauración y recuperación de la sociedad. Depende de cómo emprendamos la restauración podremos saber si se trata del principio de un gran cambio».

Roberto Pombo, quien también forma parte del consejo asesor de UNIR Colombia, ha manifestado: «El futuro y los retos de Colombia hay que leerlos a través de la protesta social. El nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. La gente no se siente representada en los organismos ni en los partidos políticos. El Congreso ya no representa a la sociedad. Si no se genera esto en las instituciones de representación democrática, la situación se traslada a la calle. Hay que crear un espacio para que la gente se sienta representada. Debe haber una reforma estructural para conseguir este objetivo».

Manuel Herrera, catedrático de Sociología y director ejecutivo de Relaciones Internacionales del Grupo Proeduca, ha moderado el debate y destacado la calidad de los ponentes: «Son personalidades de renombre que han abordado los retos de la Colombia del siglo XXI. Tenemos profundos lazos de cultura, de tradición y de historia con este país y con Latinoamérica. Llevar la formación online de calidad a la región, donde la educación no acabe nunca, es una de las misiones de UNIR».

Finalmente, Rafael Puyol, presidente de UNIR, ha resumido las exposiciones de todos, que él denominó las «cuatro ‘D’ y las dos ‘E'»: «Entre los retos destacan la diversidad generacional, la digitalización que ha venido para quedarse (y que plantea cuestiones como la necesidad de formar a los docentes para que puedan transmitir sus saberes), la demografía (que planteará temas complejos en el futuro) y la democracia: Colombia necesita una mejora en la calidad democrática». Concluyó que «la educación es un ascensor social de primera categoría, y que Colombia requiere empleo de calidad, bien remunerado».

SOBRE UNIR

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 40 grados oficiales y más de 120 postgrados que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los 48.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘Operación Kitchen’ que los ‘pendrives’ en los que guardaba las grabaciones que demostrarían que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy conocía la existencia de la ‘caja b’ se debieron extraviar, pero desconoce si esa pérdida se produjo en la sede de Génova 13 o en el estudio de restauración de su mujer en la calle General Díaz-Porlier.

Según los audios de la declaración, los ‘pendrives’ que contenían la grabación de Rajoy y una con el ex secretario general del PP Javier Arenas fueron trasladados junto a otra documentación después de que los abogados del PP le apremiasen a acometer la mudanza.

Bárcenas criticó las prisas en el traslado, puesto que en ese momento se encontraba de viaje en Canadá. «Les digo que estoy fuera y que quiero estar pendiente», explicó, asegurando que el abogado del PP Alberto Durán no quiso que el extesorero estuviera «presente» en la recogida.

El que fuera senador del PP señaló que fue su chófer, Sergio Ríos, el encargado de acudir junto a otra persona a la sede del PP para recoger las cajas con la información, siendo éstas trasladadas al estudio de restauración de su mujer, situado en la calle General Díaz-Porlier.

En esas cajas, además de dos ‘pendrives’ y varios teléfonos móviles, habría «material delicado» que, según Bárcenas, «no debería circular». «Sería algo parecido al pago de las facturas de Unifica por la remodelación de la sede de Génova 13», señaló.

En concreto, en esos documentos habría «muchos datos vinculados a la financiación de campañas electorales de una forma paralela a la caja B, siempre sin carácter finalista». «Eran aportaciones de señores que se aplicaban a la campaña electoral», apuntó el extesorero.

NO PROTEGIÓ LA INFORMACIÓN PORQUE IBA A USARLA CONTRA EL PARTIDO

Entre los archivos, además de pagos de imprentas y ‘mailing’ electoral, había según Bárcenas información sobre la financiación de las elecciones gallegas que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, habría entregado al predecesor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta.

Bárcenas no se dio cuenta de que echaba en falta parte de su documentación hasta enero de 2015, cuando salió de prisión, lo que le llevó a pensar que los responsables de la sustracción pertenecían al PP. «Lo que pienso es que antes de que la documentación salga del PP alguien ha retirado todo lo que le ha parecido que no debía estar en mi poder», reconoció.

No sería hasta más tarde cuando el propio Bárcenas contempló la posibilidad de que las grabaciones hubieran sido extraídas en el estudio de su mujer y no en Génova 13. El extesorero barajó esa opción tras mantener una conversación con un periodista que le habló de una «operación de espionaje» a la que el propio Bárcenas quitó «importancia».

Bárcenas reconoció que si no protegió de forma especial esos archivos fue porque, «a pesar de que la relación» con la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, era «pésima», todavía mantenía una «buena relación» con Arenas y con Rajoy.

«Yo no estaba en esos momentos por dar ninguna documentación ni por perjudicar a nadie», aseguró, incidiendo en que a pesar de que «personalmente» pudiera tener «un contencioso» con Cospedal, su intención no era «perjudicar al partido».

A preguntas del juez, el extesorero del PP se ha referido a la distensión en las relaciones con la formación en el año 2013, después de que un abogado del partido le ofreciese una cantidad de 500.000 euros «en concepto de indemnización» a cambio de que no se publicase más información comprometedora para la formación.

FLEXIBILIZACIÓN PENITENCIARIA Y «VIS A VIS ADICIONALES»

Bárcenas, que rechazó esa primera oferta, explicó que Javier Sánchez Lázaro y un sacerdote, Francisco Santos, actuaron de intermedarios con el PP. Fue cuando se le ofreció la posibilidad de recibir un «trato penitenciario suavizado» que incluía «vis a vis adicionales» cuando el extesorero decidió dar un «paso» en la mejora de las relaciones con los ‘populares’.

Fue entonces cuando Bárcenas, tras conocer a Isidro, un preso colombiano que «tenia vinculaciones con un partido» en su país «homologable al PP», decidió eliminar de la nube las grabaciones que comprometían a Rajoy y a Arenas.

De esta forma, el extesotero acordó con Isidro el pago de 4.000 euros, facilitándole «dos notas con una serie de indicaciones», entre las que se incluían las «claves de acceso al correo electrónico en la nube».

A preguntas del juez sobre la disparidad en las cifras económicas del encargo, Bárcenas instó al magistrado a preguntar a su chófer, que fue el encargado de entregarle la cantidad al interno, el encargado de eliminar unos archivos que marcaban el «comienzo de una amistad con mucho recorrido», y que empezaba a materializarse con el incremento de vis a vis.

Sin embargo, esa mejora en sus condiciones apenas duraría tres meses, cuando Bárcenas y el PP regresaron a la «situación de partida». «En un momento determinado en esta operación de búsqueda de documentos y audios parece que los responsables del PP tienen la certeza de que los audios y la documentación no existen y se suspenden los vis a vis», explicó el extesorero.

Fue el propio Sánchez Lázaro el que habría trasladado a Bárcenas la postura del partido. «Tienen claro que los audios no existen y que la documentación la tienen controlada, que no querían seguir con ningún tipo de acuerdo. Ese es el resumen», señaló Bárcenas.

Preguntado por la Abogacía del Estado sobre su creencia de que el entonces ministro del Interior estaría detrás del endurecimiento de sus condiciones en prisión, Bárcenas señaló que hay «un montón de operaciones a lo largo del tiempo que» le hacen «pensar que efectivamente» se le estaba «persiguiendo». «Tengo que añadir que indiciariamente», matizó.

ROSALÍA ENTRA EN CONTRADICCIONES

El mismo día que su marido, Rosalía Iglesias también declaró ante el juez y las partes para ser preguntada por el supuesto robo de material en el estudio de Díaz-Porlier. Según explicó, fue consciente de que faltaban cajas y documentos, ubicados en altillos y en un banco hueco, y relató que en la mudanza participó tanto Sergio Ríos como otra persona. «Entonces dice que antes había y luego ya no había», le inquiere el juez para conocer si sufrió un robo, a lo que responde que «ésa es la realidad».

Por otro lado, sobre el episodio de la contratación del preso de origen colombiano, si bien al juez le ha dicho que ella no supo nada de que su marido ordenara pagar una cantidad a esa persona, posteriormente a preguntas del fiscal ha reconocido que Bárcenas le dijo que le habían engañado y que había perdido dinero. Este cambio declarativo le valió ser abroncada por el juez, que no se explicaba el por qué del cambio de versión.

Sobre las grabaciones de Rajoy y de Arenas, indicó que supo de su existencia por su marido desde el principio aunque dijo desconocer dónde estaban guardadas. Lo que sí resaltó es que no le gustaba que su marido tuviera confianza con el empresario Javier Sánchez Lázaro, que le sorprendía que se apoyara en él, y que no le gustaba que presumiera de saberlo absolutamente todo».

Otra de las personas que mencionó en su declaración, fue la del abogado Javier Gómez de Liaño, a quien, sostiene, entregaron dos o tres teléfonos y un Ipad. Además, dijo que en uno de eso terminales salía el mensaje de Rajoy en el que le conminaba a Bárcenas a ser fuerte. «De ahí es de donde sale el WhatsApp del señor Rajoy diciéndole ‘Luis sé fuerte'», recordó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continua este miércoles su gira por los países bálticos, primero, con varios encuentros con autoridades estonias, y después, con su segunda parada del viaje, en Letonia, donde entre otras cosas visitará a las tropas españolas destacados en misión de la OTAN, con el cometido de ejercer la disuasión para evitar potenciales conflictos en esta zona.

Tras verse este martes con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, Sánchez comenzará su agenda este miércoles con una reunión con la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, con la que tendrá ocasión de recorrer la exposición ‘Zuloaga, el alma de España’, organizada con motivo del centenario del establecimiento de relaciones en el Mikkeli Museum. Después se entrevistará con el presidente del Parlamento, Jüri Ratas.

LETONIA, SEGUNDA PARADA

A continuación viajará a Letonia, donde junto a su primer ministro, Arturs Krisjanis Karins, realizará una ofrenda floral en el Monumento a la Libertad construido en honor a los soldados caídos en la guerra de independencia.

Junto a este, Sánchez visitará a los 300 soldados españoles destacados en la base de Adazi en el marco de la operación ‘Presencia Avanzada Reforzada’ de la OTAN, cuyo principal cometido es ejercer la disuasión para evitar potenciales conflictos en esta zona.

Ya de vuelta en Riga, está previsto el encuentro bilateral entre ambos jefes de Gobierno, a lo que seguirá una cena. En este caso, tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte Letón, que ha cedido parte de su colección textil para una exposición en Museo Nacional de Artes Decorativas, en Madrid, con motivo del centenario.

El jueves, la jornada arrancará con un encuentro con la presidenta del Parlamento, Inara Murniece, tras lo cual Sánchez se desplazará a Lituania, última parada de su periplo.

VISITA A TROPAS EN LITUANIA

Aquí la visita arrancará en la base de Siauliai donde siete aviones Eurofighter españoles están desplegados hasta el 31 de agosto en la misión de Policía Aérea del Báltico, también de la Alianza Atlántica. Dicha misión se inició en 2004 tras la entrada de los países bálticos en la OTAN y desde 2006 España ha participado en ocho ocasiones, según explica Defensa en su web.

Antes de trasladarse a Vilnius, Sánchez mantendrá un encuentro en la misma base con el presidente lituano, Gitanas Nauseda. Ya en la capital, se reunirá con la primera ministra del país, Ingrida Simonyte, con la que hay previsto un almuerzo y una rueda de prensa.

La agenda en este país se completa con un recorrido por el centro de la capital así como con un encuentro con el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien fuera jugador del Real Madrid, y con la principal líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, a quien no pudo recibir durante su visita a Madrid hace unos meses porque estaba de cuarentena por COVID-19.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado este martes la actuación policial contra «unos mínimos violentos», comparándolo con los cientos de personas que protestaron de forma pacífica en diferentes ciudades por la muerte violenta de Samuel, el joven de 24 años de A Coruña.

Según Grande-Marlaska, en las protestas «absolutamente pacíficas» lo que se puso de manifiesto es que la sociedad española está «preocupada por los últimos acontecimientos con agresiones e incidentes que ponen en tela de juicio los valores democráticos y la diversidad».

En declaraciones a la prensa tras presentar los nuevos drones de la DGT para la campaña de verano, el ministro ha insistido que lo ocurrido en Madrid fueron unos «pocos hechos violentos» que obligaron a una actuación policial que respalda el Gobierno, remitiéndose a lo manifestado por la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros de este martes.

«Tenemos que quedarnos con esa sociedad que con, una forma pacífica, dijo que estamos todos para defender los valores democráticos», ha repetido Grande-Marlaska.

NUEVOS DRONES PARA TRÁFICO

Grande-Marlaska ha participado este martes en la presentación de los 39 drones de vigilancia –28 más que en 2020– que tendrán su base en las unidades de medios aéreos y en los sectores de tráfico de la Guardia Civil para apoyar la acción de los doce helicópteros de tráfico.

«Cuando vean un pájaro volar, puede ser un dron de la DGT», ha señalado el director de la DGT, Pere Navarro, después de que el ministro del Interior pusiera en valor la necesidad de utilizar todos los medios tecnológicos para prevenir conductas irresponsables en la carretera y también para supervisar en tiempo real el estado de las vías.

«La palabra cazar no me gusta, en materia de seguridad vial estamos para prevenir», ha comentado el ministro al ser preguntado por unas sanciones que, ha dicho, es importante que se apliquen en aquellas conductas «manifiestamente insolidarias que ponen en riesgo vidas».

La Delegación del Gobierno en Madrid ha recordado este martes a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, que acabar con los delitos de odio requiere de la colaboración de todas las instituciones de la Comunidad, lo que incluye también el trabajo desde la Cámara autonómica.

El departamento que dirige Mercedes González ha respondido así en una carta a la portavoz regional de Más Madrid por sus críticas sobre la desproporción en las cargas policiales registradas este lunes tras la manifestación de condena por la muerte de Samuel en A Coruña tras recibir una paliza el pasado sábado.

Entre otras cosas, Mónica García ha pedido a la delegada del Gobierno una reunión así como su próxima comparecencia en la Cámara regional por las «desproporcionadas» cargas policiales. «No podemos pedir que las agresiones LGTBI se denuncien en la Policía y tener una Policía que nos ha dejado las imágenes de ayer en la retina», ha señalado.

La Delegación del Gobierno en Madrid ya ha lamentado «profundamente» que la concentración «fuese empañada por unos incidentes que nada tienen que ver con el grito sano de Madrid contra la homofobia» y ha anunciado que analizará las imágenes para detectar si la actuación policial fue o no desproporcionada, como han denunciado algunos manifestantes y líderes políticos.

En la carta dirigida a Mónica García, la delegada del Gobierno recuerda esta condena y el «firme compromiso por el análisis y esclarecimiento» de lo sucedido. «Hechos que no deben ni pueden empañar lo verdaderamente importante: la respuesta de Madrid, el rechazo contundente a la par que sereno, de más de 4.000 personas en la Puerta del Sol de la capital, clamando contra la LGTBIfobia», ha recordado en la misiva.

En cualquier caso, Mercedes González ha defendido que desde las instituciones que radican en la Comunidad se debe de hacer «un enorme esfuerzo para luchar contra esa lacra». «Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a esta Delegación pasando por su ámbito: la Asamblea de Madrid», ha apostillado.

En esta línea, le recuerda el anuncio realizado por la Delegación del Gobierno para la creación de una Oficina contra los Delitos de Odio, en la que espera contar con el tejido social de la región, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid. «Todos juntos, mano a mano, para luchar contra los delitos de odio. Confío que, como miembro la cámara autonómica, podamos reunirnos y trabajar en esa línea para hacer de esta Comunidad un lugar más libre», ha explicado.

En cualquier caso, Mercedes González se muestra convencida en la carta –«no me cabe duda», dice– de que comparte con la portavoz de Más Madrid el compromiso de lucha para acabar con este tipo de actos. «En una sociedad que se dice libre nadie debería temer por ser. Porque en casos como el que nos acontece de lo que estamos hablando es precisamente de eso: de ser, de existir en libertad», le recuerda.

Las víctimas de agresiones sexuales podrán arrepentirse de renunciar a su indemnización económica si los efectos del delito son más graves de lo previsto, según recoge el texto de la Ley Orgánica de Garantías de las Libertades Sexuales que, además, apunta que es una situación «habitual» en este tipo de casos.

El texto, aprobado este martes por el Gobierno y que pasará ahora al trámite parlamentario, señala como uno de los puntos más novedosos en la reforma que incluye de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), esta posibilidad de revocación de la renuncia a la acción civil, aunque esta deberá producirse siempre antes del trámite de calificación del delito.

Fuentes de Justicia han explicado que esta medida ya se practica en algunos tribunales, pero no se había apuntalado en ninguna norma como ahora, por eso, lo consideran un avance. Desde Igualdad señalan, en este sentido, la importancia de esta posibilidad ya que, han indicado, muchas víctimas rechazan la indemnización por vergüenza y miedo a que las señalan como mujeres que solo buscan dinero.

Esto ocurre en mayor medida cuando el agresor es conocido de la mujer víctima, han indicado las mismas fuentes.

Los departamentos que dirigen Irene Montero y Juan Carlos Campo han señalado también otro cambio en la LeCrim que permitirá, reclamar la retirada de contenido ilícito en Internet en fases muy iniciales del proceso, para mayor protección de la víctima.

En concreto, se permite, en la instrucción de delitos cometidos a través de Internet del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, que el Juzgado acuerde como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero, según recoge la Ley de ‘solo sí es sí.

CONTACTO CON MENORES POR NUEVAS TECNOLOGÍAS

El texto, incluye otras medidas en relación a las agresiones sexuales realizadas a través de nuevas tecnologías y, especialmente, en lo que tiene que ver con menores de edad.

En concreto, incluye penas de entre 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses para quienes a través de Internet, del teléfono o de cualquierotra tecnología contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el fin de cometer actos de carácter, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento y sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos.

Además, las penas se impondrán en su mitad superior cuando elacercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación oengaño.

También se establecen penas de entre 6 meses y 2 años quienes utilicen Internet, teléfono u otras tecnologías para contactar con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.

UN COMPLEMENTO A LA LEY DEL MENOR

La Ley de ‘solo sí es sí’ regula también los delitos sexuales contra los menores, en general, con penas reguladas de forma similar a las agresiones contra las mujeres, aunque en su caso se diferencia sobre si el consentimiento del menor es o no coactivo, lo que agravaría más el delito.

Con estos artículos, según han indicado las fuentes de ambos ministerios, se pretende complementar a la recién aprobada Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia. Igualdad y Justicia han explicado que la Ley de ‘solo sí es sí’ busca reforzar la protección de los niños que sufren una violencia tan oculta como la sexual que, además, tiene el mismo origen, el patriarcado, que la que se ejerce contra la mujer.

Otra norma que Igualdad quiere incluir dentro de este grupo de normas complementarias, según han indicado las fuentes, es la Ley contra la Trata que ya prepara el departamento de Irene Montero.

Las fuentes de este ministerio han explicado que el objetivo es tratar este delito con componente de género y enfoque feminista.

La Ley de ‘solo sí es sí’ incluye también medidas contra la trata con fines de explotación sexual, como la recuperación de la tercería locativa, por la cual se penaliza al proxeneta. Fuentes de Igualdad reconocen que el debate sobre la prostitución está en el movimiento feminista y también en el propio Ministerio –Montero ha hecho pública su postura abolicionista– pero apuntan que esta postura no tiene fisuras en cuanto a la situación que viven las víctimas de este tipo de trata y de que consiste en una forma de violencia contra la mujer.

Es por eso, que se ha legislado para que estas mujeres cuenten con herramientas para poder abandonar la situación de violencia en la que viven.

El ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera admitió ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ que los informes redactados por el inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, se revisaban a fondo, incluso a veces en «mesa redonda», porque «afectaban a personas importantes», si bien ha calificado de rigor lo que su antiguo subordinado describió como presiones para que dejara de indagar en la trama de corrupción.

Olivera compareció como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado 28 de junio, pocos días después de que lo hiciera Morocho, en calidad de testigo, para desmontar la versión que este último ofreció al instructor dejándole «un panorama desolador» –en palabras del propio juez–, según el audio de la declaración.

Morocho aseguró al titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que sus informes sobre ‘Gürtel’, investigación que en ese momento aglutinaba todo lo relativo a los famosos ‘papeles’ del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, eran objeto de continuas modificaciones por parte de los mandos policiales, especificando que le llegaron a pedir que quitara nombres como los del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy o el del empresario Ignacio López del Hierro.

Olivera reconoció al juez que Morocho tenía que enseñar sus dosieres a su jefe inmediato, que era el de sección, quien a su vez se lo mostraba al jefe de brigada y éste a él, como máximo responsable de la UDEF. «Y yo, en ocasiones, al comisario general» de Policía Judicial, completó. «A veces nos reuníamos incluso en una mesa redonda y veíamos el informe», añadió.

Todo ello, explicó, porque «los informes que se hacían en ese momento eran muy delicados, afectaban a personas importantes y con mucha trascendencia social». Informe que salía, informe que los medios de comunicación, unos de una ideología y otros de otra, lo utilizaban siempre a su favor y en contra de su opositor. Y nosotros, en medio», ilustró.

Sin embargo, matizó que ese análisis con lupa de los textos buscaba determinar si había hecho las comprobaciones necesarias. Morochó, expuso Olivera, se solía escudar en que «era una cosa indiciaria» y él le tenía que recordar que «lo que se referencia en un informe hay que tenerlo totalmente acreditado, pero acreditado bien, porque si luego cometes errores te estás cargando no solo ese sino lo que has hecho y lo que puedas hacer después, vas a perder credibilidad».

A este respecto, comentó que siendo jefe de la UDEF, cuando ésta comenzaba su andadura y «no daba abasto» para atender las peticiones de jueces y fiscales de «toda España», se cometió «un fallo tremendo» –«Una barbaridad, se habían duplicado cifras»– y él tuvo que dar la cara ante la juez del caso sin haber mirado el informe en cuestión. «Y dije: ‘No me pasa más, yo me los leo todos'», narró.

Interrogado directamente por el juez sobre si presionó a Morocho con esas revisiones, Olivera lo negó tajantemente. «Podría ser corregir o decirle que ampliara o que mirara más cuestiones, completar, pero presionar, lo que es la palabra presionar, no. Completar, ampliar, revisar, eso sí», precisó.

Pese a ello, sostuvo, «la mayoría de los informes salían como él decía, porque era difícil convencerlo». Así, el comisario retrató a Moroccho como «una persona muy difícil en el trato con estos temas porque no da nunca su brazo a torcer, él se cree siempre en posesión de la verdad absoluta, y eso en un cuerpo jerarquizado (la Policía Nacional) es difícil».

LA LLAMADA DEL MINISTRO, UNA «FANTASÍA»

No obstante, entre ambos había «buen trato». Prueba de ello, de acuerdo con Olivera, es una reunión que tuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid de la que ambos han vuelto a dar versiones contradictorias.

Morocho dijo que Olivera le pidió reunirse para ofrecerle un puesto importante en Lisboa, uno de tantos en embajadas y hasta en la ONU que le habrían propuesto para apartarlo de ‘Gürtel’. El inspector aseveró que, en un momento dado, el que fuera su superior recibió una llamada de teléfono de alguien al que identificó como el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Al parecer, éste quería saber si finalmente había aceptado irse a la capital portuguesa, algo que rechazó.

Olivera, en cambio, indicó que ya fuera de la UDEF, siendo jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), Morocho le contactó para interesarse por una vacante en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Narcotráfico (MAOC), con sede en Lisboa. No sabe si alguien le ofreció el puesto o se enteró de que estaba libre, «esas cosas circulan», señaló al juez.

El ex jefe de la UDEF elucubró que Morocho habría acudido a él porque, como máximo responsable del CICO, ese cargo en la MAOC dependía «funcionalmente» de él, aunque subrayó que no podía recomendar ni vetar a nadie, solo «darle el ‘placet'» o frenarlo si no cumplía los requisitos exigidos: un policía de escala ejecutiva con inglés, «nada más».

El encuentro habría girado en torno a ese posible destino. «No me llamó», enfatizó Olivera al ser preguntado por García-Castellón si hubo tal conversación telefónica con Fernández Díaz, al que dijo conocer solamente de una jura de comisarios y, lejanamente, porque su padre fue conductor del padre del ex dirigente ‘popular’ durante los años 60 en momentos puntuales. En esas fechas, junio de 2013, ni siquiera tenía el número del ministro. Lo consiguió en 2014, puntualizó.

«Quien me llamó fue mi mujer», aclaró Olivera. Morocho y él estaban en una cafetería «muy próxima» a su casa, se había hecho tarde, casi de noche, y su esposa, que había trabajado con el inspector, les sugirió que fueran a la vivienda para continuar los tres con la reunión. «Ahí estuvimos hasta más de la una de la mañana y ni llamó el ministro ni yo llamé al ministro», ha incidido.

«¿Entonces, lo que dice el señor Morocho no tiene que ver con la realidad?», le planteó García-Castellón, a lo que Olivera contestó que no, para apostillar que «esto es una ilusión, una fantasía», del inspector, reiterando que «es muy narcisista». «¿Se pensaba que era tan importante como para que el ministro se preocupara por él?», deslizó.

TRASFONDO POLÍTICO

Sin embargo, Olivera sí coincidió con Morocho en la medida en que describió presiones hacia ambos. «Éramos la ‘bestia negra’ en aquel momento, no les interesaba que estuviéramos allí porque habíamos hecho operaciones contra el PP», concluyó.

Según Olivera, desde que cambió el Gobierno en diciembre de 2011 «eran todo pegas, todo presión», y le intentaron cesar varias veces hasta que finalmente abandonó la UDEF en julio de 2012. «Me quitan», recalcó. En los años siguientes mantuvo el contacto con Morocho porque «sabía que la siguiente cabeza que iban a cortar era la de él». De hecho, cree que enviaron temporalmente a Morocho a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para «tenerlo entretenido».

Sobre la ‘Operación Kitchen’, un presunto espionaje montado en julio de 2013 contra Bárcenas desde el Ministerio de Interior para evitar que la documentación comprometedora que tuviera del PP o sus dirigentes llegara a la Justicia, Olivera dijo no saber nada. Únicamente, concretó, que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le comentó que le habían encargado rastrear el dinero del ex tesorero en el extranjero.

El juez le advirtió de que, en lo tocante a ‘Kitchen’, las grabaciones que hizo Villarejo de conversaciones con él y otros personajes de la trama «contradicen casi todo lo que ha dicho», por lo que le instó a escucharlas, avanzado ya que, tras ello, le volvería a llamar para ahondar en el interrogatorio. «A su disposición», replicó Olivera.

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha subrayado este miércoles que las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, asegurando que en la Eurocopa va con Inglaterra evidencian que «el rechazo a lo español lleva al nacionalismo al ridículo». «Pero en el reparto de fondos europeos irá con España, ¿verdad?», se ha preguntado con ironía.

De esta forma ha respondido a las manifestaciones de Ortuzar, quien, en una entrevista en Onda Vasca, ha revelado que en la Eurocopa que se está celebrando estos días va con Inglaterra porque, como «buen Athleticzale», le gusta el fútbol inglés.

Ésa ha sido su respuesta al ser preguntado por el partido que disputará esta noche España contra Italia, añadiendo que él va con Inglaterra «toda su vida», un día antes de la segunda semifinal entre Inglaterra y Dinamarca en la Eurocopa.

Interrogado después por el papel de jugadores vascos en la selección como Simón, Oyarzabal o Azpilicueta, Ortuzar ha destacado la buena selección vasca que se conformaría con estos jugadores. «A lo mejor eso es lo que pasa que, si nos dejan, quedamos por delante de la Roja y esto sería un lío», ha bromeado.

FERNÁNDEZ: «TIENE MÁS PINTA DE ‘ESPAÑOLAZO’ QUE TORRA Y YO»

Ante sus declaraciones, la responsable de Organización del PP se ha preguntado si el PNV también elegirá a los ingleses cuando se trata de repartir el dinero de los fondos europeos que recibirá España tras la crisis del coronavirus.

«Pero en el reparto de fondos europeos irá con España, ¿verdad? El rechazo a lo español lleva al nacionalismo al ridículo», ha proclamado Beltrán en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, ha afirmado que con el PNV la Eurocopa «adquiere una nueva dimensión». «Por cada paradón de Unai Simón a Ortuzar le da un tirón y cada golazo de Oyarzábal le duele a Urkullu como un tortazo», ha enfatizado.

También el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha hecho eco de esas declaraciones de Ortuzar y ha expresado su sorpresa por las mismas. «Pero si este tiene más pinta de ‘españolazo’ que Torra y yo juntos…», ha exclamado en la misma red social.

Cs: «SON MUY COSMOPOLITAS DESDE HACE TIEMPO»

Desde Ciudadanos, el diputado y miembro del Comité Permanente del partido naranja, Guillermo Díaz, también ha criticado las declaraciones del PNV asegurando que en esa formación «son muy cosmopolitas desde hace tiempo».

«Ya en la Guerra Civil pactaron con los fascistas italianos entregar Bilbao sin pegar un tiro a cambio de ser bien tratados», ha indicado Díaz en el mismo mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Ciudadanos denunciará ante la Comisión Europea la creación de un fondo de 10 millones de euros por parte del Gobierno de Cataluña para cubrir las fianzas de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

A través de un mensaje en Twitter, el eurodiputado Jordi Cañas ha avanzado que llevará a Bruselas este asunto para advertir de que «una administración pública europea ha creado un fondo ad hoc para pagar las fianzas de políticos acusados de malversación de dinero público», ofreciendo «la fórmula perfecta para los corruptos y los delincuentes».

El eurodiputado y miembro del Comité Permanente de Cs considera «una burla» que «acciones personales delictivas sean cubiertas por dinero público» y sostiene que la creación de este fondo constituye «una nueva malversación de dinero público que el Tribunal de Cuentas y la propia Fiscalía deben investigar».

Para Cañas, esta decisión del Ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya se debe a que «los delincuentes se envalentonan ante la impunidad y la complicidad» que, a su juicio, ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual le parece «desolador».

«Impunidad por los indultos» concedidos a los condenados por el proceso independentista de 2017 y «complicidad» de Sánchez «para quitar las ‘piedras en el camino’ que permitan a los condenados evitar devolver al erario público el dinero malversado», ha señalado.

CIUDADANOS ACUDIRÁ A LA JUSTICIA SI ES NECESARIO

A través del fondo constituido este martes, la Generalitat se ofrece como «contraaval» del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos del Govern, como es el caso de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas por el supuesto uso fraudulento, para la internacionalización del ‘procés’, de recursos asignados a políticas de acción exterior de Cataluña.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha explicado que el objetivo es «únicamente velar para proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público» y que quienes al final reciban una sentencia judicial firme que declare que sus actuaciones fueron ilícitas –una vez agotadas las instancias judiciales internacionales– deberán devolver el aval que les ofreció la Generalitat.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Nacho Martín Blanco, ha avisado de que, «si es necesario», el partido recurrirá a la Justicia en el caso de que la Generalitat pague las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

LOS CATALANES SUFREN UNA «DOBLE IMPOSICIÓN»

El líder de Cs en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha dicho que la formación naranja actuará porque «nació para defender a las personas ante los abusos del nacionalismo». En su opinión, no se puede aceptar que quienes han malversado dinero público y se autodenominan «represaliados» pretendan ahora que «los contribuyentes vuelvan a pagar con un nuevo atropello».

Para la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, esto que hacen los gobernantes independentistas con los catalanes se puede denominar «la doble imposición». «Como si no tuviesen bastante con ser los españoles con los impuestos más altos», ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha criticado que el Ejecutivo autonómico, para «rescatar económicamente y encubrir a sus políticos», lo haga «despilfarrando y malversando el dinero de todos los catalanes en su negocio procesista» y, en cambio, no mostrara «la misma urgencia ni interés en salvar a los comercios para que pudiesen hacer frente a la crisis» del coronavirus.

Vox ha señalado este martes a través de las redes al presidente de RBA, Ricardo Rodrigo Amar, grupo que edita la revista ‘El Jueves’. «Su revista difunde odio contra millones de españoles a diario», ha escrito el partido que lidera Santiago Abascal en Twitter.

«Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona», ha tuiteado el partido liderado por Santiago Abascal, que acompaña el texto con una fotografía del editor.

El tuit ha sido publicado varias veces, con algunos pequeños cambios en su contenido. En otro de esos tuits, Vox ha escrito que Rodrigo Amar es el «máximo responsable» de que se publique en El Jueves «bazofia», en referencia a unas viñetas que promociona la cabecera que caricaturizan a los líderes de Vox bajo el nombre de ‘La pandilla Voxura’.

En concreto, Vox adjunta la viñeta de José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores del partido y secuestrado durante más de un año por ETA. «Lara al sol de cara. El pobre Ortega tiene el cuerpo lleno de quemaduras, no es sano estar cara al sol tras tanto tiempo a oscuras», reza el dibujo.

En el tuit, la formación advierte de que «la izquierda está acostumbrada a que nadie le exija responsabilidades cuando comete barbaridades». «Por eso se enrabieta tanto cuando Vox lo hace. Lo seguiremos haciendo», zanja la formación política.

El tuit ya ha suscitado las críticas de Reporteros Sin Fronteras (RSF). «Señalar al editor de un medio y facilitar la ubicación de su trabajo para que se «le exijan responsabilidades» cuando salga a la calle», resume Reporteros sin Fronteras (RSF), que considera que «Vox cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales», alerta. «Nos encontrará del otro lado», añade.

También se ha pronunciado el medio satírico ‘El Mundo Today’, que considera que Vox, con este mensaje, está «animando a sus seguidores y simpatizantes» a que exijan «responsabilidades, a la salida de su despacho», al presidente de RBA.

Esta amenaza tiene como objetivo último amedrentar la libertad de expresión de editores, dueños de comunicación, humoristas, artistas y, en definitiva, de cualquier ciudadano», considera el medio en un comunicado, advirtiendo de que el «gesto» de la formación de ultraderecha «marca una línea roja que no es legal ni éticamente tolerable.

La publicación ha mostrado su respaldo a los compañeros de ‘El Jueves’, recordando que «la libertad de expresión es la herramienta sobre la que se construye la democracia, la convivencia y la política y que el ejercicio del humor es el síntoma último de una sociedad sana, libre y plural, por lo que es exigible que cuente con especial respeto y protección».

También los políticos se han manifestado en contra del mensaje de Vox, como es el caso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2030, José Luis Ábalos. «Criminalizan a menores, atacan las libertades individuales y ahora señalan al editor de El Jueves», enumera en Twitter. «No podemos callar ante las prácticas fascistas de Vox y su ataque a la libertad de expresión. Toda mi solidaridad con Ricardo Rodrigo Amar, presidente de RBA», afirma.

Asimismo, rechaza este comentario Salvador Illa, secretario de organización del PSC y exministro de Sanidad. «Mi más enérgica repulsa al señalamiento público al que Vox pretende someter a RBA y a El Jueves. Ricardo, mi más sincero apoyo y mi firme compromiso con la libertad de expresión», ha escrito.

El padre Ángel ha asegurado, sobre los indultos a los políticos condenados por el ‘procés’, que los obispos españoles han dicho «lo que deben de decir» aunque «no le guste mucho a la gente», como le ocurría a Jesucristo.

«Ahora que en España está tan de moda lo de los indultos y la política, ese Jesús, cuando dice ‘Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se complica, y porque se complica, le acusan y, a veces, nuestros obispos o nuestra Iglesia, cuando dicen las cosas que dicen se complican, pero dicen lo que deben decir, como ese Jesús que dice lo que debe decir aunque no le guste mucho a la gente», ha subrayado el padre Ángel.

Así lo ha indicado este martes 6 de julio durante su intervención en una mesa redonda del VI Congreso Internacional de Scholas Cátedras, que se está celebrando en la Universidad CEU San Pablo.

Durante su ponencia, el padre Ángel también ha tenido un recuerdo para el joven Samuel, asesinado en La Coruña y ha recordado la frase del Evangelio de Lucas: «‘Después de despojarle de todo y herirlo, se fueron’. Hace menos de dos días esto nos pasó acá en España, después de insultar y asesinar a ese chico de La Coruña, se fueron. Eso se sigue repitiendo muchas veces», ha lamentado el sacerdote.

Sobre el tema de la mesa, ‘¿Cómo educar haciendo propia la fragilidad de los demás? (Fratelli Tutti 67)’, el padre Ángel ha señalado que la pandemia ha descubierto que las personas no son «semidioses» como se pensaban antes pues no han sido capaces de evitar «tantas muertes» provocadas por el Covid-19. También ha puesto como ejemplo al Papa Francisco que invita a «ponerse en los zapatos del otro» y le ha propuesto como referente para educar.

En el coloquio, moderado por Rodrigo Martín, de la Universidad Católica de La Plata, y Ahmet Oztas, de la Tishk International University de Ebril (Irak), también ha intervenido el profesor de la Universidad Austral y FUCLAE-Argentina Claudio García Pintos, quien ha afirmado que la pandemia ha dejado algo claro: que todas las personas son «vulnerables», aunque ha precisado que esto no es algo malo.

También ha dicho que educar en pandemia ha sido «como ver en la oscuridad», que no hay que «asustarse»; ha animado a resistir en lugar de perderse en «lamentaciones», y ha subrayado que «el encuentro es y será el modo de educar».

Por su parte, el profesor de la Slam University-UpToYou José Víctor Orón, ha aclarado que la debilidad no es otra cosa que «la manifestación de que el ser humano es transparente» y ha avisado de que «intentar eliminar esa debilidad supone destruir lo humano». Así, ha remarcado que vivir humanamente implica «riesgos» pero también ha añadido que si fuéramos «piedras» tampoco sentiríamos «las caricias y abrazos».

Además, la profesora de la Universidad de Buenos Aires María Montserrat Llairó ha contado su experiencia como docente en medio de la pandemia que ha destapado vulnerabilidades como la falta de «conexión» a Internet de muchas familias. Sobre la nueva normalidad ha dicho que «no hay que repetir» la situación anterior sino construir una que enfrente mejor las fragilidades, y ha hecho un llamamiento a la «creatividad».

Mientras, el profesor Pedro Rosario, de la Universidad de Minho (Portugal), ha advertido de un «enemigo fuerte» de la vulnerabilidad que ha denominado «opinismo», es decir, opinar continuamente sobre la vida de los demás, y ha propuesto un nuevo camino orientado a «enseñar la vulnerabilidad, aprender de ella y del control de las emociones». En este sentido, ha invitado a los docentes a preguntar a sus alumnos antes de clase cómo se encuentran «porque antes de los contenidos, están las personas».

Por su parte, la profesora del Centro La Inmaculada, de la Universidad de Granada, Carmen Rosales Varo, ha hecho hincapié en el modo en que la pandemia ha transformado a los jóvenes estudiantes y sus relaciones sociales. Según ha comentado, la sociedad está ante «una generación Covid, una generación blanda para la que cualquier esfuerzo supone un reto y con menos tolerancia al fracaso». Asimismo, ha parafraseado al Papa Francisco para subrayar que para los profesores su prójimo son los alumnos y que «ninguna pantalla puede suplir la presencia del maestro apasionado».

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos del BBVA con el comisario José Manuel Villarejo ha puesto ya fecha a la declaración como imputado del actual jefe de auditoria interna de la entidad Joaquín Gortari por su posible participación en hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Será el 15 de julio a las 10.00 horas.

En una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, pone fecha a la comparecencia y remite al auto con fecha de 24 de junio por el que rectificaba su decisión previa de no imputarle en la causa y atendía al recurso presentado por el abogado Felipe Izquierdo, quien está personado como perjudicado en la causa por haber sufrido el espionaje del comisario por orden de BBVA.

«A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari, quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en los mismos», señalaba entonces el juez.

El magistrado, en la resolución, explicaba que anteriormente no había accedido a su imputación habida cuenta de que no se razonaba adecuadamente la motivación, y recriminaba al Ministerio Fiscal que se adhiriera a la petición de Izquierdo alegando que no era estrictamente una diligencia de prueba sino una «imposición del sistema procesal penal».

«El sometimiento de una persona al procedimiento es un acto procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal, pues ello supondría someter al proceso penal a un principio inquisitivo incompatible con nuestro sistema de garantías constitucionales», recordaba.

No obstante, en el punto tercero de los razonamientos jurídicos, indicaba que en el recurso presentado por Izquierdo contra esa primera decisión «se exponen los motivos que justifican la citación como investigado del mismo», y por tanto acuerda la comparecencia de quien fuera jefe de gabinete del ex presidente de BBVA Francisco González.

DESESTIMA LA FIANZA DE 2 MILLONES

En ese mismo auto, el juez se alinea con la Fiscalía al entender que debe volver a desestimar la fianza de más de dos millones de euros que Izquierdo interesaba. El abogado quería que respondieran de ese monto tanto Gortari como González y el propio BBVA para que aseguraran las responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.

Izquierdo alegaba para pedir la imputación de Gortari que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y de el ahora investigado. El juez debe fijar ahora fecha para su declaración.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el real decreto que formaliza el traspaso de funciones y servicios de la sanidad penitenciaria a Navarra.

El acuerdo inicial entre el Gobierno de España y el de Navarra se tomó el pasado 2 de junio, en la Junta de Transferencias.

Mediante la aprobación del real decreto, a partir del 1 de agosto, la Comunidad foral ejercerá, dentro de su ámbito territorial y para el centro penitenciario ubicado en Pamplona, las funciones de asistencia sanitaria (incluidas las de índole médico-legal) establecidas en la legislación penitenciaria.

Este ejercicio deberá garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.

Seguirán siendo ejercidas por la Administración del Estado la coordinación general de la sanidad penitenciaria en el marco de la garantía de equidad y calidad en el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios de la sanidad penitenciaria y la elaboración de estadísticas para fines estatales en el ámbito de la sanidad penitenciaria.

Para garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones respectivas en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior y el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra constituirán una Comisión de Coordinación y una Comisión Técnica de Seguimiento del centro penitenciario.

El acuerdo también contempla el traspaso a la Comunidad foral de diez efectivos de personal funcionario y laboral, adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, conforme al régimen de convenio económico entre el Estado y la Comunidad foral de Navarra, este acuerdo comporta la valoración a nivel nacional de las cargas asociadas al traspaso que asciende a 131.339.227,17 euros.

A este montante se le aplica un índice de imputación fijado actualmente en dicho convenio económico en el 1,6%, por lo que resulta que la Comunidad foral minorará en 2.101.427,63 euros la aportación por la que contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas.

Junto a Navarra, hasta el momento esta competencia solo la asumen, tras así haberlo solicitado, Cataluña y el País Vasco.

La magistrada Lara Esteve, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), ha celebrado que el Gobierno haya aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.

No obstante, ha advertido de que «la creación de normas represivas por sí solas no van a permitir reducir las agresiones». «Entiendo que tendrá una repercusión en la sociedad que haga entender que la violencia sexual es un delito, hay que recalcarlo por los delitos que nos encontramos», ha señalado Esteve en declaraciones.

Al igual que considera que «ayudó» la Ley de Violencia de Género a visibilizar la violencia machista y a ayudar a las víctimas, la magistrada cree que las actuaciones que recoge la nueva normativa «ayudan». «Hay cuestiones muy interesantes en prevención. Soy optimista, creo que sí que va a contribuir a una mejor prevención para evitar estos delitos», ha subrayado.

La ratificación de este texto se produce un año y cuatro meses de su primera evaluación por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la norma ha pasado por consulta pública, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.

Estos dos últimos mostraron su disconformidad con la definición de consentimiento que incluía el texto, redactado por el equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. También pusieron pegas a la unión de los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.

«Es una valoración positiva la redacción de esta ley, que además ha sido el esfuerzo de distintos ministerios y una respuesta a una demanda social que venía ya siendo importante en los últimos años», ha manifestado la socia de la Asociación de Mujeres Juezas, quien ha asegurado que «se estaba demandando una actualización de la norma penal a las demandas europeas».

En este punto, Esteve ha apuntado que esta ley «actualiza algunos conceptos y también innova en otros». Entre ellos, ha resaltado que, desde el punto de vista penal, unifica los conceptos de agresión y abuso sexual: «Hasta ahora el Código Penal regulaba de manera distinta el abuso y la agresión sexual. Para que hubiera agresión sexual era necesario intimidación o violencia, eran dos figuras que se valoraban de manera distinta».

La magistrada ha valorado de manera positiva la unificación de estos dos conceptos «como se establece en los parámetros europeos» y ha añadido que la nueva ley añade la definición del consentimientos en estas situaciones, algo que «antes no se preveía».

NO DEFINIR EL CONSENTIMIENTO GENERABA «CIERTA INSEGURIDAD»

Así, ha explicado que en el caso de la libertad sexual «no se definía el consentimiento, por lo que había que acudir a la jurisprudencia para establecer si era una relación sexual consentida o no consentida», algo con lo que, en su opinión, «se generaba cierta inseguridad». «En este caso se ha revisado la incorporación de la definición del consentimiento en el ámbito de la libertad sexual, algo que ya venía regulando el Convenio de Estambul», ha concretado.

En este sentido, la redacción de la nueva norma establece que: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Dentro de las recomendaciones del Convenio de Estambul, esta ley también recoge la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa ‘todas las violencias, todas las mujeres’, según ha indicado Igualdad.

Así, también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

«La ley también introduce la penalización para el uso del inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, que es una materia muy complicada. Entiendo que ha sido valiente a la hora de sacar este concepto y darle forma jurídica, habrá que ver las consecuencias que tiene para las personas que ejercen la prostitución», ha apostillado la socia de AMJE.

Con la nueva norma se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

«Otra cosa novedosa de la ley es el derecho a la reparación integral del daño para la víctima, la asistencia psicológica, la reparación del daño moral y del daño social», ha concluido Esteve.

El presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha llamado este martes a la ciudadanía a seguir haciendo aportaciones para responder pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por valor de 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, entre otros casos. La citada Caja cuenta en este momento con 400.000 euros.

«Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo», ha advertido en rueda de prensa, acompañado por el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y por el activista Francisco Garrobo, en la que posteriormente han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Cruanyes también ha anunciado que han presentado un escrito al juzgado número 13 para que devuelvan a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto considera que es un pago duplicado: «Es una cuestión de justicia».

Tras concretar que actualmente hay 400.000 euros en la Caja de Solidaridad y que, en los últimos días, han notado un incremento de nuevas aportaciones, Cruanyes ha argumentado que, en caso que les devolvieran estos 4 millones de euros, podría ayudar a los afectados por el Tribunal de Cuentas.

También ha recordado la acción de este organismo contra los impulsores de la consulta del 9N de 2014, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo no admitiera los recursos de casación presentados por el expresidente de la Generalitat Artur Mas y siete exaltos cargos del Govern contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019, que les condenó a devolver 4,9 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas es el órgano que, en esta deriva de la justicia española, ha encontrado como herramienta de represión económica, y que nos recuerda lo que fue durante el franquismo los tribunales de excepción», ha lamentado.

ANC Y ÒMNIUM

Desde la ANC, Paluzie también ha llamado a los ciudadanos a seguir haciendo contribuciones para llenar la Caixa de Solidaritat en favor «de todos los represaliados en esta causa general por la autodeterminación y la libertad de Cataluña».

Y lo mismo ha hecho Mauri, que ha llamado a la solidaridad para frenar «una represión incesante, que no para» y para que el Estado no se salga con la suya, ha dicho en sus palabras.

Ambos también han aplaudido el anuncio del Govern de crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat.

Así, Paluzie ha manifestado su satisfacción al respecto, pero también ha advertido de que no saben el tiempo que resistirá: «Somos conscientes de que el ‘deep state’ del Estado no tiene freno, y prevemos ataques enormes contra esta medida aprobada por el Govern».

Para Mauri, el fondo del Govern demuestra que las instituciones catalanas no dejan «desamparados» a sus funciones públicos, pero ha coincidido con Paluzie en alertar del riesgo de que no acabe funcionando, y por ello ha recalcado la importancia de seguir haciendo aportaciones a la Caixa de Solidaritat.

Royo, a quien el Tribunal de Cuentas pide 3,8 millones de euros, ha calificado de buena noticia la creación del fondo porque, a su juicio, demuestra que se ha buscado una respuesta y considera que les da un poco más de tiempo, pero considera que no se soluciona el problema de fondo y desconoce si esta opción se aceptará.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, reclamando el inicio «inmediato del proceso de elección» de candidatos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces «dada la situación de bloqueo permanente del Partido Popular». Acusa al PP de realizar «técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia».

En la misiva traslada su preocupación «por el prolongado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española que dispone que debe ser renovado cada cinco años, igual que cada cuatro años sucede lo propio con las Cortes Generales. «Sin embargo, desde el 4 de noviembre de 2018 no se ha procedido a cumplir con tal mandato constitucional», lamenta.

Desde JJpD inciden en que a pesar de los acuerdo que se dieron y que quedaron frustrados por las «escandalosas revelaciones de unos mensajes instantáneos», en referencia a los maensajes de Ignacio Cosidó, apuntan que ahora que se retoman las negociaciones se sigue «ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales de quienes tienen el deber institucional de proceder a renovar, en plazo, el órgano».

Indican además que las razones del PP para la no renocavión «son cambiantes e insuficientes» y añaden que «la pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación» ya que si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla.

«Pero también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial», subrayan para luego recordar que existe un Pcto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial y que lleva vigente 20 años.

Por ello, reclaman que Lesmes se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a la inmediata renovación del órgano y que las presidencias del Congreso y del Senado «inicien ya tal proceso, sea cual fuera su resultado».

«Si hay que hacer cambios en las normas, que se propongan, pero ya tenemos una regulación vigente y aplicable desde hace décadas: la que había el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que debería haberse renovado la composición del CGPJ, y que hoy aún está en vigor», añaden.

Asimismo, reclaman que tanto el CGPJ como el Congreso y el Senado se dirijan a la dirección del PP, a Pablo Casado, o a los grupos parlamentarios que sea preciso, «para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley» dado que ambas están siendo incumplidas y vulneradas con «técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia».

MÉS per Mallorca preguntará al Gobierno del Estado sobre el reconocimiento «efectivo» de las enfermedades profesionales que sufren las camareras de pisos (Kellys) y lo hará a través de una batería de preguntas con solicitud de respuesta escrita que el senador autonómico Vicenç Vidal ha registrado esta semana en la Cámara Alta.

Según ha informado el senador autonómico Vicenç Vidal, este martes en rueda de prensa, «MÉS per Mallorca quiere ser la voz de las Kellys en el Estado».

Por este motivo, en el Senado se ha registrado esta semana una batería de preguntas, con solicitud de respuesta escrita, con el objetivo de interpelar al Gobierno del Estado para el reconocimiento «efectivo» de las enfermedades profesionales de las camareras de piso; que se regule la carga laboral de estas trabajadoras y que una parte del dinero destinado al Plan para Reavivar la Economía Balear del Sector Turístico se destine a la parte social, es decir, a los estudios ergonómicos y a las mejoras técnicas.

En caso de no recibir una respuesta escrita, ha continuado Vidal, «se pedirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la responsable del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto».

Esta batería de preguntas, elevada esta semana al Senado, con solicitud de respuesta escrita, «no es una acción aislada de MÉS» dado que, ha recordado Vidal, «ya se han llevado a cabo previamente iniciativas para apoyar a las Kellys tanto el Parlament balear como en ayuntamientos de municipios turísticos».

LA FORMACIÓN RECLAMA «RESPONSABILIDAD» A LOS EMPRESARIOS

Por otro lado, la regidora de MÉS per Mallorca en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha recordado que «desde hace más de un año toda la sociedad se ha esforzado para incrementar la cobertura social a todos los trabajadores que por la COVID no han podido desempeñar su trabajo, para que nadie quedará atrás».

De este modo, y ante la reactivación turística, ha solicitado el «mismo esfuerzo» al sector empresarial. «Los empresarios de Baleares deben tomar la responsabilidad que ha demostrado la sociedad para, de forma importante y ágil, incorporar a todos sus trabajadores, incluso incrementar las plantillas, en el supuesto de que sea necesario ante un previsible aumento del trabajo».

Concretamente, sobre las camareras de piso, Truyol ha apuntado que «las Kellys se han demostrado como un sector que ofrece un servicio esencial». «Si ellas paran, se para la industria turística», ha hecho hincapié. Por este motivo, ha reivindicado, «condiciones laborales dignas y adecuadas».

«Es momento de poner a las Kellys y a otros trabajadores que han sido invisibilizados en el en el centro, de revalorizar la economía de los cuidados, que se ha demostrado esencial durante la pandemia», ha señalado.

LAS KELLYS PIDEN «SER ESCUCHADAS»

Finalmente, la representante de Unión Kellys Baleares Antonina Ricaurte ha agradecido el trabajo hecho desde MÉS per Mallorca «para visibilizar los problemas de la hostelería, en general, y de las camareras de pisos, en particular».

Antonina Ricaurte ha aprovechado sus declaraciones ante los medios de comunicación para reivindicar, una vez más, el reconocimiento de las enfermedades profesionales de las camareras de piso. Además, ha reclamado que se reconozca su derecho a jubilación anticipada y se regulen las sobrecargas de trabajo, que padecen.

«Las Kellys necesitamos que se nos escuche, que se legalicen las enfermedades profesionales y que estén codificadas, para que las Mutuas no nieguen a ninguna persona el derecho a ser atendida y se pueda tener mejor calidad de vida», ha destacado.

La periodista especializada en radicalización violenta Alexandra Gil ha subrayado este martes que «la sociedad tiene un reto con los presos yihadistas que van a quedar en libertad» y ha mostrado su preocupación por que «salgan con su ideología enriquecida por otros códigos de supervivencia, contactos o violencia».

Gil ha hecho referencia a las características comunes «entre las dinámicas de un barrio desfavorecido del que pueden proceder algunos yihadistas y las dinámicas de la cárcel», por lo que ha considerado que «muchos de ellos regresan de prisión con un refuerzo de la delincuencia y una banalización de la violencia».

La periodista ha participado en la XIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), con la conferencia ‘Radicalización y desradicalización: el papel de las prisiones’, dentro del ‘Curso internacional sobre terrorismo yihadista: la reconfiguración de la amenaza. 15º edición’.

Gil ha señalado en su ponencia el foco de debate sobre Francia y cómo se articula el modelo de actuación con los presos yihadistas de cara a la desradicalización y ha explicado el sistema de vigilancia que durante un año se le impone a los presos que alcanzan la libertad, «algo que para muchos viola los Derechos Humanos».

Ha apuntado que estas medidas «van desde el brazalete electrónico, perímetro de seguridad o acceso restringido a lugares de público». «En la actualidad se está estudiando acrecentar estas medidas, prolongando el tiempo de vigilancia», ha manifestado.

Gil ha indicado que estas medidas, que «están muy marcadas por la agenda política», no aspiran «a una seguridad basada en que el individuo abandone su ideología durante su estancia en prisión, sino a que existan la coordinación y los cauces para evitar que estas personas vuelvan a planear un atentado».

La periodista especializada en radicalización violenta ha recalcado la importancia de «lo que ocurre mientras el terrorista yihadista se encuentra en prisión» y ha afirmado que «no se puede tomar la prisión como un microcosmos al margen de la Yihad».

En este sentido, ha utilizado el término «tentáculos de la Yihad» para enmarcar todos los ámbitos por los que la radicalización puede continuar y hacerse fuerte dentro de las prisiones.

La periodista ha resaltado que «los programas que siguen los presos yihadistas dentro de las cárceles no tienen en cuenta todos los ecosistemas que tocan y afectan al individuo».

De estos factores, entre los que ha señalado «las parejas, los familiares, amigos o los antecedentes del individuo», ha destacado el papel de las madres de los presos. «Las madres han sido el motor de la vuelta de muchos yihadistas y, probablemente, lo único que tengan cuando salgan», ha apostillado.

En cuanto a su experiencia personal, Gil ha hecho referencia a que las madres que ha tenido oportunidad de entrevistar «son ateas o católicas, y no presentan símbolos de radicalización ni violencia».

Ha precisado que «cuando las madres tienen sus hijos en Siria, quieren que vuelvan aunque cumplan años de prisión, pero cuando están en la cárcel se conforma una rabia hacia el sistema penitenciario que se traduce en rabia hacia el Estado».

«Esta rabia no provoca que justifiquen los actos cometidos, pero empiezan a equilibrar lo que sus hijos hubieran hecho en Francia con lo que el país les está haciendo manteniéndolos en prisión», ha apuntado la periodista, a la vez que ha lamentado que «se pierde una pata de la realidad al no visualizar el problema que presentan estas relaciones».

Gil ha argumentado que «la gran cuestión es cómo aislar a los presos sin contribuir a dinamizar las sinergias de grupo» y se ha referido a que «el aislamiento y trato diferenciado de estos da pie a un cambio de jerarquía dentro de las prisiones, aumentando el poder de los yihadistas en la cárcel y alterando como son percibidos por el resto de presos».