El Teatro Lara ha recibido a cerca de 100.000 espectadores desde que reabriera sus puerta el pasado 8 de julio de 2020, en la Corredera Baja de San Pablo, tras 120 días cerrado al público por el confinamiento a causa del coronavirus .

«Fue un momento de alegría para todo el equipo del teatro, para el público y para quiénes forman parte del equipo de ‘Cádiz'», ha indicado el Teatro en un comunicado, ya que era la producción propia que inauguraba la era post-Covid y que se ha mantenido en cartel hasta el 27 de junio de este año.

«Hemos resurgido y volvemos a lucir en nuestra plenitud y a ofrecer una propuesta escénica de calidad a la ciudad de Madrid», ha asegurado el director del Teatro Lara, Antonio Fuentes, quien ha destacado que este lugar ha sobreviviendo a incendios, crisis económicas, especulares y momentos difíciles para fidelizar al público.

El Teatro ha conseguido casi un millar de nuevos abonados en el último año y, para lograrlo, la maquinaria del Lara en alianza con las compañías teatrales ha programado cuarenta montajes, de entre los cuales, 13 han sido estrenos.

Entre estos estrenos, han destacado la producción propia ‘El mensaje’, protagonizada por Natalia Millán y Ana Azorín, y escrita y dirigida por Ramón Paso. También de PasoAzorín Teatro y con la dirección de Ramón Paso, las tablas del Lara han visto el estreno de ‘Sueños de un seductor’, que cumple un año en cartel.

El Teatro ha estrenado también varios musicales de pequeño formato: ‘La sombra de Audrey’ y ‘Solitarias de estreno’, junto a otros estrenos destacados como ‘Pisazo!’, ‘Familia Camino’ o ‘El móvil’.

Además del seguimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios, el Teatro Lara también habilitó un sistema en su reapertura para que quién sacara entrada y no pudiera acudir a la sesión a causa de la Covid-19, pudiera obtener un código que le permitiera acudir cuando lo desee a cualquier obra que esté en cartel.

«Este sistema ha dado una gran tranquilidad al público y, con algunos altibajos, ha facilitado que el patio de butacas se fuera llenando hasta los últimos sold out de espectáculos como El Mensaje o Un peral entra por la ventana», ha asegurado Fuentes.

Por otra parte, han señalado que el Lara celebra este «particular aniversario» fiel a su programación que ofrece humor, reflexiones acerca de los sentimientos y montajes de alto contenido social. Obras que se mudan de la sala pequeña a la grande como ‘Johnny Chico’ y ‘Sueños de un Seductor’, la vuelta de algunos éxitos y los estrenos de ‘Mori(r) de amor’ y hoy mismo el de ‘Yo, nunca’.

Además, Gabriel Olivares recupera su ‘Gross indecency’ desde el 9 de julio. A ellas se suman ‘El móvil’, ‘Besarte, amarte y follarte’ y ‘Pisazo!’, que estarán de nuevo también en cartel a partir de julio con nueva temporada.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo a las concentraciones celebradas este lunes en toda España para protestar contra el asesinato del joven Samuel, que murió a consecuencia de las heridas provocadas por una paliza que le propinó un grupo de personas.

«Es muy importante que se visibilice el rechazo social, ojalá unánime, a todas estas actitudes porque de esa manera podremos combatirla y que dejen de sentirse impunes personas que protagonizan tan desgraciado incidente», ha señalado Montero.

Así lo ha manifestado este martes Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha trasladado toda la solidaridad del Gobierno con la familia y con las amistades de Samuel, el joven asesinado este fin de semana en A Coruña.

En este contexto, Montero ha destacado que se trata de un crimen que ha causado «una gran ola de indignación» en el conjunto de la sociedad española: «Personas que han salido a las plazas para mostrar su profundo rechazo frente a la homofobia y frente a actitudes que fomenten el odio o la violencia».

La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la justicia está trabajando en este momento «para esclarecer estos hechos». «Esperamos que la justicia, sea capaz de hacer todas las averiguaciones que conduzcan a los responsables porque tras un asesinato como este toda la sociedad se ha quedado conmocionada y eso implica que tenemos una mayor sensibilidad ante estos temas de lo que teníamos previamente», ha precisado.

CRITICA A PERSONAS Y FORMACIONES QUE PROMUEVEN EL ODIO

No obstante, ha lamentado que, mientras existan este tipo de conductas y que mientras que haya «personas e incluso formaciones políticas que promuevan o promocionen el odio, la exclusión, la xenofobia o la homofobia, evidentemente el trabajo de toda la sociedad será un trajo arduo, sin descanso».

Asimismo, Montero ha asegurado que la gente se manifestó este lunes «de forma pacífica» expresando su rechazo por este tipo de conducta, algo que, a su juicio, pone de manifiesto que la sociedad española «ha ido madurando en los últimos años de forma más acelerada».

«No se puede tolerar que en nuestro país coexistan este tipo de personas que están haciendo de esa bandera del odio su propia razón de ser y sobre todo que haya organizaciones que promuevan de forma colectiva este tipo de conducta o que la justifiquen o que no las condenen o que tengan algún pero cuando aparecen», ha advertido.

La ministra ha defendido el «respeto al distinto, al diferente, la atención a la diversidad, el ser capaces de promocionar una sociedad inclusiva donde todo el mundo tiene un papel que jugar y no fomentar conductas ni cuestiones que van encaminadas hacia el odio o hacia el incremento de la intolerancia».

Segundo C.V., el sacerdote del colegio Salesianos de Vigo acusado de doce delitos de abusos sexuales a seis menores de 16 años, ha negado este martes haber realizado tocamientos a estos alumnos durante el verano de 2019.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido la primera de las tres sesiones previstas para este caso, que procede del juzgado de instrucción número 4 de Cambados y en el que el fiscal pide para el acusado penas que suman 67 años y medio de prisión.

Al inicio del juicio y como cuestiones previas los abogados de la defensa han aportado algunas conversaciones de WhatsApp entre el acusado y algunas de las víctimas.

La Fiscalía las ha rechazado por la falta de garantías en esas transcripciones al no estar debidamente acreditadas, sin embargo las acusaciones particulares han dado su visto bueno ya que entienden que se trata de conversaciones realizadas de madrugada entre unos menores y un adulto (el cura tiene 41 años).

Los letrados de la defensa también han incorporado una pericia psicológica del acusado, un examen forense que hasta ahora el cura había rechazado.

Aunque la declaración del acusado se ha celebrado en audiencia pública, los testimonios de todos los menores serán a puerta cerrada para proteger su identidad. Además, se han dispuesto unos biombos en la sala para evitar la confrontación visual de las víctimas con el procesado.

El acusado solo ha respondido a las preguntas del fiscal y de su defensa. Durante más de una hora ha explicado que es sacerdote «desde hace 12 años» y que está destinado en el colegio María Auxiliadora de la congregación de los Salesianos en la ciudad de Vigo donde, entre otras funciones, ejerce de profesor, coordinador de la acción pastoral y director del campamento juvenil del colegio y de la asociación juvenil Abertal.

En la vista oral, Segundo ha asegurado que mantenía «una relación correcta» con los jóvenes afectados en esta causa y ha contestado que «no» a todas las preguntas del fiscal sobre si tocó los genitales a los chicos, si introdujo la mano dentro de sus pijamas o de sus sacos de dormir, o sobre si visitó las habitaciones de los menores durante las noches.

El fiscal ha interrogado durante una hora al acusado. En primer lugar, le ha preguntado por los supuestos abusos que se habría producido entre el 15 y el 23 de julio de 2019 en un centro de la orden de los Salesianos en Cambados durante un campamento de verano que dirigía este sacerdote y que estaba organizado por el colegio, a través de la asociación juvenil Abertal.

El acusado ha sostenido que compartió habitación con algunos alumnos pero negó los tocamientos. Tan sólo indicó que entró en una de las habitaciones para «mover» a uno de los menores «para que dejase de roncar», un gesto que sorprendió a uno de los monitores que dormía en esa habitación que le preguntó qué hacía allí.

Este episodio no había sido incluido en sus declaraciones anteriores, algo que llamó la atención del fiscal. El cura justificó este cambio en su declaración indicando que dos años dan para pensar mucho en las situaciones y que ahora sí recuerda.

El fiscal también ha interpelado al cura en relación a otros supuestos abusos cometidos durante una peregrinación a Santiago de Compostela organizada por el colegio en abril de 2019 y, dos meses después, a un menor que acudió a la asociación juvenil Abertal, dependiente del colegio, a ver la final de la Champions League de fútbol.

Terminada la declaración del acusado el juicio continuó a puerta cerrada con el testimonio de los menores.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno respalda la actuación policial al término de la manifestación contra el crimen del joven gallego Samuel que fue asesinado este fin de semana al recibir una paliza de un grupo de jóvenes.

Así lo ha afirmado la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si consideraba desproporcionada la actuación policial en la noche de ayer.

«El Gobierno respalda las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en relación restablecimiento del orden salvo que exista algún tipo de denuncia de un caso concreto, que se estudiara mas a fondo», ha precisado Montero.

En su opinión y en términos generales «no hubo grandes actuaciones porque la mayor parte de la ciudadanía comporto de manera pacífica». No obstante, ha argumentado que el Gobierno tiene que «restaurar el orden establecido» si al final de las protestas se registran incidentes que pueden alterar el funcionamiento de pueblos y ciudades.

Según Montero, lo importante es la consternación que vivió la sociedad española cuando fue consciente de que «una persona, por su condición sexual, fue agredida brutalmente hasta el asesinato». Esto, en su opinión es con lo que se tiene que quedar la sociedad para que no vuelvan a repetirse incidentes y para que todo el peso de la Ley caiga sobre los agresores.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO ANALIZARÁ LAS IMÁGENES

Con anterioridad, la Delegación del Gobierno había anunciado que analizará las imágenes para detectar si la actuación policial fue o no desproporcionada, como han denunciado algunos manifestantes y líderes políticos.

La concentración se produjo en la Puerta del Sol de Madrid autorizada por la Delegación del Gobierno, que asegura que se reunieron allí unas 4.000 personas. Según Delegación, la Policía Nacional había detectado la presencia de varios grupos de ideología radical de extrema izquierda, identificando a siete de estas personas.

Con posterioridad, sobre las 21 horas, los agentes localizaron a unas 1.000 personas subiendo desde Preciados hasta la plaza de Callao, produciéndose posteriormente una sentada, primero en Gran Vía y luego en la calle San Bernardo a la altura del Ministerio de Justicia hacia las 21:44 horas, durante unos 40 minutos.

Así, siguiendo la versión de la Delegación del Gobierno, la Policía requirió a estas personas, en todo momento, que se disolvieran ya que no tenían autorización para realizar esta marcha, que estaba conllevando cortes y atascos de tráfico en la zona.

Estos se negaron y, tras la parada, continuaron su marcha hacia la calle Princesa. Siguieron haciendo caso omiso a las advertencias y unos 70 de ellos comenzaron a arrojar objetos a la Policía, además de alentar para rebasar la línea policial.

Hacia las 22:30 hora, a la altura del metro de Argüelles, entre las confluencias de las calle Alberto Aguilera y Princesa, se produjeron más lanzamientos de objetos por parte de los participantes, «quienes trataron de formar barricadas en la zona causando daños en el mobiliario urbano, lo que provocó la actuación de la Policía utilizando la fuerza para disolver a este grupo, de unas 70 personas», señalan.

Los altercados concluyeron sobre las 23:30 horas. En el transcurso de los incidentes, los agentes detuvieron a un joven por desórdenes públicos, además de la identificación de otros siete. Las personas más hostiles, las que habían mantenido una actitud más desafiante, abandonaron el lugar, quedándose un grupo, que realizó una sentada en la zona del Corte Inglés, sin que se produjera incidente alguno.

La Delegación del Gobierno ha remarcado que analizará las imágenes y estudiará la actuación policial realizada, así como el operativo aplicado. «Y como no podría ser de otra manera, en el caso de que se haya producido cualquier desproporcionalidad, se adoptarán las medidas oportunas», prometen.

Un acusado de abusar sexualmente de una menor con una discapacidad reconocida del 48%, J.R.V.I., lo ha negado, mientras la niña ha asegurado que este hombre le realizó tocamientos en su vivienda de Vigo.

En una vista celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la urbe olívica, el procesado ha explicado que conoció a la menor a la salida de un supermercado en 2017, así como que en dos ocasiones posteriores esta se presentó en su portal asegurando que un hombre mayor la perseguía.

Por ello, él ha manifestado que le permitió entrar en su vivienda con el objetivo de identificar al varón que la seguía desde su balcón. No obstante, ha señalado que no observó a ninguna persona, por lo que facilitó su número de teléfono a la niña con el objetivo de su madre se pusiese en contacto con él para explicarle lo ocurrido. Finalmente, ha relatado que «rompió la relación personal» con esta menor «al ver que la madre no lo llamaba».

Sin embargo, ha remarcado que «jamás» intentó abusar sexualmente de ella o quitarle la ropa cuando esta accedió a su vivienda, pero ha reconocido que ambos se comunicaron a través de una aplicación de mensajería móvil. Aunque ha indicado que observó que la menor presentaba dificultades para expresarse, ha afirmado que lo achacó a que ella le aseguró que «era rusa».

Mientras, la niña ha indicado que este hombre «le ofreció ‘chuches'» y la invitó a su vivienda, donde le dijo que guardaba muñecos. Además, la menor ha detallado que accedió en varias ocasiones al domicilio de este hombre, donde ha apuntado que él intentó quitarle la ropa y le realizó tocamientos en la zona genital y los pechos pese a que ella «no quería».

Por su parte, una ginecóloga que examinó a la niña ha descartado que se produjese un episodio de penetración y ha resaltado que no observó que esta presentase una erosión en la zona genital, aunque ha indicado que de haberse producido tampoco podría ser perceptible dado que la evaluación se realizó dos meses después de los supuestos hechos.

RELATO «CREÍBLE»

Las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que evaluaron a la niña han considerado «creíble» su relato, en el que aportó «muchos detalles del contexto», como las características de la vivienda del procesado. Además, han subrayado que su retraso madurativo dificultaría que pudiese hacer referencia a aspectos sexuales como los relatados y han considerado «difícil» que pudiese crear falsos recuerdos.

En cambio, un profesional que ha comparecido a petición de la defensa ha cuestionado el protocolo aplicado para la evaluación de la menor, a la que se realizaron preguntas sobre lo sucedido, dada su dificultad para elaborar «un relato extenso».

Asimismo, la madre de la niña ha destacado que descubrió conversaciones mantenidas por su hija con el acusado a través de una aplicación de mensajería instantánea y sospechó que ella «podía ser manipulada». Posteriormente, ha precisado que la menor le contó que él le había realizado tocamientos, por lo que procedió a interponer una denuncia.

Adicionalmente, la psicóloga del centro al que asistía la niña en ese momento ha precisado que se reunió con ella junto a la directora después de que la madre les avisase de lo ocurrido. Así, ha afirmado que la menor, que presenta «una limitación del desarrollo cognitivo» y un carácter «infantil», mantuvo «la misma versión» durante varios encuentros en los que se le preguntó sobre los supuestos hechos.

La tutora de la niña también ha resaltado que esta se encontraba «destrozada emocionalmente» y «tenía miedo» de ingresar en prisión dado que creía que ella había obrado de modo incorrecto.

La Fiscalía había pedido seis años de prisión para el procesado por la supuesta comisión de un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años, así como la medida de libertad vigilada durante cinco años.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido a los jóvenes que realicen un «último esfuerzo» y sean «responsables» a nivel individual porque queda ya «muy poco» para derrotar al coronavirus y, por ende, volver a poder disfrutar libremente de la vida social.

Montero se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que la incidencia acumulada de contagios de coronavirus a 14 días haya aumentado de forma exponencial debido, entre otros motivos, a la relajación de medidas de prevención del contagio por parte de la población no vacunada, como son los jóvenes.

«Comprendemos las ansias que tienen los jóvenes por pisar la calle, por relacionarse después de tantos meses de confinamiento y de restricción de la movilidad y, además, porque están en una etapa vital que invita a esa mayor relación, pero les pedimos un último esfuerzo porque estamos cada día más cerca de derrotar a este virus», ha aseverado Montero.

Por ello, ha insistido en la «responsabilidad individual» de las personas tanto para proteger a las personas más vulnerables de las familias como a ellos mismos. «Que estemos muchísimo mejor que hace unos meses no significa que podamos relajar las medidas y dejar de protegernos y cuidarnos a nosotros mismos o a los demás», ha sentenciado.

La ministra también ha expresado el «agradecimiento» del Gobierno a los jóvenes por su actuación a lo largo de la pandemia. «Por su momento vital, están más llamados a la movilidad e interacción entre personas, han hecho un esfuerzo impresionante durante este último período», ha apuntado.

En cualquier caso, ha avanzado que «ya queda muy poquito» para que sean vacunados y para que España alcance la inmunidad de grupo. «Estamos ya a las puertas de agosto, a punto de tener la inmunidad de rebaño», ha anunciado. Por ello, ha insistido en hacer un «llamamiento a la prudencia» de los jóvenes porque «casi lo estamos tocando con los dedos».

La portavoz del Gobierno ha recordado que el objetivo de lograr tener vacunada al 70 por ciento de la población a finales de agosto, subrayando que ya se han invertido 5.000 millones de euros para la adquisición de vacunas.

La ministra ha reconocido, no obstante, que este gran incremento de la incidencia no se está traduciendo en un aumento de los fallecimientos u hospitalizaciones. «Ahora esta incidencia no se traduce exactamente porque se produce entre población joven y tenemos un porcentaje de vacunación en mayores de 50 años que está protegiendo a estos colectivos, pero entre los 30 y los 50 hay personas que no han recibido la segunda dosis o incluso la primera», ha advertido.

Teniendo en cuenta que la atención hospitalaria no se está viendo afectada, Montero ha reivindicado la necesidad de «preservar la Atención Primaria». «Quizá ahora los pacientes no van tanto a la especializada porque la sintomatología, por lo general, suele ser leve. El contagio del virus se expresa de forma distinta pero es conveniente que lo mantengamos a raya», ha remachado.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de «bomba» el aumento de los contagios de coronavirus vinculado a la movilización de los jóvenes, a sus «ansias» de salir y a celebraciones relacionadas con el fin de curso, con «reuniones masivas en lugares cerrados» en los que «no hay ventilación», tampoco «llevan mascarilla» y donde se producen contactos con «infinidad de besos, saludos y abrazos».

«Eso es una bomba», ha alertado el jefe del Ejecutivo regional, que solo ve «dos soluciones»: «vacunas y sensatez», porque «no se puede hacer otra cosa», según ha manifestado este martes a preguntas de los periodistas tras visitar una quesería de Villacarriedo.

Allí ha asegurado que por el momento la comunidad autónoma cuenta con un volumen «importante» de rastreadores y «medios suficientes». No obstante, ha reconocido un problema «cosustancial» a la juventud, ya que no es lo mismo «controlar» -ha comparado- a personas mayores que a jóvenes confinados.

Y a esto se suma la «dificultad» de localizar contactos entre este último colectivo, en el sentido de que optan por «no delatar a los compañeros» con los que, por ejemplo, han salido de fiesta. Y además, en «algunos» casos en los lugares donde habían estado no tenían «registro» de asistentes, lo que complica el rastreo de contactos.

Teniendo en cuenta todo esto, Revilla ha llamado a la «sensatez» y la «cordura», especialmente de los más jóvenes, a los que no ha querido «culpar» de la situación actual de la pandemia, pero sí les ha pedido que sean «conscientes» de que se pueden infectar y contagiar a otras personas, incluso aunque estén inmunizadas, pues la vacuna «no es eficaz al cien por cien».

Además, el regionalista ha hecho una petición: «vacunas, vacunas, vacunas», pues a su juicio no están llegando dosis «suficientes» para inmunizar a la población, más si se tiene en cuenta -como ha subrayado- la capacidad de la comunidad autónoma para administrarlas. «Si tuviera Cantabria ahora 40.000 vacunas, las coloca. Estamos preparados para ponerlas», ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que hay un grupo de edad que está «en el limbo» y que son los mayores de 60 años pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, aunque ya se está «empezando a llamarles», ha valorado.

El presidente ha advertido que su Gobierno, a través de la Consejería de Sanidad, irá adoptando medidas restrictivas en aquellos municipios que estén en nivel de riesgo 3 y 4, conforme a la actualización semanal del ‘semáforo Covid’.

A este respecto, y aunque como ha remarcado estas decisiones corresponden más concretamente a la Dirección General de Salud Pública, ha admitido que el lunes no fue «un buen día», ya que se detectaron más de 260 casos -contabilizados este martes-, aunque ha precisado que «lo positivo» es que la incidencia hospitalaria es «pequeña» y no hay «ningún riesgo» en ese aspecto.

ESTAMOS EN TODOS LOS TELEDIARIOS, PERO CANTABRIA ES SEGURA

De todos modos, Revilla ha abogado por «solucionar» la coyuntura Covid porque «estamos en una racha donde estamos en todos los telediarios» al tiempo que Alemania ha pedido a sus ciudadanos que no vengan a Cantabria, lo que puede generar una imagen de que «no es segura» cuando a su juicio «es absolutamente segura para el que no quiera contaminarse».

Pero si alguien quiere venir «con la intención de irse a lugares cerrados hasta altas horas de la mañana y no respetando» las medidas sanitarias -uso de mascarilla, distancia de seguridad, etcétera- «pues entonces que no venga», ha pedido el presidente autonómico.

Ha achacado este contexto actual de la pandemia a que el virus está «extendido» y está afectando fundamentalmente a la población no vacunada, la juventud, que «se moviliza mucho más que los mayores».

Pese a ello, la situación «no esta tan grave» como hace un año, cuando había una «alarma total» pues una parte «importante» de los infectados «acababa» en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos o incluso fallecía.

Ha recordado así que entonces en Cantabria llegó a haber más de 400 pacientes en planta y cerca de medio centenar en la UCI, cuando ahora hay una treintena y cuatro, respectivamente y según ha contrastado.

Aún con todo, el presidente cántabro ha pedido a los jóvenes que están «divirtiéndose» y piensan que «lo más que pueden coger es un catarro» que pueden infectar a familiares -padres o abuelos- incluso aunque tengan las dos dosis de la vacuna y que por tanto pueden acabar ingresados.

«Son jóvenes y les queda toda una vida por delante. ¿No pueden esperar para que dentro de dos meses puedan estar vacunados?», se ha preguntado al hacer el llamamiento a la «sensatez» y la «cordura» a este colectivo, no solo por el «egoísmo personal» de que «a nadie le gusta enfermar», sino también por «solidaridad» con sus familias.

Al hilo, y para finalizar, ha insistido en calificar como «una bomba» macrofiestas de fin de curso en lugares cerrados, en lugares también como la Costa Brava o Mallorca, o personas que han hecho «hasta 400 kilómetros para estar una noche en un local cerrado» de Cantabria, que se convirtió en una «atracción» cuando los tribunales permitieron el ocio nocturno mientras seguía cerrado en otras comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno no entra a juzgar si el fondo de 10 millones creado por el Ejecutivo catalán para pagar multas por el ‘procés’ es «malversación o menoscabo de fondos públicos».

Montero ha respondido así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sido preguntada por la advertencia del Tribunal de Cuentas de que el Govern podría incurrir en malversación si paga las multas de los 34 exaltos cargos de la Generalitat con fondos públicos.

La Portavoz del Ejecutivo inicialmente ha dicho que no podía opinar sobre la norma aprobada por la Generalitat porque no conoce el acuerdo y simplemente lo han visto en titulares de prensa.

No obstante, ha precisado que el Gobierno «vela por la legalidad existente» y esto significa, ha dicho, que «todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad». Aunque ha añadido que cuando tengan opinión, tras conocer la norma, la harán pública.

Pero al ser preguntada sobre si la Generalitat estaría incurriendo en un delito de malversación como ha avisado el Tribunal de Cuentas y si el Gobierno está dispuesto a recurrir el pago de esa multa con fondos públicos, la Portavoz del Ejecutivo ha señalado que, sobre el tipo de delitos que pueda o no haber, «no le corresponde al Gobierno juzgar».

Ha precisado en este sentido que al Gobierno no le compete juzgar «si una determinada conducta es objeto de un menoscabo de fondos públicos, de malversación, de responsabilidad contable o cualquier otra de las consideraciones que tiene que ver con los fondos públicos».

Se ha limitado a señalar que el Ejecutivo respeta las decisiones de los tribunales y del Tribunal de Cuentas. Sobre este último ha precisado que aún no ha concluido el procedimiento y que éste puede ser recurrido por los afectados una vez que concluya.

La decisión de crear este fondo ha sido anunciada esta mañana por la portavoz del Govern, Patricia Plaja, quien ha comparecido tras la reunión del Consejo Consultivo para explicar que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

Según ha dicho, acompañada de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el consejero de Economía, Jaume Giró, este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo.

Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.

Las instituciones de la Comunitat Valenciana han condenado este martes, mediante concentraciones silenciosas, el asesinato en Borriana (Castellón) de Johana Andrea, por el que ha sido detenido su pareja como presunto autor. «Hay que acabar con este terrorismo sea como sea», han recalcado representantes institucionales, que recalca que «las mujeres tienen que dar el paso, pero toda las sociedad tiene que acompañarlas en este camino tan difícil y doloroso».

El cadáver de Johana fue hallado el pasado 21 de abril en la población castellonense y este lunes se confirmó como un nuevo caso de violencia de género. Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 24 en 2021 y a 1.102 desde 2003. En la Comunitat Valenciana, se trata de la segunda víctima mortal en 2021 y la primera en la provincia de Castellón.

Así, a las puertas del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la delegada, Gloria Calero, ha lamentado estar «tristemente otra vez» denunciando «este atropello a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres», lo que ha tildado de «una situación insostenible e indigna para una sociedad civilizada».

«Tenemos que ser conscientes toda la ciudadanía de que tenemos que poner coto a esta lacra social. Seguiremos denunciando tristemente las veces que sea necesario y seguiremos trabajando, como hemos dicho ya en otras ocasiones, ha aseverado.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha asegurado que, desde las instituciones se están revisando las herramientas existentes para «ver en qué podemos mejorar para acabar con esta lacra».

Por su parte, la asesora de la Delegación del Gobierno en materia de Violencia de Género, Ángela Escribano, ha denunciado que «la sociedad civil, las instituciones y los propios entornos de las víctimas no son suficientes para abordar todos los elementos que genera el machismo». «Las mujeres tienen que dar el paso, pero toda las sociedad tiene que acompañarlas en este camino tan difícil y doloroso», ha continuado.

«TERRORISMO MACHISTA»

Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 24 en 2021 y a 1.102 desde 2003. En la Comunitat Valenciana, este asesinato confirma la segunda víctima por violencia de género en 2021 y la primera en la provincia de Castellón.

Sin embargo, Escribano ha denunciado que en estas cifras, que se enmarcan dentro de la violencia de género según la definición de la Ley Orgánica 1/2004, «no están reflejada Wafaa, ni Florina, ni Laura Luermo, ni Diana Quer, ni otras mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres porque el asesino no había tenido una relación de afectividad con las víctimas».

Frente a esta definición de violencia de género, Escribano ha defendido el artículo 3 del Convenio de Estambul, que «define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación».

«Esta definición contempla todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica y económica», ha explicado.

Por último, ha defendido que no se puede negar la violencia contra las mujeres «justificándolo como parte de la relación de pareja». «Esto muestra el gran desconocimiento que se tiene y su desconsideración hacia las mujeres, niños y niñas que la sufren y que viven bajo sus golpes y amenazas. Negarla es también un acto de violencia», ha apostillado.

Por su parte, miembros del Consell han guardado tres minutos de silencio en señal de repulsa. El secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho, ha remarcado que «ninguna sociedad democrática puede aceptar el asesinato de mujeres por el terrorismo machista».

El Gobierno valenciano quiere «enviar a los terroristas machistas» el mensaje de que la sociedad valenciana «no está dispuesta a consentir más asesinatos y que siempre nos van a tener frente a ellos». «La violencia, el asesinato de mujeres, no va a ser nunca algo que ninguna sociedad democrática pueda aceptar», ha razonado Sancho, que ha agregado: «Por tanto, toda la sociedad, todos los sectores sociales, todos los agentes, nos acompañarán en esta lucha para acabar con este terrorismo sea como sea».

«CONSTERNACIÓN» EN BORRIANA

El silencio se ha hecho también a mediodía frente al Ayuntamiento de Borriana, la localidad donde vivía la víctima. El consistorio ha mostrado su «consternación y rechazo».

En la concentración han participado integrantes de la corporación municipal, de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como vecinos, para condenar los hechos y trasladar su solidaridad a los familiares y amigos de la víctima.

La concentración silenciosa, a la cual se han sumado miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y varios vecinos, ha sido convocada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para todas las entidades dentro del ámbito autonómico. De este modo, las muestras de dolor se han repetido en diversos consistorios, las diputaciones, universidades y subdelegaciones de gobierno.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que ahora el partido no está pensando en elecciones porque está centrado en «gobernar bien» en Castilla y León, Andalucía y cientos de municipios, y ha recordado que aún faltan dos años para los próximos comicios autonómicos y locales.

Así ha respondido en una entrevista en Castilla-La Mancha Media, cuando le han preguntado si Cs concurrirá en solitario a las siguientes elecciones autonómicas y generales o si se plantea una posible alianza del centro derecha junto al PP.

«Nosotros somos el único partido liberal de España y vamos a defender los principios de este partido, siempre pensando en el interés general», pero «no estamos pensando en elecciones ahora, estamos pensando en gobernar bien», ha manifestado. En este sentido, ha apuntado que «en los Ayuntamientos quedan todavía dos años de legislatura» y ahora «hay que estar centrados en la gestión».

Respecto a si la formación naranja acabará fusionándose con el PP, Arrimadas ha dicho, en otra entrevista en CMM Radio, que «el futuro de Ciudadanos es seguir siendo ese espacio» que representa a quienes quieren votar a una opción política «liberal» que defiende «la igualdad de todos los españoles en todos los rincones de España» y que antepone «el interés general» a los intereses partidistas.

«Llevábamos 40 años sin un partido de centro, que huyera de las trincheras y que buscara acuerdos buenos para los ciudadanos», así que «vamos a seguir trabajando con fuerza porque este proyecto merece mucho la pena», ha destacado.

DECIDIÓ LIDERAR EL PARTIDO EN UNA SITUACIÓN «DIFÍCIL»

Arrimadas ha asegurado que no da importancia a las encuestas que atribuyen unas bajas expectativas electorales a Cs y muestran una baja valoración de su líder, porque lo que le preocupa no son los temas de la «burbuja política», sino cómo resolver «los problemas de verdad» que afectan a la gente en su vida diaria.

Además, ha indicado que, cuando decidió presentarse a las primarias para presidir Ciudadanos, después de que Albert Rivera dimitiera por el fracaso en las elecciones generales de noviembre de 2019, ya sabía que estaban «en una situación muy difícil», tras perder el 80 por ciento de los escaños que tenían en el Congreso.

Y cuando se unió al partido en 2012 en Cataluña, ya era consciente tampoco iba a ser para «vivir mejor»: «Yo siempre que he estado en política he sabido que he venido a luchar, no a facilitarme la vida, sino a todo lo contrario, a complicármela».

«Pero merece mucho la pena luchar por un proyecto que sí que cree en la igualdad de todos los españoles, que lo mismo te dice no a los indultos que defiende los derechos de las personas LGTBI, que no dice una cosa en el País Vasco, otra en Castilla-La Mancha, otra en Madrid y otra en Andalucía, sino que dice lo mismo en todas partes», ha afirmado.

También ha resaltado que Cs «no se pliega al nacionalismo», conoce «muy bien» Cataluña y «sabe perfectamente cómo funcionan los partidos separatistas», mientras que el PP y el PSOE, cuando gobiernan España, «al final siempre ceden» ante los nacionalistas.

INSTA A LOS BARONES SOCIALISTAS A «MOVERSE» CONTRA LOS INDULTOS

En relación con los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’, Arrimadas ha reiterado que le parece «indignante». Cree que esta decisión –contra la cual se han pronunciado algunos dirigentes autonómicos socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «merece algo más que salir un día y decir ‘no estoy de acuerdo'».

«Hay que hacer algo más, hay que ser más contundentes y, sobre todo, moverse internamente para que esto no se lleve a cabo», ha recalcado, advirtiendo de que, si no, Sánchez «va a seguir aplastando las instituciones del Estado y la igualdad».

Considera que no se puede aceptar que haya «una España de primera y una España de segunda» en donde comunidades autónomas que «han sido leales a España» quedan «olvidadas». A su juicio, tras los indultos, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos hará «más cesiones a los partidos separatistas» y eso provocará que, por ejemplo, los niños castellano-manchegos «no tengan los mismos oportunidades» que otros que hayan nacido en otras comunidades.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aclarar si va a evitar la «inadmisible malversación» que supone que la Generalitat vaya a crear un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas por el ‘procés’. Tras asegurar que se trata de un «fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado», ha anunciado que el PP denunciará por malversación y prevaricación al Govern y recurrirá solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo.

Así se ha pronunciado después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, haya anunciado que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

«Exigimos a Sánchez que evite esta inadmisible malversación que es un fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado», ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Casado ha advertido al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez que «su mesa con independentistas no permite la prevaricación» y ha avanzado que el PP recurrirá «solicitando la inhabilitación de los que lo aprueben».

INSTA A SÁNCHEZ A ACLARAR SI PERMITIRÁ ESTE «FONDO DE REPTILES»

Poco después, el PP ha difundido un audio con unas declaraciones de Casado en las que ha denunciado que la Generalitat pretenda «crear un fondo de reptiles de 10 millones de euros para que aquellos que dieron un golpe al Estado con el dinero de los españoles, encima no tengan que pagar lo que el Tribunal de Cuentas ha estimado que tienen que devolver».

Dicho esto, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a aclarar «inmediatamente si va a permitir esto» que, a su juicio, «es una malversación de otra malversación que ya se hizo». Además, ha indicado que se trata de una «prevaricación» porque «hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas».

Casado ha subrayado que Sánchez «ya ha indultado penalmente a los nueve políticos que dieron un golpe a la legalidad» y ha añadido que «ahora también pretenden que todos los españoles pague el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir», algo que ha calificado de «absolutamente intolerable».

Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque sigue incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales«, ha avisado.

En este punto, ha anunciado los pasos que está dispuesto a dar su partido. «Recurriremos esta decisión y denunciaremos por malversación y prevaricación a la Generalitat esperando que una vez más sean inhabilitados por las graves irregularidades que están cometiendo, en esta ocasión con la complicidad de Sánchez», ha advertido.

RESPETO AL TRIBUNAL DE CUENTAS Y QUE NO HAYA «COMPLICIDAD» DE SÁNCHEZ

Casado ha afirmado que el PP ya sabía que Pedro Sánchez «no quería resolver los problemas de Cataluña» sino «resolver los problemas de los políticos independentistas» para «resolver lo suyo, que es seguir en el poder a toda costa sin ninguna ética, ningún cumplimiento de la ley, ni ninguna moralidad». «Nosotros no lo vamos a permitir», ha proclamado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha reclamado «máximo respeto» al Tribunal de Cuentas, igual que a toda la Justicia, y que «no haya impunidad ni complicidad por parte del Gobierno de España para borrar los graves delitos que se cometieron en el año 2017».

Casado ha subrayado que el PP está con «todos los catalanes y el resto de españoles», quienes «no pueden pagar impuestos en plena crisis para que lo despilfarren en embajadas y en golpes a la legalidad».

«No puede ser que solo se indulte a los que están yendo en contra de la Constitución y contra la igualdad de todos los españoles y que, sin embargo, se deje abandonada a esa Cataluña real que quiere orden, cumplimiento de la ley y concordia», ha resaltado.

GAMARRA: «MALVERSACIÓN AL CUADRADO»

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien considera que el fondo de la Generalitat supone «malversación al cuadrado».

Así, ha recordado que los líderes independentistas indultados «ya dijeron que no se arrepentían» y «vuelven a las andadas con el dinero de todos». «¿Avalar con fondos públicos la malversación? Malversación al cuadrado», ha afirmado en Twitter.

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado que «malversar está fatal, pero malversar la malversación solo estos figuras podían lograrlo». «Luego vendrán los lamentos», ha exclamado.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha rechazado la contrarreforma de Telemadrid planteada por el Partido Popular porque acarreará «más dependencia política y gubernamental», han indicado en un comunicado.

También advierten de «una pérdida de independencia profesional y el cierre de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en la gestión de los medios públicos».

Este último aspecto es para la asociación «especialmente decepcionante ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radiotelevisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad».

«La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público», han insistido.

La entidad destaca sobre la «eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración» que en su modelo actual sus miembros son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid.

LOS CANDIDATOS, COMPETENCIA EXCLUVIVA DE LOS GRUPOS

Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos «con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros».

Ello significa, «a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública».

A las organizaciones de la sociedad civil «se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión». Se reúne «cuatro veces al año».

Además el nuevo Consejo de Administración «pierde atribuciones» porque «aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la dirección general, se elimina de sus funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración».

DIRECTOR GENERAL

Consideran en la asociación que uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un director general propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión pero «se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su reelección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias».

Este administrador único va «en línea con otras contrarreformas, como la operada en RTVE en 2012, de modo que puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación».

Se trata, por todo ello, de «un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un entorno audiovisual como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sostenido este martes que el fondo de diez millones creado por el Govern para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas frena «los efectos inquisitoriales y anacrónicos de este organismo del Estado español», ha dicho tras reunirse con el presidente del Govern, Pere Aragonès.

«Detener esta represión debe ser una obligación, y el Govern ha hecho lo que tenía que hacer: proteger a los servidores públicos que hicieron su trabajo de acuerdo con el mandato democrático de la Generalitat», ha subrayado en rueda de prensa en el Parlament tras la reunión, celebrada en la Generalitat y que ha durado una hora.

Borràs, que ha enmarcado la reunión con Aragonès en una relación que debe ser constante, franca y fluida, ha asegurado que la causa del Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern «le estropea a Pedro Sánchez su fábula de la maravillosa democracia española», en referencia al presidente del Gobierno central.

Además, la causa «recuerda que los conceptos grandilocuentes de concordia y magnanimidad, cuando no van acompañados de acciones, medidas y actitudes, son sólo conceptos vacíos», ha añadido la presidenta de la Cámara.

«El Estado español, en lugar de fiscalizar la acción exterior de Cataluña, tal vez lo que debería revisar es la acción interior de sus organismos, especialmente cuando actúan con actitudes que, más que ser contemporáneas, son casi de naturaleza medieval», según Borràs.

REUNIÓN CON ARAGONÈS

Borràs se ha reunido este martes con Aragonès en el Palau de la Generalitat, en la que ha sido su primera reunión institucional desde que ambos tomaron posesión de sus cargos, y se ha celebrado una vez el presidente del Govern ha terminado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

Ha abordado con Aragonès la situación de la pandemia de Covid-19, y el «recorte de derechos y libertades a raíz del auge de la ultraderecha, que está más presente que nunca en las instituciones», así como de las agresiones homófobas y de discriminaciones y delito de odio de cualquier tipo, ha dicho.

También han tratado la reunión que mantuvieron la semana pasada Aragonès y Sánchez, y Borràs le ha recordado que preside una Cámara con mayoría independentista, por lo que tiene «el mandato para lograr la plena libertad del pueblo de Cataluña» y avanzar hacia la independencia.

Borràs ha abogado por «continuar blindando la Cámara catalana de cualquier tipo de injerencia por parte de otros organismos», y ha asegurado que la vinculación entre la acción del Govern y el Parlament es total, ya que quieren que el ejecutivo y el legislativo caminen juntos, según ella.

También han hablado del pacto que Aragonès quiere promover por la autodeterminación y la amnistía, y Borràs le ha trasladado que prevé reunirse con los presidentes de los grupos parlamentarios para plantear medidas ante problemáticas que le han expuesto entidades e instituciones con las que se ha reunido durante sus 100 primeros días presidiendo la Cámara.

Preguntada por el encuentro entre el expresidente del Govern Carles Puigdemont y el expresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confiado en que será cordial y que podrá «dar sus frutos», y ha recordado que lideraron el Govern que promovió el 1-O.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este martes la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que, según ha indicado, pone el consentimiento en el centro. «Eso significa que solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad, te libera de tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o te sentiste intimidada», ha declarado.

Montero ha hecho estas declaraciones a través de un video de más de dos minutos difundido por el ministerio, con motivo de la aprobación del texto por el Consejo de Ministros.

Para la ministra, este martes es «uno de esos días» en los que «la política está a la altura de las demandas de la sociedad» y, más concretamente «de las demandas feministas» y «de las mujeres» del país.

En este sentido, ha recordado «a Nagore, a Nevenka a Laura Luelmo» y «a tantas mujeres víctimas de violencia sexual», así como a las feministas que salieron a la calle a gritar ‘Hermana yo sí te creo’, ‘No es abuso, es violación’ o ‘Solo sí es sí’.

AGRADECIMIENTO A TODAS LAS MUJERES

En su intervención ha señalado como «objetivo claro» de esta norma, el que «ninguna mujer se sienta sola» y, para ello, ha explicado, se establecen los «mecanismos necesarios para el acompañamiento y la reparación del daño causado». Al respecto, ha indicado, se crean «itinerarios específicos que incluyen centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de agresión sexual y las casas de infancia».

«Además, garantizamos una respuesta integral a todas las víctimas de violencias sexuales», ha explicado en el video. Según ha indicado, se establece «el derecho a una reparación de todas ellas que tenga en cuenta el daño físico y psicológico, así como los efectos de la agresión a nivel educativo, laboral o social».

La ministra ha incluido la aprobación de esta ley del ‘solo sí es sí’ en un grupo que, junto al Plan Corresponsables o la ley Trans y LGTBI, consolida «una nueva generación de derechos feministas».

«Gracias, gracias de verdad a todas las mujeres que habéis luchado para que esta ley sea hoy una realidad: a quienes os habéis movilizado; a quienes habéis sufrido agresiones y habéis podido contarlo y también a las que no; a quienes habéis roto el muro de silencio; esta ley es vuestra», ha concluido Montero.