El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado claro este martes que el Gobierno sigue apostando por la vía del diálogo para resolver la actual crisis con Rusia en torno a Ucrania si bien ha insistido en que hay ciertas "líneas rojas" que no se pueden aceptar y una de ellas es negociar "bajo la amenaza".

Albares ha comparecido de urgencia en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para exponer la postura del Gobierno respecto a la crisis y para reclamar la "unidad" de todos los grupos parlamentarios, igual que ya la hay en el seno de la UE y en la OTAN. Esa postura, ha puntualizado, se rige "por cuatro 'd': diplomacia, desescalada, distensión y disuasión".

En opinión del ministro, el despliegue de más de 100.000 militares rusos en la frontera con Ucrania "no se justifica por motivos defensivos" mientras que las demandas en materia de seguridad formuladas por Rusia no buscan sino "aislar a Ucrania de Occidente y bloquear la ampliación de la OTAN" además de tratar de recuperar la antigua esfera de influencia soviética.

"Todo esto es inaceptable, viola la legalidad internacional y es una amenaza para la paz", ha recalcado el ministro, para quien el hecho de que se siga dialogando con Rusia en distintos foros no deja de ser una "buena noticia en sí misma". Además, ha aprovechado para reiterar el llamamiento el diálogo a Moscú en pro de lograr la paz, el objetivo último.

LÍNEAS ROJAS PARA EL DIÁLOGO

Pero el que España, al igual que la UE y la OTAN, y también Estados Unidos hayan apostado por la vía del diálogo para resolver cualquier preocupación que Rusia pueda tener respecto a la arquitectura de seguridad europea no significa que no haya "líneas rojas" para el mismo, ha destacado el jefe de la diplomacia española.

La primera de ellas, ha enunciado, es que Ucrania es un país soberano y como tal tiene derecho a decidir libremente si entra en determinadas organizaciones internacionales.

Además, ha añadido, "Rusia no puede pretender que aceptemos la limitación de la soberanía de los estados de Europa Central y Oriental". "El orden internacional basado en esferas de influencia es cosa del pasado", ha recalcado.

En tercer lugar, ha añadido en su exposición, "no se negocia bajo la amenaza". En el contexto actual, la presencia de las tropas rusas en la frontera resulta "difícil de interpretar" como otra cosa distinta a "un medio de presión sobre Ucrania".

Tanto la UE como la OTAN quieren que "esta situación se normalice mediante el diálogo" y en ningún caso, ha aseverado, "queremos contribuir a la escalada militar ni dar excusas a otros para que aumenten su agresividad". Así pues, si la escalada militar se produce "sería fruto de una decisión que no tomaremos ni los estados europeos ni los aliados", quienes se enfrentan a una situación que no han buscado.

En este sentido, ha prevenido a Moscú de que llegado el caso se topará con "consecuencias económicas masivas y altos costes", con sanciones por parte de la UE coordinadas con sus socios de fuera.

Aunque no ha querido entrar en detalles concretos sobre las sanciones, sí ha asegurado a los diputados que será "un paquete masivo, contundente y muy creíble". Además, ha reconocido que ante las consecuencias que puedan tener las "medidas de retorsión" de Rusia "posiblemente serán necesarias medidas compensatorias por parte de la Comisión Europea".

En resumen, ha dicho Albares, "los siguientes pasos dependen de las decisiones que se tomen en Moscú". Esta no es "una situación que nosotros hayamos buscado, pero es la situación a la que tenemos que hacer frente", ha reconocido.

Por otra parte, tras asegurar que el Gobierno aspira a tener "las mejores relaciones" con Rusia y que hay muchos ámbitos en los que se puede cooperar, ha dejado claro que España "actuará siempre con firmeza en defensa de la legalidad internacional, la soberanía e integridad territorial de los estados y en apoyo y estrecha coordinación con sus socios europeos y sus aliados".

PREPARADOS PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD

"El Gobierno está coordinado y preparado para cualquier eventualidad, junto a nuestros socios y aliados", ha recalcado Albares, que ha defendido que "España siempre acude cuando se la necesita" y más en un momento en el que está en juego la seguridad no solo de Ucrania, sino de Europa en su conjunto.

En este sentido, ha aclarado que el Gobierno no ha procedido a modificar los despliegues previstos en el seno de la OTAN, "más allá de algún adelanto puntual", subrayando que dicho despliegue se realiza conforme a las peticiones de los aliados y "con respeto absoluto de las autorizaciones parlamentarias".

Tanto el despliegue de tropas en Letonia, como la próxima participación de cazas en misión de policía aérea en Bulgaria, el envío del buque 'Meteoro' y el adelanto de la salida de la fragata 'Blas de Lezo' se producen en territorio de la OTAN y aguas internacionales, y no en Ucrania, si bien "envía un mensaje claro de firmeza y de rechazo a las intimidaciones", ha destacado.

Por último, ha indicado que en Ucrania hay actualmente 534 españoles, 240 de los cuales están en Kiev y otros 54 residen en zonas fronterizas "especialmente sensibles", además de once que están en las regiones separatistas de Donestk y Lugansk. Según ha aclarado, por ahora no hay planes de evacuación previstos, toda vez que sigue habiendo vuelos comerciales y las fronteras permanecen abiertas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este martes acordar "con discreción" la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 antes de decidir la implicación de la capital catalana.

Lo ha dicho en el acto 'L'alcaldessa respon', organizado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya y que ha conducido el decano, Joan Maria Morros, en el que la alcaldesa ha pedido a las instituciones implicadas que acuerden si es posible esta candidatura: "Y entonces hablaremos de cuál es la posible implicación de Barcelona. Vamos paso a paso".

Así, ha pedido a la Generalitat, al Estado y al Gobierno de Aragón que "hablen discretamente, que lo pongan todo sobre la mesa, que lleguen a un acuerdo y que cuando haya acuerdo lo presenten", momento en el que, ha insistido, verán si Barcelona tiene un papel o no.

Colau considera que hay muchas casuísticas e implicaciones diferentes y que prefiere "no introducir ruido y ser prudente" sobre la candidatura de los juegos, que asegura que le sigue generando dudas, tanto personales como institucionales.

En ese sentido, ha afirmado que tiene "una gran duda" en términos de sostenibilidad y en plena emergencia climática y que su duda institucional recae en los planteamientos contradictorios que, según ella, se han expuesto, y en que desconoce el proyecto, quién lo está liderando y el papel que se le da a Barcelona.

"Entiendo que la Generalitat plantee una consulta en el Pirineo y esperaremos también a ver qué dicen los vecinos del territorio, pero la cuestión es: ¿se le pide un papel a Barcelona o no? Porque he escuchado cosas distintas", ha señalado.

Ha explicado que ha mantenido una conversación informal con la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, sobre esta cuestión, en la que abordaron la implicación que se le puede pedir a Barcelona: "Una cosa es hacer infraestructura que no existe y otra es que participe con las instalaciones que ya tiene".

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 334 votos a favor y 13 abstenciones Real Decreto-Ley 28/2021 por el que se adoptan medidas complementarias y se amplían las ayudas con carácter urgente para reparar los daños ocasionados por la erupción que comenzó el 19 de septiembre en la isla de La Palma. Además, ha rechazado tramitar el Real Decreto como proyecto de Ley

El texto, según ha defendido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, incluye nueve novedades que buscan facilitar la agilidad en la llegada de las ayudas y que entre otras cosas cuadriplica las ayudas por pérdida de vivienda, que pasan de los algo más de 15.000 euros que hasta la fecha se establecían por ley, a 60.400 euros de ayuda máxima para viviendas o enseres y que además es una cuantía complementaria con "cualquier otra" como por ejemplo del Cabildo insular o del Gobierno canario.

Además, incluye la posibilidad de optar a un anticipo del 50 por ciento de las ayudas de las que un afectado puede ser beneficiario, lo que supone una mayor rapidez, ya que percibirán las cuantías sin esperar a que termine de resolverse cada expediente. "Ya se han recibido 51 solicitudes de anticipo que se van a aprobar próximamente", ha precisado.

Bolaños ha desgranado las medidas que incluye el nuevo real decreto a todos los sectores, como el del plátano, la agricultura, la pesca, la ganadería, la reposición de infraestructuras, ayudas culturales, el bono turístico de 300 euros, campañas institucionales para promover los productos de las islas, ayudas directas a agricultores y ganaderos, entre otras, así como medidas fiscales.

"Afortunadamente el volcán ya no monopoliza los telediarios pero nosotros vamos a seguir allí porque sigue el compromiso del Gobierno", ha asegurado-- "hasta la completa reconstrucción de todos los proyectos vitales".

Bolaños ha defendido la celeridad del Gobierno, con "tiempos récord que nunca antes en la historia de la administración se han conocido", en la concesión de ayudas puesto que se ha entregado 269 millones de euros a los palmeros, "más o menos el 60 por ciento de los 443 millones comprometidos". En total 6.057 habitantes de La Palma han recibido ya las ayudas, según ha asegurado el ministro que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo "con todos ellos" hasta que no terminen de reconstruir sus vidas.

En su intervención, el diputado de Coalición Canaria Pedro Iturbe ha celebrado la respuesta a la desgracia de La Palma y confía en que el real decreto ayudará a los afectados. No obstante, cree que aunque los 60.000 euros de ayudas por pérdida de vivienda son "mucho más" que los 15.000 iniciales, estos no resuelven el problema de quienes han perdido su casa y el suelo de su cada. Por ello, ha propuesto elevar la cuantía hasta unos 90.000 euros, que serían el equivalente a la ayuda del 80 por ciento del precio de una vivienda de protección oficial que se aprobó para los afectados por el terremoto de Lorca (Murcia) en 2011. "Creemos que se puede mejorar o ampliar este real decreto porque si no, la gente no podrá recuperar su vida", ha concluido.

Más crítica, la diputada de Nueva Canarias, Ana Oramas, ha valorado los "esfuerzos" de todas las administraciones y aunque ha reconocido que el nuevo real decreto mejora las cuantías anteriores "sigue siendo insuficiente". Al mismo tiempo, ha criticado que los fondos llegan, pero lo hacen muy lentamente y que se cubra el 100 por cien de los daños en viviendas o de las obras de reparación que se tengan que hacer en ellas, ya que hasta ahora solo se contempla un máximo del 50 por ciento.

Oramas ha solicitado asimismo reforzar el sistema sanitario de la isla y la aprobación de un plan de salud mental para los afectados; medidas económicas y fiscales "de verdad". "La sociedad española ha respondido, la administración debe estar a la altura", ha concluido.

Desde el PP, Sebastián Ledesma ha expresado su profunda solidaridad y cariño con los afectados para que puedan normalizar sus circunstancias vitales y ha pedido "esfuerzo" para dar respuesta "ágil" a los palmeros en base al principio de solidaridad que recoge la Constitución española. "Se necesitan actos y no visitas bonitas, porque la gente no come de con las fotos", ha afeado.

Para el PP es "incomprensible" que el Gobierno lleve estos meses parcheando actuaciones a rebufo de los acontecimientos en vez de haber realizado una planificación de la reconstrucción integral de La Palma como propuso su grupo parlamentario en el marco de las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado. "Pedro Sánchez no ha estado a la altura del acontecimiento", ha criticado el diputado popular que considera que esto es una "suma de medidas inconexas y parches".

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha justificado su voto favorable porque el real decreto amplía o complementa las ayudas a los afectados y estas deben "llegar cuanto antes".

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, ha criticado las "repetidas veces" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a La Palma porque considera que, si bien los gestos son "importantes" sin ayudas rápidas y eficaces estos "no valen de nada". "Los gestos sin fondo son aspavientos", ha manifestado el diputado, que ha alertado del "riesgo" de que "todo quede en fotos, posados y empatía fingida" porque los palmeros "ya han conocido los retrasos en la ayudas". "Gesticulen menos y hagan más", ha espetado.

En su intervención, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández, ha expresado que los problemas "no se arreglan con proclamas sino con dinero" y celebra que el plan de reconstrucción de la isla se haga con criterios de sostenibilidad. En ese sentido, ha mostrado el compromiso de su grupo parlamentario con el real decreto porque es una muestra de que la política y las instituciones son "útiles" cuando colocan en la prioridad de su actuación "lo común".

En un tono más crítico, el diputado de Vox, Andrés Alberto Rodríguez, ha lamentado que la catástrofe de La Palma era "la ocasión perfecta" para que el Gobierno cumpliera con su compromiso de no dejar a nadie atrás que repiten desde que comenzó la pandemia, pero lo que ha puesto de manifiesto es "su completa ineptitud para resolver los problemas" de los españoles. "Tantas veces en el Falcon para absolutamente nada", ha espetado.

Así, ha comparado el trato diferente que, en su opinión, da el Ejecutivo a los españoles que han sufrido "este drama" y a los inmigrantes que "ni siquiera" tienen que acreditar su drama. El diputado ha afirmado que los 60.000 euros que recibirá una familia que pierde su casa es menor cuantía que lo que cuestan en 126 días cuatro inmigrantes alojados en hoteles a razón de 120 euros al día "sin preocuparse".

"No aspiramos a que mejoren las ayudas que destinan a los inmigrantes, pero sí que por lo menos igualen la cuantía porque su obligación es, en primer lugar, ayudar a los españoles", ha exigido el diputado, que ha terminado pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria ha notificado este martes el cierre de otras 35 aulas por casos de coronavirus, con lo que el número de las confinadas ya asciende a 135, todas ellas en Infantil y Primaria.

Esto son 20 aulas cerradas más que ayer, pues aunque se han clausurado 35 nuevas también han terminado hoy los cierres que estaban vigentes en otras 15. De las 35 aulas confinadas, 17 se han cerrado en el día de hoy y las 18 restantes ayer, aunque no habían sido notificadas.

Varios de estos cierres son en centros de Santander: Ángeles Custodios (dos grupos), Magallanes, Cisneros, María Blanchard, Ramón Pelayo y Atalaya.

Otras cuarentenas se han decretado en los colegios Fernando de los Ríos de Torrelavega (dos grupos), Fuente Salín de Val de San Vicente (dos grupos), Puente III y José Ramón Sánchez de Astillero, Sagrada familia y Pedro Velarde de Camargo, Bajo Pas de Piélagos, Riomar de Castro Urdiales, Macías Picavea de Reinosa, Francisco de Quevedo y Villegas de Santiurde de Toranzo, Marcial Solana de Villaescusa, Gerardo Diego de Santa María de Cayón (dos).

También ha habido cierres en el Mata Linares de San Vicente de la Barquera, Cantabria de Reocín (dos), Jesús Cancio de Comillas, San Juan Bautista de los Corrales de Buelna, Santa Juliana de Santillana del Mar, Los Torreones de Cartes, Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Marzán de Miengo, Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana, Fuente Salín de Val de San Vicente y Casimiro Sáinz de Campoo de Enmedio.

Además, dentro de Infantil y Primaria, también se ha puesto en cuarentena a un alumno del colegio Pintor Martín Saez de Laredo por contacto estrecho con un caso positivo entre el alumnado.

Los cierres comunicados este lunes elevan la incidencia del Covid en Infantil y Primaria al 4,96 por ciento al haber 135 grupos en cuarentena de los 2.721 que hay en esta etapa educativa.

En los ciclos superiores, ESO, Bachillerato y FP, sigue sin haber ninguna clase cerrada, aunque sí algunos alumnos en cuarentena.

Concretamente, hoy se ha aislado a uno de Amica (Torrelavega), que se suma los a otros confinados en días anteriores: tres de la Fundación Diagrama de Santander, uno del Valentín Turienzo de Colindres y cuatro del Fernando Arce de Torrelavega.

El Papa ha instado a no seguir "las modas del momento" en una misa celebrada con motivo de la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que ha subrayado que lo importante es servir "juntos" a los más necesitados de la sociedad.

"Sirvamos a los necesitados, sirvamos juntos a Jesús sufriente", ha instado el Pontífice en el tradicional rezo de las Vísperas en la Basílica de San Pablo extramuros de Roma con motivo de la fiesta de la Conversión de San Pablo.

"La mirra, que se usará para honrar el cuerpo de Jesús depuesto de la cruz, nos recuerda la necesidad de cuidar la carne sufriente del Señor, desgarrada en los miembros de los pobres", ha insistido.

La celebración ha comenzado con el rezo en silencio ante la tumba de San Pablo acompañado por el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch y dos representantes de otras confesiones cristianas: el metropolitano ortodoxo Polykarpos Stavropoulos, del Patriarcado Ecuménico de Italia y Malta; y el obispo anglicano Ian Ernest, representante personal del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede.

Durante su homilía, Francisco se ha referido a "los cristianos que viven en varias regiones diezmadas por la guerra y la violencia", al hablar de los cristianos en Oriente Próximo, de los que ha destacado su testimonio de esperanza.

El Papa ha instado a los cristianos a "caminar hacia la unidad plena" para que lo que ha pedido que no se dejen "deslumbrar por los resplandores del mundo" y "las estrellas esplendentes pero fugaces".

"No sigamos las modas del momento, meteoros que se apagan; no caigamos en la tentación de brillar con luz propia, o sea de encerrarnos en nuestro grupo y salvaguardarnos a nosotros mismos", ha dicho.

Así, el Pontífice ha reivindicado "la valentía de la humildad" como "el único camino para llegar a adorar a Dios en la misma casa y en torno al mismo altar". A este respecto, ha instado a "anteponer" al hermano a los "miedos", porque el Señor quiere que confíen los unos en los otros y caminen juntos, a pesar de sus debilidades y sus pecados, a pesar de los errores del pasado y las heridas recíprocas". "Incluso en nuestro camino hacia la unidad podemos estancarnos por la misma razón que paralizó a aquella gente: la conmoción, el miedo", ha concluido.

La red ciudadana Sare ha pedido este martes excarcelar ya a 63 presos de ETA argumentando que tienen cumplidas las tres cuartas partes de la condena y hacer lo mismo con otros 19 internos de la banda terrorista, de los cuales dicen que están gravemente enfermos. En este sentido, ha arremetido contra la "justicia patriótica" por su "preocupante deriva involucionista" y contra el Gobierno vasco, al entender que "tiene la obligación" de hacer "una nueva política penitenciaria".

En rueda de prensa en San Sebastián, los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga, acompañados de los juristas Iñaki Lasagabaster y Ramón Zallo, han presentado un informe sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA desde 1987/1989, cuando se puso en práctica una "política penitenciaria de alejamiento y dispersión" que, según recuerdan, afecta todavía a aproximadamente un 50% de los condenados por terrorismo.

En este sentido, han denunciado que "la inmensa mayoría de los presos etarras se encuentran bloqueados en segundo grado, lo que lesimpide avanzar hacia la libertad condicional, una vez cumplida las tres cuartas partes de su condena". "Hoy 63 de estos presos podrían estar en sus casas, con el cumplimiento de este requisito", han defendido.

También han indicado que "hay 19 presos gravemente enfermos" y han recordado que "las personas que están en prisión, tienen derechos, que deben de ser respetados y garantizados, si se quiere afirmar que esta es una sociedad de derecho".

Para los portavoces de Sare debe ponerse en libertad a los presos cuando se les detecta "enfermedades graves", a fin "de aliviar su situación o, en todo caso, procurar la estancia entre los suyos, en esta última parte de su vida".

DEJAR DE DEPENDER DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Los portavoces de Sare han señalado que "el régimen de excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de los poderes del Estado" y han destacado, en especial, la "preocupante deriva involucionista" del poder judicial.

En este contexto, han abogado por "volver a los juzgados de proximidad y dejar de depender de la Audiencia Nacional", además de permitir que "los presos puedan tener accesos a permisos, al paso a tercer grado, a las salidas que se programen, todo ello dentro de la legalidad, pero con la finalidad de permitir que quién esté en condiciones pueda desarrollar una vida normalizada fuera de la prisión".

La plataforma ha reconocido el acercamiento de los presos de ETA que estaban en "las cárceles más alejadas, como son las de Andalucía, Levante y Galicia", aunque matizando que "aún queda un largo camino por recorrer". En este sentido, han criticado "la actitud obstruccionista de una justicia patriótica, que de manera constante recurre las decisiones de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios".

Según Sare, el 90% de los presos que están cumpliendo condena en cárceles españolas llega al final de su condena clasificado en segundo grado, es decir, en régimen ordinario. La "excepcionalidad" se demuestra en que las progresiones al tercer grado son pocas: 11 (5,5% del total), cuando la media en el resto de internos es de 18,5%.

Por ello han considerado necesario "reinterpretar las leyes de excepción, revisarlas desde criterios de normalización y funcionamiento ordinario de la ley, la justicia y las instituciones penitenciarias", ya que la política penitenciaria "debe ajustarse a los mandatos legales, el respeto de los derechos fundamentales y ser acorde con lo que defienden las instituciones internacionales, expertas en Derechos Humanos".

La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, el PP y Vox, ha rechazado este martes la admisión a trámite de la propuesta de los partidos independentistas para crear una comisión de investigación sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Conforme al criterio de los letrados y a los precedentes (ya se vetó una iniciativa similar hace años), el órgano de gobierno de la Cámara ha rechazado la iniciativa recordando que el control parlamentario de las actividades del CNI, de acuerdo con la ley, se ejerce a puerta cerrada en una comisión específica, ya que se trata de materias clasificadas como secreto.

El pasado 12 de enero, los independentistas catalanes de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, junto con Bildu, registraron la iniciativa en la que pedían abrir una comisión de investigación después de que el excomisario José Manuel Villarejo declarara en el tribunal que le juzga por tres piezas separadas de 'Tándem' que los atentados en Cataluña fueron consecuencia de "un error grave" del que fuera director del CNI en esa época, general Félix Sanz Roldán.

Aunque Villarejo matizó despues sus palabras, los proponentes mantuvieron su iniciativa para que la Cámara Baja investigara la relación del iman de Ripoll y cerebro de los atentados, Abdelbaki Es Satty, con el CNI, así como su retribución --si la hubiera---, duración y objeto final de dicha relación, y que se esclareciera la correlación de fallos en la cadena de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales en relación con el imán de Ripoll.

Además, también querían analizar las actuaciones de Interior y las medidas de control que se aplicaban a Es Satty sabiendo que tenía relación con movimientos del yihadismo; esclarecer la implicación, participación u omisión del CNI con los atentados; proponer las medidas oportunas de prevención y control de los confidentes de la Policía; y establecer cuáles fueron las responsabilidades políticas y de cualquier otra índole en los atentados.

RECHAZADAS TAMBIÉN LAS COMPARECENCIAS DE SÁNCHEZ Y MARLASKA

Además, las revelaciones de Villarejo en sede judicial llevaron a ERC y Junts a pedir también la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; y del mencionado ex responsable de los servicios secretos españoles.

Sin embargo, los representantes del PSOE, el PP y Vox en la Mesa del Congreso han tumbado tanto la comisión de investigación como las solicitudes de explicaciones registradas sobre este asunto alegando que se trata de información clasificada, según confirmaron fuentes parlamentarias. Unidas Podemos, por su parte, ha respaldado todas ellas defendiendo la necesidad de transparencia.

En febrero de 2018, ERC y el PDeCAT ya pidieron crear una comisión de investigación sobre la labor del CNI en los atentados de Cataluña, pero la Mesa del Congreso, entonces presidida por la 'popular' Ana Pastor, vetó la iniciativa alegando que este tema es un asunto de seguridad nacional que debe solventarse en la Comisión de Gastos Reservados, encargada por ley de controlar las actividades del CNI.

SANZ ROLDÁN COMPARECIÓ YA EN MARZO DE 2018

Días después de ese veto, la citada comisión, que además debe recibir informes periódicos sobre el uso de fondos reservados por parte del Gobierno, recibía la visita del entonces director del DNI para explicar precisamente los vínculos de los servicios secretos españoles con el imán de Ripoll. Fue el propio Sanz Roldan el que pidió comparecer 'motu proprio'.

Sin embargo, la también conocida coloquialmente como comisión de secretos oficiales del Congreso lleva casi tres años sin constituirse debido a los vetos cruzados entre partidos sobre quiénes deben o no estar representados en la misma. Durante todo este tiempo, la Cámara no está ejerciendo el control parlamentario del CNI ni de los fondos reservados que gestionan los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar en el Parlamento la posición del Ejecutivo en relación con la crisis de Ucrania y le ha avisado de que, en una democracia, no puede gobernar como Vladimir Putin en Rusia.

Frente a la comparecencia "con nocturnidad" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prevista para última hora de este martes, la portavoz del Grupo Popular cree que el presidente "debería estar a la altura de las circunstancias" y dar él las explicaciones en el Congreso. "Nadie puede gobernar en democracia como si fuera Putin", ha comentado.

Gamarra ha recordado que, según el Gobierno, el presidente es quien está manteniendo los contactos con otros líderes internacionales y que, a la vista de las posiciones de sus socios de Podemos, es a Sánchez a quien corresponde dar explicaciones en el Congreso. "Debería ser él quien fije la posición de nuestro país", ha insistido.

CASADO SE MERECE UNA LLAMADA DE SÁNCHEZ

Máxime cuando, según recuerdan en el PP, el presidente no va a asistir a la próxima sesión de control en el Cámara Baja y, debido al parón por las elecciones de Castilla y León, Sánchez no se someterá a preguntas de la oposición hasta el 16 de febrero.

Tras recordar que el PP dejó claro su apoyo desde el primer minuto, Gamarra ha señalado que "sólo esa posición merecería una llamada del presidente" al líder del PP, Pablo Casado, "y que fuera Sánchez quien se explicase". "Cuando las grandes cuestiones están en juego, el único al que va a encontrar es al PP, no ERC o al Bildu --ha añadido--. Apoyamos a nuestro país, al margen de la descortesía del presidente".

El Rey Felipe VI ha defendido este martes desde Puerto Rico, donde asiste al V Centenario de la fundación de San Juan, la capital, por Juan Ponce de León el modelo español usado con sus colonias en América y que preveía su "incorporación a la Corona en situación de igualdad".

Don Felipe ha recibido las llaves de la ciudad de manos de su alcalde, Miguel Romero, y ha aprovechado el acto para defender que el V Centenario de la fundación de San Juan por el explorador Juan Ponce de León --cuya estatua fue derribada horas antes de su llegada y luego reinstalada-- "tiene que servir para recordar cuanto nos une, para renovar esos lazos, para reafirmar nuestros afectos, para evocar nuestro pasado común".

"También debe servirnos para que miremos juntos al futuro, orgullosos del empuje de la comunidad hispana en Estados Unidos, de la que nos sentimos muy cercanos; para que sigamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas y comerciales", ha añadido el monarca.

Felipe VI ha enmarcado la fundación de San Juan de Puerto Rico en 1521 "en el modelo de presencia de España en América", un modelo, ha añadido, "donde los nuevos territorios se incorporaban a la Corona en situación de igualdad con los demás reinos".

San Juan, ha subrayado, formó parte de la "primera oleada de fundaciones" junto con Santo Domingo en 1496, Panamá y La Habana en 1519, Santa Marta en 1525, Cartagena de Indias en 1533, o Campeche en 1540, entre otras, incidiendo en que todas ellas son hoy en día "ciudades históricas".

En ellas, "España impulsó construcciones y edificaciones que hoy, más de quinientos años después, siguen albergando las instituciones públicas, y constituyen una parte indisoluble del patrimonio nacional", ha destacado Don Felipe.

Su fundación, ha proseguido en su argumento, "implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas". España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo, y con todo ello aportó valores y principios como las bases del Derecho Internacional o la concepción de los derechos humanos universales", ha reivindicado.

El Rey ha defendido que muchos de esos valores y principios no solo "están hoy plenamente vigentes" sino que además "nutren el acervo de lo mejor de nuestras sociedades democráticas". "Algunos tan básicos que hoy nos parecen evidentes, pero que no lo eran en otras épocas", ha incidido.

Así las cosas, ha reivindicado que tanto puertorriqueños como españoles "y el resto de pueblos hispanos" deben sentirse "orgullosos" de "ese pasado común, de esos valores aportados entonces por España y vigentes hoy", "como orgullosos estamos de compartir una lengua extraordinariamente rica, que ha crecido con la constante aportación de los pueblos de las dos orillas de ese mar que desde aquí contemplaba Pedro Salinas", ha remachado.

El Rey ha arrancado la segunda jornada de su visita a Puerto Rico con un encuentro con su gobernador, Pedro Pierluisi, en su residencia oficial de La Fortaleza. A continuación, ambos han ido caminando por el centro de la ciudad hasta la Casa de la Alcaldía. En su recorrido, Don Felipe ha saludado a las hermanas del Convento de las Siervas de María, que hoy en día funciona como Casa de la Salud para mujeres.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Posteriormente, Don Felipe ha participado en un encuentro empresarial. Desde España creemos que las actuales relaciones económicas y comerciales pueden ser aún más fluidas con Puerto Rico", ha señalado, mostrándose seguro de que se podrá contar "con el apoyo de sus autoridades, a las que invitamos a mantener una comunicación abierta quefavorezca la operatividad de las empresas de ambos países.

El Rey ha resaltado que en Puerto Rico hay actualmente alrededor de 30 empresas españolas, entre filiales y sucursales, de las que "una docena son multinacionales con amplia presencia internacional". "Son compañías muy consolidadas que ocupan posiciones de liderazgo en diferentes sectores", entre los que ha citado las infraestructuras o la energía.

"Pero siempre se puede hacer más", ha defendido, poniendo en valor la "gran experiencia" y el "asentado reconocimiento internacional" de las empresas españolas. "Eso no se improvisa, responde a una trayectoria de buen hacer y de compromiso sincero en sectores relevantes y estratégicos para el futuro de la isla, como son las infraestructuras en energía, telecomunicaciones, agua y transporte", ha destacado.

Por otra parte, también ha remarcado las oportunidades que brinda para los empresarios puertorriqueños España, un mercado que permite tener acceso a "uno mucho mayor", el de la UE, con casi 450 millones de habitantes.

"Os animamos por ello a analizar y estudiar las diferentes y múltiples oportunidades en España, precisamente ahora que se van a invertir importantes fondos de la UE para nuevos proyectos enfocadosfundamentalmente en la digitalización y en la sostenibilidad", ha señalado.

La corresponsal de TVE en Nueva York, Almudena Ariza, ha mantenido este martes un encuentro online con el alumnado del proyecto de alfabetización mediática de la Asociación de la Prensa de Málaga, 'Prensa en mi mochila', que inauguró el pasado mes de noviembre el periodista Matías Prats y en el que participarán este curso más de 2.500 escolares de 50 centros de Primaria y Secundaria de toda la provincia.

La periodista les ha hablado sobre su trayectoria profesional, desde sus comienzos con 17 años como presentadora de un programa musical a su amplia experiencia como enviada especial y corresponsal en zonas de conflicto: "Siempre me ha interesado más el punto de vista de quienes sufren. Las guerras nos enseñan lo peor y lo mejor del ser humano".

"He vivido situaciones de mucho peligro --ha añadido-- en la guerra de Irak, por ejemplo, grabábamos en las trincheras mientras escuchábamos el silbido de las balas". La periodista, que ha animado a los alumnos a leer, a viajar y a ser ellos mismos, se ha declarado una enamorada de su profesión aunque reconoce que de niña quería ser "guitarrista flamenca".

"Cuando me puse delante de un micrófono me sentí muy libre, descubrí entonces que me gusta contar historias y escuchar, el motor de mi profesión es la curiosidad", ha apuntado. A preguntas del alumnados sobre la noticia más difícil de redactar ha hablado del tsunami en Indonesia y de "lo terrible que era ver a los padres que habían perdido a sus hijos pequeños y tenían que regresar a casa sin ellos".

Almudena Ariza, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional a los 17 años en Radio Algeciras y luego en la Cadena SER de Madrid. Comenzó a trabajar en TVE a los 25 años de la mano de Jesús Hermida en el Telediario nocturno En su dilatada trayectoria profesional ha sido editora y presentadora del Telediario en diferentes etapas.

En 1999 pide una excedencia en TVE y se traslada a Nueva York para completar su formación periodística. En 2001 presenta en TVE el espacio Informe Semanal y comienza su especialización en reporterismo.

Como reportera ha estado en decenas de coberturas informativas en todos los continentes. Ha sido enviada especial de TVE en los atentados de las Torres Gemelas, en las guerras de Afganistán e Irak y ha cubierto decenas de catástrofes como el sunami de Indonesia y los terremotos de Turquía, Irán o Haití.

Ha viajado por Asia y África para informar sobre el SIDA, las hambrunas o las guerras y también por América Latina. Ha sido corresponsal en Asia Pacífico, con sede en Pekín, París, y Nueva York, donde reside actualmente. Ha creado el podcast 'Plano Corto'.

EL PROYECTO

En esta edición participan 20 colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), y 30 institutos de Educación Secundaria (IES) gracias al patrocinio de CaixaBank y la colaboración de la Fundación "la Caixa" y la Diputación Provincial de Málaga.

En este sentido, la responsable de Acción Social de Andalucía Oriental de "la Caixa", Yolanda Solero, ha recordado durante el encuentro online que la mayoría de estos centros se encuentran en zonas susceptibles de transformación social, uno de los requisitos para participar en el proyecto.

Gracias al apoyo del Área de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga a este proyecto, está previsto duplicar el número de institutos que se beneficiarán en la provincia de estos talleres respecto a la edición anterior, donde destaca el debate de la desinformación, la manipulación de las imágenes y el buen uso de las redes sociales.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, responsable del Área de Educación, Natacha Rivas, ha destacado la importancia de fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas y aprender a utilizar con responsabilidad las redes sociales.

Los talleres con los escolares se iniciaron en la semana del 2 de noviembre de 2021. Además de los talleres para el alumnado, la iniciativa incluye charlas virtuales con los docentes y familias, de manera que es una propuesta para que toda la comunidad educativa participe y se forme sobre alfabetización mediática y aprenda a hacer un buen uso de la información que reciben cada día.

Los talleres se llevarán a cabo a lo largo del curso 2021/2022 y, además, se realizarán charlas con periodistas de reconocido prestigio a nivel nacional y local. En las anteriores ediciones, algunos de los profesionales que protagonizaron estos encuentros fueron Pepa Bueno, Ana Pastor, Roberto Arce, Olga Viza, Ana Blanco, Jesús Álvarez, Rosa María Calaf, Iñaki Gabilondo o Maruja Torres, entre otros.

El programa se desarrolla en 50 centros escolares en su mayoría ubicados en zonas necesitadas de transformación social donde los escolares tienen menos oportunidades de aprender a hacer una buena gestión del consumo de pantallas. Para impartir los talleres se cuenta con periodistas en situación de desempleo formados en alfabetización mediática, de manera que también se genera empleo en el sector.

Prensa en mi mochila cuenta, además, con la colaboración de los diarios SUR, Málaga Hoy, La Opinión de Málaga y Viva Málaga y la revista Lugar de Encuentro, que aportan material para trabajar en las aulas y fomentar así el consumo de medios entre alumnado y profesorado. Así como conocer las posibilidades pedagógicas que ofrecen las noticias en el aula.

La Rioja no tiene que lamentar este martes fallecidos por coronavirus, según acaba de actualizar el Gobierno regional. Por su parte, los casos activos han pasado de los 2.322 de ayer a los 2.238 de hoy, 84 menos, mientras que la presión asistencial ha bajado en 17 personas, hasta los 57 ingresados.

Además, se han registrado 704 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han notificado 79.912.

Desde el inicio de la pandemia, han fallecido en La Rioja 878 personas, 326 en residencias de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, hay 57 personas afectadas por Covid-19 en los hospitales de La Rioja (17 menos que hace 24 horas). En concreto, el Hospital San Pedro cuenta con 42 personas ingresadas por coronavirus en planta (16 menos que el lunes) y 8 en la UCI (igual que ayer). Ha habido tres ingresos y 21 altas.

En la actualidad, y ante la evolución del virus, el Hospital San Pedro cuenta con 43 camas UCI. De este modo, si se suman los ingresados por patologías no-COVID (17 a día de hoy, una menos que el lunes), la UCI riojana tiene 25 pacientes, con una ocupación del 58,14 por ciento.

La Fundación Hospital de Calahorra, por su parte, cuenta con 7 personas ingresadas por COVID-19, una menos que hace 24 horas. En este periodo de tiempo se han registrado en este centro hospitalario 0 ingresos y 1 alta de pacientes por coronavirus.

La Incidencia Acumulada a 14 días ha bajado, pasando de los 3.743,51 por cada 100.000 habitantes de ayer a los 3.642,85 de hoy, mientras que la IA a 7 días ha descendido de los 1.713,59 casos por cada 100.000 habitantes a los 1.625,44 de este martes. La positividad, por su parte, también bajado del 23,19 por ciento de ayer a los 22,72 por ciento de hoy.

Finalmente, los centros de mayores han visto bajar sus casos positivos de 120 a 119 (uno menos que hace 24 horas), con el virus que se encuentra en 10 residencias de los 33 centros que hay en la comunidad, cuatro menos que ayer.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el decreto por el que se nombra a la exministra de Educación Isabel Celaá, como embajadora de España ante el Vaticano.

Fuentes del Ejecutivo ya habían confirmado el pasado mes de diciembre la intención del Ejecutivo de llevar a cabo este nombramiento, que estaba pendiente del placet del Vaticano.

Celaá sustituiría así a Carmen de la Peña Corcuera que desde noviembre de 2018 ocupa el cargo diplomático en el Vaticano. La exministra salió del Ejecutivo en la última remodelación de julio y dejó la cartera de Educación y Formación Profesional a Pilar Alegría. También fue portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez, un puesto que cedió a la actual titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

La exministra, profesora de profesión, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012. Impulsó la reforma de la Educación Pública Vasca, apostando por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares.

Comenzó sus responsabilidades institucionales en materia de educación en 1987 para posteriormente ocupar, en el Parlamento Vasco, cargos de vocal en la Comisión de Agricultura y Pesca, así como en la Comisión de Sanidad y en la Comisión de Educación y Cultura, entre otros puestos, en la VI Legislatura del Gobierno Vasco, donde era parlamentaria del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak.

De esta manera, Celaá sigue los pasos del exministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes, que fue nombrado por el Consejo de Ministros como nuevo embajador ante la UNESCO tras su salida del Ejecutivo. Según la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), hay cinco embajadores 'políticos': en Andorra, Angel Ros Domingo; el de Cuba, Ángel Martín Peccis; la de la OEA, Carmen Montón, y el de la OCDE, Manuel María Escudero.

La Mesa del Congreso ha acordado este martes recuperar el voto presencial en el hemiciclo a partir de la próxima semana, cuando tendrá lugar el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones que se prolongará hasta el mes de junio.

Para las dos últimas sesiones plenarias del año pasado, la Mesa de la Cámara aprobó el voto telemático generalizado con el fin de reducir la presencia de diputados en el hemiciclo y evitar aglomeraciones que pudieran facilitar contagios de la variante ómicron de coronavirus.

Tras meses de aforos reducidos en el hemiciclo y de votaciones telemáticas generalizadas, el Congreso había acordado en octubre recuperar progresivamente la normalidad presencial, pero se reservó la posibilidad de volver a aplicar restricciones en situaciones puntuales y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Así, se mantuvo la votación telemática generalizada en días de largas votaciones, como con los Presupuestos, en elecciones mediante papeleta y urna, como los nombramientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, y en las dos últimas sesiones del año, cuando muchos diputados se infectaron o tuvieron que guardar cuarentena.

Ahora, según han explicado fuentes parlamentarias, seguirá vigente el régimen instaurado en octubre, es decir, la Mesa podrá aprobar si lo considera necesario el voto telemático generalizado pero sólo de manera excepcional, en las votaciones que duren mucho tiempo o que se tengan que realizar depositando papeletas en una urna, lo que obliga al desplazamiento de diputados por el Salón de Plenos.

En cualquier caso, mientras dure la crisis sanitaria, podrán solicitar autorización para utilizar el voto telemático los diputados que estén enfermos de Covid o que deban guardar cuarentena como consecuencia del virus.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha participado en la 18ª reunión, mantenida a través de medios telemáticos, del Comité de Información de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), actualmente en cese de explotación, en la que ha intervenido el coordinador de instalaciones nucleares del CSN, Francisco Gallardo, quien ha destacado que no se ha producido ningún hallazgo significativo durante el segundo semestre de 2020 ni durante el primero de 2021 y que se realizaron un total de 13 inspecciones durante el mismo periodo.

Además, ha señalado que se produjeron dos sucesos notificables, el del 29 de abril de 2021 clasificado como nivel 1 en la a en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Finalmente, ha hecho hincapié en que el funcionamiento de la central nuclear Santa María de Garoña durante el año 2020 y el primer semestre de 2021 se considera adecuado y dentro de lo previsto en su marco regulador, sin incidencias significativas para la seguridad, concluyendo que no es necesaria ninguna acción adicional a las actualmente en curso.

La actividad reguladora del CSN se ha focalizado en la supervisión de los límites y condiciones asociados a la situación de cese, evaluación de los documentos oficiales de explotación asociados a la Fase 2 del Proyecto de Reconfiguración de Sistemas de Piscina y realización de otros informes preceptivos.

La reunión ha estado presidida por el subdirector general de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), José Manuel Redondo, y ha contado con la presencia de la alcaldesa del Ayuntamiento de Valle de Tobalina, Raquel González; del director de la planta, Miguel Ángel Cortés; del director de operaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Manuel Rodríguez Silva; así como de representantes de los municipios de Oña, Lantarón, Valdegovía, Bozoo y San Zadornil; de representantes del Consejo de Seguridad Nuclear -encabezados por los consejeros Francisco Castejón, Javier Dies y Elvira Romera- y del representante de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Carlos García Vegas. El comité también ha contado con la presencia de representantes de la Subdelegación de Gobierno de Burgos, de la AMAC y el director general de Nuclenor, José Ramón Torralbo, entre otros asistentes.

INTERVENCIONES

Tras la bienvenida y la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior por parte de José Manuel Redondo, la alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González ha destacado los aspectos de interés para el municipio impulsando nuevos proyectos para dinamizar otros sectores, como el sector turístico, ante el cierre de la central.

A continuación, Miguel Ángel Cortés y Manuel Rodríguez Silva, han resumido los hechos más significativos ocurridos en la instalación, desde la celebración del último comité de información local celebrado en febrero del año pasado, entre los que están, además de los dos sucesos notificables, los simulacros de emergencia y la visita de los técnicos de Euratom para verificar que las instalaciones de control de la radiactividad medioambiental eran las adecuadas. El resultado fue satisfactorio y no se identificaron desviaciones ni sugerencias para mejorar los procesos o los equipos.

Por su parte, el representante de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha repasado las actuaciones desarrolladas por su departamento, señalando que en el ámbito del PENBU se han concedido cuatro subvenciones a los municipios de San Zadornil, Sierra de Tobalina, Cascajares de Bureba y Santa Gadea del Cid.

Los comités de información local, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), tienen por objeto informar a las distintas entidades representadas sobre el desarrollo de las actividades reguladas, así como tratar de forma conjunta las cuestiones que resulten de interés para todos.

Canarias ha notificado el fallecimiento de 14 personas por coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que los óbitos se sitúan en 1.354, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional.

De las 14 personas que han muerto en el último día en el archipiélago, nueve son varones y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 77 y 98 años, excepto una de 44 años, presentando todos patologías previas.

Por islas, seis de las muertes se produjeron en la isla de Tenerife, cinco en Gran Canaria, dos en La Palma (uno de ellos pendiente de validar) y uno en Fuerteventura.

En cuanto a los casos, Canarias ha registrado 2.495 nuevos positivos Covid-19 en las últimas 24 horas, de tal forma que acumula 247.625, de los que 98.235 están activos, de ellos 87 están ingresados en UCI (-4), 622 permanecen hospitalizados (+2) y 97.526 se encuentran en sus domicilios (+771).

Por islas, Tenerife suma 810 casos hasta acumular 116.931, de los que 45.322 se encuentran activos epidemiológicamente; mientras Gran Canaria registra 1.029 positivos más hasta los 90.662 casos, de los que 39.801 están activos.

Asimismo, Lanzarote suma 149 nuevos casos hasta acumular 17.696, de los que 5.567 están activos epidemiológicamente; y Fuerteventura registra 149 positivos más hasta englobar 12.001 casos, de los que 5.809 están activos.

La Palma, por su parte, suma 294 nuevos positivos hasta acumular 7.534 casos, de los que 1.348 están activos; La Gomera suma 21 nuevos positivos, por lo que acumula 1.427 casos, de los que 148 están activos; y El Hierro suma 43 nuevos positivos hasta englobar 1.374, de los que 240 están activos.

Actualmente la Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 782,74 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 2.322,71 casos por 100.000 habitantes.

Hasta este martes se han realizado un total de 3.049.787 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 10.588 se corresponden al día de ayer.

Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja que "sigue latente" un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil.

Así lo explican en un comunicado, en el que señalan que el país ha obtenido en este índice un 61 sobre 100 por lo que ocupa el puesto 34 en el ranking global, compartiendo puesto con Lituania.

Añaden que España ha descendido dos puestos respecto al índice del año pasado, y que se ubica en el puesto número 14 de los 27 de la Unión Europea. No obstante, matizan que dada la metodología usada una diferencia de un punto respecto al año pasado "no es estadísticamente significativa".

A nivel comparativo, el informe refleja que España ha empeorado en relación con varios países con los que compartía una puntuación y posición similar en ediciones anteriores. Así, varios de los países que en 2020 se situaban por debajo de España en el ranking (Portugal, Lituania, Corea del Sur), ahora la superan, y aquellos que tenían puntuaciones superiores pero que sin embargo se encontraban cercanos en el ranking, este año se han alejado (Barbados, Bahamas, Catar).

Por otro lado, aquellos países que se encontraban muy por debajo de la posición española, han reducido su diferencia significativamente (Israel, Letonia, San Vicente y las Granadinas, Cabo Verde), quedando ahora muy cerca de España.

LITUANIA Y PORTUGAL

En el contexto de la Unión Europea, y también a nivel comparativo, España ha sido adelantada por dos países con los que siempre ha mantenido una relación pareja: Lituania y Portugal. En cualquier caso, Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad.

El índice de 2021 indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 por ciento de los países evaluados en los últimos diez años. Este índice, añade, clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción experta de la corrupción en el sector público de cada uno, medido a través de datos de 13 fuentes externas, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).

Explica la nota que se miden aspectos como el soborno, el desvío de fondos públicos (malversación), la preponderancia de funcionarios públicos que utilizan la función pública para el provecho personal, el funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción y hacer cumplir las normas, la existencia de exceso de burocratización que permitan incrementar las oportunidades de corrupción, las formas de acceso a la función pública y la existencia de nepotismo, el enjuiciamiento efectivo de funcionarios, la protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores, la captura del Estado por intereses privados y el acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos.

DINAMARCA, FINLANCIA Y NUEVA ZELANZA A LA CABEZA

Según el estudio, la puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50 sobre 100. A la cabeza se sitúan Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88). Estos tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe Democracy Index.

En el lado opuesto están Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), que obtienen de nuevo las puntuaciones más bajas del índice. Siria es también el último país en materia de libertades civiles (Somalia y Sudán del sur no están calificados).

En la última década, 154 países han sufrido un deterioro o no han avanzado sustancialmente. Así, desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67) --este último ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez--. Por otro lado, 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, como Estonia (74), Seychelles (70) y Armenia (49).

LA COVID PARA EROSIONAR DEDRECHOS

Indican que al tiempo que la lucha contra la corrupción "se estanca y deteriora", los derechos humanos y la democracia "están siendo atacados", y apuntan que "si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de Covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad".

De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles. Además, de los 331 casos registrados de asesinatos de defensores de los derechos humanos en 2020, el 98 por ciento se produjeron en países con calificaciones por debajo de 45.

Transparencia Internacional ha identifaco además que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. "Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción", explican.

La Comunitat Valenciana ha superado el millón de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia tras el nuevo repunte de 30.585 casos registrado este martes, mientras que se han notificado otros 42 fallecidos. Por su parte, los hospitales tienen 51 ingresados menos que ayer pero una cama UCI ocupada más, según la Conselleria de Sanidad.

De este modo, este martes se han notificado más del doble de contagios que la semana pasada, 17.389 casos más, con lo que el total de positivos asciende a 1.023.582. Los nuevos casos por provincias son 5.016 en Castellón (128.028 en total), 8.990 en Alicante (364.502) y 16.579 en Valencia (531.050) y la cifra total de casos sin asignar se mantiene en dos.

Asimismo, se han notificado 42 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, todos ellos de la última semana, que corresponden a 12 mujeres, de entre 66 y 94 años, y 30 hombres, de entre 55 y 95 años. Así, el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.441: 967 en la provincia de Castellón, 3.234 en la de Alicante y 4.240 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.861 personas ingresadas, 199 de ellas en la UCI: 254 en la provincia de Castellón, 24 en UCI; 602 en la provincia de Alicante, 63 de ellas en la UCI; y 1.005 en la provincia de Valencia, 112 en UCI.

Por otra parte, se han registrado 22.045 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 815.250 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 95.243 en Castellón, 291.513 en Alicante y 428.437 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 211.332 casos activos, lo que supone un 20,42% del total de positivos.

Los Veintisiete han adoptado una revisión de las restricciones de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de coronavirus en la zona desde la que viaje, lo que supone que los titulares de un Certificado Covid podrán viajar sin restricciones adicionales desde cualquier lugar de la UE, a pesar de que una decena de gobiernos europeos incumple ya las recomendaciones consensuadas por el bloque.

El objetivo es simplificar las reglas de movilidad durante la pandemia y que hasta ahora se debían basar en el "mapa semáforo" que elabora el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en función de criterios epidemiológicos y establece el nivel de riesgo pandémico en cada región.

De este modo, los viajeros con un Certificado Covid de la UE que acredite su vacunación completa, su reciente recuperación de la enfermedad o un test negativo previo al viaje podrán desplazarse entre Estados miembros sin más restricciones, quedando así exentos, por ejemplo, de cuarentenas o pruebas diagnósticas adicionales a su llegada a destino.

En concreto, el certificado de vacunación tendrá una validez de nueve meses salvo que la persona reciba una dosis de refuerzo, en cuyo caso se prorrogará de manera indefinida. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la PCR se mantendrá en un plazo máximo de 72 horas, mientras que el del test de antígenos se reduce de 48 a 24 horas.

Los ministros de Asuntos Generales de la UE han dado su visto bueno a los cambios que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de febrero, si bien se trata de recomendaciones y no de reglas vinculantes para las autoridades nacionales.

Los Estados miembro tienen la competencia del control de sus fronteras, por lo que los gobiernos pueden no seguir estas directrices a pesar de haberlas consensuado a Veintisiete.

De hecho, al menos una decena de países se han alejado ya de las recomendaciones actuales e imponen restricciones adicionales a los viajeros con Certificado Covid de la UE que viajan a su territorio, por ejemplo exigiendo test a los vacunados, entre ellos Francia, Italia, Portugal, Alemania o Países Bajos.

RESTRICCIONES NO JUSTIFICADAS

Por eso, la Comisión Europea ha aprovechado la revisión de las recomendaciones para advertir a estos países de que las restricciones adicionales introducidas para frenar el avance de la variante ómicron ya no están justificadas, habida cuenta de que dicha variante está ya ampliamente presente en todos los Estados miembro.

"Pedimos a todos los Estados miembro que apliquen rápidamente las normas comunes para garantizar la coordinación y la claridad para nuestros ciudadanos y viajeros", ha dicho el comisario de Justicia, Didier Reynders, para reclamar el cumplimiento "sin dilación" de la recomendación revisada.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, ha insistido por su parte en la necesidad de que se garantice que los europeos vacunados tendrán "más fácil" viajar dentro del territorio comunitario y no tendrán que enfrentarse a restricciones adicionales.

"Las medidas deben ser proporcionadas y los vacunados están mucho mejor protegidos", ha razonado Sefcovic, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros europeos.

En el caso de la validez del certificado de vacunación, que la Comisión Europea ha fijado con el aval de los países en nueve meses si el paciente no cuenta con una dosis de refuerzo, también varios Estados miembro se han apartado de la consigna y reducido el periodo de validez.

Preguntado por este asunto a su llegada a la reunión de ministros europeos, el secretario de Estado para la UE francés y presidente de turno de la UE, Clément Beaune, ha admitido que no se puede "garantizar" que todos los países de la UE vayan a cumplir el "marco europeo".

Con todo, Beaune ha confiado en que no vayan "más allá" porque el Certificado ya es "estricto y protector" y porque se caería de nuevo en la "fragmentación" dentro de la UE.

El secretario de Estado para la UE español, Pascual Ignacio Navarro Ríos, por su parte, ha considerado un "gran avance" que los 27 revisen las recomendaciones de viaje para adaptarlas a la situación médica del viajero y no al lugar desde el que viaja, al tiempo que ha apuntado que este es el enfoque seguido por España.

Sobre la posibilidad de avanzar hacia una gestión de la pandemia en la que el coronavirus sea considerado como una enfermedad endémica, tal y como sugirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Navarro Ríos ha apuntado que la reflexión ha llegado ya al seno de la UE pero que aún se encuentra en una fase muy prematura de debate.

"Es un debate que acaba de empezar a nivel de grupos de trabajo, de expertos", ha indicado el secretario de Estado español a la prensa, para indicar que el debate se ha iniciado "con toda prudencia" y que no se elevará a nivel político hasta que se haya escuchado y analizado las opiniones de los expertos.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el primer autobús impulsado con hidrógeno en la región, que dará servicio a la línea urbana 4 que circula por Torrejón de Ardoz.

El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha realizado el primer viaje a bordo del vehículo propulsado por pila de combustible alimentada por este componente, cero emisiones, perteneciente a la empresa concesionaria del servicio Alsa, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

Cuenta con un piso bajo integral y accesible con espacio para una persona de movilidad reducida en silla de ruedas. A diferencia de un vehículo de propulsión eléctrica que obtiene la energía directamente de una red de carga, este vehículo lo hace mediante una reacción química completamente limpia basada en el hidrógeno.

Dispone de más autonomía que los eléctricos, unos 400 kilómetros como mínimo, se reposta en un tiempo aproximado de nueve minutos y posee cinco depósitos, ubicados en el techo, con una capacidad para 37 kilos.

Además, tiene la ventaja de contar con un motor completamente silencioso y materiales más ecológicos y no utiliza fluidos corrosivos, lo que supone una gran ventaja frente a las baterías.

La tecnología LED está presente en el interior, exterior y emplea un sistema combinado de aire acondicionado y calefacción con convectores. En cuanto a la seguridad, el autobús está equipado con sistemas de alerta acústica para vehículos y de detección y extinción de incendios, ayuda al arranque en pendiente, sensor de lluvia y luz automáticos, y 4 cámaras de videovigilancia.

COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN

Pérez ha destacado el compromiso que tiene la Comunidad de Madrid por la descarbonización y las energías limpias para mejorar la calidad del aire.

Por este motivo, apuesta por impulsar el uso de combustibles menos contaminantes y cero emisiones en toda la flota de autobuses urbanos e interurbanos, en colaboración con las empresas concesionarias que ya llevan años avanzando en esta línea.

"El Plan de Modernización para las concesiones de transporte público regular interurbano de viajeros de la región ya estableció en 2019 que al menos el 20% de la flota de autobuses debía ser medioambientalmente sostenible, para lo que se han incorporado de forma continua vehículos de última generación en materia de emisiones en sustitución de modelos más contaminantes", ha señalado el consejero.

En este sentido, ha recordado que "el 55% de los 4.100 autobuses urbanos e interurbanos con los que cuenta la Comunidad de Madrid se mueve con energías limpias". El consejero de Transportes e Infraestructuras también ha visitado la hidrolinera instalada por la empresa Alsa en la campa de Torrejón de Ardoz, compuesta por unos 18 bloques formados por 28 botellas de 50 litros cada uno, lo que suma una capacidad total de 25.200 litros de hidrógeno en estado gaseoso.