El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que ha aprobado este jueves el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario contempla incrementar en un 4,2 por ciento el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018 ante la falta de consenso de los grupos parlamentarios para renovar a sus vocales.

En concreto, el Ejecutivo destinará 76 millones de euros de los presupuestos de 2022 al órgano de gobierno de los jueces, una cifra que supera en tres millones los fondos destinados en el ejercicio anterior.

Fuentes del CGPJ han indicado que la diferencia puede responder al aumento de plazas destinadas a los jueces en prácticas en la Escuela Judicial, que cuenta con una promoción mayor a la de años anteriores.

En el marco de los presupuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha estimado a su vez aumentar en un 7 por ciento los fondos correspondiente al Tribunal Constitucional (TC), cuya renovación parcial también está pendiente desde diciembre de 2019. En este caso, el Ejecutivo ha acordado incrementar en un millón el presupuesto del tribunal de garantías hasta llegar a los 28 millones de euros.

Por su parte, está previsto que el Tribunal de Cuentas -en funciones desde el pasado julio-- reciba un total de 75 millones de euros, un 7,8 por ciento más que en 2021.

2.247 MILLONES PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Este jueves también se ha dado a conocer que el Consejo de Ministros ha destinado un 11,6 por ciento más al Ministerio de Justicia. Según los datos esbozados por el Gobierno, el presupuesto nacional asignado para el departamento dirigido por Pilar Llop alcanzará los 2.037 millones de euros en 2022. Gracias a los fondos europeos, la cifra aumentará hasta los 2.247 millones de euros.

Parte de ese incremento iría destinado a poner en marcha un sistema de becas para los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia. "El objetivo es democratizar el acceso a esos puestos de trabajo", indica el Gobierno en el documento que recoge el incremento en la partida de Justicia.

Beatriz Sánchez, la supuesta encargada de gestionar la administración y contabilidad de las sociedades dirigidas por el productor televisivo José Luis Moreno, declara este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por la 'Operación Titella', donde se investiga una presunta macroestafa que tiene al ventrílocuo como principal imputado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 tendrá la ocasión de escuchar a Sánchez, a quien los investigadores consideran como una suerte de 'mano derecha' de Moreno a la hora de gestionar las cuentas y de coordinar el resto de empleadas del productor, en especial con lo relativo a los pagos cobros y confección de facturas.

Pero, además, Beatriz Sánchez se habría encargado supuestamente de buscar inversores privados y de contactar con el supuesto testaferro Joseph Francis Fay puesto en España por el productor de nacionalidad argentina Alejandro Roemmers, que habría sido estafado presuntamente por Moreno.

Estaba previsto que este mismo viernes declarasen también Pascal Jean Jorgen, Óscar Ordoñez y Ramón Sánchez, aunque fuentes jurídicas han señalado que dos de las citaciones han sido aplazadas. Todo ello después de que este miércoles compareciesen Cristina Muñoz, Rosa Santamaría y Natalia Fernández a los que siguieron este jueves Luis Enrique Dueñas y Óscar Tardio.

Aunque el juez citó a más de una decena de investigados, las declaraciones de José María Alvear, Ernesto Paniagua o la del sobrino de Moreno, Raúl Fernández, tendrán que celebrarse más adelante después de que fuesen suspendidas.

CONVERSACIONES SOBRE LA RED

En relación a Beatriz Sánchez, varios de los informes remitidos a la Audiencia Nacional revelan conversaciones en las que se refiere a cantidades elevadas de dinero que estarían relacionadas con la red. En una de ellas, realizada el pasado 16 de junio, Sánchez aseguró que Moreno le había pedido que consiguiera 2,2 millones de euros: 1,6 millones para Hacienda y 600.000 euros para una deuda que tenía pendiente.

Otra de las escuchas de los investigadores recoge una charla entre Sánchez y otra de las empleadas de Moreno, Rosa, en la que ambas se sinceran sobre la situación de las finanzas del productor. Así las cosas, Sánchez y Santamaría reconocieron que no "podrían aguantar" una auditoría porque se descubriría que en "todo el primer año no empezaron a grabar".

De la charla entre las dos trabajadoras también se desprende además que Moreno se habría "apropiado de por lo menos 16 millones de euros" de los 32 que Roemmers le entregó para grabar la serie que el ventrílocuo supuestamente realizaba con la sociedad Dreamlight International Productions S.L sobre la vida de Francisco de Asís.

En esa conversación, Beatriz le aseguró a Rosa que a Moreno "ya unos intentaron abrirle la cabeza" --en alusión al robo que sufrió en su mansión de Boadilla del Monte en 2007-- y que "otros intentarán meterlo en la cárcel". Rosa, por su parte, se mostró convencida de que el productor se iba a "fugar" porque él mismo "lo ha dicho", advirtiendo a su compañera que de hacerlo "se iría con mucho dinero".

MORENO, LA "TARJETA DE VISITA"

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó 'in extremis' en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

ESTAFA Y BLANQUEO

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.

Los espacios interiores de ocio nocturno reabrirán en Cataluña a la medianoche de este jueves al viernes, con un aforo limitado al 70%, horas después del aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a aplicar el pasaporte Covid.

La validación del decreto, que la Generalitat pidió el miércoles al tribunal, era necesaria porque para acceder a los locales habrá que presentar el certificado --o bien una prueba de detección con positivo negativo--, algo que podría "vulnerar derechos fundamentales".

El TSJC recibió la petición este miércoles y la trasladó a la Fiscalía para que se posicionase antes de este jueves a las 10 horas, y lo ha hecho respaldando la aplicación de dicho pasaporte.

Por lo tanto, la apertura tendrá lugar con las medidas planteadas por el Govern, que consisten en presentar el certificado Covid o un resultado negativo en una PCR --realizada 48 horas antes-- o en un test de antígenos, que se tendrá que haber realizado en las 72 horas anteriores.

Los bares musicales podrán abrir hasta las 2.30 entre semana y hasta las 3 los fines de semana, y en todos los locales de ocio nocturno se permitirá el baile, pero será obligatorio el uso de mascarilla y además se podrá consumir alcohol, a excepción de en la pista de baile.

VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO

Para verificar este certificado, los locales tendrán una aplicación que comprobará que el documento de vacunación o de prueba negativa es válida y coincide con el DNI del usuario, mediante un QR, unos datos que, según el Govern, no quedarán registrados posteriormente.

El responsable del establecimiento validará el QR en la web VerificaCOVID.gencat.cat --si no hay cobertura se mostrará el certificado manualmente--, y si puede acceder a la web saldrá el mensaje 'validado' con una franja de color verde con el nombre, apellido y la fecha de nacimiento de la persona, pero si rechaza el acceso, aparecerá una franja roja y 'no validado'.

18 MESES DE CIERRE

El ocio nocturno reabre tras 18 meses del primer cierre, durante los cuales solamente se ha permitido su actividad en tres periodos intermitentes: se reabrió el 8 de junio de 2020 --con un tercio de su aforo-- en municipios que estaban en la fase 3 de la desescalada, pero el Govern volvió a decretar su cierre, que entró en vigor la noche del 25 de julio.

El 21 de junio de 2021, días antes de la noche de Sant Joan, el Govern volvió a aprobar su reapertura hasta las 3.30 de la madrugada, con un aforo limitado al 50% en el interior y sin límite en el exterior; y el 6 de julio se volvió a decretar su cierre, aunque se permitía la actividad en exteriores hasta las 3.

La última flexibilización del sector llegó justo antes de las fiestas de La Mercè --entraba en vigor la madrugada del día 22 de septiembre-- y permitía abrir el ocio nocturno exclusivamente en espacios exteriores hasta las 3, sin posibilidad de bailar.

Durante el cierre, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentado diferentes recursos ante el TSJC, con el objetivo de tumbar las restricciones del Govern, y que el tribunal ha rechazado reiteradamente.

El 40 Congreso del PSOE tendrá que debatir al menos una treintena de enmiendas que han presentado sus afiliados en las que proponen avanzar hacia la III República e incluso que se celebre un referéndum sobre la forma de Estado. Estas propuestas proceden en buena medida de Juventudes Socialistas, de Izquierda Socialista y del Partido Socialista de Cataluña, pero el objetivo de la República y el reférendum también está respaldado por otras muchas agrupaciones. Murcia incluso ha planteado que se vote como muy tarde en la próxima Legislatura.

Todas estas peticiones están recogidas en la Memoria de Enmiendas que Ferraz ya ha compilado, después de que las citadas enmiendas fueran debatidas y votadas en las distintas asambleas precongresuales de las provincias. Se trata de un documento que cuenta con 1.573 páginas.

El Partido Socialista de Cataluña afirma directamente, en una de sus enmiendas, que la "reparación final" de la guerra y la dictadura es la "restitución del modelo republicano" en España y se debe conseguir entre todos los españoles.

"El deber de reparación no se acaba en el restablecimiento de las fortunas robadas por el alzamiento nacional, la guerra civil o la dictadura franquista, hay una reparación final y es la restitución del modelo republicano para nuestro país, debemos luchar para que la reparación final de nuestra sociedad sea la llegada de una nueva republica para nuestro país, tenemos que conseguirla entre todos y todas", dicen los del PSC aunque no fijan una fecha ni tampoco exponen la forma de conseguirlo.

Sin embargo, Juventudes Socialistas, Izquierda Socialista y numerosas provincias como Alicante, Madrid, Palencia, Mallorca, Segovia, Málaga o Sevilla, entre otras, plantean realizar un referéndum para decidir el modelo de elección de la Jefatura del Estado. Incluso una de las enmiendas que llegará al cónclave socialista desde Murcia, propone que la votación se celebre la próxima Legislatura.

ELEGIR MONARQUÍA O REPÚBLICA COMO MÁXIMO EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA

"La sociedad española, después de 45 años de democracia, ya es lo suficientemente madura como para poder elegir la Jefatura del Estado", afirman y añaden por ello que "el PSOE se compromete a que como máximo en la próxima legislatura, se convoque un referéndum para poder elegir entre Monarquía o República".

Y el avance hacia la III República lo defienden desde Juventudes Socialistas, hasta enmiendas que provienen de Córdoba, Palencia, Almería o Salamanca. Valencia, por ejemplo, plantea reformar el artículo 1.3 de la Constitución con el objetivo de que la forma política del Estado español sea la República.

Los jóvenes del PSOE defienden la República como "forma de Estado" y en la enmienda que han presentado afirman: "El PSOE propondrá la celebración de un referéndum para decidir la forma de Estado". De esta forma, añaden, los socialistas trabajarán políticamente para alcanzar una España de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales ante la ley, cuya máxima expresión será la "consecución de la Tercera República".

Son conscientes de que los "marcos legales vigentes" no permiten la implementación efectiva del socialismo, por lo tanto, consideran que el PSOE debe proponer a las Cortes Generales un "referéndum consultivo", previsto en el Artículo 92 de la Constitución Española, "para que el pueblo español ejerza libre y soberanamente su derecho a elegir su modelo de Estado".

REDOBLAR EL ESFUERZO PARA CREAR EL CLIMA PARA LA REPÚBLICA

Izquierda Socialista, a través de distintas enmiendas, también apuesta por renovar el Pacto Constitucional que para ellos debería ser Federal, Republicano y Laico, y de hecho también quieren que se celebre un referéndum consultivo sobre "Monarquía o República". No especifican cuándo debería tener lugar, pero en una de sus enmiendas plantean que los socialistas "redoblen" su esfuerzo pedagógico "hasta alcanzar el clima de consenso necesario" para la superación del anacronismo de la Monarquía en favor de los principios republicanos.

Esta corriente del PSOE señala, además, en una de las enmiendas que ha enviado desde Jaén, que este nuevo pacto contribuiría a resolver "no sólo la crisis territorial del Estado español" sino que también pondría fin a la "corrupción del sistema monárquico".

Y en similar línea se pronuncia otra enmienda remitida desde Córdoba planteando que continúe abierto para el PSOE el "horizonte de la III República Federal Española" como mejor forma para "solventar" el "encaje territorial de los distintos pueblos que componen el Estado Español". Este planteamiento cuenta con propuestas similares de Cádiz, Huelva, Madrid, Jaén, Vizcaya, Valencia, Alicante, Almería, Granada y Salamanca.

Izquierda Socialista llega incluso a plantear que el PSOE coordine el bloque de fuerzas republicanas para que realicen un tercer "Pacto de San Sebastián" que alcance la III República por que creen que ha llegado el momento de elegir democráticamente un Presidente de una República Española Federal y Laica en "pleno desprestigio" de la cúpula de la Casa Real.

PIDEN ABRIR DEBATE DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y JEFATURA DEL ESTADO

También desde Lugo, que ha enviado una enmienda al Congreso en la que piden que el Gobierno defienda la consecución de un Estado Federal y Republicano y son varias las agrupaciones que, como Mallorca o Segovia, piden que el PSOE "abra en su seno y a la sociedad un debate profundo y sereno sobre la reforma constitucional, que en su gran amplitud contemple también la Jefatura del Estado y la elección de la misma".

Un debate, añaden, en el que las y los socialistas defenderán "la República como expresión democrática de la voluntad popular".

Los socialistas madrileños destacan su "firme compromiso" por la "instauración de un Gobierno republicano que modernice de una vez por todas la forma de Gobierno" y argumentan que lo que defienden es propio del siglo XXI, que la forma de Estado sea "democrática y sin herencias de sangre". Por ello son partidarios de realizar un referéndum sobre la forma de Estado.

También los socialistas de Palencia han propuesto la República como forma de Estado y quieren que el PSOE celebre un referéndum para decidirlo y se comprometen a trabajar por conseguir la "Tercera República", por lo que piden una "reformulación" de la Constitución.

Otra enmienda enviada desde Salamanca matiza que la reforma constitucional deberá abordar el cambio de modelo de Estado hacia una República Federal "plural y cohesionada". Y desde Alicante se precisa que para conseguir el espíritu democrático e igualitario debe producirse una "elección de la jefatura del Estado igualmente democrática e igualitaria", por lo que insisten en que es el PSOE el que debe promover el "referéndum" para elegir entre Monarquía y República.

Valencia, en la misma línea, añade que "no puede dejarse en manos de los privilegios de la Herencia y los designios de la Providencia la máxima representación de nuestro Estado y la jefatura suprema de nuestras fuerzas armadas". Y por eso insisten en "redoblar" esfuerzos para crear un clima de consenso que lleve a la República.

Los socialistas malagueños explican que en su propuesta de reforma Constitucional van a incluir el referéndum previo para elegir entre Monarquía Parlamentaria o República. Y desde Asturias tampoco fijan un plazo, pero sí señalan que cuando se den las mayorías y las circunstancias políticas oportunas para abordar una reforma constitucional, promoverán un cambio de modelo en la Jefatura del Estado apostando por un modelo de República Federal.

El líder del PP, Pablo Casado, movilizará a la cúpula del PP por todas las provincias de España durante los próximos tres meses con el objetivo de exportar el "éxito" de la Convención Nacional del partido que culminó el pasado domingo en Valencia, según han señalado fuentes del partido.

Los detalles de esa gira por España será uno de los asuntos que estará encima de la mesa en la reunión del comité de dirección del PP que Casado ha convocado este viernes en la sede nacional del partido en Madrid.

Eso sí, el otro gran asunto de esa reunión será el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que este jueves ha aprobado el Consejo de Ministros y que ya ha recibido las primeras críticas del PP, que los considera "papel mojado" tras la rebaja de las previsiones de crecimiento que realizó el INE hace dos semanas. Por eso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sentenciado que las cuentas públicas nacen "muertas".

Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial del PP y responsable del área económica del partido, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno de plantear las "cuentas públicas con libertinaje", al incluir una "cifra de gasto tan exagerada". El primer partido de la oposición se ha mostrado especialmente crítico con medidas como el bono joven cultural, un "regalo de cumpleaños" para los que cumplan 18 años, y el bono de alquiler de vivienda de 250 euros mensuales.

"ENSANCHAR" EL PARTIDO

A partir de la próxima semana, Casado quiere poner al partido casi en modo electoral para trasladar a todos los rincones que "el cambio" está a punto de llegar y aprovechar la "ilusión" que ha generado la Convención Nacional dentro del partido.

En su tour por las provincias, los vicesecretarios generales celebrarán actos sectoriales sobre los principales temas que conforman el "contrato social" que detalló Casado en su discurso de cierre en la Convención para "devolver el poder a los ciudadanos", con "más sociedad y menos gobierno".

Casado avanzó que nada más llegar al gobierno pondrá en marcha tres planes nacionales de reformas estratégicas de institucionalidad, empleo y familia. "Somos el partido de las clases medias y trabajadoras que no quieren que nadie interfiera en sus vidas, en sus sueños, en sus proyectos, en su familia, en sus sentimientos", resaltó, una idea en la que hará hincapié la cúpula del PP ante los pasos que está dando el Gobierno, como la ley de vivienda.

EL PP TAMBIÉN PREPARA SU INTERPARLAMENTARIA E INTERMUNICIPAL

Además, el PP quiere insistir en su idea "ensanchamiento" del partido y llevará a sus actos por España el mensaje de que Casado dirige el único partido que garantiza que una mayoría social de centro derecha "se convierta en un gobierno de centro derecha como el que necesita España", según fuentes de la formación.

Aparte de esos actos provinciales, la dirección del PP quiere recuperar las grandes reuniones internas de partido que llevan más de un año y medio sin celebrarse a causa de la pandemia. Así, se prevé que el PP convoque en breve una Interparlamentaria, que reúne a sus senadores y diputados, y una Intermunicipal con sus alcaldes y presidentes provinciales.

El Instituto de la Juventud de España (INJUVE) ha valorado como una "buena noticia" la aprobación del bono cultural joven de 400 euros, aunque aspiraba a que fuera de 500 euros, y apoya la exclusión de los toros porque no considera que "un espectáculo de maltrato animal" sea "cultura". El Injuve es un organismo dependiente del Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra y una de las carteras que corresponde a Podemos.

"Debería ir destinado a la compra de libros, que justo es el año en que entran en la universidad y tienen mucho material que financiar, a teatro, cine, danza, a todo lo que consideramos cultura, y no consideramos que un espectáculo de maltrato animal lo sea, aunque esté catalogado así. Hay ciertas actividades que no se tienen que financiar con dinero público", ha subrayado a Europa Press la directora del INJUVE, María Teresa López.

Por otro lado, sobre la inclusión de los videojuegos en este bono cultural joven, la directora del INJUVE ha indicado que "no se puede negar que los videojuegos son una actividad que la juventud desarrolla con una frecuencia y una intensidad muy amplia" y "no es inteligente ponerse en contra" pero ha precisado que tendrán que "estudiarlo" y no sabe si será susceptible de ser financiado.

Tendremos que estudiarlo con el Ministerio de Cultura conforme se vaya desarrollando la norma", ha precisado María Teresa López.

En cualquier caso, ha asegurado que este bono cultural joven es "una buena noticia" y es algo que "la juventud estaba reclamando". "Me parece una medida que va a ayudar tanto a la juventud para que tenga garantizado el acceso al derecho a la cultura, como al sector cultural, que lo necesita", ha subrayado.

Si bien, ha añadido que como Unidas Podemos aspiraban "a más" y hubieran preferido que en lugar de 400 euros fueran 500 euros, como en Italia. "Esperemos que se pueda estudiar si se amplía en un futuro pero por ahora va a llegar a unas 450.000 personas que no está nada mal", ha apostillado.

Además, ha avanzado que desde el INJUVE están trabajando para complementar este bono cultural joven con el carnet joven europeo, "que tiene muchos descuentos en transporte y cultura". Aunque este carnet ya funciona desde hace años, la directora del INJUVE ha indicado que hace falta "actualizar los convenios" para que "refleje la realidad que se vive ahora mismo que ha cambiado con respecto a hace 10 años".

La Rioja reducirá "al mínimo legal", establecido por la Ley estatal de educación, las horas lectivas dedicadas a la enseñanza de religión en los centros escolares, tras la aprobación de una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida por su portavoz, Henar Moreno. Un aspecto que se desarrollará en el curso escolar 2022-2023.

En su intervención, ha destacado la importancia de los expertos que han comparecido en la Cámara riojana, para recordar que la Ley "conlleva la modificación de los decretos del currículo de los niveles de enseñanza no universitaria y los decretos de jornada y horario para disminuir hasta el mínimo legal la carga horaria de las enseñanzas de la religión y sus alternativas reguladas con carácter básica en la normativa estatal, así como la inclusión de un espacio curricular para la educación en el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y responsable".

Aún con todo, Moreno ha dicho no estar conforme porque "nuestro objetivo siempre ha sido sacar por completo la religión de las escuelas, siguiendo el principio de la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado". Ha añadido, finalmente, que, "en una sociedad democrática, plural e inclusiva, la religión pertenece a la esfera privada, una cuestión de libertad individual. Actualmente, la nueva ley de educación obliga a las comunidades autónomas y a los centros educativos a ofertar la asignatura de religión, aunque no sea evaluable en la nota final".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha indicado que su formación iba a votar en contra porque les genera "varias dudas", así como que "no han querido contar con el informe del Consejo Consultivo y de los expertos que han comparecido en el Parlamento".

León también ha criticado que la propuesta "solo se preocupa de eliminar la religión", pero "no se regula ninguna alternativa", además de que "la intransigencia ideológica" de la misma "ha omitido abordar la situación laboral de los profesores" cuya estabilidad estaría en duda.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Pérez Ligero, ha destacado que "como no pueden prohibir la religión, lo que buscan es oprimirla y asfixiarla poco a poco, imponiendo una Ley innecesaria". En su intervención, ha reclamado, asimismo, que "se garantice la estabilidad de los profesores de religión", al reducir las horas lectivas dedicadas a este tipo de enseñanza.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Villuendas, ha afirmado que la Proposición "no viene a sacar la religión de las aulas, sino reducir al mínimo legal su enseñanza en el horario escolar", por lo que la reclamado a PP y Ciudadanos que "no distraiga a los ciudadanos embarrando el discurso", ante lo que ha exigido, finalmente, que "no provoquen y no abran el debate donde no hay".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El pleno se ha cerrado con la aprobación, con 17 votos a favor y 15 en contra, de la toma en consideración de la Proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática en La Rioja, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-IU.

La Real Sociedad Canina de España considera que el borrador del anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales es "un buen punto de partida con matices" que recoge varias de las propuestas que la entidad ha trasladado al Gobierno, pero se opone a las castraciones o esterilizaciones "prácticamente sistemáticas" que son perjudiciales a corto y largo plazo.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, opina que es necesaria una ley nacional que unifique las normativas autonómicas y de "coherencia" a todo lo que existe en España, aunque prevé que el texto, tal y como está plasmado generará oposición entre las comunidades autónomas por posible intromisión en sus competencias.

"Es un buen punto de partida, aunque con matizaciones importantes", ha señalado Doval en declaraciones, aunque espera intentar solventar las deficiencias de la propuesta durante el plazo de alegaciones y a través de los contactos que mantienen con la Dirección General de Derechos de los Animales, con las que han mantenido diferentes reuniones.

Entre las cuestiones a matizar, Doval estima que hay que regular de otra manera la "obligación de esterilización forzosa" de todos los ejemplares no destinados a la cría y que vayan a particulares. "Establecer la castración como medida generalizada sin que existe razón médica no tiene sentido. Solo debe realizarse bajo consejo veterinario pero no para controlar posibles reproducciones sino por que sea beneficiosa para cada individuo", asegura.

De ese modo, advierte de que esta práctica puede acarrear consecuencias "negativas" para la salud de los animales y es "peligroso" para la herencia recibida de selección de razas, al tiempo que puede poner en peligro la diversidad al eliminar animales que podrían ser utilizados en reproducciones futuras y reducirá el pool genético, lo que puede contribuir a aumentar las enfermedades sanitarias en el futuro.

"Cuanta mayor sea la diversidad, mejor y con esta práctica de esterilización forzosa se reducirá", alerta. Por otro lado, valora que reducirá el número de personas que se dedicarán a la cría porque normalmente esta actividad no empieza como una empresa sino desde un propietario particular de perro que poco a poco se inicia por afición.

De ese modo, insiste en expresar su desacuerdo con la política de esterilización forzosa que, por otro lado, ve "difícil de mantener" un discurso que prohíbe manipular a los perros, por ejemplo para quitarles un espolón en el pie al nacer o cortar uñas a los gatos, pero que al mismo tiempo obliga a someter a los animales a una esterilización, que es una práctica invasiva y con consecuencias, como desequilibrios físicos, hormonales o que pueden dar lugar a enfermedades. "Hay que ir caso a caso", insiste.

Por el contrario, celebra el reconocimiento a los criadores de perros o que las transmisiones de crías se hagan directamente con ellos pero pide que en el registro de criadores puedan participar sin requisitos adicionales aquellos que figuren en la Real Sociedad Canina como tales.

Por otro lado, respecto a la necesidad de realizar un curso de formación antes de tener un perro, para Doval es "un aspecto positivo" de la propuesta normativa porque la formación "nunca está de más", pero en este caso debe ser "incluyente" y no suponer un gasto adicional al propietario. En todo caso, cree que esa propuesta debería ir más allá e incluir conceptos de cuidado y bienestar de los animales en el currículo educativo.

Respecto a la formación, aboga también por que exista un catálogo de formación reglada para aquellos que quieran dedicarse a criar, adiestrar o tener una peluquería canina. "Como entidad nos gustaría contribuir con la experiencia que tenemos", asevera.

Finalmente, celebra la modificación que hará que los perros no serán clasificados por la potencial peligrosidad de su raza sino que estos sean calificados por el carácter individual de cada uno.

En definitiva, valora que el borrador de la ley es un punto de partida positivo que tiene que trabajar distintos aspectos y unificar los criterios en toda España, para favorecer el bienestar animal sin poner en peligro su existencia.

Los sindicatos policiales han pedido este jueves respeto a las decisiones judiciales tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días por un delito de atentado a agente de la autoridad, sustituible por una multa de 540 euros. En este sentido, algunas organizaciones reclaman su dimisión y otras reformas legales para castigar con más contundencia hechos de estas características.

En declaraciones, el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, ha señalado que el fallo pone de manifiesto "lo barato que sale agredir a un policía". "Creemos que con este tipo de condenas lo único que se consigue es que la gente siga actuando de la misma manera y no tenga miedo a arremeter y agredir a los agentes", ha apuntado.

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional ve "mucho más grave" que lo anterior pueda llevar a que se pierda el principio de autoridad, "que puede tener unas consecuencias mucho más graves de lo que se cree". Por este motivo, reclama reformas legales para que las condenas sean mayores y "se proteja a los servidores públicos que están para garantizar el ordenamiento jurídico, la seguridad ciudadana y el bienestar de todos".

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha reaccionado al fallo expresando que es "totalmente incompatible con su continuidad en el escaño". Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, ha anunciado que recurrirá la condena ante el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al entender que se adopta "sin ninguna prueba objetiva", lo que demostraría el cada vez mayor "descrédito de la justicia española".

La sentencia por la patada que propinó a un agente en una protesta en 2014 en Tenerife conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, no puede ser elegido para cargo público durante la condena, y, según fuentes jurídicas, conlleva la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados.

"ESTÁ TARDANDO EN DIMITIR"

La CEP ha expresado que, al margen de consideraciones jurídicas, "resulta intolerable que un represente de los ciudadanos en una alta institución del Estado, como el Congreso de los Diputados, se empeñe en mantenerse aferrado a su puesto cuando ya se ha confirmado que ha sido condenado por delinquir al agredir a un policía nacional".

"Está tardando en dimitir y, sobre todo, en pedir perdón al compañero al que propinó la patada durante una protesta", han continuado desde este sindicato con representación en el Consejo de la Policía Nacional.

"Resulta llamativo que aquellos que tanto se empeñan en poner siempre en su punto de mira político a los servidores públicos sean incapaces de aplicarse esa misma exigencia en su ejecutoria como representantes públicos", ha indicado la CEP, que recuerda que la legitimidad de las instituciones nace del respeto al principio de legalidad.

"Participar en agresiones contra servidores públicos que intervienen en defensa de la legalidad es ir más allá y adentrarse en terrenos penales totalmente incompatibles con el ejercicio de una responsabilidad pública, sea del tipo que sea", concluye la CEP.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), con representación en la escala ejecutiva, se ha mostrado de acuerdo con la sentencia. "Los hechos probados son meridianamente claros, por lo que la condena está totalmente justificada", ha indicado su portavoz, Alfonso Media, que también ha recordado que la organización sindical está obligada a respetar las decisiones judiciales, "sean cuales fueren", al igual que el partido al que pertenece el diputado.

El buque Open Arms de la ONG homónima ha vuelto a zarpar desde el puerto de Burriana (Castellón) hacia el Mediterráneo central tras más cinco meses, "debido en primera instancia al bloqueo administrativo por parte de las autoridades italianas y el posterior tiempo necesario dedicado a reparaciones y mantenimiento anual obligatorio", ha informado Open Arms en un comunicado.

La ONG ha explicado que el Open Arms llegará en los próximos días a las aguas internacionales del Mediterráneo central donde, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recogidos por la entidad, han muerto ahogadas más de 1.300 personas este año en lo que, a su juicio, es la ruta migratoria más peligrosa del mundo con 20.000 muertos desde 2014.

Para Open Arms, esta zona se ha convertido, en sus palabras, en "una fosa común" que se cobra "vidas inocentes a diario" y han defendido que vuelven allí para proteger las vidas de los más vulnerables.

"Salvar vidas es nuestra misión, nuestro compromiso y nuestra obligación, como lo es para cualquier embarcación o persona que se cruce con personas en peligro en el mar", y han añadido que así lo estipula la Ley del mar y los convenios internacionales.

Desde Open Arms han criticado que las aguas internacionales del Mediterráneo central se han convertido desde hace tiempo en tierra de nadie, bajo su parecer, y han afeado que no exista coordinación europea o un activo naval gubernamental para "garantizar la seguridad de quienes están a la deriva y necesitan ayuda".

También han alertado de que la actividad de las 'milicias armadas' libias no ha cesado y han acusado a los países europeos de formarlas y financiarlas "para tener lejos de sus fronteras a las personas que quieren huir del infierno de Libia".

La Policía Nacional ha desmantelado en Melilla una presunta organización criminal compuesta de seis miembros que extorsionaba a solicitantes de asilo en la frontera con Marruecos con el uso de armas blancas y la violencia para organizar las colas de peticionarios de asilo a cambio de 150 euros por permanecer en la fila o colar a otros.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la intervención ha sido llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que se ha saldado con la detención de seis personas de nacionalidad marroquí, que "desde finales de agosto extorsionaban, amenazaban y coaccionaban a solicitantes de asilo que hacían cola en las inmediaciones del puesto fronterizo de Beni Enzar".

La citada fuente ha detallado que el grupo criminal exigía mediante amenazas alrededor de 150 euros por permitirles permanecer en la fila, "para lo cual los intimidaban mediante amenazas y el empleo de la violencia, llegando a valerse en ocasiones de armas blancas y otros elementos contundentes para lograr su propósito".

Por otra parte, y mediante los mismos métodos violentos y también a cambio de la citada cantidad de dinero, "se ofrecían para procurar un lugar en la cola a personas que no guardaban la misma, expulsando a las personas que legítimamente ocupaban su lugar" ha añadido.

La Jefatura Superior ha comunicado que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos, los investigadores centraron su labor en los detalles recabados de los testimonios de algunas de las víctimas, lo que unido a las identificaciones realizadas dentro del dispositivo policial desplegado en la zona por efectivos del Grupo Operativo de Frontera, "permitió la completa identificación, localización y posterior detención de los seis integrantes del referido grupo criminal".

La totalidad de los integrantes del grupo criminal son varones de nacionalidad marroquí, con edades comprendidas entre los 19 y 24 años, en situación irregular en España, contando algunos de ellos con antecedentes por hechos de la misma naturaleza.

Los seis detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, acusados de la presunta comisión de los delitos de amenazas, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado este viernes a las 9.00 horas a la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del partido, en el que se será su último encuentro antes de nombrar una nueva dirección en el 40º Congreso Federal que la formación política celebra en Valencia entre el 15 y el 17 de octubre, según informan fuentes socialistas.

La reunión de la Ejecutiva será este viernes, en lugar del lunes, como es lo habitual, debido al puente del 12 de octubre de la próxima semana, según informan las fuentes consultadas. Dado que el martes es festivo, Sánchez ha convocado para el lunes el Consejo de Ministros ordinario.

De este modo, el equipo que ha acompañado a Sánchez al frente del PSOE durante los últimos cuatro años tendrá ocasión de verse una vez más en Ferraz, despedirse y hacer balance de su labor, antes de concluir su mandado en el Congreso Federal, en el que debe presentar su informe de gestión.

NUEVA EJECUTIVA REDUCIDA, RENOVADA Y CON GRAN PRESENCIA DE MUJERES

Es más, para muchos de los actuales integrantes de la Ejecutiva la reunión de este viernes será su despedida de la dirección del PSOE, ya que el presidente planea acometer una profunda renovación de su equipo de dirección en el partido, en línea con la intensa crisis de gobierno que ya realizó en Moncloa en julio.

Sánchez busca rodearse ahora de un equipo más reducido y operativo, según explican dirigentes socialistas. A diferencia del anterior congreso de 2017, cuando Sánchez logró hacerse otra vez con el control del PSOE tras haber sido descabalgado en 2016 por negarse a permitir la investidura de Mariano Rajoy, el líder socialista llega a la cita de Valencia libre de ataduras y favores que devolver.

También se prevé que Sánchez prime en su Ejecutiva a dirigentes jóvenes, procedentes del municipalismo, y que haya una gran presencia de mujeres --fuentes consultadas señalan que podrían llegar a ser el 60% de los miembros del nuevo equipo del secretario general--.

Es decir, las mismas ideas que ya guiaron al presidente en su remodelación del gobierno de julio, que supuso la salida, entre otros, de algunos pesos pesados como la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo, el que fuera ministro de Transportes y también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, o el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Lo único que está claro por el momento es que la actual vicesecretaria general, Adriana Lastra, seguirá en su cargo como 'número dos' del partido, sobre todo después de haber abandonado la portavocía en el Congreso para centrarse en Ferraz y en preparar las próximas citas electorales.

También se da por hecho la continuidad de Santos Cerdán al frente de la secretaría de Organización, un cargo que asumió en julio tras la salida Ábalos del partido, cuando dejó de ser ministro.

Algunos de los dirigentes que se asume que no repetirán ya han dado un paso atrás y han presentado su renuncia, como es el caso del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que seguía ostentando sobre el papel la portavocía del partido pero que llevaba años sin ofrecer una rueda de prensa en Ferraz. También ha presentado su dimisión el diputado por San Sebastián Odón Elorza.

El congreso de Valencia supone así la culminación de la estrategia de renovación del partido que Sánchez ya inició con la mencionada crisis de gobierno, en la que le devolvió al PSOE el protagonismo en Moncloa. El ejemplo más claro fue la salida de su entonces jefe de gabinete Iván Redondo, y la llegada a este cargo de Óscar López, quien fuera secretario de Organización del partido bajo el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los niños de seis y dos años que asesinó su padre, José Bretón, hace diez años este viernes en una finca familiar de la capital cordobesa, ha lamentado este jueves la falta de apoyo y ayudas que sufren las mujeres víctimas de la violencia vicaria, como es ella.

En declaraciones a Radio Córdoba Cadena SER, Ruth Ortiz ha manifestado que después de diez años "no ha mejorado nada" en la atención a las víctimas de la violencia vicaria, advirtiendo de la falta de presupuesto y que "las víctimas no tienen protección" tras ocurrir los hechos.

"Estamos totalmente desprotegidas, no se cobran las indemnizaciones grandes que los asesinos no pagan y el Estado no se hace cargo de ellas", ha abundado la madre de Ruth y José, quien ha relatado que "con el paso del tiempo, porque al principio no estás para darte cuenta de nada, no me entraba en la cabeza que mujeres que han pasado por lo mismo y que yo también no estábamos consideradas víctimas".

Así, ha explicado que "cuando empiezas a necesitar una serie de recursos y ayudas, te das cuenta de que para la ley y para la sociedad no eres víctima", algo que le "chocó muchísimo", por lo que desde que fue "consciente" quiso "cambiar esto para que todas las mujeres que pasaran por lo mismo estuvieran reconocidas como víctimas de violencia de género", ha defendido. Además, ha destacado la labor para el reconocimiento dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de las madres cuyos hijos fueran asesinados.

Según ha detallado, "no había ayuda psicológica" para atenderle a ella, ni a su familia cuando ocurrieron los hechos. "No hay nada real que a la hora de la verdad nos facilite la vida", ha aseverado Ruth Ortiz, precisando que tienen que "seguir viviendo con un dolor y unas circunstancias que no son normales".

Al respecto, ha abogado por que "las víctimas de la violencia vicaria tengan preferencia en las bolsas de trabajo, igual que la hay para discapacitados". "No estamos en las mismas condiciones que cualquier otra persona a la hora de acceder a un trabajo", ha dicho, si bien ha precisado que "no hay ayudas de ninguna clase".

Entretanto, la madre de Ruth y José ha mostrado su agradecimiento a Córdoba y todas las personas que le ayudaron tras la pérdida de sus dos hijos, asesinados por José Bretón el 8 de octubre de 2011, motivo por el que está condenado a 40 años de cárcel y se encuentra preso en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, espera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobados este jueves en consejo de ministros, contemplen inversiones para Cataluña equivalentes a su peso en el PIB de toda España --lo que supone el 19%-- y que se acaben ejecutando.

En declaraciones a los periodistas, el conseller ha lamentado que de momento solo ha podido leer la nota informativa del Gobierno sobre las cuentas y que ésta no contempla ni los fondos Covid que reclaman, ni el traspaso de la gestión de los fondos europeos ni las inversiones que necesita Cataluña.

"Unas inversiones que, como se está demostrando, necesitamos más que nunca en vías de comunicación, ferroviarias y de transporte. El país se cae a trozos porque hace muchos años que no se está invirtiendo aquello que merece Cataluña y, sobre todo, los ciudadanos de Cataluña, voten lo que voten, piensen lo que piensen", ha señalado.

También ve evidente que el servicio de Rodalies necesita mejorar urgentemente e inversiones, y ha dicho que les gustaría que, igual que salió la ministra Raquel Sánchez a explicar que se acababa "aquella promesa del Aeropuerto", saliese a explicar qué está pasando en el servicio de Rodalies Renfe.

RODALIES Y NEGOCIACIÓN

"Yo le digo cómo se puede resolver, con una gestión por parte de Cataluña e invirtiendo porque hace 35 años que no se invierte en Rodalies en función del incremento de la capacidad que está teniendo", ha criticado.

Preguntado sobre la negociación de las cuentas desde el Congreso de los Diputados, Giró ha insistido en que "todo el independentismo" debería ir junto en estas negociaciones porque, según él, sería mucho mejor a nivel táctico y estratégico.

Giró ha añadido que espera que estos Presupuestos se acerquen a las necesidades de Cataluña porque llegan en un momento "que parece" que es de reencuentro.

FONDOS COVID

Además, ha dicho que les preocupa el hecho de que no estén previstos fondos extraordinarios Covid cuando es "evidente" que las consecuencias de la pandemia persistirán en 2022.

"A nivel de salud, de educación y derechos sociales hay una serie de gastos, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado, que son evidentes que necesitarán fondos extraordinarios", ha considerado.

Ha recordado que en 2020 hubo 3.000 millones de fondos extraordinarios y que en 2021 ha habido 2.200, y ha previsto que para el caso de Cataluña harán falta "un mínimo de 1.500 millones" especialmente para las Consellerias de Salud, Educación y Derechos Sociales.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de ERC para impulsar y desplegar la ley del audiovisual catalana, "poniendo especial énfasis en la promoción y protección de la producción y doblaje en lengua catalana", así como apoyar con ayudas estructurales a los medios para fomentar el uso del catalán.

La moción, aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, Cs y PP, que han votado en contra, pide al Govern llevar a cabo "todas las acciones necesarias ante el Gobierno español para defender el modelo audiovisual catalán y garantizar que la transposición de las directivas europeas establezca cuotas suficientes de producción y doblaje en lengua catalana".

También ha prosperado la petición para que el Parlament se comprometa a renovar los órganos del gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y el Consell Audiovisual de Cataluña (CAC) antes de terminar este año, algo que ha contado también con el rechazo de Vox y Cs, mientras que el PP ha votado a favor con el resto de grupos parlamentarios.

La diputada republicana Raquel Sans ha advertido de que la propuesta inicial de la normativa audiovisual estatal ha sido "decepcionante, mercantilista, centralista y absolutamente insensible ante la protección de la diversidad lingüística y cultural", y ha celebrado que el Consell Executiu haya impulsado la memoria preliminar del anteproyecto de la norma catalana.

Desde Cs, Anna Grau ha dicho que quienes pelean para que la nueva ley estatal asuma la defensa de cuotas para el catalán descartan cuotas en castellano para TV3, y ha asegurado que le "consta que hay una nueva ofensiva para borrar la lengua castellana" en un programa de TV3, por presiones por analistas que hablan en castellano, ha dicho.

La socialista Beatriz Silva ha sostenido que los medios públicos catalanes no están cumpliendo con su misión de servicio público y no "reflejan la diversidad", y ha explicado su apoyo a la moción porque va en consonancia con la directiva europea y con la norma estatal en trámite, según ella.

NORMA CATALANA

La diputada de los comuns Susanna Segovia ha defendido la protección de las lenguas cooficiales del Estado, por lo que ha expresado su apoyo a la moción promovida por los republicanos, y ha señalado que también les preocupa el asunto de financiación del ámbito audiovisual.

Desde el PP, Lorena Roldán ha sostenido que ERC está aprovechando la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que el Gobierno de Pedro Sánchez incluya cuotas de catalán en la norma estatal, y ha calificado el debate de ejercicio de cinismo: "No vienen a fomentar el catalán, vienen a erradicar el castellano".

Pep Riera (Junts) ha recordado que su grupo parlamentario registró una proposición de ley para regular el audiovisual catalán antes de que el Govern lo tramitara, y ha dicho que el procedimiento en el Consell Executiu implica que se empieza "desde cero" cuando cree que el asunto es urgente, por lo que ha llamado al Govern a promover un decreto --en ese caso, retirarían su proposición--.

ADVERTENCIAS A VOX

Alberto Tarradas (Vox) ha afirmado que el objetivo de esta moción no pasa por una preocupación por el sistema audiovisual ni por proteger el catalán, sino por "despilfarrar dinero público" en este ámbito, y ha dicho que abordar este asunto es vivir enajenado de la realidad, en la que ha dicho que hay inseguridad tras políticas multiculturales.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, le ha exigido cumplir con el Código de Conducta de la Cámara, que exige "una conducta respetuosa con toda la ciudadanía en todo momento y sin discriminación por razón de origen", y ha llamado al orden a Tarradas después de que él le haya pedido intervenir y ella se lo haya denegado.

Borràs le ha advertido de que le ha llamado al orden en dos ocasiones y que le expulsaría de la sala si volvía a hacerlo, algo que ha ocurrido durante la siguiente intervención, de Xavier Pellicer (CUP), cuando se han oído comentarios desde los escaños de Vox.

Pellicer había abierto su intervención lamentando el proceso judicial contra el fotoperiodista Albert García y expresándole su apoyo, algo que han criticado desde la bancada de Vox: Borràs ha decidido expulsar a Tarradas, pero finalmente ha permanecido en la sala, ya que Joan Garriga (Vox) ha manifestado que el comentario lo había hecho él y no Tarradas, y ha aceptado retirarlo del diario de sesiones.

El consejo de administración extraordinario de la empresa pública Visocan ha aprobado este jueves la compra en la isla de La Palma de las primeras 18 viviendas con las que se empezará a atender a aquellas familias que se han quedado sin hogar debido a la erupción del volcán de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre.

El primer lote de 13 viviendas se ha adquirido en el término municipal de Tazacorte, en la calle Pedro José Viña Díaz, por un importe total de 768.970 euros. La otra promoción de cinco inmuebles se localiza en la calle Fuencaliente de Ciudad Real, en el municipio de Fuencaliente, y la entidad pública Visocan las ha adquirido por 355.788 euros.

Estas 18 viviendas, ahora de titularidad pública, serán entregadas en los próximos días a las familias que se han quedado sin hogar por la erupción del volcán, cumpliendo así con el compromiso adquirido por el consejero Sebastián Franquis de entregar las primeras viviendas en el mes de octubre.

"Ante las dificultades que diariamente ocasiona esta erupción en La Palma el Gobierno sigue trabajando para atender de manera urgente a todos los afectados, y dentro de nuestras competencias estamos centrados en atender a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias de la isla", aseguró el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis.

"Con la compra que hemos realizado hoy a través de Visocan, continuamos ese camino que no es otro que facilitar que cada familia que ha perdido su hogar tenga una vivienda provisional con la vista en volver a reconstruir su proyecto de vida en un futuro no muy lejano. Como administraciones públicas, especialmente el Gobierno canario, es nuestra obligación para aportar todos los recursos y todos los medios que sean necesarios a este fin", añadió.

A este primer lote de viviendas, con una inversión total de 1.123.758 millones de euros, se le sumará en los próximos días una segunda compra de otro lote de 46 viviendas en el municipio de Tazacorte en el plazo aproximado de un mes, y en mes y medio, otras 29 en Los Llanos de Aridane. El objetivo de la Consejería, por tanto, es adquirir a corto plazo estas 93 viviendas que permitan afrontar en un primer momento la emergencia habitacional que atraviesan muchas familias palmeras desalojadas, entregándoles de manera temporal una de estas casas.

El objetivo a medio plazo es comprar otras 150 viviendas más hasta lograr contar a finales de año con un lote de 267 casas adquiridas por la Comunidad Autónoma y destinarlas a los afectados por la erupción que se han quedado sin hogar.

En este sentido, la Consejería firmó ayer un protocolo de atención para la emergencia social con el que se crea un registro único de afectados, y se faculta al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) a organizar el equipo de trabajo necesario para atender a las familias que han perdido sus hogares por la colada volcánica.

El equipo, que ya cuenta con los primeros efectivos en La Palma, está integrado por un coordinador y 14 trabajadores sociales que ha contratado la Consejería exclusivamente para este fin. Estos trabajadores sociales se encuentran ya trabajando sobre el terreno para entrevistar personalmente a los afectados tanto en la nueva Oficina de Atención a La Ciudadanía Afectada por el volcán que se ha abierto en la Casa Massieu de Los Llanos, como en los distintos alojamientos en los que están viviendo provisionalmente estas familias.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 79 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas.

Por provincias, Ciudad Real ha registrado 23 casos, Cuenca 21, Toledo 13, Albacete 12 y Guadalajara 10. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 237.833. Por provincias, Toledo registra 89.552 casos, Ciudad Real 55.707, Albacete 37.287, Guadalajara 31.908 y Cuenca 23.379.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 47. Por provincias, Toledo tiene 15 de estos pacientes (12 en el Hospital de Toledo y 3 en el Hospital de Talavera de la Reina), Albacete 15 (9 en el Hospital de Albacete, 3 en el Hospital de Hellín, 2 en el Hospital de Villarrobledo y 1 en el Hospital de Almansa), Ciudad Real 7 (2 en el Hospital de Ciudad Real, 2 en el Hospital de Tomelloso, 2 en el Hospital Mancha Centro y 1 en el Hospital de Puertollano), Guadalajara 6 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 4 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 18. Por provincias, Ciudad Real tiene 7 de estos pacientes, Albacete 6 y Toledo 5.

n las últimas 24 horas se ha registrado 1 fallecido por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.322.

Por provincias, Toledo registra 2.400 fallecidos, Ciudad Real 1.780, Albacete 914, Guadalajara 658 y Cuenca 570.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Cinco centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes.

De los 5 centros, 2 están en la provincia de Ciudad Real, 2 en la de Cuenca y 1 en Toledo. Los residentes con caso confirmado son 13.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.132.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha calificado de "irresponsable" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 incluyan un 25% más de gasto que los de antes de la pandemia y cree que el Gobierno "lleva a España a la ruina".

"¿Qué familia está gastando ahora un 25% más que antes de la pandemia? ¿Qué empresa o qué autónomo está gastando ahora un 25% más?", ha preguntado el consejero madrileño en declaraciones a los medios, en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Lasquetty considera que esto es "una irresponsabilidad de unas dimensiones gigantescas" y ha puesto el foco en que para llevarla a cabo "el Gobierno se inventa unas previsiones absolutamente irreales de ingresos", "que son tan irreales como la previsión de crecimiento económico que dio Nadia Calviño y que 48 horas después le corrigió el Instituto Nacional de Estadística (INE)".

Así, ha insistido en que "han inflado los ingresos y con eso quieren justificar un gasto absolutamente desbordado y que hará mucho daño a la sociedad de española". Mucho daño a la sociedad también hará, a su parecer, subir el impuesto de Sociedades.

Con esto, para Lasquetty, se dice "a gritos que de todos los países del mundo en el que no le conviene a ninguna empresa invertir es en España". España lo que necesita es más inversión, que vengan más empresas, que creen más empleo, que generen oportunidades y que generen riqueza", ha declarado.

Además, ha considerado que las cuentas presentadas son "enormemente intervencionistas" ya que vienen unidas a "una intervención de los acuerdos entre los particulares sobre le precio de las viviendas" así como en una intervención "del mercado de trabajo".

"Para hacer algo que tiene un tono electoral evidentemente lo llenan de bonos de gratis total para todo el mundo. Eso es una barbaridad. Eso es un Gobierno que lleva España a la ruina, que le va a hacer mucho daño a los españoles y sobre todo a los jóvenes", ha zanjado.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que "están apostando por la extensión de los cuidados paliativos al cien por cien de la población para intentar que sean las menos posibles las peticiones de eutanasia por parte de la comunidad", para añadir que aunque "esa es la línea de trabajo" de su departamento, la Ley de la Eutanasia, aprobada por el Gobierno de España el 24 de junio, "es de obligado cumplimiento y no cabe debate en este Parlamento de Andalucía y en esta Consejería".

Así ha respondido en comisión parlamentaria a la pregunta planteada al respecto de esta ley por el socialistas Javier Carnero, quien ha preguntado a Aguirre si los testamentos vitales anteriores a la Ley de Eutanasia que manifestaban voluntad de solicitarla "vana a tener validez como en el resto del Estado o aquí en Andalucía se va a tener que hacer un nuevo testamento vital". Además, ha planteado al consejero "si le parece proporcionado que haya una Comisión de Garantía y Evaluación de 13 personas para toda la población andaluza, cuando en sitios como Países Bajos o Bélgica se están solicitando doce eutanasias semanales".

Ante esto, Aguirre ha afirmado que los testamentos vitales "están vigentes y desde esta Consejería instamos a la población andaluza a que los realice y los registre dentro de las delegaciones territoriales", al tiempo que ha señalado que "los plazos jurídicos del decreto son los que son" y que este órgano formado por 13 personas "viene recogido perfectamente en la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia y nosotros nos hemos ceñidos a los componentes y la cualificación de los que tienen esta competencia".

Carnero, por su parte, ha respondido que el número de plazas "no viene recogido" en la Ley de Eutanasia y ha señalado que "han sido la última comunidad, siguen a trancas y barrancas y el decreto --para crear esta comisión de garantías-- sigue sin llegar al Consejo de Gobierno", al tiempo que ha asegurado que "parece que tienen que ser más papistas que el papa". Ha afirmado que "aquí no puede hablar de herencia recibida" y ha apuntado que "podemos comprender que no crean en esta ley orgánica, pero es que no creen en ningún avance en este país".

Aguirre ha recordado que se trata de una ley orgánica "y la ley es ley para todos", luego "como comunidad autónoma lo que hacemos es cumplir la ley". "Estamos apostando por la extensión de los cuidados paliativos al cien por cien de la población para intentar que sena las menos posibles las peticiones de eutanasia por parte de la comunidad".

"Esa es la línea de trabajo de esta Consejería pero, por supuesto, la ley es de obligado cumplimiento y no cabe debate en este Parlamento de Andalucía y en esta Consejería en su forma de aplicación. Se aplicará como marca la ley", ha finalizado.

El PSOE deberá debatir en su 40º Congreso Federal de la semana que viene una enmienda, que lleva la firma del PSC, sobre el pasado de España como "potencia colonial" y sobre el "daño" que como sociedad se ha "causado", a su juicio, "en otros lugares del mundo", con el objetivo de determinar si es necesario modificar "algunas dialécticas y planteamientos patrios".

Además, Juventudes Socialistas de España (JSE) ha presentado otra enmienda que pide impulsar "el estudio de la memoria colonial española con los criterios de verdad, justicia y reparación, con el fin de comprender el pasado de España como potencia administradora de territorios no autónomos", en un periodo histórico, a su parecer, "fundamental en la memoria democrática de nuestro país".

Estas dos enmiendas, forman parte de las más de 10.000 propuestas para modificar la ponencia marco que han presentado las agrupaciones socialistas, y que han pasado los filtros previos de las asambleas precongresuales. Por lo tanto, serán objeto de debate durante el cónclave que el PSOE celebrará en Valencia entre el 15 y el 17 de octubre, y en el que se renovarán los postulados socialistas.

MODIFICAR "PLANTEAMIENTOS PATRIOS"

Se trata, por un lado, de una enmienda aprobada en las asambleas precongresuales celebradas por el PSC en Cataluña, que propone ampliar el apartado de la ponencia dedicado a la 'Memoria democrática' y, en concreto, a la "reparación" de las víctimas, para abordar también el pasado de España como "potencia colonial" y sus efectos en esos territorios.

"Si queremos reparar el daño en nuestro pasado como sociedad, no podemos solo mirarnos a nosotros mismo, y debemos ser consecuentes con nuestro pasado como potencia colonial y el daño que como sociedad hemos causado en otros lugares del mundo", asegura el texto de la enmienda de adición.

La propuesta aclara, a continuación, que reparar "no significa culpabilizar ni minusvalorar" sino que como sociedad también es necesario "repasar" el "pasado colonial" y "qué supuso para España y para los países colonizados, modificando algunas dialécticas y planteamientos patrios".

Por su parte, la Juventudes Socialistas también plantea en una de sus enmiendas la necesidad de impulsar "el estudio de la memoria colonial española con los criterios de verdad, justicia y reparación".

El objetivo, según explican, es "comprender el pasado de España como potencia administradora de territorios no autónomos, a fin de arrojar luz sobre nuestro pasado colonial como período histórico fundamental en la memoria democrática de nuestro país".

El Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 por 'Doña Rosita, anotada', Pablo Remón, ha lamentado la "pura demagogia" de los partidos políticos con la figura de Federico García Lorca y ha recordado que el autor es aún "una herida sin cerrar y una fosa sin abrir" en España.

"Hacen pura demagogia con la vida de Lorca y lo que significa. Es verdad que su vida trágica simboliza muchas cosas y por eso es una herida no curada y una fosa sin abrir. Unos lo miran de su lado y otros del otro, pero su obra está por encima de las circunstancias que le tocó vivir", ha señalado en declaraciones el autor.

Para Remón, la escritura de esta obra inspirada en 'Doña Rosita la soltera' --que partió de un encargo del por entonces concejal de cultura madrileño Jaime de los Santos-- "daba mucho respeto", porque Lorca es "el autor más importante del siglo pasado". "Pero al hacer una obra nueva, me sentí más libre y me quité un poco de ese peso: a Lorca hay que acercarse con todo el respeto, pero no con reverencia, sino tratándole de tú a tú --que es como a él le gustaría--.

El dramaturgo ha reconocido que la pandemia la ha vivido "de manera bastante dramática", después de pasar la enfermedad del covid los primeros días del Estado de Alarma. "Pasé bastante miedo. No comparto ese discurso de 'qué bien, que nos permitió parar', porque fue un momento de mucha angustia para mucha gente. Y yo, que tengo un niño de tres años, pues también", ha reconocido.

Ahora admite que se está "sacando un poco la cabeza" y también en el sector cultural, donde el Gobierno ha anunciado un bono para los jóvenes que Remón ve con buenos ojos. "Cualquier medida que anime a que la gente acuda al teatro me parece muy buena y más si lleva a jóvenes a descubrir ese tipo de arte que a priori está tan a la contra del momento actual", ha añadido.

Remón ha explicado que desconocía que el Premio tuviese una dotación económica --20.000 euros-- y todavía no ha pensado en qué destinar esta cantidad. "En el trabajo que tengo siempre va a venir bien y mi objetivo es el de poder escribir lo que considere en mis tiempos y dando rienda suelta a la creatividad", ha concluido.

La Comisión Europea ha registrado este jueves una iniciativa ciudadana europea titulada 'Stop 5G: Conectados, pero protegidos', cuyos organizadores piden que se proteja mejor a todos los seres vivos de los supuestos riesgos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y de la radiación de microondas.

Los promotores de la iniciativa también reclaman que se legisle para proteger del impacto medioambiental de la 5G y la digitalización conexa y garantizar una protección eficaz de los datos personales tratados mediante estas nuevas tecnologías y frente a la ciberdelincuencia.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que la decisión de registrar esta iniciativa ciudadana "es de carácter jurídico y no prejuzga las conclusiones legales y políticas" de la propia institución, como tampoco las medidas que podría adoptar en caso de que obtenga el apoyo necesario.

La Comisión Europea "no ha analizado en esta fase el fondo de la iniciativa", remarcan las autoridades comunitarias, que añaden que el registro solo se debe a que el proyecto "cumple las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente".

Es decir, no está "manifiestamente fuera del ámbito de competencias" del Ejecutivo comunitario, no es "claramente abusiva, frívola o temeraria" y no es "manifiestamente contraria a los valores de la Unión".

Bruselas ha enfatizado que el registro de la iniciativa no quiere decir "en modo alguno" que la institución "confirme la exactitud material de su contenido", que es "responsabilidad exclusiva del grupo de organizadores" de la iniciativa.

La Comisión Europea, de hecho, señala en el comunicado que "algunas de la afirmaciones formuladas en esta iniciativa son contrarias a los datos científicos" que tiene la institución "y a las evaluaciones realizadas por la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No Ionizantes" de la OMS.

En cualquier caso, el registro anunciado este jueves abre el plazo de un año en el que los organizadores tendrán que conseguir un millón de firmas de apoyo de al menos siete Estados miembros diferentes. En ese caso, el Ejecutivo comunitario tendrá que examinar detalladamente su contenido y decidir si atiende o no a la solicitud.

La vicesecretaria de Sectorial del PP y responsable del área económica del partido, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de plantear las "cuentas públicas con libertinaje", al incluir una "cifra de gasto tan exagerada" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que ha aprobado el Consejo de Ministros.

"Europa está pidiendo cuentas saneadas y disciplina fiscal a medio plazo, aunque no la pida para el 2022. Y hay que prepararse", ha declarado Elvira Rodríguez, que ha criticado que los PGE recojan el año próximo un gasto público "ligeramente superior al que teóricamente se presupuestó para este año".

Tras afirmar que no se pueden publicitar unos PGE diciendo que tienen una "cifra de gasto histórico", ha censurado también que las cuentas públicas se presenten con un cuadro macroeconómico que "nace ya desacreditado" después de la revisión del INE sobre el crecimiento del segundo trimestre del 2,8 al 1,1%. "Esa revisión sí que era histórica", ha resaltado.

La dirigente del PP ha afeado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sus declaraciones animando al PP a presentar enmiendas en el trámite parlamentario. "Es como un chiste porque el año pasado no nos admitieron una sola enmienda, ni siquiera las que eran idénticas a las suyas, que ésas sí que las aprobaron", ha enfatizado.

EL "ESCÁNDALO" DEL BONO JOVEN CULTURAL

La responsable de Economía del PP ha señalado que Europa está lanzando el mensaje de que "no se pueden incrementar los déficits estructurales" y ha criticado medidas como el "escándalo" del bono joven cultural de 400 euros o el bono de alquiler de vivienda de 250 euros mensuales que se incluirá en la Ley de Vivienda acordada entre PSOE y Unidas Podemos.

Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de José María Aznar, ha cargado sobre todo contra el "regalo de cumpleaños" de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años, que "precisamente es la edad de votar el año que viene".

"Si no fuera porque están lanzando mensajes de que quieren aguantar hasta el final (la legislatura) podríamos pensar que están haciendo lo mismo que hizo Zapatero, que se preparó el camino para unas elecciones anticipadas soltando dinero sin ton ni son", ha proclamado en una entrevista en Esradio.

En este punto, ha insistido en que medidas como el bono joven cultural es "un escándalo" y "una irresponsabilidad" porque el Presupuesto "es una institución muy importante que debe servir para crecer y crear empleo de forma sostenible en el tiempo".

"ESTÁN JUGANDO COMO LOS TRILEROS CON UNA BOLITA"

Ante esas ayudas a los jóvenes para el alquiler, ha avisado que los barrios tensionados en las ciudades "son los más ricos y los que tienen los alquileres más altos". "Están jugando como los trileros, con una bolita y varios vasitos, a ver si engañan a la gente", ha manifestado, para añadir que "con esto no se debería jugar".

Elvira Rodríguez ha señalado que lo que hay que hacer para solucionar el problema de la vivienda es "poner los medios oportunos para que haya más oferta" porque, si hay más oferta en el mercado, "bajarán los precios".

A su entender, al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "la actividad económica no le gusta" sino que "quieren tener a la gente con subvenciones particulares para que dependan de ellos y les voten" en las elecciones.

El director técnico del Comité Director del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, en función de los datos recogidos por el Comité Científico y a raíz de los sucesivos terremotos que se están produciendo en municipios como Villa de Mazo y Fuencaliente, ha insistido en que la posibilidad de que pueda surgir un centro emisor fuera de las inmediaciones del cono principal es "muy escasa" y "nada probable".

Miguel Ángel Morcuende ha indicado en rueda de prensa que el número de eventos sísmicos que se vienen registrando sigue descendiendo o manteniéndose y se está produciendo a profundidades elevadas, incluso de 35 kilómetros. Por tanto, reiteró que en estos momentos no hay "ningún dato" que haga pensar que pueda haber un nuevo centro emisor por las condiciones actuales de sismicidad y deformación y presión del suelo.

La portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, ha aclarado que estos nuevos terremotos, algunos de los cuales han superado la magnitud de 4 (mbLg), son consecuencia de que existe un mecanismo de realimentación y reajuste del sistema volcánico activo, y descarta que éste tenga que buscar una nueva salida a la superficie, por lo que "a día de hoy no hay ningún dato que haga entrever que se pueda abrir un centro emisor a distancia del actualmente activo".

No obstante, se ha convocado una reunión con vecinos del municipio Fuencaliente, según Miguel Ángel Morcuende, porque ha habido "algo de inquietud" entre la población, que está sintiendo los temblores. Así en esta reunión se pretende lanzar un mensaje de tranquilidad e informar de lo que habría que hacer en caso de que fuera necesario una evacuación.

INFORME DEL COMITÉ CIENTÍFICO.

Según se desprende del informe diario del Comité Científico del Pevolca, la erupción fisural continúa con su mecanismo estromboliano, alternando y simultaneando fases de más explosividad con producción de piroclastos con fases mas efusivas con la producción de coladas de lava. El Índice de Explosividad Volcánica (VEI, por sus siglas en inglés) se mantiene en 2.

Siguen activos, al menos, tres centros de emisión en el cráter principal y uno en el lateral norte del cono. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal. Se han construido tubos lávicos que favorecen el drenaje desde el centro de emisión principal hasta el mar y se observa una disminución de la desgasificación y temperatura en la zona de fisuras descrita en el informe de ayer.

El delta lávico o fajana continua su crecimiento alimentado desde varios puntos, extendiéndose en dirección norte-sur. Esta mañana un ramal de la colada que discurría más al sur ha llegado al delta lávico de la erupción de 1949, entre la playa de Los Guirres y El Charcón.

Continúa el penacho marino a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran en un pequeño volumen alrededor del contacto. La afección observada del delta lávico a la columna de agua del medio marino, tanto en parámetros físico-químicos como biológicos, llega hasta profundidades de 250 metros y una distancia de 500 metros del frente del delta de lava.

La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración, y el proceso eruptivo puede mostrar pulsos de incremento y disminución de la actividad estromboliana, con pulsos de actividad freatomagmática. Asimismo, la altura medida hoy tanto de la columna de cenizas y gases como de su dispersión alcanza los 3.200 metros.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, son desfavorables desde el punto de vista de calidad de aire debido a la presencia de una acusada inversión térmica con base situada alrededor de los 600-700 metros que actúa como tapadera. Esta inversión, unida a la predominancia de vientos débiles, dificulta la dispersión de contaminantes en la vertiente oeste de La Palma, principalmente en áreas poco ventiladas.

El viento a niveles entre 1.500 y 5.500 metros continuará las próxima horas con la dirección predominante de componente oeste. Esta distribución del viento dispone el penacho de cenizas y dióxido de azufre (SO2) en dirección este a oeste desde el foco eruptivo. Todo lo anterior tiene una influencia directa en la operatividad del Aeropuerto de La Palma debido a la caída y acumulación de cenizas. Esta situación se mantendrá hasta el próximo sábado, 9 de octubre.

SISMICIDAD.

La sismicidad continúa localizada principalmente cercana a la sismicidad de los primeros días, 11 y 12 de septiembre, a profundidades entre 10 y 15 km. Se registran, además, terremotos situados a profundidades superiores a 20 km con un incremento en el valor de sus magnitudes. En las últimas 24 horas ha aumentado el número de sismos y la magnitud máxima observada. El mayor, de magnitud 3.9, sentido con intensidad III-IV, fue registrado ayer, pero esta mañana ha ocurrido un terremoto a las 12.17 horas, con una magnitud de 4.3, que ha sido sentido con intensidad III prácticamente en la totalidad de la isla de La Palma.

Las deformaciones en las estaciones más cercanas al centro eruptivo no muestran ningún patrón significativo.

Durante el día de ayer la emisión de SO2 asociado al penacho volcánico continuó registrando valores altos y acordes al proceso eruptivo en curso, alcanzando valores de 13.100 toneladas diarias. Asimismo, la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) medida ayer asociada a la emisión de todo Cumbre Vieja alcanzó el valor de 1.596 toneladas diarias. La emisión difusa de CO2 en la estación de Los Llanos refleja que tiene un origen más profundo que la medida en la estación de Fuencaliente. Estas medidas son coherentes con el actual proceso eruptivo.

Asimismo, ayer miércoles los valores de SO2 se mantuvieron en niveles bajos como en días anteriores, salvo un episodio puntual en El Paso y Los Llanos a las 10.00 horas, que fue remitiendo a lo largo del día. Durante la noche y primeras horas de esta mañana se ha producido un aumento de gran intensidad en las concentraciones de SO2 en las estaciones de Tazacorte, Los Llanos y El Paso, siendo más intenso en El Paso, donde se ha medido un valor máximo horario de 667 microgramos/m3 a las 07.00 horas, superando el umbral de alerta establecido en 500 microgramos/m3 en dos ocasiones consecutivas. Durante ese episodio, que se inició a las 03.00 horas y que actualmente parece estar remitiendo, se ha superado el umbral horario de SO2 en cinco ocasiones en la esta de El Paso, una en Tazacorte y dos en Los Llanos.

Respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), no se han producido eventos significativos y las concentraciones medidas se encuentran por debajo de los umbrales, salvo en la estación de La Grama, en Breña Alta, donde se produjo un valor anormalmente alto en comparación con estaciones cercanas durante la mañana de ayer. Este evento parece estar relacionado con la limpieza de carreteras en la zona, que provoca la resuspensión de partículas, por lo que todavía no se puede considerar una superación del umbral hasta no descartar que sea debido a dicha limpieza. Durante las primas horas del día de hoy se observa un aumento de las partículas PM10 en la estación de Los Llanos, aunque parece estar remitiendo.

La Comunidad de Madrid ha notificado 274 casos nuevos de Covid-19, de los que 216 corresponden a las últimas 24 horas, y seis fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 430 casos nuevos de Covid-19 (156 menos), de los que 306 correspondían a las últimas 24 horas, y dos fallecidos (cuatro menos), mientras que el jueves de la semana precedente se comunicaron 374 casos (100 menos), 265 en el último día, y dos muertos (cuatro menos).

El número de hospitalizados se sitúa en 357 (12 menos que el día anterior) y 136 en la UCI (seis memos), mientras que 34 pacientes han recibido el alta. Además, el número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 745.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 907.430 positivos, un total de 125.730 casos han requerido hospitalización, 13.312 han precisado UCI y 111.659 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 966.430 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 25.356, de los cuales 5.103 han sido en centros sociosanitarios, 18.799 en hospitales, 1.423 en domicilios y 31 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 9.771.194 dosis de las 10.825.829 recibidas, con 4.444.714 segundas dosis registradas y 234.706 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 28.302 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 76,3%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 87,7%, mientras que el 90,1% cuenta con al menos una dosis.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha considerado este jueves que la futura Ley de Vivienda del Gobierno central va en "la buena dirección" porque "no se puede tolerar en un país como España que haya empresas que estén especulando con la vivienda en alquiler", viéndose afectados sectores sociales que tiene que afrontar el pago de alquileres "prohibitivos".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de una asamblea de la FEMP, ha manifestado que lo que conocemos en este momento sobre la futura Ley de Vivienda va en "la buena dirección" y avanza en lo que los ayuntamientos españoles reclamaban de forma prácticamente mayoritaria.

Ha expuesto que desde muchos ayuntamientos de España se ha demandado en varias ocasiones que hay que resolver el problema del acceso a la vivienda de sectores sociales que tienen dificultades económicas o que con sus salarios de clase media y trabajadora están teniendo dificultades para el acceso a una vivienda en propiedad y, en especial, los jóvenes para acceder a una vivienda en alquiler.

En relación con los jóvenes, ha indicado que el bono anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "una gran decisión en el momento oportuno, dirigida a los sectores sociales que ciertamente lo necesitan".

En su opinión, no se puede tolerar en un país como España que haya empresas que estén "especulando con viviendas en alquiler" y que se vean afectados sectores sociales que ven que tienen que pagar alquileres "totalmente prohibitivos". "Ningún político puede apoyar algo parecido", según ha indicado.

En este momento, según Abel Caballero, lo que la futura ley nos dice es que va a haber una "batalla en contra de esa especulación" que empresas y figuras jurídicas empresariales están haciendo con la propiedad de docenas y docenas de pisos que se ponen en alquiler. "Eso no lo queremos en ninguna ciudad de España", ha indicado.

El presidente de la FEMP ha confiado en que se aceleren las medidas que el Gobierno central va a impulsar y ha querido felicitar a Pedro Sánchez por su apuesta para implementar políticas de vivienda que van "en la buena dirección".

Caballero ha recordado que ya anunció en su ciudad que se van a hacer cientos de viviendas de promoción pública en alquiler para personas con dificultades económicas. Ha manifestado que los ayuntamientos cuentan con suelos disponibles y pueden afrontar estos proyectos de vivienda, con ayuda de los fondos europeos.

Ha insistido en que la futura Ley de Vivienda va en la dirección de lo que vienen reclamando los consistorios desde hace tiempo, de manera que no puede entender que "alguien se pueda oponer" a las medidas que contempla.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres meses de cárcel y a una multa de 100 euros a un acusado por insultos y amenazas a una pareja por su condición sexual delante de su hija.

Así consta en una sentencia, en la que la Sala condena a Ismael A.R. por un delito contra los derechos fundamentales, con la atenuante de dilaciones indebidas y amenazas leves.

Los magistrados le absuelven además de un delito de amenazas graves al considerar que dicho tipo penal o está acreditado conforme al testimonio ofrecido por las víctimas. En el juicio, el fiscal solicitó una condena de dos años de cárcel, mientras que las víctimas no ejercieron acusación.

Las víctimas narraron en el juicio el violento episodio vivido el 6 de octubre de 2017 junto a su hija en un supermercado cuando el acusado, un vecino al que conocían solo de saludar en el rellano, les profirió insultos por su condición sexual, incluyendo amenazas.

En las conclusiones finales, la fiscal consideró que este tipo de conductas no pueden quedar impunes y están amparadas en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio. La defensa ha solicitado la libre absolución.

En su declaración, el joven reconoció los insultos pero no las amenazas. Narró que eran vecinos y que el incidente se produjo a raíz de que las mujeres le llamaran la atención después de que escupiera antes de entrar en un supermercado. Según su relato, la hija de las afectadas se le cruzó y una de las mujeres la apartó llamándole supuestamente "asqueroso".

Una de las chicas explicó en su turno de preguntas que nada más entrar en el supermercado, el acusado les escupió a los pies "de sopetón" sin venir a cuento. En un momento, su hija se despistó y una de ellas comentó a la niña que no se acercara al hombre.

"Empezó a gritarnos y a decir barbaridades y obscenidades delante de la niña. Nos sentimos denigradas y atemorizadas por este señor", afirmó una de las afectadas.

CONTRA SU INTEGRIDAD

La fiscal afirmaba en su escrito que el acusado profirió amenazas e insultos en el interior de una tienda, como "lesbiana de mierda", hacia una mujer que residía en su mismo inmueble y delante de su hija de dos años de edad.

Según el relato, el 6 de octubre de 2017 I. A. R. entró en un establecimiento comercial de Madrid donde coincidió con A. A. V. y S. P. S. J. que se encontraban en ese momento en dicho local comprando junto a su hija menor de 2 años y a quienes conocía por vivir en el mismo inmueble, "constándole que aquellas eran pareja sentimental".

El acusado, "con ánimo evidente de menospreciar, humillar y atentar a la dignidad de las mismas", se dirigió a A. A. V. y le espetó: "hija de puta, déjate de cambiar el corte de pelo que ya sabemos todos lo que eres, que sí, que eres una hija de puta, lesbiana de mierda y sal fuera que te vas a enterar".

La actitud adoptada por el acusado motivó que fuera invitado a abandonar el establecimiento; si bien, antes de irse se dirigió a los dos mujeres y les dijo: "Sé dónde vivís, os espero a la salida para que os enteréis, sino ya os pillaré en el portal, os vais a cagar, soy más macho que cualquiera". Ello motivó que llamaran a la Policía "al sentirse atemorizadas por la naturaleza de las expresiones".

Castilla y León ha notificado este jueves 63 nuevos positivos de COVID-19 --la misma cifra que en la jornada anterior y doce menos que el jueves de la pasada semana--, para sumar 305.164 desde el inicio de la pandemia, con un fallecido más en hospitales, lo que eleva la cifra total a 6.174, y ocho nuevas altas médicas, 33.321 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 305.164 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 64 nuevos casos más en la última jornada. De ese total, 298.677 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID, CON 13 POSITIVOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos han notificado en la última jornada, con 13 casos más para un total de 67.491; seguida por Burgos, con once casos nuevos y un total de 52.360; León, con nueve y 51.794 en total; Segovia, con ocho casos nuevos y 21.099 en total; Zamora, con seis y 18.218; Ávila y Salamanca, con cinco en ambos casos y totales, respectivamente, de 16.974 y 39.730; Palencia, con tres y 25.016; y Soria, con dos y 12.482.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se mantiene en 6.174, con dos nuevas muertes en la última jornada ocurridas en las provincias de Burgos y Valladolid.

Del total, 1.270 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.214; Salamanca, que tiene 876; Burgos, 796; Palencia, 504; Zamora, con 465; Segovia, con 380; Ávila, con 375, y Soria, con 294.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 33.321, 15 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 8.210 en Valladolid; 5.681 en León; en Burgos, 4.932; en Salamanca, 4.341; en Palencia, 2.559; en Zamora, 2.190; en Segovia, 2.056; en Ávila, 1.944 y en Soria, 1.408.

MENOS HOSPITALIZADOS EN PLANTA

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 84 pacientes con COVID-19, tres menos que en el anterior parte. De ellos, 26 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), misma cifra que en el anterior parte, mientras que en planta se encuentran ingresados 58, tres menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en nueve hospitales de las distintas provincias y ocupan un ocho por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, el mismo porcentaje que en la jornada previa.

Así, se informa de seis ingresados en el Hospital Del Río Hortega de Valladolid; cinco en el Clínico Universitario de la ciudad vallisoletana; tres en los complejos de León y Burgos; dos en los complejos de Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; uno en el Complejo Asistencial de Ávila; mientras que en el de Zamora y en el hospital de El Bierzo no hay pacientes críticos.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 41 casos positivos de covid-19 confirmados, periodo en el que no se ha producido ningún fallecimiento por el coronavirus, y en el que se ha reducido en una persona el número de hospitalizados.

En concreto, se en los hospitales extremeños se han producido dos ingresos nuevos y se han dado tres altas hospitalarias, lo que supone un total de 17 personas hospitalizadas, de las que cinco están en UCI.

Se han dado 147 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 100.711 altas, y la incidencia acumulada continúa en descenso y ya se encuentra en 46,92 casos a los 14 días y en 23,32 a los siete.

Se abre un brote en Cáceres con once positivos y 33 contactos, y se cierra otro de Jaraíz de la Vera.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz notifica tres casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, de los que uno se encuentra en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.933 altas, mientras que Cáceres notifica nueve casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 533 fallecidos y ha dado 17.236 altas.

A su vez, el área de Mérida registra siete casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados por covid-19, uno de ellos en UCI. Acumula 247 fallecidos y ha dado 17.113 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica un caso positivo. Tiene dos pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Acumula 264 víctimas mortales y ha dado 13.714 altas.

Plasencia no registra casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 9.808 altas; y Navalmoral de la Mata tampoco suma positivos, ni tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 114 fallecidos. Ha dado 4.761 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra once casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.992 altas; mientras Coria registra diez casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.154 altas.

Fiscalía y acusación particular mantienen sus peticiones de seis y ocho años de cárcel, respectivamente, para un ex entrenador de fútbol de Basauri al considerar que, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, han quedado probados los supuestos abusos continuados a un menor durante cuatro años.

Por su parte, la defensa del acusado solicita la libre absolución del procesado, que este pasado miércoles, en la primera sesión de la vista oral, negó los acusaciones que se le imputan. El juicio ha quedado hoy visto para sentencia después de que las partes hayan elevado a definitivas sus calificaciones provisionales.

Las acusaciones creen que las pruebas periciales acreditan "la credibilidad" del testimonio de la víctima, que ahora tiene 15 años, y que denunció que los abusos sexuales se prolongaron desde que tenía ocho años hasta los doce. El menor no declaró este pasado miércoles en sede judicial, sino que en la vista oral se reprodujo la grabación de su declaración ante la autoridad judicial durante la instrucción de la causa.

Los psicólogos que declararon en la primera sesión del juicio consideraron "válido" el relato del chaval, que ofrecía muchos "detalles" de los episodios de presuntos abusos a los que fue sometido por su entonces entrenador.

También ayer testificaron cuatro de los seis denunciantes cuyas demandas fueron archivadas al haber prescrito, entre ellos Pepe Godoy, el vecino de Basauri que destapó el caso con su denuncia.

La Fiscalía y el abogado de la víctima cree que todo ello "acredita" la culpabilidad del encausado, de 62 años de edad. Por ello, han reclamado seis y ocho años de prisión para él, respectivamente, inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 10 años, la prohibición de aproximarse a la víctima y a su madre a una distancia menor de 600 metros durante ocho años, y libertad vigilada durante otros tantos años.

También han solicitado que el procesado se someta a un programa de educación sexual. La acusación particular ha pedido 85.000 euros de responsabilidad civil, mientras que el ministerio público ha solicitado 15.000 euros.

DEFENSA DEL ACUSADO

Sin embargo, el letrado del ex entrenador de fútbol ha pedido su absolución al considerar que no ha cometido los delitos que se le atribuyen. Entre otros argumentos, ha recordado que el menor negó en 2027 haber sido víctima de abusos sexuales, que denunció posteriormente en marzo de 2019, tras interponer denuncias otras presuntas víctimas.

Para el abogado del procesado, el testimonio del chaval ha estado condicionado por los relatos que estas personas y ha recordado que esos supuestos hechos estaban prescritos, por lo que no debían tenerse en cuenta. Además, ha destacado que el menor denunció al acusado, una vez que este demandara a sus padres por utilizar su tarjeta de crédito para realizar unos pagos, sin su consentimiento.