Las autoridades canadienses han dado por finalizadas las tareas de búsqueda de las 12 personas desaparecidas tras el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' en aguas de Terranova.

Según ha confirmado un portavoz del Centro de Coordinación de Rescate en Halifax, la búsqueda activa de la tripulación desaparecida ha finalizado y ahora pasará bajo los mandos de la policía, que lo tratará como un caso de personas desaparecidas en el mar.

Así, en redes sociales han aclarado que a las 16.00 horas, "después de los resultados de la búsqueda exhaustiva realizada por un número significativo de aeronaves y embarcaciones durante las últimas 36 horas", se ha decidido suspender la búsqueda de los 12 pescadores desaparecidos.

En total, conformaban la tripulación del 'Villa de Pitanxo', con puerto base en Marín y cuyo armador es el Grupo Nores, un total de 24 trabajadores. Así, el operativo de búsqueda se suspende con un balance de 12 marineros desaparecidos y nueve cuerpos recuperados, mientras que los tres supervivientes son el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino, Eduardo Rial Padín, y el joven ghanés Samuel Kwesi, residente en Marín y cuya mujer y cinco hijos viven en África.

INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES

A lo largo de la jornada, numerosos allegados y familiares se fueron acercando hasta la armadora para intentar obtener alguna información en medio de una gran sensación de incertidumbre y con muestras de dolor. Su atención y la comunicación de información la centralizan psicólogos especialistas, en un protocolo similar al del trágico accidente ferroviario de Angrois, en Santiago, que dejó 80 muertos.

En un Consello extraordinario este miércoles la Xunta de Galicia acordó decretar tres días de luto oficial en la comunidad, mientras los minutos de silencio, acompañados de declaraciones de condolencia y solidaridad se extendieron por el territorio, ante ayuntamientos afectados y también otras instituciones. Precisamente, a última hora de este miércoles, en Marín se celebró un pleno en solidaridad por lo ocurrido.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viaja este jueves a Galicia para expresar la solidaridad y el apoyo del Gobierno a los familiares y compañeros de las víctimas del naufragio del pesquero 'Villa de Pitanxo'. El ministro se trasladará en primer lugar a la sede de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y posteriormente se desplazará a Marín, donde mantendrá un encuentro con representantes de Pesquerías Nores y con familiares de la tripulación.

Organizaciones del movimiento asociativo del pueblo gitano han comparecido este miércoles ante la subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo, en donde han reclamado una revisión del racismo que la comunidad sufre a través de las redes sociales y la adaptación de políticas educativas, de empleo o de inclusión, a la realidad cultural del pueblo.

Así, el presidente de Unión Romaní y exdiputado Juan de Dios Ramírez, ha llamado la fijarse en dos vertientes a la hora de redactar medidas para ese Pacto por el Antigitanismo: el racismo institucional y el social.

Ramírez ha denunciado el antigitanismo que se practica desde las instituciones puesto que, según ha recordado, son estas las son "dueñas" de organismos y sectores desde los que se ejerce la discriminación, aunque, según ha apuntado, en ocasiones se produzca "de forma inconsciente".

En cuanto al racismo social, el presidente de Unión Romaní ha destacado la necesidad de poner el foco en las redes sociales, unas herramientas que, a su juicio, "se han cargado la libertad del ser humano" con "apretar solo dos o tres botones". "Emplazo a sus señorías a estudiar de qué manera se puede combatir", ha declarado Ramírez.

Del mismo modo, se ha referido a la nueva Ley de Educación y ha celebrado que se haya incluido la historia del pueblo gitano en el currículum de la ESO y lo ha celebrado, así como otro de los comparecientes durante la sesión, el director de la Federación de Asociaciones Gitanas Catalanas, Pedro Aguilera, quien ha señalado la "importancia" de la Educación en materia de discriminación.

FALTA DE REPRESENTACIÓN

Aguilera ha citado el informe Foessa para indicar que la exclusión de los gitanos, en relación con la sociedad en general, es de más de 40 puntos y que esta diferencia es mayor en materia de empleo, Educación o política.

Sobre este último aspecto, Aguilera ha señalado que, de los más de 1.800 escaños que hay en los parlamentos españoles, solo hay tres personas gitanas que, además, tal y como ha indicado, estaban presentes en la sala del Congreso: la diputada socialista Beatriz Carrillo de los Reyes, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, y el representante de Unidas Podemos Ismael Cortés.

Un mayor diálogo entre los diputados y la sociedad civil, más ayuda a la labor del Tercer Sector que trabaja con el pueblo gitano, adaptar la garantía juvenil a la realidad de los jóvenes gitanos, trabajar en las cláusulas sociales en la Administración Pública o incluir el antigitanismo como delito de odio en el Código Penal, son otras de las propuestas del director de FAGIC.

MEDIDAS ADAPTADAS

De forma similar se ha expresado la subdirectora general de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Teresa Suárez, quien ha llamado a crear "nuevos itinerarios" para evitar el abandono escolar de los niños gitanos, que se impulsen más oportunidades de garantía juvenil o se proteja la venta ambulante, entre otras "oportunidades reales", según ha indicado.

Suárez también ha denunciado el racismo que viven los gitanos en redes sociales. "El antigitanismo es el tercer motivo de odio más reportado" en estas herramientas, según ha apuntado, para señalar que "queda un gran camino" para que se cumpla el mandato constitucional de la Igualdad de trato.

La representante de Fundación Secretariado Gitano también se ha referido a la necesidad de incluir el antigitanismo en el Código Penal y ha propuesto la creación de una autoridad estatal independiente que tenga capacidad de emitir informes y representar a las víctimas ante la Justicia en casos emblemáticos, crear condiciones que garanticen la participación de los gitanos en el ámbito política o social, o velar por la cultura del pueblo, entre otras medidas.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria tras no admitirse ninguna de las 106 enmiendas presentadas por el PP (30 enmiendas), Vox (25), Geroa Bai (23), JxCat (21), Cs (6) y PNV (1). El proyecto ha salido adelante con 152 votos a favor de, al menos, el PSOE, ERC y PNV, frente a los 108 votos en contra del PP, Vox, Cs y UPN. Además, ha habido 4 abstenciones.

Durante el Pleno, también se han debatido tres vetos al proyecto, presentados por Cs, Geroa Bai y PP que, al igual que las enmiendas, han sido rechazados.

La norma, que deroga el Decreto franquista de 1954 de Disciplina Académica, que permanecía aún vigente para los estudiantes, define un nuevo sistema de faltas y sanciones para la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS) de las universidades públicas, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.

Así, con esta nueva Ley se consideran faltas muy graves las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.

Asimismo, se consideran faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad; acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad; o impedir la celebración de actividades universitarias, entre otros. La sanción en estos casos va desde la expulsión de un máximo de un mes de la universidad, a la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante un curso o semestre.

Y serán faltas leves acciones como acceder indebidamente a instalaciones universitarias o realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada.

El texto sometido a votación hoy en el Pleno de la Cámara Alta no incorporaba ninguna modificación respecto a lo acordado en el Congreso. Precisamente, fue en esta Cámara donde el proyecto original redactado por el Ministerio de Universidades sufrió importantes modificaciones.

Entre los cambios introducidos (por los acuerdos entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC), se suprimió el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que suscitó el rechazo de la comunidad universitaria y de la oposición. Este acuerdo entre las tres formaciones también permitió que se garantizase, por parte de las universidades, la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.

Desde el PSOE, la senadora María Fernández, ha defendido la necesidad de que esta ley derogue el decreto de 1954 y haga avanzar en derechos. "Urge dar este paso que parece haberse pospuesto de manera injustificada", ha indicado Fernández, que califica de "excelente noticia" la derogación del decreto franquista. Esta ley hace a la Universidad española una Universidad más moderna; lo que para ustedes es ideología --ha aseverado en referencia al PP--, para nosotros son valores y cultura democrática.

Durante el debate, ha tomado la palabra el ministro de Universidades, Joan Subirats, que ha estado presente casi en su totalidad. Durante su breve intervención, ha agradecido la labor realizada por su antecesor en el cargo, Manuel Castells, y ha celebrado la aprobación de la ley.

CRÍTICAS A LOS ACUERDOS PREVIOS ENTRE GOBIERNO Y ERC

Los partidos de la oposición, como PP, Cs y Vox, han sido críticos con los acuerdos previos alcanzados entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, con ERC.

"Esta ley había llegado a un cierto consenso con la comunidad universitaria, especialmente con la Crue, y ese texto se evaporó en un momento tan peculiar como la negociación de los PGE del 2022", ha lamentado la senadora 'popular' Esther Basilia del Brío.

Aunque Del Brío ha celebrado que esta ley acabe con el decreto franquista de 1954, asegura que será "muy poco útil de cara a cambiar o modificar la convivencia universitaria" y el "día a día de las universidades". "¿Por qué nadie antes en democracia ha querido modificar esto? Porque no ha habido una gran demanda social, porque tenemos por encima de todo esto un marco regulatorio, que es la Constitución", ha señalado.

También ha criticado el proyecto la senadora 'naranja' María Ponce, acusando al Gobierno de practicar el "caciquismo" y lamentando la "falta de diálogo y de respeto" hacia los senadores y al Senado por no negociar las propuestas del resto de partidos, solamente con los partidos independentistas.

"Han tragado con todas las exigencias de sus socios soberanistas; esta va a ser la Ley Esquerra", ha dicho en referencia a ERC, a quienes acusa de "alentar la violencia incluso en las universidades", utilizándolas, a su juicio, como "campo de batalla" donde se va a seguir permitiendo el acoso y hostigamiento a profesores y estudiantes que se sienten españoles, ha dicho.

Por su parte, desde Vox, su senador, José Manuel Marín, ha criticado la "actitud" del Gobierno con respecto a la tramitación en el Senado de los proyectos legislativos. En cuanto al texto, Marín considera que "no aporta nada ni resuelve nada". "Estamos ante un nuevo episodio de adoctrinamiento y propaganda ideológica", ha dicho.

REPROCHES A PP Y CS DE LOS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS

Durante el debate, las senadoras de JxCat y ERC han dirigido varios reproches a PP y Cs por hablar de violencia en Cataluña y por criticar los acuerdos alcanzados con los partidos de Gobierno.

"Debe de ser muy triste y muy pobre que el único argumento de su existencia sea ir en contra de Cataluña, sea cual sea el tema que abordemos", ha dicho Assumpció Castellví (JxCat) en referencia a la senadora de Cs María Ponce.

"Afirmar que en las universidades catalanas hay un conflicto abierto donde los constitucionalistas no pueden expresarse de forma libre y voluntaria es mentir; hablar de 'apartheid' lingüístico es mentir; hablar de veneno nacionalista es mentir (...); utilizan la lengua para crear conflicto donde no existe, utilizan la mentira para hablar de situaciones de acoso inexistente y, lo más grave, magnifican las mentiras para tener cuota de prensa", ha señalado dirigiéndose a las señorías del PP.

Por su parte, la senadora de ERC, Adelina Escandell, ha defendido que su grupo acordó modificaciones al texto con el PSOE y Unidas Podemos porque querían que se mantuvieran la autonomía universitaria y las competencias en Cataluña, y porque como políticos, su trabajo es "negociar". "El no por el no es muy fácil, pero nuestros ciudadanos no nos han votado para oponernos siempre, sino para avanzar en lo que se considera justo", ha afirmado.

Por otro lado, Escandell ha querido que conste en acta una reflexión: "No podemos aceptar la mentira como base de la argumentación". En este sentido, reitera que en Cataluña no hay acoso, sino que "el acoso y derribo" lo practican tanto las señorías del PP como de Cs. "De aquí a hablar como si estuviéramos en una guerra civil... ya les gustaría a muchos de ustedes, pero vamos a hacer todo lo posible por no caer en ella", ha finalizado su intervención.

La subcomisión del Congreso encargada de elaborar un informe con recetas para reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores ha descartado este miércoles que todos los candidatos a presidir las autoridades independientes y los órganos reguladores sean elegidos mediante un concurso público y apuestan por que sigan siendo propuestos por el Gobierno.

Inicialmente, el PSOE y Más País habían abogado por modificar la ley para que todos estos directivos fueran elegidos con el método del concurso público que ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Así lo plantearon en el borrador que la subcomisión de Calidad Democrática tomó como texto base para la elaboración de su informe.

Sin embargo, la semana pasada el PSOE renunció a esa idea del concurso público en una enmienda que ha sido aprobada este miércoles en la subcomisión, también con el apoyo del PP, según han informado fuentes parlamentarias.

Los socialistas ahora ya no ven necesario promover "una normativa que afecte a todas las autoridades independientes por igual" y que introduzca "la obligatoriedad de que el Ministerio correspondiente publicara, antes del nombramiento, una convocatoria pública de candidatos y candidatas". La mayoría ha avalado suprimir ese textual del informe.

Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Quedaría fuera el Banco de España. En este contexto, a finales de enero la subcomisión ya aprobó una enmienda del PSOE para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, pero también avaló otra de Más País que apuesta por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.

En sus enmiendas, el PP rechazaba la propuesta inicial del PSOE y Más País de unificar el sistema para su designación a través de una convocatoria pública de candidatos, una fórmula que tampoco avalaba Vox. Por contra, Ciudadanos, que siempre ha defendido concursos públicos para la elección de este tipo de cargos, no presentó enmiendas a este punto, como tampoco hicieron Unidas Podemos, ERC ni Bildu.

Así, como han defendido 'populares' y socialistas la subcomisión recomendará que los máximos responsables de las administraciones independientes sigan siendo propuestos por el Ejecutivo, a lo que no pone pegas el PNV, si bien los nacionalistas vascos han defendido que el Gobierno motive su elección.

EXAMEN ANTE EL CONGRESO

Una vez el Ejecutivo proponga candidatos, deberán comparecer en el Congreso antes de ser nombrados para someterse a un examen de idoneidad que despeje dudas sobre eventuales conflictos de intereses. La subcomisión ha aprobado una enmienda de Ciudadanos para que se modifique el formato de esas comparecencias y se garantice la "correcta fiscalización" de los aspirantes por parte de los grupos parlamentarios.

El PSOE y Más País quieren crear para ese trámite una comisión especializada en lugar de que ese dictamen lo emita, como es habitual ahora, la comisión encargada de la materia correspondiente objeto de regulación, una idea que el PNV rechaza de plano puesto que sostiene que los portavoces especializados están en las comisiones sectoriales y son quienes deben examinar a los aspirantes.

Además, socialistas y Más País aspiran a que esa Comisión de Nombramientos reforzada tenga más poderes para investigar el perfil de los candidatos y someterles a un examen más exhaustivo y con más poderes para controlar.

Sin embargo, el PP rechaza esas modificaciones, aunque admite que el dictamen de idoneidad de los aspirantes a la presidencia de las autoridades independientes tenga que ser aprobado por mayoría cualificada y que en ningún caso pueda salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario, como propone el borrador de conclusiones.

Los equipos técnicos de los Gobiernos central y vasco no han podido cerrar este miércoles un texto compartido en la reunión de la ponencia técnica sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi.

Según ha informado el Departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, la reunión ha finalizado sin consenso en cuestiones que afectan al procedimiento de gestión del IMV y que "podrían ser superadas con voluntad política".

Ha sido una reunión telemática de una duración aproximada de dos horas en la que han participado representantes de los departamentos y ministerios de ambos gobiernos con competencia en la materia.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, hablará con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para abordar estas dos cuestiones y buscar una salida.

El Gobierno Vasco ha recibido con "decepción" el resultado de la reunión, máxime después de haber logrado "importantes avances" en los temas más complejos durante la negociación del proceso transferencial. En todo caso, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno mantiene la esperanza de que finalmente se podrá cerrar un acuerdo.

Unidas Podemos defenderá la necesidad de aplicar una bajada de cuota a los autónomos que perciben menos ingresos "inmediatamente", es decir, a aplicar en 2023 y no al final de un periodo de nueve años como propone actualmente el Ministerio de Seguridad Social.

Este ha sido uno de los principales puntos acordados durante la reunión que ha mantenido esta tarde el grupo confederal con representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), según han explicado fuentes de Unidas Podemos.

En esa reunión han participado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, y la portavoz adjunta de la formación, Sofía Castañón.

El propio Echenique ha comentado en redes sociales que durante esta reunión "productiva" han abordado un tema "muy importante" para el espacio confederal, como es propiciar un sistema "justo" de cotización que mejore los derechos de los autónomos que menos ganan.

Unidas Podemos se ha mostrado muy crítico con la nueva propuesta del Ministerio de cuotas para los autónomos elaborada por el departamento que lidera José Luis Escrivá.

Ayer el propio Echenique avanzó que ya el primer planteamiento que esbozó en su día el Ministerio era "inaceptable" y que ahora tampoco apoyan los criterios formulados recientemente.

"¿Ahora se propone, encima, bajar la cuota a los autónomos que más ganan y subírsela a los más precarios? Nosotros no podemos (ni queremos, ni vamos a) apoyar semejante cosa. Que quede claro", sentenció.

Hoy mismo la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha calificado de "inasumible" la horquilla de entre 214 y 991 euros planteada y cree que se trata de un "globo sonda".

"Rechazamos que ésta sea la propuesta como Gobierno al colectivo", ha dicho Vidal, considerando que esta "va en la dirección contraria a lo razonable, carente de solidaridad y agrava un sistema que perjudica a los más precarios".

Vidal ha aseverado que la propuesta de Unidas Podemos pasa por un sistema de cuotas "que acabe con la actual regresión y vaya a la proporcionalidad", que bonifique tramos de ingresos más bajos y también que se aborde en el debate la protección social y el reconocimiento de derechos básicos para este colectivo.

El tercer superviviente del naufragio del 'Villa de Pitanxo' es un joven natural de Ghana, residente en Marín, que junto con los otros dos tripulantes fue rescatado por el 'Playa Menduiña Dos'. Se trata de Samuel Kwesi Koufi, cuya mujer y cinco hijos permanecen en África.

Samuel Kwesi Koufi fue rescatado junto al patrón del barco, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial Padín. Otros diez cuerpos fueron recuperados en las primeras horas y otros 11 tripulantes están desaparecidos. La tripulación estaba compuesta por 24 personas: 16 españoles, 5 peruanos y 3 ghaneses.

La noticia de que era uno de los tres supervivientes no llegó confirmada hasta este miércoles, lo cual causó cierto alivio entre sus allegados en Marín, si bien con un sentimiento "agridulce" por las noticias que llegan desde Terranova.

Es una persona muy querida y vinculada a la Iglesia Evangélica, comunidad muy numerosa en la villa de Marín. "Samuel es un hombre muy reconocido", ha destacado Julio Torres, pastor evangelista, en declaraciones a Europa Press. "Damos gracias a dios y lloramos por la tristeza (de la tragedia)", ha manifestado.

Julio Torres ha indicado que, siempre con cautela, la información que tiene es que Samuel Kwesi Koufi, estaría "bien, con el shock propio e hipotermia", pero ha indicado que no han podido tener contacto directo.

El tercer tripulante rescatado con vida tiene cinco hijos en Ghana, y su mujer, Emilia, fue contactada a través de personas vinculadas con Galicia y el país africano. El bebé más pequeño, todavía no lo conoce en persona, ya que viaja cuando puede, pero el pasaje es costoso, y no puede acudir con la frecuencia que quisiera, han explicado sus allegados a Europa Press.

15 AÑOS EN MARÍN

Los conocidos de Samuel coinciden en definirlo como una persona extrovertida y afable, siempre dispuesta a echar un cable allá donde fuese necesario siempre que se lo pidiesen. Respiran aliviados tras conocerse que figura entre los tres supervivientes del 'Villa de Pitanxo', aunque reconocen que se trata de un sentimiento que choca con el pesar por el destino del resto de la tripulación del pesquero marinense.

"Ayer fue un día muy duro, llegaban las informaciones y decían que los tres eran españoles, entonces Samuel ya no podía ser. No sabíamos cómo decírselo a la familia. Y cuando supimos que él estaba bien esta mañana, yo sé que es durísimo para las familias, pero nosotros tenemos alivio porque lo queremos un montón", señala Marta Piñeiro, de la ONG Amenac, en la que colabora el tripulante del 'Villa de Pitanxo'.

A su llegada a Galicia, el marinero ghanés tuvo su primer hogar en uno de los pisos que Cáritas tiene en la localidad pontevedresa. Rosa Fontán, voluntaria en la entidad bénefica, destaca de Samuel su carácter amable y predispuesto a ayudar.

Emocionada como Marta al hablar de Samuel, Rosa Fontán, vecina de uno de los marineros todavía desaparecidos, cree que su historia en "un halo de luz" en la tragedia que ha trastocado la vida de Marín y de toda la comarca de O Morrazo.

Julio, Marta y Rosa señalan que entre los planes próximos de Samuel a su vuelta de Terranova estaba conocer a Marcos, su quinto hijo, nacido el pasado 6 de enero.

"Le hacía mucha ilusión que haya nacido el Día de Reyes, porque él cada año va a Ponte Caldelas a hacer de rey mago en la Cabalgata", señala Marta, para quien el marinero "es como de la familia".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otras personalidades de la política, la economía o la educación participarán el 9 y 10 de marzo en el el II Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, organizado por la Fundación Pablo VI con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En su segunda edición, este Congreso responde a la vocación de la Fundación Pablo VI de "dialogar y dar respuesta, desde la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, a los signos de los tiempos", según informan los organizadores en un comunicado.

En este Congreso, que se desarrollará en una jornada inaugural y cinco mesas redondas, se abordarán los retos de futuro en el ámbito de la economía y el trabajo; los sistemas democráticos y las relaciones internacionales; los vínculos humanos y sociales; la relación con la tecnología; la confianza en la ciencia y las instituciones; la solidaridad, los valores o el sentido de la trascendencia.

Para ello, durante las dos jornadas, se pondrá en diálogo a personalidades de la Iglesia, como el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, Juan José Omella; el obispo de Bilbao, Joseba Segura, o el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, con representantes del mundo de la economía, el trabajo y los sindicatos como Yolanda Díaz o el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

También debatirán con representantes del mundo educativo, como la ministra Pilar Alegría o la pedagoga Carmen Pellicer; del pensamiento, como los filósofos Adela Cortina, Amelia Valcárcel o Diego Garrocho; de la ciencia, la comunicación y la cooperación, como los periodistas Javi Nieves y Rafael Latorre, la escritora Ana Iris Simón y la misionera y embajadora de Manos Unidas, Victoria Braquehais; y de la política, como la ministra Margarita Robles, la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop o el diputado de VOX Francisco José Contreras.

Como en la anterior edición, celebrada en octubre del año 2018, en el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los organizadores han extendido la invitación al Rey Felipe VI que, en la anterior edición, recibió al comité organizador en el Palacio de la Zarzuela.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha reclamado que el PSC "reme" para encarrilar el "conflicto político" mediante la negociación y ha pedido que la mesa de diálogo se reúna lo antes posible y dé resultados.

Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles tras asistir a la reunión del secretario primero del PSC y líder de la oposición, Salvador Illa, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat, y después de que la semana pasada el presidente se reuniera con representantes de los partidos independentistas.

La consellera ha explicado que Aragonès no le ha pedido a Illa que intervenga en la negociación, sino que ha defendido que "el conflicto político se encarrile con una negociación con el Estado y que el PSC reme en esta dirección".

Vilagrà ha asegurado que Aragonès ha mostrado la importancia de que la mesa se reúna y que "haya contenidos", al ser preguntada por la respuesta del presidente cuando Illa le ha pedido que también reúna la mesa de partidos políticos catalanes.

Asimismo, ha concretado que no se le ha pedido a Illa que haga de mediador para que la mesa de negociación se reúna, después de que el jefe de la oposición catalana haya sostenido que este no es su papel.

Preguntada por si le ponen fecha de caducidad a este espacio de diálogo, la consellera ha concretado que el documento pactado en esta mesa contempla un plazo que se corresponde "con la legislatura española", aunque ha añadido que intentarán lograr resultado y asegura que no les gusta hablar de plazos concretos. Así, ha concretado que en las negociaciones el Govern pone sobre la mesa la resolución del conflicto político y la desjudicialización para que la situación en Cataluña "se encarrile en esta dirección".

FINANCIACIÓN

Vilagrà ha explicado que en la reunión también se ha abordado el tema de la financiación autonómica, en el que ambas partes han "discrepado", ya que la consellera asegura que el Govern defiende los intereses de la ciudadanía catalana y no comparte que sea la Ley de Financiación Autonómica (Lofca) la que marque actualmente el rumbo.

Ha puesto de manifiesto que han coincidido en temas como el Pacte per la Llengua, que ha destacado que se reunirá la semana que viene y contará con la presencia del PSC: "Es importante que rememos juntos", ha celebrado Vilagrà.

Ambas partes han coincidido en que hace falta un impulso de las energías renovables al que "conviene darle la fuerza que haga falta desde el mundo municipal y la Generalitat", y también han hablado sobre salud mental y escuela, temas en los que tienen muchos elementos en común, según la consellera.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acordado este miércoles, junto a su homólogo argentino, Martín Ignacio Soria, la puesta en marcha de un proyecto piloto de colaboración entre España y Argentina que propone un intercambio de información y datos en materia de Justicia.

Según ha informado en un comunicado el Ministerio, el proyecto se ha acordado durante una reunión bilateral entre Llop y el ministro de Justicia y Derechos Humanos argentino, enmarcada en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) que se celebra actualmente en Barranquilla (Colombia) hasta el día 17 de febrero.

En este contexto, la ministra española ha mencionado que ambos países se han mostrado partidarios de avanzar en este proyecto y han acordado comenzar "cuanto antes" el trabajo por parte de los equipos técnicos en una plataforma de intercambio de información de antecedentes penales.

En concreto, Llop ha recalcado que "el crimen organizado no tiene fronteras y estos avances permitirán trabajar en un marco más moderno y eficaz", a la par que ha puesto en valor la "interoperabilidad" de los sistemas del Ministerio de Justicia español, "que permiten este tipo de colaboraciones entre Estados".

Por su parte, Soria ha destacado que "es un salto importante el intercambio de información entre dos países de gran relación y con vieja tradición de colaboración". Además, el ministro argentino ha indicado que es "un logro disponer de información judicial entre dos países para una mejor lucha contra el crimen".

Ambos responsables de Justicia han coincidido también en encuadrar este proyecto piloto en el seno del intercambio electrónico ECRIS que España ya lleva a cabo en el marco de la Unión Europea (UE) y su posible extensión a la región Iberoamericana.

Por otra parte, durante el encuentro, tanto Llop como Soria han subrayado las "buenas relaciones" existentes entre España y Argentina en el ámbito de la Justicia y han compartido información sobre las distintas líneas estratégicas que están llevando a cabo en este sector.

Asimismo, han dialogado sobre los avances tecnológicos que desde el Ministerio de España se están llevando a cabo en materia de cooperación internacional y en el marco de IberRED (Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional).

IMPULSO DE PUNTOS ESTRATÉGICOS COMUNES

Entro otros temas, Llop y su homólogo han resaltado igualmente la relevancia de que en el año 2023 España ocupe la presidencia del Consejo de la UE y Argentina la presidencia Pro-Tempore del Mercosur. En este sentido, ambos países han acordado abrir una línea de intercambio de trabajo para "impulsar los puntos estratégicos comunes para ambos países y sendas regiones".

Por último, los titulares de la cartera de Justicia han hecho un análisis sobre las distintas líneas normativas que están siendo desarrolladas desde los respectivos ministerios que, según ha indicado el Ministerio, se resumen en impulsar reformas que fortalezcan la independencia de los tres poderes del Estado y generar una Justicia moderna que se afiance como servicio público.

INAUGURACIÓN DE LA COMJIB

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, en la que ambos ministros han participado, coincide con el 50 aniversario de la COMJIB.

Tal y como ha mencionado el Ministerio, el secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero, ha destacado en su intervención de apertura "el apoyo de la ministra de Justicia español" a este organismo, así como "el impulso dado desde su Ministerio para que la sede permanente de esta organización esté en Madrid".

En general, los participantes se han felicitado por los avances de la Conferencia en sus diversas líneas de trabajo, entre otros, el acceso a la Justicia, nuevas tecnologías aplicadas a la administración de Justicia, cooperación jurídica internacional y lucha contra el crimen organizado, cooperación que lidera el Ministerio de Justicia de España y equidad de género.

En la jornada inaugural ha estado presente la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acompañada del ministro de Justicia de este país, Wilson Ruiz. También han asistido autoridades y representantes de las instituciones que forman parte de la COMJIB.

Por parte de España, han asistido, además de Llop, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Martínez, así como representantes de distintos organismos españoles y de la Embajada de España en Colombia.

La ministra participará también este miércoles en una reunión de trabajo con el Gobierno de Colombia en la que se analizará, entre otros temas, la incorporación de la perspectiva de género en la justicia del país anfitrión del evento. Asimismo, Llop intervendrá con una ponencia sobre el pasado, presente y futuro de la COMJIB.

Cargos del PP coinciden en que Pedro Sánchez no puede dar "lecciones" para fijar un cordón sanitario a Vox cuando tiene como socios a Bildu y ERC y creen que este mensaje hay que dejarlo bien claro porque el PP no puede permitir que el jefe del Ejecutivo "marque el terreno de juego" y le "arrincone". Además, muchos de ellos ya avisan a Pablo Casado que no hace falta dar "manotazos" al partido de Santiago Abascal continuamente porque al final el PP lo necesitará para gobernar en muchas plazas.

En las filas del PP hay un intenso debate interno sobre cómo afrontar la relación con Vox, un partido que está en tendencia ascendente y todo apunta a que será clave para formar gobiernos en CCAA y Ayuntamientos tras las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo del año próximo.

Ante el "órdago" de Vox exigiendo "sillones desde el minuto uno" en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, las fuentes consultadas saludan que Casado haya dejado claro los límites del PP para pactar y haya subrayado que los principios del partido son sus "condiciones", como expuso rotundo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

"SI ACEPTAMOS COMO ARGUMENTO EL VETO A VOX, ¿CON QUIÉN PACTAMOS?"

Eso sí, la mayoría de los cargos consultados advierten de que hay que afinar la crítica contra los de Abascal porque tampoco ayuda "dar manotazos continuos" y "enemistarse con el votante que formó parte de tu electorado" porque así no se los va a recuperar de ninguna forma.Además, según vaticinan estas fuentes, el PP va a necesitar a Vox para llegar a futuros acuerdos en muchas CCAA y ayuntamientos y, puede que también para llegar a Moncloa.

"Si aceptamos como argumento el veto a Vox, ¿con quien piensa pactar el PP en el futuro?", se pregunta un veterano dirigente del Partido Popular, que avisa que habrá que empezar a explorar distintas fórmulas de colaboración porque el PP no puede arriesgarse a perder sus gobiernos y "regalarlos a la izquierda".

Asimismo, las fuentes consultadas subrayan que el PP no puede permitir que Sánchez lleve el discurso a su terreno como, a su entender, lleva haciendo desde este martes proponiendo a Casado romper con Vox en todos los territorios si quiere algún entendimiento con el PSOE en Castilla y León.

NO DEJAR QUE SÁNCHEZ LLEVE AL PP A SU TERRENO Y LE "ARRINCONE"

"Es una broma que Sánchez pueda hacer pactos con Podemos, Bildu o ERC pero el PP no pueda pactar con nadie. Es dejarte arrinconar", señala un experimentado parlamentario. "Pedro Sánchez tiene la cara de cemento armado", exclama otro. "No podemos aceptar lecciones del presidente del Gobierno con los socios que tiene", añade un cargo del partido, que insiste en que el PP no puede permitir que sea el que "marque el terreno de juego".

Igual de contundente se expresa otro parlamentario andaluz: "Yo no comulgo con los planteamientos de Vox pero ya está bien de que este partido sea el demonio y Sánchez esté gobernando con la extrema izquierda y esté blanqueando a los que dieron un golpe de Estado en Cataluña y a los amigos de los terroristas".

En este sentido, más de uno de los cargos del partido cree que Ayuso "acierta" al plantar cara a Sánchez al asegurar que al PP no le debe "importar lo que opine la izquierda" sobre sus pactos o que ella "siempre pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que lo secuestraron". "Lo que no podemos admitir es la inferioridad moral de la derecha española", señala un excolaborador de José María Aznar.

Otras fuentes consultadas creen que, si bien a corto plazo y con la vista puesta en Andalucía, al PP le perjudica un gobierno de coalición con Vox, a largo plazo sería una buena estrategia para frenar su ascenso porque el Partido Popular acabaría "comiéndoselo" como ha hecho con Ciudadanos en los gobiernos regionales.

GÉNOVA INSISTE EN LA AUTONOMÍA DE MAÑUECO PARA PACTAR

Desde la dirección nacional del PP también han reaccionado a las declaraciones de Sánchez planteando a Casado romper con Vox en todos los territorios. "Con los socios que tiene, lecciones de moderación de Sánchez, ninguna", zanjan desde 'Génova', que subrayan que Sánchez "no es creíble".

Las mismas fuentes destacan además que Mañueco tendrá plena autonomía para negociar los pactos tras los comicios en Castilla y León. "Teodoro García Egea no irá a Valladolid", confirman, marcando diferencias con lo que ocurrió tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019 cuando se negociaron lo que la dirección del PP denomina los llamados 'gobiernos de la libertad'.

En 'Génova' piden tranquilidad porque la negociación será larga e insisten en que Mañueco tiene "manos libres para pactar con quien quiera" siempre "dentro de los principios del Partido Popular", reiteran.

Unidas Podemos ha pactado con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís una batería de propuestas para la próxima reforma fiscal, una iniciativa que se someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso y que no cuenta con el apoyo del PSOE, que prefiere esperar al informe del comité de expertos del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una enmienda transaccional, que la formación morada que gobierna con el PSOE ha pactado con los socios de investidura a partir de la proposición no de ley que defendió el pasado martes en el Pleno de la Cámara Baja.

En todo caso, todo apunta a que el Congreso rechazará estas propuestas, ya que, al no contar con apoyo del PSOE, serán derrotadas por el PP, Vox y Ciudadanos, que han avanzado su voto en contra.

El texto acordado toma de base las propuestas planteadas por Unidas Podemos, con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, un recargo temporal a las grandes eléctricas en el Impuesto sobre Sociedades, nuevos tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros y rebajas fiscales para pymes, y el IVA aplicado a productos de higiene femenina, servicios veterianarios y peluquerías.

Sin embargo, a raíz del acuerdo con el resto de fuerzas se contempla que la recaudación y gestión del nuevo impuesto sobre grandes fortunas sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Asimismo, contempla la propuesta de Bildu de crear de un impuesto temporal a la banca, mediante un recargo del 7% sobre los beneficios a las entidades financieras que adeuden parte del rescate bancario y que cuenten con beneficios netos superiores a los 100 millones de euros.

Otra propuesta de Bildu aceptada es avanzar hacia una base única en el IRPF que iguale el tratamiento de las rentas del ahorro a las otras rentas, mientras que también se incluye la propuesta Unidas Podemos, Más País-Equo y Compromís que recuerda la obligación legal de dictar una normativa para aproximar a la media europea la ratio de personal en las administraciones tributarias.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho una llamada a la vacunación infantil, ante la ralentización en el ritmo de inmunización de este colectivo, si bien ha explicado que precisamente las mayores tasas de contagio de la sexta ola han tenido lugar en los menores de 12 años.

"Es necesario seguir avanzando en la vacunación infantil, aunque es cierto que un número muy importante de estos menores se han visto contagiados últimamente, por lo que deben esperar las 8 semanas recomendadas", ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "Al vacunarles, estamos protegiéndoles a ellos y a todos los demas", ha apuntado.

En lo que respecta a la vacunación del resto de grupos etarios, ha calificado de "hito" que esta semana se haya alcanzado el 91 por ciento de la población mayor de 12 años con pauta completa. Asimismo, Darias también ha celebrado el ritmo de las dosis de refuerzo, que se sitúa ya en un 92 por ciento en personas mayores de 60 años y en un 78,4 por ciento en personas mayores de 40.

Además, la ministra también se ha mostrado optimista ante la tendencia descendente de la pandemia, que se sitúa en una media del 17 por ciento. "Este descenso se observa en todos los grupos de edad. Los mayores de 50 años presentan una incidencia entre 660 y 1.000, y los menores de 50 mantienen un descenso rápido de la incidencia, pero aún se sitúan en torno a los 1270-1600 casos", ha precisado. "Tenemos una buena evolución de la pandemia", ha reiterado.

Asimismo, ha informado de que la variante Ómicron es la mayoritaria, con un 95 por ciento de prevalencia, con cierta variabilidad según la comunidad. "También hemos detectado datos de casos de la subvariante de Ómicron BA.2, con una incidencia de entre 0,3 y 8,7 por ciento, según el territorio, pero sin un impacto diferente a Ómicron", ha tranquilizado Darias.

Los ministros de Defensa de la OTAN han formado este miércoles un bloque común para instar a Rusia a que retire sus fuerzas de la frontera de Ucrania y encauce la crisis por la vía del diálogo.

Tras mostrar su preocupación por la concentración "a gran escala e injustificada" de tropas y equipamiento pesado ruso a las puertas de Ucrania, los aliados han reclamado a Moscú en una declaración conjunta que destense la situación en el este de Europa y opte por la diplomacia.

"Urgimos en los términos más firmes a que elija el camino de la diplomacia e inmediatamente revierta la concentración de fuerzas y retire tropas de Ucrania, de acuerdo a sus obligaciones internacionales", ha recogido el comunicado de los titulares de Defensa de la OTAN, reunidos este miércoles en Bruselas.

La Alianza Atlántica ha defendido su respuesta a la amenaza rusa, aumentando el despliegue de efectivos aéreos, marítimos y terrestres en el marco de las misiones de vigilancia y los batallones de combate en el flanco oriental. "Nuestras medidas siguen siendo preventivas, proporcionadas y no contribuyen a la escalada", han expuesto los ministros aliados.

En este sentido, han subrayado su compromiso a fortalecer la capacidad de defensa y disuasión de la OTAN y responder "ante todas las contingencias", insistiendo en que la defensa colectiva es un principio "blindado" para la OTAN. "Estamos unidos en la defensa de cada miembro", han señalado.

Del mismo modo, han recalcado el respeto a los principios de seguridad básicos, como que cualquier nación elija sus propios acuerdos, y han expresado el apoyo a la integridad territorial de Ucrania, en un comunicado que sin embargo no hace referencias al eventual ingreso de Kiev en la OTAN o a la política de ampliación.

AVISAN DE CONSECUENCIAS MASIVAS

Aunque los aliados apuestan por la vía diplomática abierta por la OTAN, que está dispuesta a negociar cuestiones de seguridad como el control de armas, la retirada de misiles y mayor transparencia en las maniobras militares, advierten de que cualquier acción rusa contra Ucrania acarreará "consecuencias masivas y tendrá un alto coste".

En este sentido ha recordado que la OTAN defiende distintas vías de diálogo como el formato de Normandía, el dialogo de seguridad en el marco de la OSCE o la propia vía del Consejo OTAN-Rusia en el seno de la organización militar.

"Alentamos firmemente a Rusia a corresponder estos esfuerzos y elegir la diplomacia y la distensión", ha concluido el comunicado de los ministros de Defensa que forman parte de la Alianza Atlántica.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido este miércoles "el compromiso de España" de seguir "reforzando" la ciencia y la innovación en el sector espacial y ha defendido que, con este fin, el Gobierno español impulsará la creación de una Agencia Espacial Española y el PERTE Aeroespacial.

En este sentido, la ministra ha detallado que la creación de la agencia es una de las principales apuestas de la reforma de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsada por el Ejecutivo, "que busca fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación español".

Así se ha pronunciado Morant durante la reunión informal del Consejo de Competitividad de la UE sobre Espacio, celebrada en Toulouse (Francia), en la que se ha abordado la estrategia común de la UE sobre la gestión del tráfico en el espacio y el desarrollo de una constelación de conectividad segura.

En el encuentro, organizado en el marco de la presidencia francesa del Consejo de la UE, han participado los ministros de la UE responsables de los asuntos en materia espacial. La reunión se ha centrado en dos asuntos estratégicos: la gestión del tráfico espacial y la Iniciativa Europea de Conectividad Segura, una constelación de satélites de comunicación interconectados que pretende ampliar considerablemente el acceso a Internet.

USO SEGURO Y PROTEGER EL ESPACIO

Para hacer frente al aumento exponencial del número de satélites en órbita, la UE ha presentado esta semana una comunicación conjunta que establece un enfoque común para la gestión del tráfico espacial. Su objetivo es desarrollar iniciativas concretas, tanto operativas como legislativas, para promover un uso seguro, protegido y sostenible del espacio, así como preservar la autonomía estratégica de la UE y la competitividad de la industria.

A este respecto, Morant ha trasladado durante su intervención la apuesta de España por seguir potenciando la investigación y el desarrollo tecnológico para proporcionar capacidades de detección, control y, cuando sea necesario, eliminación de objetos que interfieren con el uso legítimo del espacio.

"En el marco regulatorio, creemos que se debe llegar a un acuerdo para establecer normas sobre el despliegue de objetos en el espacio, y la eliminación de estos cuando su periodo de operación ha llegado a su fin", ha defendido la ministra, quien ha añadido que, a medio plazo, esta regulación debe abordarse a nivel internacional, en particular, en el marco de Naciones Unidas.

La UE también ha presentado esta semana una propuesta de Reglamento sobre una conectividad espacial segura. Esta iniciativa pretende desarrollar un sistema de conectividad espacial autónomo para el suministro de comunicaciones por satélite garantizadas y resilientes, en particular con el fin de garantizar a los usuarios gubernamentales la disponibilidad a largo plazo de unos servicios de comunicación por satélite fiables, seguros y rentables a nivel mundial que contribuyan a la protección de las infraestructuras esenciales, la vigilancia, las acciones exteriores y la gestión de crisis, reforzando así la resiliencia de los Estados miembros.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es permitir la disponibilidad de banda ancha comercial de alta velocidad en toda Europa, eliminando las zonas muertas y asegurando la cohesión entre los territorios de los Estados miembros, así como ofrecer conectividad en zonas geográficas de interés estratégico, como África o la región ártica.

Morant ha destacado que España, haciendo uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como palanca, ha diseñado un plan estratégico de interés nacional en el ámbito aeroespacial, que cuenta con iniciativas alineadas con esta propuesta de la UE para desarrollar una constelación de conectividad segura.

Una de estas iniciativas es la Constelación Atlántica, el programa de observación de la Tierra que España desarrollará con Portugal y que dispondrá de una constelación de pequeños satélites con alta resolución.

La titular de Ciencia también ha asistido este miércoles a la reunión del consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Toulouse, en la que se ha debatido sobre las estrategias de aprovechamiento del espacio para mejorar la investigación científica y ampliar las capacidades de exploración espacial.

En el encuentro, también se ha abordado la iniciativa 'Space for a Green Future Accelerator', un programa para ayudar a Europa a actuar para mitigar el calentamiento global aprovechando los datos del espacio.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se convoque "cuando haya temas maduros para ser abordados y ser resueltos, como se acordó en la última reunión".

Lo ha dicho preguntado en rueda de prensa después de reunirse con el presidente del Govern, Pere Aragonès, a quien ha propuesto una agenda de 43 puntos en los que Illa se ofrece a colaborar, estructurados en tres ejes: prosperidad para todos los ciudadanos, una financiación justa y una mejora del autogobierno.

Preguntado por si Aragonès le ha trasladado alguna petición sobre la mesa de diálogo, Illa ha replicado que no es "mediador entre gobiernos" y que el Ejecutivo central y el de la Generalitat deben mantener un diálogo directo, y ha subrayado que su convicción y la de su partido por el diálogo es clara y nítida.

Illa ha asegurado que hará "todo lo que pueda para ayudar a que el diálogo funcione, sin prisas, sin la tiranía de tener un 'deadline' y un límite temporal determinado", sino con espacios de discreción y los tiempos para que el diálogo funcione, según él.

Ha insistido en defender la necesidad de abrir un diálogo entre partidos catalanes, algo que ha recordado a Aragonès pero él "no ha asumido ningún compromiso" en este sentido, y ha recordado que este diálogo entre las formaciones del Parlament formaba parte del acuerdo que también incluye la Comisión Bilateral Estado-Generalitat --que se reúne este viernes-- y la mesa de diálogo.

Preguntado por el hecho de que Aragonès no prevea en este momento acudir a la Conferencia de Presidentes del viernes de la próxima semana, Illa ha avisado de que será un "error" si no participa en ella, porque cree que el Govern debe estar presente en todos los órganos multilaterales.

"ESCENARIO DE COLABORACIÓN"

En la reunión, que se ha alargado más de una hora y que Illa ha calificado de positiva y constructiva, el dirigente socialista ha planteado a Aragonès un documento con 43 puntos en los que ofrece colaboración.

"Ojalá se abra este escenario de colaboración con alguno de estos 43 puntos, o con otros que quiera plantear el Govern", ha dicho Illa, que ha insistido en que el mejor servicio que ahora puede prestar en Catalunya es dibujar una alternativa al Govern de Aragonès, pero que no es incompatible con una política de mano tendida en ámbitos y proyectos que benefician a Catalunya.

Illa, que ha citado las energías renovables entre estos ámbitos, ha asegurado un "trabajo leal y sincero, desde la discrepancia y desde un planteamiento político que es alternativo al que encabeza Aragonès", y ha asegurado que el presidente se ha comprometido con darle un retorno de sus propuestas una vez las haya estudiado.

Preguntado por el hecho de que los 43 puntos no incluyan propuestas de nuevas competencias, ha dicho que no tiene "ninguna reserva ni apriorismo negativo ni positivo sobre la mejora del techo competencial", pero que aboga en el documento por desbloquear asuntos en los que Catalunya ya tiene competencias, como una ley electoral catalana.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Sobre el documento sobre financiación autonómica de la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC, ha insistido en que no es la postura de los socialistas, sino que con él abren una reflexión que ayudará a construir esta postura, y ha avanzado que por lo menos impulsarán otros dos documentos sobre este asunto.

A preguntas de los medios, ha defendido mantener el principio de ordinalidad, y ha avisado de que abordarán este debate desde la serenidad y analizando todos los matices: "Espero que no me reclamen prisas los que no han hecho nada los últimos años".

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores. Así se recoge en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El texto de la enmienda, transaccionado por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox, establece que "el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por 'brecha digital'".

El texto acordado por la Cámara Alta, que modifica el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la inclusión de una decena de enmiendas transaccionadas, tres enmiendas de Compromís y dos del PSOE, deberá volver después a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Aparte de las enmiendas, el resto del proyecto de ley ha sido aprobado con el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de PP y Vox.

"Tenemos en cuenta la situación de exclusión financiera que se personalizó en el lamento del pensionista Carlos San Juan, que nos hizo ver que las personas mayores no se sienten bien tratadas", ha apuntado la senadora del PSOE María Esther Carmona, este miércoles en el debate del proyecto de ley en el Pleno del Senado, refiriéndose a la campaña lanzada por este hombre de 78 años en Change.org, bajo el lema 'Soy mayor, no idiota'.

El PP y Compromís habían presentado diferentes enmiendas para dar una respuesta a la exclusión financiera en la ley. El grupo popular proponía que las entidades bancarias garantizasen la atención presencial, sin discriminación motivada por la "brecha digital"; y Compromís, que se incluyese la "edad" como un factor de vulnerabilidad para dar respuesta a las reivindicaciones de las personas mayores.

El senador de Compromís Carles Mullet ha subrayado la necesidad de "introducir el componente de edad" porque hay "personas mayores que se sienten maltratadas ante algunas empresas como las entidades financieras".

En este sentido, el Pleno del Senado ha aprobado otra propuesta de modificación para que el Gobierno promueva, en coordinación con el Banco de España y entidades de crédito, un plan de medidas contra la exclusión financiera de las personas mayores.

El texto, dice que se deberán promover medidas para "garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera".

En concreto, se establece que el Ejecutivo promoverá un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas vulnerables como: que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de cajeros automáticos; el incremento del personal de apoyo; la instalación de señales de prioridad en el uso de los cajeros o el desarrollo de tecnologías de acceso a la banca "sencillas".

Igualmente, añade que se impulsarán medidas para acercar los servicios financieros en el mundo rural así como iniciativas, entre las líneas de actuación estratégica de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, como la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios.

UN AÑO PARA EL ETIQUETADO BRAILLE

A su paso por el Senado, los grupos también han introducido en el proyecto de ley de consumidores vulnerables la generalización del etiquetado de los productos en alfabeto braille, algo que hasta el momento solo es obligatorio para los medicamentos.

En concreto, el Pleno del Senado da un plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para "desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal".

Al debate en el Senado, este miércoles, han asistido miembros del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE, que han introducido propuestas al texto a través de los grupos parlamentarios, para que se garantice la accesibilidad a los consumidores con discapacidad.

Por su parte, grupos como Esquerra Republicana, EAJ-PNV o Més Per Mallorca (MÉS) han pedido, durante el debate, que las lenguas cooficiales del Estado también estén presentes en el etiquetado de los productos o que los usuarios puedan decidir en qué lengua firmar un contrato.

PP, CS Y VOX: PROMUEVE LA 'OKUPACIÓN'

Por otro lado, sobre el resto del proyecto de ley, el grupo popular se ha abstenido. El senador del PP Bienvenido de Arriba ha calificado el proyecto de "insuficiente", al tiempo que la senadora del mismo grupo Paloma Inés Sanz Jerónimo ha reprochado que la ley "ataca el principio de propiedad privada". Frente a esto, ha dicho que España necesita "una ley antiokupa ya, con penas de prisión de 1 a 3 años".

Asimismo, ha propuesto la "desaparición" del Ministerio de Consumo que, a su juicio "sobra" y tiene a la cabeza "un ministro absolutamente inútil y desocupado que se dedica a atacar a todos los sectores productivos, agricultores, ganaderos, al queso, al jamón y al roscón de Reyes".

Por su parte, Ciudadanos ha votado en contra del resto del proyecto de ley, tal y como ya había avanzado el senador Miguel Sánchez López, no porque no esté de acuerdo con el grueso del texto sino porque no se ha suprimido del mismo la disposición final tercera que, a su juicio, "da carta de naturaleza a la 'okupación' de segundas viviendas".

Vox, por su parte, se ha abstenido porque considera que el texto no sirve para mejorar la situación de los consumidores y tiene "una intención ideológica muy clara". El senador de la formación José Manuel Marín Gascón también ha coincidido con PP y Ciudadanos en que el proyecto de ley "promueve la 'okupación' ilegal de viviendas" y ha exigido, como los 'populares' que se suprima el Ministerio de Consumo.