El Supremo da cinco días al Gobierno para entregar la lista de los más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos.
Qué ha pedido el Supremo y bajo qué amenaza
La Sala de lo Contencioso, el órgano del Tribunal Supremo que revisa la actuación de las administraciones, ha requerido a los ministerios de Exteriores y Presidencia la relación nominal de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la vía abierta al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022. No pide estadísticas ni cifras redondeadas: el Supremo quiere nombres y apellidos.
El auto identifica a los destinatarios: Félix Bolaños, al frente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores. Dos ministerios tienen cinco días para entregar los nombres, un plazo que convierte una petición administrativa en una prueba de cumplimiento.
Si el plazo se agota sin respuesta, el tribunal advierte de que puede imponer una multa coercitiva de 1.000 euros y no descarta reclamar otras responsabilidades patrimoniales. El auto contempla incluso deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Traducido: la sala no se conforma con una respuesta tardía.
El requerimiento llega con 'expreso apercibimiento', según el texto difundido. Es decir, el Supremo avisa por escrito de las consecuencias antes de que se produzcan, un paso que en la práctica deja poco margen para la demora.
Por qué el voto de 160.000 personas está en el aire
La misma sala que ahora reclama la lista mantiene paralizado desde hace semanas el voto de este colectivo, según la información publicada por elDiario.es. La última resolución ha salido adelante con un nuevo voto en contra dentro del tribunal. El derecho al voto de miles de personas sigue en suspenso a la espera de una decisión de fondo.
¿Qué significa en la práctica? Que más de 160.000 personas a las que se reconoció la nacionalidad por esta vía ven su voto en el aire mientras el tribunal aclara el alcance de su propia decisión. Para eso necesita la lista: sin saber a quién afecta, el Supremo no puede medir el impacto real de lo que ordena.
El tribunal reclama nombres y apellidos de 160.000 personas mientras su derecho al voto lleva semanas congelado.
En paralelo, el despacho de Baltasar Garzón ha presentado un incidente de nulidad contra una suspensión que considera arbitraria. El objetivo es que el asunto regrese al Tribunal Constitucional. El incidente de nulidad es el paso previo para pedir amparo al alto tribunal.
Un pulso con antecedentes y dos caminos abiertos
La ley de nietos no es una norma autónoma: es la vía que abrió la Ley de Memoria Democrática de 2022 para descendientes de españoles. Desde entonces ha canalizado la nacionalización de más de 160.000 personas, la cifra que maneja el Supremo en este procedimiento. El volumen explica por qué el tribunal insiste en una relación nominal y no en un dato agregado.
El apercibimiento penal es un recurso excepcional, pero está previsto para forzar el cumplimiento de lo que decide un juez. Con la multa coercitiva ocurre lo mismo: se activa cuando la administración no responde en plazo. La diferencia aquí es el destinatario, dos ministerios, y el asunto de fondo, el derecho al voto.
Hay dos lecturas en juego. Para la sala, la información es imprescindible para ejecutar su propia resolución. Para el despacho de Garzón, la suspensión del voto es arbitraria y debe revisarla el Constitucional.
Las próximas fechas son concretas. Primero, el plazo de cinco días para que Exteriores y Presidencia remitan la lista. Después, el tribunal decidirá si ejecuta la multa o si da traslado para exigir responsabilidades penales. Y en paralelo, el incidente de nulidad abre la puerta a que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo: si el voto de 160.000 personas queda en suspenso o vuelve a estar en sus manos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Sala de lo Contencioso ha dado cinco días a Exteriores y Presidencia para entregar la relación nominal de los nacionalizados por la ley de nietos.
- Por qué te importa: El tribunal advierte de multas de 1.000 euros y de posibles responsabilidades penales mientras el voto de 160.000 personas sigue paralizado.
- A quién afecta: A los más de 160.000 nacionalizados por esta vía y a los dos ministerios requeridos por el Supremo.
- Hacia dónde vamos: El Supremo decidirá si ejecuta la multa y el despacho de Garzón busca que el Constitucional revise la suspensión del voto.
