La víctima de la presunta agresión sexual por parte de tres hombres en un descampado de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) al salir de una discoteca de Molins de Rei (Barcelona) el 19 de mayo de 2018 ha asegurado en el juicio que sus presuntos agresores la «cogieron por los pelos» y la introdujeron en el maletero.

En la primera sesión del juicio en la sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la joven ha explicado que esa noche había consumido drogas y alcohol, que le habían robado el bolso, y que cuando salió de la discoteca quería ir a comprar más droga con unos conocidos, pero que los acusados bajaron de un coche, la «arrastraron por los pelos» y la introdujeron en el maletero.

«No sé cuánto duró el trayecto hasta el descampado, no me acuerdo, pero cuando abrieron la puerta intenté dar una patada y me cogieron, me tiraron al suelo, me intentaron bajar las medias y me levantaron el vestido», ha manifestado.

Ha relatado que los tres agresores la obligaron a hacerles felaciones y que tres de ellos la penetraron y eyacularon encima de ella mientras la insultaban y le decían que se callara: «Decían que yo lo ponía difícil, que otras chicas no oponen tanta resistencia».

Después de los hechos, ha explicado que los acusados discutieron y abrieron la puerta del coche y la dejaron en el descampado, momento en que ella caminó hasta la estación de Ferrocarriles de la Generalitat de Sant Boi pidiendo ayuda, pero que nadie la quiso ayudar, según ella.

ESTADO PSICOLÓGICO

La víctima ha explicado que este hecho ha cambiado su vida por completo, que todavía no sale sola por la calle y que le da «miedo hablar con gente desconocida», e incluso que estuvo ingresada un tiempo en un psiquiátrico.

Al hablar con los Mossos d’Esquadra en comisaría, le enseñaron fotografías de varias personas que podían ser los presuntos agresores, no obstante ha asegurado que no reconocía a nadie, y que únicamente recordaba que algunos de los presuntos agresores llevaban tatuajes en los brazos.

También ha relatado que ella recordaba que el coche donde la habían introducido era de color rojo, y que a los agentes que le tomaron declaración les pareció que podía ser un coche de color gris champán y que le insistieron en que el coche era de ese color: «Como yo en ese momento no me acordaba del todo me hicieron dudar y cambiar mi testimonio. No había dormido, no había comido, estaba en shock. Puede ser que dijera finalmente que el coche era gris».

TESTIGOS

En la primera sesión de este juicio han declarado varios testigos, entre amigos de la víctima, amigos de los acusados, agentes de los Mossos d’Esquadra, trabajadores de la discoteca y de los Ferrocarriles donde se desplazó la chica tras la presunta agresión sexual.

La trabajadora que la encontró en la estación de Ferrocarriles de Sant Boi ha expresado que encontró a la víctima con «ansiedad y alterada», que le relató los hechos y que recuerda que iba con las medias rotas y agujereadas.

Un amigo de los acusados ha explicado que la víctima les decía que se quería ir con ellos al salir de la discoteca, que se había «operado las tetas, que costaban 5.000 euros» y que fueron a desayunar; otros testigos propuestos por la defensa de los acusados han manifestado que no vieron forzada a la víctima en ningún momento.

Los agentes de los Mossos que le tomaron las primeras declaraciones en comisaría han coincidido en que la víctima estaba «en estado de shock», que explicó que uno de los agresores tenía un tatuaje de Michael Jordan, pero que había muchas cosas que no recordaba bien, y han desmentido que insistieran a la víctima con el color del coche.

«En su primera declaración la víctima habla de un coche gris, no rojo. Nosotros no forzamos nunca, y quien haga esto considero que es un mal profesional», ha expresado uno de los agentes.

Uno de los mossos que realizó el informe de contenido de los móviles de los investigados ha explicado que en la terminal de alguno de ellos se habían borrado conversaciones de WhatsApp de los días 18 y 19 de mayo, pero que recuperó mensajes de voz y unas imágenes donde se veía a uno de los acusados en el asiento del conductor «con la mano en el cuello de la víctima» y otras imágenes de la víctima desnuda, entre otras.

En el escrito de acusación, el fiscal pide 46 años de prisión para uno de los acusados y 43 años de prisión para cada uno de los otros dos implicados.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa, acordada entre Compromís y PSOE a través de una enmienda transaccional, en la que se insta al Gobierno, entre otras cosas, a estudiar la transferencia de la gestión de la red de Cercanías a la Generalitat Valenciana, así como a realizar una inversión anual en el servicio ferroviario de esta región.

Así, la mayoría de la Cámara Baja ha dado su apoyo — 196 síes, 100 votos en contra y 52 abstenciones– a esta moción consecuencia de interpelación que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, defendió en la sesión plenaria de esta semana después de haber interpelado directamente hace unas fechas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Por aquel entonces, la titular de Fomento avanzó que el Ejecutivo había encargado al coordinador de Cercanías en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, un plan que incluyera el estado actual de la red y el nivel de ejecución real en la región.

Ahora, el Congreso ha dado por bueno el texto acordado entre el PSOE y Compromís mediante una enmienda transaccional para reclamar al Ejecutivo una serie de medidas que mejoren el servicio de Cercanías en la Comunidad Valenciana.

Según este texto, se pide al Gobierno convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Cercanías para explorar mejoras en la gestión y la transferencia de las competencias si así lo solicita la Generalitat Valenciana, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias.

LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE

Además, la Cámara Baja pide que se impulse la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, así como un servicio de transporte público a demanda en las zonas y comarcas sin transporte ferroviario, para garantizar el acceso de toda la población rural al transporte público y su posible conexión con el ferrocarril.

Mientras se llevan a cabo estas actuaciones detalladas anteriormente citadas, el texto solicita al Gobierno que ejecute la totalidad de las inversiones previstas en la red valenciana de Cercanías.

El Congreso también pretende que el Gobierno fomente el uso del ferrocarril como medio de transporte colectivo ecológico, accesible, seguro y sostenible, y que defienda el carácter de servicio público y «no de negocio del transporte ferroviario».

Asimismo, se exige la reparación y modernización de los trenes y que se cubran todas las plazas vacantes de personal de Renfe y Adif de todas las categorías que son críticas para la prestación global del servicio ferroviario, «convocando las plazas que se estimen necesarias para garantizar un servicio óptimo».

Por último, se solicita que el Gobierno explore la posibilidad de la creación de un nuevo nodo de cercanías con el centro de Castellón de la Plana que vertebre las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana hasta Vinarós y su conexión hasta La Aldea-Amposta-Tortosa.

La familia de Diego Bello, el joven coruñés asesinado en Filipinas en enero de 2020, se ha reunido este jueves con la Valedora do Pobo, Mª Dolores Fernández Galiño, a la que han trasladado su «esperanza» tras la acusación formal a tres policías implicados en la muerte de Diego. «Aún nos queda mucha fuerza», ha aseverado la madre del joven, Pilar.

Durante la reunión, a la que han asistido los padres y el tío de Diego junto a uno de los abogados que llevan el caso en España, Guillermo Mosquera, se ha informado a la Valedora de los avances en el caso, sobre todo en lo que respecta al proceso judicial en Filipinas.

Y es que, actualmente, el NBI Filipino (Buró Nacional de Investigaciones) –organismo que, en España, podría asimilarse a un mix entre la Policía Nacional y la Fiscalía– ha acusado formalmente a tres policías de la isla de Siargao –lugar donde tuvieron lugar los hechos– de tres delitos: asesinato, perjuicio y falsificación de pruebas.

Los tres investigados tienen hasta el 22 de noviembre para presentar sus alegaciones frente a un informe de más de 50 páginas que, en palabras del abogado de la familia, es «muy contundente» y desmonta, «uno por uno» los relatos que rodearon la muerte de Diego y señalados por la policía filipina, como la riñonera que afirmaban llevaba y «que las cámaras demostraron que no», la disposición de los casquillos y la procedencia de la pistola, entre otros aspectos.

Una vez los investigados presenten sus alegaciones, será el turno de los letrados de la familia, tras lo que el caso se presentará formalmente ante la Corte Filipina. Mosquera prefiere no dar una fecha concreta para la celebración del juicio, pero prevé que podría celebrarse entre febrero y marzo del próximo año, «aunque nunca se sabe».

Un juicio al que los padres de Diego Bello quieren asistir, tal y como ha recalcado la madre del joven en la reunión. «Quiero verles la cara», ha aseverado Pilar.

COLABORACIÓN «TOTAL» DEL CÓNSUL

Una parte «vital» en el proceso judicial es la personación de la familia en el proceso, que pretenden hacer mediante un abogado del propio país –«que conozca el sistema y el sentir del tribunal»–; otra medida de presión «para que continúe la investigación y posterior juicio».

APOYO SOCIAL

Dado que todavía no han alcanzado este punto, la familia ha agradecido la colaboración «total» del nuevo Cónsul de España en Filipinas, del que destacan su implicación «prácticamente diaria» y que los mantiene informados «de cada uno de los pasos que va dando la NBI».

«Toda la ayuda que podamos conseguir es bienvenida», ha señalado el tío de Diego, que ha destacado la importancia del apoyo social e institucional para «conseguir justicia para Diego», sobre todo dadas las circunstancias políticas y socio-económicas que marcan el país, donde todo ha sido «obstáculo tras obstáculo».

A este respecto, la familia ha lamentado no haber podido hacerse con la ropa y otros objetos que Diego tenía en Filipinas, pese a haber contactado con la arrendataria del inmueble; ni con el dinero que el joven tenía en cuentas filipinas. «La burocracia es imposible», ha lamentado el abogado de la familia.

«Vamos a seguir llamando a todas las puertas que podamos», han destacado los padres de Diego. «Queremos seguir moviendo el tema, cuánta más presión se haga, más posibilidades de que se resuelva», ha agregado el letrado. De momento, la petición en change.org de ‘Justicia para Diego’ suma 60.000 firmas.

Y así, golpean todas las puertas: desde las municipales, han pedido a los partidos políticos gallegos que impulsen declaraciones institucionales en los diferentes ayuntamientos, aunque de momento sólo han tenido éxito en Cervo (Lugo) y Arteixo y A Coruña; autonómicas y nacionales, consiguiendo sendas declaraciones del Parlamento de Galicia y el Congreso instando a las autoridades filipinas a investigar el caso; y hasta europeas. Y es que, además de dirigirse al Tribunal de Derechos Humanos de ONU, el diputado popular en la Unión Europea Francisco Millán Mon dirigió una carta al representante de Filipinas en la UE sobre el suceso.

VÍAS DE FINANCIACIÓN

La última baza ha sido escribir al Nuncio del Vaticano en España, esperando que interceda o presione en el país asiático, con una extendida tradición católica. La familia confía en que, de la mano de este apoyo social, llegue la financiación; el principal escollo y temor que se les presenta ahora mismo.

«No queremos que por 50, 100.000 o 200.000 euros el crimen de Diego quede impune», lamentan. Alrededor de esa cantidad cifran los abogados que puede costar sufragar todo el proceso judicial en Filipinas. Es por eso que insisten en las diferentes líneas de ayuda habilitadas.

Una de ellas es la venta de ropa, sudaderas y camisetas entre otras prendas, bajo la marca ‘mamon’, creada por el propio Diego. Todas las prendas llevan estampado el hashtag #justiciaparadiego. Pueden adquirirse a través de Instagram, en la cuenta @mamonsurfco. Los ingresos van a parar a la Asociación Justicia para Diego «para financiar el proceso judicial en Filipinas».

A esta iniciativa se suman la venta de lotería, participaciones de cinco euros de los que una parte se destina a la asociación y la edición y venta de ‘1906’, canción considerada el himno oficioso del R.C. Deportivo. Así, el domingo 14 de noviembre, coincidiendo con el partido del equipo coruñés frente al Extremadura en Riazor, se habilitará la caseta de ‘AsistiDÉ’ para la venta del CD, a tres euros. El horario de venta al público será de las 10,30 horas a las 15 horas.

Durante el descanso del partido , se proyectará en los videomarcadores del estadio un código QR para poder acceder a la web de reserva del CD -https://1906.xustizaparadiego.org/. Podrá reservarse también a través del correo electrónico justicefordiego@gmail.com o con un whatsapp al 650 69 49 00.

El escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte ha considerado un «disparate» lo que se ha hecho en el Mar Menor. «Pero esto pasa aquí y pasa en todas partes: es el ser humano actuando en su estupidez habitual y, por supuesto, también dejadez por parte de las autoridades, que han mirado para otro lado cuando les ha interesado, también como suele ocurrir», ha aseverado.

«Tampoco soy un experto en ecología ni en el Mar Menor», tal y como ha reconocido Pérez Reverte, quien ha recordado que él iba de pequeño a La Manga y conoce el entorno desde que era niño. «Lo he visto destruirse», según el novelista, quien ha achacado esta situación a las mismas razones por las que se «destruye todo», que son «la ambición combinada con la estupidez».

Así lo ha hecho saber Pérez Reverte al ser preguntado por la opinión que le merece la situación de la laguna salada en la rueda de prensa de presentación de su última novela, ‘El italiano’, editada por Alfaguara. En el acto, Pérez Reverte ha estado acompañado por el director general de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez, y el catedrático de la Facultad de Filología de la Universidad de Murcia, José María Pozuelo Yvancos.

Precisamente, Pozuelo es el coordinador del ciclo Literatura y memoria. Narrativa de la Guerra Civil’, que tiene lugar desde el pasado martes en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia en la Gran Vía de Murcia y en el que participa Pérez Reverte este jueves a partir de las 19.30 horas.

‘EL ITALIANO’, UN «PRETEXTO» PARA HABLAR DEL MEDITERRÁNEO

Pérez Reverte ha recordado que nació en Cartagena y, para él, el Mediterráneo «es importante». Precisamente, ha señalado que ‘El italiano’ es un «pretexto» para hablar de ese Mar Mediterráneo, «que es en realidad la verdadera patria», de la que «todo nace y desde la que viene todo».

«En Cartagena y en Murcia lo sabemos mejor que mucha gente: vinieron las legiones romanas, el mármol, los dioses, el aceite de oliva o el vino tinto», ha ensalzado. Se trata, añade, de una patria «común» y compartida «tanto en Estambul, como en Beirut, en Nápoles, Valencia o Cartagena».

«Con el artefacto narrativo de la historia de amor y de guerras, en realidad es un canto y un homenaje a la patria mediterránea en la que crecí», según Pérez Reverte, quien ha recordado que, cuando era joven, su padre le llevó al cine a ver una película en la que los italianos «quedaban mal, como en casi todas las películas».

«Mi padre me dijo: no te equivoques, hubo italianos muy valientes, que lucharon muy bien en la guerra mundial y que hicieron cosas heroicas», tal y como señala el autor. Precisamente, su progenitor le contó la historia en la que está basada su reciente novela, que quedó en su cabeza y le acompañó durante mucho tiempo.

Al ser preguntado por lo que le hubiera dicho su padre de esta novela, ha recordado que su progenitor murió hace casi 20 años pero le dio tiempo a leer sus primeras novelas. En el caso de ‘El italiano’, cree que su progenitor habría «sonreído». «Uno nunca sabe lo que siembra, y eso es una buena lección de vida», según el escritor cartagenero.

Respecto a la posibilidad de emprender algún proyecto relacionado con la Región de Murcia, Pérez Reverte ha recordado que la historia de la Comunidad ya ha aparecido «salpicada» en sus novelas. Por ejemplo, ha señalado el Tercio Viejo de Cartagena en su serie de Alatriste o ‘La Carta Esférica’, que es una novela en la que aparecen Murcia y Cartagena.

En cualquier caso, ha aclarado que él no tiene un compromiso «con nada», sino que es un escritor «libre» que aborda aquello que le «pide el cuerpo». Así, ha aclarado que no tiene ningún proyecto que tenga que ver con esta tierra «ni con ninguna otra», aunque admite que el hecho de ser de Cartagena es algo que «aflora» y se manifiesta en su obra.

Sí que ha confirmado que han pedido llevar su novela ‘El italiano’ al cine y «están negociándolo», pero ha advertido que este tipo de proyectos cinematográficos, a veces, «tardan años en materializarse».

En cuanto a su porvenir literario, Pérez Reverte ha señalado que todos los escritores tienen «fecha de caducidad». «No hay nada más triste que un escritor que está muerto y no lo sabe», ha señalado el autor cartagenero, quien espera darse cuenta cuando eso le ocurra. En cualquier caso, calcula que sí podrá hacer «dos o tres novelas más», y afirma que todavía tiene la actitud «lúcida» de «cazador» y de ir por la vida «con curiosidad». Mientras eso perdure, cree que seguirá siendo un escritor «útil».

LA MIRADA DE LA MUJER

Ha señalado que, normalmente, sus novelas suelen relatar historias «abiertas», porque él tiene la impresión de que el amor «nunca es un final feliz, sino que después pasan 20 o 30 años, y esa pareja evoluciona; cambia para bien o para mal; hay alguien que traiciona, que miente, que muere o que enferma».

Ha considerado que el amor «no es definitivo» y, por eso, sus novelas quedan siempre abiertas para que sea el lector el que las complete. En cambio, ha remarcado que, en esta ocasión, quería darle un final «cerrado y completo» a la novela para que el lector sepa que «podemos partir desde el final de esa historia de amor hacia atrás».

A su parecer, el hecho de que haya escrito una historia cerrada en esta ocasión quizá se deba a que se ha hecho «mayor» y ve el mundo «de otra manera». Ha explicado que cumple 70 años dentro de diez días, lo que le permite mirar atrás «con una cierta lucidez».

Y es que, cuando era joven, no sabía «cómo era el amor» porque, a esa edad, caminas en un territorio «hostil» y «no sabes cómo van a acabar tus pasos». En cambio, con 70 años, ha afirmado que «escribes novelas con pasado y con certezas» y se beneficia de la «lucidez» que da «haber caminado y leído mucho». En cualquier caso, ha considerado que son más «divertidas» las intuiciones que las certezas. Y es que estas últimas, añade, «son incluso desoladoras».

En cuanto al papel de la mujer, ha señalado que el héroe de esta novela «no es un hombre que lea libros ni interesante en el sentido intelectual de la palabra». Es un joven, apuesto, nadador y buzo, pero «sin nada de particular». En cambio, la protagonista «sí es culta». Se trata de una librera que, al mirar a ese buzo que sale del mar, herido y vestido de caucho negro, «proyecta en él sus lecturas y lo convierte en héroe».

«Es la mirada de una mujer intelectualmente potente la que convierte al hombre en un héroe; y, sin esa mirada, el hombre no sería más que un soldadito más», según Pérez Reverte, quien ha señalado que esa es la «lección» de esta historia: «la mirada de la mujer es la que da el juicio sobre el hombre, la que le convierte en algo importante o algo miserable».

«LEER TE HACE ESTAR PREPARADO PARA CATÁSTROFES COMO LA PANDEMIA»

Al ser preguntado por la pandemia y la forma en la que ha sido encarada socialmente, ha considerado que «no es algo más que una guerra mundial o una epidemia de las que hubo antes». Con todo, ha recordado que él ha vivido en lugares que «no siempre eran cómodos y tranquilos», por lo que pudo aprender que el mundo es un lugar «incierto y lleno de trampas peligrosas».

«Pandemias, tsunamis, terremotos, guerras y accidentes ocurren periódicamente», tal y como asevera el novelista cartagenero, quien cree que, quien ha vivido otras catástrofes, está más preparado para hacerles frente. Por eso, ha señalado que la pandemia no fue para él una catástrofe tan grande como para otros.

El problema, en su opinión, es que Europa y occidente había olvidado en los últimos decenios que «todas esas cosas existen» porque «estamos adormecidos en una especie de trinchera de algodón, pensando que estamos a salvo de todo». Sin embargo, «cuando uno ha leído, eso le permite estar preparado para estas cosas», ha matizado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado, tras la reunión semanal de su Gobierno, que envió una carta al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la que le ha remarcado su preocupación ante el incremento del precio de la energía y la escasez y encarecimiento de los suministros.

Y en esta coyuntura, en la misiva remitida en la pasada jornada, también le ha instado a «reconsiderar» algunas algunas de las decisiones económicas adoptadas o anunciadas para los próximos meses que pueden, a su modo de ver, «agravar aun más la situación».

En concreto, ha manifestado que se debería «aplazar el incremento generalizado de la presión fiscal o la modificación de la reforma laboral (aprobada en su día por el PP), improvisada y de forma inmediata», convencido de que dar este paso «incrementará aún más las dificultades de obtener un empleo» en España.

También ha incidido en la importancia de que en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos –prevista inicialmente para este año, pero que, ha recordado, podría retrasarse hasta 2022 según lo manifestado por Sánchez– se incluyan estas cuestiones para que las comunidades puedan trasladar sus visiones y propuestas.

REUNIÓN CON MAROTO EL LUNES

En este escenario, Feijóo ha avanzado que tanto el desabastecimiento como el incremento del precio de la energía serán cuestiones en las que hará hincapié en la reunión que el lunes mantendrá en Madrid con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En ese encuentro, según ha explicado, abordará también «el problema de las empresas electrointensivas», con el foco en la situación de Alcoa en San Cibrao y de Vestas.

ESCASEZ DE SUMINISTROS

Precisamente, en esta línea de evaluar una situación que se agudiza en plena fase de recuperación de la economía tras la pandemia, el Consello da Xunta ha acordado intensificar el contacto con los principales clústeres sectoriales gallegos.

El objetivo será, según ha trasladado Feijóo, evaluar el impacto que esta escasez de suministros está provocando en Galicia.

La consejera de Justicia del Gobierno catalán, Lourdes Ciuró, ha anunciado este jueves que la Generalitat ha presupuestado 600.000 euros para convocar el año que viene 50 becas para opositores a juez y fiscal que tenga «continuidad en el tiempo» con objetivo de fomentar el uso del catalán y «democratizar el acceso a la función judicial» y que sirvan para «estimular vocaciones» en Cataluña.

Así lo ha explicado durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Parlamento catalán para explicar el presupuesto de su Consejería. «Agilizaremos el funcionamiento de la justicia, de rebote fomentaremos el uso del catalán y democratizaremos el acceso a la función judicial de toda la ciudadanía, sea cual sea su circunstancia económica», ha defendido Ciuró sobre estas becas.

Concretamente, ha defendido que estas becas ayudarán a que no haya «tantísima movilidad de jueces» como ahora, que ocurre porque muchos nuevos jueces ocupan vacantes en Cataluña a pesar de ser de otras comunidades, y a menudo pronto piden el traslado a sus zonas.

ESTIMULAR VOCACIONES EN CATALUÑA

En este sentido, la consejera ha lamentado que «tanta movilidad afecta a la calidad de la justicia» e impacta directamente en la agilidad de la justicia porque cuando un juez pide el traslado pasan varios meses», por lo que confía en que las becas contribuirán a paliarlo.

También ha alegado que las becas tienen que servir para «estimular vocaciones» en Cataluña, donde ha señalado que no ha habido mucha tradición de opositar, y cree que favorecerá a que se use más el derecho civil catalán.

Respecto al uso del catalán en los tribunales, ha explicado que el Departamento mejorará el programa de fomento del catalán junto con el Consejo de la Abogacía de Cataluña (Cicac), y ha anunciado que incrementarán el de 14 a 20 euros incentivo por presentar escritos judiciales en catalán, para lo que se han presupuestado 232.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en las localidades de Málaga, Marbella, Fuengirola y Alicante de siete integrantes de dos organizaciones criminales suecas, extremadamente violentas, asentadas en la Costa del Sol y que estaban enfrentadas desde el año 2013.

La lucha de las dos organizaciones se inició a raiz del asesinato en 2013 del líder de uno de los grupos, lo que desencadenó en numerosos hechos sangrientos acontecidos, principalmente en Suecia, habiendo utilizado incluso explosivos para acabar con la vida de los miembros rivales, poniendo en grave peligro a la ciudadanía, según han informado desde la Comisaría Provincial en una nota.

Las dos bandas desplazaron sus disputas hasta la provincia de Málaga. Los agentes especialistas en la investigación del crimen organizado tuvieron conocimiento del desembarco de estos ciudadanos suecos, tras un incidente con armas de fuego ocurrido en mes de septiembre contra un establecimiento marbellí. Actuación que se saldó con la detención de varios miembros de una de las organizaciones.

Tras ello, el pasado 30 de octubre, se produjo otro altercado en un establecimiento marbellí, donde cinco individuos provistos con armas de fuego intentaron secuestrar a un cliente, lo amenazaron, golpearon e intentaron introducirlo por la fuerza en una furgoneta, si bien, finalmente, pudo zafarse y huir.

Pero un día después, a las 03.00 horas de la mañana, un nuevo episodio de violencia aconteció en la vía pública de Fuengirola cuando dos hombres encapuchados tirotearon a los tres ocupantes de una furgoneta, dándose a la fuga. Uno de los ocupantes del vehículo resultó herido de gravedad, siendo ingresado de urgencia en un centro médico.

Los agentes consiguieron acreditar y relacionar a las víctimas del tiroteo con la tentativa de secuestro, resultando ser los atacados los presuntos autores del mismo. Así, la investigación se centró en identificar y localizar a ambas partes en el menor tiempo posible, al tener la certeza que podrían sucederse más hechos violentos debido a la rivalidad existentes entre las bandas.

Este dispositivo policial culminó con la identificación y detención de siete personas, apenas tres días después del suceso –dos de ellos fueron detenidos en la provincia de Alicante–, miembros de ambas organizaciones criminales. Además fueron practicados varios registros donde los agentes intervinieron vehículos, dispositivos móviles y 12.000 euros en efectivo.

El Juzgado encargado de la causa ha decretado el ingreso en prisión provisional de todos los investigados, por delitos de tentativa de homicidio, tentativa de detención ilegal, organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia.

El Gobierno pondrá en marcha «a la mayor brevedad» posible un instrumento de cribado universal para la detección «precoz» y «efectiva» en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Atención Primaria a posibles víctimas de violencia machista.

Así lo ha asegurado este jueves la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en declaraciones a los medios tras la reunión de la Conferencia sectorial del ramo, que se ha celebrado en el Senado.

Los datos, ha explicado Rodríguez, señalan que, a veces, las mujeres «que no pueden acudir o no quieren acudir a otras puertas de entrada a las instituciones, acuden sin embargo a su médico cabecera». Es por eso que, desde Igualdad, consideran urgente la puesta en marcha de esta medida.

La secretaria de Estado ha apuntado que será «próximamente», en la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en donde se apruebe un modelo que, según ha explicado, está «inspirado» en el que está funcionando «con éxito» ahora en la Comunidad Valenciana y que, a su juicio, ha de ser «referencia» para el resto del país.

MODERNIZACIÓN DEL PACTO

Esta iniciativa se incluye dentro del plan de modernización del Pacto de Estado contra la violencia de género que el Ministerio comenzó en verano y que ya tiene el 80% de sus medidas desarrolladas, según Rodríguez.

De hecho, en su intervención ha explicado que, en «próximas semanas» el departamento que dirige Irene Montero presentará la nueva guía actualización de todos los protocolos contra la violencia de género que, ha apuntado, supone la respuesta a la falta de renovación de los mismos. «Nos hemos encontrado protocolos que llevaban décadas sin actualizar», ha confesado la secretaria de Estado.

Del mismo modo, ha señalado que la guía es una «muy buena herramienta» para poner solución al problema con el que, ha recordado, Igualdad se encontró este año en algunos asesinatos de mujeres, de que «había mujeres que habían iniciado su recorrido institucional para salir de la situación de violencia» y que «las instituciones no habían hecho su parte».

NUEVO TÍTULO

También en materia de violencia machista, Rodríguez ha anunciado que, en esta primera reunión de la Conferencia sectorial de Igualdad –la primera presencial tras la pandemia– se ha aprobado por unanimidad de todas las CCAA un nuevo título habilitante para las mujeres víctimas.

Esta medida, ha indicad, abre puertas «más amplias» a las instituciones y que esta smujeres puedan acceder de forma más efectiva a sus derechos reconocidos como víctimas. De este modo, ha indicado la ‘número dos’ de Montero, se evita la revictimización y permite a una mujer que haya sufrido violencia en Madrid, acceder a sus derechos en Andalucía sin que exista una descoordinación en la administración.

Para Rodríguez, esta noticia es el «mejor mensaje» que se puede lanzar a las víctimas «como instituciones» en el mes de noviembre, en el que –el día 25– se celebra el Día Internacional contra esta lacra.

En general, ha explicado Rodríguez, ha habido en la reunión «la máxima sintonía» entre Gobierno y CCAA, también en otros temas tratados, como la necesidad de flexibilizar los criterios de gasto en el Plan Corresponsables o, también dentro de esta iniciativa, la necesidad de «apurar plazos» para que «a la mayor brevedad posible» las cuidadoras no profesionales ya se puedan acreditar como tal.

CATALUÑA PIDE MÁS FINANCIACIÓN

En este sentido, la secretaria de Estado ha explicado que se está trabajando con el Ministerio de Educación para que exista esta categoría y que se pueda empezar a acreditar a estas mujeres mayores de 52 años que «una de las mayores prioridades» para Igualdad.

Tras la reunión, también se ha pronunciado ante los medios la directora general para la erradicación de las violencias machistas de la Generalitat de Cataluña, Laia Rosich, quien ha mostrado su apoyo al posicionamiento del Ministerio en torno a las transformaciones feministas, aunque reclaman más presupuesto y respeto a las competencias de la Generalitat en ciertas materias.

Rosich ha recordado que Cataluña cuenta con leyes propias en este aspecto que, por ejemplo, actúan en una visión más amplia de la violencia que la normativa estatal, que solo se refiere a la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja. De ahí, ha insistido, que necesiten una mayor financiación que la que actualmente reciben.

Preguntada la postura de los grupos parlamentarios catalanes que han solicitado la eliminación de la terecería locativa (que permite penalizar a quien ceda una vivienda o un local para el ejercicio de la prostitución) de la conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, la directora general para la erradicación de las violencias machistas de Cataluña ha mostrado su apoyo.

A su juicio, la norma impulsada por Igualdad tiene otro fin y la tercería locativa abre un debate que no es el que se pretende con esta norma.

Aún así, Rosich ha explicado que la Generalitat no tiene un posicionamiento sobre la prohibición o regularización de la prostitución. Su postura, ha explicado, es acabar con la explotación sexual de personas que ejercen contra su voluntad y, en el caso de aquellas que sí lo hacen, garantizar al máximo sus derechos para que puedan vivir sus vidas con el máximo de derechos posibles.

El PP ha puesto en marcha una proposición no de ley en Les Corts «en defensa de lo más importante», las señas de identidad, ante el «ataque sistemático» que consideran que padecen los símbolos de los valencianos, «avalado además por la Mesa del Senado».

Así lo ha anunciado la portavoz adjunta de los ‘populares’, Elena Bastidas, en declaraciones a los medios este jueves en el parlamento, después de que la Mesa del Senado haya ratificado, con el beneplácito de un informe de los servicios jurídicos, que se pueda emplear el término ‘País Valenciano’ o ‘Países Catalanes’ en las iniciativas oficiales para referirse a la Comunitat Valenciana, algo que el PP rechaza porque cree que va en contra de la Constitución y del Estatut d’Autonomia.

En este sentido, Bastidas ha considerado que con esta iniciativa parlamentaria, habrá ocasión de «conocer el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios a la vista de ese ataque sistemático, avalado además por la Mesa del Senado, que es algo incomprensible».

Para Bastidas, «habrá ocasión de comprobar qué es lo que piensa y cómo se posiciona cada grupo respecto a un ataque sistemático por parte de la izquierda valenciana y española a una de las cosas más importantes que tenemos, que son nuestras señas».

También se han pronunciado al respecto los portavoces de los grupos del Botànic. Por parte del PSPV, Manolo Mata ha insistido en que las mesas de las Cortes «no pueden censurar» lo que digan los diputados. «Algún diputado puede decir la tontería que quiera, pero la mesa no puede censurar las peticiones», ha aseverado.

Para Mata, «si el problema es quien diga Països Catalans, habrá que poner a parir a esos, no a quienes se limitan a adverar que el reglamento del Senado, ni del Congreso, ni de Les Corts impiden que alguien llame lo que sea así». «Hay diputados para todos los gustos y para todos los colores», ha agregado.

Preguntado si se siente cómodo con este término, Mata ha indicado que «en absoluto» y que «nunca lo ha utilizado» ya que no considera que exista esta realidad «cultural, política ni socialmente». «Sí que creo que en la antigua Corona de Aragón hay unos vínculos afectivos», ha matizado y ha reivindicado la reciente cumbre en Zaragoza entre empresarios y gobiernos de los cuatro territorios.

«FANTASMAS DEL PASADO»

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha aseverado que el PP ha vuelto a «recuperar los fantasmas del pasado» y a «hablar de problemas que no son los que tienen los valencianos en la cabeza». «Es un problema que solo existe en la cabeza del PP y de la derecha», ha agregado.

Para Ferri, «en una democracia y en un país avanzado no se tiene que definir a cada ciudadano por como se expresa o como habla siempre que esté dentro del marco de los derechos humanos». Así, ha criticado que la derecha apoye «leyes y discursos que utilizaban los gobiernos nazis cuando definían qué era ser un buen alemán o qué no».

Preguntado sobre el término ‘Països Catalans’, el síndic ha indicado que se siente cómodo con él «depende de a qué se refiera». «Si estamos hablando de un espacio económico o cultural, se puede utilizar igual que podríamos decir ‘Països Valencians’ o ‘Països Balears’, donde se utiliza una lengua común», aunque ha rechazado su uso en otras cuestiones.

Por parte de Unides Podem, la portavoz adjunta, Estefanía Blanes, ha indicado que cada uno puede utilizar el nombre que considere y aunque en su formación sí hay «compañeras que lo usan», ella prefiere ‘País Valenciá’, aunque no considera que sea «imponible a otros diputados».

En este sentido, ha defendido que aunque en documentos oficiales exista una terminología, en los ámbitos públicos y privados prevalezca la libertad de expresión de los diputados para utilizar el término con el que más cómodos se sientan.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que corrija los «errores materiales» que ha observado en la sentencia que le condenó a dos años de cárcel por pagar parte de las obras de reforma de la sede de Génova con la ‘caja b’ del partido, para aclarar específicamente que su responsabilidad civil queda limitada a 123.669 euros.

En un escrito, la defensa de Bárcenas pide a la Sala de lo Penal que aclare, subsane y complemente su sentencia del pasado 28 de octubre al considerar que «contiene algunos errores materiales involuntarios», señalando que con uno de ellos se le ha generado «indefensión» por «nocoincidir lo dispuesto en el fallo con lo contenido en los fundamentos jurídicos» respecto a la responsabilidad civil.

Precisa que esta «incongruencia» se debe a que, a causa de la redacción, parece que en el fallo se condena a Bárcenas como responsable civil directo y solidario junto a Gonzalo Urquijo y Belén García, los socios de Unifica –el estudio de arquitectura que reformó Génova–, a pagar 870.521,32 euros de la cuota defraudada en el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007, mientras que en los fundamentos jurídicos se limita la responsabilidad civil del ex tesorero a «la cuota procedente de los pagos en ‘b’ que fueron ingresos no declarados (…), calculada en 123.669 euros».

«Es evidente que, si en los fundamentos jurídicos se limita de forma clara la cuantía en 123.669 euros, en el fallo no se le debe condenar en la cuantía que se le aplica a Gonzalo Urquijo y Belén García, y de modo subsidiario a la sociedad Unifica, de 870.521,32 euros, sino en la referida de 123.669 euros, por lo que solicitamos sea aclarado el fallo», reclama la defensa.

Además, la letrada Marta Giménez-Cassina aprovecha el escrito para personarse en la causa como nueva abogada de Bárcenas, dado que ha asumido completamente su representación procesal, en sustitución de Gustavo Galán.

UNIFICA DICE QUE PAGÓ MÁS EN EL EJERCICIO DE 2007

Se adhiere asimismo al escrito de rectificación presentado por Unifica, que se refiere igualmente a «errores materiales» relacionados con la declaración del IS de 2007. En concreto, la empresa considera que existe un fallo en el importe abonado en ese ejercicio, que habría sido de 222.256,09 euros y no de 80.633,15 euros, como recoge la sentencia.

En su escrito de rectificación, el estudio de arquitectura sostiene que esos 222.256,09 euros abonados a la Agencia Tributaria son «la cifra a detraer de la cuota resultante», si bien este matiz dejaría «la cuota realmente defraudada» en la misma cuantía: los 870.521,32 euros antes mencionados.

Unifica detalla que «lo realmente abonado» por la empresa a la Hacienda Pública «por el Impuesto sobre Sociedades del año 2007 ascendió a 222.256,09 euros divididos de la siguiente forma: 217.861,82 euros en tres pagos fraccionados, 4.394,27 euros en concepto de retenciones e ingresos y pagos a cuenta en participaciones de instituciones de inversión colectiva y los 80.633,15 euros de la cuota a ingresar de la autoliquidación.

Se trata, apunta la empresa, de errores relacionados con el resultado contable, las retenciones, los ingresos y pagos a cuenta y con el tipo de gravamen que reflejan discrepancias con un informe emitido por la propia Agencia Tributaria en 2015, el cual dice expresamente que, pese a figurar un gravamen del 30%, la cuota íntegra de la declaración se calculó aplicando el 32,5%.

En consecuencia, Unifica demanda que se completa el cuadro que desgrana el IS de 2007 con esta mención o que se consigne este último porcentaje como el tipo aplicado efectivamente por la sociedad en el impuesto de ese año.

De igual forma, el estudio constata errores en el ejercicio económico del mismo año y, en particular, relacionados con las cuotas íntegra, integra ajustada positiva, líquida positiva así como con las retenciones, ingresos y pagos a cuenta en las participaciones de instituciones de inversión colectiva.

RECURSOS EN MARCHA

Por su parte, el Partido Popular, que fue condenado como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros, ya ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional donde anuncia su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas.

No obstante, de forma simultánea la AN absolvió al PP como responsable civil subsidiario por un delito contra la Hacienda Pública en relación al Impuesto de Sociedades de 2008. La sentencia concluyó que las acusaciones populares carecen de legitimación para sostener tal acusación en solitario, sin el respaldo de Fiscalía o Abogacía del Estado.

En todo caso, el tribunal aclaró que, dado que esas rentas en ‘b’ se dedicaron a pagar parcialmente la reforma de Génova y a la cuenta de donativos oficiales, «es decir, al objeto y finalidad del partido», estaban exentas de tributar en el IS de 2008 y recalcó que, incluso en el caso de que no estuvieran exentas, «la cuota defraudada resultante sería muy inferior al límite penal», por lo que no apreció delito fiscal alguno en este punto.

El hecho de que las acusaciones populares persiguieran en solitario este delito fiscal propició que fueran condenadas «a pagar de forma proporcional las costas causadas a la defensa del PP».

Precisamente este razonamiento –la falta de delito fiscal, la ausencia de legitimación y la condena en costas– será uno de los impugnados en los recursos de casación que todas las acusaciones populares (las de ADADE y diputados socialistas valencianos y madrileños; la encabezada por Izquierda Unida; y la de DESC que representa el abogado Gonzalo Boye) han comunicado a la AN que presentarán, de acuerdo con las fuentes consultadas.

LAS OBRAS DE GÉNOVA

La sentencia estableció que mientras Bárcenas ejerció de gerente (1990-2008) y tesorero (2008-2009) del PP «gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela –contabilidad ‘b’- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial, ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas».

Fue condenado por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por el IS de 2007 de Unifica, en concurso a su vez con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por pagar más de un millón de euros de las obras de Génova con el dinero acumulado en esa ‘caja b’, que estaba ubicada en su mismo despacho, según reveló el fallo.

Al mismo tiempo que condenó a Bárcenas, Urquijo y García –estos últimos a 2 años y 9 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública relativo al IS de 2007 en concurso con uno continuado de falsedad en documento mercantil–, y al PP y Unifica como responsables civiles subsidiarios, el tribunal les absolvió de los demás delitos y exoneró completamente al que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada del estudio de arquitectura Laura Montero.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que la decisión de Bruselas de recortar hasta el 4,6% su previsión de crecimiento de España en 2021 demuestran que las recetas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez «no son las correctas y no están funcionando».

«España con las políticas socialistas y comunistas se está quedando atrás y los españoles lo que necesitan es un cambio de políticas económicas y una alternativa distinta. El PP la va a liderar», ha declarado a los periodistas en el Congreso.

Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea calcule que la economía española crecerá un 4,6% en 2021, lo que supone un recorte de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la estimación que hizo en julio, mientras que el aumento del nivel de precios al cierre de este año se situará en un 2,8%.

Gamarra ha señalado que Bruselas «ha parado en seco la huida hacia adelante del Gobierno de Pedro Sánchez» y ha criticado que en el debate del Congreso de este miércoles se definieran como un Gobierno «prudente y responsable». «Las previsiones de Bruselas lo que demuestran es que ni son prudentes ni son responsables porque sus previsiones no lo son», ha apostillado.

La dirigente del PP ha señalado que con estas rebaja de las previsiones por parte de Bruselas «queda claro» que los Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando en el Parlamento «se sustentan en un cuadro macroeconómico que es absolutamente mentira».

En este sentido, ha señalado que esas previsiones de Bruselas demuestran que las políticas económicas del Gobierno «no son las correctas y no están funcionando». A su entender, lo que necesita España es «otra política económica y certezas, no mentiras» como la del cuadro macroeconómico de los PGE.

Además, ha destacado que mientras Bruselas baja la previsión de crecomiento de España al 4,6% «Francia se sitúa en 6,5% e Italia se sitúa por encima del 6%». Según ha recalcado, España con las políticas «socialistas y comunistas se está quedando atrás».

COMPARECENCIA DE ESCRIVÁ POR LAS PENSIONES

Por otra parte, y tras las informaciones acerca de que la UE obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, Gamarra ha exigido que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparezca con urgencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

Según ha recalcado, el ministro tiene que explicar en sede parlamentaria «cuáles son los acuerdos a los que ha llegado con Bruselas en relación con las pensiones». Tras criticar que este miércoles «no dijera absolutamente nada de esto» en el Congreso, ha acusado al Ejecutivo de estar «engañando a los españoles» con este asunto.

«Los españoles no merecen levantarse y leer en los periódicos que se les quiere recortar las pensiones por Sánchez», ha dicho, para añadir que en su día el socialista José Luis Rodríguez Zapatero las «congeló» y ahora todo apunta a que «está previsto un recorte de las mismas».

Por eso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha insistido en que Escrivá debe comparecer en sede parlamentaria y «decir la verdad sobre qué es lo que va a hacer con las pensiones de los españoles».

Cada español gastará este año una media de 66,60 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre, frente a los 65,66 euros de 2020, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Esta cantidad es estimativa ya que el dato será definitivo cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo, cuyo anuncio publicitario se ha presentado este jueves 11 de noviembre en una rueda de prensa telemática.

De este modo, los más de 66 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace SELAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

El presidente de Loterías, Jesús Huerta, que ha agradecido su labor a los medios de comunicación y a todos los que componen SELAE, ha afirmado este jueves que «la hora de la verdad» de las ventas de la Lotería de Navidad es desde ahora hasta el día 22 de diciembre.

No obstante, Huerta ha destacado que los niveles de ventas en verano han sido «prácticamente a la altura» de 2019 «que fue muy buen año», aunque ha indicado que en octubre se ha detectado «un cierto paron» cuyas causas se están estudiando.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 104,24 euros, seguida de Asturias (96,82 euros), La Rioja (96,77 euros), Aragón (91,92 euros), Cantabria (85,66 euros), País Vasco (77,93 euros), Comunidad de Madrid (77,89 euros), Comunidad Valenciana (75,03 euros), Castilla-La Mancha (73,21 euros) y Galicia (67,76 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (15,18 euros) y Ceuta (16,28 euros), seguidos de los de Baleares (38,65 euros), Canarias (41,45 euros), Andalucía (52,98 euros), Cataluña (53,07 euros), Extremadura (55,99 euros), Navarra (56,07 euros) y Murcia (65,64 euros).

Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (528,1 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (448,4 millones de euros), Cataluña (412,8 millones de euros), Comunidad Valenciana (379,4 millones de euros), Castilla y León (249,6 millones de euros), Galicia (183 millones de euros), País Vasco (173 millones de euros), Castilla-La Mancha (149,7 millones de euros) y Aragón (122,1 millones de euros).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada son Melilla y Ceuta con 1,32 millones de euros y 1,37 millones de euros, respectivamente, La Rioja (30,9 millones de euros), Navarra (37 millones de euros), Baleares (45,2 millones de euros), Cantabria (49,9 millones de euros), Extremadura (59,5 millones de euros), Canarias (90,1 millones de euros), Asturias (98,6 millones de euros) y Murcia (99,2 millones de euros).

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que la entrada en vigor de la nueva plusvalía podría suponer un «riesgo» para los contribuyentes por las incertidumbres generadas con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre y la regulación legal del impuesto aprobada mediante Real Decreto-Ley.

En este marco, los Inspectores de la Hacienda local han lamentado que los ayuntamientos hayan sido «ignorados» en la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional.

«Máxime teniendo en cuenta la trascendencia del texto definitivo en las arcas municipales, cuya merma deberá compensar el Estado, lo que disparará aún más el déficit público», ha avisado la asociación.

AVISAN DE LA «OLEADA» DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Los Inspectores de la Hacienda local consideran que la reforma legal de la plusvalía municipal llega «cuatro años tarde», al tiempo que han criticado que las prisas de última hora han llevado a una regulación por Real Decreto Ley que «dará lugar a una oleada de recursos de inconstitucionalidad».

Asimismo, sostienen que desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 se ha generado una «incertidumbre innecesaria» que ha perjudicado la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la Administración, así como la labor diaria de los funcionarios locales, en especial del personal inspector que debe tratar directamente con los ciudadanos en su labor de lucha contra el fraude fiscal.

En este sentido, la asociación apunta que los términos acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre y la regulación cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 10 de noviembre vaticinan nuevos conflictos que deberán ir resolviendo los Tribunales de Justicia con la consecuente inestabilidad que tanto perjuicio causa a ciudadanos y entidades locales.

No obstante, admite que en el Real Decreto Ley que ahora entra en vigor se atiende en mayor medida al principio de capacidad económica y que algunas novedades como la tributación de transmisiones inferiores a un año, en muchas ocasiones puramente especulativas, sí satisfacen anteriores propuestas municipales y principios de justicia tributaria.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha editado a través de su Servicio de Publicaciones Iberoamérica en pospandemia ‘Diálogos desde la comunicación y la cultura’, un volumen que recopila once artículos científicos inéditos, donde se disecciona las consecuencias y adaptaciones que el Covid-19 ha provocado sobre el derecho a la información, la divulgación científica, el arte o la sociedad.

Según ha detallado la UNIA en un comunicado, tras esta publicación, accesible para su descarga gratuita desde el repositorio de la UNIA, se encuentran la docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México Diana Álvarez-Macías, la profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México Diana Elisa González-Calderón, y el profesor de la Universidad de Buenos Aires Claudio Lobeto.

En su investigación, los distintos autores analizan fenómenos durante y tras la pandemia, con el fin de entender los desafíos a los que ahora se enfrenta la sociedad, en un escenario «complejo» que vincula a cada persona dentro de un escenario mundial desde lo local y familiar. Para generar la reflexión de los aciertos, los errores y los temas pendientes, el trabajo busca servir como intercambio de experiencias y aporta propuestas de intervención desde los ámbitos social, cultural y de comunicación.

El libro está prologado por el director durante una década de la Maestría en Comunicación Audiovisual en el Espacio Iberoamericano de la UNIA en La Rábida (Huelva), Tomás Bethencourt. En su texto, ha subrayado «el rigor en el análisis, las reflexiones meditadas y un tratamiento geográfico muy acertado» de los diferentes capítulos. Además, el profesor ha manifestado que la obra «está impregnada de un sentido de solidaridad que señala la poderosa personalidad del área iberoamericana como bloque de naciones que se sitúan por encima de los avatares de la historia».

COOPERACIÓN IBEROAMERICANA DE CONOCIMIENTO

Esta nueva publicación surge a iniciativa de la Red Iberoamericana de Investigadores, Académicos y Productores Transmedia, una organización integrada por investigadores, profesores y realizadores audiovisuales de distintos países, que nació en España en 1997 con el nombre en sus inicios de Red Ravida. El objetivo de este colectivo es promover el intercambio de recursos académicos, científicos y humanos con el fin de lograr un mayor aprovechamiento del conocimiento dentro de las comunidades de Iberoamérica.

Gracias al trabajo realizado por esta red desde su fundación, se han producido «multitud» de publicaciones, proyectos audiovisuales y planes de gestión cultural que reflexionan sobre la realidad de la región y fortalecen el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego ha manifestado este jueves que vería «muy inteligente» la opción de «potenciar el ticket electoral Ayuso-Almeida», convencido de que «es lo que necesita» Madrid y de que resultaría «imbatible».

Así lo ha manifestado tras ser preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, acerca de cómo vería el impulso de un acuerdo para dirigir el PP en Madrid en el que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fuese la presidenta, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se situase como número dos.

Feijóo, quien la semana pasada recordó que lo «habitual» en el PP es que los presidentes de comunidades también dirijan el partido en sus ámbitos territoriales y que lo que le parecería «sorprendente» es que Ayuso no optase a hacerlo, se ha remitido a sus palabras de la semana pasada y ha reiterado que no ha cambiado de opinión.

También ha subrayado que una semana atrás dijo que el ruido político interno «no beneficia a nadie» y ha celebrado que haya «disminuido», convencido de que el PP de Madrid hallará «la fórmula adecuada» para el éxito de la formación.

Hallarla, ha dicho, no corresponde a los dirigentes autonómicos y «ni siquiera a los dirigentes del partido», sino que serán los militantes del PP de Madrid los que decidan quién les preside una vez que se convoque el congreso, en la línea de lo que sucede en aquellas autonomías en las que hay cónclave.

«Podrán decidir con libertad y democracia interna qué presidente del partido quieren, como en el resto de comunidades», ha subrayado, antes de aludir al próximo congreso previsto en Andalucía y de añadir que ahora se irá paulatinamente «consolidando el calendario» de este tipo de citas para ratificar las direcciones.

«MUY INTELIGENTE» POTENCIAR EL TÁNDEM

En todo caso, ante la pregunta formulada y la polémica abierta, el presidente gallego ha proclamado que «potenciar el tiquet electoral Ayuso-Almeida» es lo que «necesita» Madrid porque es «imbatible».

«Sería muy inteligente potenciarlo», ha insistido, antes de aludir a los buenos resultados electorales de ambos y de remarcar que son el tándem ideal para «seguir ganando» comicios, «lo que todos» desean en el partido, formen o no parte de la Comunidad de Madrid.

La Policía Nacional de Huelva ha informado este jueves de que todos los indicios sobre la muerte de los dos desaparecidos el pasado 26 de octubre –un hombre de 73 años y una mujer de unos 60–, cuyos cuerpos fueron hallados en el interior de un coche sumergido por la zona del Espigón el pasado sábado, «apuntan a que se ha tratado de una muerte accidental, sin la intervención de terceras personas».

Así lo han indicado desde el cuerpo policial, que ha informado de ello después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva haya levantado el secreto de sumario que pesaba sobre la causa tras hallarse los cadáveres de estas dos personas.

En este sentido, desde el TSJA han apuntado que, según el informe preliminar de las autopsias practicadas a los cadáveres, ambos fallecieron por sumersión, «no presentando en ningún caso signos de violencia». Por ello, han reiterado que «en principio, la causa de las muertes es accidental, no existiendo ningún otro indicio que indique lo contrario».

De este modo, tras 12 días desaparecidos, el pasado sábado por la mañana la Policía Nacional de Huelva recibió el aviso por parte de un ciclista que transitaba por el puente de acceso al dique Juan Carlos I de que le pareció ver en el agua el techo de un vehículo hundido en el agua.

Por ello, rápidamente se activó el dispositivo y tras un largo operativo dada «la fuerza de la corriente y la nula visibilidad», alrededor de las 20,00 horas, gracias a los buzos, bomberos y un camión con pluma, se consiguió extraer el vehículo Peugeot 308 del agua.

En su interior se hallaban los cuerpos de ambos desaparecidos que, en principio, no presentaban signos de violencia, según apuntaron fuentes policiales. Posteriormente, el domingo se practicó la autopsia a ambos cuerpos para determinar las causas de la muerte.

Desde la Policía Nacional han destacado el trabajo desarrollado por los integrantes del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huelva, subrayando que desde que se interpusieron las denuncias por desaparición «no han dejado de trabajar de forma continuada para lograr el esclarecimiento de los hechos».

De la misma manera, han subrayado «la implicación» de la Comisaría Provincial «en su conjunto», lo que, han añadido, «se tradujo en la realización de un dispositivo de búsqueda en el que intervino un helicóptero de la unidad de medios aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental el día 3 de noviembre».

Según han explicado, la búsqueda con el helicóptero se centró en un área que comprendía el lugar donde se localizó finalmente el vehículo. Por último, han agradecido la colaboración prestada por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Bomberos de Huelva.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado este jueves que los ocho mandatarios autonómicos que se darán cita el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela en la Cumbre de Presidentes para hablar sobre financiación autonómica también abordarán otros asuntos, como la prohibición de cazar lobos tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestre de Protección Especial (LESPRE) y la despoblación.

Así, el mandatario autonómico de Cantabria considera que esta cita es «muy importante» porque, tal y como ha dicho, aglutinará a los territorios que conforman el 55 por ciento del territorio de España y al 18% de la población del país para reclamar una financiación autonómica «acorde al coste de los servicios».

Además de Cantabria y Galicia, están convocadas al encuentro Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y La Rioja.

Revilla ha subrayado que en dicha reunión se dará cita la «España alejada de Madrid y de la grandes urbes», la que cuenta con una población «dispersa» y «envejecida» y la que defiende que en el nuevo modelo de financiación autonómica se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios frente al criterio de la población para que estos territorios puedan tener buenos servicios públicos.

Revilla ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha hecho balance, junto con los consejeros Paula Fernández y Javier López Marcano, de los encuentros institucionales mantenidos esta semana en Bruselas con representantes europeos sobre el Corredor Atlántico ferroviario.

POSTERIOR ENCUENTRO CON BARBÓN

Además, Revilla ha anunciado que el 24 de noviembre, un día después de esa cumbre de presidentes, se reunirá en Cantabria con su homólogo asturiano, Adrián Barbón, en el castillo de Argüeso, en la Hermandad de Campoo de Suso.

Según ha detallado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, este encuentro se celebra con motivo del encargo hecho desde el Gobierno de España a Cantabria y Asturias para llevar a cabo del panel ciudadano sobre mundo rural y despoblación dentro de las acciones que se están llevando a cabo dentro con motivo de la Conferencia sobre el futuro de Europa.

En este encuentro, además de contar con la presencia de Revilla y Barbón, se celebrarán varias mesas de debate sobre la temática en cuestión y contará con la asistencia a la clausura del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha insistido en que no tomará declaración a la exasesora de Podemos Dina Bousselham hasta no conocer el informe pericial sobre la tarjeta SD de su teléfono. Todo ello, después de que la Sala de lo Penal encomendase al instructor a escuchar a Dina, a su pareja Ricardo Sa Ferreria y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

En un auto fechado este jueves, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 recuerda que el instructor de la causa, Manuel García Castellón, solicitó conocer el contenido de la tarjeta antes de acordar la citación de Bousselham al considerar que de esa pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación, condicionando por tanto el modo de acordar la citación.

Así, y pese a que la Sala le instase a ello, el juez pide ahora un poco más de tiempo. «Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención», justifica.

Fue el pasado mes de octubre cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y revocó el auto de pase a procedimiento abreviado del ‘caso Dina’, la pieza de la macrocausa ‘Tándem’ en la que se investiga el robo de la tarjeta a Bousselham, ordenando al juez nuevas diligencias.

El Ministerio Público se opuso a la decisión del juez, que resolvió finalizar la fase de investigación de la causa el 7 de octubre de 2020 proponiendo juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La Sala resolvió entonces las alegaciones de las partes y accedió a la práctica de las diligencias pedidas por la Fiscalía, que consideraba «procedentes a los fines de la instrucción». En esta línea, señalaba que a lo largo de la investigación Bousselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por un medio digital que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella.

Así, y para agotar la instrucción, añadía la Sala, se hacía preciso conocer, en la medida de lo posible, el origen de la divulgación por los medios de comunicación desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono de Bousselham «que no está en estas circunstancias y a lo que» su declaración «podría contribuir.

EL CONTENIDO DEL INFORME PODRÍA «CONDICIONAR EL MODO» DE LA CITACIÓN

Con todo, Gadea considera que el contenido de ese informe podría servir para «obtener extremos esenciales para la investigación» que, a su vez, podrían «condicionar el modo» en que tanto Bousselham como Sa Ferreira «deberán ser citados», afectando de igual forma a la declaración de Pino y «de los dos peritos» de la Sección de Ingeniería e Informática Forense.

En esta línea, el magistrado recuerda que en la exposición razonada que envió al TS el pasado mes de octubre, García Castellón «puso de manifiesto la existencia de indicios de participación en hechos aparentemente delictivos tanto de Dina Bousselham como de Ricardo Sa Ferreria». Concretamente, por denuncia falsa y falso testimonio.

En la misma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicitaba al Alto Tribunal que también investigara al entonces vicepresidente segundo del Gobierno por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Así las cosas, el juez explica que «si del resultado del análisis pericial resultaran elementos de cargo que consolidaran los indicios ya apuntados» en la exposición razonada, «la declaración de ambos debería sujetarse, al menos, a las mismas ‘garantías’ que se exigenpara Eugenio Pino».

Además, Gadea señala que actualmente no se puede «entrar a valorar la conexión de estas infracciones con las que sonobjeto del presente procedimiento» y tampoco «la competencia» del juzgado para conocer los «delitos de falso testimonio». Eso sí, el magistrado cree que podría servir como criterio orientador lo dispuesto por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal».

EL ORIGEN DEL CASO DINA

A través de sucesivas diligencias y resoluciones, el juez ha ido perfilando el relato de lo que habría ocurrido desde que a Bousselham le robaron el teléfono móvil en el IKEA de Alcorcón hasta que Iglesias le devolvió la micro SD dañada.

García-Castellón sostiene que la tarjeta estaba en buen estado cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con Iglesias para entregársela –después de que cayera en las manos del medio de comunicación– con el propósito de que volviera a su legítima propietaria.

El entonces líder ‘morado’ pudo consultar la tarjeta en un ordenador en la misma sede del Grupo Z y después la tuvo unos meses, sin que conste que en ese lapso temporal la compartiera con nadie más, hasta que finalmente se la devolvió a Bousselham, que ya no pudo acceder al contenido de la misma porque estaba dañada.

El dispositivo ha sido escudriñado por una empresa especializada que contrató la propia Bousselham para recuperar la información, pero esta compañía informática, asentada en Reino Unido, advirtió de que no era posible por los métodos habituales y que debían acudir a otros más sofisticados y caros, que Dina descartó.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado once meses de prisión para cada uno de los padres de dos hermanos del occidente asturiano que no fueron a clase de forma continuada por temores relacionados con la Covid-19.

El Ministerio Fiscal sostiene que desde el inicio del curso 2020/2021 hasta la fecha, los acusados, como padres de dos menores nacidos en 2006 y en 2010, sin existir causa justificada, no procuraron la asistencia de éstos a los centros educativos donde cursan, respectivamente, 2º de la ESO y 5º de Primaria, para recibir la educación presencial reglada. El primero acudió, en una ocasión, a hacer un examen.

Pese a sucesivos requerimientos desde los centros escolares informándoles de las consecuencias del persistente absentismo, con activación del correspondiente protocolo según indicaciones de la Consejería de Educación, los padres se mantuvieron en su postura alegando motivos incoherentes.

Entre los motivos que afirmaron estaban que «las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impiden un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje» y que «la distancia social impuesta genera sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras».

Del mismo modo, alegaron que «la visión continuada de personas y compañeros con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones, fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal, obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado, impide una comunicación fluida, modula defectuosamente la vocalización (timbre) impidiendo la adecuada comprensión del lenguaje y, contrariamente a uno de los pilares fundamentales que se pretenden con la escolarización, potencia la individualidad frente a la colectividad».

Los acusados inscribieron a sus hijos en una escuela a distancia, americana, a pesar de saber que no está homologada en España, y por lo tanto sin ningún reconocimiento, y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral. Incumplieron, de esta forma y de manera grave, los deberes inherentes a la patria potestad.

En fecha 14 de diciembre de 2020 fueron requeridos por la Sección de Menores de la Fiscalía para que cumpliesen con la obligación de garantizar la escolaridad de sus hijos, recordándoles nuevamente que en España no está permitida legalmente la escolarización domiciliaria e informándoles de que el incumplimiento grave de esa obligación podría ser constitutiva de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares para continuar con su formación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia del artículo 226.1 del Código Penal y de un delito de desobediencia grave del artículo 556.1. Ante esto, solicita que se condene a cada uno de los acusados a cuatro mmeses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de abandono de familia y a siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de desobediencia. Abono de las costas procesales por mitades.

La vista oral está señalada mañana, 12 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.

La dirección del Grupo Socialista en el Congreso estudiará en los próximos días el caso de Odón Elorza, que ha roto la disciplina de partido al no apoyar a uno de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional, y será entonces cuando tome una decisión sobre si le aplica o no sanciones, según aseguran fuentes parlamentarias del PSOE.

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, ha desvelado públicamente su decisión de no apoyar con su voto la elección de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional, en el marco del acuerdo que los ‘populares’ sellaron con el Gobierno para renovar esta institución.

Eso sí, como el voto es secreto, en teoría ningún grupo podría tomar medidas por posibles indisciplinas, pero ha sido el propio Elorza quien, según ha anunciado en Twitter, ha detallado que antes de emitir su voto telemático comunicó su posición a la dirección de su grupo parlamentario que ahora encabeza Héctor Gómez.

La semana pasada, Elorza ya sometió a Arnaldo a un duro interrogatorio en la Comisión de Nombramientos que avaló su idoneidad para el cargo, pero acabó respaldando su candidatura, igual que el PP y Unidas Podemos, conforme al pacto. Eso sí, días después avanzó que este jueves, cuando el Pleno tuviera que pronunciarse sobre el polémico candidato del PP, tendría votar con una «pinza en la nariz».

POR LA «DIGNIDAD» DEL TC Y EL CONGRESO

Sin embargo, según explica en su tuit, finalmente ha optado por emitir su voto telemático con «responsabilidad» y no ha apoyado la candidatura de Arnaldo. Lo ha hecho, aduce «en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y el Congreso».

Si acaba siendo sancionado, no será la primera vez para Elorza, quien ya fue multado con 600 euros por votar ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Lo mismo hicieron 14 de sus compañeros al obviar la decisión de la dirección del partido de abstenerse para facilitar la elección del entonces líder del PP y acabar con el bloqueo institucional que había obligado a repetir las elecciones generales.

ABDICACIÓN DEL REY

Pero aquella no fue la primera vez que Elorza desoía las instrucciones de su grupo parlamentario. En junio de 2014 fue uno de los tres socialistas que no apoyaron la ley de abdicación que reguló la sucesión del Rey Juan Carlos en la figura de Felipe VI y se desmarcaron de la línea fijada por el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El diputado vasco había pedido sin éxito que se les diera libertad de voto, y finalmente optó por la abstención, lo que llevó a la dirección del Grupo Socialista, capitaneado entonces por Soraya Rodríguez (ahora eurodiputada de Ciudadanos), a iniciar el procedimiento para castigarle, junto a los otros dos díscolos, con las multas correspondientes.

Sin embargo, la nueva dirección nombrada en octubre de 2014 por el ya secretario general del partido, Pedro Sánchez, encabezada por Antonio Hernando, decidió cerrar aquellos expedientes sin sanción alguna.

FCC Medio Ambiente acaba de presentar su octavo Informe de Sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados por la organización y verificado por una entidad externa independiente que certifica la conformidad de su contenido con los requisitos y principios establecidos por Global Reporting Initiative (GRI).

Bajo el lema ‘Acciones que demuestran nuestro compromiso’, el informe destaca los avances realizados durante el último bienio dentro del marco del Plan de Acción 20-22 y presenta la nueva Estrategia de Sostenibilidad 2050 que marcará el desarrollo de la compañía durante los próximos treinta años.

Entre otras cifras, el informe revela que en 2020 se llegó a los 233 millones de euros de resultado bruto de explotación; 4.825,7 millones de euros de cartera de negocio; 3,8 millones de euros invertidos en I+D+i durante el último bienio; 1.607,3 millones de euros de cifra de negocio; 7% de crecimiento en el último trienio; más de 30 millones de habitantes atendidos en 3.577 municipios españoles. Además, en 2019 la emisión de bonos verdes tuvo un importe de 1.100 millones de euros mientras que en 2020, el programa de pagarés asciende a un importe de 300 millones de euros.

El documento también indica que, en 2020, en recogida de residuos, 17 millones de habitantes fueron atendidos en 2.106 municipios y se recogieron 5,4 millones de toneladas de residuos; mientras que en tratamiento de residuos, 19,1 millones de habitantes fueron atendidos en 2.547 municipios, con 6,9 millones de toneladas de residuos gestionados el año pasado.

En limpieza viaria, hubo 13 millones de habitantes atendidos en 280 municipios de toda España; en alcantarillado, 4,9 millones de habitantes atendidos en 122 municipios de toda España; en mantenimiento de jardines, 5,2 millones de habitantes atendidos en 59 municipios, con 3.825 hectáreas de superficie gestionadas, 32 hectáreas calificadas de especial interés y 786.355 árboles conservados y en limpieza de playas, 5,1 millones de habitantes atendidos en 106 municipios, en 1.549,5 kilómetros de costa gestionados.

En cuanto a la Estrategia de Sosteniblidad 2050 gira en torno a cuatro ejes: Medio Ambiente (Economía Circular, Acción por 1 el Clima y Protección de la Biodiversidad), Social (El Equipo Humano y la Sociedad), Excelencia (Gestión Smart, Innovación 3 y cadena de valor responsable) y Gobernanza (Gestión de Riesgos, ética 4 y lucha contra la corrupción).

UN 63% DE COMPROMISOS ALCANZADOS EN SU PLAN DE ACCIÓN

Sobre los avances en los compromisos que figuran en el Plan de Acción 20-22, el informe cifra en un 63% los conseguidos y un 33% en proceso, según el informe.

Así, en impacto medioambiental de actividades y servicios, el documento refleja la apuesta por la economía circular, con la adhesión al Pacto por la economía circular y un incremento del 134% de la recuperación de materiales valorizables; mientras que en eficiencia en el uso de recursos ha habido un 42% de aumento en el consumo de energías renovables (2018-2020) y un 25% de consumo hídrico cubierto por fuentes alternativa.

En la lucha contra el cambio climático, el año pasado se evitaron 2.755.588 toneladas de CO2, se han obtenido los sellos de la OECC Calculo y Reduzco 2019 y 2020, y se ha logrado una reducción del 7,5% de reducción de la huella de carbono respecto a 2018.

En protección de la biodiversidad, en el último trienio se ha duplicado el número de iniciativas en la materia, se ha convertido en la primera entidad española en obtener la certificación Q Turística, ha participado en el Proyecto Chamaeleo en el Centro municipal de Recursos Ambientales y Actividades Coto de la Isleta y en el 42% de los 106 municipios costeros donde se presta el servicio de limpieza de playas cuenta con una ‘Bandera Azul’.

El documento también destaca que se sigue trabajando sobre las líneas estratégicas orientadas a reforzar el marco ético y la cultura común de la organización, impulsar el talento, atraer y retener a los mejores profesionales (el equipo actual cuenta con 32.543 profesionales, un 4,8% más que en 2018, y 49.836 participantes han recibido 479.378 horas de formación en el último bienio, con 9 millones de euros de inversión en formación en el mismo periodo).

También se fomenta la salud y el bienestar del equipo humano (con certificación de protocolos de actuación frente a la COVID-19, entre otras medidas), garantizar un entorno laboral diverso, integrador, en igualdad de condiciones y sin discriminación (con un 24,8% de mujeres en plantilla, un 6,3% más que en 2018, y un 3,65% de los profesionales con discapacidad, un 4,4% más que en 2018) así como favorecer el diálogo con los grupos de interés.

En desarollo local, se han destinado 2,76 millones de euros a la implantación de 559 iniciativas sostenibles; 52.000 estudiantes se han beneficiado por su participación en tareas educativas durante el último bienio; han colaborado con diferentes iniciativas como el Programa Inserta de la ONCE, el Programa Incorpora de la Obra Social «La Caixa» o el Programa Integra de Fundación Integra, entre otros; además de lograr el Distintivo de Igualdad otorgado por el Ministerio de Igualdad y ser galardonado en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa por el proyecto ‘ie-URBAN TRUCK’.

Por último, en Gobernanza y excelencia, 7.700 empleados han sido formados en Código Ético y de Conducta; el 74% de la Cifra de negocio está certificada bajo la norma ISO 9001; o el 23% de la flota está propulsada por energías alternativas, entre otros avances.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, cree que la posibilidad de que un partido bajo el nombre de ‘España Vaciada’ se presente a las próximas elecciones generales es una «maniobra» que solo tiene como objetivo desviar el foco para que Vox no acapare el descontento con el resto de partidos políticos.

En declaraciones a los medios tras presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, Ortega Smith ha augurado que la posibilidad de una nueva formación llamada ‘España Vaciada’ «no va a tener ningún efecto».

«Los españoles no son estúpidos», ha afirmado sosteniendo que se trata de «maniobras electorales o propagandistas» aupadas por los medios de comunicación pero que tendrá «poco recorrido». A su juicio, los ciudadanos ya se han dadoo cuenta de que Vox es «la única alternativa» al «reparto de sillones» entre el PP y el PSOE, que se ha plasmado además este jueves con la elección de miembros del Tribunal Constitucional.

Ortega Smith ha alzado a Vox como «parapeto» frente a «la operación de derribo constitucional del Gobierno criminal» de Pedro Sánchez y ha arremetido también contra el PP por acabar coincidiendo con los socialistas en «las grandes políticas» referentes a la seguridad interior y exterior, la fiscalidad o la libertad.

De hecho, ha animado a PP y PSOE a presentarse directamente juntos a las elecciones en coalición. «Lo que está claro es que solo queda Vox para hacer frente a esa coalición antiespañola, de desprecio constitucional y ruina a los españoles», ha asumido.

COSTES DE LOS FONDOS EUROPEOS

Además, ha avisado de las condiciones que traerán los fondos europeos, que ha advertido que «no es un maná que cae del cielo» sino que tendrá unos costes «muy elevados» desde el punto de vista social y económico.

Ortega Smith ha vaticinado que algunos de sus constes serán una bajada de las pensiones, congelación de los sueldos de los trabajadores públicos o incremento de los impuestos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que «hay que abordar de cuajo el machismo estructural en el poder judicial» y ha cuestionado la formación que reciben los jueces por su actuación en casos de género.

Lo ha dicho en la conversación ‘+one to one: la ciudad en femenino’ en el Forbes Summit Women Barcelona que se ha celebrado en el Liceu, en la que la primera edil ha contado su experiencia siendo la primera alcaldesa de la ciudad y ha repasado cuestiones sobre feminismo.

«No sé qué formaciones están haciendo a los jueces, pero es muy mejorable. Lo estamos viendo no con una sentencia aislada de un caso concreto, sino de forma sistemática», ha alertado Colau.

Por eso considera que en ámbito judicial «hace falta firmeza y autoridad democrática» y no ve normal lo que pasa en los juzgados en término de género, en sus palabras.

EL FEMINISMO COMO OPORTUNIDAD

Ha reivindicado el feminismo como una gran oportunidad para vivir mejor y ha explicado que siendo alcaldesa es cuando más se ha dado cuenta de la importancia de la visibilidad: «Las que somos más visible tenemos que seguir peleando para las que lo tienen más difícil».

En ese sentido, ha dicho que hay mujeres que son «más invisibles», como las mujeres migrantes que se dedican a los trabajos esenciales, como el de los cuidados, y que algunas de ellas no tienen papeles, ha dicho.

«Yo no he venido a ser la primera mujer alcaldesa, he venido a abrir camino», ha afirmado, y ha puesto en valor algunas de las acciones que ha hecho el Ayuntamiento en clave feminista como formaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad para que puedan ser programadoras o conseguir que en la última promoción de la Guardia Urbana haya un 41% de mujeres.