Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Intersindical-CSC y COS realizan este miércoles una jornada de huelga contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un 25% de castellano en la educación catalana.

Se han sumado las organizaciones estudiantiles Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) como convocante inicial, y el Sindicat d'Estudiants y la Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) que se han unido en las últimas horas a la convocatoria.

Según anunciaron, habrá piquetes informativos desde las 8.00 horas y manifestaciones en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona a las 12.30.

La marcha de Barcelona será en la plaza Urquinaona; en Girona en la plaza Pompeu Fabra; en Lleida en la plaza Víctor Siurana y en Tarragona en la plaza Imperial Tarraco; y en Girona y Lleida habrá también concentraciones a las 19.00 horas.

Las entidades, en un comunicado conjunto, han exigido el reconocimiento del catalán como lengua vehicular y han criticado que "una vez más, el Estado español usa toda la maquinaria jurídica, heredera del franquismo, para reprimir y erradicar" la lengua.

Han afirmado que la sentencia del TSJC no es algo aislado, sino que "se trata de una pieza más de una estrategia que ya viene de lejos" en varios territorios catalanohablantes de España y Francia.

Además han criticado que la respuesta del Govern "ha demostrado no solo cobardía e incapacidad a la hora de defender la escuela en catalán, sino incluso sumisión ante las instituciones españolas que la quieren destruir".

Ejemplifican que los nuevos decretos de la Conselleria de Educación "literalmente amenazan liquidar la inmersión lingüística bajo la excusa de la flexibilidad para adaptarse al ambiente social del centro", algo que, en opinión de los convocantes, es comprar el discurso españolista del bilingüismo.

Por ello, le han exigido todos los recursos para salvar --textualmente-- el catalán, que "abandone el colaboracionismo" con el Estado y adopte mecanismos para defender jurídicamente los profesores que defiendan el catalán.

Están llamados a la huelga estudiantes y trabajadores de todos los niveles educativos de la pública y la concertada catalanas.

EL GOVERN SE SUMA

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, anunció ayer martes que el Govern se suma a las protestas a través de una acción de apoyo al modelo catalán ante el Parlament, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y diputados.

Gonzàlez-Cambray, que tildó la sentencia de injerencia judicial grave, replicó a los convocantes que ha habido "cero pasividad" del departamento y del Govern, que ha asegurado la cobertura política y jurídica a los profesores ante la sentencia, según él.

Diputados de Unidas Podemos han aprovechado este martes un debate en el Congreso sobre bajas de maternidad para desplegar en el hemiciclo banderas del Sáhara Occidental en protesta por el cambio de posición del Gobierno del que forman parte, un gesto que ha provocado la correspondiente llamada de atención por parte de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet.

En su intervención en el debate de una proposición de ley del PP sobre ampliación de permisos de maternidad o paternidad en familias monoparentales, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha querido mostrar el apoyo del grupo confederal a los representantes del pueblo saharaui que estaban en la tribuna de invitados del hemiciclo.

"Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos con el Sáhara Occidental porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria", ha manifestado Castañón entre los aplausos de sus compañeros del grupo confederal.

La diputada asturiana ha destacado que hasta hace 47 años había en el Congreso diputados representantes del pueblo saharaui a los que, según ha apuntado, se les dejó "a deber" el proceso "justo" de descolonización "que sólo 17 territorios en todo el mundo no han visto cumplidos".

"SÁHARA OCCIDENTAL ES VERGÜENZA NUESTRA"

"Uno de ellos es responsabilidad nuestra y es vergüenza nuestra", ha subrayado Castaón, incidiendo en la defensa que Unidas Podemos hace al "legítimo" derecho del pueblo saharaui a un referéndum para su libre determinación reconocido por Naciones Unidas.

Y ha concluido su mención al Sáhara citando unas palabras de un poeta sahauri que desde el exilio sigue escribiendo en castellano como recordatorio de aquel pasado español: "Decirles que las tierra no es de ellos, decirles que la gente no es de ellos y decirles que las piedras necesitan ser libres".

Tras sus palabras, los parlamentarios de Unidas Podemos han desplegado diversas banderas saharahuis y telas que han obligado a la presidenta del Congreso a intervenir para pedirles que las recogieran.

Y, al término de la intervención de Castañón, Batet no ha dudado en recordar a sus señorías que en el hemiciclo "se exhiben argumentos" y que la libertad de expresión se manifiesta "con el uso de la palabra". "Agradecería que se abstuvieran de exhibir símbolos, carteles u otros objetos", ha concluido.

El Gobierno ha reconocido este martes que el sistema de cuidados actual "funciona sobre una suerte de ficción de autosuficienciade las personas" y llama a "superar esta situación" visibilizando, reconociendo y dando valor a estos cuidados "como un trabajo indispensable para la sostenibilidad de la vida".

Así se recoge en la declaración institucional que el Ejecutivo, a iniciativa de los ministerios de Igualdad y Trabajo, ha aprobado en el Consejo de Ministros con motivo de la celebración, este miércoles 23 de marzo, del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar, laboral y de la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares.

"Se nos supone libres de cuidados, con todas las necesidades de reproducción resueltas y sin responsabilidades que condicionen nuestra presencia en el mercado laboral y en el ámbito público", ha advertido el Ejecutivo.

En este sentido, también llama a "avanzar en una reorganización socialmente justa" de los cuidados, "priorizando su universalidad, su calidad, y su carácter público" y "garantizando su dignificación y profesionalización, y promoviendo la corresponsabilidad para evitar que sigan recayendo casi en exclusiva en los hombros de las mujeres".

Para el Ejectivo, las mujeres son las "grandes sostenedoras" del sistema y señala, especialmente a "aquellas que menos posibilidades de elección tienen", como son las "pobres", las "migrantes" y las "racializadas".

También destaca que, con la llegada de la pandemia y en una situación de "extrema vulnerabilidad" de las personas mayores" y cierre de colegios, fueron las mujeres las que "asumieron una responsabilidad desproporcionada en la primera línea de la crisis de la Covid-19, en cuanto trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias".

"No ha habido una constatación en la historia de nuestro país tan incuestionable de que el sistema de cuidados no estaba resuelto y de que las dificultades de conciliación hacen que gran parte de la ciudadanía -particularmente las mujeres- cuando transita al trabajo, la mayoría de las veces, lo hace sobre una cuerda floja, intentando buscar toda una suerte de remedios, muchas veces precarios, no estructurados, que incorporan a sus responsabilidades familiares", apunta la declaración aprobada por el Gobierno.

En este sentido, el Ejecutivo indica que "los derechos de conciliación parten de la necesidad de comprender que la vida es una realidad vulnerable" y que todas las personas en algún momento de su vida necesitan "cuidar y ser cuidadas".

Tras enumerar en el texto algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno relacionadas con los cuidados y la corresponsabilidad, el Ejecutivo indica que, en paralelo a ellas, es necesario trabajar "para articular un Sistema Integral de Cuidados que aglutine un conjunto coherente de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social y una nueva cultura de los cuidados".

El objetivo, según ha explicado, es "avanzar en la materialización de un derecho al cuidado (universal, multidimensional, colectivo y singular)" y "consolidar el derecho al cuidado como el cuarto pilar del Estado de bienestar". "Una sociedad madura debe garantizar la distribución justa del tiempo y de la riqueza, un marco en el que el sistema productivo tenga en cuenta los tiempos de vida", concluye el Gobierno.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recibido este martes en el Centro de Infantil y Primaria Félix Rodríguez de la Fuente de Los Nietos, en Cartagena, a un niño y una niña ucranianos que han iniciado su escolarización en este colegio, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Asimismo, López Miras ha anunciado que son ya 165 los menores de esta nacionalidad que estudian en la Región de Murcia tras huir de la invasión rusa. En este sentido, ha destacado "la acogida, el cariño y la sensibilidad" con los que se está recibiendo a estos niños en todos los centros, para cursar estudios de Infantil, Primaria y ESO.

"Estamos demostrando nuestra solidaridad y nuestro compromiso como sociedad con los que más lo necesitan", ha señalado el máximo responsable autonómico, quien ha apuntado que el Gobierno regional ha desplegado "desde el primer momento" otras medidas de apoyo a Ucrania ante la "barbarie perpetrada por el tirano Putin", como "la puesta a disposición todas las plazas que fuesen necesarias para refugiados, más de 550 camas de hospital para heridos de guerra o más de 100.000 euros en fármacos".

López Miras también ha puesto en valor durante su visita algunas de las actividades educativas desarrolladas por los responsables del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, como por ejemplo "la iniciativa de llevar las aulas a la playa durante la pandemia, para que todos los alumnos estuvieran en condiciones de seguridad a la vez que conocían mejor su entorno".

Además, ha resaltado el esfuerzo del centro "para que los más pequeños estén comprometidos con nuestro ecosistema y nuestro Mar Menor".

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella que el dirigente de Junts per Catalunya Jordi Sànchez presentó contra el diputado y presidente del PP, Pablo Casado, por delito de calumnias con publicidad, y subsidiriamente, por injurias con publicidad. Los magistrados han considerado que las palabras del líder 'popular' fueron enunciadas en el marco de la "contienda política" y que están amparadas por la libertad de expresión.

El Alto Tribunal ha respondido así a la querella que Sànchez interpuso a raíz de unas declaraciones realizadas por Casado en diciembre de 2021 en un acto político en Zaragoza. El sucesor de Mariano Rajoy dijo que el dirigente independentista no le iba a dar lecciones de democracia siendo "un señor que ha sido condenado a 9 años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado".

Posteriormente, el presidente del PP publicó un mensaje en Twitter en el que insistió en que vivía en "mundo al revés" porque "un delincuente condenado a 9 años de prisión por dar un golpe al Estado y destrozar patrullas policiales" había denunciado "a quien exige cumplir la ley y la convivencia".

En un auto de 18 folios, la Sala de lo Penal ha destacado que las expresiones vertidas por Casado tuvieron lugar "en el curso de una discusión pública que versa sobre asuntos de interés público y que atañe a personas con relevancia pública lo que, de una parte, excluye, en principio, la afectación de la intimidad".

Así, los magistrados han precisado que en este contexto se "amplían los límites de la crítica permisible, tanto por la pauta que representa el modo normal en que tales polémicas discurren cuanto por el interés público subyacente".

En este sentido, han concluido que "en estos casos" declaraciones como la de Casado "quedan amparadas por las libertades de expresión e información, no sólo críticas inofensivas o indiferentes 'sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar".

Las palabras de Casado se produjeron después de que Sànchez anunciase la presentación de una querella contra él por delitos de odio, calumnias e injurias, por unas declaraciones en las que el presidente del PP acusó al Ejecutivo central de tolerar "el señalamiento de un niño de cinco años en Canet, en Cataluña", y se preguntó: "¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pueda apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?".

Sobre la posterior reacción de Casado al anuncio de querella por delito de odio de Sànchez, el Supremo ha insistido en que se enmarca en un debate político entre personas con tal cualidad, que además afecta a aspectos públicos y no privados de su vida.

"No es posible desvincular las expresiones proferidas con los cargos públicos que ostentan y las referencias tácitas y expresas a la contienda política, que es lo que subyace como trasfondo de las expresiones proferidas", ha señalado el tribunal.

"LA CONTIENDA POLÍTICA"

Aunque Sànchez pidió en su recurso que se dejara al margen la "contienda política", los magistrados han subrayado que "las características y especialidades del marco en el que se producen este tipo de hechos, donde la confrontación política determina una situación concreta, hace preciso analizar la libertad de expresión en el marco de la confrontación política y crítica política entre los representantes de formaciones de tal carácter".

Así las cosas, el Supremo ha recordado en la sentencia --cuyo ponente ha sido el magistrado Vicente Magro-- que ya ha establecido "en reiteradas ocasiones" que "en el contexto de las críticas públicas a personas que ocupan relevancia social se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor".

Los magistrados han puntualizado que las expresiones proferidas por Casado tuvieron lugar "en el marco de un acto organizado por el PP en Galicia" en el líder 'popular' hace una crítica a la política educativa en la Cataluña, a raíz de la sentencia del Supremo que confirmó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que obliga a que se imparta el 25% de horas en castellano en todos los colegios catalanes.

En el marco de la resolución, la Sala ha indicado que aunque considere que "se deben extremar" las "formas y modos de comportarse" de los políticos en "cualquier escenario de la vida, incluida la pública", ha insistido en que el tribunal debe medir las declaraciones hechas en el contexto de la "contienda pública y política".

El Juzgado de lo Penal número dos de Albacete tiene previsto juzgar el próximo viernes, 25 de marzo, a M.A.C., para quien la Fiscalía pide siete años de prisión, tras ser acusado de maltratar a su mujer y sus hijos, a los que agredía de manera continuada, llegando a ahogar a su hija menor en la bañera o a golpear con un palo de hierro a su hijo cuando no hacían lo que quería.

Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar desde el inicio de la relación entre el acusado, M.A.C., y su mujer, A. Un matrimonio que estuvo marcado por los insultos y las amenazas que el procesado le profería a la denunciante, siendo también habituales las agresiones físicas durante las discusiones.

Asimismo, el acusado maltrataba a sus hijos, ahogando en la bañera a la menor, que tenía siete años de edad, cuando no se comportaba como su padre quería, o golpeando a su hijo cuando peleaban.

También eran comunes las amenazas en las que, según la acusación, M.A.C. le decía a su mujer que "iba a tener a su marido en la cárcel y a su hija liquidada" o que si sus hijos lo denunciaban los iba a matar.

Por estos hechos, que considera que son constitutivos de seis delitos de maltrato de obra en el ámbito familiar, el Ministerio Fiscal pide tres años y ochos meses de prisión, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a su hija durante seis años y a su hijo y su mujer durante cuatro años. Asimismo, se solicita la privación del derecho de tenencia y porte de armas por doce años y 11 meses.

Por el delito continuado de amenazas en el ámbito familiar, la Fiscalía solicita un año de prisión, la prohibición de acercarse a A. a menos de 500 metros durante dos años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tres años.

Igualmente, pide la pena de dos años y medio de prisión, la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante cuatro años y medio y la prohibición de acercarse a su mujer y sus hijos a menos de 500 metros durante cuatro años.

Por último, por los dos delitos leves continuados de amenazas y el delito leve continuado de injurias, la Fiscalía pide 75 días de localización permanente, la prohibición de aproximarse a A. y a sus hijos a menos de 500 metros durante seis meses.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han intervenido en las últimas 24 horas en medio centenar de avisos por las fuertes lluvias caídas en la provincia, entre los que se incluyen rescates de personas en Sagunt, Quart, Alboraia o Chiva, donde han tenido que evacuar cuatro viviendas tras un corrimiento de tierras.

Desde la madrugada y hasta las 13.00 horas del martes, el Consorcio ha intervenido en unos 30 avisos por lluvias, que se suman a los cerca de veinte que ya se hicieron durante la jornada del lunes.

Entre los servicios más recientes, figura el rescate de un hombre en Sagunto, que se había quedado aislado en su casa por la crecida del Palancia. En el rescate han participado bomberos y mandos de Sagunto y Grupo de Rescate GERA del Consorcio Provincial, y también se había previsto la embarcación por si también fuera necesaria.

Finalmente, se ha evacuado a través del aire, con ayuda del helicóptero de rescate de Generalitat. El hombre se encontraba bien en general, a pesar de que presentaba síntomas de hipotermia, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria para su revisión.

También de madrugada los bomberos de Sagunto han colaborado en la evacuación de unas 15 personas que residían cerca de la desembocadura del barranco de Carraixet en Alboraia, y que han tenido que abandonar sus casas a las cuatro de la madrugada por el riesgo que suponía.

En este caso, según informa el consistorio, la borrasca ha provocado un desbordamiento leve en la desembocadura del barranco, ayudada también por el fuerte temporal del mar. La crecida ha afectado a ambos lados del final del barranco, por un lado la ermita dels Peixets y, por otro, las casitas de los pescadores --donde se ha llevado el desalojo por seguridad-- y el almacén de Leroy Merlin.

El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Sebastián Torres, han visitado la zona para evaluar los daños. Hacia las 12.00 horas había recuperado la normalidad.

Ya esta mañana, bomberos de Chiva y el sargento de Requena han intervenido en la evacuación de cuatro viviendas en el término municipal, después de un corrimiento de tierras que ha afectado cuatro casas, en la zona de las Cumbres de Calicanto.

También se ha asistido a diversos conductores atrapados por el agua en distintos puntos de la geografía valenciana, saneado fachadas o retirado árboles.

En Sagunto, el Centro de Coordinación de Emergencias remitió el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que alertaba sobre los caudales de salida del embalse de Regajo, por lo que se preveía que, durante las siguientes horas, se produjeran vertidos superiores a 5 m3/s y hasta 25 m3/s; así como del embalse de Algar del Palancia, con vertidos superiores a 5 m3/s y hasta 50 m3/s.

Por este motivo, durante toda la noche la Policía Local de Sagunto ha estado vigilando las zonas inundables por el incremento de caudal del río a su paso por el municipio, como la avenida del Mediterráneo, en la que a la altura de Ciudadmar ha sido afectada por un desbordamiento del delta del río, cuyos accesos y zonas próximas están cortadas.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha manifestado que se ha tenido que soltar agua del pantano "y ello ha generado que el río Palancia baje un fuerte caudal. Pero más allá de incidentes aislados, insistimos en la nota de normalidad".

En Vilamarxant, el Ayuntamiento ha lanzado un aviso a la ciudadanía para que extremen el cuidado en los alrededores de los barrancos así como del río Turia. El alcalde Xavier Jorge ha visitado los puntos más problemáticos del municipio para cerciorarse de que el caudal de agua tanto en los barrancos como en el río no suponen un riesgo extremo para la población.

A pesar de que se haya desbordado el río Turia a su paso por la Casa de Madera, no hay que lamentar ninguna desgracia personal gracias a las mejoras de señalización y protección. "Tanto en los barrancos como en el río la situación está controlada, aunque solicitamos a la ciudadanía que extremen la precaución en los alrededores de estas zonas si la lluvia sigue cayendo en las próximas horas", ha pedido.

En el Día Mundial del Agua, la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía defienden su derecho al uso no privativo del agua en la cuenca cedente y la salud del río Tajo. "Agua para todos es agua en el Tajo, no en las carteras de los grandes empresarios de la agroindustria levantina".

En el Día Mundial del Agua, los Ribereños quieren recordar que, como indica la Directiva Marco Europea, el agua no es un bien comercial ni una materia prima, es un elemento indispensable para la vida humana y para el mantenimiento de los ecosistemas. "No podemos supeditar nuestras reservas a intereses comerciales privados, como pretende el señor López Miras".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha agradecido hace días la "subvención" al agua desalada anunciada por el Gobierno central, aunque insistió en que la "solución definitiva" pasa por que "no se toque una sola gota" del trasvase Tajo-Segura.

"El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal", no lo dicen los Ribereños, lo dice la Unión Europea. A pesar de ello, no hay oportunidad que desperdicien desde la agroindustria o el Gobierno de la Región de Murcia de enfangar el debate, defendiendo sus intereses económicos", han lamentado en una nota de prensa.

El último "dislate", según señalan, "mezclar los intereses de los regantes del Trasvase con la guerra de Ucrania aprovechando que el Tajo pasa por Cartagena". "Son ganas de llamar la atención y de una manera muy indigna, usando el dolor de una guerra para enmascarar que no tienes argumentos para seguir defendiendo una infraestructura de principios del siglo XX con los criterios científicos del siglo XXI", condena Borja Castro, el vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños.

"Defensa nacional es la que debería hacerse del Tajo y del Mar Menor, que son patrimonio de todos los españoles y españolas y menos populismo rastrero de aprovechar los miles de muertos de la pandemia y la guerra para defender una industria insostenible y perjudicial para todos"."Un argumento propio de un niño de diez años, enfadado porque ha perdido la razón y no quiere asumir la realidad", incide a su vez la presidenta, María de los Ángeles Sierra.

Los Ribereños remiten al último informe IPCC y "al futuro que nos espera si no cuidamos nuestros ríos y nuestras reservas de agua".

A su juicio, la industria agrícola de la Región de Murcia no alimenta al mercado nacional, "está sobredimensionada precisamente porque exporta y genera una cantidad considerable de dinero a manos privadas, no así al PIB de su región y mucho menos al de España".

"En la próxima sequía, beberemos lechugas", han ironizado los ribereños respecto una gran publicidad contratada por el SCRATS en la madrileña Puerta del Sol, "demostrando el poderío económico que luego esconden cuando exigen ayudas", señalando que "alrededor de 50.000 euros al día costaban campañas similares hace unos años".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "desnortado", falta a la verdad y, sin ni siquiera haber sido elegido oficialmente como sucesor de Pablo Casado, ya ha batido el "récord" de "pifias" y "errores garrafales".

Por ello, en una rueda de prensa en el Congreso le ha pedido "sosiego" y que "deje a un lado la deriva de la confrontación extrema" que, a su juicio, ha desplegado con el uso de "calificativos" varios.

"Ya tenemos bastante con un autócrata --ha dicho en referencia al presidente ruso Vladimir Putin-- como para tener que lidiar también con líder de la oposición desnortado que falta a la verdad y al respeto".

Gómez ha censurado especialmente a Feijóo por haber utilizado la palabra "autista" para referirse al Gobierno y criticar su inacción ante las demandas que han planteado diferentes sectores que se han movilizado en los últimos días.

DEFENSA DE LOS AUTISTAS

Así, le ha pedido que "dignifique la política" y deje de obviar a las personas que padecen trastorno del espectro autista utilizando ese término de modo "peyorativo".

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, también ha reprochado a Feijóo sus palabras, dado que el autismo no es una enfermedad ni un insulto, sino un trastorno y una condición. En consecuencia, le ha exhortado a ser "moderado" y "sensible" con el colectivo autista.

También se ha referido al todavía presidente de la Xunta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, en su caso para felicitarle por haber sido designado "a la búlgara", en referencia a la votación en urna organizada por el PP pese a que Feijóo no tenía rival. "Le deseo que siga muchos años como jefe de la oposición", ha agregado.

Cantabria entrará el jueves, 24 de marzo, en nivel de 'riesgo controlado' por coronavirus, lo que implica la desaparición de casi todas las restricciones, tras introducir la Consejería de Sanidad algunas modificaciones en el sistema de medición y evaluación del riesgo, tendiendo hacia una "relajación" de medidas, pero "avalada por datos técnicos".

Así lo han anunciado este martes, en rueda de prensa, el nuevo consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, y el director general de Salud Pública, Reinhard Wallman, quienes han explicado que, tras dos años de pandemia, hay un "cambio de paradigma" en cuanto al Covid al que "hay que adaptarse".

Para ello, Sanidad ha decidido "cambiar el enfoque" e introducir algunos "ajustes importantes" a la hora de medir el nivel de riesgo y los parámetros con los que se calcula, tanto en lo que respecto a la transmisión comunitaria como a lo referido a la hospitalización.

Este "cambio de paradigma" viene motivado, según ha explicado Wallmann, por la "muy elevada" inmunidad que se ha alcanzado en la comunidad por la alta vacunación, a lo que hay que añadir la adquirida por aquellos que han pasad el Covid, al menos más de 82.000 en la última ola, lo que corresponde a un 14% de la población.

Además, a ello se suma que, ómicron, con sus "características peculiares" de trasmisibilidad y virulencia disminuida, ha hecho que el porcentaje de casos graves con respecto a los detectados se hayan reducido "drásticamente" y, con ello, también la letalidad.

INCIDENCIA EN MAYORES DE 60 AÑOS Y HOSPITALIZADOS "POR" COVID

Wallmann ha explicado que, por ejemplo, ya la transmisión comunitaria expresada en incidencia acumulada general de la población "cada vez pierde más su importancia", con lo que ahora la atención se centrará en la incidencia acumulada en mayores de 60 años, el grupo de edad "más vulnerable". "Estamos pasando de un enfoque poblacional hacia un enfoque centrado en la población de riesgo, tanto en el abordaje de la enfermedad como de las medidas", ha señalado.

Actualmente, la incidencia en este grupo de edad está en los 333 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en los 188 a 7, lo que supone un "ligera tendencia al alza", que habrá que esperar esta semana para ver si se confirma.

De esta forma, el bloque de la trasmisión comunitaria se va a evaluar y observar, sobre todo, con la incidencia acumulada entre mayores de 60 años.

Además, los umbrales que miden el riesgo según la transmisión comunitaria se están adaptando para ser "más generosos", lo que hará más complicado que se alcancen niveles altos de riesgo.

Y en cuanto a la hospitalización se distinguirá aquellos ingresados "por" Covid, esto es aquellos pacientes que tienen al virus y sus síntomas como diagnóstico principal, y aquellos "con" Covid, en los que éste no es el principal motivo del ingreso.

Así, en el algoritmo para determinar el nivel de riesgo para Cantabria se tendrá a partir de ahora en cuenta los hospitalizados por Covid.

En estos momentos, la ocupación hospitalaria de pacientes por Covid es del 1,3 por ciento, a diferencia con la hospitalización general de Covid, que es del 2,8%.

RELAJACIÓN DE MEDIDAS Y FIN DEL 'SEMÁFORO' POR MUNICIPIOS

Además de este cambio en los parámetros de cálculo del riesgo, se "ajustan" algunas medidas, de modo que en los niveles de riesgo 1 y 2 tendrán las mismas que en 'riesgo controlado', lo que supone una flexibilización.

De este modo, ya no habrá límites de aforos, que sí existían en los niveles 1 y 2. De este modo, las medidas se limitarán al mantenimiento de la mascarilla en interiores y también en aquellos espacios al aire libre en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad; a todo lo referente a la necesidad de ventilación o la higiene de manos y a evitar el contacto con aquellas personas con sintomatología compatible con el Covid.

Otra de las principales novedades es que se pone fin a la medición del riesgo por municipios. De este modo, el 'semáforo Covid' seguirá por ahora publicándose a nivel semanal pero ya solo a nivel de comunidad autónoma.

Si la comunidad se mantiene mucho tiempo en 'nivel de riesgo controlado' ya no se publicará semanalmente el 'semáforo Covid', aunque internamente se seguirá observando.

Todos estos cambios se materializarán en una modificación de la resolución del 11 de mayo de medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia del Covid y entrará en vigor el jueves, 24 de marzo, a las 00.00 horas, momento en el que la comunidad entrará oficialmente en riesgo controlado.

El consejero ha insistido en que la actitud de Cantabria es a "ir cambiando un poco el paradigma" en cuanto a la "relajación" de medidas, aunque --ha insistido-- "todo avalado por datos técnicos".

"Estamos un poco en la línea de lo que está pasando en el resto de Europa", ha dicho Pesquera, que ha explicado que con estos cambios se está empezando a "preparar el escenario" para lo que prevé que va a pasar próximamente, que el cambio en la monitorización del Covid como si fuera un gripe, en base a centros centinelas.

"La postura de la Consejería en su conjunto es ir bajando las restricciones e ir yendo más a una política más como se está haciendo en el resto de Europa", ha señalado.

Cuestionado por la posibilidad de poner fin a las cuarentenas en contagiados asintomáticos o no pertenecientes a población vulnerable, el consejero ha abogado por que las decisiones se adopten en España de forma "consensuada" y ha indicado que Cantabria "no va a ser diferente al resto".

SITUACIÓN COVID

Según han explicado respecto a la situación Covid de la comunidad, Cantabria está una situación "de valle", con 275 casos detectados en el día de ayer y una incidencia acumulada en la población general de 422 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 211 a 7.

Con datos de esta mañana, Cantabria tenía a 49 hospitalizados, de los cuales 7 estaban en la UCI.

En cuanto a la detección de variantes, se está viendo que se está imponiendo el sublinaje BA.2 de ómicron, que la semana pasada ya representaba el 40% de todas las muestras analizadas.

Wallmann ha aclarado que este sublibaje de ómicron conserva "las mismas características en términos de virulencia y de hospitalizaciones", pero sí es un "poco más trasmisible" lo que podría explicar el "parón" en la bajada de casos e incluso puede haber un "ligero incremento" en las próximas semanas.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha señalado este martes tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo que anula el proceso de nombramiento de los cargos de la Presidencia y de la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que desde el ministerio son "muy respetuosos" con las decisiones de los jueces y acatan la que ha adoptado el Alto Tribunal.

Rodríguez, en su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, se ha limitado a hacer ese comentario al ser preguntado por la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que calificó el proceso de viciado de raíz.

La respuesta llegaba después de que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le indicara si iban a hacer algo a raíz de esa suspensión, después de que calificara el acuerdo para los nombramientos entre PSOE y PP de "trapisondas y trapicheos" y dijera que las bases para la convocatoria eran "ilegales".

A su juicio, la AEPD debe ser dirigida por los mejores "y no por los amiguetes del PP y del PSOE", por lo que ha incidido en que debe anularse las bases del concurso y se haga una valoración de méritos. "No he visto un auto tan duro contra una decisión del Gobierno", ha añadido para lamentar además que el Ejecutivo ha sido condenado en costas.

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Zambrano ha preguntado a Rodríguez si no le da vergüenza que el Ejecutivo use las instituciones de esa manera y ha señalado que el Gobierno "está deslegitimado en lo moral y político".

EL CONFLICTO CON LOS LAJS

Durante la intervención de los diferentes grupos ha salido a colación por parte de PP, Cs y Vox el conflicto que existe entre la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y el ministerio a cuenta de las retribuciones y la capacidad de entrar a negociar de esta asociación.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Jerez, ha aseverado que al Gobierno le cuesta cumplir con la ley de Presupuestos Generales que reconoce el aumento salarial para ese cuerpo, y se ha preguntado si tanto cuesta reconocerles a los LAJS su capacidad negociadora.

Desde Cs le han echado en cara a Rodríguez también que no les reconozcan capacidad negociadora, y que desde Justicia se ofrezcan subidas de sueldo "míseras" en comparación con las competencias que asumen.

Por su parte, Zambrano ha preguntado si les consideran a los LAJS "fascistas que son manejados por la ultraderecha" por el hecho de que hagan huelga. Y ha indicado que desde su punto de vista la Justicia española está "politizada", es "lenta" y es en la que más gasto se invierte de Europa, por lo que "la ineficacia es absoluta".

Rodríguez, que ha calificado las intervenciones de "catastrofistas" y se ha vanagloriado de no tener nada que ver con Vox, ha explicado que tiene una consideración muy grande con las reivindicaciones de los sindicatos en el marco de la negociación y que trabajan para acordar con las asociaciones representativas de los LAJS las condiciones de la adecuación salarial.

Al hilo, ha advertido que este mismo miércoles, el ministerio volverá a reunirse con la UPSJ, responsable de los días de huelga que han tenido lugar en las últimas semanas. Pero ha añadido que los sindicatos son los que tienen la capacidad para negociar determinados aspectos y no las asociaciones, aunque ha apostillado que no faltará voluntad de diálogo.

VACANTES DEL CGPJ

Una vez más, otro de los asuntos que ha irrumpido en el órgano parlamentario ha sido el del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para Rodríguez, el PP es "el único obstáculo para renovar" el órgano de gobierno de los jueces, por lo que le ha pedido capacidad de consenso, al igual que para otros temas como las distintas leyes de eficiencia en Justicia.

Desde Cs le han pedido que atienda a las demandas del Supremo y del CGPJ y han lamentado que cometieran "la tropelía" de quitar la capacidad al órgano de hacer nombramientos porque las vacantes continúan en aumento. "Luego querrán celeridad sin magistrados, pero sin magistrados no hay justicia y sin letrados asesores tampoco hay justicia", ha explicado Bal.

Desde Vox han afeado al Gobierno que se empeñe en mantener el control del CGPJ con esa reforma legal para que no pudieran hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, y han añadido que en cuanto vieron que el Constitucional anulaba el decreto del Estado de Alarma se apresuraron a pactar el nombramiento de nuevos magistrados del TC.

Desde el PP, Jerez no ha querido sumarse a las críticas por el fallo sobre la AEPD o sobre la no renovación del CGPJ y se ha centrado más en denunciar una falta de interlocución con el nuevo equipo del ministerio.

Sí que ha lamentado que las vacantes por cubrir sean "el talón de aquiles" de la Adiministración de Justicia y ha recalcado que afecta tanto a jueces como magistrados y fiscales. Al hilo, ha recordado que los datos son "demoledores" porque el ratio es de 15 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en Polonia es de 20. "Ya nos gustaría ser Polonia", ha espetado.

Ha puesto el foco también en la necesidad de que la Ley de Eficiencia Digital --sobre la que varios diputados han recordado las discrepancias del CGPJ-- cuente con suficientes en medios económicos y con una adecuada formación del personal, y ha criticado que esa norma no se fije en que se han de homogeneizar los sistemas de Justicia en España.

LAS LEYES DE EFICIENCIA

Por otro lado, en su intervención inicial --a petición propia--, Rodríguez ha anunciado que en menos de un mes el Consejo de Ministros remitirá al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.

Ha explicado que los principios que cimentan la acción del Ministerio de Justicia se basan en lograr mejores condiciones laborales y profesionales en el sector Justicia, que se vea la Administración de Justicia como un servicio público y contribuir a la transformación del país.

Tras anunciar que llevarán ambos proyectos al Congreso, ha apuntado que pondrán las piedras fundacionales de las oficinas de justicia porque quieren una Justicia "más accesible" para cohesionar el territorio y luchar contra la despoblación. También ha apuntado que apuestan por la creación de los tribunales de instancia.

Al hilo, ha desmentido --"es rotundamente falso"-- que se haya dejado de lado la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entre otros cambios supone dejar en manos de los fiscales la instrucción procesal. Y ha avanzado que continúan con los trabajos relativos al Anteproyecto de Ley del Derecho a la Defensa.

EL COLAPSO EN EL REGISTRO

Durante la comisión, la diputada de Esquerra, Carolina Telechea, ha puesto el foco en los techos de cristal en la cúpula judicial, y ha celebrado que se trabaje en la eficiencia digital pero se ha preguntado si será suficiente dada la brecha digital existente y que hay personas que no tienen acceso a ese mundo.

Tras celebrar el sistema de becas impulsado por el Ejecutivo para el acceso a la carrera judicial, ha denunciado el bloqueo del Registro Civil para las juras de nacionalidad. Así, ha explicado que hay "colapso terrible", y Rodríguez se lo ha reconocido y le ha señalado que están trabajando en solucionarlo.

El diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, ha indicado que la Justicia debe buscar la igualdad no solo de oportunidades sino material, y ha señalado que ha de ser de proximidad.

Ha calificado de fundamental la trasposición aprobada en Consejo de Ministros de la Directiva de alertadores, y ha señalado que es fundamental eliminar las zonas de oscuridad, de no control, derivados de los secretos de Estado, así como dar pasos hacia la justicia universal.

El PSOE ha impedido que el Congreso citase este mismo miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno para explicar el cambio de opinión del Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental, una comparecencia que reclama toda la oposición y que previsiblemente tendrá lugar el 30 de marzo.

Según han informado fuentes parlamentarias, en la Junta de Portavoces de este martes, el PNV ha solicitado modificar el orden del día del Pleno de esta semana para incluir las explicaciones del presidente sobre su viraje respecto a la ex colonia española al avalar el plan de autonomía que plantea Marruecos.

El PP se ha sumado y ha ofrecido que se citase a Sánchez sobre la base de la petición de comparecencia que el Grupo Popular registró el pasado sábado, que ha sido calificada por la Mesa del Congreso esta misma mañana. Las registradas por el resto de formaciones no han pasado aún el filtro del órgano de gobierno de la Cámara y no podían debatirse todavía.

SE REQUERÍA UNANIMIDAD

Sin embargo, modificar el orden del día del Pleno de la semana en curso requiere unanimidad y el PSOE no ha accedido. Distintos miembros de la Junta de Portavoces sostienen que Unidas Podemos no ha intervenido en este debate.

Antes de la reunión de la junta, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, había anunciado en rueda de prensa que, según le había comunicado su homólogo del PSOE, Héctor Gómez, la comparecencia de Sánchez tendría lugar el día 30 y que la previsión era que informara tanto sobre el giro relativo al Sáhara como del resultado del Consejo Europeo de esta semana en el que se debatirán medidas para atajar la subida del precio de la energía por la guerra de Ucrania.

Pero después, en su propia intervención ante los medios Gómez ha garantizado que Sánchez acudirá a la Cámara, pero ha informado de que la Junta ni siquiera había fijado fecha a la comparecencia sobre el Consejo Europeo.

El dirigente socialista ha señalado que Sánchez --que sí estará a primera hora de este miércoles en el Congreso para participar en la sesión de control--, está estos días inmerso en su ronda europea preparatoria de la cumbre que arranca el jueves y que ya se comunicaría más adelante en qué fecha puede acudir a la Cámara para dar cuenta de los temas que sean pertinentes.

MAÑANA, ALBARES

En este contexto, ha recordado que el Congreso ya tiene fijada para este miércoles a las cuatro de la tarde la comparecencia del ministro del ramo, José Manuel Albares, ante la comisión parlamentaria del ramo.

Gómez no ha descartado que pueda convocarse un Pleno monográfico sobre el Sáhara, como reclama la oposición, pero los demás grupos dan por hecho que al final se acabará convocando una comparecencia para el día 30 en la que hablará de varios temas.

De hecho, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha garantizado que Sánchez dará cumplidas explicaciones en sede parlamentaria no sólo sobre la cita comunitaria de esta semana y el nuevo marco de relaciones con Marruecos, sino también sobre del plan nacional de respuesta a la crisis económica agravada por la guerra en Ucrania --que el Gobierno prevé aprobar el día 29-- y también de la próxima Cumbre de la OTAN.

"Como es habitual (tras un Consejo Europeo), el presidente comparecerá en el Congreso, máxime cuando les decimos que es un Consejo muy importante --ha señalado en la rueda de prensa en Moncloa--. Estamos ajustando las fechas y muy probablemente será el próximo miércoles".

El juzgado de lo penal 4 de Tarragona ha condenado a cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público a un exconcejal de Calafell (Tarragona) por haber anulado más de 770 multas, y a indemnizar al Ayuntamiento de la localidad con 11.542,28 euros, por ser autor responsable de un delito de prevaricación continuado.

En la sentencia, recogida este martes, han explicado que el acusado fue concejal de Seguridad Ciudadana del consistorio de Calafell entre 2011 y 2015, y que su trabajo era instruir los expedientes sancionadores de tráfico y cancelar o no tales expedientes con su firma electrónica personal una vez habían sido tramitados.

Así pues, el magistrado ha declarado que "aprovechando el cargo que ostentaba y sin justificación legal para ello, el acusadoanuló numerosos expedientes sancionadores de tráfico --más de 770--entre los años 2011 y 2015 con el fin de que no fueran abonadas las pertinentes sanciones administrativas".

La mayoría de las sanciones estaban relacionadas con infracciones en la zona azul, y el acusado anuló sus propias multas, de sus familiares, de otros concejales del equipo de gobierno y de otras personas y empresas de su entorno.

El magistrado también ha explicado que antes del juicio, el acusado abonó 15.000 euros como responsabilidad civil y gastos derivados del procedimiento, es por eso que en la condena se tiene en cuenta el atenuante de reparación del daño.

Fundación Damm ha formalizado una donación de alimentos y bebidas a través de la ONG World Central Kitchen, del cocinero José Andrés, que se destinarán a satisfacer las necesidades básicas de los refugiados ucranianos que llegan al Centro de Recepción, Atención y Derivación de de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras huir de la guerra en su país.

En concreto, se ha donado más de 1.000 sándwiches Rodilla, cerca de 1.000 litros de zumos de frutas, más de 1.100 litros de leche Letona y 150 litros del batido de chocolate Cacaolat, así como 15.000 galletas que se repartirán entre las personas a las que atienden a diario, a quienes proporcionan la documentación necesaria para moverse, residir y trabajar en España.

La donación, según informa la fundación, ha sido posible por la implicación de la chef madrileña Pepa Muñoz y de Alicia Ruiz Yebra, coordinadora de World Central Kitchen en España.

Además, ha donado directamente 6.000 euros a la oenegé del chef José Andrés, que desde que comenzó la ofensiva militar de Rusia está apoyando a los restaurantes locales en la preparación de comida y su posterior distribución entre la ciudadanía ucraniana, gracias a la colaboración de miles de voluntarios.

La entidad también colabora con 'Tapas por la paz', iniciativa nacida en restaurantes de Barcelona y que ya se está extendiendo por todo el país. En cada comida, cada comensal podrá añadir 1 euro a la cuenta, el cual irá directamente a World Central Kitchen.

Asimismo, el pasado fin de semana los colaboradores de Damm participaron en la Magic Line SJD, la movilización solidaria en favor de las personas en situación vulnerable que organiza cada año la Obra Social de San Juan de Dios y que, en esta edición, parte de la recaudación obtenida se destinará a ayudas para atender a familias refugiadas procedentes de Ucrania.

Los equipos de Damm recorrieron más de 2.200 km, por los cuales la Fundación Damm donará 1 euro por cada quilómetro recorrido por los y las participantes de Damm.

En este contexto, la entidad declara que sigue de cerca en la evolución de las necesidades sociales que pueda generar este conflicto y prevé ampliar sus colaboraciones en los próximos días.