La Policía Nacional de Huelva ha informado este jueves de que todos los indicios sobre la muerte de los dos desaparecidos el pasado 26 de octubre –un hombre de 73 años y una mujer de unos 60–, cuyos cuerpos fueron hallados en el interior de un coche sumergido por la zona del Espigón el pasado sábado, «apuntan a que se ha tratado de una muerte accidental, sin la intervención de terceras personas».

Así lo han indicado desde el cuerpo policial, que ha informado de ello después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva haya levantado el secreto de sumario que pesaba sobre la causa tras hallarse los cadáveres de estas dos personas.

En este sentido, desde el TSJA han apuntado que, según el informe preliminar de las autopsias practicadas a los cadáveres, ambos fallecieron por sumersión, «no presentando en ningún caso signos de violencia». Por ello, han reiterado que «en principio, la causa de las muertes es accidental, no existiendo ningún otro indicio que indique lo contrario».

De este modo, tras 12 días desaparecidos, el pasado sábado por la mañana la Policía Nacional de Huelva recibió el aviso por parte de un ciclista que transitaba por el puente de acceso al dique Juan Carlos I de que le pareció ver en el agua el techo de un vehículo hundido en el agua.

Por ello, rápidamente se activó el dispositivo y tras un largo operativo dada «la fuerza de la corriente y la nula visibilidad», alrededor de las 20,00 horas, gracias a los buzos, bomberos y un camión con pluma, se consiguió extraer el vehículo Peugeot 308 del agua.

En su interior se hallaban los cuerpos de ambos desaparecidos que, en principio, no presentaban signos de violencia, según apuntaron fuentes policiales. Posteriormente, el domingo se practicó la autopsia a ambos cuerpos para determinar las causas de la muerte.

Desde la Policía Nacional han destacado el trabajo desarrollado por los integrantes del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huelva, subrayando que desde que se interpusieron las denuncias por desaparición «no han dejado de trabajar de forma continuada para lograr el esclarecimiento de los hechos».

De la misma manera, han subrayado «la implicación» de la Comisaría Provincial «en su conjunto», lo que, han añadido, «se tradujo en la realización de un dispositivo de búsqueda en el que intervino un helicóptero de la unidad de medios aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental el día 3 de noviembre».

Según han explicado, la búsqueda con el helicóptero se centró en un área que comprendía el lugar donde se localizó finalmente el vehículo. Por último, han agradecido la colaboración prestada por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Bomberos de Huelva.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado este jueves que los ocho mandatarios autonómicos que se darán cita el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela en la Cumbre de Presidentes para hablar sobre financiación autonómica también abordarán otros asuntos, como la prohibición de cazar lobos tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestre de Protección Especial (LESPRE) y la despoblación.

Así, el mandatario autonómico de Cantabria considera que esta cita es «muy importante» porque, tal y como ha dicho, aglutinará a los territorios que conforman el 55 por ciento del territorio de España y al 18% de la población del país para reclamar una financiación autonómica «acorde al coste de los servicios».

Además de Cantabria y Galicia, están convocadas al encuentro Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y La Rioja.

Revilla ha subrayado que en dicha reunión se dará cita la «España alejada de Madrid y de la grandes urbes», la que cuenta con una población «dispersa» y «envejecida» y la que defiende que en el nuevo modelo de financiación autonómica se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios frente al criterio de la población para que estos territorios puedan tener buenos servicios públicos.

Revilla ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha hecho balance, junto con los consejeros Paula Fernández y Javier López Marcano, de los encuentros institucionales mantenidos esta semana en Bruselas con representantes europeos sobre el Corredor Atlántico ferroviario.

POSTERIOR ENCUENTRO CON BARBÓN

Además, Revilla ha anunciado que el 24 de noviembre, un día después de esa cumbre de presidentes, se reunirá en Cantabria con su homólogo asturiano, Adrián Barbón, en el castillo de Argüeso, en la Hermandad de Campoo de Suso.

Según ha detallado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, este encuentro se celebra con motivo del encargo hecho desde el Gobierno de España a Cantabria y Asturias para llevar a cabo del panel ciudadano sobre mundo rural y despoblación dentro de las acciones que se están llevando a cabo dentro con motivo de la Conferencia sobre el futuro de Europa.

En este encuentro, además de contar con la presencia de Revilla y Barbón, se celebrarán varias mesas de debate sobre la temática en cuestión y contará con la asistencia a la clausura del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha insistido en que no tomará declaración a la exasesora de Podemos Dina Bousselham hasta no conocer el informe pericial sobre la tarjeta SD de su teléfono. Todo ello, después de que la Sala de lo Penal encomendase al instructor a escuchar a Dina, a su pareja Ricardo Sa Ferreria y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

En un auto fechado este jueves, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 recuerda que el instructor de la causa, Manuel García Castellón, solicitó conocer el contenido de la tarjeta antes de acordar la citación de Bousselham al considerar que de esa pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación, condicionando por tanto el modo de acordar la citación.

Así, y pese a que la Sala le instase a ello, el juez pide ahora un poco más de tiempo. «Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención», justifica.

Fue el pasado mes de octubre cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y revocó el auto de pase a procedimiento abreviado del ‘caso Dina’, la pieza de la macrocausa ‘Tándem’ en la que se investiga el robo de la tarjeta a Bousselham, ordenando al juez nuevas diligencias.

El Ministerio Público se opuso a la decisión del juez, que resolvió finalizar la fase de investigación de la causa el 7 de octubre de 2020 proponiendo juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, y a dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La Sala resolvió entonces las alegaciones de las partes y accedió a la práctica de las diligencias pedidas por la Fiscalía, que consideraba «procedentes a los fines de la instrucción». En esta línea, señalaba que a lo largo de la investigación Bousselham ha prestado declaración varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por un medio digital que, en algunos casos, también habían sido divulgadas por ella.

Así, y para agotar la instrucción, añadía la Sala, se hacía preciso conocer, en la medida de lo posible, el origen de la divulgación por los medios de comunicación desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono de Bousselham «que no está en estas circunstancias y a lo que» su declaración «podría contribuir.

EL CONTENIDO DEL INFORME PODRÍA «CONDICIONAR EL MODO» DE LA CITACIÓN

Con todo, Gadea considera que el contenido de ese informe podría servir para «obtener extremos esenciales para la investigación» que, a su vez, podrían «condicionar el modo» en que tanto Bousselham como Sa Ferreira «deberán ser citados», afectando de igual forma a la declaración de Pino y «de los dos peritos» de la Sección de Ingeniería e Informática Forense.

En esta línea, el magistrado recuerda que en la exposición razonada que envió al TS el pasado mes de octubre, García Castellón «puso de manifiesto la existencia de indicios de participación en hechos aparentemente delictivos tanto de Dina Bousselham como de Ricardo Sa Ferreria». Concretamente, por denuncia falsa y falso testimonio.

En la misma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicitaba al Alto Tribunal que también investigara al entonces vicepresidente segundo del Gobierno por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Así las cosas, el juez explica que «si del resultado del análisis pericial resultaran elementos de cargo que consolidaran los indicios ya apuntados» en la exposición razonada, «la declaración de ambos debería sujetarse, al menos, a las mismas ‘garantías’ que se exigenpara Eugenio Pino».

Además, Gadea señala que actualmente no se puede «entrar a valorar la conexión de estas infracciones con las que sonobjeto del presente procedimiento» y tampoco «la competencia» del juzgado para conocer los «delitos de falso testimonio». Eso sí, el magistrado cree que podría servir como criterio orientador lo dispuesto por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal».

EL ORIGEN DEL CASO DINA

A través de sucesivas diligencias y resoluciones, el juez ha ido perfilando el relato de lo que habría ocurrido desde que a Bousselham le robaron el teléfono móvil en el IKEA de Alcorcón hasta que Iglesias le devolvió la micro SD dañada.

García-Castellón sostiene que la tarjeta estaba en buen estado cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con Iglesias para entregársela –después de que cayera en las manos del medio de comunicación– con el propósito de que volviera a su legítima propietaria.

El entonces líder ‘morado’ pudo consultar la tarjeta en un ordenador en la misma sede del Grupo Z y después la tuvo unos meses, sin que conste que en ese lapso temporal la compartiera con nadie más, hasta que finalmente se la devolvió a Bousselham, que ya no pudo acceder al contenido de la misma porque estaba dañada.

El dispositivo ha sido escudriñado por una empresa especializada que contrató la propia Bousselham para recuperar la información, pero esta compañía informática, asentada en Reino Unido, advirtió de que no era posible por los métodos habituales y que debían acudir a otros más sofisticados y caros, que Dina descartó.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado once meses de prisión para cada uno de los padres de dos hermanos del occidente asturiano que no fueron a clase de forma continuada por temores relacionados con la Covid-19.

El Ministerio Fiscal sostiene que desde el inicio del curso 2020/2021 hasta la fecha, los acusados, como padres de dos menores nacidos en 2006 y en 2010, sin existir causa justificada, no procuraron la asistencia de éstos a los centros educativos donde cursan, respectivamente, 2º de la ESO y 5º de Primaria, para recibir la educación presencial reglada. El primero acudió, en una ocasión, a hacer un examen.

Pese a sucesivos requerimientos desde los centros escolares informándoles de las consecuencias del persistente absentismo, con activación del correspondiente protocolo según indicaciones de la Consejería de Educación, los padres se mantuvieron en su postura alegando motivos incoherentes.

Entre los motivos que afirmaron estaban que «las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impiden un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje» y que «la distancia social impuesta genera sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras».

Del mismo modo, alegaron que «la visión continuada de personas y compañeros con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones, fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal, obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado, impide una comunicación fluida, modula defectuosamente la vocalización (timbre) impidiendo la adecuada comprensión del lenguaje y, contrariamente a uno de los pilares fundamentales que se pretenden con la escolarización, potencia la individualidad frente a la colectividad».

Los acusados inscribieron a sus hijos en una escuela a distancia, americana, a pesar de saber que no está homologada en España, y por lo tanto sin ningún reconocimiento, y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral. Incumplieron, de esta forma y de manera grave, los deberes inherentes a la patria potestad.

En fecha 14 de diciembre de 2020 fueron requeridos por la Sección de Menores de la Fiscalía para que cumpliesen con la obligación de garantizar la escolaridad de sus hijos, recordándoles nuevamente que en España no está permitida legalmente la escolarización domiciliaria e informándoles de que el incumplimiento grave de esa obligación podría ser constitutiva de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares para continuar con su formación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia del artículo 226.1 del Código Penal y de un delito de desobediencia grave del artículo 556.1. Ante esto, solicita que se condene a cada uno de los acusados a cuatro mmeses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de abandono de familia y a siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de desobediencia. Abono de las costas procesales por mitades.

La vista oral está señalada mañana, 12 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.

La dirección del Grupo Socialista en el Congreso estudiará en los próximos días el caso de Odón Elorza, que ha roto la disciplina de partido al no apoyar a uno de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional, y será entonces cuando tome una decisión sobre si le aplica o no sanciones, según aseguran fuentes parlamentarias del PSOE.

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, ha desvelado públicamente su decisión de no apoyar con su voto la elección de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional, en el marco del acuerdo que los ‘populares’ sellaron con el Gobierno para renovar esta institución.

Eso sí, como el voto es secreto, en teoría ningún grupo podría tomar medidas por posibles indisciplinas, pero ha sido el propio Elorza quien, según ha anunciado en Twitter, ha detallado que antes de emitir su voto telemático comunicó su posición a la dirección de su grupo parlamentario que ahora encabeza Héctor Gómez.

La semana pasada, Elorza ya sometió a Arnaldo a un duro interrogatorio en la Comisión de Nombramientos que avaló su idoneidad para el cargo, pero acabó respaldando su candidatura, igual que el PP y Unidas Podemos, conforme al pacto. Eso sí, días después avanzó que este jueves, cuando el Pleno tuviera que pronunciarse sobre el polémico candidato del PP, tendría votar con una «pinza en la nariz».

POR LA «DIGNIDAD» DEL TC Y EL CONGRESO

Sin embargo, según explica en su tuit, finalmente ha optado por emitir su voto telemático con «responsabilidad» y no ha apoyado la candidatura de Arnaldo. Lo ha hecho, aduce «en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del Tribunal Constitucional y el Congreso».

Si acaba siendo sancionado, no será la primera vez para Elorza, quien ya fue multado con 600 euros por votar ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Lo mismo hicieron 14 de sus compañeros al obviar la decisión de la dirección del partido de abstenerse para facilitar la elección del entonces líder del PP y acabar con el bloqueo institucional que había obligado a repetir las elecciones generales.

ABDICACIÓN DEL REY

Pero aquella no fue la primera vez que Elorza desoía las instrucciones de su grupo parlamentario. En junio de 2014 fue uno de los tres socialistas que no apoyaron la ley de abdicación que reguló la sucesión del Rey Juan Carlos en la figura de Felipe VI y se desmarcaron de la línea fijada por el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El diputado vasco había pedido sin éxito que se les diera libertad de voto, y finalmente optó por la abstención, lo que llevó a la dirección del Grupo Socialista, capitaneado entonces por Soraya Rodríguez (ahora eurodiputada de Ciudadanos), a iniciar el procedimiento para castigarle, junto a los otros dos díscolos, con las multas correspondientes.

Sin embargo, la nueva dirección nombrada en octubre de 2014 por el ya secretario general del partido, Pedro Sánchez, encabezada por Antonio Hernando, decidió cerrar aquellos expedientes sin sanción alguna.

FCC Medio Ambiente acaba de presentar su octavo Informe de Sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados por la organización y verificado por una entidad externa independiente que certifica la conformidad de su contenido con los requisitos y principios establecidos por Global Reporting Initiative (GRI).

Bajo el lema ‘Acciones que demuestran nuestro compromiso’, el informe destaca los avances realizados durante el último bienio dentro del marco del Plan de Acción 20-22 y presenta la nueva Estrategia de Sostenibilidad 2050 que marcará el desarrollo de la compañía durante los próximos treinta años.

Entre otras cifras, el informe revela que en 2020 se llegó a los 233 millones de euros de resultado bruto de explotación; 4.825,7 millones de euros de cartera de negocio; 3,8 millones de euros invertidos en I+D+i durante el último bienio; 1.607,3 millones de euros de cifra de negocio; 7% de crecimiento en el último trienio; más de 30 millones de habitantes atendidos en 3.577 municipios españoles. Además, en 2019 la emisión de bonos verdes tuvo un importe de 1.100 millones de euros mientras que en 2020, el programa de pagarés asciende a un importe de 300 millones de euros.

El documento también indica que, en 2020, en recogida de residuos, 17 millones de habitantes fueron atendidos en 2.106 municipios y se recogieron 5,4 millones de toneladas de residuos; mientras que en tratamiento de residuos, 19,1 millones de habitantes fueron atendidos en 2.547 municipios, con 6,9 millones de toneladas de residuos gestionados el año pasado.

En limpieza viaria, hubo 13 millones de habitantes atendidos en 280 municipios de toda España; en alcantarillado, 4,9 millones de habitantes atendidos en 122 municipios de toda España; en mantenimiento de jardines, 5,2 millones de habitantes atendidos en 59 municipios, con 3.825 hectáreas de superficie gestionadas, 32 hectáreas calificadas de especial interés y 786.355 árboles conservados y en limpieza de playas, 5,1 millones de habitantes atendidos en 106 municipios, en 1.549,5 kilómetros de costa gestionados.

En cuanto a la Estrategia de Sosteniblidad 2050 gira en torno a cuatro ejes: Medio Ambiente (Economía Circular, Acción por 1 el Clima y Protección de la Biodiversidad), Social (El Equipo Humano y la Sociedad), Excelencia (Gestión Smart, Innovación 3 y cadena de valor responsable) y Gobernanza (Gestión de Riesgos, ética 4 y lucha contra la corrupción).

UN 63% DE COMPROMISOS ALCANZADOS EN SU PLAN DE ACCIÓN

Sobre los avances en los compromisos que figuran en el Plan de Acción 20-22, el informe cifra en un 63% los conseguidos y un 33% en proceso, según el informe.

Así, en impacto medioambiental de actividades y servicios, el documento refleja la apuesta por la economía circular, con la adhesión al Pacto por la economía circular y un incremento del 134% de la recuperación de materiales valorizables; mientras que en eficiencia en el uso de recursos ha habido un 42% de aumento en el consumo de energías renovables (2018-2020) y un 25% de consumo hídrico cubierto por fuentes alternativa.

En la lucha contra el cambio climático, el año pasado se evitaron 2.755.588 toneladas de CO2, se han obtenido los sellos de la OECC Calculo y Reduzco 2019 y 2020, y se ha logrado una reducción del 7,5% de reducción de la huella de carbono respecto a 2018.

En protección de la biodiversidad, en el último trienio se ha duplicado el número de iniciativas en la materia, se ha convertido en la primera entidad española en obtener la certificación Q Turística, ha participado en el Proyecto Chamaeleo en el Centro municipal de Recursos Ambientales y Actividades Coto de la Isleta y en el 42% de los 106 municipios costeros donde se presta el servicio de limpieza de playas cuenta con una ‘Bandera Azul’.

El documento también destaca que se sigue trabajando sobre las líneas estratégicas orientadas a reforzar el marco ético y la cultura común de la organización, impulsar el talento, atraer y retener a los mejores profesionales (el equipo actual cuenta con 32.543 profesionales, un 4,8% más que en 2018, y 49.836 participantes han recibido 479.378 horas de formación en el último bienio, con 9 millones de euros de inversión en formación en el mismo periodo).

También se fomenta la salud y el bienestar del equipo humano (con certificación de protocolos de actuación frente a la COVID-19, entre otras medidas), garantizar un entorno laboral diverso, integrador, en igualdad de condiciones y sin discriminación (con un 24,8% de mujeres en plantilla, un 6,3% más que en 2018, y un 3,65% de los profesionales con discapacidad, un 4,4% más que en 2018) así como favorecer el diálogo con los grupos de interés.

En desarollo local, se han destinado 2,76 millones de euros a la implantación de 559 iniciativas sostenibles; 52.000 estudiantes se han beneficiado por su participación en tareas educativas durante el último bienio; han colaborado con diferentes iniciativas como el Programa Inserta de la ONCE, el Programa Incorpora de la Obra Social «La Caixa» o el Programa Integra de Fundación Integra, entre otros; además de lograr el Distintivo de Igualdad otorgado por el Ministerio de Igualdad y ser galardonado en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa por el proyecto ‘ie-URBAN TRUCK’.

Por último, en Gobernanza y excelencia, 7.700 empleados han sido formados en Código Ético y de Conducta; el 74% de la Cifra de negocio está certificada bajo la norma ISO 9001; o el 23% de la flota está propulsada por energías alternativas, entre otros avances.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, cree que la posibilidad de que un partido bajo el nombre de ‘España Vaciada’ se presente a las próximas elecciones generales es una «maniobra» que solo tiene como objetivo desviar el foco para que Vox no acapare el descontento con el resto de partidos políticos.

En declaraciones a los medios tras presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, Ortega Smith ha augurado que la posibilidad de una nueva formación llamada ‘España Vaciada’ «no va a tener ningún efecto».

«Los españoles no son estúpidos», ha afirmado sosteniendo que se trata de «maniobras electorales o propagandistas» aupadas por los medios de comunicación pero que tendrá «poco recorrido». A su juicio, los ciudadanos ya se han dadoo cuenta de que Vox es «la única alternativa» al «reparto de sillones» entre el PP y el PSOE, que se ha plasmado además este jueves con la elección de miembros del Tribunal Constitucional.

Ortega Smith ha alzado a Vox como «parapeto» frente a «la operación de derribo constitucional del Gobierno criminal» de Pedro Sánchez y ha arremetido también contra el PP por acabar coincidiendo con los socialistas en «las grandes políticas» referentes a la seguridad interior y exterior, la fiscalidad o la libertad.

De hecho, ha animado a PP y PSOE a presentarse directamente juntos a las elecciones en coalición. «Lo que está claro es que solo queda Vox para hacer frente a esa coalición antiespañola, de desprecio constitucional y ruina a los españoles», ha asumido.

COSTES DE LOS FONDOS EUROPEOS

Además, ha avisado de las condiciones que traerán los fondos europeos, que ha advertido que «no es un maná que cae del cielo» sino que tendrá unos costes «muy elevados» desde el punto de vista social y económico.

Ortega Smith ha vaticinado que algunos de sus constes serán una bajada de las pensiones, congelación de los sueldos de los trabajadores públicos o incremento de los impuestos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que «hay que abordar de cuajo el machismo estructural en el poder judicial» y ha cuestionado la formación que reciben los jueces por su actuación en casos de género.

Lo ha dicho en la conversación ‘+one to one: la ciudad en femenino’ en el Forbes Summit Women Barcelona que se ha celebrado en el Liceu, en la que la primera edil ha contado su experiencia siendo la primera alcaldesa de la ciudad y ha repasado cuestiones sobre feminismo.

«No sé qué formaciones están haciendo a los jueces, pero es muy mejorable. Lo estamos viendo no con una sentencia aislada de un caso concreto, sino de forma sistemática», ha alertado Colau.

Por eso considera que en ámbito judicial «hace falta firmeza y autoridad democrática» y no ve normal lo que pasa en los juzgados en término de género, en sus palabras.

EL FEMINISMO COMO OPORTUNIDAD

Ha reivindicado el feminismo como una gran oportunidad para vivir mejor y ha explicado que siendo alcaldesa es cuando más se ha dado cuenta de la importancia de la visibilidad: «Las que somos más visible tenemos que seguir peleando para las que lo tienen más difícil».

En ese sentido, ha dicho que hay mujeres que son «más invisibles», como las mujeres migrantes que se dedican a los trabajos esenciales, como el de los cuidados, y que algunas de ellas no tienen papeles, ha dicho.

«Yo no he venido a ser la primera mujer alcaldesa, he venido a abrir camino», ha afirmado, y ha puesto en valor algunas de las acciones que ha hecho el Ayuntamiento en clave feminista como formaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad para que puedan ser programadoras o conseguir que en la última promoción de la Guardia Urbana haya un 41% de mujeres.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado que la iniciativa ‘Camino de las Empresas’ es una apuesta que «sirve para poner en valor la unidad de España».

Así se ha referido este jueves durante su visita a León, donde ha realizado un pequeño tramo del Camino de Santiago, el cual ha manifestado «genera un camino con una parte espiritual necesaria para aportar tranquilidad para llegar a acuerdos y conseguir una España mejor».

Garamendi, que ha estado acompañado por el presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, ha dejado a un lado la reforma laboral para centrarse «en los activos» que tiene la Ruta Jacobea.

Sobre ella ha enfatizado en la posibilidad de que la parte cultural del Camino de Santiago «se convierta en una parte económica, especialmente en la España más olvidada, que necesita industria y apoyo de otros sectores».

Situación que, según ha destacado, vive León, aunque ha recordado que «solo hace falta pasear por León para comprobar el activo que tiene la ciudad, con el parador de San Marcos, San Isidoro, la Catedral y que se una a otras localidades con gran riqueza como Astorga o Sahagún».

También, ha remarcado que el parlamentarismo «viene de aquí, de León, del Reino de León, se dice que viene de Inglaterra, pero no es así» y ha incidido en que «hay que dar valor al parlamentarismo y la institucionalidad del estado derecho reclamado y en el que León es un claro ejemplo».

Por último, Aparicio ha manifestado la importancia del proyecto empresarial el ‘Camino de las Empresas’ muestra «la solidaridad del camino que refleja la solidaridad de los empresarios cuando inician un nuevo proyecto o como han hecho durante la pandemia».

El delegado del Gobierno central en Euskadi, Denis Itxaso, ha opinado que en el PNV hay una «especie de doble rasero» y una «extrema sensibilidad» de la formación jeltzale para «recibir y encajar críticas» mientras sus dirigientes, «y me parece bien», sí pueden pronunciar opiniones «tanto del Gobierno de España como del Partido Socialista con una cierta normalidad».

En una entrevista en Onda Vasca, ha considerado que «a veces hay un cierto desequilibrio entre la hipersensibilidad que generan nuestras palabras cuando reaccionamos» y ha aclarado que, en su caso, cuando ha pronunciado alguna palabra en torno al PNV «ha sido en respuesta a cosas que se han dicho bien del Partido Socialista o bien del Gobierno de España».

«Quizá sería un buen ejercicio el analizar cómo es posible que, cuando uno defiende sus posiciones, genere tanta hipersensibilidad y, sin embargo, ellos consideren que pueden verter opiniones de todo tipo no sé si con la esperanza de que nosotros permanezcamos callados o acríticos», ha expresado.

El delegado del Gobierno en Euskadi ha destacado que «en una sociedad moderna y avanzada como la nuestra» las discrepancias son «naturales» y ha recordado que «hay pluralismo», por lo que ha incidido en que «el hecho de que haya gobiernos de coalición pero sobre determinados temas haya visiones distintas tampoco debería generar tanto malestar».

En esa misma línea, ha afirmado que con el Gobierno Vasco «he podido tener alguna discrepancia, pero el afán es de colaboración y de lealtad» y ha recordado que «así ha sido durante el funcionamiento del LABI y otras muchas gestiones con consejeros del Gobierno vasco, tanto del PSE como del PNV, con los que colaboramos con la máxima naturalidad y normalidad a diario».

Preguntado por las críticas del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, sobre la formación jeltzale, ha recordado que una semana antes el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, «nos recomendó a los socialistas que, si queríamos estar cómodos, siguiéramos con ellos».

A su juicio, esas declaraciones «destilaban un cierto paternalismo». En ese sentido, ha manifestado que no sabe si con esas afirmaciones «pretenden que permanezcamos callados o no podamos responder». «Hay un cierto desequilibrio entre lo que se dice, cómo se dice y la manera que tienen luego de encajar una cierta crítica», ha insistido, al tiempo que ha preguntado «supongo que se puede criticar al PNV porque a veces da la sensación de que no hay margen para ello».

«BUENA RELACIÓN»

Denis Itxaso ha remarcado que existe «una buena relación» entre los gobiernos vasco y español y ha recordado que el PNV es un socio parlamentario «estable y estratégico». Además, ha considerado que hay «un interés común» de que la legislatura concluya y se ha mostrado convencido de que los presupuestos generales saldrán adelante.

«No es fácil hacer la cuadratura del círculo con las enmiendas y es responsabilidad del Gobierno mantener la coherencia de las cuentas en una determinada dirección, que no es otra que la de la recuperación justa, que no deje a nadie atrás, y que permita volver de nuevo a la senda de crecimiento que se estaba apuntando previamente a la pandemia, y asegurar unos servicios públicos, especialmente en el campo de la salud pública», ha asegurado.

Por otro lado, ante las declaraciones de la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que afirmaba que el puesto de Delegado del Gobierno español «está obsoleto», ha recordado que «el Estado existe, tiene competencias y las ejerce en las diferentes comunidades autónomas mal que le pese a Itxaso Atutxa a la que, por cierto, tengo mucho aprecio personal».

Tras señalar que le da «pena que lo vea así», ha incidido en que los representantes del Estado en las comunidades autónomas «despiertan interés» y ha destacado que él «tiene una agenda económica e industrial muy intensa». A su juicio, «una cosa es la discrepancia política y otra que, directamente, se considere la necesidad de «eliminar el puesto».

MIGRANTES

Finalmente, cuestionado por la situación de decenas de migrantes que deambulan por Irun a la espera de poder cruzar la frontera, Itxaso ha asegurado que el Gobierno central «sigue gestionando este drama humanitario tanto en la frontera sur, en el estrecho, en Canarias, en Baleares, tratando de evitar que se produzcan más pérdidas humanas» y trabaja con el conjunto de las instituciones europeas porque la frontera «no es exclusivamente con España, sino con el conjunto de Europa».

De este modo, ha señalado que «esta es una realidad que, desde el punto de vista humanitario, apunta a la necesidad de muchas personas de huir por razones económicas, políticas o de cualquier otra índole, de sus realidades para buscar un futuro mejor».

«Somos conscientes de que eso está generando también problemas dentro de lo que es el país porque hay una ruta y cuando se trata de repartir a estas personas en diferentes recursos humanitarios con los que el propio Gobierno cuenta en las regiones del país, al final ellos terminan recuperando el camino hacia la frontera porque se quieren reagrupar con familias en Francia, en Bélgica, en el norte de Alemania y eso lleva a que en Irun tengamos este problema», ha explicado.

Itxaso ha destacado que el Ejecutivo central está «en permanente contacto con el Ayuntamiento de Irun conscientes de que está haciendo un gran esfuerzo, junto con la Diputación foral de Gipuzkoa y el propio Gobierno con las plazas que tiene con la Cruz Roja y con otras entidades para dar una atención debida a estas personas migrantes».

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella testificará el próximo miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión de Blackstone en una operación en la que supuestamente no se aplicó la normativa vigente de contratación.

La declaración estaba señalada para este viernes pero se ha atrasado hasta el próximo miércoles, al igual que la testifical de varios testigos, entre ellos la consejera delegada de la EMVS en el mandato de Manuela Carmena.

Será la primera vez que se pronuncie sobre la enajenación de viviendas bajo su mandato. Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto.

En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.

En la vertiente económica del caso, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia condenatoria y exoneró a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.

En la primera sesión del juicio, los Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS lamentaron que la exdirigente popular no se sentara en el banquillo de los acusados al considerar que tuvo «bastante responsabilidad» en la operación.

En concreto, aludían a que el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por Botella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. La exalcaldesa manifestó en un pleno posterior que «sólo cambiaba el propietario».

Botella tendrá que pronunciarse sobre si el Consistorio facilitó información privilegiada a las cuatro empresas concursantes (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.

La acusación particular ejercida por la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell y la acusación popular ejercida por la formación ‘morada’ han pedido al Tribunal Supremo que aumente la pena de prisión del juez Salvador Alba a 10 años, frente a los seis años y medios a los que fue condenado por confabular contra Rosell.

En 2019, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias dictó sentencia contra Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho –por lo que se le condenó a tres años de prisión– y falsedad en documento público –por lo que fue condenado a tres años y medio de cárcel–. Se le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos. Fue condenado también a 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado y al pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales.

Ahora, en el marco de la vista pública que se ha celebrado este jueves en el Alto Tribunal, el letrado Antonio Marrero –en representación de Rosell– y la letrada Sandra Rodríguez –en representación de Podemos– han solicitado que se cambie el delito de falsedad por un delito continuado de falsificación. Ha pedido, también, que se añada a su condena el delito de revelación de secretos.

Así, han elevado su petición de pena de prisión a 10 años: cinco años por el delito continuado de falsificación, tres años por prevaricación en concurso con cohecho, y dos años por revelación de secretos. A ello añaden la pena accesoria de inhabilitación de 11 años para el cargo de juez.

La representación de Rosell y la de Podemos han insistido en que Alba citó en su despacho al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez –quien figuraba como investigado en un procedimiento judicial–, para darle instrucciones y reclamarle documentación para perjudicar a la jueza, cuya plaza ocupó cuando ella asumió el cargo como diputada.

ALBA DICE QUE NO TUVO ACCESO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL

El abogado Nicolás González Cuéllar, en calidad de defensa de Alba, ha insistido en que su cliente fue juzgado por un tribunal que «no ofrecía garantías de imparcialidad» y ha intentado desmontar los delitos que han quedado acreditados en la sentencia del TSJ canario.

Ha reprochado que se admitiera como prueba la grabación de la conversación entre Alba y el empresario aportada por este último. Ha insistido en que dicha grabación fue manipulada y que incumplía los requisitos para ser estimada. Ha criticado, también, que no se tuviera en cuenta la declaración de uno de los testigos que participó en el juicio.

En su turno de intervención, la letrada de Podemos ha reprochado a la defensa que intentara en este trámite de casación ante el Supremo «modificar los hechos probados» e «introducir una versión distinta a lo que quedó probado». Además, ha recordado a la defensa que la grabación de Ramírez fue sometida a varias periciales y que a la declaración del testigo al que hace referencia no se le dio credibilidad.

FISCALÍA PIDE QUE SE RATIFIQUE LA CONDENA DE CANARIAS

En su turno de palabra, la Fiscalía ha respaldado los hechos recogidos en la sentencia y ha pedido al Supremo que ratifique la resolución «en todos los extremos de la condena».

La representante del Ministerio Público ha hecho especial hincapié en el delito de prevaricación que se le atribuyó al magistrado. Ha recordado que, tal y como consta en la grabación que aportó el propio Ramírez, Alba prometió acordar la nulidad de un procedimiento judicial a cambio de que el empresario aportara documentación para perjudicar a Rosell, quien ha acudido como público a la vista de este jueves en el Supremo.

La información reclamada por Alba servía para «incrementar» las posibilidades de que fuera admitida a trámite una querella interpuesta por el entonces ministro de Industria José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo contra Rosell.

La letrada de Podemos y el letrado de la ahora delegada del Gobierno contra la violencia de género han defendido que hay «pruebas suficientes» para entender que Alba facilitó esa información al redactor de la querella de Soria contra Rosell. «Fue un corta-pega», han dicho. Por ello, han pedido que se añada a su condena el delito de revelación de secretos. La Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado que cada diputado sabe «lo que tiene que hacer» en la votación para confirmar a los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), recalcando que, como ya dijera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «esto no es una cuestión de gustos» sino de «cumplir la Constitución», al ser interrogada sobre las críticas al aspirante postulado por el PP Enrique Arnaldo.

«Cada uno es responsable de lo que tiene que hacer y cada uno sabe perfectamente cuál es el acuerdo al que se ha llegado por las fuerzas políticas» para renovar el TC, ha dicho Llop en declaraciones a la prensa tras ser preguntada sobre si se entendería que algún diputado del PSOE y, sobre todo, de Podemos votara en contra de Arnaldo.

En este sentido, la ministra ha señalado que está «absolutamente de acuerdo» con las palabras de Sánchez, que ayer mismo reconoció que no le gustan algunos candidatos del PP para el TC. «Porque es verdad que esto no es una cuestión de gustos, es una cuestión de cumplir con la Constitución. Nosotros somos responsables políticos y no estamos aquí para lo que nos guste o no como personas, estamos aquí para cumplir con la Constitución», ha enfatizado.

Cuestionada directamente acerca de su opinión sobre Arnaldo, la titular de Justicia ha contestado que sigue pensando lo mismo —«tengo que ser coherente»— para añadir a continuación que «es una persona con trayectoria en el mundo del derecho».

«Más allá de los nombres», la titular de Justicia ha querido poner en valor que se ha llegado a un acuerdo para la renovación del TC, «un acuerdo de Estado que demuestra que las fuerzas políticas son capaces de consensuar algo tan importante como un órgano constitucional».

URGE AL PP A RENOVAR TAMBIÉN EL CGPJ

Al hilo de esto, ha aprovechado para insistir en que el PP debe «cumplir con la Constitución y la legalidad» desbloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace casi tres años y que ha quedado fuera de este acuerdo sobre el TC y otros órganos constitucionales.

Sobre la posibilidad de que la confirmación de los cuatro aspirantes al TC abra la puerta a la renovación del Consejo, Llop ha subrayado que «es otro órgano diferente», por lo que «las fuerzas políticas tendrán que hablar de cuáles son las personas más idóneas para ocupar esos cargos».

En este punto, ha destacado la aprobación del Código Ético para las Cortes Generales, señalando que «si se actúa de manera ética por parte de los responsables políticos, que son quienes tienen que entrar en esa negociación, también las personas que serán nombradas para ocupar esos puestos tendrán los mayores estándares éticos».

Según la ministra, se está «en la buena senda» para alcanzar un acuerdo. «Estamos en esa senda del diálogo y de apertura de ese espacio para que pueda haber consensos», ha asegurado.

DESCRÉDITO INSTITUCIONAL

Llop ha enfatizado que el actual bloqueo del CGPJ «impacta directamente sobre la vida de los ciudadanos» porque en estos momentos no puede realizar nombramientos en el Tribunal Supremo y eso va a producir un retraso en más de mil sentencias en causas relativas a todo tipo de delitos.

Al mismo tiempo ha expresado la preocupación del Gobierno por «el descrédito de las instituciones en general», aludiendo como ejemplo a los discursos parlamentarios, donde «se oyen palabras como ‘mentiroso’, ‘traidor’ o ‘siente el aliento en la nuca'».

«Lo que tenemos que hacer es recuperar el verdadero valor de la política, el de la política que está centrada en los ciudadanos y ciudadanas, en ese debate de altura», ha reclamado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía, las cesiones del Gobierno a determinadas comunidades autónomas, como la gestión del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco, mientras que «a otras comunidades no se les permite», en alusión a Andalucía, por lo que se ha lamentado de un comportamiento institucional que «no es equitativo, justo, razonable».

En la pregunta de la portavoz de Cs, Teresa Pardo, sobre decisiones del Gobierno de la Nación, ha reclamado igualmente «abordar pactos» en materias como el agua y la dependencia, ámbito donde ha planteado que «necesitamos que la otra parte, que es el Estado, arrime el hombro», mientras que ha recordado «tenemos sequía» y ha demandado inversiones para facilitar «canalizaciones a nuestros agricultores».

El presidente andaluz ha abogado por «seguir trabajando», planteamiento que ha apostado «hacerlo con determinación, coraje y valentía, a diferencia de otros», convencido de que «el tiempo dirá quién ha estado al frente de Andalucía y quién en contra».

Moreno ha hecho un retrato de la gestión de su Gobierno para afirmar que «hemos aplicado una agenda reformista para llegar a todos los andaluces», que ha situado como «nueva forma de entender la política», a la que ha caracterizado también por sus formas, que ha retratado como «forma dialogada, respetuosa» dentro de lo que ha denominado «la hoja de ruta del modelo andaluz», entre cuyos ingredientes ha situado «la estabilidad política institucional, los impuestos más bajos, la simplificación administrativa, el fortalecimiento de los servicios públicos, la atracción de inversiones».

Moreno, quien ha aludido a sus diferentes encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vicepresidentes y ministros para trasladarles su «predisposición al acuerdo» y señalar seguidamente que será «implacable en la defensa de los intereses» de Andalucía, ha asegurado que «el cambio en Andalucía no está acabado, nos queda mucho por hacer para colocar a Andalucía en el lugar que debía haber estado».

El presidente del Gobierno andaluz ha vuelto a poner el foco en la elaboración y aprobación del Presupuesto de 2022, calificados como «los de la recuperación, el soporte de la gestión de los Fondos Next Generation, el blindaje de los servicios esenciales», antes de advertir de que «la realidad es distinta» frente al llamado modelo de cogobernanza.

Moreno se ha lamentado de que «nos sorprende que el esfuezo no sea correspondido por el Gobierno», punto en el que ha vuelto a recordar la petición de convocatoria de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado y recriminar que se haya puesto «la alfombra roja a otro Gobierno», así como reclamar los criterios de reparto de los Fondos Next Generation, la implicación de comunidades y ayuntamientos en su gestión, la definición de los PERTES, instrumentos del Plan de Recuperación y Resiliencia donde «Andalucía tiene mucho interés en participar».

Moreno, quien ha advertido que «no habrá una buena PAC si Andalucía sale perdiendo» y se ha lamentado de «razones que no alcanzamos a conocer hay una PAC contraria a los intereses de agricultores y ganaderos y ha generado su rechazo», ha reclamado una dotación del 40% que alcanzó en 2021 el Fondo Covid y ha vuelto a advertir de «un mal modelo de financiación, que se sigue sin ser reformar, donde perdemos 4 millones de euros al día, 1.000 millones al año», para recriminar al PSOE que «no encontramos cobijo del Gobierno, ni del PSOE», partido al que ha reprochado que «cuando toca apretar el botón siempre se pone del lado de Madrid, del señor Sánchez».

Un acusado de matar a puñaladas a su pareja delante de sus dos hijas ha lamentado en el juicio el crimen machista ocurrido el 17 de septiembre de 2019, un asesinato que se cometió después de que el hombre estuviera consumiendo alcohol durante horas el mismo día que había acudido a un centro de ayuda para superar sus graves problemas con el alcoholismo.

«Ni en una ni en mil vidas podría reparar el daño que he hecho a mis hijas. Fallé a mis hijas y a mi familia. Debería estar muerto yo y no ella porque solo trató de ayudarme en mi adicción», ha manifestado Francisco G. M. entre sollozos.

El asesino confeso se enfrenta a una petición fiscal de 32 años de cárcel por delitos de asesinato, amenazas, violencia física o psíquica habitual y maltrato en el ámbito familiar. Pese a que el hombre niega los episodios de maltrato, sus dos hijas relataron en la exploración judicial cómo la agredía a diario cuando llegaba «borracho» a casa y cómo la quiso matar en varias ocasiones.

La víctima, de origen paraguayo, tenía 31 años. La pareja tenía dos hijas pequeñas, de 10 y 12 años. El asesinato se produjo en el portal de su casa, ubicada en el número 15 de la calle de Juan Pascual en el distrito de Ciudad Lineal. Una de las niñas llamó al 112.

Las pequeñas no han declarado en el juicio para evitar el trauma que supondría, lo que se conoce como doble victimización. En instrucción, la exploración de las menores quedó como prueba preconstituida de cara a la vista oral, una grabación que ha sido reproducida en la sala.

La mayor de las niñas relató a la psicóloga los violentos episodios que vivió junto a su padre, quien a diario golpeaba a su madre y a ella con un cinturón.

«Mi madre le echaba de casa y se iba a beber con sus amigos. Venía borracho a casa y se ponía a pegarme. Me daba con el cinturón. Lo doblaba y me pegaba en brazos y piernas. A mi madre la pegaba a diario», narró la menor.

Entonces relató con detalle muchos momentos violentos como cuando solía empujar a su madre contra la cama o cuando la golpeaba con la puerta en la cabeza. «Siempre la quiso matar», dijo.

También contó que en una ocasión echó varias pastillas en el café de su madre para provocarla un aborto del bebé que esperaba, algo que finalmente se produjo.

La pequeña narró cómo se produjo el crimen y cómo las amenazó con matarlas si no subían a casa. «Tenía las manos llenas de sangre y se las restregaba en la cara y en las paredes. No me imaginaba un mundo sin ella pero no pudo sobrevivir. Solo pido que pase toda su vida en la cárcel porque le tenemos miedo», comentó.

La niña pequeña contó que el mismo día del crimen, mandó antes una foto a su madre en la que se veía a su padre en mal estado. «Cuando iba bebido era capaz de matar a mi madre. Lo mandé para que tuviera cuidado. Mi madre nos decía que papa sabía que lo que más le dolía a ella era hacerla daño a través de nosotras. Nos amenazaba con matarnos», relató.

ARREPENTIDO

En su declaración, el hombre se ha mostrado compungido, desolado y arrepentido. Al inicio del interrogatorio, ha negado los episodios violentos que protagonizó para someter a su pareja y que han sido descritos por el fiscal, indicando que no recuerda ni haberla maltratado ni insultado.

Según su relato, tenía graves problemas con el alcohol desde los 10 años, una adicción que le llevaba a continuas discusiones con su pareja sentimental. Poco antes de los hechos, la mujer le dio un ultimátum para que acudiera a un profesional.

El día del crimen, acudió a primera hora de la mañana, sobre las 9.00 horas, a un centro de ayuda a la drogadicción pero se marchó al sentirse con ansiedad y agobiado. Estuvo horas bebiendo ron y cervezas. Llamó a la víctima desde una cabina y ésta le reprochó que hubiera roto su promesa.

«Me dijo que no podía seguir así. Yo estaba de acuerdo con que la separación era lo mejor. Ella estaba trabajando y la esperé en el portal de casa para ir a recoger mis cosas», ha relatado.

Lo último que asegura recordar del crimen es estar sentado junto a la víctima tapándole una herida. Tampoco recuerda cómo llego el cuchillo a sus manos y si sus hijas vieron la terrible escena. Ante la Policía, manifestó que fue él quien le arrebató a la mujer el arma homicida.

«CADA DÍA VIVO ANCLADO EN ESE DÍA»

«No quiero excusarme detrás de esta adicción porque sería aún más cobarde. Debería estar yo muerto porque ella solo trató de ayudarme. Cada día vivo anclado en ese día intentando recordar», ha dicho.

Tras ingresar en prisión, Francisco G. M. ha estado bajo tratamiento psiquiátrico por sus ganas de quitarse la vida. «Solo me queda lamentarme porque no puedo hacer nada por enmendar ese error», ha lamentado.

En la fase testifical, una vecina ha relatado que cuando salió a pasear a su perro vio la silueta del acusado apuñalando a una mujer. «Se veía un río de sangre cayendo por las escalerillas que dan a la calle. Se sentó en el portal y nos dijo que llamáramos a la Policía porque había matado a la mujer», ha relatado.

Además, ha dicho que no tenía síntomas de haber bebido. También ha recordado que una de las niñas estaba gritando por una ventana que «por favor no dejaran que su padre hiciera daño a su madre».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a París para asistir a una conferencia internacional sobre Libia con la que se busca respaldar las próximas elecciones en este país así como para participar en un acto organizado por los socialistas europeos en el que se arropará a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en su candidatura a la Presidencia de Francia.

En el Gobierno celebran la inclusión de Sánchez en la cita sobre Libia, que organizan Francia, Alemania, Italia y la ONU, y ven en ello la culminación de los esfuerzos para que se escuche la voz de España en lo relativo a la situación en este país, que se considera muy importante para la estabilidad regional y también para Europa.

El objetivo del encuentro es respaldar la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 24 de diciembre y las posteriores elecciones legislativas con vistas a culminar el proceso de estabilización política, económica y social del país.

España, recuerdan fuentes de Moncloa, está firmemente comprometida con la estabilidad en Libia, país al que viajó Sánchez el pasado mes de junio. En este sentido, se han comprometido 100.000 euros a través del PNUD para financiar la celebración de los comicios, que ya han comenzado a desembolsarse, y otros 50.000 para labores de desminado.

Además, el Gobierno ha trasladado a la ONU su voluntad de participar en el mecanismo de observación del alto el fuego alcanzado por las partes enfrentadas hace un año. La previsión, han indicado las fuentes, es aportar a entre siete y diez efectivos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional una vez lo solicite Naciones Unidas.

En el encuentro está prevista la participación tanto del primer ministro del Gobierno de unidad libio, Abdul Hamid Dbeibé, como el presidente del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, algo que en Moncloa consideran una buena noticia.

Asimismo, está prevista la participación de doce jefes de Estado y de Gobierno: Francia (Emmanuel Macron), Alemania (Angela Merkel); Chad (Mahamat Idriss Déby), Chipre (Nicos Anastasiades), Egipto (Abdelfatá al Sisi), Grecia (Kyriakos Mitsotakis), Italia (Mario Draghi), Malta (Robert Abela), Níger (Mohamed Bazoum), Países Bajos (Mark Rutte) y República Democrática del Congo (Felix Tshisekedi).

Junto a ellos estarán, entre otros, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Según las fuentes citadas, el presidente del Gobierno no tiene previsto en su agenda ningún encuentro bilateral si bien sí cabe esperar que pueda haber saludos o algún breve intercambio de palabras con algunos de los asistentes en algún momento.

ACTO CON LOS SOCIALISTAS EUROPEOS

A continuación, en su calidad de líder del PSOE, el presidente ha sido invitado a participar en un acto organizado por el Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara en el que se lanzará el informe ‘La gran transformación: de un mundo fracturado a un mundo del bienestar sostenible’.

El informe propone toda una serie de recomendaciones políticas y acciones concretas para transformar las sociedades europeas en comunidades sostenibles, más justas e igualitarias y que servirán para alimentar el manifiesto de los socialistas europeos de cara a las elecciones a la Eurocámara de 2024, según ha informado el grupo en un comunicado.

Sánchez intervendrá en un conversatorio junto a con Hidalgo y el primer ministro portugués, Antonio Costa, vayo el título ‘La gran transformación: hacia un biestar sostenible para todas y todos’. En el acto también está prevista la asistencia de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien intervendrá en una mesa redonda previa en su calidad de copresidenta de la comisión independiente para la igualdad sostenible de los socialistas europeos.

CONFERENCIA DE LA UNESCO

El presidente del Gobierno completará su agenda con una intervención en la conferencia anual de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Desde Moncloa, han destacado que esta es la primera vez que un jefe del Ejecutivo visita la sede de esta agencia de la ONU pese al perfil alto que tiene España en la misma. En este sentido, se ha considerado que era una buena oportunidad de acudir ahora, ya que la UNESCO está celebrando su 75 aniversario.

Un equipo de rescate conformado con efectivos del Greim de Cangas de Onís y Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, han rescatado este jueves a un grupo de once personas atrapadas por la nieve en los Picos de Europa.

Según una nota de prensa de la Comandancia de Gijón, a las 20.30 horas de este pasado miércoles se recibía aviso a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Gijón, de la existencia de once montañeros atrapados por la nieve en una zona próxima al Picu Urriellu (Asturias).

El aviso, procedente del 112 Asturias, requería de la colaboración del Greim de Cangas de Onís con el grupo de Rescate de SEPA para desplazarse hasta la zona de Collado Vallejo-Cabrales (Asturias), lugar donde se hallaban los once senderistas atrapados por la nieve.

Este grupo de senderistas, procedentes de Mallorca, habían planeado una ruta que iba desde Bulnes, hasta el refugio del Picu Urriellu y terminaba en Pandebano, donde le estaban esperando tres vehículos para llevarlos hasta el hotel donde se alojaban.

La abundancia de nieve hizo que la ruta se complicara, hasta que finalmente quedaron atrapados por varias avalanchas que se habían producido estos días. Esto y la falta de material apropiado hacía peligrosa su travesía, por lo que decidieron solicitar asistencia para continuar.

A las 22.00 horas el equipo de rescate comenzó el ascenso al lugarindicado por los senderistas, estableciendo contacto visual una hora más tarde.

Se comprobó entonces la existencia de varias avalanchas de nieve entre ellos, avalanchas que debido a las bajas temperaturas se habían convertido en hielo, haciendo muy peligrosa la trayectoria, y necesitando para avanzar material específico como crampones, piolets y cuerdas.

Tras asegurarse con cuerda, fueron desplazándose por las zonas máspeligrosas tallando escalones en el hielo, con la pala del piolet, hasta que logran llegar al lugar donde se halla el grupo.

Para asegurar a los senderistas, los rescatadores establecieron una línea de vida a la cual unieron mediante arneses a todo el grupo,pasando de uno en uno las zonas peligrosas hasta llegar a la zona deseguridad.

Sobre las 02.30 horas, una vez pasado el tramo más difícil de nieve, comenzaron el descenso a pie hasta Pandébano, llegando al lugar a las 03.30 horas.

El Grupo Socialista ha reclamado que la comisión parlamentaria de investigación sobre el incendio de Navalacruz (Ávila) arroje luz sobre la «negligente» gestión del operativo contra incendios, que considera insuficiente y descoordinado, lo que a su juicio contribuyó a empeorar las consecuencias de un fuego que podría haberse evitado o mitigado sus efectos.

Así lo ha señalado el coordinador de Fomento y Medio Ambiente del Grupo, José Luis Vázquez, quien ha vuelto a reiterar la petición de dimisión del consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de pedir que la Junta «recapacite» y aproveche los fondos de la Unión Europea para hacer parques de bomberos y mejorar el operativo de incendios como han hecho otras comunidades.

Vázquez se ha expresado así en una rueda de prensa en la que ha leído la diligencia policial de la Guardia Civil sobre el incendio, en la que se pone de manifiesto que hay una diferencia de horarios que tienen el equipo del helicóptero (piloto y técnico) del operativo, que comprende desde las 9.30 hasta las 20.30, y la brigada a la que transporta, que inicia su turno a las 11.00 horas y lo termina a las 22.00 y, como norma general, la aeronave no despega sin su brigada.

Así, ha señalado que mientras el helicóptero de El Barco de Ávila que intervino estaba preparado para una actuación desde las 9.30, la brigada no lo está hasta las 11.00, motivo por el cual el helicóptero no actuó hasta que aquella hizo sus acto de presencia.

«Por lo que existe un lapso de una hora y media que se podría decir que el medio aéreo no se encuentra operativo al no estar presente el personal de extinción que transporta», ha señalado Vázquez que recoge el operativo.

El responsable socialista ha aclarado que lo que ha explicado no es una acusación del PSOE, de los sindicatos o de los bomberos forestales a los que la Junta, «de forma sistemática desprecia» sino la «constatación expresa» contenida en las diligencias del informe emitido por la Guardia Civil.

«El gran incendio forestal de Navalacruz podría haber sido evitado y, en todo caso, podría haber sido mitigado en sus efectos si la Junta hubiera contado, como se ha requerido sistemáticamente y constantemente con un operativo suficiente, bien organizado, coordinado y suficientemente dotado», ha aseverado Vázquez, quien ha incidido en que «el incendio de una furgoneta» en una carretera en época alta de incendios, cuando se daban todas las circunstancias de riesgo ha provocado el cuarto mayor incendio de la historia de España.

En esta línea, ha añadido que el hecho de que un fuego haya asolando no sólo 22.000 hectáreas, «una auténtica barbaridad», sino también «el porvenir de toda una comarca» por causa «de una negligencia política de magnitud histórica» exige la adopción de responsabilidades y da todo el sentido a la comisión de investigación constituida en las Cortes.

«DOS MINUTOS» DE TRAYECTO

José Luis Vázquez, tras relatar la cronología de las llamadas al 112 y las instrucciones de actuación que se fueron transmitiendo, ha afirmado que a las 10.43 horas el 112 llamó al Centro Provincial de Mando para activar el helicóptero «que, literalmente, según la diligencia, tarda o hubiera podido tardar dos minutos dos minutos desde la base hasta el lugar del incendio».

A su juicio, a medida de que se conocen los acontecimientos ocurridos y el discurrir de los hechos «crece la indignación social» y, lejos de atisbar «propósito de enmienda» del consejero, con sus manifestaciones les obliga a trabajar «con el máximo rigor» a lo largo de toda la comisión de investigación y a reiterar a exigir a la Junta de Castilla y León para que adopte las medidas que garanticen la correcta custodia del territorio y la protección ciudadana a que le obliga la ley.

El responsable de Fomento y Medio Ambiente del Grupo Socialista ha recordado que el consejero ha respaldado la actuación porque se cumplió con los protocolos, que efectivamente se hizo, pero el «lapso de hora y media» en el que la diligencia entiende que el medio aéreo no se encuentra operativo a no estar presente el personal de extinción, a su juicio lo que evidencia es que el único responsable de que el protocolo «sea imposible de ser cumplido» es el consejero.

Por ello, ha señalado que la comisión de investigación, que ha exigido se constituya «inmediatamente», tienen el mismo objetivo que las demás que se han creado en las Cortes, que «no vuelva a ocurrir lo mismo y por ello considera que está obligada a contribuir a dar «visibilidad» a lo que aconteció en el mayor incendio de la comunidad autónoma y cuarto mayor de toda España.

«Porque tiene que servir para que la Junta de Castilla y León recapacite tanto esta, como la que venga de manos de Luis Tudanca, y dote de medios suficientes durante todo el año», pero además sea una gestión pública «conforme a lo que determina la ley», que sea coordinado, eficaz y eficiente y que «impida que vuelva a ocurrir una desgracia de esta magnitud».

ACTUACIÓN «NEGLIGENTE»

José Luis Vázquez, tras insistir en que la responsabilidad es de la actuación «negligente» del consejero, ha lamentado la «gran desgracia» que ha supuesto el incendio por un operativo con «pocos medios, mal dotados, mal gestionados, mal coordinados, falta de coordinación de organización, una autentica chapuza» que ha recordado que el PSOE ha advertido con «numerosas» propuestas y ha avisado de que la emergencia climática hará que vuelvan a aparecer circunstancias de riesgo como las de aquel día.

El coordinador socialista ha explicado que volverán a presentar la Ley de Servicios de Emergencias, Prevención y Extinción de Incendios, que fue «despreciada» por el Partido Popular y por Ciudadanos, algo que también hicieron con la comisión de investigación sobre el incendio.

Además, ha exigido a la Junta, como han hecho otras comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia, con gobiernos de diferente color político, que aproveche los fondos de la UE para dotarse de esos medios, de esos parques de bomberos profesionales que vertebre en el territorio y que cubran esa custodia del territorio «con garantías» que no incorpora en un proyecto «para salir del paso» ante los medios de comunicación y a la opinión pública.

A este respecto, ha afirmado que con 35 millones de euros «no llega ni siquiera» para la décima parte de toda la necesidad de parques de bomberos de la Comunidad y por ello ha insistido en que cumpla, con los fondos que llegarán en los próximos tres años, el acuerdo que también fue incumplido por la Junta de Castilla y León con los sindicatos, con los ayuntamientos en donde el plan sectorial preveía la construcción de 113 parques de bomberos.

La Fundació Bofill ha propuesto una nueva fórmula de financiación de los centros escolares que tenga en cuenta sus necesidades derivadas del nivel de complejidad y la vulnerabilidad de sus alumnos, y reclama mantener los 570 millones de euros de los fondos extraordinarios por la Covid-19, destinándolos a los centros más necesitados, usando dicho sistema.

El director de la entidad, Ismael Palacín, ha presentado este jueves en un acto un informe que apuesta por pasar a un modelo de financiación «por fórmula de equidad» que concentre el esfuerzo económico en los centros que tienen más alumnado social y educativamente vulnerable para que reciban más recursos docentes, profesionales, materiales y formativos, y garantizar así las oportunidades educativas.

Actualmente, según el informe de la Fundación, elaborado por Miquel Àngel Alegre y Marcel Pagès, Catalunya tiene un sistema de financiación lineal, por el que los recursos que reciben los centros tienen poco en cuenta su complejidad social y territorial y se centran más en su tamaño: «Poco equitativo y puramente compensatorio», en palabras de Palacín.

La entidad ha diseñado tres escenarios económicos: uno conservador, en el que se redistribuyen los recursos actuales (y, por tanto, hay centros que salen perdiendo); uno ‘de garantías’ en el que se amplía el presupuesto un 15% –643 millones de euros más– y se redistribuye de forma que ningún centro pierda, ha asegurado; y uno de ‘gratuidad real’ tomando como base el coste de la plaza escolar calculado por el Síndic de Greuges, en el que se aumenta el gasto un 38%, unos 1.622 millones.

Así, en el escenario ‘de garantías’, una financiación por fórmula permitiría que un centro público de primaria de máxima complejidad en Catalunya pase de recibir, de media, 5.246 euros anuales por alumno a 6.860, y uno de ESO, de 6.618 a 9.093 euros.

RECURSOS ECONÓMICOS

Del aumento de recursos del 15% que prevé dicho escenario, «una buena parte ya están allí», según la entidad, gracias a la inversión extraordinaria de 576 millones de euros de respuesta a la pandemia, algo que hace falta «consolidar» y redistribuir de forma más equitativa aplicando dicha fórmula, ha concluido la Fundació Bofill.

Palacín ha añadido que un momento de expansión presupuestaria como el actual es «óptimo» para que el crecimiento acompañe este tipo de modelos, de forma que el dinero siga a las necesidades de los alumnos y no al contrario.

Sumando los fondos extraordinarios y el presupuesto anunciado por el Govern, Alegre ha calculado que es «perfectamente plausible» aplicar su fórmula sin que ningún centro pierda recursos, y se pasaría a una inversión educativa sobre el PIB de un 3,9%, todavía menor a la que prevé la Ley educativa catalana; y el escenario de ‘gratuidad real’ supondría el 4,3%.

MODELO CON REFERENTES INTERNACIONALES

El informe argumenta que, actualmente, los 800 euros de más por alumno y año que reciben los centros públicos con alumnado vulnerable, en comparación con los que no tienen complejidad, son «insuficientes para garantizar las necesidades educativas de ese alumnado».

El texto apunta que países como Finlandia, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Canadá y la «gran mayoría de sistemas educativos de la OCDE» disponen de una financiación por fórmula donde se incluyen factores como la complejidad social y educativa del centro y su entorno para sobredotar de recursos los centros más desfavorecidos.

UGT Servicios Públicos ha remitido varias cartas a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social donde le propone realizar las modificaciones y el desarrollo normativo para hacer efectiva la jubilación anticipada y la parcial con contrato de relevo en el ámbito de los servicios de Salud.

Según el sindicato, los cambios para la jubilación parcial con contrato de relevo deberían focalizarse en modificar el artículo 215 de la Ley General de Seguridad Social, para que haga referencia al Estatuto Marco y en la modificación del Real Decreto 1131/2002, por el que se regula la jubilación parcial.

UGT Servicios Públicos señala que se debe incluir al personal estatutario para hacer efectiva una modalidad de jubilación que, entre otras cuestiones, tendría como efectos positivos la jubilación progresiva y voluntaria del profesional, «sin una desconexión brusca con su actividad y la posibilidad de transferir sus conocimientos y experiencia antes de la jubilación total».

Asimismo, consideran que generaría empleo en la figura del relevista que, además, «se vería beneficiado de la trasmisión de conocimientos por el trabajador relevado, propiciando una continuidad en la calidad del servicio».

La organización sindical ha puesto en evidencia el agravio comparativo que sufre el personal estatutario que, a pesar de estar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y cotizar al mismo, «es el único colectivo de trabajadores (junto con los funcionarios del Régimen General de Seguridad Social) que no pueden disfrutar de la jubilación parcial, aunque cumplan los requisitos legalmente previstos».

El personal estatutario que ha pretendido jubilarse anticipadamente en base al artículo 26.4 del Estatuto Marco ha visto rechazada su pretensión. Una situación que ha provocado, incluso, la intervención del Tribunal Supremo que, por un lado, efectúa una interpretación restrictiva del término «trabajador por cuenta ajena» excluyendo al personal estatutario y, por otro, alude a que el desarrollo reglamentario de la jubilación parcial Real Decreto 1131/202) no regula la situación del personal estatutario.

Otra de las reivindicaciones abanderadas por UGT Servicios Públicos es la asignación de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación para las personas trabajadoras del sector de salud y servicios sociosanitarios, ya que «muchas de las actividades profesionales desarrolladas por los integrantes de estos colectivos suponen, en muchos casos, una exposición constante a agentes tóxicos, peligrosos, insalubres y altamente contaminantes, como por ejemplo la exposición a citostáticos, gases anestésicos, formaldehido, xilol, colorantes, desinfectantes, radiaciones, agentes biológicos (la COVID-19) y requieren una elevada demanda física y psíquica para el desarrollo del puesto de trabajo».

«A medida que aumenta la edad de los trabajadores, simultáneamente va creciendo el tiempo que llevan desempeñando ese trabajo, generando un desequilibrio obvio entre las capacidades de los trabajadores/as y los requerimientos del puesto de trabajo», argumentan en un comunicado.

Además, aprovechando la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, UGT Servicios Públicos ha planteado a los grupos parlamentarios 31 enmiendas, entre las cuales se incluyen varias relativas al personal estatutario de los servicios de Salud, una de las cuales plantea la necesidad de abordar los cambios y desarrollos normativos que sea precisos para concretar la jubilación anticipada a tiempo parcial.