El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que "no es bueno para el sistema democrático" la situación que vive estos días el Partido Popular y ha negado similitudes entre los contratos para la adquisición de material contra la COVID-19 realizados por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento que dirige.

Por lo que se refiere a la situación interna en el PP, Puente ha reconocido que no le genera "ninguna satisfacción" lo que está viendo, ya que "no es bueno" que "un instrumento que canaliza la participación de un sector de la ciudadanía en las instituciones y la democracia", como es el Partido Popular, pase por algo así.

"No es bueno para el sistema democrático", ha insistido durante una rueda de prensa celebrada este viernes, tras alertar del "riesgo" de que "un partido más radical" se erija "en representante de ese sector de la población". "No es nada bueno lo que estamos viendo", ha subrayado el alcalde, quien ha opinado que los dirigentes 'populares' "no lo están haciendo nada bien".

Así, ha considerado "difícil de entender" que ante un caso "de presunta corrupción", en lugar de "perseguirlo con total transparencia", se "guarde en un cajón a conveniencia de las guerras internas de quienes las protagonizan".

En cuanto al posible parecido entre el contrato que el Ayuntamiento de Valladolid firmó para la adquisición de mascarillas con un "amigo" del alcalde y el de la Comunidad de Madrid, en el que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría participado como intermediario, Puente ha rechazado cualquier "similitud" y ha subrayado las diferencias entre ambos procesos.

TRANSPARENCIA FRENTE A OPACIDAD

"Todas las instituciones, cuando llegó la pandemia, nos vimos obligadas a contratar equipos de protección. En Valladolid nos juntamos todos los grupos y pusimos sobre la mesa todas las opciones, yo puse sobre la mesa la opción de un amigo y así se lo hice saber a todos los grupos, con total transparencia", ha explicado Óscar Puente, quien ha comparado este proceso con la "absoluta opacidad" del caso madrileño.

"Aquí se llevó al Pleno el contrato, allí ni siquiera pasó, parece ser, por el Consejo de Gobierno", ha insistido el primer edil, quien ha recordado que en Valladolid "el PP lo judicializó", por lo que espera que "haga lo mismo" en este caso.

En este sentido, se ha referido al archivo de la causa tanto por el Juzgado de Instrucción como de la Audiencia Provincial y ha recordado que el fallo constató la "mala fe y utilización espuria de la jurisdicción penal" por parte de los demandantes.

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón de 78 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena por tratar de acuchillar a su expareja, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron sobre las 12.20 horas de este jueves cuando agentes en servicio de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para que se personaran en la calle Don Sancho, donde un individuo estaría amenazando con un cuchillo a una mujer.

La rápida y comprometida actuación de varias personas evitó un trágico desenlace, en concreto dos mujeres que observaron la agresión y dieron la voz de alarma y un ciudadano que, al oír gritar a una mujer, no dudó en salir de su establecimiento y sin pensarlo agarró al hombre por la espalda y al intentar separarle de la mujer que atenazaba se percató entonces que portaba un cuchillo de cocina.

Al verlo, le sujetó el brazo que esgrimía el arma, y abriéndole la mano, tirando de los dedos, consiguió arrebatarle el cuchillo, tirándolo al suelo.

Una vez en el lugar, los funcionarios se encontraron al agresor retenido en un establecimiento por el varón que se enfrentó a él, y la víctima a escasos metros acompañada de las mujeres que dieron la voz de alarma.

Inmediatamente, los funcionarios actuantes procedieron a detener al varón, de 78 años, y tras comprobar que la víctima era su ex pareja se hizo cargo la Sección de Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

El detenido, que tenía vigente una prohibición de aproximarse a su ex mujer y había estado ya en prisión por otro episodio violento contra su expareja, no mostró en ningún momento arrepentimiento por lo ocurrido. "La voy a matar, me ha arruinado la vida, lo único que me arrepiento es haber fallado", advirtió.

El arrestado ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha decretado su ingreso en prisión.

La detención fue practicada por agentes de la Comisaría Provincial de Valladolid.

El Servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado este viernes al Ministerio de Sanidad un total 789 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad respecto a la jornada anterior, así como una muerte más debido al virus.

Según los datos publicados por la Conselleria de Salud, el balance total de casos en el archipiélago se sitúa en 250.133 contagios desde que comenzó la pandemia y 1.209 defunciones.

En las últimas 24 horas se han confirmado 483 pruebas positivas, 75 menos que el día anterior, así la tasa de positividad sube al 15,2%. Un total de 383 pruebas positivas corresponden a Mallorca, 57 a Menorca, 26 a Ibiza y una a Formentera.

Por otro lado, los casos hospitalizados en planta bajan a 263 y los pacientes en UCI bajan a 51. De esta forma, el nivel de ocupación COVID de las unidades de críticos baja a riesgo medio, con un 14,9%. Por islas, Mallorca tiene 36 pacientes en UCI; Menorca, siete en UCI; e Ibiza, ocho en UCI.

Además, Atención Primaria atiende actualmente a 5.263 personas en relación al COVID.

Por otra parte, Baleares ha administrado 2.165.503 dosis de vacunas contra el COVID, con las que el 88,26% de la población diana ha recibido una dosis (987.590 personas) y un 84,92% tiene la pauta completa (949.729).

El religioso español, Antonio Carrón, es parte del equipo directivo del Instituto de Antropología de la universidad pontificia Gregoriana, un centro de excelencia en la prevención de los abusos que trabaja en la formación continua de personas no solo del ámbito eclesial para "corregir los defectos" que hacen que estos casos se den de forma sistemática".

"Lo que hacemos es poner los medios necesarios para que se mejore el trato con personas vulnerables y, también, corregir los defectos que hacen que se produzcan abusos de forma sistémica", señala en una entrevista.

El Centro de Antropología para la Dignidad Humana de la universidad Gregoriana, que hasta ahora se ocupaba de la protección del menor, ha sido recientemente elevado a rango de Instituto, con el objetivo de dar formación a las personas para atajar en origen cualquier tipo de abuso y difundir una cultura del cuidado en todos los ámbitos, no solo dentro de la Iglesia.

La mayor parte de los estudiantes que se apuntan a los cursos son religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos con la Iglesia, pero también "se han creado alianzas muy interesantes con empresas vinculadas a la tecnología, multinacionales del mundo de la comunicación o entidades públicas que se ocupan de ciberdelincuencia", según asegura Carrón. Para optar al curso, que dura cinco meses, solo se necesita una carta de recomendación de una autoridad eclesiástica o civil.

Carrón deja claro que intentar hablar de una "erradicación total y completa" de los abusos sexuales en la Iglesia es una "idea absolutamente irreal e ingenua". Pero apunta a que se pueden mejorar muchas prácticas y para ello es esencial "la escucha". "No tiene nada que ver leer un testimonio o ver un vídeo que ver a una persona en directo contando en lágrimas su sufrimiento. Las personas salen muy impresionadas, con sentimientos encontrados de rabia o tristeza después de este curso", señala.

Este agustino recoleto lleva años trabajando en la prevención de los abusos e imparte varios cursos sobre educación sexual, castidad y roles de género; la adicción al cibersexo o cómo identificar los perfiles de un abusador. "La investigación científica sobre la dignidad humana desde la óptica de la antropología cristiana es fundamental", manifiesta. Los cursos impartidos en este Instituto, que cuenta con el aval de una de las víctimas más reconocidas a nivel internacional, el chileno Juan Carlos Cruz, se basan no solo en "los aspectos cognitivos o intelectuales", ya que es necesaria "una transformación de los corazones".

"Muchos llegan con dudas sobre el grado de difusión de esta realidad; otros quieren buscar solo datos y estadísticas, pero poco a poco todos ganan una mayor sensibilidad", asegura.

El equipo docente cuenta con profesionales juristas, psicólogos y canonistas. "Se trata de una red interdisciplinar que trabaja desde una perspectiva global", señala Carrón. No solo se busca contrarrestar la violencia contra los menores en la Iglesia, sino que su ámbito de actuación se extiende a todos los maltratos ejercidos sobre personas vulnerables, como inmigrantes que son víctimas de trata, mujeres o jóvenes en una situación de dependencia o adicción.

En este sentido, Carrón también considera importante analizar y prevenir los abusos de poder y conciencia contra los seminaristas o los que se dan en el seno de las congregaciones religiosas.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que la región es la comunidad que más invierte en educación pública per cápita.

Además, ha puesto de relevancia que el 80 por ciento de la educación en la comunidad extremeña es educación pública y el 20 por ciento es concertada.

González ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras el anuncio del cierre del Colegio 'Juan XXIII' de Mérida y las críticas de los sindicatos y familias.

"Nosotros respetamos a las organizaciones sindicales, como no puede ser de otra manera, lo que le podemos transmitir es que en un país que se llama España en el que existen 17 comunidades autónomas, si vemos la situación con respecto a la educación pública que tiene Extremadura, podemos decir que Extremadura es la comunidad autónoma de toda España que más invierte en educación pública per cápita", ha apuntado en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo regional ha considerado que este hecho es algo de lo que los ciudadanos de Extremadura se tienen que "muy orgullosos" y ha añadido que es algo que la Junta y el gobierno de Guillermo Fernández Vara "siempre hará y siempre seguirá haciendo", porque la educación es "clave" para que haya igualdad.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha criticado este viernes a los gobiernos del PP que, a su juicio, están "alentando" el odio "pactando leyes contra la igualdad" e "iniciativas homófobas" con "la ultraderecha".

En su intervención en el acto organizado por la formación socialista por el Día mundial contra la LGTBIfobia en el deporte, Lastra se ha referido a un odio que, a su juicio, estaba "arrinconado" y "avergonzado" y que, ahora, se ha "vuelto a envalentonar alentado por representantes políticos, desde ayuntamientos, comunidades autónomas y desde los escaños del Congreso".

"También desde gobiernos del PP cuyos dirigentes pactan leyes contra la igualdad y toman iniciativas homófobas con la ultraderecha", ha declarado, antes de recordar unas declaraciones del líder de Vox en Castilla y León sobre la necesidad de "heterosexualizar" el fútbol por estar "lleno de maricones".

"Eso es lo que quiere el PP, pactar con esta gente", ha declarado en su discurso, para insistir después en que los 'populares' serán "responsables" de lo que acuerden.

En el acto, en el que han participado profesionales y deportistas del colectivo LGTBI, contando sus experiencias, la dirigente socialista ha destacado que los deportistas son "referentes" y "modelos" que "marcan generaciones" y, por tanto, este sector "no es una actividad cualquiera" y en ella no puede caber la homofobia.

En este sentido, ha defendido la labor del PSOE en este campo a través, según ha indicado, de la propuesta de Ley de Igualdad de Trato que se está tramitando en el Congreso a iniciativa de los socialistas y que, tal y como ha precisado Lastra, "se combate los delitos de odio"; y el proyecto de Ley del Deporte, aprobado por el Gobierno, que hará "un derechos de las personas deportistas" la "igualdad de trato y de oportunidades sin discriminación alguna por razón de orientación, indentidad sexual o expresión de género".

"Un derecho que que quedará blindado gracias a la capacidad sancionadora que establecerá la ley, que dotará de competencias a los comités antiviolencia para perseguir y erradicar cualquier signo de LGTBIfobia, como ya hace la legislación deportiva con el racismo", ha señalado la vicesecretaria general del PSOE.

Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a hacer una "reflexión más profunda" sobre la discriminación de la mujer en el deporte y, más concretamente, "la discriminación lesbófoba" y "machista" que, a su juicio, "atenta contra el derecho de todas las mujeres". "El deporte femenino no es de bolleras, ni de machirulos", ha explicado Lastra, para añadir que "la práctica deportiva es un derecho común a todas las mujeres independientemente de sus orientaciones e identidades sexuales".

Finalmente, Lastra ha reconocido que la sociedad necesita a los deportistas LGTBI para amplificar la lucha contra la LGTBIfobia y les ha asegurado que el tiempo de que ellos tengan que "plantar cara solos" a este problema "se ha acabado" porque, en la actualidad, esta voz la representan "millones" de personas.

Crue Universidades Españolas ha celebrado que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el que ha incorporado varias de sus propuestas, como la figura contractual indefinida para actividades científico-técnicas, que sustituye a los contratos por obra y servicio ligados a los proyectos de investigación, o la definición de un nuevo itinerario posdoctoral, entre otras. En todo caso, advierten de que estarán "vigilantes" para que se mantengan los consensos acordados.

La organización ha agradecido al Ministerio de Ciencia e Innovación y al de Universidades "su capacidad de escucha para hacer realidad este nuevo marco legal, que espera que haga más competitivo" el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero ha reclamado igualmente al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas que "habiliten una solución hasta que la nueva ley entre en vigor, previsiblemente en unos ocho meses, y que incluya los proyectos no financiados por la UE".

Para el presidente de Crue y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, se trata de una reforma que "cumple con parte de las expectativas del sistema universitario", responsable de más del 70% de la producción científica de España, y ha señalado que espera que el trámite parlamentario "sirva para mejorar las oportunidades del sistema".

En este sentido, José Carlos Gómez Villamandos ha advertido de que espera que no ocurra lo mismo que con la Ley de Convivencia Universitaria, cuyo texto fue modificado de manera sustancial cuando llegó al Congreso de los Diputados, pese a contar con el consenso previo de los principales actores del sistema universitario. "Estaremos vigilantes", ha aseverado.

Crue ha insistido en que la puesta en marcha de los nuevos contratos para actividades científico-técnicas es de "máxima urgencia, ya que la entrada en vigor de la reforma laboral puede dejar fuera del sistema a los miles de investigadores con contrato por obra y servicio y llevar al sistema al colapso".

La nueva figura contractual acabaría con la inseguridad jurídica del colectivo investigador, pero para ello es necesario que el Gobierno coordine las dos reformas legales en todos sus términos y condiciones para evitar que la incertidumbre que se está generando en los investigadores e investigadoras universitarias termine bloqueando el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación", ha concluido.

La Guardia Civil continúa realizando diversos servicios de prevención en la isla de La Palma en relación con la emergencia causada por la erupción volcánica con el objetivo de seguir velando por la integridad física de todos los ciudadanos.

La Unidad Técnica de NRBQ y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo desplazadas desde Madrid continúan con las mediciones en las zonas de La Bombilla, Puerto Naos, así como en la zona del cono volcánico.

Actualmente la medición de gases sigue siendo muy elevada en azufre en la zona del cono y de Dióxido de Carbono (CO2) en Puerto Naos y La Bombilla, por lo que en caso de permanecer en dichas zonas supone un riesgo alto para la salud.

La Guardia Civil reitera a todos los ciudadanos residentes en las zonas afectadas por la erupción seguir las recomendaciones que las autoridades competentes van estableciendo permanentemente para proteger a todos los ciudadanos ante los graves peligros que conllevan esos niveles de gases nocivos y que son capaces de producir la muerte tanto de animales, como de las personas.

Así mismo, recuerda que siguen existiendo zonas restringidas en las que no es posible el acceso por seguridad de los ciudadanos, debiendo tener en cuenta que aquellos que no cumplan con la normativa podrán ser sancionados en base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía seguir siempre las indicaciones que las autoridades competentes en la materia establecen continuamente en sus perfiles o canales oficiales.

El personal del Parlament está estudiando iniciar acciones legales contra la Cámara catalana por la decisión de la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) de revocar las 'licencias por edad' y también por el "ataque" que, a su juicio, han recibido en el caso de la retirada del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

En un comunicado este viernes del Col·lectiu Ronda, bufete al que se han dirigido para estudiar emprender estas acciones legales, los trabajadores han criticado que con la decisión de suprimir las 'licencias por edad' se "transforma en papel mojado el principio de negociación colectiva y el derecho de libertad sindical".

Han asegurado que durante meses estuvieron negociando para modificar las condiciones de acceso y la duración de estas licencias hasta alcanzar el acuerdo publicado a finales de diciembre en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), y sostienen que no habrían "tenido ningún problema de volver a sentarse para hablar de todo lo que conviniese, incluyendo la supresión de las licencias".

"El problema no es y no ha sido nunca la supresión de la licencia, pero es intolerable que la misma Mesa del Parlament, que aún no hace dos meses aprobaba esta modificación, ahora actúe de forma unilateral para eliminar las licencias, ignorando la obligación de negociación y consulta", han añadido.

CASO JUVILLÀ

Asimismo, han reprochado que durante el caso de la retirada del acta de Juvillà se les profirió un nuevo "ataque, poniendo en cuestión la imparcialidad y profesionalidad" del personal del Parlament, y han insistido en que trabajan para preservar el prestigio de la Cámara, no para obstaculizar su funcionamiento, en sus palabras.

"Todas las afirmaciones que se han hecho estos días contra los funcionarios del Parlament forman parte de una batalla política que no tiene nada que ver con nosotros y que no se ajustan a la verdad", han zanjado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo 4 de marzo los recursos de apelación formulados por acusaciones y defensas contra el final de la investigación de la 'Operación Kitchen', la mayoría de los cuales reclaman retomar las pesquisas para indagar en la existencia de una trama política en la que apuntan a una posible implicación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Según una diligencia de ordenación, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha fijado para el 4 de marzo la "deliberación y votación" de los recursos de apelación de esta pieza separada número 7 de 'Tándem'.

Lo hace tras señalar como nueva ponente a la magistrada Ana María Rubio Encinas, en sustitución de Juan Carlos Campo, que fue designado inicialmente si bien tuvo que abstenerse dada su condición de ex ministro de Justicia, algo que ha ratificado el Pleno de la Sala de lo Penal.

El titular de este juzgado, Manuel García-Castellón, acordó en un auto del pasado 29 de julio poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje que entre 2013 y 2015 se habría organizado desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para localizar la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que cayera en manos de la Justicia.

El magistrado concluyó que ese espionaje parapolicial existió y que tuvo éxito, y procesó al ex ministro Jorge Fernández Díaz como 'cerebro' de la 'Kitchen', junto a otras diez personas, incluidos el que fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el otrora chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

A lo largo del mes de septiembre, la mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideran un "cierre en falso" del caso. Así, la Fiscalía Anticorrupción, en una lógica que asumen buena parte de las impugnaciones, acusó al instructor de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" de Rajoy y Cospedal.

Un "problema técnico" con el programa informático usado en la Audiencia Nacional para dar trámite a los recursos de apelación frenó la deliberación de los mismos, si bien el asunto quedó resuelto el pasado mes de enero, despejando el camino para que la Sala de lo Penal emita su dictamen.

La Fiscalía Anticorrupción ya tiene sobre la mesa las tres denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que buscan que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, debe estudiar esos escritos y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación.

Fuentes de Anticorrupción, consultadas por Europa Press, indican que sin esa incoación no se puede practicar ninguna actuación, ni diligencia, ni requerimiento alguno. Por tanto, a pesar de que este viernes se han formalizado las tres denuncias, de momento el Ministerio Público lo que debe hacer es estudiar los escritos y decidir.

En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso --el hermano de la presidenta-- medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".

Díaz Ayuso ha aclarado este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid.

Con todo, la pelota ahora está en el tejado de Anticorrupción, que debe valorar los pasos que da a partir de ahora con el material aportado por los partidos. Al respecto, el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) señala que el fiscal puede recibir denuncias, como éstas, y que puede enviarlas a la autoridad judicial o decretar su archivo "cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante".

En caso de que decida incoar diligencias, el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dice que tras recibir noticia de un hecho aparentemente delictivo "practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo".

PUEDE CITAR A QUIEN CONSIDERE

Indica asimismo que el fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido. Si tras esas diligencias considera que los hechos son delictivos, debe instar ante el juez de Instrucción la incoación del procedimiento y enviarle lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

Este artículo recuerda además, que el Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas para la prestada ante el juez o tribunal.

Y recuerda que el fiscal deberá cesar en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

SIN MEDIDAS CAUTELARES

El Estatuto Orgánico recuerda en el 5.2 además que para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, el fiscal puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales "no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos". Si bien matiza que "podrá ordenar el fiscal la detención preventiva".

Además recuerda que todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad, y que los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de las mismas.

De hecho, en caso de que Anticorrupción lo considere oportuno, puede recibir declaración del sospechoso, quien "habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas".

Sobre la duración de las mismas, el estatuto dice que "habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado (FGE).

Además, si transcurrido el plazo la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal, el fiscal debe proceder a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo. "También podrá el fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye", reza.

En el supuesto de que la decisión del fiscal acabara en querella contra Isabel Díaz Ayuso, cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, de acuerdo al estatuto de la región, es aforada ante el Tribunal Supremo. Según el 25.1, la responsabilidad penal del presidente del Gobierno --de la Comunidad de Madrid--, vicepresidentes y consejeros "será exigible ante la Sala de lo Penal" del Alto Tribunal.

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha celebrado la aprobación de la "histórica" ley de protección, derechos y bienestar de los animales este viernes en el Consejo de Ministros que "puede buscar la excelencia" en el desarrollo de distintos reglamentos si "en las próximas semanas" los legisladores tienen en cuenta la opinión de todos los sectores implicados, ponderando todas las demandas y sensibilidades, siempre con el objetivo de promocionar el bienestar animal.

Así, aunque ve "importante" reforzar las medidas para evitar las camadas indeseadas, que es otra de las razones frecuentes en el abandono de animales, la entidad advierte del riesgo de recurrir a mecanismos extremos como la esterilización generalizada. "Creemos que esta práctica solo debe darse en casos muy singulares o bajo consejo veterinario fundamentado", advierte.

La RSCE destaca que esta será la primera ley estatal que armonizará las distintas legislaciones autonómicas y locales y actualizará conceptos "superados y obsoletos", lo cual valora como una "gran noticia" para los amantes de los perros y los animales en general. "Es un paso adelante contra el maltrato y el abandono", celebra.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, opina que "sin duda" la aprobación del anteproyecto de ley es histórico, ya que "abre el camino definitivo" hacia una legislación que espera que sea "adecuada y justa" para los fines que se propone e insta a que "no deje en el olvido" a las razas caninas y los criadores responsables, promotores fundamentales del bienestar animal".

En ese sentido, pide salvaguardar la actividad de los criadores responsables, que trabajan cada día en beneficio de los perros y a los que define como "verdaderos promotores del bienestar y el respeto por los animales".

En ese sentido, la entidad pone a disposición del Gobierno el código de buenas prácticas reconocidas con el que trabaja la Real Sociedad desde su fundación en 1911 y que se trata del registro "más grande y prestigioso de criadores de España".

Con su ofrecimiento, espera que el Gobierno pueda disponer de datos estadísticos y rigurosos respecto a crianza responsable.

Otra de las consideraciones que formula al borrador del proyecto de ley aprobado es que ve necesario avanzar en el desarrollo de medidas contra el abandono animal que afecta a más de 3.000 perros cada semana en España.

En este sentido, destaca que los perros de raza apenas sufren abandono porque están identificados en sus comunidades autónomas y en el propio registro de la RSCE, lo que permite identificar no solo a su criador o tutor, sino también su origen, antecedentes familiares y datos sanitarios.

Por último, destaca que "la mejor estrategia" para concienciar sobre el bienestar animal debe ser la educación y la formación, por lo que pide incluir una asignatura de educación animal en el currículo formativo español porque los criadores responsables tienen un papel imprescindible como garante de las razas a partir de criterios cinotécnicos sin lucro o beneficio económico.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha evitado confirmar que la reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat se celebrará antes de Semana Santa y ha destacado que serán los participantes en la misma quienes anuncien la fecha.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones de la líder de los 'comuns' en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, quien ha asegurado esta mañana que la Mesa se reunirá "en las próximas semanas", y concretamente antes de Semana Santa, y además ha afirmado que se está trabajando para que haya avances y contenido.

Así, la portavoz ha señalado que son declaraciones de una portavoz en el Parlament y que la mesa es entre gobiernos, el Central y el de la Generalitat y por tanto serán ellos quienes anuncien "en el momento oportuno" cuándo se va a llevar a cabo.

Previamente había indicado que "en las próximas semanas", cuando se vayan ajustando los temas y las fechas, lo anunciarán.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DESPLIEGUE DE FONDOS

Respecto a los asuntos que podrían llevar a la próxima reunión de la Mesa de Diálogo ha indicado que avanzan "en temas importantes" y que ahora están centrados en la recuperación económica y el despliegue de fondos. "Trabajaremos para que ahí también Cataluña sea protagonista en la modernización y transformación de España", ha añadido.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones apenas unas horas antes de la celebración de la Mesa Bilateral Gobierno Central-Generalitat, que se celebra en Barcelona y que a su juicio está muy trabajada. Así, se ha mostrado optimista de que se pueda avanzar en los temas que forman parte del orden del día porque existe un trabajo previo "muy contundente", ha valorado.

En este sentido ha destacado que sea la segunda reunión de este tipo en seis meses y que va a ser positiva en la recuperación de la normalidad en las relaciones entre las dos administraciones. Además, ha apuntado que va a ser interesante para los catalanes porque van a ver respuesta a alguna de sus demandas y preocupaciones.

No obstante, ha aclarado que esta mesa no tiene como objeto fijar la fecha de la reunión de la Mesa de Diálogo que "se va a celebrar", ha insistido porque ambos gobiernos tienen la "absoluta determinación" de seguir avanzando y dialogando.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recordado que las fuerzas de la oposición no son suficientes para cambiar la mayoría de Madrid, algo que no ocurrirá "si no se mueve algo en una de las partes que ahora conforman el Gobierno", en alusión a Cs.

Maestre, a la salida del Consejo Local de Seguridad, ha pedido "menos declaraciones, menos pasillos, menos filtraciones y más actos, más acciones y declaraciones públicas".

Todo ello después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya descartado una moción de censura porque considera que "no hay elementos de peso que demuestren que ha habido alguna intervención", apuntando que Cs está para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid no se emplee para guerras partidistas del PP ni para una estrategia a nivel nacional.

"Si hay alguien con intención de cambiar la actual correlación de fuerzas en el Ayuntamiento que salga y lo explique. Nosotros solos no podemos", ha zanjado Maestre, que cree que es necesario esa realineación por la "grave crisis institucional" que se está viviendo en el Ayuntamiento.

Ahora le toca al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "dar la cara", como muy tarde el martes en el Pleno, y aceptar la comisión de investigación que parece que se aprobará. "En función de ella daremos los pasos oportunos", ha concluido.

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que confía en la palabra del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pero ha reconocido que existen "versiones incongruentes" con lo manifestado por el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, en relación al supuesto espionaje desde Cibeles a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una intervención en 'La Sexta', la coordinadora de Cs en Madrid, ha descartado por ahora la posibilidad de encabezar una moción de censura contra Martínez-Almeida y ha manifestado que tenderá a creer a alcalde hasta que se demuestre lo contrario al pesar los dos años y medio de "buen gobierno" con su socio.

En primer lugar, ha querido dejar claro que tuvo conocimiento del supuesto espionaje antes de ayer a la misma hora que el resto a través de las informaciones publicadas en el diario 'El Mundo' y 'El Confidencial', recibiendo una llamada de Almeida en el que le trasladó lo que posteriormente comentó en la rueda de prensa ofrecida para dar explicaciones al respecto.

Así, ha explicado que lo que hizo Cs en aquel momento fue a las 11.30 mandar una convocatoria, ya que la EMVS tiene un vicepresidente que es de Cs y tiene consejeros de la formación naranja. "Afortunadamente el Ayuntamiento no es un sitio donde el Partido Popular tiene libertad para gobernar y ya sabemos para qué sirve esa libertad. El PP gobierna en coalición y hay quien fiscaliza y controla", ha subrayado.

Por eso, se reclamó un consejo extraordinario y urgente de la EMVS, que ha tenido lugar esta mañana y en el que Cs ha lanzado una batería de preguntas para aclarar a los ciudadanos lo ocurrido al entender que se sientan "inquietos" e "inseguros".

"Lo más importante es que el presidente, que es del PP, ha enmendado a la totalidad la versión del alcalde porque ha dicho que no ha realizado ninguna investigación", ha recalcado.

CONFÍA EN ALMEIDA

Sobre si insinúa si miente el alcalde, Villacís ha replicado que no y ha manifestado que ha hablado "todo el rato" con el alcalde, quien le ha trasladado que se pondrá en contacto con el presidente de la EMVS.

"No lo sé. Yo confío en el alcalde y creo que han hecho una investigación pero también quiero saber cómo se ha hecho esa investigación y por qué se ha producido esa investigación y no se ha dado cuenta al consejo cuando tienen obligación para ello", ha dicho.

Villacís ha insistido en que confía en Almeida pero ha recalcado seguidamente que es un "hecho" que han mantenido "versiones incongruentes", recordando que proviene del mundo jurídico y esto es así.

"Llevamos dos años y medio de muy buen gobierno y hemos pasado tiempos difíciles como la pandemia o Filomena. Yo voy a tender a creer hasta que se me demuestre lo contrario. Yo no voy a acusar o voy a dictar sentencia hasta que haya pruebas y un proceso. Sigo creyendo porque llevamos dos años de gobierno de lealtad y no voy a acusar gratuitamente porque somos serios y no voy a estar salivando para ser alcaldesa", ha señalado.

Por ello, descarta una moción de censura porque considera que "no hay elementos de peso que demuestren que ha habido alguna intervención", apuntando que Cs está para garantizar que el Ayuntamiento de Madrid no se usa para guerras partidistas del PP ni para una estrategia a nivel nacional.

Por último, ha avisado de que "no va a permitir que concejales de Cs que son limpios vayan a asumir riesgo en la batalla de Génova". "Hay que depurar responsabilidades y no nos va a temblar la mano", ha advertido al vicealcaldesa.

El Gobierno español ha informado de que se ha transmitido un mensaje a tres buques españoles que se encuentran en la zona del naufragio del 'Villa de Pitanxo', en aguas de Terranova, para que "maximicen la capacidad de detección y ver si efectivamente aún fuera posible encontrar algún cuerpo en esas circunstancias".

Así lo ha trasladado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, quien ha agradecido a dichos pesqueros, que siguen faenando en aguas de Canadá, su colaboración en las tareas de rescate en unas condiciones "muy difíciles".

En esta misma jornada, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, también ha indicado que el Gobierno canadiense ha expresado su "voluntad" de retomar la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio del 'Villa de Pitanxo'. Hay tres supervivientes y se han recuperado nueve cuerpos sin vida de una tripulación de 24 marineros, pero 12 siguen desaparecidos.

Precisamente, en un acto en Ourense, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha ratificado que el compromiso por parte de Canadá, que suspendió las tareas de rescate tras 36 horas de rastreo, es retomar la búsqueda de los 12 tripulantes desaparecidos "tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan".

"El propio Ministerio de Asuntos Exteriores, el propio ministro, en las conversaciones que estuvo manteniendo en el día de ayer con su homóloga ha trasladado que tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan, van a volver a reanudar esa búsqueda, por lo tanto eso lo podemos confirmar", ha dicho.

APOYO DE DOS PESQUEROS DE CANGAS Y UNO DE VIGO

"Del mismo modo que podemos confirmar que la propia secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca ayer mismo con la visita del ministro también se comprometió a intentar movilizar el mayor número de medios posibles pesqueros", ha añadido, y ha aludido al contacto con tres barcos que "van a reforzar esa seguridad, esa vigilancia" por si se pudieran localizar a marineros desaparecidos.

De los tres barcos movilizados, dos son de Cangas y uno de Vigo, según ha indicado Miñones.

El presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Pedro LLorca, ha realizado un llamamiento a la sociedad para que apoye a los bancos de alimentos, pues -según ha dicho- "hubo una reacción potente al principio de la pandemia, que fue como una explosión de generosidad, pero, con el tiempo, la sociedad ha ido relajándose un poco y hay que recordar que las necesidades siguen estando y que el problema no se ha resuelto".

Llorca ha realizado estas declaraciones ante los medios en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, con casión de la reunión mensual itinerante que ha celebrado en Castelló el Comité Ejecutivo de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Este Comité Ejecutivo ha coincidido con el 25 aniversario del Banco de Alimentos de Castellón.

El presidente de FESBAL ha subrayado que "la colaboración de la sociedad en estos tiempos de crisis ha sido de suma importancia para poder seguir adelante y ayudar a los más de 500.000 nuevos beneficiarios que desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 han acudido por ayuda de alimentos".

Llorca ha explicado que durante la pandemia ha crecido la población en precaridad, con entre un 50 y un 60 por ciento más de beneficiarios en muchos casos, y ha disminuido el número de donantes, lo que ha provocado que se haya pasado de 130 kilos/persona año entregados a 110 kilos. "Tenemos beneficiarios que antes fueron donantes y, aunque es doloroso que esto suceda, es la realidad", ha señalado.

Al respecto, Llorca ha apuntado la necesidad de que las instituciones públicas se "impliquen más", "ya que son las que tienen la obligación de paliar situaciones de precaridad y de riesgo de exclusión social". "Los bancos de alimentos estamos resolviendo un problema social a coste cero", ha añadido.

UN SUEÑO

Pedro LLorca ha subrayado que "sería un sueño conseguir que los bancos de alimentos pudieran desaparecer porque no se necesitasen y que las administraciones públicas pudieran atender las necesidades de las personas con precaridad".

"El Comité Ejecutivo celebrado hoy en Castellón es un aliciente para que los 54 Bancos de Alimentos podamos seguir nuestra labor, y juntos continuar ayudando a las personas que más lo necesitan", ha añadido.

Por otra parte, el presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, ha indicado que antes de la pandemia se daba ayuda a unas 13.800 personas en la provincia y ya se ha pasado a 18.000. Así mismo, ha apuntado que el Banco de Alimentos de Castellón ha repartido más de 27 millones de kilos durante los 25 años de su funcionamiento.

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), asociación sin ánimo de lucro creada en noviembre de 1995, coordina las actividades de los 54 Bancos de Alimentos asociados con relación a toda clase de organismos públicos y empresas privadas de ámbito nacional o internacional. En el año 2020, los Bancos que conforman a FESBAL repartieron más de 158,7 millones de kilos que llegaron a más de 1,5 millones de personas vulnerables y necesitadas, a través de una red de más de 7.955 instituciones benéficas, y todo ello gracias al esfuerzo de 3.327 voluntarios permanentes.

El cantante onubense Manuel Carrasco se enfrenta este fin de semana, tras un largo parón debido a la pandemia, a un doblete en Madrid en el Wizink Center donde retomará la gira que tuvo que aparcar por la crisis sanitaria. "Sinceramente sí que pienso que a la cultura no se le escucha, no se le respeta en muchos aspectos. Solo cuando les interesa. Es una sensación un poco frustrante", ha lamentado el artista preguntado precisamente por el parón que ha afectado a todo el sector.

A su juicio, los políticos hacen "lo que según les convenga" y que, a pesar de los "clichés" de subvenciones que se anuncian. "Todo son titulares en vano", ha dicho en una entrevista en la que, en todo caso, asegura que se encuentra ilusionado, con ganas y que echaba de menos estar en contacto con el público.

A poco de cumplir 20 años desde que su primer disco viera la luz, Carrasco publicó el pasado viernes su nuevo lanzamiento, 'Fue', un adelanto de lo que será su próximo disco y un sencillo que augura que le acompañará a lo largo de su carrera.

"Fue una canción que salió como un disparo. Salió muy rápida, muy sentida y muy desvestida. Tiene un mensaje muy claro y directo y ese compendio de cosas ha hecho que llegue de una manera muy especial. Me llegó así cuando la hice y así la he querido transmitir", revela Carrasco en una entrevista.

"LA SOCIEDAD VIVE CON URGENCIA"

En palabras del cantante, la música es una profesión "bastante sacrificada" y dice que no se desconecta. "Son 24 horas al día", asegura el de Huelva, que añade, sin embargo, que "unas cosas compensan a otras" y ha aprendido a gestionar la vorágine de trabajo "con los años".

"Quizás es que vengo de pueblo y sé lo que es el trabajo duro, sé lo que es ganar 50 pavos al día y matarte, estar subido en un andamio y me da cosa decir que esto es un curro. Me da un poco de reparo", confiesa el cantante.

A pesar de que el mundo de la industria musical también pone sus tiempos a los artistas para los lanzamientos y, en general, la sociedad vive "con urgencia", Manuel Carrasco reconoce que es "una víctima de todo eso" pero que intenta que a su música "no la dirija" ni le afecte el segundero del reloj con el que vive la sociedad.

"Yo en mi carrera y en mi vida le doy muchas vueltas a las cosas y necesito mi tiempo", ha detallado el andaluz, tras reconocer que ha aprendido de sus errores de juventud pero que con los años se ha ganado "el respeto del público" y de su equipo. "Entiendo esa urgencia en los artistas, porque a mí me llega ese nerviosismo, lo que pasa que yo lo obvio", asegura entre risas.

70.000 ENTRADAS EN TRES HORAS

Manuel Carrasco ha vendido 70.000 entradas en tres horas para su concierto en Sevilla pero asegura que una parte de él todavía "no es consciente de eso". "Sé que es difícil hacer eso, porque no se hace todos los días, pero me ha pasado 20 años después de trabajar muchísimo", señala.

Además, admite que los grandes escenarios como el Wanda Metropolitano, donde consiguió hacer 'sold out', a día de hoy le siguen provocando "vértigo". "Todo empezó soñando y diciendo ¿por qué no? Y vamos un poquito más allá. Todo parte de uno", apostilla.

Así, su nuevo tema 'Fue' es solo el ariete del ciclo creativo que el onubense irá desplegando a lo largo de este año. De aquí al verano, Carrasco continuará con su gira 'La Cruz del Mapa Tour', en grandes recintos y con 19 fechas ya confirmadas.

En estos conciertos se reencontrará con sus fieles, pero también con todas las palabras y canciones que le han permitido ser el artista especial del que hoy día puede presumir la música española.

La Ley de Ciudadanos para mejorar la vida de los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) podrá finalmente debatirse en el Congreso de los Diputados, tras la expiración del proceso parlamentario para realizar nuevos "vetos".

Así lo compartieron en el día de ayer la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, el portavoz adjunto del GPCs, Edmundo Bal, y la diputada Sara Giménez, portavoz de Igualdad de los liberales en el Congreso, con representantes de la Fundación Francisco Luzón, quienes, junto a otras entidades de la sociedad civil movilizadas por los derechos de los pacientes con dicha enfermedad, han trabajado con Cs en los últimos meses en esta Ley.

Hace unos meses, el Gobierno arguyó "afectación presupuestaria" para impedir que esta ley pudiera debatirse. Entonces, Cs denunció el "veto arbitrario e indigno" que impuso el Gobierno, así como su intención de volver a registrar la norma.

El Gobierno tenía de plazo hasta el pasado 12 de febrero para volver a vetarla y, transcurrido el plazo, finalmente esta ley pueda debatirse al no haber sido objeto de un veto que, para Ciudadanos, era "profundamente antisocial y antidemocrático".

"En consecuencia, los liberales españoles celebramos que nuestra iniciativa pueda debatirse finalmente, y esperamos que pueda ser aprobada porque hay miles de pacientes y sus familiares que necesitan ayudas para superar las enormes dificultades que tienen para recibir atenciones y cuidados dignos", celebra la formación 'naranja' a través de un comunicado.

Esta Ley recoge el mandato del Congreso al Gobierno para tomar medidas que mejoren la atención y las condiciones de vida de los pacientes enfermos de ELA y de sus familiares en España, por lo que paa Cs el veto "resultaba del todo incomprensible".

"En Cs celebramos que la presión de los liberales, así como de todas las personas de la sociedad civil y asociaciones de pacientes y familiares afectados por la enfermedad, haya logrado hacer rectificar al Gobierno", remacha el partido liderado por Inés Arrimadas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados, ha presentado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sus reivindicaciones contra la exclusión de las personas mayores en las entidades financieras.

La PMP, que ha calificado como "muy positivo y esperanzador" este encuentro, ha trasladado a Gabilondo la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja los derechos de los mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que contemple el servicio de banca física como un servicio esencial y universal.

A este respecto, según la PMP, Gabilondo ha manifestado su firme compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos.

En concreto, el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio ante las administraciones públicas para que procuren una "mayor accesibilidad" en las gestiones de la ciudadanía frente a las dificultades de la digitalización, y ha apelado al Banco de España para que solicite a las entidades que atiendan presencialmente a las personas mayores.

Entre las demandas planteadas por la PMP están también la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un "gestor del mayor" en cada una de las oficinas bancarias y complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica.

A su vez, reclaman la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP pide crear un espacio en el que atender periódicamente a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías. En este sentido, la PMP señala el papel que podría realizar el servicio de Correos.

Asimismo, la plataforma demanda que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, y que se busquen soluciones sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores.

Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación para que sean realmente efectivas. Igualmente, considera que deberían imponerse sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.

Los perros de caza y los perros que usan los pastores quedarán incluidos en la futura ley de protección y bienestar animal, que no solo afecta a las mascotas en el hogar, sino en su conjunto a todos los vertebrados, según el proyecto de ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.

Fuentes del Gobierno han confirmado que, por ejemplo, los dueños de estos canes también tendrán que constituirse como criadores en caso de que quieran cruzar a sus animales y prevén que el mecanismo se desarrolle a través de reglamentos autonómicos. Las mismas fuentes no prevén que está condición suponga más burocracia o coste para los dueños y que el objetivo es ejercer un mayor control ante el abandono de animales.

Esta era una de las discrepancias de la redacción de la norma entre el departamento impulsor, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que quería promover la redacción de una normativa propia para los perros de caza y las rehalas para que se adaptaran a sus circunstancias y a la actividad para las que son empleadas dadas las "especificidades" que los "diferencian de los animales domésticos".

La intención del MAPAMA, que estaba recogida en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, chocaba con la voluntad del departamento de Ione Belarra, que finalmente se ha impuesto en el proyecto de ley.

En definitiva, los perros de caza y perros de pastoreo y ganadería serán tratados como cualquier otro can, por lo que quien tenga cinco ejemplares deberá estar registrado como núcleo zoológico, si quiere criar habrá de contar con las instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. El cumplimiento de estos requisitos será controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Pero en su Estrategia Agricultura planteaba un tratamiento distinto para estos animales y estudiar, a través de un Grupo de Trabajo, los requerimientos específicos de los perros de caza y las rehalas, analizando la posibilidad de definir unos criterios mínimos consensuados por todas las autoridades competentes.

Según el MAPAMA, el objetivo principal de la estrategia es fomentar una actividad cinegética sostenible, que permita el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, una gestión ecosistémica adecuada, el control de las poblaciones cinegéticas y la generación de riqueza en el medio rural.

En definitiva, el texto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros prevé en términos generales que las actividades profesionales en las que estén implicados los animales de compañía deberán contar con profesionales titulados o formados en su desempeño, en función de la especie del animal y la actividad que se desarrolle.

Además, de manera reglamentaria el proyecto de ley contempla establecer las actividades profesionales que, por estar relacionadas conanimales de compañía, requieren una titulación mínima para su desempeño. Los perros de trabajo tendrán que cumplir condiciones desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. En cualquier caso, el borrador indica que ningún perro podrá realizar actividades profesionales hasta cumplir los 18 meses de edad.

En lo que respecta a los animales cinegéticos, la propuesta normativa del Gobierno, establece que estos deberán estar inscritos como tal en el Registro de Animales de Compañía, además de estar vinculados en el mismo a la licencia de caza de su titular o responsable.

Por otro lado, los cazadores que quieran criar a sus perros también deberán estar inscritos en el Registro de Criadores, en su categoría correspondiente y en caso de no estarlo, los perros de caza que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tenercontacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados. También, en el caso de que haya perros de distintos sexos que no puedan mantenerse de forma separada, deberán estar esterilizados, al menos todos los miembros de uno de los dos sexos.

En cuanto a regalar o vender un perro cazador a titulares no inscritos en el Registro de Criadores, podrá hacerse, pero con el can esterilizado o con el compromiso de su esterilización en un máximo de tres meses si es adulto o antes del año en el caso de ser un cachorro.

Respecto a los perros de pastoreo y guarda del ganado, deberán estar igual que los de caza, inscritos como tales en el Registro de Animales de Compañía y estar vinculados en el mismo registro ganadero de su titular o responsable.

Del mismo modo, los propietarios de estos canes que quieran criar ejemplares deberán estar asimismo inscritos en el Registro de Criadores, en su categoría correspondiente, cuyas condiciones se desarrollarán reglamentariamente. Y si no lo están, los que se estén en el exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros tendrán que llevar permanentemente un sistema de geolocalización.

Sin embargo, estos no tendrán que estar esterilizados si viven en el exterior de una vivienda. Ese requisito solo se aplicará para al menos todos los miembros de uno de los sexos en el caso de que en un mismo emplazamiento haya perros de distintos sexos que no puedan estar separados.

De manera común a los perros de caza, los de pastoreo y guarda de ganado deberán mostrar pruebas de sociabilidad, porque su ausencia supondrá su clasificación como perros de manejo especial fuera de la actividad específica.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha evocado este viernes la foto del encuentro y el abrazo entre los escritores Rafael Alberti y José María Pemán durante el Carnaval de Cádiz de 1981 que "simbolizó la reconciliación de las dos Españas cuarenta años después de la Guerra Civil".

Así lo ha puesto de relieve el presidente de la Junta en el transcurso de su intervención durante el acto inaugural de las jornadas 'Letras para la Concordia', celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri de la capital gaditana, que elogia las figuras de Pemán y Alberti.

Moreno ha estado acompañado, entre otros, de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre; la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez; el director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), Santiago Muñoz Machado, así como de familiares, amigos y admiradores de Rafael Alberti y José María Pemán.

El presidente andaluz ha reivindicado ese abrazo como un instante que encarna el espíritu de la Transición, momento en el que todos tenían "la voluntad general de salir adelante", ha señalado.

Moreno ha sostenido que resulta imposible gobernar en una sociedad "que se odia, se detesta y que no se tiene respeto", y por ello ha asegurado que trabajará siempre por una Andalucía "de concordia, libre de odios, extremismos, resentimientos y de viajes al pasado". "Por una Andalucía donde 'Pemanes' y 'Albertis' encuentren siempre una plaza donde abrazarse, y un buen motivo para hacerlo", ha añadido.

Durante su intervención en esta jornada titulada 'Letras para la Concordia', Moreno ha afirmado que, a lo largo de la legislatura, su gobierno ha afrontado "duras pruebas", como el "desafío" de la pandemia de Covid-19, que ha desencadenado una crisis social y económica, o la "imperiosa necesidad de modernizar la comunidad autónoma desde todos los ámbitos".

Al respecto, el presidente ha sostenido que otro de sus grandes empeños desde el inicio del mandato es "restaurar y defender la moderación, basada en el diálogo y la concordia".

De igual modo, Moreno ha destacado que la reconciliación que hoy se homenajea venga del territorio de la cultura que, para él, "es un motivo más para que los responsables políticos la defendamos y cuidemos. "La cultura es la última barricada frente a la barbarie y el primer puente hacia la civilización. Un puente que todos deberíamos cruzar y proteger", ha incidido.

En estas jornadas, que se celebran entre este viernes y este sábado en Cádiz, se recordarán y descubrirán aspectos del entorno literario, familiar y humano de Rafael Alberti y José María Pemán.

"Espero que cada vez celebremos más encuentros como este, dedicados a nuestros grandes creadores. Para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y para que valoremos esos rasgos de humanidad como el que hoy recordamos, que son los que de verdad hacen grandes a las personas y tan buen ejemplo dan", ha manifestado el presidente, quien ha estado precedido en el turno de palabra por el director de la RAE, a quien a su vez ha dado paso la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez.

Por último, el presidente andaluz ha mostrado su apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025. "Es la aspiración de todos. Confío en que quienes tienen que tomar la decisión sepan valorar la impresionante aportación gaditana a nuestra lengua, nuestras hablas y nuestra cultura", ha concluido Moreno.

La Reina Letizia ha presidido este viernes una reunión de trabajo con motivo del 150º aniversario del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, creada para acoger bajo su protección a los huérfanos de militares del Ejército de Tierra y proporcionarles el apoyo necesario para conseguir un medio de vida "adecuado a sus condiciones intelectuales y circunstancias personales".

A su llegada a la Residencia Logística Militar 'San Fernando, la Reina ha sido recibida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Fernando Enseñat, y otras autoridades militares.

Ya en la reunión celebrada en la Sala Histórica, se ha hecho una reseña histórica y una previsión de futuro, se repasaron las actividades realizadas en el año 2021, así como la protección y sostenimiento de huérfanos.

Una vez finalizada la reunión, y tras la firma en el Libro de Honor, la Reina ha podido tener un breve encuentro con una representación de huérfanos protegidos y algunos familiares.

A continuación, el director del Patronato de Huérfanos ha entregado a Doña Letizia de un cuadro como recuerdo de su participación en la reunión de trabajo.

El origen que es formalmente considerado como de fundación del actual Patronato de Huérfanos se fija en el 1 de octubre de 1871, fecha de inicio del primer Colegio de Huérfanos de la Infantería en el seno del Ejército.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha autorizado la concesión de ayudas por un total de 504,5 millones de euros para financiar a cuatro empresas --Técnicas Reunidas, Ferroatlántica, Eurodivisas y Wamos-- en el marco de los fondos aprobados por el Gobierno para paliar los efectos del Covid-19 en empresas estratégicas.

El Gobierno defiende esta decisión tras llevar a cabo un "exhaustivo y riguroso" proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas, del impacto que han sufrido por la pandemia, del plan de viabilidad que ha presentado cada una de las compañías, así como de las perspectivas de evolución y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que van a recibir.

Con estas cuatro nuevas operaciones, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya ha aprobado operaciones por valor de 2.040 millones de euros, un 38% del total de los 5.365,5 millones de euros solicitados.

Se suman así a las ya autorizadas para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs y Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles y Grupo Abades.

TÉCNICAS REUNIDAS

En primer lugar, se ha autorizado una ayuda de 340 millones al grupo Técnicas Reunidas, que se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 175 millones de euros y un préstamo ordinario de 165 millones.

En la tramitación del expediente se ha tenido en cuenta el carácter estratégico de Técnicas Reunidas como compañía española de prestación de servicios de ingeniería al sector energético, con presencia en más de 50 países y dinamizadora del tejido productivo español por su capacidad exportadora en compañía de proveedores nacionales.

A finales de 2020, el grupo daba empleo en todo el mundo a 7.458 trabajadores de unas 70 nacionalidades, de los que 4.368, casi el 60% del total, se ubicaban en España.

WAMOS

El Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de una ayuda de 85 millones de euros a Grupo Wamos, que se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 43,35 millones y un préstamo ordinario de 41,65 millones.

Grupo Wamos es un grupo turístico integral que desarrolla su actividad en toda la cadena de valor del sector con tres líneas de negocios. Por un lado, las agencias de viajes, con Nautalia como una de las minoristas de mayor peso.

Por otro lado, los operadores turísticos Wamos Circuitos y Grupo Mapa, que sitúan al grupo como tercer operador de España; y la aerolínea Wamos Air, una de las principales aerolíneas españolas de largo radio y en cuanto a número de asientos disponibles. A diciembre de 2019, el grupo empleaba en España a un total de 1.747 personas.

EURODIVISAS

La ayuda autorizada para Eurodivisas asciende a 45 millones de euros, que se canalizarán a través de un préstamo participativo por importe de 26 millones de euros y otro ordinario de 19 millones.

El Grupo Global Exchange, conformado por la sociedad holding matriz Eurodivisas, se dedica a la prestación del servicio de cambio de moneda extranjera y reembolso del IVA. El Gobierno defiende su carácter estratégico tanto a nivel nacional como para el tejido productivo de Castilla y León, dado su impacto social y económico en este territorio.

Global Exchange es la principal compañía nacional en el sector de su actividad y número dos del mundo en la prestación de servicios de cambio en aeropuertos internacionales. La plantilla del grupo ha ido creciendo en los últimos cuatro años, hasta llegar a casi 2.500 empleados a finales de 2019.

FERROATLÁNTICA

El Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de una ayuda de 34,5 millones de euros al Grupo Ferroatlántica, una financiación que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 17,6 millones y otro ordinario de 16,9 millones de euros.

La actividad de Grupo Ferroatlántica, filial de Ferroglobe --participada al 54% por Grupo Villar Mir, se desarrolla en el sector metalúrgico, siendo el grupo uno de los mayores productores mundiales de silicio metal y ferroaleaciones a base de silicio y manganeso, y que atiende a una base de clientes de todo el mundo. A diciembre de 2019 daba empleo a 338 personas en España.

Castilla y León ha sumado este viernes un total de 1.436 2.111 nuevos casos diagnosticados de Covid-19 --320 menos que ayer y 675 menos que hace una semana--, con diez fallecidos más en hospitales, hasta un total de 7.099, y 67 nuevas altas médicas, 39.097 en total.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, en total se han diagnosticado hasta la fecha 647.239 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 1.436 nuevos casos más en la última jornada. De ese total, 640.754 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados son 220, tres menos que en el anterior parte, y los casos vinculados a ellos ascienden a 4.083, 163 menos.

Por provincias, donde más positivos se han notificado en la última jornada ha sido en Valladolid, con 287 nuevos casos y un total de 151.975; seguida por Salamanca, con 283 y 85.778; León, con 203 y 106.679; Burgos, con 156 y 106.031; Ávila, con 145 y 40.606; Zamora, con 127 y 37.820; Palencia, con 122 y 49.845 totales; Segovia, con 72 y 42.774, y Soria, con 41 y 25.731 en total.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se eleva a 7.099, de ellos dos en las provincias de Valladolid, León, Salamanca y Burgos, y uno en Zamora y Soria.

Del total, 1.455 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.424; Salamanca, que tiene 1.009; Burgos, 924; Palencia, 576; Zamora, con 530; Ávila, con 446; Segovia, con 412, y Soria, con 323.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 39.097, 67 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 9.551 en Valladolid; 6.833 en León; en Burgos, 5.868; en Salamanca, 5.063; en Palencia, 3.041; en Zamora, 2.550; en Ávila, 2.325; en Segovia, 2.269 y en Soria, 1.597.

MENOS HOSPITALIZADOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad siguen liberando camas y albergan actualmente 528 pacientes con COVID-19, 38 menos que en el anterior parte. De ellos, 468 personas se encuentran ingresadas en planta, 32 menos, mientras que en unidades de críticos hay 60, seis menos.

Los pacientes con COVID-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en todos los hospitales con UCI de la Comunidad y ocupan un 18 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en estas unidades, dos puntos menos que en el anterior parte.

Así, se informa de 14 ingresados en la UCI del Río Hortega de Valladolid; nueve en el Complejo Hospitalario de León; ocho el Clínico Universitario de Valladolid; seis en los complejos de Burgos y Salamanca; cuatro en el Complejo de Zamora; tres en los de Soria y Segovia; dos en el de Ávila; y uno en el de El Bierzo.

CINCO RESIDENTES FALLECIDOS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 4.311, cinco más que en el anterior parte --publicado el pasado martes, día 15-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 3.206 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 --1.996 en centros hospitalarios, dos más, y 1.210 en residencias, tres más-- y otros 1.105 residentes han fallecido con síntomas compatibles con el virus.

En la estadística difundida por la Junta figuran nueve residentes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19, doce menos que en el último parte, y 460 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 162 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 308, los mismos que en el último parte, y de ellos 191 han sido con positivo confirmado y otros 117, con síntomas compatibles.

Actualmente, hay cuatro pacientes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19 --diez menos-- y otros siete se hallan en aislamiento preventivo sin síntomas, 14 menos con respecto al último parte.

Los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, han defendido este viernes la legalidad de todas las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por el Gobierno regional durante la primera parte de la pandemia de Covid-19.

En rueda de prensa en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, ambos han explicado el camino que han seguido los 4.016 contratos de emergencia realizados desde la Comunidad, entre ellos el adjudicado a la empresa Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcázar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

Una tramitación que se hizo, en palabras de Javier Fernández-Lasquetty, de forma "totalmente irreprochable", con "absoluto y total respecto a la normativa de contratación pública" y tras pasar todos los controles previos y posteriores "tanto internos como externos" de la Comunidad.

El contrato fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena pandemia de Covid, para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León.

Según han explicado, el contrato fue publicado el 10 de junio en el Portal de Contratación. "Que nadie diga que no ha estado a disposición" del público, ha recalcado el consejero de Economía y Hacienda.

LAS DUDAS TRASLADADAS POR CASADO

El consejero de Economía ha afeado al líder nacional del PP, Pablo Casado, que haya "puesto en duda o expresado algunas cuestiones en relación a lo que debía haber hecho Ayuso" y, en este sentido, ha recalcado que "no hay por parte de Ayuso infracción de ninguna clase de la ley de incompatibilidades o código alguno".

Así, ha recordado que el órgano responsable del contrato es el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y "no el Consejo de Gobierno, que recibió informe sobre ese contrato y que es lo que dice la ley de todos y cada uno de los contratos".

Por su parte, el consejero de Sanidad ha subrayado que se actuó en todo momento de forma "honrada" y todos los contratos de emergencia se tramitaron con "transparencia" y fueron "acordes" a la legislación sobre contratación en el sector público, siempre "ajustados a procedimiento". "De forma honrada, repito, siempre", ha hecho hincapié.

Todo ello, ha recalcado, con el objetivo de "garantizar la salud" y dentro de su obligación para "poner todos los medios para garantizar la salud" de los ciudadanos y del personal sanitarios "y siempre conforme a derecho y siguiendo los procedimientos legales".

TRIBUNAL DE CUENTAS

Finalmente, Lasquetty ha recordado la Cámara de Cuentas analizó toda la contratación de emergencia durante el año 2020 realizada por el Gobierno regional, para lo que se seleccionaron 263 contratos que se miraron de manera pormenorizada, entre ellos el que se relaciona con el hermano de Ayuso. "Se trasluce es que no hay ni tacha ni reparo en ninguno de sus aspectos", ha incidido.

El propio consejero de Economía compareció el 11 de noviembre de 2021 en Asamblea de Madrid y entregó, ha recalcado hoy, "toda la documentación sobre las contrataciones", sin que "ni uno solo de los grupos ha expresado preocupación por ellos". Lasquetty ha enumerado que se han realizado más de 6.000 preguntas y peticiones de información en los dos años relacionados con contratación de emergencia.