La Unión Europea y Estados Unidos discuten este martes sanciones adicionales contra Rusia como parte de una respuesta conjunta para dañar la economía rusa como represalia ante el ataque militar a Ucrania.

"Continuaremos coordinando nuestra respuesta con determinación y unidad. Estamos comprometidos a compartir información con Estados Unidos y otros países", ha señalado la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en una rueda de prensa previa a su reunión con el subsecretario del Tesoro estadounidense, Wally Adeyemo.

En la agenda de McGuiness y Adeyemo figura cómo fortalecer las sanciones contra Moscú porque, según ha detallado la comisaria, "son cruciales para hacer daño al régimen de Putin" y pretenden hacer más difícil que el Kremlin prosiga con su ataque al país vecino.

El subsecretario del Tesoro estadounidense ha explicado el interés por analizar las sanciones que han sido aplicadas ya pero también las que se tomarán en un futuro para asegurar que "la maquinaria de guerra rusa" no amenaza la estabilidad europea.

Adeyemo ha señalado que la economía rusa se ha visto dañada por las sanciones y que su deuda se encuentra en la misma situación de incumplimiento que en 1998. Además, el político estadounidense ha detallado que el Kremlin ha impuesto un control de capitales "para que la gente que tenga dinero en Rusia no pueda quitarlo" y ha acusado al Moscú de utilizar estos recursos para financiar su guerra en Ucrania.

Adeyemo se encuentra de gira por Europa para dialogar con sus aliados futuras sanciones. El viaje empezó esta mañana en Londres en donde abordó sanciones adicionales contra las cadenas de suministro y los sectores económicos.

Tanto McGuiness como Adeyemo han puesto de relieve la unidad y la respuesta coordinada entre la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia. "Uno de los objetivos del Kremlin con esta invasión injustificada en Ucrania era dividir nuestra alianza pero solo la ha fortalecido", ha incidido el subsecretario del Tesoro estadounidense.

El mercado de la inteligencia artificial (IA) crecerá a un ritmo del 27% al año hasta alcanzar los 1.400 millones de euros en 2025, según un estudio de la consultora IDC Research patrocinado por Plain Concepts.

El informe publicado este martes proyecta que actualmente cerca de la mitad de las empresas en España utiliza o está en fase de prueba de sistemas basados en tecnología de IA o de software relacionados con esta tecnología.

Estas empresas señalan que la automatización de tareas repetitivas es la mayor de las ventajas de esta tecnología, seguida por la mejora de la calidad del servicio, del producto y también del proceso.

Para las firmas detrás del estudio, las nuevas formas de trabajar serán el principal nicho de la inteligencia artificial con el impulso de los espacios de trabajos digitales, ya que generarán un aumento de la productividad y el ahorro de costes.

No obstante, el 31% de las organizaciones no ha decidido aún cómo utilizará la inteligencia artificial o bajo qué arquitectura, con un 46% optando por la nube.

Asimismo, a la hora de decidir cómo desarrollar soluciones con IA, las empresas se dividen principalmente entre el desarrollo por parte de un equipo entero, apostar por un servicio general y de consultoría empresarial o contratar a una empresa especializada en desarrollo de la tecnología.

En cuanto al presupuesto, la mayoría de las empresas (54%) destina menos de 50.000 euros anuales a la inteligencia artificial, lo que sitúa la falta de recursos financieros como uno de los principales retos para implementar la tecnología.

Asimismo, otra barrera mencionada por los empresarios es la dificultad para encontrar talento en este campo o para escoger correctamente entre las distintas herramientas que hay en el mercado.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha insistido en la necesidad de adoptar medidas estructurales dirigidas a facilitar la transformación del sector de la automoción desde una "transición ordenada y justa".

La asociación, tras la reunión del sector automovilístico de UGT FICA de toda España, ha puesto de manifiesto que, ante el actual escenario que atraviesa la automoción a causa de la pandemia, la falta de semiconductores y la invasión de Ucrania, deben combinarse medidas de tipo coyuntural para salvaguardar el empleo en los centros de trabajo con medidas estructurales que aborden la transformación del sector.

Al mismo tiempo, se ha valorado positivamente el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC), aunque se ha señalado que no debe ser el único instrumento de apoyo al sector.

Además, desde la organización sindical han apuntado que debe agilizarse el proceso de asignación de los proyectos que se presenten al Perte VEC para evitar demoras que perjudiquen a las empresas y trabajadores afectados por los mismos.

Por otro lado, ha subrayado que la industria automovilística ha perdido más de 250.000 trabajadores y ha hecho hincapié en la reforma laboral y en la necesidad de seguir reivindicando la derogación del resto de aspectos lesivos para las personas trabajadoras.

Asimismo, los delegados de UGT FICA han acordado seguir trabajando y trasladando al Gobierno sus propuestas, pero han rechazado que se criminalice al vehículo de combustión vía impuestos y coartando la movilidad de los usuarios.

"Es imprescindible dotarnos de unas infraestructuras de recarga adecuadas y unos precios asequibles para el conjunto de vehículos. Para ello vamos a seguir reclamando la activación de la Mesa para la Automoción por considerar que se trata del foro adecuado para el debate y el acuerdo entre las partes", han señalado desde el sindicato.

Por último, en caso de que se demore la adopción de medidas consensuadas con los agentes sociales, UGT FICA se plantea nuevas movilizaciones.

El Real Decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania incluye la bonificación "extraordinaria y temporal" de 20 céntimos por litro del precio de venta al público de determinados productos energéticos, lo que tendrá un coste presupuestario de 1.423 millones de euros y se extenderá entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año.

El Ministerio de Hacienda precisa, en nota de prensa, que los productos cuya adquisición dará derecho a la bonificación serán la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico. También dará derecho a la bonificación la adquisición del aditivo AdBlue.

La norma también marca los usos que darán derecho a estas bonificaciones: uso como carburante en motores de vehículos terrestres, uso como carburante en embarcaciones y uso como carburante en motores estacionarios y todo tipo de maquinaria.

El Real Decreto-ley define asimismo la figura del 'colaborador' en la gestión de esta bonificación. Así, se califican como 'colaboradores' aquellos que ostenten la titularidad de los derechos de explotación de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor, así como las empresas que realicen las ventas directas a los consumidores finales de los productos objeto de bonificación.

De esta forma, la norma explica que en cada suministro que se realice en las condiciones que supongan la aplicación de la bonificación se efectuará un descuento en la factura final, impuestos incluidos, equivalente al importe de la bonificación. Es decir, la bonificación se aplicará en el punto de venta y repostaje.

El colaborador deberá hacer constar en todos los documentos que expida con ocasión del suministro al menos una de las siguientes informaciones: el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después de aplicar la bonificación, así como el importe de la bonificación aplicada; o la referencia expresa a la aplicación de la bonificación recogida en el Real Decreto-ley.

Posteriormente, los colaboradores podrán solicitar la devolución de las bonificaciones efectuadas. Para hacerlo, deberán presentar mensualmente, en los primeros quince días naturales de mayo, junio y julio, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o de la administración foral que corresponda, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior, por el importe que resulte de aplicar el descuento al volumen de litros o kilogramos que se haya suministrado a los consumidores finales en el periodo de referencia, en cada ámbito territorial.

ANTICIPO A CUENTA NO SUPERIOR A 2 MILLONES DE EUROS

Asimismo, el operador también podrá solicitar, antes del 15 de abril de 2022, a la AEAT o a la administración foral que corresponda, un anticipo a cuenta.

Este anticipo a cuenta podrá solicitarse por el importe máximo de la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de los productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por ese colaborador en el año 2021, de acuerdo con lo reportado al censo de empresas que realizan ventas directas a consumidores finales.

El importe de este anticipo, que no podrá ser superior a los dos millones de euros ni inferior a los 1.000 euros, es compatible con las devoluciones parciales del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, así como con las ayudas directas para empresarios o profesionales especialmente afectados por la subida del precio de los carburantes que se contienen en la misma norma aprobada hoy.

APORTACIÓN DE CINCO CÉNTIMOS DE LAS EMPRESAS

Por su parte, el Real Decreto-ley establece que los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros deberán satisfacer una prestación patrimonial de carácter público no tributario durante el periodo comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio, ambos incluidos, por valor de 0,05 euros por cada litro o por cada kilogramo de hidrocarburos que comercialicen.

No estarán obligados a satisfacer esta prestación los operadores que se comprometan a realizar de forma inequívoca un descuento en las ventas de los productos a que se refiere la norma a los consumidores finales, directamente o a través de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor de su red de distribución, adicional a la bonificación pública.

Ese descuento debe ser por un importe mínimo de 0,05 euros por litro o por kilo y por un periodo que como mínimo abarque del 1 de abril al 30 de junio. El anuncio de esta rebaja debe comunicarse antes del 1 de abril.

En este caso, la bonificación pública será de 0,15 euros por litro o kilogramo de producto, de manera que unida al descuento del operador permitirá una rebaja de al menos 0,20 euros por litro o kilogramo de producto.

En el caso de que no exista descuento por parte del operador, la bonificación pública será de 0,20 euros por litro o kilogramo de producto.

DEVOLUCIÓN MENSUAL IMPUESTO HIDROCARBUROS

La norma, además, modifica el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, que pasa a ser mensual, cumpliendo una de las reivindicaciones del sector.

De esta manera, de acuerdo con el Real Decreto-ley, a la finalización de cada mes natural, el órgano competente acordará, en su caso, la devolución de las cuotas correspondientes, que se ejecutará mediante transferencia bancaria.

PRÓRROGA DE LA REBAJA DE LA FISCALIDAD DE LA LUZ

También en materia fiscal, el Real Decreto-ley incluye la prórroga de la batería de medidas fiscales que afectan al recibo de la luz hasta el próximo 30 de junio. En concreto, se refieren a la rebaja de las figuras tributarias que impactan en la factura eléctrica, el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Concretamente, el impacto presupuestario de la prórroga de la rebaja del IVA durante dos meses más se estima en unos 217 millones de euros, mientras que el coste de la extensión de la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad es de 224 millones.

Finalmente, la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) durante un trimestre más, es decir, durante el segundo trimestre de 2022, supondrá una rebaja fiscal de 1.356 millones de euros.

Todas estas rebajas fiscales sobre la factura eléctrica prorrogadas supondrán un ahorro, para consumidores y empresas, desde que entraron en vigor hasta el 30 de junio de este año de unos 7.000 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Hacienda.

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) ha señalado que al plan de choque del Gobierno le falta "consistencia" para transmitir la confianza que las empresas y consumidores necesitan en un momento de incertidumbre como el actual.

Así, en un comunicado, la asociación ha valorado de manera positiva la movilización de 16.000 millones de euros hasta el 30 de junio para paliar los efectos de la invasión rusa de Ucrania, pero considera que medidas como la bonificación de los carburantes deberían prestar "especial atención" a los sectores más expuestos a la escalada del precio como el de los transportistas.

Asimismo, Ganvam ha pedido un conjunto de medidas estructurales orientadas a reducir la presión fiscal, teniendo en cuenta que si se centra únicamente en compensar a familias y empresas por la subida de precios concediendo bonificaciones o ayudas, podría aumentar la inflación.

Para el sector de la automoción, la asociación aboga por una reforma fiscal integral que no solo reduzca al mínimo el IVA del carburante, sino que no grave la compra del coche sino el uso, evitando así que se penalice la renovación del parque.

Por otro lado, con respecto a la ampliación de la línea de avales para empresas, Ganvam cree que facilitar el endeudamiento del tejido empresarial garantizando el flujo de crédito es una medida "estética", ya que no ve posible cómo las pymes podrán responder a estas líneas ICO si los ingresos "no hacen más que reducirse".

El Real Decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania incluye la bonificación "extraordinaria y temporal" de 20 céntimos por litro del precio de venta al público de determinados productos energéticos, lo que tendrá un coste presupuestario de 1.423 millones de euros y se extenderá entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año.

El Ministerio de Hacienda precisa, en nota de prensa, que los productos cuya adquisición dará derecho a la bonificación serán la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico. También dará derecho a la bonificación la adquisición del aditivo AdBlue.

La norma también marca los usos que darán derecho a estas bonificaciones: uso como carburante en motores de vehículos terrestres, uso como carburante en embarcaciones y uso como carburante en motores estacionarios y todo tipo de maquinaria.

El Real Decreto-ley define asimismo la figura del 'colaborador' en la gestión de esta bonificación. Así, se califican como 'colaboradores' aquellos que ostenten la titularidad de los derechos de explotación de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor, así como las empresas que realicen las ventas directas a los consumidores finales de los productos objeto de bonificación.

De esta forma, la norma explica que en cada suministro que se realice en las condiciones que supongan la aplicación de la bonificación se efectuará un descuento en la factura final, impuestos incluidos, equivalente al importe de la bonificación. Es decir, la bonificación se aplicará en el punto de venta y repostaje.

El colaborador deberá hacer constar en todos los documentos que expida con ocasión del suministro al menos una de las siguientes informaciones: el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después de aplicar la bonificación, así como el importe de la bonificación aplicada; o la referencia expresa a la aplicación de la bonificación recogida en el Real Decreto-ley.

Posteriormente, los colaboradores podrán solicitar la devolución de las bonificaciones efectuadas. Para hacerlo, deberán presentar mensualmente, en los primeros quince días naturales de mayo, junio y julio, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o de la administración foral que corresponda, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior, por el importe que resulte de aplicar el descuento al volumen de litros o kilogramos que se haya suministrado a los consumidores finales en el periodo de referencia, en cada ámbito territorial.

ANTICIPO A CUENTA NO SUPERIOR A 2 MILLONES DE EUROS

Asimismo, el operador también podrá solicitar, antes del 15 de abril de 2022, a la AEAT o a la administración foral que corresponda, un anticipo a cuenta.

Este anticipo a cuenta podrá solicitarse por el importe máximo de la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de los productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por ese colaborador en el año 2021, de acuerdo con lo reportado al censo de empresas que realizan ventas directas a consumidores finales.

El importe de este anticipo, que no podrá ser superior a los dos millones de euros ni inferior a los 1.000 euros, es compatible con las devoluciones parciales del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, así como con las ayudas directas para empresarios o profesionales especialmente afectados por la subida del precio de los carburantes que se contienen en la misma norma aprobada hoy.

APORTACIÓN DE CINCO CÉNTIMOS DE LAS EMPRESAS

Por su parte, el Real Decreto-ley establece que los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros deberán satisfacer una prestación patrimonial de carácter público no tributario durante el periodo comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio, ambos incluidos, por valor de 0,05 euros por cada litro o por cada kilogramo de hidrocarburos que comercialicen.

No estarán obligados a satisfacer esta prestación los operadores que se comprometan a realizar de forma inequívoca un descuento en las ventas de los productos a que se refiere la norma a los consumidores finales, directamente o a través de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor de su red de distribución, adicional a la bonificación pública.

Ese descuento debe ser por un importe mínimo de 0,05 euros por litro o por kilo y por un periodo que como mínimo abarque del 1 de abril al 30 de junio. El anuncio de esta rebaja debe comunicarse antes del 1 de abril.

En este caso, la bonificación pública será de 0,15 euros por litro o kilogramo de producto, de manera que unida al descuento del operador permitirá una rebaja de al menos 0,20 euros por litro o kilogramo de producto.

En el caso de que no exista descuento por parte del operador, la bonificación pública será de 0,20 euros por litro o kilogramo de producto.

DEVOLUCIÓN MENSUAL IMPUESTO HIDROCARBUROS

La norma, además, modifica el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, que pasa a ser mensual, cumpliendo una de las reivindicaciones del sector.

De esta manera, de acuerdo con el Real Decreto-ley, a la finalización de cada mes natural, el órgano competente acordará, en su caso, la devolución de las cuotas correspondientes, que se ejecutará mediante transferencia bancaria.

PRÓRROGA DE LA REBAJA DE LA FISCALIDAD DE LA LUZ

También en materia fiscal, el Real Decreto-ley incluye la prórroga de la batería de medidas fiscales que afectan al recibo de la luz hasta el próximo 30 de junio. En concreto, se refieren a la rebaja de las figuras tributarias que impactan en la factura eléctrica, el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Concretamente, el impacto presupuestario de la prórroga de la rebaja del IVA durante dos meses más se estima en unos 217 millones de euros, mientras que el coste de la extensión de la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad es de 224 millones.

Finalmente, la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) durante un trimestre más, es decir, durante el segundo trimestre de 2022, supondrá una rebaja fiscal de 1.356 millones de euros.

Todas estas rebajas fiscales sobre la factura eléctrica prorrogadas supondrán un ahorro, para consumidores y empresas, desde que entraron en vigor hasta el 30 de junio de este año de unos 7.000 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Hacienda.

CaixaBank ha cerrado una colocación de deuda sénior no preferente por importe de 500 millones de libras esterlinas (casi 592 millones de euros) con vencimiento a seis años y opción de amortización al quinto, aprovechando el buen tono del mercado, tras semanas de volatilidad y mercados tensionados, según ha informado este martes.

La demanda ha llegado a superar los 1.500 millones de libras (1.775 millones de euros), lo que ha permitido fijar el precio en 210 puntos básicos sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), 20 puntos por debajo de los 230 puntos básicos ofrecidos en el anuncio. El cupón ha quedado establecido en el 3,5%.

Los colocadores de la emisión han sido Barclays, BNP Paribas, el propio CaixaBank y HSBC.

Se trata de la segunda emisión de bonos de CaixaBank en 2022, la primera del año en divisa no euro, con la que la entidad reanuda la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación en los mercados de capitales, ampliando así su base inversora. Este bono se suma a las emisiones de libras esterlinas y francos suizos realizadas en mayo y junio de 2021, respectivamente.

CaixaBank ha destacado que, con este nuevo bono, continúa reforzando su posición de pasivos 'bail-inables' y cumpliendo holgadamente con los requerimientos de MREL previsto para el 1 de enero de 2024.

Asimismo, ha apuntado la emisión refleja la intención del banco de seguir construyendo proactivamente un colchón de deuda subordinada 'bailinable' que aumente la protección de acreedores sénior y depositantes.

La deuda sénior no preferente tiene un orden de prelación inferior a la deuda sénior preferente en caso de resolución o concurso, pero superior a la deuda subordinada, y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad, ha explicado CaixaBank.

El mercado del lujo en las categorías de moda y complementos, perfumería y cosmética y joyería creció un 15,5% en España en 2021, según los datos del estudio 'Mercado del lujo', elaborado por EAE Business School.

Sin embargo, el registro no es suficiente para recuperar la caída sufrida del 26,6% con la llegada de la pandemia.

Según el informe, Madrid se está erigiendo como el gran dinamizador del turismo de lujo en España con aperturas como la del Four Seasons Gran Lujo en el centro de Madrid; Wow, el nuevo concepto del 'retail' digital con presencia del sector del lujo, y con la inauguración este año de la Galería Canalejas. Además se ha realizado una profunda renovación de hoteles de lujo como Mandarin Oriental Ritz o Villa Magna.

En 2020, el sector de moda y complementos de lujo de España, tuvo un retroceso del 27%, una cifra mayor que a nivel mundial que fue del 20%. "Los mercados de Estados Unidos y China destacaron al compensar en sus mercados domésticos el consumo que hubieran hecho en vacaciones. Por este motivo, en España el impacto en 2020 fue mayor que el promedio mundial, como en la totalidad de los mercados europeos", ha explicado el director del Luxury Brand Management MBA y autor del informe de EAE Business School, Ramón Solé.

La ligera reactivación del turismo, sobre todo a partir de mayo 2021, y el trabajo de los equipos comerciales y de marketing, para dinamizar al cliente nacional y atraer a los 'millennials' en los canales 'offline' y 'online'. "Para el mercado español la dependencia del cliente internacional es para muchas marcas superior al 50% de sus ventas, haber logrado esta recuperación en promedio es muy destacable", ha señalado.

Respecto al 'retail', con la pandemia, el informe señala que ha habido "pocos cambios", aunque destaca a dos empresas de origen español como Loewe o Balenciaga, dos de las marcas de mayor crecimiento en los últimos cinco años con, por ejemplo, la ampliación de la 'flagship' Loewe en Serrano.

COSMÉTICA Y FRAGANCIAS

El informe muestra que la perfumería y cosmética ha tenido una mayor capacidad de recuperación, al tratarse de un tipo de artículos de lujo más asequible y de uso cotidiano. En 2021, el incremento ha sido del 14,3% respecto a 2020, quedando a menos de siete puntos de alcanzar el nivel de 2019.

El aumento de fragancias en detrimento del maquillaje se explica por los cambios de hábito durante la pandemia. El uso de mascarillas ha motivado un descenso de su uso, sobre todo en los labiales, que en 2020 y 2021 han descendido su consumo en más del 60%.

Además, todas las cadenas líderes de cosmética y fragancias, como Primor o Sephora, han fortalecido su estructura 'online', representando ya entre el 10% y el 15% de las ventas. "La digitalización es una palanca clave, pero sin olvidar la experiencia presencial que se escenifica en el retail con el contacto directo con el cliente con la que se logra el desarrollo y fortalecimiento de una marca de lujo", ha recalcado Solé.

Por último, el mercado de la joyería tiene una menor dependencia del turismo, que representa el 20% de las ventas totales. Sus caídas en ventas, un 19% respecto 2019, se deben más a una "reacción de prudencia" en el consumidor doméstico ante la incertidumbre de la pandemia.

El 'ecommerce' no supera todavía el 10% de las ventas de joyería. Sin embargo, en marcas del segmento medio, su peso es superior al 20%. En los últimos años, se han creado marcas originariamente digitales como PdePaola o Apodemia y que están ampliado su presencial en 'retail', confirmando la apuesta por la omnicanalidad.

Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado este martes al Gobierno una reforma de la Ley General de la Seguridad Social para luchar contra la "discriminación" que, a su juicio, sufren de las empleadas del hogar en el ámbito laboral.

El sindicato, a través de un comunicado, ha explicado que "es necesario" que el Ejecutivo inicie ya los trámites "para reformar" esta norma y que "se corrija la situación de discriminación por razón de sexo que sufren las empleadas del hogar".

A su juicio, "2022 tiene una relevante condición adicional para ser el año en el que desaparezca esta injustificada diferencia de trato" y cree que, con ello, se podrá poner en marcha una nueva palanca para "hacer aflorar el importante volumen de empleo sumergido que existe en el sector".

El informe sobre la protección al desempleo de las trabajadoras del hogar de CCOO recoge que el total de trabajadoras del hogar dadas de alta era de 381.485 personas en diciembre de 2021, según datos de la Seguridad Social, mientras que, según sus datos, cerca de 200.000 trabajadoras del hogar continúan en empleo sumergido y sin derechos.

Además, el sindicato apunta que las mujeres trabajadoras del hogar supusieron el 88% del total de personas empleadas en este sector de actividad. Además, teniendo en cuenta la edad se observa que el 94% de estas tiene entre 25 y 44 años.

EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES

También destaca el crecimiento de la temporalidad cuanto más joven es el grupo de edad de las trabajadoras del hogar, así como la alta tasa de jornadas a tiempo parcial. En el caso de las que tienen menos de 44 años, la jornada parcial llega a superar el 60% de los contratos.

Para CCOO, es necesario que la extensión de las prestaciones de desempleo en el colectivo de empleadas de hogar sirva no solo para mejorar la protección social de las algo más de 382.000 trabajadoras dadas de alta en este sector de actividad, sino también para impulsar la formalización del segmento de actividad que permanece en economía sumergida y que ronda las 200.000 personas.

"Que se extienda la protección por desempleo es una palanca evidente para poder aflorar economía sumergida y normalizar las condiciones de trabajo", ha señalado el sindicato.

TERMINAR CON LA DISCRIMINACIÓN

La secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ve necesario que el empleo del hogar sea profesionalizado, que tenga condiciones de trabajo dignas, que se reconozca como trabajo esencial y que se aplique el Estatuto de los Trabajadores en toda su totalidad. "Terminemos con esta discriminación indirecta de género", ha declarado.

"Esta ocasión y oportunidad no debe ser demorada para dar un nuevo paso decisivo en la equiparación de este sector de actividad con el conjunto de las relaciones laborales en nuestro país", ha señalado el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, Carlos Bravo.

Por su parte, la secretaria de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat, Paloma Vázquez, ha afirmado que este sector está claramente en desventaja respecto al resto de sectores, por lo que cree que es "bastante importante" que se regule y se equipare con las protecciones existentes. A su juicio, "es hora de dar a las trabajadoras del hogar lo que les pertenece por ofrecer su fuerza de trabajo al conjunto de la sociedad".

400.000 TRABAJADORAS DEL HOGAR BENEFICIADAS POR EL TJUE

Respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), CCOO afirma que supone un importante respaldo jurídico a la reivindicación sindical de extender la cobertura de las prestaciones por desempleo para el colectivo de trabajadoras de empleo doméstico que desde CCOO ya se está utilizando para reclamar al Gobierno el cumplimiento de los compromisos que hemos señalado anteriormente. Además, beneficiará a 400.000 personas.

En este sentido, ha indicado que la sentencia debe servir, igualmente, para reclamar que se aborde y regule desde el diálogo social la necesaria y plena equiparación de derechos laborales para las trabajadoras del sector, "porque son trabajadoras por igual, no pueden ser trabajadoras con derechos restringidos".

"Cabría valorar si es suficiente la aplicación literal de la legislación de los contratos a tiempo parcial o es necesaria alguna adaptación a este sector", según CCOO.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que el objetivo del Gobierno español es negociar con la Comisión Europea "el precio más bajo posible" para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad.

"Nuestro objetivo es fijar el precio más bajo posible para el gas. para determinarlo estamos llevando a cabo un trabajo riguroso y técnico con Portugal y con la Comisión Europea, pero nuestro objetivo es fijar el precio más bajo que sea posible", ha subrayado Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Calviño ha contestado así a la pregunta de qué precio está barajando el Gobierno español como tope para la generación de energía eléctrica con gas.

Previamente, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras resaltar la importancia de la 'excepción ibérica' que han conseguido España y Portugal en el último Consejo Europeo, ha señalado que "el objetivo político es reducir el precio de la electricidad, y nuesto compromiso es que cuanto más bajo sea el precio que la Comisión Europea autorice será mejor para nosotros. Pero eso no quiere decir que haya un objetivo y que si al final queda por encima sea un fracaso", ha advertido.

No obstante, Ribera ha dejado claro que "en cualquier escenario, el precio (de la electricidad) va a ser más bajo. El precio del gas ha estado en torno a 20 euros el megavatio/hora (MWh) desde que comenzó a operar el mercado ibérico de electricidad. En 2021 estuvo en 50 euros y en 2022 la media está por encima de los 120 euros", de ahí la complejidad de fijar un precio tope en la actualidad que sea consensuado con de la Comisión Europa.

"Negociar el umbral de referencia que a la Comisión Europea le parezca razonable no es un proceso que se pueda tomar a la ligera. Requiere de un trabajo importante", ha reconocido la vicepresidenta tercera quien, no obstante, ha garantizado que en cualquier caso el gas se va a pagar.

PRÓRROGA DE LAS REBAJAS IMPOSITIVAS

Ribera, ha anunciado este martes que, en el marco del Plan de Respuesta a la Guerra en Ucrania, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad para mitigar el encarecimiento de las materias primas energéticas.

Así, el Gobierno prorrogará las bajadas de impuestos actuales --IVA del 21% al 10%, suspensión del impuesto sobre generación del 7% y bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%-- hasta el próximo 30 de junio.

También se prorroga el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus 'beneficios caídos del cielo', aprobado por el Gobierno el pasado octubre, y suavizado semanas después para excluir del mismo la energía vendida en contratos a largo plazo. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.

En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo, se pasa a considerar las personas convivientes (en lugar de familias) acogidas a un mismo tipo de contrato y se aumenta la valoración del IPREM de los que pueden acogerse al mismo (0,3 en el caso de adultos y 0,5 en el de niños), además de una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Respecto a las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones de euros, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados.

Otra medida es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros.

La naviera Baleària ha firmado con CaixaBank la primera financiación sostenible en el sector marítimo en España con un préstamo sostenible de 80 millones de euros. La financiación ha vinculado el tipo de interés a dos indicadores con impacto medioambiental: el número de buques ecosostenibles y el número de buques con conexión eléctrica a puerto.

La entidad financiera ha liderado este préstamo sindicado y ha actuado como coordinador de la financiación, asegurador y agente de sostenibilidad. En la operación también han participado Abanca, Banca March, BBVA, Cajamar y Santander, según un comunicado conjunto.

Ambas firmas han explicado que se consideran buques ecosostenibles aquellos propulsados por gas, hidrógeno o baterías eléctricas, al ser las tecnologías con menores emisiones que los combustibles convencionales o limpias.

Baleària tiene el objetivo de liderar la transformación del sector marítimo en España reduciendo las emisiones contaminantes gracias al uso de energías más limpias. Por ello, dispone de nueve barcos con motores duales que pueden usar gas y tiene el objetivo de ampliar esta flota ecoeficiente al menos en tres unidades más en los próximos cinco años.

Además, la naviera, dentro de su objetivo de reducir emisiones tanto en trayectos como en puerto, ha comenzado a realizar inversiones para que los buques puedan conectarse eléctricamente al puerto cuando están atracados y de esa manera seguir operativos sin quemar combustible.

En 2021, Baleària incorporó a su flota el buque Eleanor Roosevelt, el primer fast ferry del mundo con motores duales de gas, que además cuenta con conexión eléctrica a puerto y que permitió en su primer mes de operación realizar el primer trayecto descarbonizado de un buque en Europa gracias al uso de biometano. La naviera busca acercarse a que el 15% de su flota tenga conexión eléctrica en 2026.

Por último, la financiación ha contado con un informe de Anthesis Lavola, que ha validado la sustancialidad e idoneidad de los indicadores y de sus objetivos, cumpliendo de este modo con los Sustainability-Linked Loan Principles emitidos por la Loan Market Association. Además, la operación ha contado con KPMG Abogados, como asesor legal del sindicato de financiadores.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha valorado como "escasa" y "tardía" la limitación al precio del alquiler propuesta por el Gobierno en su plan de medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania.

"Tras conocer la medida aprobada por el Gobierno, y a la espera de poder analizar el contenido del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consideramos que llega tarde y es escasa", ha señalado la agencia.

En su opinión, el valor más real a aplicar debería ser una actualización de las rentas del alquiler del 3%. "Consideramos que, si tomamos como referencia la inflación media en 2021, se debería hacer una actualización de las rentas de alquiler del 3%", ha explicado el director general de ANA, José Ramón Zurdo.

Asimismo, sobre la duración prevista de tres meses para esta medida, y que el Gobierno anuncia como "transitoria", Zurdo ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que se tendrá que prorrogar, lo que podría desembocar en otra forma de intervenir el precio de los alquileres, "congelando el mecanismo de actualización de rentas previsto en el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)".

CONTROLAR LA INFLACIÓN, NO EL ALQUILER

La Agencia Negociadora del Alquiler ya expresó hace tiempo su preocupación con este tipo de medidas, apostando por un control de la inflación en lugar de una intervención en el precio del alquiler.

"Ya dijimos hace tiempo que el Gobierno debía enfatizar más su esfuerzo no tanto en limitar el precio de los alquileres, sino en controlar más la inflación e incentivar la oferta", ha expresado Zurdo. "No nos hicieron caso y ahora, ante la enorme presión que tiene el Gobierno, se ven obligados a tomar otra vez medidas intervencionistas, que lo único que crean es inseguridad jurídica", ha añadido.

En este sentido, desde la agencia han lamentado que son "una vez más" los propietarios particulares los que "actúan antes que el Gobierno" que, desde hace cuatro meses, están amortiguando el IPC, "aplicando la mitad de su valor o no aplicándolo".

Desde que en diciembre de 2021 ANA dio este aviso, han calculado que alrededor de un 85% de los arrendadores no han aplicado el incremento total del IPC, y de ese 85%, uno de cada cuatro propietarios, un 27%, directamente no lo ha aplicado.

Ante esta situación, Zurdo ha manifestado sus dudas sobre cuál es el escenario que se abre para los arrendadores en los próximos meses. "¿Podrán nuevamente actualizar las rentas con el IPC que no pudieron aplicar?", ha expresado. "Esta medida intervencionista va a crear dos clases de inquilinos, los que tuvieron la fortuna de actualizar sus rentas después del 1 de abril, y los que no tuvieron esa fortuna. Lo mismo ocurriría con los arrendadores", ha subrayado.

Según la ANA, no aplicar un IPC muy elevado en la actualización de las rentas de alquiler evita una mayor rotación de los inquilinos, y da "mayor estabilidad" tanto a propietarios como a inquilinos.

"Los arrendatarios no se verán obligados a abandonar sus viviendas de alquiler antes de tiempo por una subida importante de la renta, y los arrendadores, al no producirse una ruptura anticipada del contrato, podrán mantener la rentabilidad prevista del inmueble", ha explicado Zurdo.

Los principales sindicatos del país han desconvocado la huelga de la plantilla de la Inspección de Trabajo, prevista para este miércoles, y han aplazado su celebración hasta dentro de tres meses.

El cambio en la decisión responde a una oferta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, relacionada con un incremento de la productividad vinculada a resultados en 6 millones de euros. La cartera dirigida por Yolanda Díaz también se ha comprometido a reforzar la plantilla con 200 interinos y la revisión de la relación de puestos de trabajo, con una estimación de 13 millones de euros para estas labores.

El Ministerio ha pedido a los sindicatos un plazo de tres meses para conseguir la autorización de esos gastos, de ahí que la huelga se aplace hasta junio, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado.

A pesar del voto de confianza al Ministerio, CSIF ha vuelto a denunciar "el grado de abandono en el que se encuentra la Inspección", con una plantilla de 3.000 personas para atender a 20 millones de población activa. El sindicato también ha recordado el "el incumplimiento sistemático por parte del Ministerio de Trabajo del pacto alcanzado el pasado 7 de julio con las organizaciones sindicales".

Santander Consumer Finance (SFC) asistirá el próximo día 31 de marzo al salón Vive la Moto 2022, la feria internacional de la Moto de Madrid, según ha informado la compañía en un comunicado.

SFC, con el eslogan 'Somos Moteros', participará con un stand para facilitar a los asistentes la financiación de cualquiera de los modelos de dos ruedas que se expondrán en el salón.

Según la compañía, es líder en financiación de motos y motos eléctricas, gracias a los acuerdos que mantiene con fabricantes y marcas. Además, "lidera" el plan Moves anticipando sin coste para el cliente el importe de la subvención.

Asimismo, SCF ofrece una tramitación ágil, con financiación de hasta 120 meses y un producto denominado "Multiopción" que permite cambiar de moto cada 2 o 3 años. También para apoyar a los concesionarios de motos, se pone a su disposición pólizas de crédito stock en determinadas marcas y vehículos de ocasión.

"En SCF, estamos muy comprometidos con el sector de las motos y, gracias a nuestra especialización, estamos facilitando su transformación, favoreciendo la compra de modelos eléctricos alineados con los objetivos de reducción del impacto al medioambiente", ha señalado el director comercial de SCF en España, Miguel Alonso.

El salón atraerá a Ifema Madrid 120 expositores y más de 500 marcas representadas, así como 40 grandes novedades del sector de la moto, cinco de ellas primicias a nivel europeo y 35 presentaciones exclusivas para España.

La organización del evento ha señalado que la feria persigue poner el foco en "mostrar el papel determinante de la moto" en la transformación de la movilidad en un evento que se desarrollará entre el 31 de marzo al 3 de abril y que esta coorganizado por Ifema Madrid y Kando, y promovido por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

La nueva Yamaha TMax se ha convertido en la moto oficial del Advanced Factories, que celebrará su sexta edición en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) con la automatización industrial, la robótica y la Inteligencia Artificial como temas principales.

Del 29 al 31 de marzo, empresas líderes del sector de automoción, como Stellantis, Ford o Seat, entre otras, explicarán sus casos de éxito en la automatización industrial y la aplicación de las tecnologías 4.0.

Por su parte, Yamaha dará a conocer la nueva Yamaha TMax, que destaca por su motor de 560 centímetros cúbicos y por su chasis de aluminio ultraligero.

Además, se puede añadir un pack tecnológico que incluye, entre otros, una pantalla de siete pulgadas TFT con navegación Garmin, modos de conducción y encendido sin llave 'Smart key'.

Yamaha contará con un stand dedicado a sus dos versiones del modelo, denominadas TMax y TMax Tech Max, donde los visitantes podrán conocer de primera mano el scooter.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ayudas directas para buques y empresas armadoras por valor de 18,18 millones de euros para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del gasóleo, tras el inicio de la guerra de Ucrania.

En concreto, estas medidas figuran en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania para el sector agrario y pesquero, dotado con más de 430 millones de euros para el sector agrario, de los cuales 68,18 millones de euros se destinarán para la pesca extractiva y acuícola.

Estas ayudas a buques oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que a esas ayudas directas y subvenciones comunitarias se les une la reducción de 20 céntimos durante tres meses en el precio del gasóleo para toda la ciudadanía, que, de acuerdo a los datos de consumo de años anteriores, supondría un impacto positivo de 10 millones de euros en el caso de los pescadores.

Respecto a las demandas que había demandado el sector pesquero, el Gobierno ha aprobado la exención de la tasa portuaria para la pesca fresca y del canon de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental, durante un periodo de seis meses, que suman otros tres millones de euros.

El sector pesquero y acuícola nacional también dispondrá, tras la activación del artículo 26, solicitada por España,para hacer frente a situaciones de perturbaciones de mercado, como la ocasionada en la actualidad para la guerra, de 50 millones de euros, de los cuales 30 millones de euros serán para compensar a los pescadores por los costes adicionales ocasionados y otros 20 millones de euros para la acuicultura).

El sector pesquero, al igual que el agrario -tal y como se recoge en el Real Decreto para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería-, se beneficiará del aplazamiento en el pago de las cuotas de Seguridad Social por tres meses.

Además, los pescadores, como ya quedaba reflejado en el decreto por la sequía, también se beneficiarán de la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (ICO-Saeca) con principal bonificado, así como del pago de avales Saeca.

El sector, además, se beneficiará del conjunto de medidas en el ámbito energético (energía eléctrica, gas y energías renovables) recogidas en el real decreto-ley para ayudar al conjunto de la economía con medidas de impacto positivo para agricultores, ganaderos y pescadores.

El Gobierno ha reiterado que el sector primario es un "sector estratégico" por su importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una actividad agraria y pesquera sostenible.

El Banco de España elaborará un informe anual de seguimiento de la situación de las medidas adoptadas para acabar con la exclusión financiera de las personas mayores, según asegura el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una carta remitida al Defensor del Pueblo después de que este abriera una actuación de oficio ante este problema.

"El señor gobernador nos ha contestado en una carta diciendo que comparte la relevancia del problema apuntado y la necesidad de abordar medidas dirigidas a asegurar la inclusión financiera de los colectivos afectados", ha explicado Gabilondo.

Así lo ha indicado este martes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Senado, para presentar el Informe de la institución correspondiente a la gestión realizada durante el año 2021.

En dicha misiva, según ha añadido Gabilondo, el gobernador del Banco de España dice "que, como resultado de la reciente actualización del protocolo estratégico para reforzar el compromiso social sostenible de la banca el 21 febrero, el Banco de España completará la labor de seguimiento del cumplimiento de las medidas incluidas en dicho protocolo" y, por ello, "va a elaborar un informe anual de seguimiento de la situación de las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la población española a los servicios bancarios", el cual remitirá al Defensor del Pueblo.

Gabilondo ha asegurado que tiene "absoluta preocupación" sobre cómo afecta la transición a las nuevas tecnologías a las personas más vulnerables, de zonas rurales o mayores, y ha dicho que está "muy a favor" de que haya una "transición pero no un salto".

Así, ha recordado que el Defensor del Pueblo ha realizado actuaciones dirigidas a las administraciones públicas "para que favorezcan una mayor presencialidad" porque "hay una conciencia social muy grande de que aquí hay un problema serio".

Las entidades de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) invirtieron 778,5 millones en obra social durante 2021, un 0,8% más que en 2020, y beneficiaron a 25,3 millones personas, lo que implica un aumento del 2,7% en tasa anual, según se ha dado a conocer este martes, 29 de marzo, en la presentación de la Memoria de Obra Social 2021 de CECA.

La asociación ha celebrado este martes la Comisión de Fundaciones y obra social, un encuentro anual que reúne a las fundaciones vinculadas a CECA y que asesora al consejo de administración en materia de obra social.

Durante la jornada se ha hecho referencia a la obra social de la asociación y se ha resaltado el papel de las entidades adheridas en la labor de "hacer frente a la desigualdad y a la pobreza, favoreciendo el desarrollo económico en los territorios en los que están presentes y contribuyendo al bienestar de la sociedad".

En cifras, la inversión en obra social se ha situado en 778,5 millones de euros en 2021, un 0,8% más que en 2020, aunque, si se tiene en cuenta la inversión realizada entre 2014 y 2021, la cifra asciende a 6.172 millones de euros. Además, en comparación con 2014, la inversión en estas actividades se ha incrementado un 9,6%.

En el ejercicio pasado se realizaron 51.750 actividades, un 5,6% más que el año anterior y se alcanzaron más de 25,3 millones de beneficiarios, lo que supone un 2,7% más de beneficiarios respecto a 2020.

CECA ha afirmado que el entorno en el que se ha desarrollado la actividad de la obra social ha seguido siendo "difícil y complejo", con restricciones derivadas de los protocolos de Covid-19 y ha afectado a algunas comunidades "de manera más intensa".

La asociación también ha resaltado el crecimiento económico "desigual" que se ha registrado en 2021 en el que los sectores "más vulnerables" a la pandemia han seguido teniendo "dificultades y unos conocimientos muy frágiles".

Asimismo, desde CECA se ha puesto el foco en la existencia de desigualdades sociales "importantes". "El año pasado ya dejamos constancia de que el impacto de la crisis había sido enormemente desigual, había afectado de forma especial a los perceptores de rentas más bajas, a la gente con condiciones laborales más precarias y, por lo tanto, los más perjudicados eran los jóvenes, las mujeres y el colectivo de inmigrantes, una situación que se ha mantenido en 2021", comenta al respecto la asociación.

Como en ejercicios anteriores, el área de Acción Social ha sido el área que ha recibido una mayor inversión, 321,7 millones de euros, que supone un 41,3% del total de la inversión de la obra social, destinándose a cerca de 15.700 actividades en torno a programas asistenciales, de salud y bienestar, inclusión, comedores sociales y voluntariado. También se han realizado actividades dirigidas a grupos vulnerables y a mejorar la integración de las personas en la sociedad.

El área de Educación e Investigación se ha situado en segundo lugar y ha mejorado su eficiencia. Así, los 195,1 millones de euros recibidos --un 25% de la inversión total--, han alcanzado a un mayor número de beneficiarios, casi 10 millones de personas, un 38,85% del total de beneficiarios.

A través de esta área, las entidades fomentan el progreso y la innovación con programas de formación, educación, investigación y divulgación científica e I+D, así como la inclusión financiera.

Por otra parte, el área de Cultura y Patrimonio con una dotación de 142,2 millones de euros (12,2%), se mantiene como la más eficiente, superando los 8,5 millones de beneficiarios, el 33,71% del total de beneficiarios.

Asimismo, el área de Desarrollo Local y Creación de Empleo ha sido el área que más ha aumentado su inversión durante 2021, un 27,17% más que en el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 95 millones de euros.

Con respecto a la guerra en Ucrania, la asociación ha destacado las medidas puestas por las entidades "apoyando no solamente en origen donde se está produciendo el conflicto a través de facilitar la recaudación de fondos y de donativos, la recogida de productos de primera necesidad, sino también en destino proporcionando ayuda y herramienta para que puedan hacer transferencias a sus familiares en Ucrania o usar tarjetas ucranianas y acceder a cajeros sin costes".

LA OBRA SOCIAL DE 2014 A 2021

En el periodo 2014-2021, la obra social de las entidades CECA ha invertido 6.172 millones de euros, con los que se han realizado más de 776.500 actividades de las que se han beneficiado 253,3 millones de personas.

En línea con los datos analizados, el conjunto del periodo muestra que el área de Acción Social ha recibido la mayor parte de los recursos, 2.754 millones de euros, un 44,6% del importe. A continuación, se sitúa Educación e Investigación, con 1.177 millones de euros, y Cultura y Patrimonio, con 1.150 millones.

Por su parte, la inversión en el área de Desarrollo Local y Creación de Empleo ha aumentado un 79,38%, lo que supone una inversión acumulada de 627,62 millones de euros.

Por último, entre 2014 y 2021 alrededor de 139 millones de personas de colectivos específicos se han beneficiado de sus iniciativas. Entre las personas que forman parte de estos colectivos se encuentran las pertenecientes a infancia y juventud, personas en riesgo de exclusión social, mayores, personas con necesidades especiales y emprendedores.

En este sentido, entre 2014 y 2021 se han dedicado más de 1.526 millones de euros para menores de 25 años con 61,6 menores beneficiados, aproximadamente 1.000 millones de euros a personas en riesgo de exclusión (más de 27,6 millones de personas), más de 452 millones de euros a 25,5 millones de mayores, más de 383 millones de euros para apoyar a más de 16 millones de personas con necesidades especiales y casi 200 millones de euros a 8,6 millones de emprendedores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que el Gobierno, "con carácter casi inmediato" va a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras domésticas, ya que los trámites para ellos se "han culminado".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha adelantado esta información aprovechando, según ha indicado, que este miércoles 30 de marzo de celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

Según ha indicado, la ratificación se encuentra en la actualidad "en la antesala de Exteriores" con el objetivo de que sea trasladada "a las Cortes Generales".

En este sentido, Díaz ha recordado que España estaba obligada a cumplir esta medida tras la sentencia sobre este tema dictad por el Tribunal de Justicia Europeo.

La vicepresidenta segunda ha enmarcado esta medida dentro del plan de choque del Ejecutivo de medidas económicas y sociales tras el inicio de la guerra en Ucrania y en la que, según ha señalado, se incorporan iniciativas que mejoran la situación de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres.

Vox sospecha que el Gobierno "no va por el buen camino" con las medidas anunciadas en el decreto ley aprobado este martes para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y ha dicho que será "muy difícil" que lo apoye en el Congreso, pero también ha invitado a las eléctricas a hacer una reflexión sobre el volumen de beneficios alcanzado a partir de la escalada de precios de la energía.

"Si no van a bajar los impuestos, o si bajándolos lo hacen insuficiente, si las ayudas que dan tampoco son suficientes y las medidas no son las que creemos que deben tomar, será muy difícil que lo apoyemos", ha dicho el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tras la reunión de Mesa y Junta de Portavoces de este martes.

En todo caso, Espinosa de los Monteros ha preferido esperar a ver el contenido del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, ya que ha dicho no tener información de primera mano del mismo ni haber sido contactado por el Gobierno.

Por otro lado, preguntado por el cierre de instalaciones térmicas de generación eléctrica, el portavoz de Vox ha reconocido que la actual regulación "es poco tendente a que se mantengan abiertas las térmicas", pero sí ha invitado a las eléctricas a "hacer una reflexión" sobre "qué van a hacer con el incremento de beneficios que pueden obtener respecto a otros años".

"Es una reflexión que está en la mesa de debate para todo el mundo", ha dicho, señalando que es "el año en el que los españoles lo están pasando peor", cuando "hay más gente sufriendo y la factura está en los momentos más altos".