Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet en redes sociales, apuesta por Activia para ampliar la carta de Naked&Sated, restaurantes que buscan ofrecer una alimentación equilibrada y saludable “sin renunciar ni al sabor ni al placer”.

Hasta el 3 de mayo, sus comensales pueden disfrutar del nuevo Chia Pudding Bowl con Activia Kéfir y mermelada de frambuesa que, según explica el chef, es una receta rica en probióticos que además lleva crema de cacahuete, granola y fruta de temporada.

“Todavía son muchas las personas que creen que una alimentación saludable es una alimentación aburrida. Propuestas como la del Chef Bosquet demuestran que, con un poco de creatividad y seleccionando los productos adecuados, se puede comer cada día de forma equilibrada y deliciosa”, manifestó Anna Bou, Brand Manager de Activia.

“Esta colaboración nos permite acercar una vez más los beneficios que aportan los probióticos naturales de Activia para la salud, una misión fundamental para la marca”, señaló.

El chef Bosquet cuenta actualmente con tres restaurantes ubicados en Madrid y Bilbao. “Me siento muy alineado con Activia ya que, igual que yo, tienen claro que el sabor y la salud van de la mano y quieren hacerlo llegar a la sociedad”, indicó el chef. “Es genial que las marcas también usen su altavoz y recursos para animar a la sociedad a comer de forma saludable. Es un deber de todos”. La receta se puede disfrutar en todos los Naked&Sated de España, así como a través del servicio a domicilio que ofrece el restaurante.

El chef junto con las ‘influencers’ Laura Matamoros, Corina Randazzo y la bailarina Mónica Peña prepararán recetas que, aunque son para todos los públicos, estarán pensadas para diferentes personas y momentos como nuevas madres o para tomar antes o después de hacer deporte.

Esta acción forma parte de la campaña ‘Con una barriga sana, todo tiene más flow’ con la que Activia persigue acercarse a los jóvenes a través de ‘insights’ más modernos. La campaña cuenta con cinco spots y cuñas de radio, publicidad en el punto de venta y exterior y campaña digital en redes sociales.

La campaña ha sido una colaboración de la agencia creativa VMLY&, la agencia digital Onion Agency y la agencia de Relaciones Públicas Tinkle, así como la gestión de influencers de H2H y la planificación de medios de Mediacom e Iprospect.

Huawei, Google y Salesforce son las compañías más apreciadas en Twitter, según un estudio que realizó ‘money.co.uk’ utilizando la herramienta de análisis en línea SEMrush.

En la lista aparece en primer lugar Huawei, con un 65,4% de tuits positivos. ‘Luxurious Magazine’, que recoge este análisis de ‘money.co.uk’ señala que en el caso de la multinacional china, “a pesar de la cobertura negativa de la prensa con respecto a su confiabilidad, estos resultados muestran que la mayoría no está de acuerdo con esa evaluación. Siendo el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes a nivel mundial y la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, Huawei está en camino de convertirse en la compañía más destacada en el mundo tecnológico global”.

Google ocupa la segunda posición del ranking con el 64,5% de los tuits sobre la empresa considerados positivos, y la tercera recae en la empresa de software Salesforce, con un 58,4 % de tuits positivos.

En el el lado opuesto, entre las compañías que acaparan más tuits negativos, según este análisis, aparecen Sony (26,3 %), seguida de Intel (24,7 %) y de Facebook (23,0 %).

‘Luxurious Magazine’ incluye una serie de consejos del experto sénior en finanzas personales de ‘money.co.uk’, James Andrews, a la hora de adquirir productos tecnológicos, y apunta la importancia de definir un presupuesto que se adapte a las necesidades del comprador, así como comparar las tarifas y las especificaciones técnicas que ofrece cada marca.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado que la Iglesia está dispuesta a «colaborar con todo el mundo», al ser preguntado por la comisión de investigación aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados para investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, aunque ha precisado que habrá que «esperar a ver cómo queda».

«Ya dirán qué quieren hacer. Siempre estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo», ha asegurado el cardenal Omella, en declaraciones y Vida Nueva, preguntado por si la Iglesia colaborará con la comisión sobre abusos liderada por el Defensor del Pueblo, a la que ha dado luz verde el Congreso, con el único voto en contra de VOX y la abstención de UPN.

Omella ha realizado estas declaraciones este jueves a la salida del II Congreso Iglesia y Sociedad, organizado por la Fundación Pablo VI con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En todo caso, ha precisado que habrá que «esperar un poquito a ver cómo queda todo esto, a ver qué recorrido lleva» y ha insistido en que la Iglesia lo que tiene «muy claro» es la «defensa de las víctimas» y la «transparencia total».

Si bien, el cardenal ha reconocido que les hubiera gustado que «un problema tan grande» como el de los abusos sexuales a menores fuera «estudiado para toda la sociedad» aunque ha abundado en que desde la Iglesia «siempre» están «abiertos a trabajar por el bien de las víctimas en total amplitud».

La Iglesia española ha encargado una auditoría externa al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que se ha dado un plazo de un año y que prevé colaborar con el Defensor del Pueblo, según avanzó el presidente de la firma legal, Javier Cremades, cuando se presentó la iniciativa.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha fijado para el próximo 15 de marzo la declaración como testigos de la exasesora de Podemos Dina Bousselham, a su pareja y al ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Según ha avanzado ‘El País’ y han confirmado fuentes jurídicas el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado afrontar ese día las que serán las últimas diligencias de esta pieza de la macrocausa ‘Tándem’ después de que la huelga convocada por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) obligase a cancelar las citaciones del pasado 9 de marzo.

Así las cosas, el magistrado escuchará el próximo martes también a los peritos que firmaron el informe de la Policía Científica sobre la tarjeta telefónica de Dina, todos como testigos. Estas testificales, encargadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, son las últimas diligencias de una investigación judicial a la que García Castellón puso fin el pasado 29 de enero tras recibir el informe policial.

Este ‘dossier’ de la Policía Científica determinó que los desperfectos sufridos por la tarjeta telefónica de Bousselham hacían imposible precisar quién fue la última persona que accedió a la mini SD y, por tanto, cómo pudieron producirse los daños.

EL ORIGEN DE ‘DINA’

Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2015, cuando a la pareja de Bousselham le robaron el abrigo mientras estaban en el IKEA de Alcorcón con el teléfono móvil de ella dentro.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenaban unas carpetas denominadas ‘DINA 2’ y ‘DINA 3’, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

En 2019, se creó una pieza separada dentro de la macrocausa sobre Villarejo (‘Tándem’) para indagar en este suceso. En 2020, García Castellón procesó al comisario y a dos periodistas por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Asimismo, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para investigar al ex vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias –aforado en ese momento– por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito, pero el TS lo rechazó y le encomendó seguir indagando.

El juez esgrimió entonces que la «única explicación posible» para los daños sufridos por la mini SD es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente ‘morado’, a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña.

INSTRUCCIÓN FINALIZADA

Vox, que ejerce la acusación popular, pidió al instructor que siguiera indagando al estimar que aún había diligencias por practicar, incluida la declaración de Iglesias como imputado.

Pero García Castellón, en un reciente auto, ha rechazado dilatar las pesquisas judiciales para llamar al ex dirigente ‘morado’ como investigado al considerar que, si no es posible «determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono, ni concretar su autoría», «no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al señor Iglesias».

Este mismo martes, el magistrado rechazó el recurso presentado por el propio Iglesias en el que le instaba a indagar si hubo una «investigación policial regular o irregular» respecto a la tarjeta telefónica que su antigua asesora, apuntando de esta forma a un operativo similar al de ‘Kitchen’.

Iglesias presentó un recurso contra la decisión de García Castellón de dar por finalizada la investigación judicial. El otrora dirigente ‘morado’ alegó que era necesario continuar la fase de instrucción porque no se había indagado «la supuesta facilitación de la información de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) o la posibilidad de existencia de investigación policial regular o irregular respecto de la información contenida en la misma».

«En el recurso no se justifica la necesidad de la prórroga, ya que se basa en un supuesto hipotético, en posibilidades y futuribles, sin sustento indiciario lo suficientemente relevante como para conllevar que se reforme el citado auto», expone el magistrado.

A su juicio, la petición de Iglesias se basa solamente en «una simple hipótesis o posibilidad», esta es, que de la declaración como testigo del ex DAO Eugenio Pino se puedan derivar nuevas diligencias.

La opinión de las víctimas de abusos en la Iglesia sobre la comisión de investigación que liderará el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, es dispar. Las hay que han celebrado la aprobación de este mecanismo como «un gran día» mientras que otras consideran que es una «comisión Frankestein».

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox y UPN, la proposición no de ley del PSOE y PNV para abrir una investigación liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de la mano de una comisión independiente de expertos, que será paritaria e incluirá distintas disciplinas, y en la que participarán las propias víctimas de abusos y se invita igualmente a miembros de la propia Iglesia.

Tras conocer la decisión, Ana Cristina Cuevas, de la Asociación Infancia Robada, ha hecho una valoración «muy positiva». «Estamos eufóricos porque se ha llegado a un acuerdo muy consensuado, con la mayor parte de los grupos políticos. Nos ha encantado», ha manifestado.

En declaraciones, Cuevas ha puesto de relieve que en la asociación ahora esperan que la Iglesia colabore en la investigación y que, «en aras de buscar la verdad, justicia, reparación y acompañamiento, mediante un trabajo serio por parte de la comisión, se reconozcan los derechos de las víctimas».

«Es un gran paso, un gran día. Es un inicio que nos ayude a que, al final, las víctimas no se encuentren desamparadas y obtengan la condición de víctimas, sin tener que esperar a largos juicios, largos procesos», ha remarcado, para después añadir: «Es el principio del fin».

En la misma línea, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez, ha asegurado a que hoy están «contentos» porque llevaban unos días «aturdidos, casi enfadados» porque parecía que el PSOE estaba «muy próximo» al PP.

Los ‘populares’ querían extender la investigación a cualquier abuso a menores, independientemente de la figura física jurídica, pública o privada del causante de estos hechos. Finalmente, el PP ha votado a favor de la iniciativa del PSOE y el PNV.

«NO VA A SER FÁCIL»

«Ahora lo que hace falta es que esa comisión esté muy bien compuesta, con profesionales diferentes, que puedan aportar un buen trabajo porque no va a ser fácil hacerlo. Si miras cada relato, cada historia, cada violación… una es tan difícil como la otra», ha manifestado Pérez.

En este sentido, Pérez ha señalado que espera que los integrantes de la comisión estén «lo suficientemente preparados como para que, el día que tengan que pedir cuentas a quién sea, esto suponga un antes y un después». Además, ha puesto de manifiesto la disposición de las víctimas a colaborar en esta investigación, recordando que desde el principio han «dado la cara».

«No nos hemos escondido y ahora tampoco vamos a hacerlo. Estamos un poco más fuertes si cabe», ha declarado José Luis Pérez, quien ha recalcado que las víctimas quieren hacer «un buen trabajo», aunque haya que «volver atrás» con sus relatos y sumergirse de nuevo en su historia. «Vamos a colaborar en todo y esperamos que, en el caso de la Iglesia, esté también por colaborar», ha subrayado.

De este modo, Pérez ha afirmado que espera que la comisión sea «lo suficientemente dura y fuerte para que tenga que doblegar las rodillas y la Iglesia tenga que sentarse a hablar, a explicar, a contar y, sobre todo, a pedir perdón, a rectificar y a reponer a esa gente». «Esto no es una herida a la que poner Mercromina, tapar un poquito con una venda y se cura», ha zanjado.

Por su parte, el primer denunciante del caso de abusos de la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha dicho que es «muy difícil opinar» si ni siquiera está claro «qué se ha aprobado hoy» en el Congreso de los Diputados.

«A nivel de lo aprobado hoy no tengo claro qué se ha aprobado, no nos han dado un informe jurídico técnico riguroso sobre cómo va a funcionar la comisión, es muy difícil opinar con una declaración genérica de buenas intenciones», ha valorado Hurtado en declaraciones.

«COMISIÓN FRANKENSTEIN»

En todo caso, por lo que se sabe, considera que lo que se ha aprobado este jueves es «una comisión Frankenstein» y «no una comisión de la verdad» porque es un «híbrido».

A nivel de las víctimas catalanas, Hurtado ha asegurado que hay «mucho consenso» en cuanto a la necesidad de poner en marcha una «comisión de la verdad: absolutamente independiente, creada específicamente para investigar la pederastia en la Iglesia y que, cuando acabe la tarea, se disuelva; que puede exigir a los obispos que comparezcan, y que se le entreguen documentos».

Finalmente, ha detallado que este tipo de comisión investigaría de tres formas: mediante una búsqueda activa, entrevistando a víctimas, revisando archivos canónicos y las fichas de curas pederastas y haciendo estudios específicos de casos.

La Junta General de FORTA, en la que participan los directores generales de las diferentes cadenas autonómicas, se ha reunido en Zaragoza para analizar los desafíos que plantea el anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual.

Desde la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos se está trabajando con el Gobierno para tratar de introducir elementos necesarios desde la perspectiva de los servicios audiovisuales públicos autonómicos. Ahora, en la actual fase de tramitación parlamentaria, desde FORTA se está poniendo sobre la mesa una propuesta a los diferentes grupos políticos para defender sus intereses.

El presidente de FORTA, Andoni Aldekoa, ha señalado que «es una ley necesaria porque hay que trasponer las directivas europeas pero se está redactando en un momento clave en el sector audiovisual en el que están ocurriendo muchas cosas que es preciso tener en cuenta, desde la irrupción de las plataformas a la globalización de los contenidos, la revalorización de la información o las fake news».

Desde la FORTA se señala que «es preciso despejar incertidumbres sobre el camino que va a seguir el actual combinado de televisión lineal, que sigue siendo muy importante pero que cada vez está reduciendo sus consumos, las televisiones por cable, con penetración irregular en España, y la llegada de las grandes plataformas».

Sobre estas grandes plataformas digitales, Andoni Aldekoa ha subrayado que «comenzaron ofreciendo solo contenidos a la carta pero, cada vez más, se están convirtiendo en agregadores de contenidos a la carta, muchos de ellos también de las televisiones públicas y lineales».

FORTA defiende que la ley debe tener en cuenta que es preciso «dar estabilidad financiera a los servicios audiovisuales públicos autonómicos y combinar la gobernanza autonómica con la gobernanza estatal en este nuevo panorama audiovisual en el que los contenidos en el ámbito digital trascienden fronteras».

Aldekoa ha recordado que los contenidos de las autonómicas son «un servicio público y es preciso determinar cómo se agrega a esas nuevas plataformas, y que derechos, niveles de reciprocidad y trasparencia se establecen en cuanto al consumo de nuestros contenidos».

MEDIOS LOCALES

Europa se enfrenta a retos como los de evitar la desaparición de medios de comunicación locales. En este sentido, desde FORTA han indicado que las radiotelevisiones públicas son «garantes de servicio público, información plural, diversa, con contenidos locales y con los valores y las identidades de la UE».

El director general de la CARTV, Francisco Querol, ha subrayado que España y Europa se enfrentan a desafíos como «el dominio de las plataformas no europeas» y por ello es preciso determinar cómo debe enfrentarse la Unión Europea a esa situación y analizar cómo los contenidos pueden alteran los elementos de identidad y valores propios europeos».

Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de «desarrollar herramientas fiables de medición que permitan visualizar la importancia y el alcance del impacto en la sociedad del servicio público que prestamos los servicios audiovisuales autonómicos».

Al término de la Junta General de FORTA, los responsables de las cadenas autonómicas han mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Han intercambiado impresiones sobre la situación y los retos que afrontan los servicios audiovisuales públicos autonómicos. Lambán ha destacado la labor de estas cadenas para ofrecer una comunicación «adaptada a la España autonómica».

Según ha manifestado, «la sociedad cada vez tiene más claro que este es uno de los servicios públicos fundamentales por su capacidad de crear una cultura y una conciencia autonómica que, en nuestro caso, no solo es compatible sino complementaria con una visión de España.

La ONG Médicos del Mundo ha reclamado acabar con los ataques contra las infraestructuras esenciales en Ucrania, en particular las instalaciones sanitarias.

«Los ataques diarios contra infraestructuras vitales, en particular contra las instalaciones sanitarias, colegios, escuelas infantiles, redes eléctricas y sistemas de calefacción, dejan a la población sin acceso a la educación, la electricidad y las comunicaciones, y ponen a los hogares ucranianos en pleno en invierno en una situación crítica», advierten a través de un comunicado.

El conflicto armado está afectando gravemente a las infraestructuras sanitarias, los servicios y suministros médicos. Según el ministro de Sanidad de Ucrania, Viktor Liashko, se han destruido 34 instalaciones sanitarias, algunas de las cuales tienen parte de sus edificios en ruinas y están sin suministro de electricidad y agua, mientras que otras no se podrán reparar.

«La ruptura de la cadena de suministro deja a las personas que necesitan tratamientos médicos en una muy difícil situación. Las farmacias también sufren daños, disponen de muy pocas existencias y la gente no puede aguardar el turno para comprar medicamentos mientras suenan las sirenas antiaéreas», alerta la ONG.

Asimismo, recuerdan que la pandemia de COVID-19 «sigue teniendo un gran impacto en el sistema sanitario y en la población» de Ucrania, ya que los niveles de incidencia, aunque están disminuyendo, «siguen siendo altos y la cobertura de vacunación entre las poblaciones vulnerables sigue siendo insuficiente».

Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición han decidido presionar al Ejecutivo sometiendo a votación el próximo martes en el Pleno del Congreso su propia fórmula para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo.

En concreto, la Cámara tendrá que decidir si tramita una proposición de ley registrada en 2020 por ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, habituales aliados gubernamentales, auspiciada también por Junts, la CUP y el BNG.

Lo que plantean estos partidos es incorporar al Código Penal «una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

En concreto, según consta en el texto recogido por Europa Press, demandan la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal «no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado».

Y LA LEY DE MEMORIA SIGUE ‘CONGELADA’

Estas formaciones han optado por llevar este asunto al Pleno mientras se mantiene ‘congelada’ la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2021.

El texto superó las enmiendas de totalidad que registraron el PP, Vox y ERC en octubre. Los republicanos, que ya votaron en contra de la vigente Ley de Memoria en 2007 y consideran muy insuficiente la ley del Gobierno, llegaron a registrar un texto alternativo que también fue rechazado.

Pese a la oposición frontal de uno de sus socios en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, decidieron no prorrogar más el plazo para la presentación de enmiendas parciales y éstas se a finales de noviembre.

Los dos partidos que integran el gobierno de coalición acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.

En este contexto, pactaron una enmienda para recalcar que aquella norma, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

DISTINTAS INTERPRETACIONES

Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales

Lo que persiguen los socios del Gobierno es que sea el propio Código Penal el que garantice el juicio y la condena de los actos o omisiones que en el momento de su comisión constituían según el Derecho Internacional, delitos de genocidio y lesa humanidad.

La fórmula para abrir la puerta a juzgar los crímenes franquistas que acordaron los integrantes del Gobierno de coalición soliviantó a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de haber intentado «vender humo» con esas modificaciones y dejó claro que las víctimas no encontraran respuestas a sus demandas en la Justicia española mientras no se toque la Ley de Amnistía.

Tras la polémica, el PSOE optó por ‘congelar’, la tramitación de la ley, que sigue hibernando en el Congreso desde entonces, a la espera de recabar apoyos para poder llegar con un acuerdo avanzando a la ponencia donde se debatirán las enmiendas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este jueves que el año transcurrido desde la presentación de la fallida moción de censura para desbancar al PP del Gobierno regional se ha caracterizado por ser un tiempo «de trabajo, de éxitos, de logros».

«Si hacemos un balance del último año, la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia pueden estar satisfechos con que esa moción de censura no prosperara», ha asegurado López Miras, para quien aquella iniciativa fue «chapucera e inmoral».

El jefe del Ejecutivo murciano ha destacado además el momento en el que Ciudadanos y PSOE presentaron la moción.

«En aquellos momentos en que los hospitales estaban al borde del colapso, en los que los fallecidos se contaban por decenas cada día, con más de 2.000 contagios que teníamos de forma diaria. En esos precisos instantes, algunos lejos de aquí, en Madrid, plantearon esta moción por intereses políticos y ambiciones personales», ha afeado.

A juicio de López Miras, «lo importante es mirar el futuro» y ver también lo que han hecho durante el último año y «qué es lo que este gobierno ha posibilitado para la Región de Murcia». En este sentido, ha manifestado que «ha sido un año de trabajo, un año de éxitos y un año de logros».

«Un año en el que hemos seguido trabajando para garantizar la calidad de los servicios públicos, para contener la pandemia, para dar más libertad a las personas de la Región», ha defendido.

Y esto, ha comentado, lo han hecho «a través de la educación estableciendo procesos de admisión que, precisamente, han garantizado que más del 95% de las familias de la Región de Murcia puedan elegir el colegio o el instituto al que acudir sus hijos».

A todo esto, ha sumado que desde su Gobierno siguen «bajando impuestos» y he incluso han dado «un paso más en la eliminación del injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones«, además de la aprobación de «los presupuestos más altos de la historia de la Región de Murcia».

Activistas de Greenpeace han protestado a primera de la tarde de este jueves contra la guerra en Ucrania y han denunciado la relación entre los combustibles fósiles y la financiación y el desencadenamiento de conflictos frente a un metanero de gas ruso atracado en el Puerto de Bilbao.

A bordo de varias embarcaciones, los activistas han exhibido pancartas con los mensajes ‘El gas financia la guerra’ y ‘No a la guerra’ frente al buque Nikolái Urvántsey, mientras descargaba gas ruso en el puerto de la capital vizcaína.

Con esta acción, Greenpeace reitera que «la única solución es el fin inmediato de la guerra» y pide terminar con la dependencia del petróleo y el gas. Pasadas dos semanas del inicio de la invasión del ejército ruso contra Ucrania, la ONG reitera su «rotunda condena hacia esta agresión militar», muestra su solidaridad con las víctimas civiles y aplaude las protestas pacíficas de activistas de todo el mundo contra la guerra.

Así, ha denunciado que el gas y el resto de combustibles fósiles «financian la maquinaria bélica de Putin». «Aunque esta vez la guerra no sea por su control, son estos los que literalmente alimentan la guerra, pues el 40% del PIB de Rusia procede de la exportación de combustibles fósiles y su gobierno utiliza como arma la dependencia energética de Europa», ha declarado Francisco del Pozo, responsable de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace.

Por ello, ha considerado que «hoy más que nunca resulta imprescindible centrarnos en reducir la demanda de energía y acelerar las energías renovables; esto ayudará a reducir las importaciones de gas ruso y también de petróleo, carbón y uranio en la Unión Europea».

La organización ha reclamado a Europa «un plan de abandono» de los combustibles fósiles «garantizando una transición justa hacia la independencia energética y un mejor futuro económico y laboral» y ha advertido de que buscar nuevas fuentes de importación de gas, la inversión en nuevas infraestructuras gasísticas o los combustibles alternativos «no solucionarán la vulnerabilidad de Europa ante las crisis energéticas y seguirán agravando la crisis climática.

Greenpeace también ha reclamado una «reforma inmediata» del mercado eléctrico para que «los precios de las energías renovables, que son los más baratos, se vean reflejados en la factura» y que se ponga fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, entre otras medidas.

Además, ha resaltado que «bajo ninguna circunstancia la energía nuclear podría ser una alternativa viable al gas, como está demostrando la propia guerra de Ucrania, ya que otra grave dimensión energética de este conflicto es el peligro nuclear». Greenpeace está siguiendo muy de cerca la amenaza que los combates están provocando para los 15 reactores nucleares que generan la mitad de la electricidad que consume Ucrania, además de la central nuclear de Chernóbil.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil vasca como Ekologistak Martxan, Ongi Etorri Errefuxatuak, La Guerra Empieza Aquí, Gune Ekosozialista y Greenpeace se han concentrado esta tarde para denunciar que «el gas financia la guerra» frente a la subdelegación de Gobierno en Bizkaia.

El PSOE ha interpretado la denuncia presentada este jueves por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción como un intento de distraer la atención de los casos de presunta corrupción que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dicha denuncia apunta a irregularidades en contratos de suministros vinculados a miembros del Gobierno Central.

Al ser preguntada al respecto, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado que Ayuso pretende «quitarse el foco de encima» con la denuncia presentada este mismo jueves por el grupo popular en la Asamblea de Madrid, en la que se insta a investigar al Gobierno por doce contratos sospechosos de compra de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Estos contratos suman un valor total de 326 millones de euros y afectarían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y a los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos, entre otros.

NADIE HA COBRADO COMO SU HERMANO

En declaraciones a los medios en el Congreso, Lastra ha ironizado al respecto y ha señalado que aunque Ayuso pretende quitarse de encima el foco, este es más grande «que las luces de Vigo en Navidad», en referencia a los contratos por suministro de mascarillas adjudicados por la Comunidad de Madrid a una empresa que pagó una cantidad al hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso.

A este respecto, fuentes de la dirección nacional del PSOE han animado al PP a denunciar «si tienen algo» y han descartado que vayan a encontrar a nadie «que haya cobrado como su hermano», han trasladado.

Además, consideran este movimiento como una estrategia del entorno de Ayuso y en concreto de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, para «poner el ventilador» y evitar que se hable de los temas que le afectan a ella.

En este sentido, Lastra ha afirmado que le gustaría saber si Ayuso va a comparecer en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, que va a tratar de esclarecer el espionaje realizado desde la institución a la presidenta.

ACUSA A FEIJÓO DE TENER UN PACTO CON AYUSO PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN

También se ha preguntado por qué Ayuso «lleva 15 días desaparecida en la Asamblea» y no ha querido sacar adelante otra comisión de investigación sobre los contratos relacionados con su hermano y que «el anterior PP» estaba «investigando», según ha indicado la número dos del PSOE.

A su juicio, el intento de Pablo Casado por indagar en estos contratos es lo que ha provocado su caída como líder nacional del PP. «Es su propio partido el que cuestiona la honradez de Ayuso», ha lanzado.

A este respecto ha reprochado que «en lo peor de la pandemia» cuando había empresas que donaban mascarillas y asociaciones de mujeres «desde sus casas tejiendo mascarillas», el hermano de Ayuso estaba «enriqueciéndose» en calidad de «comisionista», como ella misma «reconoció», ha añadido.

Por otro lado, Lastra ha acusado a Alberto Núñez Feijóo, probable sustituto de Casado al frente del PP, de forjar un pacto con Ayuso para «tapar» estos supuestos casos de corrupción. «Los de su familia, amigos y todos los contratos firmados con la Comunidad de Madrid», ha señalado.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha defendido este jueves el el envío de armamento a Ucrania por parte de España. «Hay un planteamiento mayoritario en Europa, nos están pidiendo armas, hagámoslo», argumentó. Carmena se ha desmarcado de esta manera de la posición de una parte de Unidas Podemos al ser preguntada por la opinión que sobre este tema tiene la ministra Irene Montero.

En una entrevista en Cuatro, Carmena ha señalado que ante el «drama tan tremendo» de la guerra es «lógico» que haya un debate respecto a si ayudar o no a Ucrania con armamento ofensivo frente a los rusos.

Para Carmena es comprensible que algunas personas piensen que es mejor enviar armas para cortar la guerra y que otras no lo vean así.

Sin embargo, al ser preguntada por la postura de la ministra Montero, Carmena ha reprochado que entre las diferentes posturas sobre cuál sería la mejor opción para frenar la invasión rusa, si con más armas o con más diplomacia, se estén «peleando unos con otros».

«Es lógico que pueda haber un debate porque ante una cosa tan dramática, tan horrible, y comprendo que haya distintas alternativas. Lo que no me gusta es que con esas alternativas se pierda tiempo peleando unos con otros», ha considerado la exalcaldesa madrileña.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantiene su hermetismo sobre cuándo y cómo se concretará su sucesión en Galicia y se ha limitado a reiterar que la «estabilidad» está garantizada, así como el funcionamiento «ordinario» del Ejecutivo autonómico pese a su campaña para dirigir el PP antes del congreso de abril y a que, una vez que tome las riendas, compaginará ambos cargos durante un periodo de transición.

Tras el Consello, Feijóo ha recordado que han pasado «menos de 24 horas» desde que presentó en la sede nacional del PP en Madrid su candidatura para liderar el partido y ha añadido que este proceso tiene sus tiempos y se irán tomando decisiones que se anunciarán a su debido momento.

Eso sí, ha subrayado que puede anticipar que «garantizan la estabilidad del gobierno de Galicia y el funcionamiento ordinario» de la comunidad. «Vamos a seguir gobernando Galicia con normalidad», ha abundado.

Preguntado sobre si hay posibilidades de que le suceda una mujer al frente de la Xunta de Galicia, ha dicho que «por supuesto» y ha dado el argumento de la lógica: hay «diputadas y diputados en la Cámara». Sin embargo, más allá del requisito legal, entre los nombres que suenan como favoritos en las ‘quinielas’ que encabeza el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, no hay mujeres.

Feijóo ha recordado que lleva 13 años dedicado a la Xunta de Galicia y que lo seguirá haciendo «hasta el último instante». Así, ha dicho que no cree que los gallegos vayan a descubrir nada nuevo porque él seguirá cumpliendo con sus obligaciones y compromisos.

VIAJE INTERNACIONAL CANCELADO

Y si Rueda ya avanzó que puede mantener las riendas del Gobierno en contacto telefónico con el presidente gallego, como ha sucedido en otras ocasiones, Feijóo ha incidido en que, de hecho, él ya iba a estar fuera la próxima semana, debido a que tenía previsto un viaje internacional que tenía previsto a Colombia y Uruguay y del que regresaba el día 20 de marzo.

«El destino quiso que en vez de ser un viaje internacional y transatlántico sea un viaje nacional por un conjunto de localidades de España», ha señalado, en alusión a la campaña interna que abre este viernes en Valencia y Murcia para explicar su proyecto a los afiliados y que le llevará a recorrer las 17 comunidades autónomas.

Por ello, ha concluido que ni siquiera hay «una distracción» de los horarios y calendarios del trabajo en la Xunta.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha fijado este jueves como prioridades el mantenimiento de la unidad de la comunidad internacional y la Unión Europea ante «la barbarie» del presidente ruso, Vladimir Putin, así como la coordinación entre los países miembros de la Alianza Atlántica ante el conflicto bélico en Ucrania.

Así lo ha hecho durante la videoconferencia que ha mantenido con la presidenta del Parlamento de Letonia, Inara Murniece, con la que ha coincidido en la condena absoluta a la invasión rusa y en la expresión de solidaridad con el sufrimiento del pueblo ucraniano en estos momentos difíciles.

«La lucha por la seguridad, por la libertad y los valores europeos se está librando en estos momentos en Ucrania. La unión de todos los países democráticos y las organizaciones internacionales es el mejor instrumento frente a la barbarie de Putin», ha afirmado Batet.

Batet también ha puesto de relieve que esta es una oportunidad para poner el énfasis en el desarrollo de la política exterior y de defensa de la Unión Europea.

UNA EUROPA MÁS FUERTE

«Este ataque injustificado a Ucrania pone de manifiesto cuán importante es que todos los países de la Unión Europea seamos capaces de sumar posiciones para tener una política exterior y de defensa común más fuerte, para garantizar la paz mundial», ha dicho.

Asimismo, ha trasladado a su homóloga letona el apoyo de España a los países que, como Letonia, están más cercanos al conflicto, y que el Gobierno ha materializado en el refuerzo del contingente español de la OTAN con base en ese país.

Podemos celebra este viernes su Consejo Ciudadano estatal, el máximo órgano de dirección del partido, para analizar las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, encuentro que se realiza una vez zanjada la polémica dentro de la coalición por el envío de armas.

La apertura de este órgano, como es habitual, correrá a cargo de la secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que dirigirá un discurso a los miembros del Consejo Ciudadano.

Durante las últimas fechas, la formación y el espacio confederal han enfatizado en la necesidad de tomar medidas para abaratar el precio de la luz, ante el alza experimentado a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Sobre todo demandan que se desacople las centrales de gas del mercado marginalista, reformar el sector, y avanzar en medidas que terminen con los denominados ‘beneficios del cielo’ por parte de las compañías eléctricas.

También remitió una propuesta de pacto de Estado en esta materia, con ayudas directas a familias y pymes que utilicen el gas para su calefacción, así como elevar un 10% el tipo del impuesto de Sociedades para las eléctricas.

Podemos también ha señalado que la reforma fiscal es conveniente para evitar que los efectos de esta crisis repercutan en la mayoría social.

Los morados, que han condenado repetidas veces la invasión rusa, también han enarbolado su apuesta por las vías diplomáticas para lograr un alto el fuego, que permita avanzar en una resolución del conflicto desde el diálogo.

La propia Belarra junto al dirigente de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corby, promueven un movimiento europeo por la paz en esa dirección.

DISTENSIÓN TRAS LAS CRÍTICAS POR EL ENVÍO DE ARMAS

También la reunión se celebra una vez superada la tensión dentro de la coalición por el envío de armas a Ucrania, lo que generó a su vez una división en la respuesta dentro de Unidas Podemos.

Y es que, por un lado, Belarra y la ministra de Igualdad, Yolanda Díaz, criticaron la medida mientras que la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, explicitó su apoyo al presidente junto al titular de Universidades, Joan Subirtas.

El pasado domingo, durante un acto de feminismo, Belarra recriminó el comportamiento de los «partidos de la guerra», palabras que generaron revuelo, si bien la coportavoz de la formación, Isa Serra, aclaró al día siguiente que no se referían al PSOE sino a la derecha, dejando también patente el apoyo a Sánchez pese a las diferencias por el envío de armas.

PSOE y Podemos bajaron el tono ese día y la situación se recondujo tras una reunión entre los ministros de Unidas Podemos, y la presencia del presidente del Gobierno en el acto institucional del 8M, que organizó el Ministerio de Igualdad.

De hecho, la titular de este departamento, Irene Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, conversaron el lunes a primera hora y acordaron la distensión tras las respectivas ejecutivas de los morados y los socialistas. Conversaciones de las que se informó tanto por parte de Belarra como de Montero en esa cita entre los líderes de Unidas Podemos.